por ANDES/@oscurantodeluna » 18:33 - 14 feb 2012
Quito, 14 feb (Andes).-Expertos de España, Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador serán los expositores del seminario “Hacia un nuevo Derecho Penal en Ecuador”, organizado por el Ministerio de Justicia, en Quito.
El objetivo del encuentro es identificar los problemas producidos en el desarrollo del vigente Derecho Penal, para ser debatidos en el foro jurídico.
Los conferencistas serán el español Francisco Muñoz, el alemán Jan-Michael Simon, la argentina Josefina Minata, el brasileño Antonio Suxberger y el costarricense Álex Rodríguez.
Mientras que por el Ecuador expondrán Johana Pesántez, ministra de Justicia; Fernando Yávar, vocal de la Judicatura, y el abogado Ramiro García.
El evento gratuito será en el Palacio de Justicia de la capital, del 5 al 9 de marzo.
http://andes.info.ec/judicial/expertos-de-6-paises-brindaran-seminario-en-ecuador-sobre-derecho-penal-140928.html
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viernes, 17 de febrero de 2012
martes, 5 de octubre de 2010
Ecuador - En taller internacional Analizan cambios en el derecho penal
Lunes, 04 de Octubre de 2010 23:05
Redacción -EM.
Durante dos días en Manta Fiscales, Jueces y personal de todo el país asisten al taller internacional denominado “Problemas Actuales del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”, expuesto por tres panelistas de trayectoria, entre ellos los alemanes Gossel Kari Heinz y Flonan M-Humber.
El acto se desarrolla en el salón del hotel Mar Azul, y es organizado por la Escuela de la Función Judicial. El Dr. Oswaldo Segovia, presidente del Consejo de la Judicatura en Manabí, manifestó que el seminario está dirigido exclusivamente al área penal, toda vez que es en esta área los que más cambios se han producidos a través de la puesta en vigencia de la nueva Constitución en octubre del año 2008.
Participan Jueces, Juezas, Fiscales y Defensores Públicos de todo el país, completando un aproximado de cien profesionales que imparten justicia penal. Resalta que como funcionario de la Función Judicial, el giro que se ha dado en el campo legal, particularmente en el campo penal, es de 180 grados a partir del 20 de octubre del dos mil ocho cuando entra en vigencia la actual Constitución de la República.
Los cambios se han ido apresurando dada las circunstancias especiales que vive el país, la lucha que en estos momentos se libra con la delincuencia organizada, lucha en la que juega un papel preponderante la Función Judicial, las y los Jueces y Fiscales, así como los Defensores Públicos, inclusive la Policía Judicial, quienes tienen que prepararse y trabajar en conjunto para aplicar de manera correcta la justicia.
Agrega que se ha compartido plenamente con los cambios y se está dando todo el aporte para que se hagan realidad los cambios anhelados, se difundan a través de seminarios, para luego ponerlos en prácticas, a más de aportar para que el Consejo de la Judicatura a través de su escuela judicial, siga en esta tarea de preparar a todos (as) que están inmersos en el área legal y penal.
Penalistas alemanes
En esta oportunidad dos expertos alemanes y un ecuatoriano son los expositores. El Dr. Segovia dijo que esto se debe a que el Derecho Penal de Ecuador se origina en Alemania, y en ese sentido, con acierto el Consejo de la Judicatura y su escuela judicial consideraron traer a dos experimentados exponentes alemanes. También integra el grupo de expositores, el destacado jurista ecuatoriano Dr. Ramiro García. El seminario culmina hoy a las 16h00.
Sobre la importancia de este seminario, el Dr. Simón Zambrano, presidente de la Asociación de Abogados de Manta, manifestó que este seminario favorece mucho a los profesionales que imparten justicia en la ciudad y la provincia. “Se da una apertura al conocimiento a los judiciales locales y del país, por lo tanto este tipo de seminarios debe dárselos constantemente”.
http://www.mercuriomanta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13458:en-taller-internacional-analizan-cambios-en-el-derecho-penal&catid=4:rockstories
Redacción -EM.
Durante dos días en Manta Fiscales, Jueces y personal de todo el país asisten al taller internacional denominado “Problemas Actuales del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”, expuesto por tres panelistas de trayectoria, entre ellos los alemanes Gossel Kari Heinz y Flonan M-Humber.
El acto se desarrolla en el salón del hotel Mar Azul, y es organizado por la Escuela de la Función Judicial. El Dr. Oswaldo Segovia, presidente del Consejo de la Judicatura en Manabí, manifestó que el seminario está dirigido exclusivamente al área penal, toda vez que es en esta área los que más cambios se han producidos a través de la puesta en vigencia de la nueva Constitución en octubre del año 2008.
Participan Jueces, Juezas, Fiscales y Defensores Públicos de todo el país, completando un aproximado de cien profesionales que imparten justicia penal. Resalta que como funcionario de la Función Judicial, el giro que se ha dado en el campo legal, particularmente en el campo penal, es de 180 grados a partir del 20 de octubre del dos mil ocho cuando entra en vigencia la actual Constitución de la República.
Los cambios se han ido apresurando dada las circunstancias especiales que vive el país, la lucha que en estos momentos se libra con la delincuencia organizada, lucha en la que juega un papel preponderante la Función Judicial, las y los Jueces y Fiscales, así como los Defensores Públicos, inclusive la Policía Judicial, quienes tienen que prepararse y trabajar en conjunto para aplicar de manera correcta la justicia.
Agrega que se ha compartido plenamente con los cambios y se está dando todo el aporte para que se hagan realidad los cambios anhelados, se difundan a través de seminarios, para luego ponerlos en prácticas, a más de aportar para que el Consejo de la Judicatura a través de su escuela judicial, siga en esta tarea de preparar a todos (as) que están inmersos en el área legal y penal.
Penalistas alemanes
En esta oportunidad dos expertos alemanes y un ecuatoriano son los expositores. El Dr. Segovia dijo que esto se debe a que el Derecho Penal de Ecuador se origina en Alemania, y en ese sentido, con acierto el Consejo de la Judicatura y su escuela judicial consideraron traer a dos experimentados exponentes alemanes. También integra el grupo de expositores, el destacado jurista ecuatoriano Dr. Ramiro García. El seminario culmina hoy a las 16h00.
Sobre la importancia de este seminario, el Dr. Simón Zambrano, presidente de la Asociación de Abogados de Manta, manifestó que este seminario favorece mucho a los profesionales que imparten justicia en la ciudad y la provincia. “Se da una apertura al conocimiento a los judiciales locales y del país, por lo tanto este tipo de seminarios debe dárselos constantemente”.
http://www.mercuriomanta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13458:en-taller-internacional-analizan-cambios-en-el-derecho-penal&catid=4:rockstories
miércoles, 13 de enero de 2010
Ecuador - Fiscalía busca restar delitos transnacionales
Se crea una nueva unidad multicrimen que estará fusionada por varias unidades especializadas.
Con el fin de combatir la delincuencia que opera dentro y fuera del país, la Fiscalía creó la Unidad de Delitos Transnacionales.
Esta dependencia multicrimen estará formada por las unidades especializadas de Asuntos Migratorios, Lavado de Activos, Antinarcóticos, Delitos Aduaneros y Trata de Personas.
Estas secciones de la Fiscalía tienen una conexión particular entre sí, porque los actos ilícitos fueron cometidos por organizaciones criminales extranjeras que extienden sus tentáculos más allá de las fronteras nacionales. Los delitos emergen por medio del tráfico de drogas, de la trata de mujeres y niños sometidos a explotación sexual. Asimismo del comercio clandestino de materiales humanos, del lavado o blanqueo de réditos ilegales, del contrabando de armas, actos delictivos cometidos contra la red informática, entre otros.
Wilson Toalinga, fiscal de la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos y de Tráfico de Personas de Pichincha, que integrará la nueva dependencia, consideró que esta fusión es positiva, ya que la propuesta va encaminada al rediseño de la investigación a base de materias afines en contra de estas estructuras.
Otro fiscal que se suma a esta unidad es Santiago Trujillo. El funcionario dijo que la aglutinación de unidades especializadas es ‘ideal’, porque servirá para detectar eficazmente los delitos conexos. “Se pretende perfeccionar las investigaciones para combatir el crimen organizado”.
El lavado de activos es uno de los actos ilegales que se espera identificar. Actualmente, la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía maneja 70 de estos casos al año.
José Cisneros, director de esta dependencia, indicó que en Ecuador existen mejores resultados a escala internacional en comparación con el resto de países latinoamericanos, por la efectividad de la ley para reprimir el lavado de activos.
Otro ejemplo es el tema de trata de personas. En diciembre de 2009, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) clausuraron la segunda fase de un programa de capacitación sobre este delito y la protección a víctimas y testigos.
Allí el fiscal general, Washington Pesántez, consideró que el Estado se ha preocupado por detener al delincuente, pero no por ayudar a quienes sufren las consecuencias de este tipo de delitos.
Para el funcionario es importante que el Estado enfatice en ayudar a los afectados de los delitos.
Tal es así que, hasta el año anterior, la Fiscalía consolidó el programa de Protección a Víctimas y Testigos. En esta modalidad están involucradas 1.957 personas, de las cuales 1.055 son víctimas de algún delito, 342 son testigos, 72 son coprocesados, entre otros.
Para Gabriel García, agregado del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU., los delitos de trata de personas y explotación sexual disminuyeron en Ecuador. En 2008, el país estaba en el nivel tres (en una escala donde cinco es la peor ubicación). Sin embargo, el año anterior, Ecuador se ubicó en el segundo lugar.
La embajadora estadounidense, Heather Hodges, realzó en la exposición que en los casos de trata de personas, la Policía, la Fiscalía y la Justicia deben trabajar en conjunto.
Pese a que se creó una ley antitrata de personas, García resaltó que se debe reforzar el control y la protección a las mujeres y niños que fueron víctimas de las redes de tráfico de personas.
Con esta tesis coincide Cisneros al referirse que este delito no se lo observa con la verdadera dimensión que tiene. “Existen grandes mafias que se dedican a llevar a personas, bajo engaños, a países extranjeros para que se dediquen a la explotación sexual”, acotó.
A base del incremento de delitos informáticos, Claudio Guerra, subdirector de la Policía Judicial, dijo que se solicitó al Consejo Activo de la institución, la creación de un grupo especializado en este tipo de delitos. “Se espera la pronta designación de trabajadores para que funcione”.
Mientras tanto, la unidad, que fue creada con una resolución del fiscal general para atacar el crimen organizado en todos sus aspectos y de forma equitativa, funcionará desde los primeros días de febrero en las oficinas del edificio ubicado en la avenida Patria y 9 de Octubre, en el norte de Quito.
Aunque aún no existe -reveló Cisneros- un presupuesto adicional para que opere la unidad, se realizarán inversiones por concepto de sueldos y movilización para los ocho fiscales y funcionarios que la integrarán.
Impulsan escuela de investigadores
El director de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía, José Cisneros, destaca que es necesario crear una escuela de investigadores civiles para los delitos de la administración pública.
El titular de la entidad infiere en que este sistema debe estar integrado por profesionales que tengan amplia experiencia en diferentes campos, como finanzas bancarias, economía, petróleos, auditoría, entre otros. El objetivo es que el investigador forme parte del equipo del fiscal que tiene un caso.
Según Cisneros, el fiscal debe saber qué solicitará al perito dentro de la investigación. Con la asesoría de un investigador civil, la tarea sería más factible para determinar las pruebas verídicas dentro de un proceso judicial. A base de las pruebas presentadas, el juez dictará la sentencia. “El informe pericial tiene mucha importancia para no cometer impunidad o injusticias”, argumenta.
Pese a que esta propuesta tiene el aval del Fiscal General, también depende de la asignación del presupuesto del Estado. (URG)
Úrzula Reyes G.
urzula.reyes@telegrafo.com.ec
Periodista - Policiales
http://www.eltelegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/policiales/2010/01/13/Fiscal_ED00_a-busca-restar-delitos-transnacionales-.aspx
Con el fin de combatir la delincuencia que opera dentro y fuera del país, la Fiscalía creó la Unidad de Delitos Transnacionales.
Esta dependencia multicrimen estará formada por las unidades especializadas de Asuntos Migratorios, Lavado de Activos, Antinarcóticos, Delitos Aduaneros y Trata de Personas.
Estas secciones de la Fiscalía tienen una conexión particular entre sí, porque los actos ilícitos fueron cometidos por organizaciones criminales extranjeras que extienden sus tentáculos más allá de las fronteras nacionales. Los delitos emergen por medio del tráfico de drogas, de la trata de mujeres y niños sometidos a explotación sexual. Asimismo del comercio clandestino de materiales humanos, del lavado o blanqueo de réditos ilegales, del contrabando de armas, actos delictivos cometidos contra la red informática, entre otros.
Wilson Toalinga, fiscal de la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos y de Tráfico de Personas de Pichincha, que integrará la nueva dependencia, consideró que esta fusión es positiva, ya que la propuesta va encaminada al rediseño de la investigación a base de materias afines en contra de estas estructuras.
Otro fiscal que se suma a esta unidad es Santiago Trujillo. El funcionario dijo que la aglutinación de unidades especializadas es ‘ideal’, porque servirá para detectar eficazmente los delitos conexos. “Se pretende perfeccionar las investigaciones para combatir el crimen organizado”.
El lavado de activos es uno de los actos ilegales que se espera identificar. Actualmente, la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía maneja 70 de estos casos al año.
José Cisneros, director de esta dependencia, indicó que en Ecuador existen mejores resultados a escala internacional en comparación con el resto de países latinoamericanos, por la efectividad de la ley para reprimir el lavado de activos.
Otro ejemplo es el tema de trata de personas. En diciembre de 2009, la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) clausuraron la segunda fase de un programa de capacitación sobre este delito y la protección a víctimas y testigos.
Allí el fiscal general, Washington Pesántez, consideró que el Estado se ha preocupado por detener al delincuente, pero no por ayudar a quienes sufren las consecuencias de este tipo de delitos.
Para el funcionario es importante que el Estado enfatice en ayudar a los afectados de los delitos.
Tal es así que, hasta el año anterior, la Fiscalía consolidó el programa de Protección a Víctimas y Testigos. En esta modalidad están involucradas 1.957 personas, de las cuales 1.055 son víctimas de algún delito, 342 son testigos, 72 son coprocesados, entre otros.
Para Gabriel García, agregado del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU., los delitos de trata de personas y explotación sexual disminuyeron en Ecuador. En 2008, el país estaba en el nivel tres (en una escala donde cinco es la peor ubicación). Sin embargo, el año anterior, Ecuador se ubicó en el segundo lugar.
La embajadora estadounidense, Heather Hodges, realzó en la exposición que en los casos de trata de personas, la Policía, la Fiscalía y la Justicia deben trabajar en conjunto.
Pese a que se creó una ley antitrata de personas, García resaltó que se debe reforzar el control y la protección a las mujeres y niños que fueron víctimas de las redes de tráfico de personas.
Con esta tesis coincide Cisneros al referirse que este delito no se lo observa con la verdadera dimensión que tiene. “Existen grandes mafias que se dedican a llevar a personas, bajo engaños, a países extranjeros para que se dediquen a la explotación sexual”, acotó.
A base del incremento de delitos informáticos, Claudio Guerra, subdirector de la Policía Judicial, dijo que se solicitó al Consejo Activo de la institución, la creación de un grupo especializado en este tipo de delitos. “Se espera la pronta designación de trabajadores para que funcione”.
Mientras tanto, la unidad, que fue creada con una resolución del fiscal general para atacar el crimen organizado en todos sus aspectos y de forma equitativa, funcionará desde los primeros días de febrero en las oficinas del edificio ubicado en la avenida Patria y 9 de Octubre, en el norte de Quito.
Aunque aún no existe -reveló Cisneros- un presupuesto adicional para que opere la unidad, se realizarán inversiones por concepto de sueldos y movilización para los ocho fiscales y funcionarios que la integrarán.
Impulsan escuela de investigadores
El director de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía, José Cisneros, destaca que es necesario crear una escuela de investigadores civiles para los delitos de la administración pública.
El titular de la entidad infiere en que este sistema debe estar integrado por profesionales que tengan amplia experiencia en diferentes campos, como finanzas bancarias, economía, petróleos, auditoría, entre otros. El objetivo es que el investigador forme parte del equipo del fiscal que tiene un caso.
Según Cisneros, el fiscal debe saber qué solicitará al perito dentro de la investigación. Con la asesoría de un investigador civil, la tarea sería más factible para determinar las pruebas verídicas dentro de un proceso judicial. A base de las pruebas presentadas, el juez dictará la sentencia. “El informe pericial tiene mucha importancia para no cometer impunidad o injusticias”, argumenta.
Pese a que esta propuesta tiene el aval del Fiscal General, también depende de la asignación del presupuesto del Estado. (URG)
Úrzula Reyes G.
urzula.reyes@telegrafo.com.ec
Periodista - Policiales
http://www.eltelegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/policiales/2010/01/13/Fiscal_ED00_a-busca-restar-delitos-transnacionales-.aspx
martes, 10 de noviembre de 2009
Ecuador - Derecho de Opinar
November 9, 2009.
El artículo de opinión trata de poner en perspectiva los hechos sociales y sus consecuencias. El autor procura orientar al público.
Por Carlos Larreátegui
En un nuevo ataque a la libertad de opinión y con un desconocimiento temerario sobre géneros periodísticos, la asambleísta Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Comunicación, ha propuesto una norma legal que convierte a los medios de comunicación en corresponsables de los artículos de opinión que publiquen o difundan. Los artículos de opinión llevan siempre una firma que vuelve a sus autores responsables de sus juicios y afirmaciones.
Su propósito no es informativo y se construyen sobre las ideas, convicciones, interpretaciones y valoraciones de sus autores. Bajo el criterio de la asambleísta Carrillo, las radios, las televisoras deberían también ser corresponsables por las opiniones de sus entrevistados. Pocas veces se ha planteado un absurdo tan grande. Hubiera sido más honesto que la asambleísta Carrillo proponga la eliminación total de los artículos de opinión que se opongan al pensamiento único. Mejor lucir autoritaria y no desubicada.
El artículo de opinión trata de poner en perspectiva los hechos sociales y sus consecuencias. Sin duda, el autor procura orientar la opinión pública e influirla, pedir incluso un determinado comportamiento a los ciudadanos. Es incuestionable que los editoriales de opinión están marcados por la formación e ideología de sus autores y en ello, precisamente, estriba su valía. Se trata de brindar al lector una interpretación posible de hechos o conductas que los ciudadanos son libres de acoger, criticar o rechazar.
Lo importante es que los medios sean plurales y que acojan perspectivas diferentes bajo un estricto respeto a la verdad y a la honra ajena. Haría bien la asambleísta Carrillo en consultar su propuesta a varios de los antiguos editorialistas que hoy comparten su línea política y que escribieron artículos de opinión en diversos medios. ¿Qué piensan algunos escritores y analistas como Xavier Ponce, Alberto Acosta, Aminta Buenaño, Orlando Pérez, Francisco Carrión y hasta el mismo presidente Correa de su exótica propuesta? La aplicación de la regla ‘Carrillo’ habría impedido a sus coidearios opinar en los medios con libertad.
El Derecho Penal establece claramente la responsabilidad individual, por lo que los artículos de opinión vinculan exclusivamente a sus autores. Haría bien la asambleísta y ‘jurista’ Carrillo en revisar estos conceptos y verificar que la ley penal ecuatoriana protege a las personas de las posibles calumnias o falsedades que un articulista pudiera proferir. Así como las casas editoriales no responden por los contenidos de sus publicaciones, los medios de comunicación no podrían responder por los juicios de sus columnistas de opinión.
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315274&id_seccion=1
El artículo de opinión trata de poner en perspectiva los hechos sociales y sus consecuencias. El autor procura orientar al público.
Por Carlos Larreátegui
En un nuevo ataque a la libertad de opinión y con un desconocimiento temerario sobre géneros periodísticos, la asambleísta Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Comunicación, ha propuesto una norma legal que convierte a los medios de comunicación en corresponsables de los artículos de opinión que publiquen o difundan. Los artículos de opinión llevan siempre una firma que vuelve a sus autores responsables de sus juicios y afirmaciones.
Su propósito no es informativo y se construyen sobre las ideas, convicciones, interpretaciones y valoraciones de sus autores. Bajo el criterio de la asambleísta Carrillo, las radios, las televisoras deberían también ser corresponsables por las opiniones de sus entrevistados. Pocas veces se ha planteado un absurdo tan grande. Hubiera sido más honesto que la asambleísta Carrillo proponga la eliminación total de los artículos de opinión que se opongan al pensamiento único. Mejor lucir autoritaria y no desubicada.
El artículo de opinión trata de poner en perspectiva los hechos sociales y sus consecuencias. Sin duda, el autor procura orientar la opinión pública e influirla, pedir incluso un determinado comportamiento a los ciudadanos. Es incuestionable que los editoriales de opinión están marcados por la formación e ideología de sus autores y en ello, precisamente, estriba su valía. Se trata de brindar al lector una interpretación posible de hechos o conductas que los ciudadanos son libres de acoger, criticar o rechazar.
Lo importante es que los medios sean plurales y que acojan perspectivas diferentes bajo un estricto respeto a la verdad y a la honra ajena. Haría bien la asambleísta Carrillo en consultar su propuesta a varios de los antiguos editorialistas que hoy comparten su línea política y que escribieron artículos de opinión en diversos medios. ¿Qué piensan algunos escritores y analistas como Xavier Ponce, Alberto Acosta, Aminta Buenaño, Orlando Pérez, Francisco Carrión y hasta el mismo presidente Correa de su exótica propuesta? La aplicación de la regla ‘Carrillo’ habría impedido a sus coidearios opinar en los medios con libertad.
El Derecho Penal establece claramente la responsabilidad individual, por lo que los artículos de opinión vinculan exclusivamente a sus autores. Haría bien la asambleísta y ‘jurista’ Carrillo en revisar estos conceptos y verificar que la ley penal ecuatoriana protege a las personas de las posibles calumnias o falsedades que un articulista pudiera proferir. Así como las casas editoriales no responden por los contenidos de sus publicaciones, los medios de comunicación no podrían responder por los juicios de sus columnistas de opinión.
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=315274&id_seccion=1
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Ecuador - Respaldan efectuar reformas penales
Los órganos judiciales enviarán sus propuestas a la Asamblea Nacional para su trámite.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, así como la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), respaldan la necesidad de implementar reformas penales, por lo que prepara sus propuestas para ser enviadas a la Asamblea Nacional, donde se encuentran 11 proyectos de reformas legales que están sometidos a análisis para su respectiva aprobación.
El presidente de la CNJ, José Vicente Troya, reconoció la necesidad de hacer reformas estructurales, de ahí que reveló que se encuentran preparando un proyecto que comprende todos los ámbitos penales, “es un proyecto que tiene el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, lo relacionado a tránsito, Consep, Defensoría Pública, tiene todo”.
Adelantó que se pedirá mayor destreza y un mejor manejo de las medidas cautelares por parte de los jueces; así como afinar lo relacionado a los delitos contra la propiedad, porque la suma de tres salarios básicos para calificar delito, no es la adecuada. “Están en estudio los puntos, hay muchas propuestas sobre esto y de diferentes sectores, por lo que hay que tratar de encontrar un consenso”, manifestó.
“Nosotros también vamos a presentar un proyecto”, dijo de su lado el presidente encargado del CJ, Marco Tulio Cordero, quien admitió que está de acuerdo en bajar el monto de 654 dólares el perjuicio para que sea contravención.
“También habrá otros puntos como la caducidad de la prisión preventiva… todo es perfectible, en derecho tenemos que ponernos a tono con la época y la legislación debe actualizarse”, remarcó, al señalar que una comisión trabaja en el tema.
En el caso del Ejecutivo, el proyecto será entregado antes de que termine este año, anunció el ministro de Justicia, Néstor Arbito, quien precisó que la propuesta es estructural, “un código de todo el sistema penal”.
La reforma involucra el actual Código Penal, es decir, el estado de conductas que se sancionan como delitos; el sistema procesal penal, que es el actual Código de Procedimiento; y el sistema de ejecución de penas.
“Todos dentro de un solo Código, porque todo forma parte de un solo sistema penal: qué se castiga, cómo se obtiene la resolución, de si soy responsable o no, y cómo voy a cumplir mi pena, mi sanción, ante haber cometido esa infracción”, precisó.
A decir de Arbito, es un trabajo muy fuerte en el cual desde hace aproximadamente seis meses se labora. Si bien es una propuesta amplia, en lo puntual coincide en corregir lo que es robo y hurto.
Pazmiño, contrario a las propuestas
Para el defensor público, Ernesto Pazmiño, con las reformas penales no se solucionará el problema de la delincuencia y de la inseguridad, ya que no pasa por el derecho penal, sino por políticas públicas, por necesidad de organización y de aplicar las reformas aprobadas en marzo pasado.
Retó a cualquier persona, que demuestre si hubo antes de las reformas de marzo, una sentencia de un tribunal penal por un delito de hurto de celular, a diferencia de lo que ha sucedido cuando pasó a ser contravención. “Ahora existen miles de sentencias mandando aunque sea siete días a la cárcel a quienes roban un celular, hecho que antes no había”, enfatizó.
Anticipó que si volvemos a que el hurto sea delito de acción pública, los juzgados y las fiscalías se abarrotarán nuevamente de delitos “pequeñitos” con prisión preventiva y los jueces y fiscales se descuidarán de los pillos grandes, de los delitos grandes y poderosos. Además planteó a los jueces una fiel aplicación del procedimiento abreviado.
Patricio González
pgonzalez@telegrafo.com.ec
Reportero - Quito
http://www.eltelegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/11/03/Respaldan-efectuar-reformas-penales.aspx
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, así como la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), respaldan la necesidad de implementar reformas penales, por lo que prepara sus propuestas para ser enviadas a la Asamblea Nacional, donde se encuentran 11 proyectos de reformas legales que están sometidos a análisis para su respectiva aprobación.
El presidente de la CNJ, José Vicente Troya, reconoció la necesidad de hacer reformas estructurales, de ahí que reveló que se encuentran preparando un proyecto que comprende todos los ámbitos penales, “es un proyecto que tiene el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, lo relacionado a tránsito, Consep, Defensoría Pública, tiene todo”.
Adelantó que se pedirá mayor destreza y un mejor manejo de las medidas cautelares por parte de los jueces; así como afinar lo relacionado a los delitos contra la propiedad, porque la suma de tres salarios básicos para calificar delito, no es la adecuada. “Están en estudio los puntos, hay muchas propuestas sobre esto y de diferentes sectores, por lo que hay que tratar de encontrar un consenso”, manifestó.
“Nosotros también vamos a presentar un proyecto”, dijo de su lado el presidente encargado del CJ, Marco Tulio Cordero, quien admitió que está de acuerdo en bajar el monto de 654 dólares el perjuicio para que sea contravención.
“También habrá otros puntos como la caducidad de la prisión preventiva… todo es perfectible, en derecho tenemos que ponernos a tono con la época y la legislación debe actualizarse”, remarcó, al señalar que una comisión trabaja en el tema.
En el caso del Ejecutivo, el proyecto será entregado antes de que termine este año, anunció el ministro de Justicia, Néstor Arbito, quien precisó que la propuesta es estructural, “un código de todo el sistema penal”.
La reforma involucra el actual Código Penal, es decir, el estado de conductas que se sancionan como delitos; el sistema procesal penal, que es el actual Código de Procedimiento; y el sistema de ejecución de penas.
“Todos dentro de un solo Código, porque todo forma parte de un solo sistema penal: qué se castiga, cómo se obtiene la resolución, de si soy responsable o no, y cómo voy a cumplir mi pena, mi sanción, ante haber cometido esa infracción”, precisó.
A decir de Arbito, es un trabajo muy fuerte en el cual desde hace aproximadamente seis meses se labora. Si bien es una propuesta amplia, en lo puntual coincide en corregir lo que es robo y hurto.
Pazmiño, contrario a las propuestas
Para el defensor público, Ernesto Pazmiño, con las reformas penales no se solucionará el problema de la delincuencia y de la inseguridad, ya que no pasa por el derecho penal, sino por políticas públicas, por necesidad de organización y de aplicar las reformas aprobadas en marzo pasado.
Retó a cualquier persona, que demuestre si hubo antes de las reformas de marzo, una sentencia de un tribunal penal por un delito de hurto de celular, a diferencia de lo que ha sucedido cuando pasó a ser contravención. “Ahora existen miles de sentencias mandando aunque sea siete días a la cárcel a quienes roban un celular, hecho que antes no había”, enfatizó.
Anticipó que si volvemos a que el hurto sea delito de acción pública, los juzgados y las fiscalías se abarrotarán nuevamente de delitos “pequeñitos” con prisión preventiva y los jueces y fiscales se descuidarán de los pillos grandes, de los delitos grandes y poderosos. Además planteó a los jueces una fiel aplicación del procedimiento abreviado.
Patricio González
pgonzalez@telegrafo.com.ec
Reportero - Quito
http://www.eltelegrafo.com.ec/actualidad/noticia/archive/actualidad/2009/11/03/Respaldan-efectuar-reformas-penales.aspx
domingo, 11 de octubre de 2009
Ecuador - 566 procesos conocerá cada tribunal penal
Los vocales de los tribunales penales cuando participaban en un seminario-taller organizado por el CJ.
Los jueces de las siete nuevas judicaturas de sentencia en Guayas inician la tarea ofrecida por el Gobierno.
A partir de hoy, 21 jueces de los nuevos tribunales de garantías penales destinados para Guayas comenzarán a despachar los juicios designados a su competencia. En total, 566 causas pasarán a sus despachos, según el resorteo realizado por orden del Consejo de la Judicatura (CJ).
Estos jueces, que fueron posesionados el 14 septiembre, tuvieron que esperar 26 días para asumir el cargo, luego de que recibieran un seminario-taller sobre las normas procesales que utilizarán mientras se desempeñen en la administración de justicia.
Enrique Mármol Palacios, coordinador de la Escuela Judicial, explicó que los jueces recibieron, hasta ayer, un programa de capacitación común, que busca preparar a los operadores de justicia con diversos conocimientos.
En el seminario -destacó Mármol- se los instruyó sobre temas relacionados con las garantías constitucionales, hábeas corpus, hábeas data, acción de protección, etc. Además, se les ofreció orientación relacionada con la existencia de la infracción, la responsabilidad del acusado, la acusación fiscal y la interrupción del juicio.
El taller, que fue impartido entre el lunes y martes, contó con la presencia de los vocales de los nuevos tribunales y algunos jueces que reemplazan a otros que fueron removidos de sus cargos.
Tras la finalización del seminario, los nuevos funcionarios tienen la potestad de ocupar sus despachos, ubicados en el edificio de las calles Antepara y 9 de Octubre. Desde donde se realizarán las audiencias de juzgamiento, según lo dispuesto por la ley procesal penal.
Zoila Alvarado, designada vocal del Décimo Tribunal de Garantías Penales, manifestó que cuando reciban los juicios de parte del Consejo de la Judicatura, elegirán el presidente de cada nueva dependencia, que será escogido por los mismos vocales de cada judicatura.
Con la incorporación de los nuevos despachos sumarán doce las áreas judiciales de ese tipo, tomando en cuenta que existen cinco actualmente. Con ello se busca descongestionar los procesos estancados por la demanda de casos que ingresan.
Las cinco antiguas judicaturas también contarán con una carga de 566 juicios.
Fernando Yávar, director provincial del CJ, indicó que el resorteo disminuyó la enorme carga de causas que existía en los primeros cinco despachos, originada por la acumulación anual y porque humanamente se hacía imposible despacharla. Este resorteo, dijo, logró ampliar el inventario hacia los doce, “con el fin de que todos tengan un número equivalente”.
La distribución de causas se definió -la semana pasada- con el resorteo de los 6.797 juicios que se encontraban en los archivos de los antiguos tribunales.
Para agilizar el resorteo, los presidentes de los cinco tribunales presentaron al CJ el inventario de la situación procesal de cada uno de los juicios que tenían a su cargo.
Yávar indicó que el siguiente paso será convocar con prontitud las audiencias de juzgamiento.
Para que esto se cumpla, dijo que hace falta que la Fiscalía revise el estado de los casos en que se pidió la prueba, con el fin de que las convocatorias realizadas por los tribunales tengan los requisitos y testigos señalados, para que las audiencias no sean declaradas fallidas.
Gabriel Noboa, presidente del Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas, señaló que la primera decisión tomada en su judicatura fue convocar a audiencias dando prioridad a los juicios que están por cumplir un año o seis meses de prisión preventiva, según el delito.
Noboa consideró, además, que existirá mayor agilidad en los juzgamiento, ya que se redujo considerablemente el número de causas que manejaba hasta hace una semana. “Antes teníamos como 1.200 casos por resolver y ahora debemos despachar 568”, acotó el juzgador.
El incremento de los nuevos tribunales, también, demanda ampliar necesidad de otros sectores vinculados al área judicial. Así lo afirmó Walter Jaramillo, defensor público de la Corte de Justicia del Guayas, quien aseguró que están congestionados en sus funciones porque solo hay seis defensores para cubrir los doce despachos habilitados en Guayas.
“Si la norma obliga que el defensor público esté presente en el momento de la audiencia, ¿cómo haremos para estar en los nuevos tribunales?”, preguntó tras detallar que se debe tomar en consideración incrementar a los defensores.
Reformas al Código estarán en un mes
Fernando Yávar, director del CJ en Guayas, reveló que en aproximadamente un mes estará terminado el proyecto al Código Orgánico de Garantías Penales. Esta reforma, expresó, pretende incorporar otros sistemas para aplicar penas en el país, con el fin de acelerar los procesos que se manejan en la administración de justicia.
El director indicó que el documento, elaborado por el Ministerio de Justicia, eliminará las apelaciones en la etapa intermedia. “Con esto, ya no existirá el cuello de botella que se genera en las salas penales porque no van a subir en apelación las resoluciones de los jueces”. “Todo el procedimiento penal será más ágil, porque se está tratando de solucionar los problemas que generan la demora”, enfatizó al aclarar que la culpa de las lentas resoluciones no se las atribuye a los jueces, sino la alta demanda de carga procesal ingresada a este sector.
Cuando esté listo el proyecto será remitido a la Presidencia para su revisión y, posteriormente, será enviado a la Asamblea para ser aprobado. (RER)
Richard Eugenio
reugenio@telegrafo.com.ec
Reportero - Guayaquil
http://www.eltelegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/policiales/2009/10/07/566-procesos-conocer_E100_-cada-tribunal-penal.aspx
Los jueces de las siete nuevas judicaturas de sentencia en Guayas inician la tarea ofrecida por el Gobierno.
A partir de hoy, 21 jueces de los nuevos tribunales de garantías penales destinados para Guayas comenzarán a despachar los juicios designados a su competencia. En total, 566 causas pasarán a sus despachos, según el resorteo realizado por orden del Consejo de la Judicatura (CJ).
Estos jueces, que fueron posesionados el 14 septiembre, tuvieron que esperar 26 días para asumir el cargo, luego de que recibieran un seminario-taller sobre las normas procesales que utilizarán mientras se desempeñen en la administración de justicia.
Enrique Mármol Palacios, coordinador de la Escuela Judicial, explicó que los jueces recibieron, hasta ayer, un programa de capacitación común, que busca preparar a los operadores de justicia con diversos conocimientos.
En el seminario -destacó Mármol- se los instruyó sobre temas relacionados con las garantías constitucionales, hábeas corpus, hábeas data, acción de protección, etc. Además, se les ofreció orientación relacionada con la existencia de la infracción, la responsabilidad del acusado, la acusación fiscal y la interrupción del juicio.
El taller, que fue impartido entre el lunes y martes, contó con la presencia de los vocales de los nuevos tribunales y algunos jueces que reemplazan a otros que fueron removidos de sus cargos.
Tras la finalización del seminario, los nuevos funcionarios tienen la potestad de ocupar sus despachos, ubicados en el edificio de las calles Antepara y 9 de Octubre. Desde donde se realizarán las audiencias de juzgamiento, según lo dispuesto por la ley procesal penal.
Zoila Alvarado, designada vocal del Décimo Tribunal de Garantías Penales, manifestó que cuando reciban los juicios de parte del Consejo de la Judicatura, elegirán el presidente de cada nueva dependencia, que será escogido por los mismos vocales de cada judicatura.
Con la incorporación de los nuevos despachos sumarán doce las áreas judiciales de ese tipo, tomando en cuenta que existen cinco actualmente. Con ello se busca descongestionar los procesos estancados por la demanda de casos que ingresan.
Las cinco antiguas judicaturas también contarán con una carga de 566 juicios.
Fernando Yávar, director provincial del CJ, indicó que el resorteo disminuyó la enorme carga de causas que existía en los primeros cinco despachos, originada por la acumulación anual y porque humanamente se hacía imposible despacharla. Este resorteo, dijo, logró ampliar el inventario hacia los doce, “con el fin de que todos tengan un número equivalente”.
La distribución de causas se definió -la semana pasada- con el resorteo de los 6.797 juicios que se encontraban en los archivos de los antiguos tribunales.
Para agilizar el resorteo, los presidentes de los cinco tribunales presentaron al CJ el inventario de la situación procesal de cada uno de los juicios que tenían a su cargo.
Yávar indicó que el siguiente paso será convocar con prontitud las audiencias de juzgamiento.
Para que esto se cumpla, dijo que hace falta que la Fiscalía revise el estado de los casos en que se pidió la prueba, con el fin de que las convocatorias realizadas por los tribunales tengan los requisitos y testigos señalados, para que las audiencias no sean declaradas fallidas.
Gabriel Noboa, presidente del Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas, señaló que la primera decisión tomada en su judicatura fue convocar a audiencias dando prioridad a los juicios que están por cumplir un año o seis meses de prisión preventiva, según el delito.
Noboa consideró, además, que existirá mayor agilidad en los juzgamiento, ya que se redujo considerablemente el número de causas que manejaba hasta hace una semana. “Antes teníamos como 1.200 casos por resolver y ahora debemos despachar 568”, acotó el juzgador.
El incremento de los nuevos tribunales, también, demanda ampliar necesidad de otros sectores vinculados al área judicial. Así lo afirmó Walter Jaramillo, defensor público de la Corte de Justicia del Guayas, quien aseguró que están congestionados en sus funciones porque solo hay seis defensores para cubrir los doce despachos habilitados en Guayas.
“Si la norma obliga que el defensor público esté presente en el momento de la audiencia, ¿cómo haremos para estar en los nuevos tribunales?”, preguntó tras detallar que se debe tomar en consideración incrementar a los defensores.
Reformas al Código estarán en un mes
Fernando Yávar, director del CJ en Guayas, reveló que en aproximadamente un mes estará terminado el proyecto al Código Orgánico de Garantías Penales. Esta reforma, expresó, pretende incorporar otros sistemas para aplicar penas en el país, con el fin de acelerar los procesos que se manejan en la administración de justicia.
El director indicó que el documento, elaborado por el Ministerio de Justicia, eliminará las apelaciones en la etapa intermedia. “Con esto, ya no existirá el cuello de botella que se genera en las salas penales porque no van a subir en apelación las resoluciones de los jueces”. “Todo el procedimiento penal será más ágil, porque se está tratando de solucionar los problemas que generan la demora”, enfatizó al aclarar que la culpa de las lentas resoluciones no se las atribuye a los jueces, sino la alta demanda de carga procesal ingresada a este sector.
Cuando esté listo el proyecto será remitido a la Presidencia para su revisión y, posteriormente, será enviado a la Asamblea para ser aprobado. (RER)
Richard Eugenio
reugenio@telegrafo.com.ec
Reportero - Guayaquil
http://www.eltelegrafo.com.ec/policiales/noticia/archive/policiales/2009/10/07/566-procesos-conocer_E100_-cada-tribunal-penal.aspx
martes, 6 de octubre de 2009
Ecuador - PSC presentará reformas del Código Procesal Penal
Un proyecto de reformas del Código Procesal Penal será presentado este miércoles ante la Secretaría de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano (PSC). Este día dieron una rueda de prensa los asambleístas del bloque, Cinthya Viteri, Enrique Herrería, Andrés Roche y Juan Fernandez donde informaron esta situación.
Se quiere "evitar que el criminal salga en un año" por no tener sentencia indicaron. Este es uno de los tres puntos en los cuales se enfocan. Viteri pidió que se llame "prisión preventiva, solo en la etapa de investigación; y prisión en firme en la etapa de juzgamiento”.
Otro punto es el de “derogar las últimas reformas penales que convierten en contravención el hurto o el robo por hasta 650 dólares”. Por último piden que se agregue un artículo en el Código Orgánico Territorial, para que la Policía Nacional rinda cuentas "de su accionar dentro de un plan -de seguridad- coordinado" agregó Roche.
http://www.confirmado.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9588&Itemid=29
Se quiere "evitar que el criminal salga en un año" por no tener sentencia indicaron. Este es uno de los tres puntos en los cuales se enfocan. Viteri pidió que se llame "prisión preventiva, solo en la etapa de investigación; y prisión en firme en la etapa de juzgamiento”.
Otro punto es el de “derogar las últimas reformas penales que convierten en contravención el hurto o el robo por hasta 650 dólares”. Por último piden que se agregue un artículo en el Código Orgánico Territorial, para que la Policía Nacional rinda cuentas "de su accionar dentro de un plan -de seguridad- coordinado" agregó Roche.
http://www.confirmado.net/index.php?option=com_content&task=view&id=9588&Itemid=29
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