04/03/2016 6:19 AM Opinión
por Carmine Romaniello
Desde los anales de loa tiempos, la agricultura y la cría han sido las artes que han movido fuertemente la economía de los pueblos; el correcto uso de la tierra y su titularidad, transmisible por vía hereditaria, ha contribuido al desarrollo de la sociedad; el trabajo de los hombres, la dotación de equipos, maquinarias, materia prima y la responsabilidad del Estado, juega un papel primordial y básico, para los créditos agropecuarios, el permanente stock de insumos y fármacos, la seguridad jurídica; en síntesis, la confianza a todos los que hacen vida en el campo, es vital para la república.
El gobierno ha violentado el espíritu, propósito y razón del constituyente, quién a través de la carta magna del 99, quiso darle al pueblo venezolano, todas las herramientas tendentes a que Venezuela fuera una nación grande, pujante, donde todos los actores quisieran cooperar con el Estado para lograr su engrandecimiento, a través del medio agrícola y pecuario, pero lamentablemente no ha sido esto, lo que en la actualidad ha ocurrido.
El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda “Ley Habilitante”, el Presidente de la República, aprobó por Decreto, 49 leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre.
En ese paquete de medidas, se incluyó la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola”, que con la excusa de pretender poner fin a la concentración de la propiedad territorial, fue concebida, de una manera muy particular y personal, del relator, donde según él, prevaleció el concepto de que el 10% de los propietarios son dueños del 70% de la tierra cultivable. La consecuencia inmediata, fue que Venezuela, tuviera que importar alimentos, descuidándose y abandonando el campo productivo; así como trabajadores, y todas las infraestructuras existentes, y al deterioro de un 60% con la Ley, se incrementó mucho más. Lo producido nos permitía, que los venezolanos nos alimentáramos, sin escases, de ninguno de los rubros que se generaban en el país, sin recurrir a las importaciones, ya que no existían exportaciones. El Instituto Nacional de Tierras, dirigió un oficio a la Dirección General de Registros y Notarías “SAREN”, en la cual se instó al Director que informase a los Notarios y Registradores, de la prohibición de autenticar y protocolizar, documentos de compra-venta de fincas, haciendas. Siendo está una manifiesta violación al artículo 115 de la Constitución. Supuestamente las ventas solamente se pueden autenticar y protocolizar con la autorización expresa del INTI, la cual no otorga. La Ley de Tierras, generó una reforma agraria al estilo Napoleón Bonaparte o Lázaro Cárdenas, que dejó intangible la propiedad privada de la tierra, pero pretendió, según dice la propia norma, “distribuir la riqueza, eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo”. La banca advirtió en su momento que la amenaza de expropiación iba a provocar, que pocos productores quisieran atarse a un nuevo crédito, y dado que, según esta norma, los fundos dejan de ser garantía para las instituciones bancarias, se creó una incertidumbre en la cartera crediticia, imposibilitando el otorgamiento de nuevos créditos, por no contarse con un respaldo concreto.
La errada promulgación de la Ley de Tierras, no mantuvo en su espíritu, la constitucionalidad requerida, incurriendo así en violación de normas y su falta de aplicación, dejando, en un estado de abandono y a su mera suerte, a los cultivadores, creando un verdadero limbo jurídico a su alrededor, que se ha extendido hasta nuestros días, lo que se ha traducido en el desabastecimiento, campos improductivos, falta de insumos, fertilizantes, seguridad jurídica, seguridad personal, agroquímicos, maquinarias, equipos y repuestos, y por supuesto falta de personal capacitado que tanto costó formar, pero desafortunadamente, tomaron otros caminos, y hoy por hoy se han trasladado con sus familias a países vecinos. La intención gubernamental ha conspirado, en estos últimos 17 años, creando el grave problema que en los actuales momentos sufrimos todos los venezolanos y la golpeada economía, y a la falta de cumplimiento de la agro soberanía alimentaria, tantas veces decretada, pero solo fue letra muerta, ya que las expropiaciones de importantes fundos, haciendas y fincas, traducidas en más de 50 mil hectáreas; continuaron a lo largo de estos nefastos 17 años; hay que añadir que entre otras cosas muchos fundos, fueron permanentemente amenazados por el INTI, a través de sus oficinas regionales; generando así, que los propietarios, por temor y otras razones, abandonaran parcialmente esa actividad productiva y necesaria para la soberanía alimentaria, tan importante en Venezuela.
Y en que me baso, para afirmar que existe, fuerte contradicción entre la Ley de Tierras y la Constitución del 99, en los contenidos de los
Artículo 115. “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. No se respetó el derecho intrínseco de la propiedad, al producirse las expropiaciones, sin que en ningún caso, fuese comprobada la causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.
De igual modo, el artículo 305 expresa que: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento”.
En ningún caso se promovió el autoabastecimiento, ya que con expropiaciones no se garantiza el alimento, para la población no vale asunto ideológico alguno, lo importante son las inversiones en Venezuela, a través de sus empresas, sus campesinos, agricultores, productores y técnicos, los cuales cuentan con una alta calificación y conocimiento dado por su experiencia, a lo largo de los años, por su trabajo en las zonas agrícolas y pecuarias, que los han convertido en verdaderos profesionales de la materia, además por el arraigo a su terruño, a su municipio, a su región y en fin a su país, este gran país que se llama Venezuela; todos estamos dispuestos a aportar cuanto tenemos, para sacarlo adelante, hacerlo renacer como sus empresas, sus campos, sembrar en sus hombres y mujeres seguridad, garantía, confianza y título de propiedad de la tierra, para empeñarla, para hipotecarla y en fin para tener libre disposición de ella y transferirla por herencia.
Artículo 308: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.
Consideramos como abogados, cual somos, con muchos años de experiencia, cerca de cuatro décadas, que realmente, la violación del espíritu, propósito y razón del legislador, en cuanto a los artículos relativos a la propiedad, las expropiaciones y desarrollo rural, al cual está comprometida la República; constituye un incumplimiento de carácter general, grave, que afecta directamente los derechos humanos del pueblo de Venezuela, en su contexto constitucional normado además en el artículo 55 y 2 de la Carta Magna.
Y es que la mal llamada revolución, no ha logrado avanzar hacia la anhelada “soberanía alimentaria”, utilizada como argumento para justificar las expropiaciones de tierras agrícolas y pecuarias y de plantas procesadoras de alimentos, sin haber entendido que las expropiaciones han sido sus reales y efectivos enemigos, a lo largo de estos 17 años, así como lo ha sido la discriminación, entre los venezolanos que le han ocasionado el desabastecimiento a nivel nacional. Venezuela aún importa alrededor del 70% de lo que comemos: carne, leche, cereales, frutas, huevos, hasta animales vivos. El caso del café es emblemático. “Actualmente, el 70% de la producción de café está en manos del Gobierno”. “Hace ocho años Venezuela exportaba café; ahora lo importa”.
Respecto a la producción agroalimentaria, en lo que se refiere a la agrícola vegetal, los resultados de la evaluación del VII Censo Agrícola Nacional fueron un llamado de alerta al Ejecutivo nacional, los cuales no fueron analizados, ni oídos, por sus personeros, ni tomados los correctivos para garantizar a futuro que Venezuela dejara de ser una economía de puertos en el área de alimentos.
El precario crecimiento agrícola y pecuario va en dirección contraria a la agricultura sustentable, como consecuencia de las expropiaciones, los grupos de cultivos como frutas, leguminosas, oleaginosas y hortalizas disminuyen su superficie considerablemente, los cultivos tropicales y las raíces y tubérculos apenas mantienen su superficie y decrecen por persona, la mayoría de los cultivos tropicales tradicionales decrecen en superficie sembrada y producción; exceptuando el frijol, que incrementó la producción en 15%, el resto de los 13 rubros han disminuido la producción y la superficie sembrada, los cereales explican todo el precario crecimiento agrícola con un aumento de 474 mil hectáreas.
En Relación a la producción animal, es evidente de las estadísticas que poseemos como productores agropecuarios, que el crecimiento en este sector ha tomado la dirección contraria al desarrollo endógeno, ya que en bovinos, ganado mayor y más importante para la alimentación diaria carne y leche, el rebaño disminuyó considerablemente, debido a la falta de repuestos, maquinarias, equipos, e insumos, así como de padrotes y vientres. La producción de semovientes, en sus distintos componentes, tampoco ha evolucionado, en los estados ganaderos tradicionales.
Del mismo modo afecta a la soberanía alimentaria los casos relacionados con el abigeato, los secuestros, robos a fincas y los procesos penales que tratan estos casos, que son muchos.
En Venezuela existen 25 entidades federales, de las cuales 16, viven expresamente de la agricultura y la cría, por cuanto en Venezuela, ha habido una enorme disminución de los rebaños, al punto que en el último censo sanitario del año 2015, solamente se registraron 11.500.000 cabezas de ganado y considerando que por cada poblador debe criarse una res, es evidente que el número del rebaño nacional, debería alcanzar los 30 millones, cosa hasta ahora imposible de lograrse, gracias a la pésima ley de tierras y sus ejecutores.
Propongo una nueva “ley de Tierras” de la manera más inmediata.
http://www.visionglobal.info/expropiaciones-vs-soberania-alimentaria/
