La víctima acredita al abogado o abogados de confianza la representación judicial para enfrentar y seguir el proceso penal y lograr justicia en su caso mediante este documento denominado Poder Judicial. Lo califico de Poder Penal y Civil porque ambas acciones judiciales y las facultades para cada una, pueden perfectamente señalarse en este Mandato. El abogado apoderado tiene una gran responsabilidad porque se obliga a actuar gratuita u onerosamente en la defensa de los derechos e intereses de la víctima que lo contrata, y responde no sólo del dolo, sino también de la culpa en la ejecución del Mandato que le es conferido, tal y como lo expresa el artículo 1.693 del Código Civil.
Dice el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, la definición de lo que es una víctima. Este dispone que se consideraran víctimas a las personas naturales y jurídicas siguientes:
1) A la persona natural y a la jurídica directamente ofendida por el delito. Sobre esto tenemos la Sentencia Número 418 de la Sala de Casación Penal, del 26/07/07 EXP. N° 2007-185, en la cual las Naciones Unidas establecen la definición muy completa y precisa de quiénes se entenderán por víctimas:
“…..a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros.”
En los siguientes casos, deben ser anexados, ya sea en la Notaría Pública donde se vaya a otorgar el Poder o en el Tribunal que lleve la causa, los siguientes documentos:
2) Al cónyuge, la constancia, partida o acta de matrimonio.
3) A la persona con quien haga vida marital por más de 2 años, la constancia de concubinato.
4) Los hijos, las partidas o actas de nacimientos.
5) El padre adoptivo, la documentación relacionada con la adopción.
6) A los parientes dentro del 4to. grado de consanguinidad o 2do. de afinidad, la demostración de tales vínculos con las partidas de nacimiento de los familiares involucrados.
7) Al heredero, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o muerte del ofendido, se debe acompañar el acta o partida de defunción o pudiera ser la declaración sucesoral.
8) Cuando el delito sea cometido en perjuicio de un incapaz o de un menor de edad, pues sus representantes legales, el padre y madre son los que deben firmar el Poder, por tener la patria potestad compartida. A menos que la tenga uno sólo de los padres, el cual deberá acompañar la Sentencia respectiva.
9) A los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; para cumplir con la legitimación, debe acompañarse el registro mercantil o subalterno respectivo, ya sea el documento constitutivo estatutario o la asamblea donde conste la composición accionaria, quienes son sus miembros de junta directiva, los cargos, en fin, los documentos auténticos para la vista del funcionario público que debe dejar constancia mediante una nota, y que acrediten la cualidad, autorización o representación legal, colocando los datos esenciales como origen, identificaciones y fechas como requisitos de plena validez, eficacia y existencia.
La Sentencia Número 258 de la Sala de Casación Civil, Expediente Nº 99-592 de fecha 03/08/2000, nos habla sobre los deberes del otorgante del Poder:
“....que cuando se trate de poderes a nombre de otra persona natural o jurídica, el otorgante debe enunciar y exhibir al funcionario que autorice el acto, todos los recaudos que tienden a acreditar su representación, recaudos de los cuales el funcionario dejará constancia en la forma prescrita en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, bien sea en la nota de autenticación del documento o en nota aparte, pero agregada al poder"... Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil solamente es necesario enunciar en el poder y exhibir al funcionario que presencie el otorgamiento los documentos, libros, gacetas o registros donde conste el carácter con que actúe el otorgante...".
Es bueno acotar lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, el cual indica que sólo podrán ejercer Poderes en Juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.
Establece el artículo 3 de la Ley de Abogados de 1967, que para comparecer por otro en los juicios, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Más adelante, señala el artículo 4 de la mencionada Ley, que toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso. Si la parte se negare a designar abogado esta designación la hará el Juez.
El artículo 3 de la Ley de Abogados también dispone que los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados, sin la asistencia de abogados en ejercicio.
10) A las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.
Sobre este tema, hay una singularidad donde no se requiere el Poder Judicial, y es la asistencia especial se encuentra en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone que la persona ofendida directamente por el delito podrá delegar, en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, el ejercicio de sus derechos cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses. En este caso, no será necesario Poder Especial y bastará que la delegación de derechos conste en un escrito firmado por la víctima y el representante legal de la entidad.
Del mismo modo, la defensa de los intereses difusos de los administrados afectados por casos como corrupción o delitos contra el medio ambiente, ante el reto de proteger los bienes que emergen, utilizando las asociaciones civiles, fundaciones y otros entes con personalidad jurídica, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos mediante la administración de justicia penal para garantizar y evitar arbitrariedades e impunidad, debe verificarse en primer lugar, el objeto de estas personas jurídicas y en segundo lugar, su fecha de creación, lo cual se hará con la entrega del documento constitutivo al Tribunal competente.
Al final de este artículo 119 eiusdem, se señala, inconstitucional e inviablemente que: “si las víctimas fueren varias, éstas deberán actuar por medio de una sola representación”.
Esta imponente frase es una enorme torpeza del Código Orgánico Procesal Penal. Es inviable porque el supuesto ahorro que quiso el legislador al idear una supuesta correlación entre varias víctimas y una sola representación, no se ve en ninguna parte de la llamada representación judicial de los accionantes en cualquiera de los variados procesos contenciosos venezolanos. Obligarlos a tener una sola representación es hasta sustancialmente absurdo y por ello la rechazo en forma contundente. Si bien, las víctimas están vinculadas por el hecho punible que los afectó, no es menos cierto que hay por lo general, intereses contrapuestos que no pueden ni podrán ser evitados, y que en consideraciones de dogmática penal, como tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, grados de participación, entre otros, no necesariamente pueden llevarse de la mano frente a los distintos daños causados a las víctimas por los victimarios. Ahora, cuando tenemos el carácter concursal de la imputación, como lo diría Eric Lorenzo Pérez Sarmiento en su obra "Los Fundamentos de la Defensa Penal", página 133, en las llamadas tesis de defensa diferentes y absolutamente compatibles, respecto a cada uno de los delitos imputados por un mismo hecho, a veces puede ser permitida. Aunque en muchos casos, sostengo es inconstitucional porque esta imposición procesal viola la autonomía de la libertad y la voluntad de la víctima individualmente considerada, frente a la escogencia de su sagrado y legítimo derecho a la defensa contenido en el artículo 49 constitucional, ya que en casos de fraudes masivos con innumerables afectados, lo más probable es que no haya intereses comunes, similares o exactos, porque el daño causado a algunas sea mayor que a otras, y si éstas no desean quedarse frente a una sola representación, esta norma poco razonable los obliga. O en el caso más sencillo de 2 víctimas frente a un hecho punible, esta tesis única de defensa es y luce hasta incompatible, puesto que una puede estar en contraposición de la otra con la estrategia de la representación judicial, ya sea por inconformidad o inconveniencia, actitud, defensa pública o privada, o de excusas absolutorias, causales de justificación, etc.
Veamos algunas Sentencias relacionadas con estos temas:
Sentencia Número 1.333, del 13/08/2008 de la Sala Constitucional:
“De conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a todas luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo; razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. Así se establece”.
El ciudadano Joaquín Santolaria López, sin ser abogado en ejercicio, esto es, sin tener la capacidad de postulación, actúa en juicio como apoderado del ciudadano Julio Santolaria López, sin tener la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, lo que no es subsanable en modo alguno.
De acuerdo con las referidas normas es necesario para comparecer a un juicio, estar asistido o representado por un profesional del derecho. Dicha tarea está reservada por expresa disposición de la ley a quienes ostentan el título de abogado, con la finalidad de que cualquier solicitud judicial tenga el debido sustento jurídico.
Sentencia Número 2.324 del 22/08/2003 de la Sala Constitucional:
“…para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República.
Sentencia Número 353 del 14/07/09 de la Sala de Casación Penal, en el Expediente C09-190:
“…para ejercer el recurso de casación como víctima se requiere la asistencia de un profesional del Derecho”.
Sentencia Número 889 del 06/07/09 de la Sala Constitucional, Exp. 09-0496:
“…la Sala constata que el Tribunal Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, al concluir la celebración de la audiencia preliminar, inadmitió la acusación particular propia interpuesta por la ciudadana Nelly Luisa Bravo, y admitió parcialmente la acusación particular propia presentada por el ciudadano Nilso Benito Bravo, lo que, a juicio de este alto Tribunal, no implica que dicho Juzgado de Control hubiese contrariado lo señalado en el último aparte del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal.
En efecto, si bien es cierto que el referido último aparte del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal establece que si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio de una sola representación; también es cierto que en el proceso penal que motivó el amparo sólo fue aceptada, mediante la admisión parcial de la acusación particular propia del ciudadano Nilso Benito Bravo, la participación de una sola víctima, quien, en el presente caso ostentaba esa cualidad de conformidad con lo señalado en el cardinal 2 de esa misma disposición normativa, que dispone que se considerarán como víctima al cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, y al heredero, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido.
En ese sentido, cabe recalcar que en el presente caso la actuación de la víctima se formalizó en el proceso penal con la admisión parcial de la acusación particular propia del ciudadano Nilso Benito Bravo, por lo que no existió, como erradamente lo señaló la parte accionante, una actuación de una multiplicidad de víctimas dentro de ese proceso, debido a que a una sola de las víctimas se le dio el carácter de querellante, al haberse inadmitido la acusación particular propia de la ciudadana Nelly Luisa Bravo.
Por lo tanto, esta Sala advierte que la admisión de una sola acusación particular propia en el proceso penal que motivó el amparo no acarrea per se una contradicción con lo señalado en el último aparte del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que el Tribunal Undécimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia actuó como órgano jurisdiccional encargado de subsanar cualquier vicio cometido por las partes, para que el proceso se encuentre depurado en la fase de juicio oral y público...”
Sentencia Número 00898 del 28/09/2010, de la Sala Político-Administrativa, Ponente YOLANDA JAIMES GUERRERO, EXP. N° 1996-12990, en el caso GONZALO CONTRERAS versus BANCO DEL CARIBE C.A. BANCO UNIVERSAL:
“…el ejercicio de la profesión de abogado puede ser individual o mediante la asociación de varios de ellos que de forma voluntaria deciden agruparse y en este último caso, tal voluntad puede manifestarse a través de la constitución y formal inscripción de una sociedad civil ante la oficina de registro competente o existir al amparo de una estructura de hecho. En cualquiera de estos dos (2) casos de formas de asociación, la relación contractual respecto al ejercicio del mandato se configura con el escritorio jurídico.”
El Poder en los Delitos de Acción dependiente de Instancia de Parte Agraviada
EL artículo 400 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no podrá procederse al Juicio respecto de delitos de acción dependiente de acusación o instancia de parte agraviada, sino mediante acusación privada de la víctima ante el Tribunal competente conforme a lo dispuesto en el Título VII del Libro Tercero, De Los Procedimientos Especiales pautados en el citado cuerpo normativo.
Dice el artículo 415 eiusdem que el Poder Judicial para representar al acusador privado en el proceso debe ser Especial, y expresar todos los datos de identificación de la persona contra quien se dirija la acusación y el hecho punible de que se trata, el cual se constituirá con las formalidades de los poderes para asuntos civiles, no pudiendo abarcar más de 3 abogados.
¿Qué dice nuestro Código de Procedimiento Civil sobre estas formalidades?
Los artículos 151 y siguientes del Código de Procedimiento Civil disponen las formalidades de los poderes para asuntos civiles, llámense renuncias, exhibiciones, revocatorias y sustituciones. Esta normativa establece que el poder para actos judiciales se presume otorgado para todas las instancias y recursos ordinarios o extraordinarios en todo estado y grado de la causa. Debe otorgarse en forma pública o auténtica. Es decir, apud acta, para el juicio contenido en el expediente correspondiente, ante el Secretario del Tribunal, quien firmará el acta junto con el otorgante y certificará su identidad o el que sea otorgado ante una Notaría Pública. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un tercero, expresándose esta circunstancia en el poder. No será válido el poder simplemente reconocido, aunque sea registrado con posterioridad.
Las Sustituciones, artículo 155:
Si en el poder se le hubiere facultado para sustituir, cuando por cualquier causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo, el apoderado podrá sustituirlo en la persona que el poderdante le hubiese designado o le designare, y a falta de designación, en abogado capaz y solvente. Las sustituciones de poderes y las sustituciones de sustituciones, deben hacerse con las mismas formalidades que el otorgamiento de los poderes. Los apoderados y los sustitutos quedarán sujetos a las responsabilidades que establece el Código Civil para los mandatarios.
La exhibición de los documentos, artículo 156:
La exhibición de los documentos, gacetas, libros o registros mencionados en el poder, el apoderado deberá exhibirlos para su examen por el interesado y el Tribunal, en la oportunidad que se fije al efecto.
Artículo 157:
Si el Poder se hubiere otorgado en país extranjero que haya suscrito el Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de los Poderes y la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero del 01/30/75, ratificada por Venezuela el 12/18/85, deberá llenar las formalidades establecidas en dichos instrumentos, en caso contrario, deberá tener las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento. En ambos casos, el Poder deberá estar legalizado por un magistrado del lugar o por otro funcionario público competente, y por el funcionario consular de Venezuela, o en defecto de éste, por el de una nación amiga. Caso de haberse otorgado en idioma extranjero, se lo traducirá al castellano por Intérprete Público en Venezuela.
Podrá también otorgarse el Poder ante un agente del servicio exterior de la República en el país del otorgamiento, sujetándose a las formalidades establecidas en el presente Código.
Es de tener en cuenta sobre esta norma que los artículos 1, 6 y 10 de la CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RECEPCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO cuando tengamos la necesidad de utilizar los exhortos o cartas rogatorias, ya que a solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrá aceptarse la observancia de formalidades adicionales o de procedimientos especiales adicionales en la práctica de la diligencia solicitada a menos que sean incompatibles con la legislación del Estado requerido o de imposible cumplimiento por éste. Los requisitos son muy sencillos, que estén legalizados por el funcionario consular o agente diplomático competente, y si fuere el caso, que el exhorto o la carta rogatoria y la documentación anexa se encuentre debidamente traducido al idioma oficial del Estado requerido, es decir el castellano.
Para concretar esta idea, es bueno tener presente el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual nos dice que los actos jurídicos son válidos, en cuanto a la forma, si cumplen los requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos jurídicos:
1. El del lugar de celebración del acto;
2. El que rige el contenido del acto; o
3. El del domicilio de su otorgante o del domicilio común de sus otorgantes.
Artículo 165.
La representación de los apoderados y sustitutos cesa:
1° Por la revocación del poder, desde que ésta se introduzca en cualquier estado del juicio, aun cuando no se presente la parte ni otro apoderado por ella. No se entenderá revocado el sustituto si así no se expresare en la revocación. Para ello, el artículo 1.708 del Código Civil, señala que el nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación del anterior, desde el día en que se hace saber el nuevo nombramiento.
2° Por la renuncia del apoderado o la del sustituto; pero la renuncia no producirá efecto respecto de las demás partes, sino desde que se haga constar en el expediente la notificación de ella al poderdante. Para ello, el artículo1.709 del Código Civil, señala que el mandatario puede renunciar el mandato notificándolo al mandante. Si la renuncia perjudica al mandante, debe indemnizársele por el mandatario, a menos que éste no pueda continuar en ejercicio del mandato sin sufrir un perjuicio grave.
3° Por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del apoderado o sustituto. Para ello, es importante tener presente el artículo 1.710 del Código Civil, porque lo que hace el mandatario en nombre del mandante ignorando la muerte de éste o una de las otras causas que hacen cesar el mandato, es válido, con tal que aquellos con los cuales ha contratado hayan procedido de buena fe.
4° Por la cesión o transmisión a otra persona de los derechos deducidos por el litigante, o por la caducidad de la personalidad con que obraba. Para ello, el artículo 1.557 del Código Civil, señala que la cesión que hiciere alguno de los litigantes de los derechos que ventila a quien no es parte de la causa, después del acto de la contestación al fondo de la demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente firme, no surte efectos sino entre el cedente y el cesionario. Sin embargo, cuando se haga constar en los autos que la parte contraria acepta la cesión, surtirá ésta inmediatos efectos contra aquélla, y en sustitución del cedente, se hará el cesionario parte en la causa.
5° Por la presentación de otro apoderado para el mismo juicio, a menos que se haga constar lo contrario. Y siendo que la norma procesal penal indicada en el artículo 415 del Código Orgánico Procesal Penal habla de que el poder no puede abarcar más de 3 abogados, sobre esto lamentablemente pasa igual que en la defensa del imputado, tal y como lo señala el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta es otra absurda limitación en la defensa que no tiene ningún sentido. Mientras no sea decretada la inconstitucionalidad de esta norma, pues debemos convivir con su sometido e injusto criterio.
Finalmente, señala este artículo 165 del Código de Procedimiento Civil que la sola presentación personal de la parte en el juicio no causará la revocatoria del poder ni de la sustitución, a menos que se haga constar lo contrario.
Veamos 2 Jurisprudencias de la Sala de Casación Civil del Tribunal supremo de Justicia:
Sentencia Número 319 del 17/07/2002:
“La impugnación del mandato judicial debe estar orientada mas que a resaltar la carencia o deficiencia de los aspectos formales del documento, hacia aquéllos de fondo necesarios para que el mismo pueda considerarse eficaz, es decir los requisitos intrínsecos que, de no estar presentes en él, puedan hacerlo inválido para los efectos de la representación conferida, entre otros la identificación del poderdante, o el no haber sido otorgado ante la autoridad competente capaz de darle fe pública y carácter de documento auténtico...”
Sentencia Número 258 del 03/08/2000:
“...Al respecto, la Sala ha expresado en innumerables fallos, que la impugnación de los mandatos ha de verificarse en la primera oportunidad inmediatamente después de su consignación en que la parte, interesada en su desistimiento, actúe en el proceso, de lo contrario, hay que presumir que tácitamente se ha admitido como buena y legítima la representación que ha invocado el apoderado judicial...”
¿Qué debería contener el Poder Penal y Civil?
Debe contener la más completa identificación del poderdante, esto es el requisito de sus nombres y apellidos y número de cédula de identidad o pasaporte y nacionalidad, como mínimo. Si es una persona jurídica, pues todos sus datos de identificación, tales como denominación, fecha de constitución, Registro de Información Fiscal (RIF), datos de registro y la identificación de los ciudadanos que firman en nombre de la persona jurídica acompañando el estatuto o la asamblea respectiva. Luego, sobre la declaración que deba hacer el o la poderdante, en la cual se indique, entre otras cosas, y como inicial recomendación, es que se coloque la completa identificación del abogado o de los abogados que actuarán en el proceso penal, empezando por los nombres y apellidos, la cédula de identidad o pasaporte, su número de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado, su número de Colegio de Abogados y la inscripción en el Tribunal Supremo de Justicia para actuar en Casación, si éstos tuvieren más de 5 años de graduados, y el caso mereciere pena superior a los 4 años, los hechos punibles.
Es imprescindible saber cómo van a actuar los abogados en el proceso, si es conjunta o separadamente para que representen, sostengan y defiendan los derechos e intereses en el delito que debe ser descrito con detalle y precisión, colocando su denominación y articulado, y si es posible la identificación de los ciudadanos involucrados. En casos de delitos de acción privada, es obvio que debe tener la completa identificación en contra de quien se va a proceder judicialmente y señalar con toda precisión de que delito se trata.
Indistintamente, este Poder puede contener la posibilidad de accionar y representar, sostener y defender los derechos e intereses de la víctima en la reclamación civil, que se deriva directamente del hecho punible, ya sea por la lesión sufrida, o si son delitos patrimoniales, pues los más comunes son los daños y perjuicios materiales, lucro cesante, daño emergente, entre otros. Si son delitos contra las personas, como lesiones, violación y homicidio, es conveniente colocar también, el reclamo de los daños morales. Recordemos que la protección judicial general de las víctimas está pautada en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde se establece que tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal siendo esa protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho, como un deber primordial del Estado, de proteger a las víctimas frente a los delitos comunes, como lo estatuye el artículo 30 de la Constitución.
Se debe resaltar en este instrumento todas las gestiones inherentes a la representación judicial en todo el proceso penal y en el civil derivado de la indemnización y reparación por los delitos cometidos, tales como:
• Introducir y explanar la Querella o presentar una Acusación Privada en los delitos dependientes de instancia de parte;
• Intentar Recusaciones;
• Firmar Acuerdos Reparatorios;
• Promover y Evacuar toda clase de Pruebas; inclusive aquellas pruebas complementarias que hayan tenido conocimiento con posterioridad a la Audiencia Preliminar;
• Hacer Inspecciones Judiciales y Extrajudiciales;
• Presentar toda clase de Escritos y ampliar los mismos;
• Asistir a la Audiencias de Flagrancia o Preliminar, Conciliación (lo cual dependerá del caso), de Juicio, y en las Cortes de Apelaciones, la Sala de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia;
• Interrogar al imputado, expertos y testigos en el debate del Juicio.
• Solicitar la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas en caso que el Tribunal de Juicio observe la posibilidad de una nueva calificación jurídica;
• Adherirse a la Acusación Fiscal o presentar una propia contra el imputado o los imputados en los delitos de acción pública;
• Impugnar el Sobreseimiento o la Sentencia Absolutoria;
• Hacer uso de todos los Recursos Ordinarios y Extraordinarios que la ley contempla, talas como Apelación de Autos y de Sentencia definitiva, Nulidad Absoluta y/o Relativa, Revocación, Amparo Constitucional, Interpretación, Revisión, Casación y el de Queja;
• Intentar y/o contestar Demandas;
• Oponer Cuestiones Previas y/o Excepciones, Reconvenciones y/o contestarlas;
• De conformidad con lo establecido en el artículo 1.688 del Código Civil, colocar las facultades para Transigir, Convenir, Desistir;
• De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, solicitar decisiones según la equidad y disponer del Derecho en litigio;
• Comprometer en árbitros arbitradores o de Derecho;
• Solicitar y ejecutar toda clase de Medidas, sean éstas preventivas, cautelares o ejecutivas, relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles;
• Si el poderdante es una persona natural, solicitar Medidas de Protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia;
• Darse por citados o notificados, con facultades para seguir el juicio penal y el civil en todas sus instancias, grados, trámites e incidencias hasta su total terminación;
• Recibir cantidades de dinero otorgando sus correspondientes recibos o finiquito;
• Sustituir el Poder en todo o en parte reservándose o no su ejercicio en abogados de su confianza;
• Y en general, ejercer plenamente y sin limitación alguna la representación judicial, toda vez que las facultades enumeradas son meramente enunciativas.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
ARTICULO DE OPINIÓN El Poder Penal y Civil del Imputado en el Proceso Penal
Tal y como lo indica el artículo 137 del Código Orgánico Procesal Penal, el imputado tiene derecho a nombrar un abogado de su confianza como defensor. Si no lo hace, el Juez le designará un defensor público desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración. Si prefiere defenderse personalmente, el Juez lo permitirá sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones.
Las condiciones para ejercer las funciones de defensor en el proceso penal, están contenidas en el artículo 138 del Código Orgánico Procesal Penal, para ello se requiere ser abogado, no tener impedimento para el ejercicio libre de la profesión conforme a la Ley de Abogados y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Si bien el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, como dice el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez designado por el imputado por cualquier medio, el defensor debe aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en el acta respectiva. En esta oportunidad, el defensor deberá señalar su domicilio o residencia. El Juez deberá tomar el juramento dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud del defensor designado por el imputado. Acá también tenemos la absurda limitación númerica, que no existe en ningún proceso contencioso venezolano, cuando señala que el imputado no podrá nombrar más de 3 defensores, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo dispuesto en el artículo 146 sobre el defensor auxiliar, ya que para las diligencias que hayan de practicarse fuera del lugar del proceso, si el defensor manifiesta que no puede asistir a ellas, nombrará defensor auxiliar en los casos en que sea necesario. Sobre esto, la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 28/10/2002, Expediente Número 02-2299, ha dicho lo siguiente:
“El artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que el imputado tiene el derecho a ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público.
Igualmente, el artículo 137 eiusdem señala que el imputado tiene derecho a nombrar un abogado de confianza como defensor. Si no lo hace, el Juez le designará un defensor público desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración.
Por su parte, el artículo 143 ibídem, dispone que en caso de muerte, renuncia o excusa, o bien porque el nombramiento haya sido revocado, deberá procederse a nuevo nombramiento dentro de las veinticuatro horas, o la designación de defensor público.
Ahora bien, las anteriores disposiciones normativas ciertamente establecen que es un derecho del imputado, para garantizarle a plenitud su derecho a la defensa, estar asistido en el transcurso de proceso penal por un abogado, el cual, prima facie debe ser de su confianza, por lo que necesariamente antes de realizar algún acto de procedimiento, el Tribunal que conozca la causa debe preguntarle si desea nombrar a un abogado para que asuma su defensa técnica. Igualmente, se precisa que los parientes del imputado o del acusado, también pueden designar al abogado privado.
Una vez que conste la designación del defensor privado, el abogado deberá acudir a la sede del Tribunal para aceptar y juramentarse, dentro de las veinticuatro horas, como lo dispone el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal.
En caso que el imputado o acusado no tenga un abogado de confianza, o bien no tenga recursos para contratarlo, entre otras razones, el Juez de la causa penal deberá designarle un defensor público para que lo asista en el proceso, pero ello implica que debe oírlo para que señale, de manera expresa, si no puede ser asistido por un defensor privado.
Una vez oído, y negada la posibilidad de que sea asistido por un abogado privado, es cuando el Tribunal debe designarle una defensor público, el cual está en la obligación de asumir su defensa como lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por tanto, se precisa que debe siempre oírse al imputado o al acusado para que designe a su abogado de confianza, ya sea por primera vez o bien en el caso que quiera hacer un nuevo nombramiento, cuando el anterior se haya excusado, renunciado o fallecido. No obstante, dado que el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el nombramiento de defensor no está sujeto a ninguna formalidad, si el imputado o acusado se encuentra recluido podrá hacerlo por cualquier medio, como ocurre cuando un director de un centro de reclusión levanta un acta en donde deja constancia de la nueva designación hecha por el recluso.”
Es importante destacar que si está libre la persona, ésta puede otorgar un Poder Judicial ante una Notaría Publica o ante el mismo Tribunal que lleva su causa, mediante el Poder Apud Acta. El artículo 144 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que el nombramiento por el imputado de un defensor, hace cesar en sus funciones al defensor público o al defensor de oficio que haya venido ejerciéndolas. El nombramiento, por el imputado, de un subsiguiente defensor, no revoca el anterior hecho por él, salvo que expresamente manifieste su voluntad en ese sentido. Es interesante señalar que la Sentencia Número 729 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº A07-0416 de fecha 18/12/2007 ha dicho que:
“...la solicitud e imposición de la defensa técnica, sin el consentimiento del imputado, constituye un acto que violenta el derecho a la defensa, más aún cuando se había dejado constancia de la voluntad de ser asistido por profesionales del derecho distintos al defensor público y para el momento ya se había constituido la defensa...”
¿Qué debería contener el Poder?
Debe contener la más completa identificación del poderdante, esto es el requisito de sus nombres y apellidos y número de cédula de identidad o pasaporte y nacionalidad, como mínimo. Luego, sobre la declaración que deba hacer el poderdante, en la cual se indique, entre otras cosas, y como inicial recomendación es que se coloque la completa identificación del abogado o de los abogados que actuarán en el proceso penal, empezando por los nombres y apellidos, la cédula de identidad, su número de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado, su número de Colegio de Abogados y la inscripción en el Tribunal Supremo de Justicia para actuar en Casación, si éstos tuvieren más de cinco años de graduados, y el caso mereciere pena superior a los 4 años los hechos punibles.
Es imprescindible saber cómo van a actuar los abogados en el proceso, si es conjunta o separadamente para que representen, sostengan y defiendan los derechos e intereses en el delito que debe ser descrito con detalle y precisión, colocando su denominación y articulado, y si es posible la identificación de los ciudadanos involucrados. Igualmente, este Poder Penal y Civil puede contener la posibilidad de accionar y representar, sostener y defender los derechos e intereses del imputado que resultó absuelto por sentencia definitivamente firme, en la reclamación civil, que se derivó del hecho punible, o si son delitos patrimoniales, pues los más comunes son los daños y perjuicios materiales, lucro cesante, daño emergente, entre otros. Si son delitos contra las personas, como lesiones, violación y homicidio, es conveniente colocar igualmente, el reclamo de los daños morales, ya que llevar un proceso penal a cuestas, además de que tarda demasiado, afecta indudablemente la moral si la persona imputada es finalmente declarada inocente.
Se debe resaltar en este instrumento todas las gestiones inherentes a la representación judicial, tales como:
· Intentar y contestar demandas u oponer reconvenciones y excepciones;
· Intentar recusaciones;
· Firmar acuerdos reparatorios;
· Promover y evacuar toda clase de pruebas; tales como documentales, testigos, allanamientos, peritajes, entre otros.
· Hacer inspecciones judiciales y extrajudiciales;
· Presentar toda clase de escritos y ampliar los mismos;
· Hacer uso de todos los Recursos Ordinarios y Extraordinarios que la ley contempla, inclusive el de Amparo Constitucional, Interpretación Constitucional, Revisión Penal, Revisión Constitucional, Casación Penal y Civil y finalmente, el de Queja;
· Transigir, convenir, desistir, solicitar decisiones según la equidad, disponer del Derecho en litigio;
· Comprometer en árbitros arbitradores o de Derecho;
· Solicitar y ejecutar toda clase de medidas, sean éstas preventivas, cautelares o ejecutivas;
· Darse por citados o notificados, con facultades para seguir el juicio en todas sus instancias, grados, trámites e incidencias hasta su total terminación;
· Recibir cantidades de dinero otorgando sus correspondientes recibos o finiquitos, sustituir el Poder en todo o en parte reservándose o no su ejercicio en abogados de su confianza;
· Y en general, ejercer plenamente y sin limitación alguna la representación judicial, toda vez que las facultades que sean enumeradas son meramente enunciativas.
Las condiciones para ejercer las funciones de defensor en el proceso penal, están contenidas en el artículo 138 del Código Orgánico Procesal Penal, para ello se requiere ser abogado, no tener impedimento para el ejercicio libre de la profesión conforme a la Ley de Abogados y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Si bien el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, como dice el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez designado por el imputado por cualquier medio, el defensor debe aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en el acta respectiva. En esta oportunidad, el defensor deberá señalar su domicilio o residencia. El Juez deberá tomar el juramento dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud del defensor designado por el imputado. Acá también tenemos la absurda limitación númerica, que no existe en ningún proceso contencioso venezolano, cuando señala que el imputado no podrá nombrar más de 3 defensores, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo dispuesto en el artículo 146 sobre el defensor auxiliar, ya que para las diligencias que hayan de practicarse fuera del lugar del proceso, si el defensor manifiesta que no puede asistir a ellas, nombrará defensor auxiliar en los casos en que sea necesario. Sobre esto, la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 28/10/2002, Expediente Número 02-2299, ha dicho lo siguiente:
“El artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal prevé que el imputado tiene el derecho a ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público.
Igualmente, el artículo 137 eiusdem señala que el imputado tiene derecho a nombrar un abogado de confianza como defensor. Si no lo hace, el Juez le designará un defensor público desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración.
Por su parte, el artículo 143 ibídem, dispone que en caso de muerte, renuncia o excusa, o bien porque el nombramiento haya sido revocado, deberá procederse a nuevo nombramiento dentro de las veinticuatro horas, o la designación de defensor público.
Ahora bien, las anteriores disposiciones normativas ciertamente establecen que es un derecho del imputado, para garantizarle a plenitud su derecho a la defensa, estar asistido en el transcurso de proceso penal por un abogado, el cual, prima facie debe ser de su confianza, por lo que necesariamente antes de realizar algún acto de procedimiento, el Tribunal que conozca la causa debe preguntarle si desea nombrar a un abogado para que asuma su defensa técnica. Igualmente, se precisa que los parientes del imputado o del acusado, también pueden designar al abogado privado.
Una vez que conste la designación del defensor privado, el abogado deberá acudir a la sede del Tribunal para aceptar y juramentarse, dentro de las veinticuatro horas, como lo dispone el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal.
En caso que el imputado o acusado no tenga un abogado de confianza, o bien no tenga recursos para contratarlo, entre otras razones, el Juez de la causa penal deberá designarle un defensor público para que lo asista en el proceso, pero ello implica que debe oírlo para que señale, de manera expresa, si no puede ser asistido por un defensor privado.
Una vez oído, y negada la posibilidad de que sea asistido por un abogado privado, es cuando el Tribunal debe designarle una defensor público, el cual está en la obligación de asumir su defensa como lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por tanto, se precisa que debe siempre oírse al imputado o al acusado para que designe a su abogado de confianza, ya sea por primera vez o bien en el caso que quiera hacer un nuevo nombramiento, cuando el anterior se haya excusado, renunciado o fallecido. No obstante, dado que el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el nombramiento de defensor no está sujeto a ninguna formalidad, si el imputado o acusado se encuentra recluido podrá hacerlo por cualquier medio, como ocurre cuando un director de un centro de reclusión levanta un acta en donde deja constancia de la nueva designación hecha por el recluso.”
Es importante destacar que si está libre la persona, ésta puede otorgar un Poder Judicial ante una Notaría Publica o ante el mismo Tribunal que lleva su causa, mediante el Poder Apud Acta. El artículo 144 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que el nombramiento por el imputado de un defensor, hace cesar en sus funciones al defensor público o al defensor de oficio que haya venido ejerciéndolas. El nombramiento, por el imputado, de un subsiguiente defensor, no revoca el anterior hecho por él, salvo que expresamente manifieste su voluntad en ese sentido. Es interesante señalar que la Sentencia Número 729 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº A07-0416 de fecha 18/12/2007 ha dicho que:
“...la solicitud e imposición de la defensa técnica, sin el consentimiento del imputado, constituye un acto que violenta el derecho a la defensa, más aún cuando se había dejado constancia de la voluntad de ser asistido por profesionales del derecho distintos al defensor público y para el momento ya se había constituido la defensa...”
¿Qué debería contener el Poder?
Debe contener la más completa identificación del poderdante, esto es el requisito de sus nombres y apellidos y número de cédula de identidad o pasaporte y nacionalidad, como mínimo. Luego, sobre la declaración que deba hacer el poderdante, en la cual se indique, entre otras cosas, y como inicial recomendación es que se coloque la completa identificación del abogado o de los abogados que actuarán en el proceso penal, empezando por los nombres y apellidos, la cédula de identidad, su número de inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado, su número de Colegio de Abogados y la inscripción en el Tribunal Supremo de Justicia para actuar en Casación, si éstos tuvieren más de cinco años de graduados, y el caso mereciere pena superior a los 4 años los hechos punibles.
Es imprescindible saber cómo van a actuar los abogados en el proceso, si es conjunta o separadamente para que representen, sostengan y defiendan los derechos e intereses en el delito que debe ser descrito con detalle y precisión, colocando su denominación y articulado, y si es posible la identificación de los ciudadanos involucrados. Igualmente, este Poder Penal y Civil puede contener la posibilidad de accionar y representar, sostener y defender los derechos e intereses del imputado que resultó absuelto por sentencia definitivamente firme, en la reclamación civil, que se derivó del hecho punible, o si son delitos patrimoniales, pues los más comunes son los daños y perjuicios materiales, lucro cesante, daño emergente, entre otros. Si son delitos contra las personas, como lesiones, violación y homicidio, es conveniente colocar igualmente, el reclamo de los daños morales, ya que llevar un proceso penal a cuestas, además de que tarda demasiado, afecta indudablemente la moral si la persona imputada es finalmente declarada inocente.
Se debe resaltar en este instrumento todas las gestiones inherentes a la representación judicial, tales como:
· Intentar y contestar demandas u oponer reconvenciones y excepciones;
· Intentar recusaciones;
· Firmar acuerdos reparatorios;
· Promover y evacuar toda clase de pruebas; tales como documentales, testigos, allanamientos, peritajes, entre otros.
· Hacer inspecciones judiciales y extrajudiciales;
· Presentar toda clase de escritos y ampliar los mismos;
· Hacer uso de todos los Recursos Ordinarios y Extraordinarios que la ley contempla, inclusive el de Amparo Constitucional, Interpretación Constitucional, Revisión Penal, Revisión Constitucional, Casación Penal y Civil y finalmente, el de Queja;
· Transigir, convenir, desistir, solicitar decisiones según la equidad, disponer del Derecho en litigio;
· Comprometer en árbitros arbitradores o de Derecho;
· Solicitar y ejecutar toda clase de medidas, sean éstas preventivas, cautelares o ejecutivas;
· Darse por citados o notificados, con facultades para seguir el juicio en todas sus instancias, grados, trámites e incidencias hasta su total terminación;
· Recibir cantidades de dinero otorgando sus correspondientes recibos o finiquitos, sustituir el Poder en todo o en parte reservándose o no su ejercicio en abogados de su confianza;
· Y en general, ejercer plenamente y sin limitación alguna la representación judicial, toda vez que las facultades que sean enumeradas son meramente enunciativas.
martes, 16 de noviembre de 2010
Admitido recurso de casación interpuesto por Fiscalía en juicio a funcionario del Saime
Nación 15 Nov 2010 | 04:25 pm - Por AVN
El ciudadano imputado se prestaba a la venta ilícita de pasaportes, ya que laboraba en la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en Venezuela (Onidex), ahora Saime
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, admitió el recurso de casación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público (MP) con competencia plena Yolaines Benavente contra la sentencia absolutoria dictada a favor de Luis Beltrán Brito, funcionario del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
El juicio que sigue el MP al ciudadano Beltrán obedece al supuesto delito de lucro genérico en grado de frustración tipificado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, en relación con el artículo 80 del Código Penal, señala una nota de prensa del TSJ.
En este caso el Juzgado Unipersonal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC) absolvió al implicado.
Al parecer, el ciudadano imputado se prestaba a la venta ilícita de pasaportes, ya que laboraba en la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en Venezuela (Onidex), ahora Saime.
Sin embargo, contra la decisión absolutoria, la abogada Mery Gómez Cadenas, en su carácter de fiscal octava del MP en el país con competencia plena, interpuso recurso de apelación.
La defensora del acusado dio respuesta al recurso de apelación propuesto, mientras que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas,declaró sin lugar la apelación y confirmó el fallo.
En la disputa, la representante del MP introdujo recurso de casación alegando que se incurrió, entre otras cosas, en la violación de ley por inobservancia de los artículos 173 y 364 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en relación con los artículos 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, "que impone a los operadores de justicia la obligación de motivar todas sus decisiones, a los fines de salvaguarda del debido proceso y la tutela judicial efectiva".
La Sala Penal, para decidir, señala que el recurso cumple con los requisitos establecidos en los artículos 437 y 462, ambos del Copp, porque fue interpuesto temporáneamente, "quien lo interpuso tiene cualidad para ello y la decisión impugnada es recurrible en casación, así como también, menciona el recurrente las normas infringidas y el fundamento está referido a inmotivación de sentencia".
Así, esta Sala del TSJ, admite el recurso de casación contra la sentencia absolutoria a favor del ciudadano Beltrán Brito y convoca a las partes a la celebración de la respectiva audiencia pública, la cual ha de celebrarse en un lapso no menor de 15 ni mayor de 30 días.
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/165835/Naci%C3%B3n/Admitido-recurso-de-casaci%C3%B3n-interpuesto-por-Fiscal%C3%ADa-en-juicio-a-funcionario-del-Saime
El ciudadano imputado se prestaba a la venta ilícita de pasaportes, ya que laboraba en la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en Venezuela (Onidex), ahora Saime
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, admitió el recurso de casación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público (MP) con competencia plena Yolaines Benavente contra la sentencia absolutoria dictada a favor de Luis Beltrán Brito, funcionario del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
El juicio que sigue el MP al ciudadano Beltrán obedece al supuesto delito de lucro genérico en grado de frustración tipificado en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción, en relación con el artículo 80 del Código Penal, señala una nota de prensa del TSJ.
En este caso el Juzgado Unipersonal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC) absolvió al implicado.
Al parecer, el ciudadano imputado se prestaba a la venta ilícita de pasaportes, ya que laboraba en la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería en Venezuela (Onidex), ahora Saime.
Sin embargo, contra la decisión absolutoria, la abogada Mery Gómez Cadenas, en su carácter de fiscal octava del MP en el país con competencia plena, interpuso recurso de apelación.
La defensora del acusado dio respuesta al recurso de apelación propuesto, mientras que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas,declaró sin lugar la apelación y confirmó el fallo.
En la disputa, la representante del MP introdujo recurso de casación alegando que se incurrió, entre otras cosas, en la violación de ley por inobservancia de los artículos 173 y 364 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), en relación con los artículos 26 y 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, "que impone a los operadores de justicia la obligación de motivar todas sus decisiones, a los fines de salvaguarda del debido proceso y la tutela judicial efectiva".
La Sala Penal, para decidir, señala que el recurso cumple con los requisitos establecidos en los artículos 437 y 462, ambos del Copp, porque fue interpuesto temporáneamente, "quien lo interpuso tiene cualidad para ello y la decisión impugnada es recurrible en casación, así como también, menciona el recurrente las normas infringidas y el fundamento está referido a inmotivación de sentencia".
Así, esta Sala del TSJ, admite el recurso de casación contra la sentencia absolutoria a favor del ciudadano Beltrán Brito y convoca a las partes a la celebración de la respectiva audiencia pública, la cual ha de celebrarse en un lapso no menor de 15 ni mayor de 30 días.
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/165835/Naci%C3%B3n/Admitido-recurso-de-casaci%C3%B3n-interpuesto-por-Fiscal%C3%ADa-en-juicio-a-funcionario-del-Saime
Radicado en el estado Anzoátegui juicio ex prefecto de Camaguán por homicidio
Caracas, 15 Nov. AVN .- Al Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui fue radicado el juicio que se le sigue a Jhonny Moreno Navas, ex prefecto de la población de Camaguán, estado Guárico, por la comisión del delito de homicidio intencional calificado en perjuicio de Yanetzy Yolimar Rico Peña.
La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien declaró procedente la solicitud de radicación hecha por la defensa de Moreno Navas, informó una nota de prensa.
Este juicio se le sigue ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, con sede en Calabozo, por el delito anteriormente mencionado previsto y sancionado en los ordinales 1° y 2° del artículo 406 del Código Penal, en perjuicio de Rico Peña.
Al estudiar la solicitud de radicación planteada, la Sala de Casación Penal constató que los hechos imputados al acusado, Jhonny Moreno Navas, ciertamente constituyen delito grave (homicidio calificado), el cual ha sido reseñado ampliamente en la prensa regional, causando en la población de Calabozo, estado Guárico, alarma, sensación y escándalo público por el hecho grave en sí de la muerte de una educadora, presuntamente cometido por el ex prefecto de la población de Camaguán, pareja de la occisa.
Además, en los recaudos presentados en esta solicitud, la Sala evidenció que los familiares y amigos de la víctima han protestado en varias oportunidades a las puertas del Circuito Judicial Penal de Calabozo, pidiendo “pena máxima para asesino de educadora camaguense”.
Indica la sentencia del Alto Tribunal, entre otros aspectos, que en el presente caso “están dadas las circunstancias de alarma, sensación o escándalo público, a que se refiere el primer supuesto contenido en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), y por ello es necesario y conveniente para la mejor y más cabal administración de justicia, la radicación del presente juicio, sin menoscabo del buen crédito del cual son merecedores los órganos judiciales del estado Guárico”.
En vista de lo anterior, la Sala de Casación Penal declaró procedente la solicitud de radicación del juicio penal planteada por la defensa de Jhonny Moreno Navas, por lo que ordenó radicarlo en el Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.
13:45 15/11/2010
http://www.avn.info.ve/node/28386
La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien declaró procedente la solicitud de radicación hecha por la defensa de Moreno Navas, informó una nota de prensa.
Este juicio se le sigue ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, con sede en Calabozo, por el delito anteriormente mencionado previsto y sancionado en los ordinales 1° y 2° del artículo 406 del Código Penal, en perjuicio de Rico Peña.
Al estudiar la solicitud de radicación planteada, la Sala de Casación Penal constató que los hechos imputados al acusado, Jhonny Moreno Navas, ciertamente constituyen delito grave (homicidio calificado), el cual ha sido reseñado ampliamente en la prensa regional, causando en la población de Calabozo, estado Guárico, alarma, sensación y escándalo público por el hecho grave en sí de la muerte de una educadora, presuntamente cometido por el ex prefecto de la población de Camaguán, pareja de la occisa.
Además, en los recaudos presentados en esta solicitud, la Sala evidenció que los familiares y amigos de la víctima han protestado en varias oportunidades a las puertas del Circuito Judicial Penal de Calabozo, pidiendo “pena máxima para asesino de educadora camaguense”.
Indica la sentencia del Alto Tribunal, entre otros aspectos, que en el presente caso “están dadas las circunstancias de alarma, sensación o escándalo público, a que se refiere el primer supuesto contenido en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), y por ello es necesario y conveniente para la mejor y más cabal administración de justicia, la radicación del presente juicio, sin menoscabo del buen crédito del cual son merecedores los órganos judiciales del estado Guárico”.
En vista de lo anterior, la Sala de Casación Penal declaró procedente la solicitud de radicación del juicio penal planteada por la defensa de Jhonny Moreno Navas, por lo que ordenó radicarlo en el Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.
13:45 15/11/2010
http://www.avn.info.ve/node/28386
lunes, 8 de noviembre de 2010
Máximas de la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
Sentencia Nº 407, Expediente Nº CC10-285 de fecha 23/09/2010. Tema: Conflicto de Competencia. Asunto: Delitos conexos:
"... El artículo 71 del texto adjetivo pernal, dispone: “… El conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los tribunales competentes. Son tribunales competentes según su orden para el conocimiento de las causas por delitos conexos: 1. El del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena…”."
Sentencia Nº 388, Expediente Nº A09-437 de fecha 19/08/2010. Tema: Avocamiento. Asunto: Impugnación de las Medidas de Coerción:
"
... las partes cuentan con mecanismos idóneos, más allá del trámite excepcional de avocamiento, para impugnar las medidas de coerción impuestas, y en este caso particular, la aprehensión judicial decretada, como lo ha asentado de forma reiterada la Sala. Vale decir, el proceso penal en sus diferentes etapas, dispone mecanismos regulares propios para tal fin; pudiendo ser, a través de la solicitud de revisión de la medida... De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 264 adjetivo, se asegura a la parte afectada, esto es a los imputados, el derecho a solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial preventiva de libertad, las veces que lo consideren conveniente, con el planteamiento lógico, jurídico y argumentativo pertinente, en una relación de los hechos con el derecho, ante las instancias respectivas. Así también, cuentan con la posibilidad de interponer el recurso ordinario de apelación de autos, ante la instancia respectiva, inscrito en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal..."
Sentencia Nº 389, Expediente Nº A10-065 de fecha 19/08/2010. Tema: Fase Preparatoria. Asunto. Responsabilidades del Ministerio Público:
"En el actual proceso oral, público y acusatorio, el Ministerio Público ostenta una serie de responsabilidades que le son inherentes a las disposiciones consagradas en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A saber, el artículo 285 antes señalado, coloca sobre el Ministerio Público, la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos y a las garantías constitucionales en todos los procesos judiciales. Además, debe garantizar la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Asimismo, tiene el deber de ordenar y dirigir la investigación penal de la probable perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión y la identificación de los autores de los mismos, con las circunstancias que influyan en su calificación. Y finalizada esta investigación, ejercer la acción penal en nombre del Estado, en los casos que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria la instancia de parte. Esta grave responsabilidad, está expresada también, aunque con más detalle, en el texto del Código Orgánico Procesal Penal, cuando en su artículo 108, establece, que pesa sobre el Ministerio Público, la dirección de la investigación de los hechos punibles y también la dirección de los órganos de policía de investigaciones penales. En esta labor, tienen a su vez, según acota el mismo artículo 108 adjetivo, la obligación de requerir de organismos públicos y privados, altamente calificados, la práctica de peritajes y experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñan los propios órganos de policía investigativa. Esta responsabilidad, está vertida a manera de facultad, en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, a través de cuyo contenido, el Ministerio Público puede exigir informaciones a cualquier particular o funcionario público y ordenar la práctica de cualquier clase de diligencia."
Esta misma Sentencia N° 389 nos habla de la Solicitud de Diligencias:
"... el imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el mismo: como por ejemplo, la víctima, el acusador privado, y sus representantes; tienen la posibilidad, cual derecho, de impetrar la práctica de diligencias de carácter investigativo. Pero estas diligencias, deben ser solicitadas al director de la investigación, que no es otro que el Fiscal del Ministerio Público, según lo permite el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Importante es indicar, que el artículo 305 enunciado, permite a su vez, al Ministerio Público, llevar a cabo las mismas, “si las considera pertinentes y útiles” a la investigación, debiendo expresar su opinión contraria, a los efectos consiguientes. Esta situación normativa es de trascendencia, por cuanto implica, por un lado asegurar que las partes tengan la potestad de contribuir con la fase investigativa buscando la verdad, haciéndolo mediante la dirección del Fiscal del Ministerio Público, sin apartarse de su análisis previo. Por otro lado, el Ministerio Público al admitir la evacuación de una diligencia solicitada por cualquiera de las partes, obviamente la considera útil o necesaria para la investigación, adquiriendo por ende, una doble responsabilidad: velar por su consumación, y una vez evacuada, traerla al proceso de forma lícita, como lo previene la norma inscrita en el artículo 197 del Código Adjetivo."
La Sentencia N° 389 nos dice que hacer en caso de omisión de evacuación de la evaluación de diligencia solicitada:
"... el escrito acusatorio, no contó con la evaluación médico-psiquiátrica del ciudadano ... requerida por el Ministerio Público, para ser evacuada en la fase de investigación y de instrucción del proceso seguido a este ciudadano. De forma tal, que razón tuvo el Juzgado Trigésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal ... para anular el escrito acusatorio del Ministerio Público, al dejar a un lado su responsabilidad con la evacuación de la evaluación médico-psiquiátrica al ... y vulnerarse las pautas del debido proceso, que el propio Ministerio Público está obligado a asegurar (por mandato del artículo 285 constitucional)."
Sentencia Nº 390, Expediente Nº A10-151 de fecha 19/08/2010. Medidas de Coerción Personal. Asunto: Orden de Aprehensión:
"... la orden de aprehensión debe estar precedida del acto formal de imputación, salvo los casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y el procedimiento por flagrancia, supuestos que no ocurrieron en la presente causa."
"... la finalidad de la orden de aprehensión es la de asegurar la comparecencia de una persona ante un tribunal, lo cual una vez ocurrido, extingue dicho mandato judicial, siendo esta la situación en que actualmente se encuentra la orden de aprehensión, cuya legalidad objetan los solicitantes, es decir, que la referida orden de aprehensión era recurrible oportunamente, mientras no se hubieran extinguido sus efectos."
"...por cuanto la naturaleza de la orden de aprehensión es una medida cautelar, creada para asegurar la presencia del imputado al proceso, la misma queda satisfecha una vez que se ha presentado al aprehendido ante el órgano jurisdiccional, y habiendo sido efectiva la misma, cualquier pronunciamiento en los actuales momentos sobre la legalidad de la misma, es extemporáneo, por cuanto la misma es inexistente."
Sentencia N° 390. Falta de Imputación.
"... el ciudadano ... nunca fue llamado al despacho fiscal para ser imputado, y va a ser producto de su aprehensión y presentación ante el Tribunal Segundo en Funciones de Control ... que tiene conocimiento que esta siendo involucrado en los hechos objeto de la investigación, por lo que era totalmente imposible que haya tenido acceso a las actas de investigación. Tal omisión en que incurrió el representante fiscal, no fue subsanada posteriormente por cuanto el ciudadano ... después de la audiencia de presentación, tampoco fue trasladado al despacho fiscal para realizar el acto de imputación fiscal, con todo sus requerimientos de ley. Tal irregularidad, es reconocida por el Juez Segundo en Funciones de Control ... cuando en su decisión derivada de la celebración de la llamada audiencia de presentación de imputado ... para fundamentar su fallo, trae elementos carentes de la actuación fiscal, no presentados ni referidos por el fiscal en su intervención, y cuyo conocimiento lo adquirió de otros actos procesales, los cuales en modo alguno pueden suplir la debida actuación fiscal. ... al no ser impuesto el ciudadano ... como un requisito de la imputación formal, de los elementos de convicción sobre los cuales se fundamento la narrativa de los hechos por parte del representante fiscal, ni en la oportunidad de la audiencia de presentación, ni en ninguna oportunidad posterior previa el acto conclusivo, en franca violación de los principios de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 26, 49 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala concluye que el ciudadano ... no fue debidamente imputado."
Sentencia N° 390. Elementos de Convicción:
"... el imputado deba ser notificado dentro del acto de imputación fiscal, de los elementos de convicción sobre los cuales se soporta la decisión fiscal de considerarlo participe del hecho disvalioso, sin que pueda considerarse cumplido este requisito de validez del acto fiscal, con el simple señalamiento que se haga, indicando que los mismos se encuentran cursantes en las actas de la investigación. ...la determinación de los elementos de la misma, corresponde al fiscal del ministerio público en forma exclusiva, no pudiendo ser delegable tal atribución en el juez de control."
Sentencia N° 390. Acto de Imputación. Expresión de la Calificación Juridica y Grado de participación. Cambio de Calificación Jurídica.
"... reitera al Ministerio Público su obligación de ser claro en la determinación de la calificación jurídica que le otorgue a los hechos investigados, así como al grado de participación de los investigados en los mismos, recordándole la obligación legal de presentar el respectivo acto conclusivo una vez que ha sido imputado un delito; realizar una nueva imputación formal cuando cambie la calificación jurídica e incluso el grado de participación del presunto responsable en el mismo; todo esto a los fines de garantizar a los imputados el derecho que le asiste de tener una tutela judicial efectiva, un debido proceso y permitirle una adecuada defensa, conforme a lo establecido en los artículos 26, 49 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En Consecuencia, estos graves errores, cometidos por el Ministerio Público, afectaron la regularidad del proceso, alientan la impunidad y limitaron la intervención y defensa de los ciudadanos, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, obligante es declarar la nulidad."
Sentencia N° 390. Tema: Principio de Oportunidad. Asunto. Informante Arrepentido:
"... esta figura del informante arrepentido es un supuesto especial del principio de oportunidad, consistente en la colaboración voluntaria y eficaz prestada por el imputado al fiscal, con el objeto de coadyuvar en la persecución penal de responsables de delitos cometidos por la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta. En contraprestación por esta colaboración, el informante arrepentido, va a recibir un beneficio expresado en la rebaja de la pena del delito que le es imputado, rebaja cuya cuantía esta determinada por la ley, y que será de la mitad de la pena correspondiente para el mismo. Hechas estas consideraciones, es imprescindible puntualizar que para la procedencia de esta figura, es necesario que la información suministrada provenga de un imputado, que con la misma se colabore eficazmente con la investigación, y que haya sido esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros. De tal forma, producto de la intervención o colaboración del informante arrepentido, se logra llevar eficazmente la investigación, resultando circunstancias positivas para el esclarecimiento del hecho, y la determinación del o los culpables."
Sentencia N° 390. Informante arrepentido.
"... Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece este supuesto especial, a los criterios doctrinarios existentes en la materia y la jurisprudencia, resulta inexplicable e inaceptable para la Sala, entender como desde el mismo momento de la presentación del ciudadano ... el Fiscal del Ministerio Público y el Juez Segundo en Funciones de Control ... estaban en condiciones de solicitar y acordar respectivamente, la aplicabilidad de esta figura procesal. En efecto, siendo la audiencia de presentación, la primera oportunidad procesal, en que dicho ciudadano se encontraba frente al órgano jurisdiccional, dándosele por primera vez su condición de imputado (aunque como se expresó anteriormente, no fue imputado), como pudieron, sin haberse ejercido la persecución penal, tanto el Fiscal del Ministerio Público, como el Juez Segundo en Funciones de Control ... llegar al convencimiento a priori, que todo lo expuesto por dicho ciudadano era cierto y determinante para la realización de la investigación, y que lo declarado por el mismo, ciertamente iba a ser convalidado por otras actuaciones de investigación, haciéndolo de manera irregular, beneficiario inmediatamente de esta figura procesal."
Sentencia N° 390. Tema: Militar. Asunto. Disposición a Jurisdicción Ordinaria.
"... el propósito de dicha norma, no es otro que elevar al conocimiento del titular del Despacho de la Defensa, la circunstancia especial que uno de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, tiene una investigación penal ante la jurisdicción ordinaria, por lo que, una vez estando en cuenta de dicha circunstancia, le informa a los tribunales ordinarios, que pone a disposición de la misma, al referido militar para que se continúe con el proceso llevado en su contra, ello en beneficio de la administración de justicia. Una vez realizada la solicitud al Ministro de la Defensa, corresponderá conforme a la norma establecida en el artículo 135 del Código Orgánico de Justicia Militar, verificar que no exista una investigación penal militar por los mismos hechos, supuesto en el cual, existe la obligación ineludible de ordenar que el militar solicitado sea puesto a la disposición del tribunal ordinario que lo requiere. Así mismo, con la solicitud ante el Ministro de la Defensa, ese Despacho podrá dar cualquier información relacionada con el requerido, tal como su ubicación geográfica producto de su actividad militar."
Sentencia N° 390. Medida Cautelar. Revisión de medida sin solicitud de las partes.
"... una vez decretada la medida cautelar del detención domiciliaria del ciudadano ... el Tribunal Segundo en Funciones de Control del ... sin que mediara solicitud alguna de las partes, ni oír a las mismas, revisa su propia decisión, anula totalmente la misma, y genera otra de consecuencias mas gravosas para el involucrado en la causa... Al respecto, la Sala indica que no le esta permitido a los tribunales de la república la revisión de sus decisiones en estas condiciones, motus propio, sin solicitud de las partes."
Sentencis N° 390. Reforma en perjuicio. Revisión de Medida Cautelar
"... el auto del Tribunal Segundo en Funciones de Control del ... que reformó indebidamente su propia decisión, era procedente el recurso de apelación de auto, siendo esta la única forma de poder ser revisada la misma por la vía recursiva, circunstancia que incumplió el Tribunal de Control mencionado, por cuanto procedió a la revisión y modificación de su propia decisión, sin haber sido recurrida por las partes. Para lo que si fue activada la vía recursiva, es contra la segunda decisión del Tribunal Segundo en Funciones de Control del estado Zulia, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad, del ciudadano ... interponiendo la defensa del referido ciudadano el recurso de apelación. En tal sentido, en forma acertada la alzada, decidió sobre la ilicitud e ilegalidad de la decisión ... del Tribunal Segundo en Funciones de Control ... y declara la nulidad de la misma, pero posterior a ese pronunciamiento, emite una decisión propia donde decreta la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano... En efecto, en su decisión la alzada acoge como propio el mismo dispositivo de la decisión que estaba anulando, con lo que se considera que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones ... emitió una decisión violatoria del principio de prohibición de la reforma en contrario imperio. En efecto, la decisión recurrida en apelación, es aquella del Tribunal Segundo en Funciones de Control ... mediante la cual decretó la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano ... revisando para ello la medida cautelar de la detención domiciliaria que le había sido acordado unos días antes, por lo que correspondía a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones ... pronunciarse sobre la validez y licitud de la sentencia recurrida, y una vez realizado su respectivo análisis jurídico, declarar la procedencia o no del recurso de apelación. En el primer supuesto, correspondía anular la segunda sentencia del tribunal de control, y mantener la vigencia de la decisión original, es decir la detención domiciliaria del ciudadano ... y en el segundo supuesto, en caso de considerar que la decisión recurrida era conforme a derecho, debió mantener la vigencia de la privación judicial preventiva de libertad decretada por el Tribunal de Control. En efecto, la pretensión recursiva de la defensa, tenía como petitorio la declaratoria de nulidad de la privación judicial preventiva de libertad decretada indebidamente, siendo la consecuencia de la declaratoria con lugar de su recurso, el mantenimiento de la medida cautelar inicialmente otorgada."
Sentencia Nº 391, Expediente Nº C10-202 de fecha 19/08/2010. Tema: Desistimiento. Asunto. Recurso de Apelación:
"... en el caso de delitos de acción pública, la ley prohíbe al Ministerio Público, desistir de la pretensión penal, permitiéndolo sólo en materia de recursos, con la estricta obediencia de las formalidades contenidas en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto, no es jurídicamente válido, la declaración del desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra de una sentencia."
Sentencia Nº 392, Expediente Nº 10-263 de fecha 19/08/2010. Tema: Recusación. Asunto. Imparcialidad del Juez.
"... El juez, en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe ser imparcial, esto es, no debe existir ninguna vinculación subjetiva entre él y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento, ni con el objeto de la misma, ya que la presencia de algunos de esos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en ella. Para preservar la imparcialidad del juez o jueza, la ley consagra la institución de la recusación, la cual se concibe como el poder otorgado a las partes para solicitar la exclusión de aquél del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de los motivos expresamente previstos."
Sentencia N° 392. Competencia para conocer incidencias de Recusaciones e Inibiciones.
"... la Ley Orgánica del Poder Judicial le da la competencia para conocer de la decisión de las incidencias de recusaciones o inhibiciones de todos los Jueces de un Tribunal Superior o Corte de Apelaciones, a los suplentes de la misma en el orden de su elección, o en su defecto a los conjueces cuando se hayan agotados los primeros, a menos que en la localidad hubiese otro Tribunal Superior a quien entonces le correspondería conocer de la incidencia."
Sentencia N° 392. Materia Militar.
"... el juicio penal seguido al General en Jefe por la comisión de los delitos ... se encuentran tipificados en los artículos 570.1, 509.1 y 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. Dicto cuerpo normativo, también, determina las autoridades competentes para decidir la inhibición o recusación en su artículo 118: 1. De los Jueces de Primera Instancia Permanente, el Consejo de Guerra. Cuando la recusación o inhibición se hubiere verificado durante el sumario, no se paralizará éste, sino que mientras se deciden tales incidencias, a la mayor brevedad se convocará el Suplente a fin de que continúen las diligencias sumariales. En caso de que el funcionario inhibido o recusado fuere accidental, conocerá de la incidencia la autoridad que lo nombró. 2. De los funcionarios del Consejo de Guerra, el Presidente del Tribunal. Si el inhibido o recusado fuere el Presidente, conocerá el Relator: y si fueren los dos, el conocimiento compete al Canciller. En caso de que todos los miembros del Consejo se inhiban o sean recusados, insacularán de la lista de Suplentes los nombres de quienes en ella figuren y elegirán por la suerte el que deba conocer. Lo mismo se hará en los Consejos de Guerra accidentales, salvo en el caso de inhibición o recusación de todos los miembros, en el cual conocerá de la incidencia, el jefe de la guarnición. 3. La de los funcionarios de la Corte Marcial se determinará siguiendo las mismas reglas indicadas en el número anterior, para los funcionarios del Consejo de Guerra permanentes, ejerciendo las funciones del Relator de aquéllos, el Vice-Presidente de la Corte."
Sentencia Nº 382, Expediente Nº A09-188 de fecha 18/08/2010. Avocamiento. Asunto. Admisión de la querella:
"... La admisión de la querella, no constituye una decisión que establezca la participación y la responsabilidad en los hechos supuestamente atribuidos en contra del ciudadano ... siendo la determinación de su presunta culpabilidad o absolución, materia atinente al proceso penal correspondiente, en sus distintas fases e incidencias. En este orden, los solicitantes cuentan también, con la posibilidad de oponerse al ejercicio de la acción intentada en su contra, planteando en defensa de sus derechos e intereses, las excepciones establecidas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales pueden ser interpuestas durante la fase preparatoria del proceso penal."
Sentencia Nº 382. Tema: Querella. Asunto. Responsabilidad del querellante:
"... el querellante es responsable, ante la ley, cuando los hechos en que se funde, sean falsos o cuando litigue con temeridad."
Sentencia Nº 383, Expediente Nº A09-455 de fecha 18/08/2010. Prescripción Judicial:
"... el término “juicio” referido en el artículo 110 del Código Penal, es imputable sólo a la actividad judicial, pues debe ser entendido como el momento en que el órgano jurisdiccional puede ejercer de forma directa el manejo y control de la causa y, tal circunstancia de forma objetiva, ocurre desde la presentación del acto conclusivo por el Ministerio Público o la instauración de la querella acusatoria en los delitos de acción privada, por cuanto es a partir de dicho acto, que ocurre el efectivo control judicial para el enjuiciamiento del acusado y el juez tiene la facultad de fijar la audiencia preliminar y los actos judiciales subsiguientes, pues, no puede haber enjuiciamiento si no existe la presentación previa del acto conclusivo."
Sentencia N° 383. Falta de imputación formal
"... en la etapa de investigación sólo existe la citación que le hiciera el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas a la ciudadana ... con el objeto de declarar sobre los hechos que se estaban investigando... En dicha acta de entrevista no se evidencia, aun cuando estaba presente el Fiscal del Ministerio Público, que se hayan cumplido con los extremos válidos del acto de imputación, (explicación del hecho que se le atribuye con las circunstancias de tiempo y lugar, modo de omisión, calificación jurídica, disposiciones legales aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra), limitándose exclusivamente a la declaración de la ciudadana ... ...la ciudadana ... se le acusó en total indefensión, ya que no fue imputada, y con ello se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 Constitucional, por lo que se ha viciado de nulidad absoluta los actos procesales realizados en este caso, de conformidad con los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal."
Sentencia Nº 384, Expediente Nº A10-185 de fecha 18/08/2010. Asunto. Requisitos de admisibilidad.
"...la admisibilidad de una solicitud de avocamiento debe cumplir con los siguientes requisitos de forma 1.- La causa debe cursar ante un órgano con jurisdicción, es decir ante cualquier Tribunal de Instancia; 2.- La materia de que trate la causa debe ser de la respectiva competencia de la Sala que pretenda avocarse al conocimiento de la misma, es decir, si la causa se refiere a hechos punibles, le compete a la Sala Penal; 3.- Las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin éxito. Es decir, que pueden haberse planteado a través de una incidencia procesal ante el órgano jurisdiccional competente o mediante el ejercicio de algún recurso dentro del proceso. Asimismo deben cumplir con los requisitos de fondo, siendo estos: 1.- Que el proceso sometido a consideración de la Sala Penal debe ser un caso grave, que haya generado escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que produzcan como efecto, la violación al debido proceso garantizando en nuestra Ley Fundamental, además de un perjuicio contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y 2.- Que se hayan desatendido o erróneamente tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido, es decir, el ejercicio de tales recursos han sido infructuosos por cuanto no se ha solucionado el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional o fueron resueltos erróneamente."
Sentencia N° 384. Circunstancias Concurrentes para la conocer una solicitud de avocamiento.
"...es claro al señalar las circunstancias concurrentes para entrar a conocer una causa por la vía del avocamiento, las cuales son, casos de graves desordenes procesales, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática que, una vez reclamadas mediante los recursos existentes, ordinarios o extraordinarios, hayan resultado negadas por desatención o mala tramitación, tales circunstancias persiguen reafirmar la especial atribución dada a la Sala correspondiente para conocer de una causa por vía excepcional, de allí que, si las violaciones que pueden presentarse en los procesos penales han sido reclamadas y no resueltas por las razones mencionadas, la situación referida alcanzaría la gravedad necesaria para ser conocida por el Máximo Tribunal."
Sentencia Nº 386, Expediente Nº C10-108 de fecha 18/08/2010. Tema: Desistimiento. Asunto. Delitos de Acción Pública.
"... en el caso de delitos de acción pública, la ley niega al Ministerio Público, la potestad para el desistimiento de la pretensión penal y sólo la permite en materia de recursos, con el estricto acatamiento de las formalidades contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 440 ejusdem)."
Sentencia N° 386. Declaratoria de desitimiento tacito de Recurso de Apelación.
"... no es jurídicamente válido, la declaración del desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto por la Vindicta Pública, en contra de una sentencia, figura jurídica la cual, no está prevista en la ley."
Sentencia N° 386. Importancia de las sentencias de la Corte de Apelaciones.
"... la importancia de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, las cuales deberán revisar las sentencias de juicio, sólo sobre aquellos aspectos sometidos a su consideración en el recurso de apelación (artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal) y, cuyos efectos de la declaratoria con lugar, señala el artículo 457 ejusdem. Así al conocer del fondo del mismo, la Corte de Apelaciones podrá anular la sentencia impugnada y ordenar la realización de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto al que la pronunció (en el caso de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452 ibídem). En los demás casos, la Corte de Apelaciones dictará una decisión propia sobre el caso, con base a las comprobaciones de hecho fijadas por el tribunal de primera instancia, siempre que por exigencias de los principios de inmediación y contradicción no se haga necesario la realización de un nuevo juicio oral y público sobre los hechos. Asimismo podrán rectificar la pena en caso de error en la especie o cantidad de la misma y finalmente, ordenar la libertad del acusado, cuando por efecto del recurso deba cesar la privación de libertad del mismo (artículo 458)."
Sentencia Nº 386. Corte de Apelaciones. Declaratoria de desistimiento. Violatoria al Debido Proceso.
"... la Corte de Apelaciones del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Apure al declarar el desistimiento del recurso de apelación fiscal, vulneró derechos y garantías de orden constitucional (el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de la doble instancia y el derecho a la igualdad de la partes) y, concretamente, el interés social y colectivo, representado por la Vindicta Pública como titular de la acción penal..."
Sentencia N° 386. Exhorto al Ministerio Publico como a las partes en la asistencia de Audiencias.
"... exhortar, tanto al Ministerio Público (integrante del sistema de justicia, y titular de la acción penal) como a las partes, a cumplir a cabalidad con la fecha y la hora fijada, por los Tribunales de la República, para la realización de cualquier tipo de acto o audiencia, necesarias para la continuidad del proceso penal, evitando así dilaciones indebidas..."
"... otorgue prórrogas de lapsos prudenciales y razonables, a los fines de garantizar la realización de los actos o las audiencias fijados por estos, en resguardo de los derechos de las partes y del cumplimiento del fin único del proceso, que no es otro que la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia."
Sentencia Nº 387, Expediente Nº C10-182 de fecha 18/08/2010. Recurso de Revisión. Asunto. Recurso de Revisión:
"... el recurso de revisión es un procedimiento especial que procede contra las sentencias firmes, las cuales, a pesar de haberse verificado notablemente la cosa juzgada, son revisadas por los tribunales, a fin de corregir un error judicial, siempre y cuando concurra alguna de las causales señaladas en el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal."
Sentencia N° 387. Inimpugnabilidad de la resolución.
"... el recurso de revisión de un procedimiento especial no está señalada en la Ley adjetiva Penal, la posibilidad de interponer algún recurso en contra de su negativa..."
Sentencia N° 387. Inadmisible. En contra de resolución de la Corte de Apelaciones que resuelve un Recurso de Revisión.
"... contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones que nieguen el extraordinario recurso de revisión, tal y como se plantea en el presente caso, a la luz de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, no existe recurso de casación, ya que no se está resolviendo un recurso de apelación ni se está poniendo fin al juicio, ni se impide su continuación, toda vez que como señala el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado; es decir, su aplicación procede ex proceso."
Sentencia Nº 364, Expediente Nº A10-118 de fecha 10/08/2010. Tema: Indefensión Procesal. Asunto. Indefensión Procesal
"... la indefensión procesal ocurre cuando el juez priva o limita a alguna de la partes del libre ejercicio de las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, que se ponen al alcance de estás para la defensa de sus derechos e intereses legítimos..."
Sentencia N° 364. Inmotivación de la sentencia del Tribunal de Control, por no expresar la razones por las cuales no admitió pruebas documentales:
"... al no admitir la totalidad pruebas promovidas por la defensa privada (sin expresar las razones del porque no admitió las documentales), para que fueran evacuadas y debatidas en el juicio oral y público de conformidad con el principio de contradicción y como ejercicio pleno del derecho a la defensa, el Tribunal de Control colocó a las ciudadanas ... en una situación de desigualdad e indefensión, ya que se ven limitadas para defenderse y desvirtuar las acusaciones admitidas en su contra, en el eventual juicio oral y público, siendo esto, lesivo de principios de orden constitucional y legal, lo que produce forzosamente la nulidad del fallo."
Sentencia Nº 366, Expediente Nº C10-101 de fecha 10/08/2010. Acto de Imputación. Asunto. Defensa debidamente juramentada:
"... el acto de imputación es una actividad propia del Ministerio Público, quien, previa citación del investigado y la asistencia de un defensor debidamente juramentado, le impone formalmente del precepto constitucional que lo exime de declarar, y aun en el caso de rendir declaración, deberá hacerlo sin juramento."
Sentencia N° 366. Derechos del Imputado: Declarar y ser asitido desde la fase de investigación
"... todo imputado (Conforme a la Ley) tiene derecho a declarar durante la etapa de investigación y a su vez tiene derecho a la asistencia técnica, esto es, a ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe o bien por un defensor público, ello en razón de ser una manifestación del derecho a la defensa."
Sentencia N° 366. Tema: Juramentación de la Defensa. Asunto. Formalidades.
"... pero una vez designado este deberá aceptar el cargo y prestar juramento ante el Juez de Control, quien lo hará constar en acta que levantará al respecto; siendo esta única formalidad, la que tanto el juez como el Ministerio Público deben velar por su cumplimiento, como único elemento garantista de la defensa del imputado y de la misión procesal que asumió el defensor a favor de los derechos del mismo."
Sentencia N° 366. Asistencia legal una vez imputado
"... En el caso de que un ciudadano previamente imputado (Conforme a la Ley) se haga asistir de un abogado de su confianza, la designación del mismo no está sujeta a formalidad alguna conforme a lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal; pero una vez designado este deberá aceptar el cargo y prestar juramento ante el Juez de Control, quien lo hará constar en acta que levantará al respecto; siendo esta única formalidad, la que tanto el juez como el Ministerio Público deben velar por su cumplimiento, como único elemento garantista de la defensa del imputado y de la misión procesal que asumió el defensor a favor de los derechos del mismo."
Sentencia N° 366. Contenido del Acta de imputación
"... en relación al contenido del acta de imputación, considera la Sala de Casación Penal, que es obligación del Ministerio Público, hacer constar a través de ella, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre los hechos investigados, la adecuación del tipo penal que le corresponde y los elementos de convicción que relacionen al sujeto investigado con el hecho delictivo, garantizándole así los derechos consagrados en los artículos 8, 125, 126, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal."
Sentencia N° 366. Objeto del Acto de Imputación
"... el objeto primordial del acto de imputación es garantizarle al imputado su derecho al debido proceso y el de la defensa, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal, ello, porque es a través del acto de imputación, que el investigado tiene la oportunidad de solicitar la práctica de diligencias probatorias que desvirtúen su participación en el hecho objeto de investigación, así como, de ser informado sobre los argumentos de hecho y de derecho que sobre él recaen; produciendo la omisión de dicho acto, una causal de nulidad absoluta."
Sentencia Nº 368, Expediente Nº C09-337 de fecha 10/08/2010. Tema: Sobreseimiento. Asunto. Sobreseimiento
"... cuando el proceso penal se desarrolla en forma completa concluye con una sentencia definitiva, que condena o absuelve al imputado. Pero no siempre el proceso llega a esa etapa final, sino que, en muchas ocasiones, en consideración a causales de naturaleza sustancial expresamente previstas en la ley, que hacen innecesaria su prosecución, se concluye anticipadamente, en forma definitiva. La decisión judicial que detiene la marcha del proceso penal y le pone fin de esta manera, constituye el sobreseimiento."
Sentencia Nº 363, Expediente Nº C08-137 de fecha 09/08/2010. Estafa. Medios de comisión:
"...La estafa se caracteriza por el dolo inicial o dolo al comienzo, o sea que es anterior a la tenencia o recepción de la cosa. El artificio en la estafa, es toda simulación o disimulación suficiente para llevar al engaño, siendo necesaria una conducta activa desplegada para engañar a una víctima, y en esto es necesario apreciar cada caso, pues puede suceder, que un artificio utilizado en una oportunidad no sea eficazmente sólido, en relación a otras probables víctimas. Con respecto al error, la consecuencia de la utilización de un medio fraudulento, ha de inducir en error a la víctima, por lo que no concibe la estafa sin el error de la víctima. Debe existir un vínculo, un vaso comunicante entre el artificio que provoque el error, y éste a su vez, determina la prestación perjudicial, en la que la conducta del victimario actúa sobre las facultades cognoscitivas y volitivas de la persona. El provecho injusto para el victimario, consiste en cualquier beneficio económico, material o moral, sin soporte en motivo legítimo para procurarlo. En definitiva, la estafa es un delito doloso, en el cual el agente actúa con voluntad y consciencia, y se consuma al obtenerse, conseguirse, el provecho injusto con perjuicio de otro..."
Sentencia N° 363. Delito de extorsión. Medios de comisión:
"...Formalmente, la extorsión es una lesión a la propiedad y a la moral de la víctima, cometida bajo restricción de la libertad; en cuya acción, ésta, que ha sido constreñida, envía, deposita o coloca a disposición del victimario, parte de su patrimonio: dinero, cosas, títulos e instrumentos que producen efectos jurídicos. Para Foltán Balestra, la extorsión es un ataque a la propiedad por medio de una agresión a la libertad. Se distingue este tipo delictual, por sus medios de comisión: -Por la intimidación (verbal, escrita, directa e indirecta) hacia el sujeto pasivo; que se observa, gracias a amenazas de graves daños. -Por la simulación de órdenes de la autoridad, que intimidan a la víctima. La extorsión es un delito doloso, ya que requiere la plena voluntad de coaccionar, amedrentar, intimidar; consumándose, una vez que se coloca la cosa, el bien, en la disponibilidad cierta del victimario, admitiéndose la tentativa y la frustración."
Sentencia Nº 363. Usura genérica. Usura en las operaciones de financiamiento:
"...el delito de usura genérica y de usura en las operaciones de financiamiento, están tipificados en los artículos 126 y 128, respectivamente, de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, cuyo contenido es: Artículo 126. Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja o beneficio notoriamente desproporcionado a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de uno a tres años, y serán sancionados con multa de cien unidades tributarias (100 UT) a tres mil unidades tributarias (3000 UT). En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento obtenga a título de intereses, comisiones o recargos de servicio una cantidad por encima de las tasas máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela . Artículo 128. Quien en operaciones de venta a crédito de bienes o servicios o de financiamiento para tales operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y con multa de cien unidades tributarias (100 UT) a tres mil unidades tributarias(3000 UT).lgualmente, será sancionado con la misma pena quien viole lo establecido en el segundo párrafo del artículo 91 de la presente Ley . Estas figuras delictivas, están enmarcadas en el contexto de la ley que protege al consumidor en su afán legítimo por obtener los bienes y servicios que pretenden satisfacer las necesidades más apremiantes de la colectividad. En sentido amplio, debe decirse, que la usura es significado de de interés excesivo, de ganancia exagerada, de explotación a la persona necesitada, de provecho y utilidad inmerecidos."
Sentencia Nº 348, Expediente Nº E10-168 de fecha 06/08/2010. Extradición. Asunto. Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas:
"...Queda así establecido que el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, es uno de los delitos por los cuales los países signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas puede conceder la extradición, siendo que además está previsto en nuestra legislación interna como un ilícito penal, considerado además según la jurisprudencia de este Máximo Tribunal de la República, como un delito de lesa humanidad, que atenta gravemente contra la integridad física, mental y económica de un número indeterminado de personas y de igual forma genera violencia social en los lugares donde se despliega dicha acción delictual..."
Sentencia Nº 352, Expediente Nº C10-027 de fecha 06/08/2010. Recurso de Casación
Asunto. Obligación legal de ser notificado personalmente el condenado:
"...El artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra, entre otras cosas, que: “…la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga…”. En este mismo sentido, el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, entre otras cosas, que: “…El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado…”. Pues, de la normativa supra transcrita se evidencia que existe la obligación legal de ser notificado personalmente el condenado del fallo que le es adverso, dictado por el Tribunal de instancia sentenciador. En este mismo sentido, la decisión de la Corte de Apelaciones que confirmó la sentencia condenatoria, constituye una decisión judicial cuya notificación requiere la presencia del afectado..."
Sentencia Nº 354, Expediente Nº C10-181 de fecha 06/08/2010. Recurso de Casación. Prueba que se ofrece en el recurso de apelación de acuerdo al artículo 463 del COPP - Finalidad:
"La prueba que se ofrece en el recurso de apelación de acuerdo al artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene como finalidad la fundamentación de algún defecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o la sentencia, a los fines de demostrar violación de alguno de los principios rectores del proceso penal, esto es, si no hubo Inmediación, Publicidad, Oralidad Contradicción o Concentración en el juicio, y no para demostrar que no se plasmó todo lo expresado por el Testigo, de ser así, la audiencia de Apelación se convertiría en otro juicio, propio de un sistema inquisitivo, lo cual es inaceptable por no encontrarse previsto en el proceso penal acusatorio."
Sentencia Nº 357, Expediente Nº C10-073 de fecha 06/08/2010. Circunstancia Atenuante. Asunto. Perturbación mental a causa de embriaguez:
"...La ebriedad por si sola no incide en la atenuación de la pena, siendo la perturbación mental del imputado, proveniente de la embriaguez, la que puede dar lugar a la aplicación del artículo 64 del Código Penal..."
"... El artículo 71 del texto adjetivo pernal, dispone: “… El conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los tribunales competentes. Son tribunales competentes según su orden para el conocimiento de las causas por delitos conexos: 1. El del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena…”."
Sentencia Nº 388, Expediente Nº A09-437 de fecha 19/08/2010. Tema: Avocamiento. Asunto: Impugnación de las Medidas de Coerción:
"
... las partes cuentan con mecanismos idóneos, más allá del trámite excepcional de avocamiento, para impugnar las medidas de coerción impuestas, y en este caso particular, la aprehensión judicial decretada, como lo ha asentado de forma reiterada la Sala. Vale decir, el proceso penal en sus diferentes etapas, dispone mecanismos regulares propios para tal fin; pudiendo ser, a través de la solicitud de revisión de la medida... De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 264 adjetivo, se asegura a la parte afectada, esto es a los imputados, el derecho a solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial preventiva de libertad, las veces que lo consideren conveniente, con el planteamiento lógico, jurídico y argumentativo pertinente, en una relación de los hechos con el derecho, ante las instancias respectivas. Así también, cuentan con la posibilidad de interponer el recurso ordinario de apelación de autos, ante la instancia respectiva, inscrito en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal..."
Sentencia Nº 389, Expediente Nº A10-065 de fecha 19/08/2010. Tema: Fase Preparatoria. Asunto. Responsabilidades del Ministerio Público:
"En el actual proceso oral, público y acusatorio, el Ministerio Público ostenta una serie de responsabilidades que le son inherentes a las disposiciones consagradas en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A saber, el artículo 285 antes señalado, coloca sobre el Ministerio Público, la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos y a las garantías constitucionales en todos los procesos judiciales. Además, debe garantizar la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. Asimismo, tiene el deber de ordenar y dirigir la investigación penal de la probable perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión y la identificación de los autores de los mismos, con las circunstancias que influyan en su calificación. Y finalizada esta investigación, ejercer la acción penal en nombre del Estado, en los casos que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria la instancia de parte. Esta grave responsabilidad, está expresada también, aunque con más detalle, en el texto del Código Orgánico Procesal Penal, cuando en su artículo 108, establece, que pesa sobre el Ministerio Público, la dirección de la investigación de los hechos punibles y también la dirección de los órganos de policía de investigaciones penales. En esta labor, tienen a su vez, según acota el mismo artículo 108 adjetivo, la obligación de requerir de organismos públicos y privados, altamente calificados, la práctica de peritajes y experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeñan los propios órganos de policía investigativa. Esta responsabilidad, está vertida a manera de facultad, en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, a través de cuyo contenido, el Ministerio Público puede exigir informaciones a cualquier particular o funcionario público y ordenar la práctica de cualquier clase de diligencia."
Esta misma Sentencia N° 389 nos habla de la Solicitud de Diligencias:
"... el imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el mismo: como por ejemplo, la víctima, el acusador privado, y sus representantes; tienen la posibilidad, cual derecho, de impetrar la práctica de diligencias de carácter investigativo. Pero estas diligencias, deben ser solicitadas al director de la investigación, que no es otro que el Fiscal del Ministerio Público, según lo permite el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Importante es indicar, que el artículo 305 enunciado, permite a su vez, al Ministerio Público, llevar a cabo las mismas, “si las considera pertinentes y útiles” a la investigación, debiendo expresar su opinión contraria, a los efectos consiguientes. Esta situación normativa es de trascendencia, por cuanto implica, por un lado asegurar que las partes tengan la potestad de contribuir con la fase investigativa buscando la verdad, haciéndolo mediante la dirección del Fiscal del Ministerio Público, sin apartarse de su análisis previo. Por otro lado, el Ministerio Público al admitir la evacuación de una diligencia solicitada por cualquiera de las partes, obviamente la considera útil o necesaria para la investigación, adquiriendo por ende, una doble responsabilidad: velar por su consumación, y una vez evacuada, traerla al proceso de forma lícita, como lo previene la norma inscrita en el artículo 197 del Código Adjetivo."
La Sentencia N° 389 nos dice que hacer en caso de omisión de evacuación de la evaluación de diligencia solicitada:
"... el escrito acusatorio, no contó con la evaluación médico-psiquiátrica del ciudadano ... requerida por el Ministerio Público, para ser evacuada en la fase de investigación y de instrucción del proceso seguido a este ciudadano. De forma tal, que razón tuvo el Juzgado Trigésimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal ... para anular el escrito acusatorio del Ministerio Público, al dejar a un lado su responsabilidad con la evacuación de la evaluación médico-psiquiátrica al ... y vulnerarse las pautas del debido proceso, que el propio Ministerio Público está obligado a asegurar (por mandato del artículo 285 constitucional)."
Sentencia Nº 390, Expediente Nº A10-151 de fecha 19/08/2010. Medidas de Coerción Personal. Asunto: Orden de Aprehensión:
"... la orden de aprehensión debe estar precedida del acto formal de imputación, salvo los casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y el procedimiento por flagrancia, supuestos que no ocurrieron en la presente causa."
"... la finalidad de la orden de aprehensión es la de asegurar la comparecencia de una persona ante un tribunal, lo cual una vez ocurrido, extingue dicho mandato judicial, siendo esta la situación en que actualmente se encuentra la orden de aprehensión, cuya legalidad objetan los solicitantes, es decir, que la referida orden de aprehensión era recurrible oportunamente, mientras no se hubieran extinguido sus efectos."
"...por cuanto la naturaleza de la orden de aprehensión es una medida cautelar, creada para asegurar la presencia del imputado al proceso, la misma queda satisfecha una vez que se ha presentado al aprehendido ante el órgano jurisdiccional, y habiendo sido efectiva la misma, cualquier pronunciamiento en los actuales momentos sobre la legalidad de la misma, es extemporáneo, por cuanto la misma es inexistente."
Sentencia N° 390. Falta de Imputación.
"... el ciudadano ... nunca fue llamado al despacho fiscal para ser imputado, y va a ser producto de su aprehensión y presentación ante el Tribunal Segundo en Funciones de Control ... que tiene conocimiento que esta siendo involucrado en los hechos objeto de la investigación, por lo que era totalmente imposible que haya tenido acceso a las actas de investigación. Tal omisión en que incurrió el representante fiscal, no fue subsanada posteriormente por cuanto el ciudadano ... después de la audiencia de presentación, tampoco fue trasladado al despacho fiscal para realizar el acto de imputación fiscal, con todo sus requerimientos de ley. Tal irregularidad, es reconocida por el Juez Segundo en Funciones de Control ... cuando en su decisión derivada de la celebración de la llamada audiencia de presentación de imputado ... para fundamentar su fallo, trae elementos carentes de la actuación fiscal, no presentados ni referidos por el fiscal en su intervención, y cuyo conocimiento lo adquirió de otros actos procesales, los cuales en modo alguno pueden suplir la debida actuación fiscal. ... al no ser impuesto el ciudadano ... como un requisito de la imputación formal, de los elementos de convicción sobre los cuales se fundamento la narrativa de los hechos por parte del representante fiscal, ni en la oportunidad de la audiencia de presentación, ni en ninguna oportunidad posterior previa el acto conclusivo, en franca violación de los principios de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y el derecho a la defensa, contenidos en los artículos 26, 49 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala concluye que el ciudadano ... no fue debidamente imputado."
Sentencia N° 390. Elementos de Convicción:
"... el imputado deba ser notificado dentro del acto de imputación fiscal, de los elementos de convicción sobre los cuales se soporta la decisión fiscal de considerarlo participe del hecho disvalioso, sin que pueda considerarse cumplido este requisito de validez del acto fiscal, con el simple señalamiento que se haga, indicando que los mismos se encuentran cursantes en las actas de la investigación. ...la determinación de los elementos de la misma, corresponde al fiscal del ministerio público en forma exclusiva, no pudiendo ser delegable tal atribución en el juez de control."
Sentencia N° 390. Acto de Imputación. Expresión de la Calificación Juridica y Grado de participación. Cambio de Calificación Jurídica.
"... reitera al Ministerio Público su obligación de ser claro en la determinación de la calificación jurídica que le otorgue a los hechos investigados, así como al grado de participación de los investigados en los mismos, recordándole la obligación legal de presentar el respectivo acto conclusivo una vez que ha sido imputado un delito; realizar una nueva imputación formal cuando cambie la calificación jurídica e incluso el grado de participación del presunto responsable en el mismo; todo esto a los fines de garantizar a los imputados el derecho que le asiste de tener una tutela judicial efectiva, un debido proceso y permitirle una adecuada defensa, conforme a lo establecido en los artículos 26, 49 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En Consecuencia, estos graves errores, cometidos por el Ministerio Público, afectaron la regularidad del proceso, alientan la impunidad y limitaron la intervención y defensa de los ciudadanos, por lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, obligante es declarar la nulidad."
Sentencia N° 390. Tema: Principio de Oportunidad. Asunto. Informante Arrepentido:
"... esta figura del informante arrepentido es un supuesto especial del principio de oportunidad, consistente en la colaboración voluntaria y eficaz prestada por el imputado al fiscal, con el objeto de coadyuvar en la persecución penal de responsables de delitos cometidos por la delincuencia organizada o de la criminalidad violenta. En contraprestación por esta colaboración, el informante arrepentido, va a recibir un beneficio expresado en la rebaja de la pena del delito que le es imputado, rebaja cuya cuantía esta determinada por la ley, y que será de la mitad de la pena correspondiente para el mismo. Hechas estas consideraciones, es imprescindible puntualizar que para la procedencia de esta figura, es necesario que la información suministrada provenga de un imputado, que con la misma se colabore eficazmente con la investigación, y que haya sido esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros. De tal forma, producto de la intervención o colaboración del informante arrepentido, se logra llevar eficazmente la investigación, resultando circunstancias positivas para el esclarecimiento del hecho, y la determinación del o los culpables."
Sentencia N° 390. Informante arrepentido.
"... Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece este supuesto especial, a los criterios doctrinarios existentes en la materia y la jurisprudencia, resulta inexplicable e inaceptable para la Sala, entender como desde el mismo momento de la presentación del ciudadano ... el Fiscal del Ministerio Público y el Juez Segundo en Funciones de Control ... estaban en condiciones de solicitar y acordar respectivamente, la aplicabilidad de esta figura procesal. En efecto, siendo la audiencia de presentación, la primera oportunidad procesal, en que dicho ciudadano se encontraba frente al órgano jurisdiccional, dándosele por primera vez su condición de imputado (aunque como se expresó anteriormente, no fue imputado), como pudieron, sin haberse ejercido la persecución penal, tanto el Fiscal del Ministerio Público, como el Juez Segundo en Funciones de Control ... llegar al convencimiento a priori, que todo lo expuesto por dicho ciudadano era cierto y determinante para la realización de la investigación, y que lo declarado por el mismo, ciertamente iba a ser convalidado por otras actuaciones de investigación, haciéndolo de manera irregular, beneficiario inmediatamente de esta figura procesal."
Sentencia N° 390. Tema: Militar. Asunto. Disposición a Jurisdicción Ordinaria.
"... el propósito de dicha norma, no es otro que elevar al conocimiento del titular del Despacho de la Defensa, la circunstancia especial que uno de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, tiene una investigación penal ante la jurisdicción ordinaria, por lo que, una vez estando en cuenta de dicha circunstancia, le informa a los tribunales ordinarios, que pone a disposición de la misma, al referido militar para que se continúe con el proceso llevado en su contra, ello en beneficio de la administración de justicia. Una vez realizada la solicitud al Ministro de la Defensa, corresponderá conforme a la norma establecida en el artículo 135 del Código Orgánico de Justicia Militar, verificar que no exista una investigación penal militar por los mismos hechos, supuesto en el cual, existe la obligación ineludible de ordenar que el militar solicitado sea puesto a la disposición del tribunal ordinario que lo requiere. Así mismo, con la solicitud ante el Ministro de la Defensa, ese Despacho podrá dar cualquier información relacionada con el requerido, tal como su ubicación geográfica producto de su actividad militar."
Sentencia N° 390. Medida Cautelar. Revisión de medida sin solicitud de las partes.
"... una vez decretada la medida cautelar del detención domiciliaria del ciudadano ... el Tribunal Segundo en Funciones de Control del ... sin que mediara solicitud alguna de las partes, ni oír a las mismas, revisa su propia decisión, anula totalmente la misma, y genera otra de consecuencias mas gravosas para el involucrado en la causa... Al respecto, la Sala indica que no le esta permitido a los tribunales de la república la revisión de sus decisiones en estas condiciones, motus propio, sin solicitud de las partes."
Sentencis N° 390. Reforma en perjuicio. Revisión de Medida Cautelar
"... el auto del Tribunal Segundo en Funciones de Control del ... que reformó indebidamente su propia decisión, era procedente el recurso de apelación de auto, siendo esta la única forma de poder ser revisada la misma por la vía recursiva, circunstancia que incumplió el Tribunal de Control mencionado, por cuanto procedió a la revisión y modificación de su propia decisión, sin haber sido recurrida por las partes. Para lo que si fue activada la vía recursiva, es contra la segunda decisión del Tribunal Segundo en Funciones de Control del estado Zulia, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad, del ciudadano ... interponiendo la defensa del referido ciudadano el recurso de apelación. En tal sentido, en forma acertada la alzada, decidió sobre la ilicitud e ilegalidad de la decisión ... del Tribunal Segundo en Funciones de Control ... y declara la nulidad de la misma, pero posterior a ese pronunciamiento, emite una decisión propia donde decreta la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano... En efecto, en su decisión la alzada acoge como propio el mismo dispositivo de la decisión que estaba anulando, con lo que se considera que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones ... emitió una decisión violatoria del principio de prohibición de la reforma en contrario imperio. En efecto, la decisión recurrida en apelación, es aquella del Tribunal Segundo en Funciones de Control ... mediante la cual decretó la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano ... revisando para ello la medida cautelar de la detención domiciliaria que le había sido acordado unos días antes, por lo que correspondía a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones ... pronunciarse sobre la validez y licitud de la sentencia recurrida, y una vez realizado su respectivo análisis jurídico, declarar la procedencia o no del recurso de apelación. En el primer supuesto, correspondía anular la segunda sentencia del tribunal de control, y mantener la vigencia de la decisión original, es decir la detención domiciliaria del ciudadano ... y en el segundo supuesto, en caso de considerar que la decisión recurrida era conforme a derecho, debió mantener la vigencia de la privación judicial preventiva de libertad decretada por el Tribunal de Control. En efecto, la pretensión recursiva de la defensa, tenía como petitorio la declaratoria de nulidad de la privación judicial preventiva de libertad decretada indebidamente, siendo la consecuencia de la declaratoria con lugar de su recurso, el mantenimiento de la medida cautelar inicialmente otorgada."
Sentencia Nº 391, Expediente Nº C10-202 de fecha 19/08/2010. Tema: Desistimiento. Asunto. Recurso de Apelación:
"... en el caso de delitos de acción pública, la ley prohíbe al Ministerio Público, desistir de la pretensión penal, permitiéndolo sólo en materia de recursos, con la estricta obediencia de las formalidades contenidas en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto, no es jurídicamente válido, la declaración del desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en contra de una sentencia."
Sentencia Nº 392, Expediente Nº 10-263 de fecha 19/08/2010. Tema: Recusación. Asunto. Imparcialidad del Juez.
"... El juez, en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe ser imparcial, esto es, no debe existir ninguna vinculación subjetiva entre él y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento, ni con el objeto de la misma, ya que la presencia de algunos de esos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en ella. Para preservar la imparcialidad del juez o jueza, la ley consagra la institución de la recusación, la cual se concibe como el poder otorgado a las partes para solicitar la exclusión de aquél del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de los motivos expresamente previstos."
Sentencia N° 392. Competencia para conocer incidencias de Recusaciones e Inibiciones.
"... la Ley Orgánica del Poder Judicial le da la competencia para conocer de la decisión de las incidencias de recusaciones o inhibiciones de todos los Jueces de un Tribunal Superior o Corte de Apelaciones, a los suplentes de la misma en el orden de su elección, o en su defecto a los conjueces cuando se hayan agotados los primeros, a menos que en la localidad hubiese otro Tribunal Superior a quien entonces le correspondería conocer de la incidencia."
Sentencia N° 392. Materia Militar.
"... el juicio penal seguido al General en Jefe por la comisión de los delitos ... se encuentran tipificados en los artículos 570.1, 509.1 y 565 del Código Orgánico de Justicia Militar. Dicto cuerpo normativo, también, determina las autoridades competentes para decidir la inhibición o recusación en su artículo 118: 1. De los Jueces de Primera Instancia Permanente, el Consejo de Guerra. Cuando la recusación o inhibición se hubiere verificado durante el sumario, no se paralizará éste, sino que mientras se deciden tales incidencias, a la mayor brevedad se convocará el Suplente a fin de que continúen las diligencias sumariales. En caso de que el funcionario inhibido o recusado fuere accidental, conocerá de la incidencia la autoridad que lo nombró. 2. De los funcionarios del Consejo de Guerra, el Presidente del Tribunal. Si el inhibido o recusado fuere el Presidente, conocerá el Relator: y si fueren los dos, el conocimiento compete al Canciller. En caso de que todos los miembros del Consejo se inhiban o sean recusados, insacularán de la lista de Suplentes los nombres de quienes en ella figuren y elegirán por la suerte el que deba conocer. Lo mismo se hará en los Consejos de Guerra accidentales, salvo en el caso de inhibición o recusación de todos los miembros, en el cual conocerá de la incidencia, el jefe de la guarnición. 3. La de los funcionarios de la Corte Marcial se determinará siguiendo las mismas reglas indicadas en el número anterior, para los funcionarios del Consejo de Guerra permanentes, ejerciendo las funciones del Relator de aquéllos, el Vice-Presidente de la Corte."
Sentencia Nº 382, Expediente Nº A09-188 de fecha 18/08/2010. Avocamiento. Asunto. Admisión de la querella:
"... La admisión de la querella, no constituye una decisión que establezca la participación y la responsabilidad en los hechos supuestamente atribuidos en contra del ciudadano ... siendo la determinación de su presunta culpabilidad o absolución, materia atinente al proceso penal correspondiente, en sus distintas fases e incidencias. En este orden, los solicitantes cuentan también, con la posibilidad de oponerse al ejercicio de la acción intentada en su contra, planteando en defensa de sus derechos e intereses, las excepciones establecidas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales pueden ser interpuestas durante la fase preparatoria del proceso penal."
Sentencia Nº 382. Tema: Querella. Asunto. Responsabilidad del querellante:
"... el querellante es responsable, ante la ley, cuando los hechos en que se funde, sean falsos o cuando litigue con temeridad."
Sentencia Nº 383, Expediente Nº A09-455 de fecha 18/08/2010. Prescripción Judicial:
"... el término “juicio” referido en el artículo 110 del Código Penal, es imputable sólo a la actividad judicial, pues debe ser entendido como el momento en que el órgano jurisdiccional puede ejercer de forma directa el manejo y control de la causa y, tal circunstancia de forma objetiva, ocurre desde la presentación del acto conclusivo por el Ministerio Público o la instauración de la querella acusatoria en los delitos de acción privada, por cuanto es a partir de dicho acto, que ocurre el efectivo control judicial para el enjuiciamiento del acusado y el juez tiene la facultad de fijar la audiencia preliminar y los actos judiciales subsiguientes, pues, no puede haber enjuiciamiento si no existe la presentación previa del acto conclusivo."
Sentencia N° 383. Falta de imputación formal
"... en la etapa de investigación sólo existe la citación que le hiciera el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas a la ciudadana ... con el objeto de declarar sobre los hechos que se estaban investigando... En dicha acta de entrevista no se evidencia, aun cuando estaba presente el Fiscal del Ministerio Público, que se hayan cumplido con los extremos válidos del acto de imputación, (explicación del hecho que se le atribuye con las circunstancias de tiempo y lugar, modo de omisión, calificación jurídica, disposiciones legales aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra), limitándose exclusivamente a la declaración de la ciudadana ... ...la ciudadana ... se le acusó en total indefensión, ya que no fue imputada, y con ello se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 Constitucional, por lo que se ha viciado de nulidad absoluta los actos procesales realizados en este caso, de conformidad con los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal."
Sentencia Nº 384, Expediente Nº A10-185 de fecha 18/08/2010. Asunto. Requisitos de admisibilidad.
"...la admisibilidad de una solicitud de avocamiento debe cumplir con los siguientes requisitos de forma 1.- La causa debe cursar ante un órgano con jurisdicción, es decir ante cualquier Tribunal de Instancia; 2.- La materia de que trate la causa debe ser de la respectiva competencia de la Sala que pretenda avocarse al conocimiento de la misma, es decir, si la causa se refiere a hechos punibles, le compete a la Sala Penal; 3.- Las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin éxito. Es decir, que pueden haberse planteado a través de una incidencia procesal ante el órgano jurisdiccional competente o mediante el ejercicio de algún recurso dentro del proceso. Asimismo deben cumplir con los requisitos de fondo, siendo estos: 1.- Que el proceso sometido a consideración de la Sala Penal debe ser un caso grave, que haya generado escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que produzcan como efecto, la violación al debido proceso garantizando en nuestra Ley Fundamental, además de un perjuicio contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana y 2.- Que se hayan desatendido o erróneamente tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido, es decir, el ejercicio de tales recursos han sido infructuosos por cuanto no se ha solucionado el asunto sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional o fueron resueltos erróneamente."
Sentencia N° 384. Circunstancias Concurrentes para la conocer una solicitud de avocamiento.
"...es claro al señalar las circunstancias concurrentes para entrar a conocer una causa por la vía del avocamiento, las cuales son, casos de graves desordenes procesales, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática que, una vez reclamadas mediante los recursos existentes, ordinarios o extraordinarios, hayan resultado negadas por desatención o mala tramitación, tales circunstancias persiguen reafirmar la especial atribución dada a la Sala correspondiente para conocer de una causa por vía excepcional, de allí que, si las violaciones que pueden presentarse en los procesos penales han sido reclamadas y no resueltas por las razones mencionadas, la situación referida alcanzaría la gravedad necesaria para ser conocida por el Máximo Tribunal."
Sentencia Nº 386, Expediente Nº C10-108 de fecha 18/08/2010. Tema: Desistimiento. Asunto. Delitos de Acción Pública.
"... en el caso de delitos de acción pública, la ley niega al Ministerio Público, la potestad para el desistimiento de la pretensión penal y sólo la permite en materia de recursos, con el estricto acatamiento de las formalidades contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 440 ejusdem)."
Sentencia N° 386. Declaratoria de desitimiento tacito de Recurso de Apelación.
"... no es jurídicamente válido, la declaración del desistimiento tácito del recurso de apelación interpuesto por la Vindicta Pública, en contra de una sentencia, figura jurídica la cual, no está prevista en la ley."
Sentencia N° 386. Importancia de las sentencias de la Corte de Apelaciones.
"... la importancia de las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, las cuales deberán revisar las sentencias de juicio, sólo sobre aquellos aspectos sometidos a su consideración en el recurso de apelación (artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal) y, cuyos efectos de la declaratoria con lugar, señala el artículo 457 ejusdem. Así al conocer del fondo del mismo, la Corte de Apelaciones podrá anular la sentencia impugnada y ordenar la realización de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto al que la pronunció (en el caso de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452 ibídem). En los demás casos, la Corte de Apelaciones dictará una decisión propia sobre el caso, con base a las comprobaciones de hecho fijadas por el tribunal de primera instancia, siempre que por exigencias de los principios de inmediación y contradicción no se haga necesario la realización de un nuevo juicio oral y público sobre los hechos. Asimismo podrán rectificar la pena en caso de error en la especie o cantidad de la misma y finalmente, ordenar la libertad del acusado, cuando por efecto del recurso deba cesar la privación de libertad del mismo (artículo 458)."
Sentencia Nº 386. Corte de Apelaciones. Declaratoria de desistimiento. Violatoria al Debido Proceso.
"... la Corte de Apelaciones del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Apure al declarar el desistimiento del recurso de apelación fiscal, vulneró derechos y garantías de orden constitucional (el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de la doble instancia y el derecho a la igualdad de la partes) y, concretamente, el interés social y colectivo, representado por la Vindicta Pública como titular de la acción penal..."
Sentencia N° 386. Exhorto al Ministerio Publico como a las partes en la asistencia de Audiencias.
"... exhortar, tanto al Ministerio Público (integrante del sistema de justicia, y titular de la acción penal) como a las partes, a cumplir a cabalidad con la fecha y la hora fijada, por los Tribunales de la República, para la realización de cualquier tipo de acto o audiencia, necesarias para la continuidad del proceso penal, evitando así dilaciones indebidas..."
"... otorgue prórrogas de lapsos prudenciales y razonables, a los fines de garantizar la realización de los actos o las audiencias fijados por estos, en resguardo de los derechos de las partes y del cumplimiento del fin único del proceso, que no es otro que la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia."
Sentencia Nº 387, Expediente Nº C10-182 de fecha 18/08/2010. Recurso de Revisión. Asunto. Recurso de Revisión:
"... el recurso de revisión es un procedimiento especial que procede contra las sentencias firmes, las cuales, a pesar de haberse verificado notablemente la cosa juzgada, son revisadas por los tribunales, a fin de corregir un error judicial, siempre y cuando concurra alguna de las causales señaladas en el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal."
Sentencia N° 387. Inimpugnabilidad de la resolución.
"... el recurso de revisión de un procedimiento especial no está señalada en la Ley adjetiva Penal, la posibilidad de interponer algún recurso en contra de su negativa..."
Sentencia N° 387. Inadmisible. En contra de resolución de la Corte de Apelaciones que resuelve un Recurso de Revisión.
"... contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones que nieguen el extraordinario recurso de revisión, tal y como se plantea en el presente caso, a la luz de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, no existe recurso de casación, ya que no se está resolviendo un recurso de apelación ni se está poniendo fin al juicio, ni se impide su continuación, toda vez que como señala el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado; es decir, su aplicación procede ex proceso."
Sentencia Nº 364, Expediente Nº A10-118 de fecha 10/08/2010. Tema: Indefensión Procesal. Asunto. Indefensión Procesal
"... la indefensión procesal ocurre cuando el juez priva o limita a alguna de la partes del libre ejercicio de las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, que se ponen al alcance de estás para la defensa de sus derechos e intereses legítimos..."
Sentencia N° 364. Inmotivación de la sentencia del Tribunal de Control, por no expresar la razones por las cuales no admitió pruebas documentales:
"... al no admitir la totalidad pruebas promovidas por la defensa privada (sin expresar las razones del porque no admitió las documentales), para que fueran evacuadas y debatidas en el juicio oral y público de conformidad con el principio de contradicción y como ejercicio pleno del derecho a la defensa, el Tribunal de Control colocó a las ciudadanas ... en una situación de desigualdad e indefensión, ya que se ven limitadas para defenderse y desvirtuar las acusaciones admitidas en su contra, en el eventual juicio oral y público, siendo esto, lesivo de principios de orden constitucional y legal, lo que produce forzosamente la nulidad del fallo."
Sentencia Nº 366, Expediente Nº C10-101 de fecha 10/08/2010. Acto de Imputación. Asunto. Defensa debidamente juramentada:
"... el acto de imputación es una actividad propia del Ministerio Público, quien, previa citación del investigado y la asistencia de un defensor debidamente juramentado, le impone formalmente del precepto constitucional que lo exime de declarar, y aun en el caso de rendir declaración, deberá hacerlo sin juramento."
Sentencia N° 366. Derechos del Imputado: Declarar y ser asitido desde la fase de investigación
"... todo imputado (Conforme a la Ley) tiene derecho a declarar durante la etapa de investigación y a su vez tiene derecho a la asistencia técnica, esto es, a ser asistido, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor que designe o bien por un defensor público, ello en razón de ser una manifestación del derecho a la defensa."
Sentencia N° 366. Tema: Juramentación de la Defensa. Asunto. Formalidades.
"... pero una vez designado este deberá aceptar el cargo y prestar juramento ante el Juez de Control, quien lo hará constar en acta que levantará al respecto; siendo esta única formalidad, la que tanto el juez como el Ministerio Público deben velar por su cumplimiento, como único elemento garantista de la defensa del imputado y de la misión procesal que asumió el defensor a favor de los derechos del mismo."
Sentencia N° 366. Asistencia legal una vez imputado
"... En el caso de que un ciudadano previamente imputado (Conforme a la Ley) se haga asistir de un abogado de su confianza, la designación del mismo no está sujeta a formalidad alguna conforme a lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal; pero una vez designado este deberá aceptar el cargo y prestar juramento ante el Juez de Control, quien lo hará constar en acta que levantará al respecto; siendo esta única formalidad, la que tanto el juez como el Ministerio Público deben velar por su cumplimiento, como único elemento garantista de la defensa del imputado y de la misión procesal que asumió el defensor a favor de los derechos del mismo."
Sentencia N° 366. Contenido del Acta de imputación
"... en relación al contenido del acta de imputación, considera la Sala de Casación Penal, que es obligación del Ministerio Público, hacer constar a través de ella, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre los hechos investigados, la adecuación del tipo penal que le corresponde y los elementos de convicción que relacionen al sujeto investigado con el hecho delictivo, garantizándole así los derechos consagrados en los artículos 8, 125, 126, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal."
Sentencia N° 366. Objeto del Acto de Imputación
"... el objeto primordial del acto de imputación es garantizarle al imputado su derecho al debido proceso y el de la defensa, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal, ello, porque es a través del acto de imputación, que el investigado tiene la oportunidad de solicitar la práctica de diligencias probatorias que desvirtúen su participación en el hecho objeto de investigación, así como, de ser informado sobre los argumentos de hecho y de derecho que sobre él recaen; produciendo la omisión de dicho acto, una causal de nulidad absoluta."
Sentencia Nº 368, Expediente Nº C09-337 de fecha 10/08/2010. Tema: Sobreseimiento. Asunto. Sobreseimiento
"... cuando el proceso penal se desarrolla en forma completa concluye con una sentencia definitiva, que condena o absuelve al imputado. Pero no siempre el proceso llega a esa etapa final, sino que, en muchas ocasiones, en consideración a causales de naturaleza sustancial expresamente previstas en la ley, que hacen innecesaria su prosecución, se concluye anticipadamente, en forma definitiva. La decisión judicial que detiene la marcha del proceso penal y le pone fin de esta manera, constituye el sobreseimiento."
Sentencia Nº 363, Expediente Nº C08-137 de fecha 09/08/2010. Estafa. Medios de comisión:
"...La estafa se caracteriza por el dolo inicial o dolo al comienzo, o sea que es anterior a la tenencia o recepción de la cosa. El artificio en la estafa, es toda simulación o disimulación suficiente para llevar al engaño, siendo necesaria una conducta activa desplegada para engañar a una víctima, y en esto es necesario apreciar cada caso, pues puede suceder, que un artificio utilizado en una oportunidad no sea eficazmente sólido, en relación a otras probables víctimas. Con respecto al error, la consecuencia de la utilización de un medio fraudulento, ha de inducir en error a la víctima, por lo que no concibe la estafa sin el error de la víctima. Debe existir un vínculo, un vaso comunicante entre el artificio que provoque el error, y éste a su vez, determina la prestación perjudicial, en la que la conducta del victimario actúa sobre las facultades cognoscitivas y volitivas de la persona. El provecho injusto para el victimario, consiste en cualquier beneficio económico, material o moral, sin soporte en motivo legítimo para procurarlo. En definitiva, la estafa es un delito doloso, en el cual el agente actúa con voluntad y consciencia, y se consuma al obtenerse, conseguirse, el provecho injusto con perjuicio de otro..."
Sentencia N° 363. Delito de extorsión. Medios de comisión:
"...Formalmente, la extorsión es una lesión a la propiedad y a la moral de la víctima, cometida bajo restricción de la libertad; en cuya acción, ésta, que ha sido constreñida, envía, deposita o coloca a disposición del victimario, parte de su patrimonio: dinero, cosas, títulos e instrumentos que producen efectos jurídicos. Para Foltán Balestra, la extorsión es un ataque a la propiedad por medio de una agresión a la libertad. Se distingue este tipo delictual, por sus medios de comisión: -Por la intimidación (verbal, escrita, directa e indirecta) hacia el sujeto pasivo; que se observa, gracias a amenazas de graves daños. -Por la simulación de órdenes de la autoridad, que intimidan a la víctima. La extorsión es un delito doloso, ya que requiere la plena voluntad de coaccionar, amedrentar, intimidar; consumándose, una vez que se coloca la cosa, el bien, en la disponibilidad cierta del victimario, admitiéndose la tentativa y la frustración."
Sentencia Nº 363. Usura genérica. Usura en las operaciones de financiamiento:
"...el delito de usura genérica y de usura en las operaciones de financiamiento, están tipificados en los artículos 126 y 128, respectivamente, de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, cuyo contenido es: Artículo 126. Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja o beneficio notoriamente desproporcionado a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de uno a tres años, y serán sancionados con multa de cien unidades tributarias (100 UT) a tres mil unidades tributarias (3000 UT). En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento obtenga a título de intereses, comisiones o recargos de servicio una cantidad por encima de las tasas máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela . Artículo 128. Quien en operaciones de venta a crédito de bienes o servicios o de financiamiento para tales operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años y con multa de cien unidades tributarias (100 UT) a tres mil unidades tributarias(3000 UT).lgualmente, será sancionado con la misma pena quien viole lo establecido en el segundo párrafo del artículo 91 de la presente Ley . Estas figuras delictivas, están enmarcadas en el contexto de la ley que protege al consumidor en su afán legítimo por obtener los bienes y servicios que pretenden satisfacer las necesidades más apremiantes de la colectividad. En sentido amplio, debe decirse, que la usura es significado de de interés excesivo, de ganancia exagerada, de explotación a la persona necesitada, de provecho y utilidad inmerecidos."
Sentencia Nº 348, Expediente Nº E10-168 de fecha 06/08/2010. Extradición. Asunto. Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas:
"...Queda así establecido que el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, es uno de los delitos por los cuales los países signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas puede conceder la extradición, siendo que además está previsto en nuestra legislación interna como un ilícito penal, considerado además según la jurisprudencia de este Máximo Tribunal de la República, como un delito de lesa humanidad, que atenta gravemente contra la integridad física, mental y económica de un número indeterminado de personas y de igual forma genera violencia social en los lugares donde se despliega dicha acción delictual..."
Sentencia Nº 352, Expediente Nº C10-027 de fecha 06/08/2010. Recurso de Casación
Asunto. Obligación legal de ser notificado personalmente el condenado:
"...El artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra, entre otras cosas, que: “…la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga…”. En este mismo sentido, el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, entre otras cosas, que: “…El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado…”. Pues, de la normativa supra transcrita se evidencia que existe la obligación legal de ser notificado personalmente el condenado del fallo que le es adverso, dictado por el Tribunal de instancia sentenciador. En este mismo sentido, la decisión de la Corte de Apelaciones que confirmó la sentencia condenatoria, constituye una decisión judicial cuya notificación requiere la presencia del afectado..."
Sentencia Nº 354, Expediente Nº C10-181 de fecha 06/08/2010. Recurso de Casación. Prueba que se ofrece en el recurso de apelación de acuerdo al artículo 463 del COPP - Finalidad:
"La prueba que se ofrece en el recurso de apelación de acuerdo al artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene como finalidad la fundamentación de algún defecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o la sentencia, a los fines de demostrar violación de alguno de los principios rectores del proceso penal, esto es, si no hubo Inmediación, Publicidad, Oralidad Contradicción o Concentración en el juicio, y no para demostrar que no se plasmó todo lo expresado por el Testigo, de ser así, la audiencia de Apelación se convertiría en otro juicio, propio de un sistema inquisitivo, lo cual es inaceptable por no encontrarse previsto en el proceso penal acusatorio."
Sentencia Nº 357, Expediente Nº C10-073 de fecha 06/08/2010. Circunstancia Atenuante. Asunto. Perturbación mental a causa de embriaguez:
"...La ebriedad por si sola no incide en la atenuación de la pena, siendo la perturbación mental del imputado, proveniente de la embriaguez, la que puede dar lugar a la aplicación del artículo 64 del Código Penal..."
martes, 2 de noviembre de 2010
CURSO TEORICO PRACTICO DE RECURSOS PROCESALES PENALES ORDINARIOS
Lugar del evento: Urb. Prebo C.C. Profesional Prebo. Salón Eventos Sinfonía. Valencia Edo. Carabobo
Fecha del evento: Sábado 04 de Diciembre de 2010 De 8 am hasta las 4 pm
FACILITADOR GONZALO GONZALEZ KLEMM
*Abogado - Universidad Bicentenaria de Aragua
*Post Grado de Derecho Penal
*Post Grado en Gerencia Tributaria
CONTENIDO DEL CURSO:
Consideraciones Generales sobre los Recursos Procesales Penales.
¿Qué es un Recurso Procesal Penal?,
Diferencia entre recursos procesales y acciones procesales,
Tipos de Recursos,
Principio de impugnibilidad objetiva,
Principio de impugnabilidad subjetiva, (Legitimación activa)
Principio de prohibición de la Reformatio in peius,
El Agravio,
Efecto devolutivo,
Efecto Suspensivo,
Efecto Extensivo de la Decisión del Recurso,
Plazos para interponer los Recursos,
Momentos para comenzar a computar el lapso de interposición del Recurso,
Extemporaneidad del Recurso por anticipado,
Causales de Admisibilidad e inadmisibilidad,
Los Recursos Ordinarios,
Definición de los Recursos Ordinarios
El Recurso de Revocación,
Características del Recurso de Revocación,
Procedimiento,
El principio de la irrevocabilidad del fallo,
Los Autos de Mero Trámite,
Recurso de Apelación,
Definición del Recurso de Apelación,
Principio de la Doble Instancia,
Principio Prohibición Recognition Iudiciariun,
Recursos de Apelación en Autos,
Procedimiento
Apelación de autos en audiencia preliminar,
Excepción para la apelación de autos en audiencia preliminar,
¿Qué es un Gravamen Irreparable?
Procedimiento para la apelación de autos en audiencia preliminar
Recursos de apelación de la sentencia definitiva,
Motivos, Vicios de la sentencia,
Errores in Procedendum (Vicios de Actividad),
Errores in iudicandum
Procedimiento,
Decisión de la corte,
Pruebas en las apelaciones.
Inversión hasta el 03/12/10:
Estudiantes: 300 Bs. + IVA
Abogados: 350 Bs. + IVA
Día del evento:
Estudiantes: 400 Bs. + IVA
Abogados: 450 Bs. + IVA
Depositos en efectivo o cheque a nombre de EINIS LOPEZ en la Cuenta Corriente Nro:0105-0730-8717-3005-9163 del Banco Mercantil
Incluye:
-Material de apoyo,
-CD con el contenido del curso,
-Refrigerio.
¿Cómo inscribirse?
Para hacer efectiva la inscripción se debe enviar un e mail a la dirección de Correo Electrónico: gklp.consultores@hotmail.com, con el depósito bancario y copia de la cedula de identidad ampliada y legible del participante; en caso de ser estudiante agregar copia de carnet vigente, luego se le enviara una planilla de inscripción, para formalizar su participación. Contactos a través del Teléfono: 0416-6442004
Organiza: GKLP Consultores, C.A
http://www.libreriaconsulta.com/eventos/event-show.asp?evt=547
Fecha del evento: Sábado 04 de Diciembre de 2010 De 8 am hasta las 4 pm
FACILITADOR GONZALO GONZALEZ KLEMM
*Abogado - Universidad Bicentenaria de Aragua
*Post Grado de Derecho Penal
*Post Grado en Gerencia Tributaria
CONTENIDO DEL CURSO:
Consideraciones Generales sobre los Recursos Procesales Penales.
¿Qué es un Recurso Procesal Penal?,
Diferencia entre recursos procesales y acciones procesales,
Tipos de Recursos,
Principio de impugnibilidad objetiva,
Principio de impugnabilidad subjetiva, (Legitimación activa)
Principio de prohibición de la Reformatio in peius,
El Agravio,
Efecto devolutivo,
Efecto Suspensivo,
Efecto Extensivo de la Decisión del Recurso,
Plazos para interponer los Recursos,
Momentos para comenzar a computar el lapso de interposición del Recurso,
Extemporaneidad del Recurso por anticipado,
Causales de Admisibilidad e inadmisibilidad,
Los Recursos Ordinarios,
Definición de los Recursos Ordinarios
El Recurso de Revocación,
Características del Recurso de Revocación,
Procedimiento,
El principio de la irrevocabilidad del fallo,
Los Autos de Mero Trámite,
Recurso de Apelación,
Definición del Recurso de Apelación,
Principio de la Doble Instancia,
Principio Prohibición Recognition Iudiciariun,
Recursos de Apelación en Autos,
Procedimiento
Apelación de autos en audiencia preliminar,
Excepción para la apelación de autos en audiencia preliminar,
¿Qué es un Gravamen Irreparable?
Procedimiento para la apelación de autos en audiencia preliminar
Recursos de apelación de la sentencia definitiva,
Motivos, Vicios de la sentencia,
Errores in Procedendum (Vicios de Actividad),
Errores in iudicandum
Procedimiento,
Decisión de la corte,
Pruebas en las apelaciones.
Inversión hasta el 03/12/10:
Estudiantes: 300 Bs. + IVA
Abogados: 350 Bs. + IVA
Día del evento:
Estudiantes: 400 Bs. + IVA
Abogados: 450 Bs. + IVA
Depositos en efectivo o cheque a nombre de EINIS LOPEZ en la Cuenta Corriente Nro:0105-0730-8717-3005-9163 del Banco Mercantil
Incluye:
-Material de apoyo,
-CD con el contenido del curso,
-Refrigerio.
¿Cómo inscribirse?
Para hacer efectiva la inscripción se debe enviar un e mail a la dirección de Correo Electrónico: gklp.consultores@hotmail.com, con el depósito bancario y copia de la cedula de identidad ampliada y legible del participante; en caso de ser estudiante agregar copia de carnet vigente, luego se le enviara una planilla de inscripción, para formalizar su participación. Contactos a través del Teléfono: 0416-6442004
Organiza: GKLP Consultores, C.A
http://www.libreriaconsulta.com/eventos/event-show.asp?evt=547
domingo, 31 de octubre de 2010
Jornadas Anibal Dominici
TEMAS
CUATRO ACLARACIONES NECESARIAS ENTRE DOS INSTITUCIONES HARTO IMPRECISAS: El levantamiento del velo societario y el grupo de empresas laboral JOSE HURTADO COBLES. Firma Legal - Barcelona, España.
LOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS, SU OPONIBILIDAD FRENTE A LA SOCIEDAD Y ESPECIFICAMENTE ANTE EL GRUPO SOCIETARIO LEANDRO JAVIER CAPUTO. ExProf. Sociedades Comerciales-Universidad Nacional de Lomas de Zamora / Elementos de Derecho Comercial-Universidad Nacional de Buenos Aires / Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (miembro de Afinitas promovida por Garrigues). Buenos Aires. Argentina.
NORMAS Y EXPERIENCIAS DE FONDO SOBRE FORMA EN MATERIA DE BANCA, MERCADO DE CAPITALES y SEGUROS ALFONSO PORRAS MACHADO. Prof. Universidad Monteavila.
ABUSO DE LA FORMA Y LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO EN MATERIA TRIBUTARIA LUIS FRAGA PITTALUGA. Profesor invitado Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP) / ExProf. UMA / UCAB / UNIMET.
AL PROMOVER UNA PRUEBA, ¿ES NECESARIO INDICAR SU OBJETO? SALVADOR YANNUZZI. Prof. UCAB.
SIMULACION DEL CONTRATO DE TRABAJO RAMON ESCOVAR LEON. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Prof. UCV.
UNA APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA SIMULACIÓN EN LA DOCTRINA ITALIANA, COMO ANTECEDENTE DE LA DOCTRINA JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO MARÍA SOLEDAD SARRÍA PIETRI. Prof. UCAB.
ALGUNAS INCIDENCIAS NOTABLES DE LA EXISTENCIA DE GRUPOS SOCIETARIOS SOBRE EL DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. EXAMEN COMPARATIVO CRÍTICO TAMARA ADRIAN HERNÁNDEZ. Prof. UCV-UCAB Invitado de Universidades
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS POR SIMULACION HUMBERTO ANGRISANO. Prof. UCV / UMA / USM.
ANALISIS DE LAS DECISIONES MAS RELEVANTES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RELACIONADAS CON LA UNIDAD ECONOMICA DE EMPRESAS MAXIMILIANO DI DOMENICO V. Prof. USM - Ext. Anzoátegui.
SEDE: El foro se realizará en el Salón para Eventos Los Asadores, Avenida Américo Vespuccio, Centro Comercial Golf Plaza, Lechería, frente al Centro Comercial Caribbean Mall Lecheria.
Costo:
Hasta 29/10/2010 BsF. 350,oo.
Hasta 5/11/2010 BsF. 400,oo.
Hasta 10/11/2010 BsF. 450,oo.
Estudiantes de Pre-grado hasta 29/10/2010 Bs. 200,oo.
Estudiantes de Post-grado hasta 29/10/2010. BsF. 280,oo.
Estudiantes de pre y postgrado deben presentar constancia de estudios vigente. Cupo Limitado. Las inscripciones se recibirán hasta las 12:00 m. del 10/11/2010.
No se efectuarán inscripciones el día del evento. No se aceptan cartas de postulación o compromiso.
Deposito bancario a nombre de Asociación Civil Juan Manuel Cajigal. Mercantil C.A. Banco Universal, Cuenta No 0105-0110-541110048912, enviar copia vía fax: 0281- 286.41.01 o correo electrónico: info@jornadasdominici.com.ve.
http://www.jornadasdominici.com.ve/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=53
CUATRO ACLARACIONES NECESARIAS ENTRE DOS INSTITUCIONES HARTO IMPRECISAS: El levantamiento del velo societario y el grupo de empresas laboral JOSE HURTADO COBLES. Firma Legal - Barcelona, España.
LOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS, SU OPONIBILIDAD FRENTE A LA SOCIEDAD Y ESPECIFICAMENTE ANTE EL GRUPO SOCIETARIO LEANDRO JAVIER CAPUTO. ExProf. Sociedades Comerciales-Universidad Nacional de Lomas de Zamora / Elementos de Derecho Comercial-Universidad Nacional de Buenos Aires / Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (miembro de Afinitas promovida por Garrigues). Buenos Aires. Argentina.
NORMAS Y EXPERIENCIAS DE FONDO SOBRE FORMA EN MATERIA DE BANCA, MERCADO DE CAPITALES y SEGUROS ALFONSO PORRAS MACHADO. Prof. Universidad Monteavila.
ABUSO DE LA FORMA Y LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO EN MATERIA TRIBUTARIA LUIS FRAGA PITTALUGA. Profesor invitado Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP) / ExProf. UMA / UCAB / UNIMET.
AL PROMOVER UNA PRUEBA, ¿ES NECESARIO INDICAR SU OBJETO? SALVADOR YANNUZZI. Prof. UCAB.
SIMULACION DEL CONTRATO DE TRABAJO RAMON ESCOVAR LEON. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales / Prof. UCV.
UNA APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA SIMULACIÓN EN LA DOCTRINA ITALIANA, COMO ANTECEDENTE DE LA DOCTRINA JUDICIAL DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO MARÍA SOLEDAD SARRÍA PIETRI. Prof. UCAB.
ALGUNAS INCIDENCIAS NOTABLES DE LA EXISTENCIA DE GRUPOS SOCIETARIOS SOBRE EL DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. EXAMEN COMPARATIVO CRÍTICO TAMARA ADRIAN HERNÁNDEZ. Prof. UCV-UCAB Invitado de Universidades
LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS POR SIMULACION HUMBERTO ANGRISANO. Prof. UCV / UMA / USM.
ANALISIS DE LAS DECISIONES MAS RELEVANTES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RELACIONADAS CON LA UNIDAD ECONOMICA DE EMPRESAS MAXIMILIANO DI DOMENICO V. Prof. USM - Ext. Anzoátegui.
SEDE: El foro se realizará en el Salón para Eventos Los Asadores, Avenida Américo Vespuccio, Centro Comercial Golf Plaza, Lechería, frente al Centro Comercial Caribbean Mall Lecheria.
Costo:
Hasta 29/10/2010 BsF. 350,oo.
Hasta 5/11/2010 BsF. 400,oo.
Hasta 10/11/2010 BsF. 450,oo.
Estudiantes de Pre-grado hasta 29/10/2010 Bs. 200,oo.
Estudiantes de Post-grado hasta 29/10/2010. BsF. 280,oo.
Estudiantes de pre y postgrado deben presentar constancia de estudios vigente. Cupo Limitado. Las inscripciones se recibirán hasta las 12:00 m. del 10/11/2010.
No se efectuarán inscripciones el día del evento. No se aceptan cartas de postulación o compromiso.
Deposito bancario a nombre de Asociación Civil Juan Manuel Cajigal. Mercantil C.A. Banco Universal, Cuenta No 0105-0110-541110048912, enviar copia vía fax: 0281- 286.41.01 o correo electrónico: info@jornadasdominici.com.ve.
http://www.jornadasdominici.com.ve/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=53
Ley de Drogas
Gaceta oficial No. 39535 del 21 de octubre de 2010 mediante el cual se reimprime por error material la Ley Orgánica de Drogas, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 18 de agosto de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.510, de fecha 15 de septiembre de 2010.
Se derogó la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas publicada en la G.O. 38.337 del 16 de diciembre de 2005 y el Reglamento Parcial de fecha 5 de junio de 1996 publicado en la G.O. 35.986 del 21 de junio de 1996.
Entre lo que podemos destacar esta el artículo 32 en el cual las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen 50 trabajadores o más está obligados a liquidar el equivalente al 1% de su ganancias o utilidad en operaciones del ejercicio ante el Fondo Nacional Antidrogas, dentro de los 60 dias continuos contados a partir del cierre del ejercicio fiscal respectivo. Las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán a los fines de cumplir con esta previsión. Si no cumplen esto, tendrán multas de hasta el doble del aporte, y en casos de reincidencia, hasta el triple, todo según el Código Orgánico Tributario.
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Octubre/21102010/21102010-2977.pdf#page=1
Se derogó la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas publicada en la G.O. 38.337 del 16 de diciembre de 2005 y el Reglamento Parcial de fecha 5 de junio de 1996 publicado en la G.O. 35.986 del 21 de junio de 1996.
Entre lo que podemos destacar esta el artículo 32 en el cual las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen 50 trabajadores o más está obligados a liquidar el equivalente al 1% de su ganancias o utilidad en operaciones del ejercicio ante el Fondo Nacional Antidrogas, dentro de los 60 dias continuos contados a partir del cierre del ejercicio fiscal respectivo. Las personas jurídicas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán a los fines de cumplir con esta previsión. Si no cumplen esto, tendrán multas de hasta el doble del aporte, y en casos de reincidencia, hasta el triple, todo según el Código Orgánico Tributario.
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Octubre/21102010/21102010-2977.pdf#page=1
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