Exigen autonomía del Poder Judicial en la zona
Ciudad Guayana.- Una presunta reunión entre jueces, en la que se emanaban directrices contradictorias al debido proceso, fue el detonante para que abogados en libre ejercicio rompieran el silencio y denunciaran el drama y las continuas irregularidades que afronta el Poder Judicial en el estado Bolívar.
Abogados informaron que el pasado jueves el magistrado Manuel Rivas, presidente del Circuito Penal del estado Bolívar, juez rector y además miembro de la Corte de Apelaciones, presuntamente, se reunió con jueces del Tribunal de Ciudad Guayana y a puerta cerrada giró instrucciones precisas que van en detrimento, atentan y hasta vulneran el debido proceso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), lo cual rige los procedimientos judiciales, teniendo como regla la libertad y como excepción medidas condenatorias como la privativa de libertad.
Aberraciones jurídicas
De acuerdo a lo indicado por la abogada Leonor Molina, el juez cumpliendo con los lineamientos emanados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado la prohibición de revisión de medidas, beneficios procesales para privados de libertad con problemas de salud, nombramientos al momento de elegir al abogado que llevara la causa del imputado o procesado y hasta, presuntamente, giró instrucciones de disminuir los casos de retardo procesal con medidas condenatorias.
A juicio de Molina, existe una evidente violación del debido proceso, lo que de alguna forma atenta contra los Derechos Humanos de imputados y procesados, “es terrible todo esto, jueces obligan a los imputados a nombrar abogados públicos y no privados, no hay seguridad jurídica, igualmente vemos con preocupación la estrecha y complaciente relación que existe entre jueces y fiscales, pues ahora no se debate sino que la medida prácticamente es otorgada de acuerdo a las órdenes que emite un superior; ya no se evalúan elementos de convicción, simplemente la premisa es la privativa de libertad, pareciera que la regla es decretar medidas condenatorias”.
Refirió que jueces atentan contra el derecho a la defensa, “somos nosotros los que le damos la cara a los familiares y da pena cuando tenemos que informarles que fueron privados injustamente porque sencillamente así lo dispuso el juez y el fiscal, esto también atenta nuestro derecho al trabajo, pues, llegará el momento que ante esta situación, los clientes preferirán una defensa pública y no una privada”.
Penados preventivamente
En este sentido expresó el abogado Pedro Moreno que existe una abultada lista de internos que están a la espera de Audiencia Preliminar, lo que de alguna forma da paso al retardo procesal, “continuamente se difieren las audiencias, por falta de transporte para los traslados de reclusos, por decisión de jueces y fiscales; hay muchas personas que tienen meses y hasta años a la espera de esta segunda fase y cuando logran determinar su inocencia han sido penadas preventivamente e injustamente por el sistema”.
Por su parte, Miguel Plaz comunicó que los jueces y fiscales irrespetan hasta los beneficios procesales que debe tener todo privado de libertad con problemas de salud, “hay internos con enfermedades graves y los jueces no atienden a la revisión de medidas; ni siquiera quieren autorizar el traslado a los centros hospitalarios para el respectivo control médico”.
José Moreno expresó que actualmente los fiscales manejan cuadros de estadísticas para llevar el control de cuántas personas son detenidas durante su guardia, “pareciera que los estuvieran premiando por privar de libertad, no se valora el tipo de delito, simplemente lo encarcelan y listo”.
Habla ex juez
El jurista Trino Odremán, ex juez de Tribunales en funciones de Control del Segundo Circuito Penal, cuestionó las evidentes aberraciones jurídicas que existen en los procedimientos penales, donde la libertad está en un segundo plano; “muchos jueces por mantener sus cargos se dejan influenciar y terminan tomando decisiones condenatorias que atentan contra el debido proceso”.
De acuerdo a la denuncia de Álvaro Obregón, el sistema judicial está corrompido pues, no se investiga y mucho menos se toman decisiones ajustadas a derecho, “hay muchos casos en los que se comprueba la inocencia de un cliente y esto no es tomado en cuenta por los jueces”.
Todos en su mayoría coincidieron en que estas medidas lejos dejar un precedente para minimizar acciones delictivas, están contribuyendo al hacinamiento de los centros penitenciarios y a la violación de los Derechos Humanos.
Solicitan que se restituya la autonomía del Poder Judicial, que se respete el ordenamiento jurídico, el estado derecho y el debido proceso. Exigieron nuevamente celeridad en los procesos para que personas con delitos menores o inocentes sean puestas en libertad.
El COPP
Es de mencionar que el COPP fue reformado con el objeto de regir los procedimientos penales. Durante su reforma se tomó en cuenta que la libertad era la regla y la excepción las medidas condenatorias. Que a diferencia del código anterior, una persona era inocente hasta que se demostrara lo contrario. El COPP, de igual forma, vela por los derechos, beneficios y hasta medidas de protección que tienen imputados, procesados y sentenciados.
Establece que si en dos años una persona no ha sido condenada, debe hacerse una revisión de medida que garantice su libertad.
http://www.nuevaprensa.com.ve/site/articulo/34251/Dramaensistemajudicialgenerazozobraenabogados/
Ciudad Guayana.- Una presunta reunión entre jueces, en la que se emanaban directrices contradictorias al debido proceso, fue el detonante para que abogados en libre ejercicio rompieran el silencio y denunciaran el drama y las continuas irregularidades que afronta el Poder Judicial en el estado Bolívar.
Abogados informaron que el pasado jueves el magistrado Manuel Rivas, presidente del Circuito Penal del estado Bolívar, juez rector y además miembro de la Corte de Apelaciones, presuntamente, se reunió con jueces del Tribunal de Ciudad Guayana y a puerta cerrada giró instrucciones precisas que van en detrimento, atentan y hasta vulneran el debido proceso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), lo cual rige los procedimientos judiciales, teniendo como regla la libertad y como excepción medidas condenatorias como la privativa de libertad.
Aberraciones jurídicas
De acuerdo a lo indicado por la abogada Leonor Molina, el juez cumpliendo con los lineamientos emanados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado la prohibición de revisión de medidas, beneficios procesales para privados de libertad con problemas de salud, nombramientos al momento de elegir al abogado que llevara la causa del imputado o procesado y hasta, presuntamente, giró instrucciones de disminuir los casos de retardo procesal con medidas condenatorias.
A juicio de Molina, existe una evidente violación del debido proceso, lo que de alguna forma atenta contra los Derechos Humanos de imputados y procesados, “es terrible todo esto, jueces obligan a los imputados a nombrar abogados públicos y no privados, no hay seguridad jurídica, igualmente vemos con preocupación la estrecha y complaciente relación que existe entre jueces y fiscales, pues ahora no se debate sino que la medida prácticamente es otorgada de acuerdo a las órdenes que emite un superior; ya no se evalúan elementos de convicción, simplemente la premisa es la privativa de libertad, pareciera que la regla es decretar medidas condenatorias”.
Refirió que jueces atentan contra el derecho a la defensa, “somos nosotros los que le damos la cara a los familiares y da pena cuando tenemos que informarles que fueron privados injustamente porque sencillamente así lo dispuso el juez y el fiscal, esto también atenta nuestro derecho al trabajo, pues, llegará el momento que ante esta situación, los clientes preferirán una defensa pública y no una privada”.
Penados preventivamente
En este sentido expresó el abogado Pedro Moreno que existe una abultada lista de internos que están a la espera de Audiencia Preliminar, lo que de alguna forma da paso al retardo procesal, “continuamente se difieren las audiencias, por falta de transporte para los traslados de reclusos, por decisión de jueces y fiscales; hay muchas personas que tienen meses y hasta años a la espera de esta segunda fase y cuando logran determinar su inocencia han sido penadas preventivamente e injustamente por el sistema”.
Por su parte, Miguel Plaz comunicó que los jueces y fiscales irrespetan hasta los beneficios procesales que debe tener todo privado de libertad con problemas de salud, “hay internos con enfermedades graves y los jueces no atienden a la revisión de medidas; ni siquiera quieren autorizar el traslado a los centros hospitalarios para el respectivo control médico”.
José Moreno expresó que actualmente los fiscales manejan cuadros de estadísticas para llevar el control de cuántas personas son detenidas durante su guardia, “pareciera que los estuvieran premiando por privar de libertad, no se valora el tipo de delito, simplemente lo encarcelan y listo”.
Habla ex juez
El jurista Trino Odremán, ex juez de Tribunales en funciones de Control del Segundo Circuito Penal, cuestionó las evidentes aberraciones jurídicas que existen en los procedimientos penales, donde la libertad está en un segundo plano; “muchos jueces por mantener sus cargos se dejan influenciar y terminan tomando decisiones condenatorias que atentan contra el debido proceso”.
De acuerdo a la denuncia de Álvaro Obregón, el sistema judicial está corrompido pues, no se investiga y mucho menos se toman decisiones ajustadas a derecho, “hay muchos casos en los que se comprueba la inocencia de un cliente y esto no es tomado en cuenta por los jueces”.
Todos en su mayoría coincidieron en que estas medidas lejos dejar un precedente para minimizar acciones delictivas, están contribuyendo al hacinamiento de los centros penitenciarios y a la violación de los Derechos Humanos.
Solicitan que se restituya la autonomía del Poder Judicial, que se respete el ordenamiento jurídico, el estado derecho y el debido proceso. Exigieron nuevamente celeridad en los procesos para que personas con delitos menores o inocentes sean puestas en libertad.
El COPP
Es de mencionar que el COPP fue reformado con el objeto de regir los procedimientos penales. Durante su reforma se tomó en cuenta que la libertad era la regla y la excepción las medidas condenatorias. Que a diferencia del código anterior, una persona era inocente hasta que se demostrara lo contrario. El COPP, de igual forma, vela por los derechos, beneficios y hasta medidas de protección que tienen imputados, procesados y sentenciados.
Establece que si en dos años una persona no ha sido condenada, debe hacerse una revisión de medida que garantice su libertad.
http://www.nuevaprensa.com.ve/site/articulo/34251/Dramaensistemajudicialgenerazozobraenabogados/
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