“Sin justicia no podemos vivir”

viernes, 18 de diciembre de 2009

El jurista considera que la detención de la juez Afiuni “mató” la autonomía del Poder Judicial.

Paola M. Lessey P.
plessey@correodelcaroni.com

“Estamos en la hora menguada del Poder Judicial”, aseguró el abogado penalista Juan Raffo Malavé, al expresar su opinión con respecto a la detención de la juez María Lourdes Afiuni Mora, señalada por estar presuntamente implicada en irregularidades que habrían permitido la libertad del empresario Eligio Cedeño, el jueves pasado.

“En este momento, todos los jueces de la República estarán pensando en la doctora cada vez que revisen un expediente”. Para Malavé el momento de la aprehensión de la magistrada es considerado “un día negro para el Poder Judicial”.

Malavé calificó de “atroz” las acciones contra la juez Afiuni, por considerar que afecta gravemente la autonomía del Poder Judicial. Explicó que, a su juicio, la magistrada actúo apegada a las leyes y a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 44, según el cual “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.

Caminos legales
Recordó que cuando un magistrado toma una decisión, los fiscales del Ministerio Público (MP) o los que se sientan afectados, pueden ejercer una serie de recursos contemplados en la ley, recurso de revocación, de apelación o de casación. “Esos son los canales regulares para impugnar las decisiones judiciales, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal”.

El abogado lamenta entonces que los venezolanos tengan que vivir en un sistema “parapolicial”, en el que los fiscales del Ministerio Público no solamente cuentan con los recursos señalados en la ley, “sino también con el recurso de denuncia y manejo de los cuerpos policiales a su antojo”.

Malavé insiste en que la juez Afiuni actúo apegada a la ley, argumentando que la autonomía le otorga la potestad a los magistrados de decidir las condiciones en las que una persona debe ser juzgada en libertad.

“En la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal se estableció que las penas privativas de libertad no pueden ir más allá de dos años, a menos que exista una prórroga solicitada y aprobada por un tribunal y en el caso que nos ocupa, la persona tenía detenida más de dos años”.

De acuerdo con Malavé una persona no puede ser detenida de manera indefinida sin ser juzgada, porque en ese caso se estaría violando lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Abuso de autoridad
“Yo supongo que la doctora Afiuni, actuando de manera constitucional y pensando en los pactos internacionales, tomó la decisión de otorgar una libertad, cumpliendo con lo establecido en el propio Código Orgánico Procesal Penal”.

El especialista en Procesal Penal también critica los delitos por los cuales imputaron a la magistrada. “Se trata de un abuso de autoridad, hicieron un popurrí de delitos, hicieron una mescolanza de leyes distintas”.

Malavé denuncia que en el país existe una componenda entre fiscales y jueces y señala que los jueces se han convertido en ejecutores de políticas represivas. Ante la inseguridad jurídica el jurista recomienda a los ciudadanos organizarse para combatir los excesos, las aberraciones y los desmanes judiciales.

Supuestos delitos

Según la información publicada en el portal del Ministerio Público (MP), la juez 31° de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni Mora está imputada por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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