Costa Rica - Enemigos del derecho penal costarricense

El equilibrio entre el poder punitivo estatal y las garantías de los ciudadanos, es lo ideal
Abogado penalista

Apunta el Dr. Llobet ( Página Quince, La Nación , 13/08/09), con acierto, diversos motivos que propician el “auge del populismo punitivo” en nuestro país.

En este mismo sentido, quisiera aportar un par de elementos que en mi criterio han favorecido esta situación, lo que provoca una falsa sensación de mayor inseguridad y cuyo resultado más notorio es la creación de abundante normativa que pretende combatir el crimen, pero que inevitablemente genera la restricción de garantías de diverso orden de todos los ciudadanos.

Tengamos en cuenta que no es cierto que la batalla sea entre malos y buenos o entre ciudadanos honrados y delincuentes. Se trata de lograr un equilibrio entre el poder punitivo estatal como depositario del control social y las garantías de todos los ciudadanos que actúan como contrapeso frente a este poder.

Y si bien este populismo punitivo lo genera la prensa que vive de la noticia criminal y los políticos ávidos de sumar votos y sin ideas frente al fenómeno de la delincuencia, es cierto, además, que actualmente algunos colegas que se presumen expertos, alimentan desmedidamente esta situación.

Manipulación. Patrocinan una conveniente defensa a ultranza de las víctimas, ofreciéndoles un discurso complaciente cuando, en realidad, se les utiliza y hasta se les revictimiza para lograr publicidad, posicionamiento político y beneficios económicos.

Esto ha venido creando una nefasta pseudoescuela, que no es más que un calculado populismo victimológico.

Por otro lado, están los que, siendo efectivamente expertos, se inclinan por la creación de un verdadero derecho penal del enemigo. Recogen el clamor de mayor seguridad y lo pretenden solucionar, creando dos tipos de población: los ciudadanos honorables y los delincuentes, que vienen a ser los enemigos de los primeros.

Así, la normativa penal y procesal penal deja de ser una garantía para todos los ciudadanos y la convierten en un mero procedimiento cada vez más riguroso para castigar a quienes han encasillado previamente como delincuentes.

De esta manera, las reformas legales que proponen y logran, no son más que una respuesta populista para crear una sensación de seguridad en la población, basada únicamente en el endurecimiento de la ley, a sabiendas de que lo que se crea es un círculo vicioso, donde muy pronto esas leyes ya no serán útiles, pues siempre van a generar nuevas formas delictivas como respuesta y nuevamente más sensación de inseguridad y más demanda de nuevas leyes más duras. Se concentran los esfuerzos únicamente en la función represiva y olvidan totalmente la preventiva.

Entonces, poco a poco, el respeto al debido proceso se convierte en una utopía y el derecho a la defensa en una norma simbólica.

Es obligación de todos los ciudadanos y en especial de todos los actores jurídicos, velar porque la balanza nunca se incline hacia la restricción desmedida e impensada de nuestras garantías, pues en algún momento podríamos ser víctimas indefensas de ese frenesí por el castigo.
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/07/opinion2080992.html