Argentina - La imputabilidad en debate

DISCUSION EN CARTA ABIERTA SOBRE EL PROYECTO DE LEY PENAL JUVENIL

La Comisión de Derechos Humanos de Carta Abierta organizó como primera actividad un panel sobre el proyecto de un nuevo marco jurídico para los jóvenes en conflicto con la ley. Hubo críticas y apoyos a la iniciativa. Cerró el juez Zaffaroni.

La primera actividad pública de la Comisión de Derechos Humanos de Carta Abierta comenzó con una mesa debate sobre Infancia y Adolescencia. No hubo una linealidad argumentativa común, pero sí un tema que convocó la discusión: el problema que sufren los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. A favor o en contra, el nuevo proyecto de ley penal juvenil funcionó como excusa para el encuentro. Los conceptos de imputabilidad, punibilidad, pena, infracción, castigo, responsabilidad y, sobre todo, judicialización sobrevolaron la atmósfera de la sala Augusto R. Cortazar de la Biblioteca Nacional. La apertura correspondió al psicólogo Guillermo Greco, único disertante del colectivo epistolar. Después se sucedieron Tomás Ojeda Quintana (abogado penalista e integrante de la Red por los Derechos de los Jóvenes), Gabriel Lerner (subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social nacional) y Diana Conti (diputada nacional por el bloque FpV). El cierre del encuentro estuvo a cargo del juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni.
Mediación. “En momentos de obligación de diálogo damos comienzo a este debate.” Con irónica referencia a la actual discusión sobre la ley de medios audiovisuales, la moderadora Mariana Aballay (miembro de Carta Abierta y de Abogados por la Justicia Social) dio el puntapié inicial de la discusión. Primero tiró el título: “Derechos de niños, niñas y adolescentes: ¿qué aporta el proyecto de responsabilidad penal juvenil?”. Luego, dijo: “Es un tema al que se llegó por la supresión de los derechos de los niños y por la falta de políticas públicas enfocadas en la infancia. Tiene muchas posiciones rígidas, esperemos que haya algún encuentro entre nosotros”. Después, el micrófono pasó de mano cinco veces en total.
Convención. La estrategia argumentativa del primer orador estuvo centrada en la búsqueda de incoherencias en la supuesta racionalidad del derecho penal. “Dado el tipo de panel en el que me encuentro, no voy a abordar el problema desde el psicoanálisis y lo haré desde algunas concepciones de la Convención por los Derechos del Niño y el Adolescente”, explicó Greco. La declaración internacional, según el psicoanalista, “entiende por niño a toda persona menor de 18 años y caracteriza a la infancia desde la falta: de madurez física y mental”. Al igual que en el proyecto de ley penal juvenil, “el problema está mal planteado porque se centra en la relación entre edad y madurez cuando es algo totalmente arbitrario –dijo Greco y se preguntó–, ¿por qué siempre las edades en discusión en la baja de imputabilidad de los menores son todos números pares y no impares? ¿Por qué no basarse en el bienestar incumplido de los niños y no en su posible peligrosidad?”.
Organización. Cuando el micrófono alcanzó su mano izquierda, el abogado Ojeda Quintana continuó el planteo comenzado por el psicoanalista: “Y, ¿por qué si la mayoría de edad antes estaba marcada por los 21 años, después pasó la ciudadanía a los 18 y ahora estamos discutiendo si los 16 o los 14 y no los 15 son edades factibles para que un adolescente pueda ser punible?”. “Aunque soy consciente de que el proyecto de ley tiene muchos avances respecto del sistema tutelar e, incluso, del régimen penal de adultos, estos chicos ya están sancionados socialmente: sufren de discriminación, de falta de educación y de trabajo, de estigamatización social todos los días.” Para Ojeda Quintana, entonces, de sancionarse la ley “estos pibes estarían doblemente penados”. El letrado dijo representar la voz de los chicos de las distintas organizaciones de base que integran la Red por los Derechos de los Jóvenes y, como argumentación contraria al proyecto de responsabilidad penal juvenil, sostuvo su consigna: “No somos peligrosos, estamos en peligro”.
Poder Ejecutivo. De la mano del abogado Gabriel Lerner comenzó la defensa del proyecto que aún se debate en el Congreso. “Actualmente, haya o no delito, queda en la discrecionalidad del juez ordenar acciones tutelares para los menores”, admitió Lerner. El tema de la imposición de castigos fue central en la argumentación del representante del Ministerio de Desarrollo Social. Porque “la vieja normativa no establece explícitamente la diferencia entre las penas de adultos y la de los niños –dijo el abogado y pidió referencias en el auditorio–. Hay todavía doce chicos de veintipico de años que fueron sentenciados a los 17 años a cadena perpetua, no?”. Inmediatamente, varios presentes confirmaron el dato.
Poder Legislativo. Diana Conti, diputada e impulsora del proyecto de responsabilidad penal juvenil, habló primero sobre la selectividad con la que juzga el sistema penal. “Tenemos que tener cuidado y no generar falsas expectativas: con esta ley no se termina el problema de la inseguridad, porque por ejemplo los delitos de corrupción o ambientales no son cometidos por adolescentes”, admitió la diputada del Frente para la Victoria. Como si expusiera una lección en una clase de derecho penal para legos, Conti explicó la diferencia conceptual entre imputabilidad y punibilidad y después dijo que “para garantizar el proceso no es necesario bajar la edad de imputabilidad, porque no se debe criminalizar para que el joven goce de garantías”.
Poder Judicial. Zaffaroni extremó la argumentación en favor del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil: “Toda ideología tutelar es autoritaria, ya que impone penas sin las garantías que da el derecho penal”. Según el magistrado, “un pibe de 14 años es tan ciudadano como nosotros y, por eso, tiene los mismos derechos y garantías”. También y como parte de su explicación, Zaffaroni recuperó de la memoria una experiencia dictatorial: “Aplicar la misma pena a los adultos y a los adolescentes ya se hizo durante la última dictadura y ella misma fue la que debió retroceder con la normativa debido a las atrocidades que se cometían”.
Por último, una mujer preguntó a quién le corresponde dar “pelea por los derechos de los pibes”. “A todos nosotros juntos”, respondió Zaffaroni.
Informe: Mariana Seghezzo

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