Ecuador - Fiscalía busca restar delitos transnacionales

Se crea una nueva unidad multicrimen que estará fusionada por varias unidades especializadas.

Con el fin de combatir la delincuencia que opera dentro y fuera del país, la Fiscalía creó la Unidad de Delitos Transnacionales.

Esta dependencia multicrimen estará formada por las unidades especializadas de Asuntos Migratorios, Lavado de Activos, Antinarcóticos, Delitos Aduaneros y Trata de Personas.

Estas secciones de la Fiscalía tienen una conexión particular entre sí, porque los actos ilícitos fueron cometidos por organizaciones criminales extranjeras que extienden sus tentáculos más allá de las fronteras nacionales. Los delitos emergen por medio del tráfico de drogas, de la trata de mujeres y niños sometidos a explotación sexual. Asimismo del comercio clandestino de materiales humanos, del lavado o blanqueo de réditos ilegales, del contrabando de armas, actos delictivos cometidos contra la red informática, entre otros.

Wilson Toalinga, fiscal de la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos y de Tráfico de Personas de Pichincha, que integrará la nueva dependencia, consideró que esta fusión es positiva, ya que la propuesta va encaminada al rediseño de la investigación a base de materias afines en contra de estas estructuras.

Otro fiscal que se suma a esta unidad es Santiago Trujillo. El funcionario dijo que la aglutinación de unidades especializadas es ‘ideal’, porque servirá para detectar eficazmente los delitos conexos. “Se pretende perfeccionar las investigaciones para combatir el crimen organizado”.

El lavado de activos es uno de los actos ilegales que se espera identificar. Actualmente, la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía maneja 70 de estos casos al año.

José Cisneros, director de esta dependencia, indicó que en Ecuador existen mejores resultados a escala internacional en comparación con el resto de países latinoamericanos, por la efectividad de la ley para reprimir el lavado de activos.

Otro ejemplo es el tema de trata de personas. En diciembre de 2009, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) clausuraron la segunda fase de un programa de capacitación sobre este delito y la protección a víctimas y testigos.

Allí el fiscal general, Washington Pesántez, consideró que el Estado se ha preocupado por detener al delincuente, pero no por ayudar a quienes sufren las consecuencias de este tipo de delitos.

Para el funcionario es importante que el Estado enfatice en ayudar a los afectados de los delitos.

Tal es así que, hasta el año anterior, la Fiscalía consolidó el programa de Protección a Víctimas y Testigos. En esta modalidad están involucradas 1.957 personas, de las cuales 1.055 son víctimas de algún delito, 342 son testigos, 72 son coprocesados, entre otros.

Para Gabriel García, agregado del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU., los delitos de trata de personas y explotación sexual disminuyeron en Ecuador. En 2008, el país estaba en el nivel tres (en una escala donde cinco es la peor ubicación). Sin embargo, el año anterior, Ecuador se ubicó en el segundo lugar.

La embajadora estadounidense, Heather Hodges, realzó en la exposición que en los casos de trata de personas, la Policía, la Fiscalía y la Justicia deben trabajar en conjunto.

Pese a que se creó una ley antitrata de personas, García resaltó que se debe reforzar el control y la protección a las mujeres y niños que fueron víctimas de las redes de tráfico de personas.

Con esta tesis coincide Cisneros al referirse que este delito no se lo observa con la verdadera dimensión que tiene. “Existen grandes mafias que se dedican a llevar a personas, bajo engaños, a países extranjeros para que se dediquen a la explotación sexual”, acotó.

A base del incremento de delitos informáticos, Claudio Guerra, subdirector de la Policía Judicial, dijo que se solicitó al Consejo Activo de la institución, la creación de un grupo especializado en este tipo de delitos. “Se espera la pronta designación de trabajadores para que funcione”.

Mientras tanto, la unidad, que fue creada con una resolución del fiscal general para atacar el crimen organizado en todos sus aspectos y de forma equitativa, funcionará desde los primeros días de febrero en las oficinas del edificio ubicado en la avenida Patria y 9 de Octubre, en el norte de Quito.

Aunque aún no existe -reveló Cisneros- un presupuesto adicional para que opere la unidad, se realizarán inversiones por concepto de sueldos y movilización para los ocho fiscales y funcionarios que la integrarán.

Impulsan escuela de investigadores

El director de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía, José Cisneros, destaca que es necesario crear una escuela de investigadores civiles para los delitos de la administración pública.

El titular de la entidad infiere en que este sistema debe estar integrado por profesionales que tengan amplia experiencia en diferentes campos, como finanzas bancarias, economía, petróleos, auditoría, entre otros. El objetivo es que el investigador forme parte del equipo del fiscal que tiene un caso.

Según Cisneros, el fiscal debe saber qué solicitará al perito dentro de la investigación. Con la asesoría de un investigador civil, la tarea sería más factible para determinar las pruebas verídicas dentro de un proceso judicial. A base de las pruebas presentadas, el juez dictará la sentencia. “El informe pericial tiene mucha importancia para no cometer impunidad o injusticias”, argumenta.

Pese a que esta propuesta tiene el aval del Fiscal General, también depende de la asignación del presupuesto del Estado. (URG)

Úrzula Reyes G.
urzula.reyes@telegrafo.com.ec
Periodista - Policiales

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