miércoles, 12 de julio de 2017

Varios Aspectos del Antejuicio de Mérito de la Audiencia Oral y Pública del 4 de julio de 2017 en la Sala Plena del TSJ de la Fiscal General Luisa Ortega

Primeramente, para saber parte de lo que ocurrió, veamos el texto publicado en la web del TSJ (1):

"En fecha cuatro (04) de julio de 2017, tuvo lugar la audiencia oral y pública fijada por esta Sala Plena mediante decisión N° 44, publicada en fecha 28 de junio de 2017, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 379 del Código Orgánico Procesal Penal, en el procedimiento de antejuicio de mérito intentado por el ciudadano Pedro Carreño, Diputado a la Asamblea Nacional, contra la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, por la presunta comisión de las faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y artículo 23, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual fue admitida en cuanto ha lugar en derecho mediante la sentencia N° 43 de esta Sala, publicada el 27 de junio de 2017.

En la misma fecha, la Sala Plena se reconstituyó por la ausencia temporal justificada de las magistradas doctoras María Carolina Ameliach Villarroel y Gladys María Gutiérrez Alvarado, siendo incorporados los magistrados suplentes doctores Emilio Antonio Ramos González y René Alberto Degraves Almarza. 

En el desarrollo de la referida audiencia, intervinieron los ciudadanos Pedro Carreño, Diputado a la Asamblea Nacional, solicitante en la presente causa; el ciudadano Javier José Hernández Acevedo, en su condición de Defensor Público Segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien fue designado y juramentado como Defensor Público de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, dada la incomparecencia de ésta y de abogado defensor privado válida y legalmente designado, siguiendo lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en obsequio al derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como los ciudadanos Tarek Williams Saab, Defensor del Pueblo y Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República, en su carácter de Presidente e integrante del Consejo Moral Republicano, respectivamente.

Ahora bien, siendo que con sus intervenciones los ciudadanos Pedro Carreño, Diputado a la Asamblea Nacional y los ciudadanos Tarek Williams Saab y Manuel Galindo Ballesteros, del Consejo Moral Republicano (Poder Ciudadano), solicitaron la realización de la prueba grafotécnica sobre la autenticidad de la firma de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, titular de la cédula de identidad N° V-4.555.631, Fiscal General de la República, esto es, si fue realizada por su persona, en el acta N° II de la sesión ordinaria del Consejo Moral Republicano de fecha 21 de enero de 2016, firmada por todos los miembros del referido Consejo y por su Secretaria Ejecutiva Permanente, ciudadana María José Marcano Bermúdez, que se encuentra plasmada en el libro de actas correspondiente, que fue exhibido en original por el Presidente del Poder Ciudadano y cuya copia fue consignada en el expediente de la presente causa, esta Sala Plena ADMITE y ACUERDA que sea practicada, dada su procedencia, legalidad y pertinencia con la finalidad de su apreciación y de ese modo, esclarecer la verosimilitud y ocurrencia fáctica de elementos bajo examen en el presente antejuicio de mérito.

A tales fines, se ORDENA al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el objeto de que practique la experticia grafotécnica correspondiente y presente ante esta Sala, el informe pericial resultante en el lapso perentorio más inmediato.

Se ordena oficiar al ciudadano Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a los fines legales consiguientes.

Publíquese, regístrese, notifíquese y ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de  julio de dos mil diecisiete. Año: 207° de la Independencia y 158° de la Federación."

Luego, en segundo lugar podemos ver la otra versión en la página web www.youtube.com, la entrevista exclusiva de la emisora Unión Radio del día 11 de Julio de 2017 publicada un día después (2), en la cual declara que el acta de la sesión del 16 de diciembre de 2015 del Consejo Moral Republicano jamás se hizo, y que ni siquiera el Defensor del Pueblo la firmó, y que sólo el Contralor de la República firmó, y resalta que no se realizó tal sesión. Que ella estaba en otro sitio, juramentando a 77 nuevos funcionarios en el Ministerio Público. Que ella firmó otra acta relacionada en un contenido que es genérico sobre los Magistrados, que es de la sesión del 21 de enero de 2016, QUE SI SE REALIZÓ, y que sería inoficiosa e impertinente esa experticia grafotécnica correspondiente, porque ella admite su participación y su firma en el acta, que no hay duda alguna. Y dice que el Defensor del Pueblo, miente sobre este punto.

Con relación a quien hizo la defensa técnica en dicha audiencia del 4 de julio de 2017 por supuestas "faltas graves" y no por delitos, aparentemente cometidos por la Fiscal Luisa Ortega, el TSJ señala extrañamente, lo siguiente: "...el ciudadano Javier José Hernández Acevedo, en su condición de Defensor Público Segundo con competencia para actuar ante la Sala Plena y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien fue designado y juramentado como Defensor Público de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, dada la incomparecencia de ésta y de abogado defensor privado válida y legalmente designado". Sin embargo, manifiesta la Fiscal General en la entrevista a Unión Radio, lo siguiente: " ... a mi no me permitieron juramentar los defensores...". Es más, declaró que sus defensores privados estaban allí y no los dejaron juramentarse y que el defensor público asignado por la Sala Plena efectivamente y unilateralmente expuso y que estaba este ciudadano "... como parte de la asociación que hay allí en mi contra...".  Si a la Fiscal General, le hacen esto, entonces, qué quedará para los demás ciudadanos en los procesos judiciales.

También, la Fiscal General declaró que en Venezuela sí hay presos políticos. Para la Fiscal en el país sí existen personas que se mantiene detenidas por "conciencia".

“Hay tipos penales carácter político, conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, es un tipo penal con carácter político, al punto que eso trae como consecuencias personas privadas de libertad por razones políticas”, explicó.

En ese sentido, recordó que la juez que condenó a Leopoldo López hoy es la defensora pública." (*)

Revisando lo que establece el COPP en el Capítulo dedicado al imputado, tenemos tres artículos que nos hablan sobre la defensa:

El Nombramiento

"Artículo 139. El imputado o imputada tiene derecho a nombrar un abogado o abogada de su confianza como defensor o defensora. Si no lo hace, el Juez o Jueza le designará un defensor público o defensora pública desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración.

Si prefiere defenderse personalmente, el Juez o Jueza lo permitirá sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica.

La intervención del defensor o defensora no menoscaba el derecho del imputado o imputada a formular solicitudes y observaciones."

Las Condiciones

"Artículo 140. Para ejercer las funciones de defensor o defensora en el proceso penal se requiere ser abogado o abogada, no tener impedimento para el ejercicio libre de la profesión conforme al ordenamiento jurídico y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos."

La Limitación

"Artículo 141. El nombramiento del defensor o defensora no está sujeto a ninguna formalidad.

Una vez designado por el imputado o imputada, por cualquier medio, el defensor o defensora deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez o Jueza, haciéndose constar en acta. En esta oportunidad, el defensor o defensora deberá señalar su domicilio o residencia. El Juez o Jueza deberá tomar el juramento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud del defensor designado o defensora designada por el imputado o imputada.

El imputado o imputada no podrá nombrar más de tres defensores o defensoras, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo dispuesto en el Artículo 148 de este Código, sobre el defensor o defensora auxiliar."

Si bien es cierto, a la Fiscal General le asiste el derecho de nombrar cómo máximo a sus 3 abogados de su absoluta confianza, éstos deben ser SIEMPRE prioritarios, preferentes o van a prevalecer en cuanto al defensor público, de conformidad a lo determinado en el artículo 49 de la Constitución y en la ley adjetiva penal, de donde emergen los derechos que me refiero, en su defensa ella fue previamente a la Sala Plena, aunque bajo la figura de la asistencia de dos abogados, mediante un escrito que introdujeron el 4 de julio de 2017 a las 11:00 am.

Hay que destacar que la Fiscal General, esta en todo su derecho de solicitar a la Sala Plena el normal nombramiento de su defensa, que no esta sujeto a ninguna formalidad, como defensores privados a los 1, 2 o 3 abogados que a bien tenga considerar, a los fines que den cumplimiento de los deberes y obligaciones que imponen el nombramiento, intentando cumplir con lo pautado en el artículo 24 del Código de Ética del Abogado Venezolano, el cual señala que es deber del abogado aceptar la defensa de una persona a quién se le imputa un delito o "falta" y emplear todos los medios lícitos para obtener la recta aplicación de la Ley. Esto, no lo pudieron hacer.

El artículo 4 de la Ley de Abogados dice que "toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso". Luego, indica: "Si la parte se negare a designar abogado esta designación la hará el Juez." No es que se haya negado la Fiscal General a designar sus abogados, es que, según ella, no la dejaron elegir y designar en su propio caso a sus abogados de confianza, violándose los numerales 1 y 3 del artículo 49 Constitucional.

"La defensa material o privada consiste en el derecho del imputado de defenderse personalmente y la defensa técnica -también llamada pública o formal"-(3) consiste en que "el imputado pueda ser asistido por un defensor letrado de su elección, o en su defecto, suministrado por el Estado." (4)

"La audiencia previa es vital, en todo tipo de proceso, para que la persona perjudicada tenga la oportunidad de defenderse de los cargos que se le imputan -independientemente de la naturaleza que sean- antes de que se emita una resolución final. La omisión de estas garantías generalmente deviene en nulidad de lo actuado, dependiendo de la gravedad de la omisión."(5)

"Siendo que la defensa técnica, sin restarle importancia a la defensa material, es una garantía latente durante todo el proceso, es fundamental tener como regla que todo imputado tiene el derecho de ser asistido por un profesional letrado desde el primer acto del procedimiento. Ese primer acto del procedimiento, coincide según la Doctrina, con la primera e imperfecta formulación de la acusación o inculpación formulada por la autoridad judicial o policial" (6).


(1) http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/julio/200911-51-4717-2017-2017-000073.HTML

(2) https://www.youtube.com/watch?v=8az2a-5A35o y http://unionradio.net/fiscal-asegura-venezuela-presos-politicos/

(*) Texto tomado de Virginia Hernández/Unión Radio

(3)  Cruz Castro (Fernando), La defensa penal y la independencia judicial en el Estado de Derecho,
ILANUD, San José, Costa Rica. 1989, págs. 61 y 62.

(4)  Tomado del libro de VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ RESCIA, "EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." Página 1.311.

(5) En la defensa material su titular es un lego en la materia, lo cual podría acarrear imprecisión e inefectividad en la defensa, por lo que la tendencia más generalizada es restarle importancia por considerársele inoportuna o hasta contraproducente, pero no descartable del todo, ya que lo más conveniente es encontrar un equilibrio entre ambas modalidades de defensa. Ver: Ferrandino Tacsan (Álvaro) y Porras Villalta (Mario A.). Op. cit. p. 302.

(6)  Sala Constitucional de la República de Costa Rica, voto No. 456-92 

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