Once de enero realizarán audiencia preliminar a Rubén González

Escrito por Yasmin Sanguino/Foto: Elke Puerta
sábado, 09 de enero de 2010

(Corresponsalía Ciudad Bolívar).- Una nutrida concentración de representantes sindicales y trabajadores de las empresas Ferrominera del Orinoco, Carbonorca, Alcasa y Venalum, se aglomeró la mañana del viernes a las afueras del Palacio Judicial de Ciudad Bolívar, en una acción de solidaridad con Rubén González, quien fue trasladado hasta estos espacios en compañía de su abogado Italo Atencio; en función de ser informado sobre la fecha para la realización de su primera audiencia pública preliminar, así como de la incidencia que tendría en su caso el registro de un suspensión procesal por parte del Ministerio Público, en base a la cual la defensa estaría tratando de conseguir su liberación.
Italo Atencio, abogado defensor del reconocido líder sindical, fue el encargado de informar a los representantes de los diversos medios de comunicación social, que el traslado de Rubén González, hasta la sede del Circuito Judicial Penal de Ciudad Bolívar, tuvo como objetivo principal recibir la notificación acerca de la fecha para la realización de la primera audiencia pública preliminar, la cual fue fijada para el día 11 de los corrientes en las referidas instalaciones, al parecer en horas de la mañana.

La oportunidad fue propicia además según lo señalado por Atencio, para que la parte defensora se informará sobre el avance del recurso de apelación introducido tras haberse registrado una suspensión o retraso procesal de este caso, al haberse hecho una omisión de la notificación a las partes involucradas según lo establecido en el Artículo 84 del Código Orgánico Procesal Penal, no sólo sobre la aplicación de la medida cautelar de casa por cárcel, sino además de la presentación de la acusación formal de la parte acusadora ante el Tribunal 1° de Control de Puerto Ordaz, a cargo del juez Arsenio López, al ser suspendido de manera imprevista y sin darle chance para cumplir con este requerimiento.

Incidencia Relevante

Tal omisión explicó el profesional del derecho, implicaría no sólo el estancamiento de cualquier procedimiento o actuación judicial, pues el caso se encontraría en un estado de “suspensión procesal” , es decir prácticamente en cero, lo cual conllevaría a la anulación de las medidas aplicadas, pues tal notificación debería haberse hecho en el lapso de tiempo establecido para tal fin, el cual se conoció es de 45 días hábiles.

De allí que puntualizó el defensor legal del secretario general del Sindicato de la Ferrominera Orinoco, Rubén González, se está luchando no sólo por la colocación del juez natural Arsenio Lopéz, sino también por la restitución de las garantías constitucionales del afectado, así como por el decaimiento de las solicitudes realizadas o lo que es lo mismo la anulación de la medida cautelar de casa por cárcel, decisión que indicó será tomada en su momento por la corte de apelaciones.

Trabajo Vetado

Mientras los representantes del poder judicial sostenía el encuentro con Rubén González y su abogado, a las afueras de los tribunales seguían llegando representantes de diversas organizaciones sindicales, así como trabajadores de varias empresas, quienes de forma abierta manifestaron no sólo su respaldo al líder sindicalista; sino también su rechazo a las autoridades nacionales por el tratamiento que han venido dándole a este caso, donde aseguran se ha puesto en evidencia la existencia de un doble discurso, pues mientras Chávez sigue llamando a los sindicalistas a defender a la masa obrera, algunos de sus emisarios han solicitado públicamente el encarcelamiento del secretario de Sintraferrominera.

Así lo dejaron saber Rigoberto Carrero, jubilado y ex miembros de la mencionada organización gremial, así como Henrry Arias, quienes hicieron referencia a la violación de un acuerdo sostenido con las autoridades de Ferrominera tras las acciones de protestas en las que participó el líder sindical, según el cual no se tomarían represarías contra los trabajadores, mientras destacaron además la falta de evidencias para las imputaciones, específicamente en la referida a los destrozos de los bienes de la empresa, ya que luego de la inspección realizada por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, así como por la Disip y otros organismos no se consiguió ninguna evidencia para sustentar tales señalamientos.

Preso político

Los voceros de las diversas organizaciones gremiales coincidieron en el hecho de que este caso no obedece a otras razones que no sean las de tilde ideológico, por ello aseguraron que Rubén González es otro preso político de un gobierno incapaz de aceptar criticas, así vengan de sus bases o de la oposición.

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