30 Consejos Legales para Defenderse en un Proceso Penal Venezolano. 3era. parte

20. No rendirse:

 Lo más importante es que el acusado no se rinda. Debe luchar por defender sus derechos y por obtener un juicio justo.

21. Conocer al Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, de Juicio o de ser el caso de la Sala de las Cortes de apelaciones, la Sala de Casación Penal, la Sala Constitucional y al Fiscal del Ministerio Público que lleve a cargo su caso:

Es importante que el imputado, querellado, acusado y su abogado defensor conozcan la metodología de trabajo que puede ser revisada por Internet tanto del Juez o los Magistrados y al Fiscal que estarán a cargo del caso. Esto fácilmente puede verse en las decisiones que toman dicho funcionarios, tanto los que hacen la solicitudes de cargos y medidas privativas judiciales de libertad como la forma y método que hacen en los distintos recursos que utilizan los fiscales del ministerio público y mucho más fácil es revisar las sentencias que se publican en Internet claro, si esta actividad está disponible en la web oficial del Tribunal Supremo de Justicia para analizar cómo hacen los racionamientos y a la final como motivan y deciden. Esto les permitirá comprender mejor su estilo de trabajo y sus preferencias.

22.  No investigar o hacer algo que pueda considerarse en riesgo a los testigos y otros protagonistas de la acusación:

 Es importante que el imputado, procesado, querellado y/o acusado o sus allegados, no investiguen a las personas claves de la acusación. En Venezuela, existe una Ley que protege a estos ciudadanos. Efectivamente la ley publicada en G.O. el 17 de septiembre de 2021, en el N° 6.645 Extraordinario, tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Son destinatarios de la protección prevista en esa Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, experto, funcionario del Ministerio Público o de los órganos de policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en el proceso penal.

23. Presentar pruebas propias: 

Es importante que el acusado y su abogado defensor presenten pruebas propias que respalden la defensa. Estas pruebas pueden incluir documentos, testimonios, fotografías, vídeos, etc.

24. Solicitar la intervención de expertos:

Si es necesario, el acusado y su abogado defensor pueden solicitar la intervención de expertos para que brinden su opinión sobre el caso. Esto puede ser útil para refutar las pruebas de la acusación o para presentar nuevas pruebas en favor del acusado.

25. Negociar con la Fiscalía: 

En algunos casos, es posible negociar con la fiscalía para llegar a un acuerdo que beneficie al acusado. Esto puede incluir la reducción de la pena o la eliminación de algunos cargos.

Apelar las decisiones judiciales:

Si el acusado no está satisfecho con una decisión judicial, puede apelar la misma ante un tribunal superior que de denomina Corte de Apelaciones. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo.

27. Mantener una buena relación con el personal del centro penitenciario o de reclusión:

Si el acusado se encuentra privado de libertad, es importante que mantenga una buena relación y conducta adecuada con el personal del centro penitenciario. Esto puede facilitar su vida en prisión.

28. Participar en actividades educativas y laborales:

Si el acusado se encuentra privado de libertad, es recomendable que participe en actividades educativas y laborales. Esto le permitirá mantener su mente activa y prepararse para su reinserción social. Sobre aumentar sus posibilidades de obtener beneficios penitenciarios, la redención se puede hacer con el trabajo y el estudio, de ser el caso.

29. Tener reuniones pautadas con su abogado: 

Si lo desea, puede buscar apoyo legal y consejo oral de su abogado durante el proceso mediante una agenda de reuniones. Esto puede ayudarlo a comprender cómo va el caso y  despejar dudas legales y hasta lidiar con el estrés y la ansiedad que puede generar el proceso penal.

30. No perder la fe en la justicia:

Es importante que el acusado no pierda la fe en la justicia. A pesar de las dificultades, siempre existe la posibilidad de obtener un resultado justo.

Es importante recordar que estos son solo algunos consejos generales. La mejor manera de defenderse en un proceso penal es contar con la asistencia de un abogado litigante o defensor técnico calificado y con experiencia.

En adición a estos consejos, es importante que el acusado se mantenga informado sobre las últimas reformas legales en materia penal. También, de ser el caso, es recomendable que el acusado busque información sobre organizaciones que brindan apoyo a las personas que se encuentran en situación de riesgo penal.

Finalmente, es importante recordar que el proceso penal es un proceso complejo y que puede ser muy estresante para el acusado. 

Normas sobre grabación de vídeos en Alcabalas en Venezuela

Normas sobre grabación de vídeos en Alcabalas en Venezuela 2022

2 de octubre de 2022

Resolución Conjunta N° 041391 y N°109, mediante la cual se dictan las Normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los Puntos de Control de los Órganos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Gaceta Oficial N° 42.458 del 08 de septiembre de 2022

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

DESPACHO DEL MINISTRO

DM N° 041391

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

DESPACHO DEL MINISTRO

N° 109

212°, 163° y 23°

07 de septiembre de 2022

RESOLUCIÓN CONJUNTA

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ, designado según Decreto. N° 1.346 de fecha 24 de octubre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.526 de la misma fecha; y el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, REMIGIO CEBALLOS ICHASO, designado mediante Decreto N° 4.565 de fecha 19 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.638, Extraordinario, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias comunes que les confiere lo dispuesto en los artículos 45, 65 y 78 numerales 2, 13, 19 y 27 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; igualmente, en uso de las atribuciones contenidas respectivamente en los artículos 31 y 32 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional; artículo 6 numerales 7 y 21, artículos 30 y 31 numerales 15 y 27, de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; artículo 18, numerales 1, 2, 3 y 17 y artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 26 y 27 del Decreto con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, de fecha 6 de noviembre de 2. 001, en los artículos 3°, 15, 16, 18, 23 y 24 del Decreto N° 1.473 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en concordancia con los artículos 195, 196, 197 y 203 del Código Penal,

POR CUANTO

Es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana, el cumplimiento de los deberes, goce y ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos ratificados por la República, así como adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, preservando especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y el libre tránsito.

POR CUANTO

Se requiere consolidar y coordinar la organización, actuación, procedimientos, de los distintos órganos con competencia en materia de seguridad ciudadana, a fin de garantizar una efectiva protección de la sociedad, ajustada a los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, con un registró confiable y transparente que suministre a la población la más amplia, oportuna y veraz información de las actividades que se desplieguen en materia de seguridad,

POR CUANTO

Es preciso unificar las estrategias y políticas de seguridad ciudadana tendentes a resolver las situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de las personas, el ejercicio de las libertades públicas y el cumplimiento de sus deberes, mediante la más estricta definición de las tareas comunes y esenciales que debe observar, cada uno de los órganos destinados a garantizar la seguridad a la ciudadanía,

POR CUANTO

Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando cumplan funciones de seguridad ciudadana, deben regirse por la normativa vigente que regula la materia, garantizando la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional,

POR CUANTO

La instalación indebida de puntos de control y procedimientos al margen de la normativa aplicable por personal policial y militar, han incidido negativamente en la garantía efectiva y en la percepción de seguridad ciudadana, afectando el tránsito de personas y bienes, con consecuencias no deseadas sobre la producción y el desarrollo nacional,

RESUELVEN

Dictar las siguientes:

NORMAS RELATIVAS A LA INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. Esta Resolución Conjunta tiene por objeto establecer los lineamientos para la planificación, instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los puntos de control de los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Sistema Defensivo Territorial.

Ámbito de Aplicación

Artículo 2. Esta Resolución Conjunta es aplicable a los órganos de seguridad ciudadana y demás cuerpos de seguridad del Estado y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en sus distintos ámbitos político-territoriales, cuando cumplan funciones de seguridad ciudadana.

Finalidad

Artículo 3. Esta Resolución Conjunta tiene como finalidad establecer los criterios para la instalación, funcionamiento, supervisión, evaluación, registró y seguimiento de los puntos de control, donde presten servicio los órganos de seguridad ciudadana y demás cuerpos de seguridad del Estado asi como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Sistema Defensivo Territorial.

Capítulo II

Puntos de Control

Concepto de Puntos de Control

Artículo 4. Los puntos de control consisten en dispositivos de protección ciudadana, que se instalan en áreas determinadas, de manera fija o móvil, para e| resguardo de la seguridad ciudadana, producto del análisis de la ocurrencia delictiva y de hechos que constituyan faltas, instalados por funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el objeto de prevenir la comisión de hechos punibles, de ejercer el control del tránsito, prestar auxilio vial, así como prevenir, persuadir y evitar el quebrantamiento de normas que puedan afectar la paz social y la convivencia ciudadana.

Punto de Control Fijo

Artículo 5. El punto de control fijo es un dispositivo permanente de protección ciudadana, que se caracteriza por contar con estructura física o instalaciones fijas, donde funcionan oficinas encargadas de la atención a la ciudadanía, para prevenir la comisión de hechos punibles, así como garantizar la protección de las personas y sus bienes cuando circulan por una vía determinada y pueden contar con servicios de ambulancia, grúas, funcionarios homologados en materia de tránsito terrestre y un área destinada para el auxiliar vial.

Los puntos de control fijos podrán denominarse «Puntos de Atención Ciudadana»,

Punto de Control Móvil

Artículo 6

El punto de control móvil es el dispositivo desplazable o itinerante de protección ciudadana, que se caracteriza por emplear estructuras no fijas, aptas para permanecer un tiempo determinado.

Excepcionalmente, en casos de urgencia por la ocurrencia de hechos delictivos flagrantes, para la persecución de delincuentes, podrán instalarse puntos de control móviles en cualquier lugar dependiendo de la situación operativa presentada que lo justifique. La autoridad competente del organismo que instale el punto de control móvil sobrevenido, deberá notificar de inmediato al órgano rector, por los canales habituales destinados a tales fines. En cualquier caso, estos puntos de control móvil sobrevenidos deberán ser registrados en el sistema correspondiente, cumpliendo con los criterios de dotación, indicativos y normas de actuación de sus funcionarios y funcionarias, establecidas en la presente Resolución.

Funciones de los Puntos de Control

Artículo 7. Los puntos de control instalados a nivel nacional tienen las siguientes funciones:

Evitar la perpetración de hechos punibles, con especial énfasis en el secuestro; trata de personas; tráfico ilícito de personas, sustancias estupefacientes y psicotrópica, armas y municiones; así como la supervisión y control de la documentación emitida por el órgano competente, para el tránsito por el territorio nacional de medicinas, combustibles, materiales estratégicos, semovientes, entre otros.

crear conciencia y dar información requerida a la ciudadanía en general sobre aspectos de prevención y seguridad.

Resguardar la integridad física de las personas que transitan en el área de incidencia del punto de control.

Realizar revisiones y detenciones ante la comisión de hechos punibles, acorde a la legislación vigente.

Garantizar el respeto a los Derechos Humanos, el buen trato al ciudadano y las buenas prácticas en la función policial y militar.

Cumplir funciones de policía administrativa general y policía administrativa especial y de investigación penal conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes.

Queda terminantemente prohibido por parte de los funcionarios y funcionarias policiales y militares el cobro de dádivas, contribuciones, apoyos económicos a las personas que transitan libremente por el territorio nacional.

Codificación de los Puntos de Control

Artículo 8. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Seguridad Ciudadana y Defensa deberán establecer una metodología de codificación y un sistema único de registro y coordinación de los puntos de control fijos y móviles, que permita su identificación inequívoca tanto por parte de los distintos órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como de la colectividad en general.

Capítulo III

Instalación, Supervisión, Evaluación y Seguimiento de los Puntos de Control

Autorización para Instalación de Puntos de Control Fijos y Móviles

Artículo 9. Los Directores Nacionales de los órganos de seguridad ciudadana, de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Comando Estratégico Operacional, deberán realizar la solicitud motivada para la instalación, activación y funcionamiento de los puntos de control fijos ante el órgano rector a través del Viceministerio con competencia en materia de Seguridad Ciudadana. En el caso de los puntos de control móviles planificados, los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deberán solicitar ante la Zona Operativa de Defensa Integral, de forma motivada y con una anticipación de al menos cuarenta y ocho (48) horas, la autorización formal para la instalación y funcionamiento de los mismos. La referida autorización tendrá una duración máxima de setenta y dos (72) horas, prorrogable por igual lapso y mediante acto motivado; asimismo, informarán al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral que corresponda, el resultado obtenido durante la vigencia o duración del punto, de control móvil debidamente instalado. Todos los puntos de control móvil autorizados deberán ser oportunamente registrados en el sistema único de registro nacional unificado de puntos de control, establecido en la presente Resolución.

Evaluación y Supervisión de los Puntos de Control Fijos y Móviles

Artículo 10. Los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, serán los encargados de la instalación y funcionamiento de los puntos de control fijos y móviles en sus respectivos ámbitos políticos- territoriales.

Los puntos de control instalados a nivel nacional serán supervisados y evaluados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Seguridad Ciudadana, a través de los Despachos de los Viceministros o Viceministras con funciones en materia de seguridad ciudadana y en Sistema Integrado de Policía; y por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Defensa, a través del Comando Estratégico Operacional y del Sistema Defensivo Territorial.

Planificación de los Puntos de Control Móvil

Artículo 11. Los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo la coordinación de la Zona Operativa de Defensa Integral respectiva, planificarán obligatoriamente y de manera periódica la ubicación de los puntos de control móviles, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Definirán el área de instalación del punto de control móvil, previo análisis delictual, poblacional y territorial que lo justifique.

Determinarán la logística necesaria y la capacidad operativa para su instalación, en cumplimiento a los requisitos de la presente resolución.

Evitarán la ubicación cercana a puntos de control fijos ya definidos por otros órganos de seguridad ciudadana.

Asignarán a los funcionarios y funcionarias que tendrán la responsabilidad de la instalación, funcionamiento y supervisión del punto de control móvil, lo cual constará en un registro que llevarán al efecto.

Notificación de Instalación

Artículo 12. Se notificará la instalación de los puntos de control móviles en las siguientes circunstancias:

Cuando se trate de puntos de control móviles instalados en ejes carreteros y troncales que conforman las vías nacionales principales y alternas que atraviesan un estado y salgan de sus límites, los comandantes de Zona Operativa de Defensa Integral, informaran al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de sus respectivas Regiones Estratégicas de Defensa Integral, la ubicación y las razones que motivaron su instalación, así como el tiempo de duración.

Cuando se trate de puntos de control en la red vial dentro de los límites de los estados y municipios, los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una vez recibida la autorización de la Zona Operativa de Defensa Integral respectiva informarán a su sala situacional, jefe de cuadrantes, sistema de atención de emergencia y demás instancias encargadas de operativizar los procesos.

Prohibición para Instalación de Puntos de Control

Artículo 13. Se prohíbe la instalación de Puntos de Control a:

Los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no cuenten con la autorización del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Seguridad Ciudadana y Defensa, según corresponda, para la instalación de los puntos de control fijos.

Los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no cuenten con la dotación adecuada para la protección ciudadana y seguridad de los funcionarios y funcionarias actuantes, descrita en la presente resolución.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y los servicios asociados a: investigación penal, inteligencia estratégica, unidades tácticas y delincuencia organizada de las Policías Nacional y Estadales, según corresponda; exceptuando de esta prohibición aquellos puntos de control que se instalen durante; procedimientos en flagrancia de hechos punibles en el ámbito de sus competencias, en la activación de planes de respuesta inmediata, o cuando se presenten circunstancias operacionales y de inteligencia que amerite una reacción en tiempo real. En dichos casos excepcionales, los órganos antes mencionados deberán informar debidamente al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral y éste al órgano rector en materia de seguridad ciudadana sobre la instalación de los puntos de control, informando a su vez las resultas una vez finalizado el dispositivo, cumpliendo con lo establecido en los procedimientos previstos y en la presente resolución.

Los cuerpos de policía municipales. Dichos organismos deberán solicitar, en caso de requerir la instalación de puntos de control en el territorio de su municipio, la colaboración de los organismos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana autorizados para ello, a través de la autoridad coordinadora de la mancomunidad policial donde la hubiere, o en su defecto a la autoridad de la respectiva Zona Operativa de Defensa Integral;

Los cuerpos de seguridad del Estado, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuyos funcionarios y funcionarias:

a. No porten correctamente el uniforme con sus respectivas insignias y la identificación del órgano actuante.

b. Usen chalecos iridiscentes que cubran su porta nombre o su identificación.

c. Utilicen chalecos balísticos externos que no permitan identificar al funcionario o funcionaria actuante.

d. Usen capuchas, pasamontañas, cascos integrales o prendas que impidan la observación del rostro del funcionario o funcionaria. Queda exceptuado lo relativo al uso de barbijos o tapa bocas por medidas sanitarias, en prevención de la pandemia, mientras dure la obligatoriedad de su uso por disposición del Ejecutivo Nacional.

Capítulo IV

Dotación para la Instalación de los Puntos de Control

Dotación General

Articuló 14. Los Puntos de Control, sean fijos o móviles, se instalarán contando con:

Los recursos humanos, materiales y tecnológicos, adecuados al fin que se persigue.

Los medios coercitivos necesarios para la protección integral de personas y de los funcionarios y funcionarias de los organismos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a saber:

a. Barreras.

b. Inmovilizador de vehículos para el control policial (bandas punzantes portátiles y reductores de velocidad.

c. Equipamiento básico policial individual (el cual debe incluir esposas, silbato, linterna, bastón extensible y armas autorizadas según los estándares establecidos).

d. Chalecos antibalas preferentemente de uso interno e iridiscente que no impida la identificación del funcionario o funcionaria.

e. Paletas detectoras de metales.

f. Cámaras corporales, las cuales los funcionarios y funcionarias deberán portar obligatoriamente activadas durante cualquier procedimiento a realizar en el punto de control.

g. Vehículos.

h. Señales de tráfico reglamentarias y reflectantes.

i. Carteles indicativos.

j. Teléfonos inteligentes o equipos tecnológicos similares, con aplicativos para la lectura y verificación de las codificaciones (códigos QR, códigos de barra, entre otros) contenidas en la documentación de los permisos otorgados por los órganos competentes en materia de transporte de alimentos, semovientes u otros rubros controlados. Progresivamente, los cuerpos de policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana responsables de puntos de control fijos, incorporarán en los mismos, unidades caninas especializadas, que permitan agilizar la verificación y chequeo de personas, transportes y mercancías.

Dotación para Puntos de Control Fijos

Artículo 15. Además de lo establecido en el artículo precedente, los puntos de control fijos deben contar con una instalación física permanente con las siguientes características y dotación mínima:

Contar con una instalación ajustada a los estándares del órgano rector en materia de seguridad ciudadana o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en relación al color y rotulación.

Iluminación.

Vallas identificadoras del cuerpo de seguridad del Estado o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Contar con una unidad de despliegue constituida por ocho (8) funcionarios y funcionarias, un (1) vehículo de cuatro ruedas y dos (2) vehículos de dos ruedas, tipo motocicleta.

Equipos de comunicación.

Sistema de video vigilancia con cámaras múltiples y equipo de grabación protegida, que cubra toda el área de chequeo y control vehicular o de personas.

Un mínimo de seis (6) conos de seguridad por vía de circulación.

Los demás establecidos en el protocolo de instalación y funcionamiento de los puntos de control.

Dotación para Puntos de Control Móviles

Artículo 16. Además de lo establecido en el artículo 14 de la presente Resolución, los puntos de control móviles deben contar con una instalación física no permanente, dotada de los siguientes elementos:

Vallas identificadoras del cuerpo de seguridad del Estado o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Una unidad de despliegue constituida por ocho (8) funcionarios y funcionarias debidamente uniformados, identificados y con cámaras corporales individuales.

Un (1) vehículo de cuatro ruedas y dos (2) vehículos de dos ruedas, tipo motocicleta, como mínima.

Equipos de comunicación.

Un mínimo de cuatro (4) conos de seguridad. Carteles Indicativos de los Puntos de Control

Artículo 17. Los carteles indicativos de los puntos de control estarán constituidos por vallas identificadoras y carteles móviles, que deberán contar con el logotipo y nombre del órgano de seguridad ciudadana, cuerpo de seguridad del Estado o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y estarán ubicados a una distancia de cincuenta metros (50m) del sitio de instalación del punto de control.

El cartel móvil a que se refiere este artículo deberá ser legible a distancia y estar perfectamente iluminado. Además, instruirá a la ciudadanía el procedimiento a seguir, expresando en su textografía lo siguiente:

Reduzca la velocidad».

«Encienda luces interiores / apague luces exteriores».

«Baje vidrios dé las ventanillas».

«Trabajamos por su seguridad y la de todas las personas».

Capítulo V

Normas de Actuación en los Puntos de Control

Obligaciones de los Funcionarios y Funcionarias en los Puntos de Control

Artículo 18. Los funcionarios o funcionarias que participen en procedimientos en los puntos de control autorizados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, en aras de garantizar los derechos humanos de toda la población, tendrán las obligaciones siguientes:

Identificarse adecuadamente antes de iniciar cualquier procedimiento.

Brindar un trato respetuoso y dirigirse con un lenguaje educado y correcto hacia los ciudadanos o ciudadanas que transitan o soliciten apoyo en el punto de control.

Respetar en todo momento la dignidad e integridad personal de las ciudadanas y ciudadanos que transitan por el punto de control. Para ello, cuando sea necesario realizar el chequeo corporal de cualquier persona, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, deberán hacerlo aplicando métodos no invasivos que pudieran lesionar derechos humanos. En tal sentido, utilizarán paletas detectoras de metales y cuando resulte imprescindible la revisión corporal, la misma deberá ser realizada por personal policial o militar del mismo sexo que la persona que será revisada. Queda terminantemente prohibido recluir y exigir a las personas desnudarse para la revisión corporal.

Informar del procedimiento a realizar, a las personas involucradas en las actuaciones de prevención y control.

Identificar a las personas involucradas en los procedimientos de prevención y control.

Realizar las inspecciones correspondientes de vehículos y personas, cumpliendo lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

Realizar las verificaciones pertinentes, sin que ello implique demoras innecesarias o afectaciones irreparables para las personas y sus bienes (especialmente cuando se trate de alimentos perecederos y semovientes), ni retención indebida de la documentación personal, vehicular o de carga.

Los funcionarios y funcionarias podrán requerir la identificación del conductor o conductora y demás tripulantes del vehículo en los casos de violación de las normas de tránsito terrestre.

Coordinación Interinstitucional

Artículo 19. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de seguridad ciudadana y Defensa, realizarán las coordinaciones pertinentes y necesarias con otros órganos del Poder Ejecutivo, a los fines de definir mecanismos de registro, verificación y control de los trámites relativos a la permisología para el transporte de personas y bienes, especialmente en lo referido a alimentos perecederos y no perecederos, semovientes, entre otros rubros, para garantizar la utilización adecuada de implementos tecnológicos que permitan el chequeo de los permisos emitidos por los órganos competentes.

Supervisión y Contraloría de la Actuación Policial

Artículo 20. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, debidamente autorizados por el órgano respectivo, podrán estar presentes en los puntos de control fijos o móviles, con la finalidad de velar por el correcto funcionamiento de este dispositivo de seguridad.

Cada órgano de seguridad ciudadana, cuerpo de seguridad del Estado o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Sistema Defensivo Territorial, deberá establecer un mecanismo continuo de supervisión a los puntos de control bajo su responsabilidad, registrando y orientando las incidencias que ocurran en los mismos; y designando una autoridad específica responsable por ello. Las organizaciones del poder popular y especialmente los comités de contraloría social policial, en el marco del ejercicio de la contraloría social, podrán realizar observación del funcionamiento y servicio prestado en los puntos de control y formular recomendaciones o denuncias.

Los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, podrán realizar grabaciones de vídeo o audio de los procedimientos a que sean sometidos en los puntos de control por parte de la autoridad policial o militar, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo.

Ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido.

La retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca.

Registro de los Puntos de Control

Artículo 21. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, deberá llevar un registro actualizado de la ubicación y distribución de los puntos de control fijos instalados y por instalar.

De igual modo, el órgano rector en coordinación con las Zonas Operativas de Defensa Integral y los cuerpos policiales, deberá llevar un registro de los puntos de control móviles a ser colocados en todo el territorio nacional, en el cual se indicará el orden cronológico de instalación prevista para dichos puntos de control, y contendrá los siguientes datos obligatorios:

Lugar exacto de ubicación (estado, municipio, parroquia, cuadrante, dirección, puntos de referencia).

Días y horarios en que se prevé estará ubicado.

Objeto general del operativo que justifica la colocación del punto de control.

Datos identificativos del personal policial o militar destacado en el punto de control móvil, acorde a las características establecidas en los artículos precedentes de esta resolución.

Datos personales y de contacto de la autoridad responsable de las actuaciones en el punto de control móvil.

Datos personales y de contacto de los funcionarios o funcionarias responsables de la supervisión de los puntos de control móviles, designados o designadas a tal fin en cada jurisdicción político territorial que corresponda.

El registro en línea de puntos de control móviles deberá ser actualizado en tiempo real por las autoridades responsables, una vez se formalicen las autorizaciones para su instalación en los niveles decisorios indicados, acorde a lo establecido en la presente resolución.

El sistema de registro en línea de los puntos de control, contará con un apartado para el registro posterior de las novedades relevantes que puedan haberse presentado en los mismos.

Las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo podrán tener acceso a la información del registro de puntos de control, cuando procesos investigativos en curso por hechos que constituyan delitos o por presuntas desviaciones policiales o militares que configuren viciaciones de derechos humanos, así lo ameriten.

Responsabilidad Disciplinaria

Artículo 22. Los funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cumplan funciones de seguridad ciudadana, quienes en el ejercicio de tales funciones incumplan lo establecido en esta Resolución Conjunta, podrán ser sancionados disciplinariamente de conformidad con la normativa legal aplicable, sin menoscabo de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

La instalación de puntos de control no autorizados y el incumplimiento de la normativa expresada, en esta resolución y sus protocolos, que favorezcan la ocurrencia de desviaciones policiales, se considerarán como falta grave, según lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Policial, siendo causales de destitución. En los mencionados casos, las Inspectorías de Control de la Actuación Policial deberán iniciar la investigación correspondiente a los funcionarios y funcionarias actuantes y a la cadena de mando responsable de la supervisión y control efectivo de los puntos de control en ese ámbito territorial, aplicando el procedimiento abreviado establecido y notificando de inmediato de tales actuaciones al Órgano Rector.

Lo propio hará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en lo que atañe a los puntos de control de su competencia, según el ordenamiento jurídico que le resulta aplicable.

Responsabilidad institucional

Artículo 23. Cuando se compruebe la vulneración de derechos o prácticas desviadas por parte de los funcionarios o funcionarias actuantes, producidas en los puntos de control instalados por los órganos de seguridad ciudadana, cuerpo de seguridad, del Estado o Fuerza Armada Nacional Bolivariana; responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente quienes incurran en las citadas infracciones, asimismo, se aplicarán los supuestos de ley que pueden derivar en la intervención o suspensión del servició de policía a esos cuerpos policiales, por parte del órgano rector de la seguridad ciudadana.

Mecanismos de Denuncia Ciudadana

Artículo 24. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana y Defensa, habilitarán los mecanismos de comunicación necesarios para que la población pueda canalizar denuncias y reclamos sobre presuntas actuaciones indebidas o irregulares ocurridas en puntos de control fijos o móviles.

De igual modo, establecerá coordinaciones con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a los fines de optimizar la recepción y procesamiento oportuno de denuncias recibidas por cualquiera de estas instituciones.

Disposición Derogatoria

Única: Queda derogada la Resolución Conjunta N° 354 y N° 022270 del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, respectivamente, de fecha 11 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.304 de fecha 20 de diciembre de 2017.

Disposiciones Transitorias

Primera. Los órganos de seguridad ciudadana, cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dispondrán de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución Conjunta, para presentar ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana la solicitud formal de renovación de la autorización de los puntos de control fijos que actualmente se encuentren instalados o de los nuevos por instalar, a los fines del debido control en el registro previsto en esta Resolución Conjunta.

Segunda. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, contará con sesenta (50) días continuos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución Conjunta para diseñar, implementar y poner en funcionamiento el sistema único de registro nacional unificado de puntos de control.

Tercera. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, a través de los Despachos de los Viceministros o Viceministras con funciones en materia de Seguridad Ciudadana y en materia del Sistema Integrado de Policía, dispondrá en un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución Conjunta, para elaborar o actualizar los protocolos de funcionamiento de los puntos de control, los cuales una vez aprobados por la autoridad competente, se considerarán parte integrante de la presente normativa.

Cuarta. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, a través de los Despachos de los Viceministros o Viceministras con funciones en materia de Seguridad Ciudadana y en materia del Sistema Integrado de Policía, dispondrá en un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución Conjunta, para elaborar un plan nacional de supervisión, evaluación y control de la instalación y funcionamiento de los puntos de control fijos y móviles autorizados.

Quinta. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana y Defensa; contarán con un lapso de treinta (30) días continuos para convocar y realizar las coordinaciones pertinentes con los Ministerios del Poder Popular competentes en materia de Transporte, Alimentación, Agricultura y Tierras, Pesca, Industria, Comercio Nacional, así como con el Ministerio Público y cualquier otra organismo que se considere necesario, para definir mecanismos de registro, verificación, control de los trámites relativos a la permisología para el transporte de personas y bienes, en aras de simplificar los procesos en los Puntos de Control.

Disposiciones Finales

Primera: Todo lo no prevsto en esta Resolución Conjunta será resuelto por los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana y Defensa.

Segunda: Esta Resolución Conjunta entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,

Por el Ejecutivo nacional,

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Ministro del Poder Popular para la Defensa

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El Allanamiento en el Proceso Penal Venezolano: Un Análisis a la Luz del Código Orgánico Procesal Penal. 1era. Parte

El allanamiento, en el ámbito del proceso penal venezolano, constituye una medida coercitiva de carácter excepcional que permite a las autoridades competentes ingresar a un lugar determinado, ya sea una morada, oficinas, establecimientos comerciales o recintos habitados, con el fin de buscar y encontrar elementos de prueba relacionados con la comisión de un delito. Esta acción, lejos de ser arbitraria, se encuentra estrictamente regulada por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la defensa.

Fundamento Legal y Requisitos

El artículo 196 del COPP establece de manera clara que el allanamiento sólo podrá llevarse a cabo mediante una orden escrita emitida por un Juez competente. Esta orden judicial debe ser fundada, es decir, debe estar respaldada por elementos de convicción suficientes que permitan presumir la existencia de un delito y la posibilidad de encontrar pruebas en el lugar a allanar. 

Además de la orden judicial, el COPP establece otros requisitos importantes para la realización del allanamiento:

Presencia de testigos: El allanamiento debe realizarse en presencia de dos testigos hábiles, preferiblemente vecinos del lugar, para garantizar la transparencia y objetividad del procedimiento.

Presencia del imputado: Si el imputado se encuentra presente en el lugar del allanamiento, tiene derecho a que se le permita comunicarse con su defensor o defensora. En caso de no contar con un defensor, se le asignará uno.

Acta de allanamiento: Se debe levantar un acta detallada de todas las diligencias realizadas durante el allanamiento, incluyendo los objetos encontrados y las personas presentes.

Excepciones al Requisito de la Orden Judicial

El COPP establece dos excepciones al requisito de la orden judicial para el allanamiento:

1. Impedir la perpetración o continuidad de un delito: En casos de flagrancia delictiva o cuando exista un riesgo inminente de que se destruya o altere la evidencia, las autoridades podrán ingresar a un lugar sin orden judicial previa.

2. Aprehender a una persona: Si se está buscando a una persona que ha cometido un delito, las autoridades podrán ingresar a un lugar sin orden judicial previa para detenerla.

Implicaciones del Allanamiento desde el Punto de Vista del Derecho Procesal Penal

El allanamiento, al ser una medida que restringe derechos fundamentales, debe ser interpretado y aplicado de manera restrictiva. Desde el punto de vista del derecho procesal penal, el allanamiento tiene las siguientes implicaciones:

Garantía del debido proceso: El allanamiento debe realizarse conforme a las normas establecidas en el COPP, garantizando así el respeto al debido proceso legal (art. 49 Constitucional).

Protección de la inviolabilidad del domicilio:** El allanamiento solo puede realizarse en casos excepcionales y siempre que exista una orden judicial fundada.

Derecho a la defensa: El imputado tiene derecho a estar asistido por un defensor durante el allanamiento.

Principio de proporcionalidad: La medida del allanamiento debe ser proporcional a la gravedad del delito investigado.

Conclusión

El allanamiento es una herramienta procesal importante para la investigación de delitos, pero su uso debe estar estrictamente regulado para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece un marco normativo riguroso para la realización de allanamientos, asegurando que esta medida se utilice de manera adecuada y proporcional.

En resumen, el allanamiento en el proceso penal venezolano es una medida excepcional que requiere de una orden judicial fundada y que debe realizarse con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los 3 Estándares Internacionales en Materia de Cadena de Custodia. La NIST SP 800-86

 

NIST SP 800-86

Este estándar ofrece recomendaciones para la adquisición, preservación y análisis de la evidencia digital. Es una Guía para Integrar Técnicas Forenses en la respuesta a incidentes informáticos.

El NIST SP 800-86, publicado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, proporciona una guía práctica para integrar técnicas forenses en la respuesta a incidentes de seguridad informática. A diferencia de la ISO 27037, que se centra más en la preservación y el manejo de la evidencia, el NIST SP 800-86 ofrece un enfoque más amplio, abarcando todo el proceso de respuesta a incidentes, desde la identificación hasta la recuperación. 

Enfoque del NIST SP 800-86

Integración de la informática forense: Muestra cómo incorporar las técnicas forenses en los procesos de respuesta a incidentes, mejorando la eficiencia y la eficacia de las investigaciones.

Ciclo de vida de la respuesta a incidentes: Define las fases clave del ciclo de vida de la respuesta a incidentes, desde la detección hasta la recuperación y el aprendizaje.

Técnicas forenses: Proporciona una descripción detallada de las técnicas forenses aplicables en diferentes escenarios, como la adquisición de imágenes de disco, el análisis de memorias volátiles y el análisis de redes.

Documentación: Enfatiza la importancia de documentar cada paso del proceso forense para garantizar la admisibilidad de la evidencia en un tribunal.

Estos estándares abordan aspectos como:

Recolección: Métodos de adquisición, autenticación y preservación de la evidencia.

Análisis: Técnicas y herramientas para el análisis de la evidencia.

Documentación: Requisitos para la documentación de la cadena de custodia.

Presentación: Cómo presentar la evidencia en un Tribunal.

¿Eres un imputado del delito informático de posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje? Desafíos en la Defensa Penal. SEGUNDA PARTE

Falta de Dolo:  

   Dolo directo: Demostrar que el imputado no tenía la intención delictiva de causar daño o perjudicar el sistema informático. Es cuando el sujeto activo de un delito utiliza el sistema informático y, de manera consciente y voluntaria puede demostrarse que no quería causar ese mal, ni producir el resultado típico del delito, ya que nunca tuvo:

• Voluntad: El sujeto que delinque, actúa con la intención expresa de producir el resultado típico. Este imputado que queremos defender, no (art. 61 del CP)
• Conocimiento: El sujeto que delinque, tiene un conocimiento pleno y consciente de las consecuencias de sus actos. Este imputado que queremos defender, no.
• Finalidad: El resultado típico del delito es el objetivo principal de la conducta del sujeto activo. Este imputado que queremos defender, no busca esa finalidad.

Consentimiento del titular del bien jurídico:

   Si el acusado actuó con el consentimiento expreso o tácito del titular o autorizado del sistema informático de tecnologías de información, podría alegar que nunca hubo lesión al bien jurídico protegido.

Ilicitud aparente:

   Argumentar que el acusado creyó razonablemente que su conducta era lícita, debido a una interpretación errónea de la norma penal o a una confianza en la información proporcionada por terceros.

Nulidad ABSOLUTA de las actuaciones:

   Violación de garantías procesales: Si durante la investigación o el juicio se violaron garantías procesales del acusado, como el derecho a la defensa o a un juicio justo, podría solicitar la nulidad de las actuaciones (arts. 174 y siguientes del COPP).

Inconstitucionalidad o control difuso de la norma:

   Violación de derechos fundamentales: Si la norma penal que se aplica al caso viola derechos fundamentales del acusado, como el derecho a la libertad de expresión o a la privacidad, podría plantear una excepción de inconstitucionalidad mo de ser aplicable un control difuso.

Elementos Clave a Considerar en la Defensa:

Pruebas: Recopilar toda la evidencia que pueda respaldar la defensa, como informes periciales, testigos, vídeos, documentos, metadata, etc.

Experiencia del abogado: Contar con un abogado con experiencia en delitos informáticos es fundamental.

Análisis del caso concreto: Cada caso es único y requiere un análisis individualizado de las circunstancias específicas.

Estrategia defensiva: Elaborar una estrategia defensiva sólida y coherente, basada en los argumentos jurídicos más sólidos, como lo son el conocimiento de software y la utilización del hardware.

Consideraciones Adicionales:

Naturaleza de los equipos o servicios: Es crucial determinar la naturaleza exacta de los equipos o servicios involucrados, así como su potencial uso para fines ilícitos.

Intención del acusado: La intención del acusado será un elemento clave en la valoración de los hechos.

Contexto en el que se produjeron los hechos: El contexto en el que se produjeron los hechos, como las relaciones entre las partes involucradas, puede influir en la calificación jurídica de la conducta.

Contextualización del Delito:

Naturaleza del Sabotaje: Es crucial analizar si la conducta imputada se ajusta a la definición legal de sabotaje. ¿Se buscaba realmente dañar o inutilizar un sistema? ¿Existía un propósito específico?

Intención vs. Resultado: Distinguir entre la intención del acusado y el resultado final. En ocasiones, una acción puede tener un resultado no deseado sin que exista la intención de causar daño.

Conexión con otros delitos: Evaluar si la conducta podría encuadrar en otros delitos menos graves, como daño informático o acceso no autorizado, lo que podría implicar penas menores.

Análisis de la Prueba: 

Cadena de Custodia: Verificar si se ha respetado la cadena de custodia de las pruebas, es decir, si se ha garantizado su integridad desde el momento de su obtención hasta su presentación en control y en un probable juicio oral y público.

Validez de la pericia: Cuestionar la validez de los informes periciales presentados en la imputación, analizando la metodología utilizada, la experiencia del perito y la solidez de sus conclusiones.

Interpretación de la evidencia: Proponer interpretaciones alternativas de la evidencia presentada por la imputación, demostrando que los hechos pueden tener explicaciones distintas a las ofrecidas.

Defensas Específicas: 

Error de prohibición: Argumentar que el acusado desconocía la ilicitud de su conducta debido a una interpretación errónea de la norma penal.

Coacción: Si el acusado actuó bajo coacción o amenaza, podría alegar que su voluntad fue viciada.

Insuficiencia de pruebas: Demostrar que la acusación no ha logrado probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado.

Nulidades Procesales:

Violación del derecho a la defensa: Analizar si se han respetado los derechos del acusado durante la investigación y el juicio, como el derecho a un abogado, a guardar silencio y a confrontar a los testigos.

Ilegalidad de la detención o allanamiento: Si la detención o el allanamiento del domicilio del acusado se llevaron a cabo de forma irregular, podría solicitar la nulidad de las actuaciones.

Atenuantes: 

Confesión espontánea: Si el acusado confesó alguno de los hechos relevantes, pero posteriormente se retractó o presentó una versión ampliada y diferente, podría solicitar que se tenga en cuenta esta circunstancia como atenuante.

Colaboración con la justicia: Si el acusado ha colaborado con la justicia, proporcionando información relevante para esclarecer los hechos, podría solicitar una dejar el MP sin efecto la imputación.

Alternativas Penales: 

Suspensión de la pena: Proponer la suspensión de la pena a prueba, si se cumplen los requisitos legales.

Condena condicional: Solicitar una condena condicional, que permita al acusado demostrar su reinserción social.

Consideraciones Adicionales:

Legislación Especial: contra la regulación de los delitos informáticos (2001), la cual contiene unas disposiciones específicas sobre la defensa en este tipo de casos.

Jurisprudencia: Investigar la jurisprudencia nacional e internacional sobre casos similares para identificar posibles argumentos y estrategias de defensa.

Aspectos Técnicos: Si el caso involucra cuestiones técnicas complejas, es fundamental contar con el asesoramiento de peritos informáticos que puedan explicar de manera clara y sencilla los hechos al tribunal.

En resumen, la defensa penal en casos de sabotaje informático requiere un análisis exhaustivo de las circunstancias del caso, una sólida base jurídica y una estrategia defensiva adaptada a las particularidades del mismo. 

Es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en delitos informáticos para garantizar una defensa eficaz y proteger los derechos del acusado.

¿Deseas profundizar en algún aspecto en particular? Por ejemplo, podemos analizar un caso concreto, discutir sobre la aplicación de una determinada figura jurídica o explorar las posibles consecuencias de una imputación, luego en el peor de los casos, una acusación.

30 Consejos Legales para Defenderse en un Proceso Penal Venezolano. 2da. parte

11. No discutir el caso con otras personas:

El acusado no debe discutir el caso con otras personas que no sean su abogado defensor. Esto puede poner en riesgo la confidencialidad y estrategias del caso.

12. Cumplir con las medidas cautelares:

Si el Tribunal impone medidas cautelares al acusado, este debe cumplirlas estrictamente. El incumplimiento de las medidas cautelares puede tener graves consecuencias legales.

13. Ser paciente:

Los procesos penales pueden ser largos y complejos. Es importante que el acusado sea paciente y mantenga la calma durante todo el proceso. 

14. No perder la esperanza:

Es importante que el acusado no pierda la esperanza. Incluso si el caso parece difícil, siempre existe la posibilidad de obtener un resultado favorable.

15. Buscar apoyo legal y técnico con abogados y con profesionales de otras áreas:

Si el imputado, procesado, querellado y/o acusado necesita la asesoría legal correspondiente el apoyo legal y la respuesta inmediata, puede satisfacer dichas interrogantes y los técnicos o peritos, también pueden explicar el punto de vista científico como puede ser una experticia o alguna actividad desde el punto de vista técnico-criminalístico para apoyar su caso y si se siente abrumado por el proceso penal, puede buscar apoyo emocional con un familiar, amigo, psicólogo o grupo de apoyo.

16. Conocer las leyes:

Es recomendable que el imputado, procesado, querellado y/o acusado conozca la implicación de las leyes y reglamentos que se aplican a su caso. Esto le permitirá comprender mejor sus derechos y obligaciones.

17. Investigar sobre el sistema penitenciario:

Si el acusado corre el riesgo de ser privado de libertad, es recomendable que investigue sobre el sistema penitenciario venezolano. Esto le permitirá estar preparado para lo que le espera en caso de ser detenido mientras dure el proceso penal y hasta el tiempo que dispone el Código esté detenido o de ser el caso, condenado.

18. Elaborar un plan de defensa: 

El abogado defensor y el acusado deben elaborar un plan de defensa sólido. Este plan debe incluir la estrategia que se seguirá para defender al acusado y las pruebas que se presentarán en su favor.

19. Prepararse para el juicio:

Si el caso va a juicio, el acusado y su abogado defensor deben prepararse cuidadosamente. Esto incluye ensayar la declaración del acusado, revisar las pruebas y preparar los argumentos legales.

Consejos legales para defenderse en un proceso penal venezolano primera parte 

30 Consejos Legales para Defenderse en un Proceso Penal Venezolano. 1era. parte

1. Conocer sus derechos:

Es fundamental que el imputado, procesado, querellado y/o acusado conozca sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Los tratados, pactos y convenciones internacionales en esta materia, suscritos y ratificados por Venezuela y en especial, en el Código Orgánico Procesal Penal. Entre estos derechos se encuentran: el derecho a guardar silencio, a tener un abogado defensor, a ser juzgado en un proceso en forma pública y con las debidas garantías, a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos o degradantes, y a apelar las decisiones judiciales que les sean desfavorables.

2. Guardar silencio: 

El derecho al silencio es uno de los más importantes en un proceso penal. El imputado, procesado, querellado y/o acusado no tiene la obligación de declarar en su contra y tiene derecho a permanecer en silencio durante todo el proceso. Es recomendable que no haga declaraciones a la PNB, GNB o a cualquier otra institución oficial, sin la presencia de un abogado defensor debidamente juramentado ante un Tribunal en Función de Control y Garantías cuando efectivamente se materialice la deposición, es decir, debe estar acompañado de su abogado. 

3. Contratar un abogado defensor:

 Es fundamental contar con la asistencia de un abogado defensor desde el inicio del proceso penal. La Ley de Abogados existe y le indica la posibilidad de contratar a un abogado para ejercer la actividad en el litigio y defenderle. El abogado defensor es el encargado de velar por los derechos del acusado y de representarlo en todas las etapas del proceso. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Es importante elegir un abogado de confianza y con experiencia en materia penal.

4. No admitir culpabilidad sin antes consultar con un abogado:

 El imputado, procesado, querellado y/o acusado no debe admitir culpabilidad de ningún delito sin antes haber consultado con su abogado defensor. Admitir culpabilidad puede tener graves consecuencias legales, por lo que es importante que el acusado se asesore legalmente antes de tomar cualquier decisión. También, tenemos un procedimiento que se denomina “admisión de los hechos” que está en el Código Orgánico Procesal Penal y hay una rebaja de pena. Pero, deben cumplirse ciertas condiciones.

5. No proporcionar información falsa:

El imputado, procesado, querellado y/o acusado nunca debe proporcionar información falsa a las autoridades. Esto puede tener graves consecuencias legales.

6. Recopilar pruebas:

Es importante que el imputado, procesado, querellado y/o acusado a través de su defensa, recopile todas las pruebas que puedan ser útiles para su caso. Estas pruebas pueden incluir documentos, testimonios, fotografías, vídeos, inspecciones, etc.

7. Mantenerse informado:

El imputado, procesado, querellado y/o acusado debe mantenerse informado sobre el desarrollo del proceso penal. Esto incluye conocer las fechas de las audiencias, las decisiones judiciales y las pruebas que se presentarán en su contra.

8. Asistir a todas las audiencias:

El acusado debe asistir a todas las audiencias del proceso penal. Si no puede asistir a una audiencia, debe justificar su ausencia ante el tribunal.

9. Comportarse de manera respetuosa:

El imputado, procesado, querellado y/o acusado debe comportarse de manera respetuosa con el tribunal, ya sea con el juez, secretario, escribientes, archivistas; de igual modo con los alguaciles, el fiscal titular o auxiliar, los testigos y las demás personas que participen en el proceso penal.

10. No tener contacto con los testigos:

El acusado no debe tener contacto con los testigos de la acusación. Esto puede tener como consecuencia que el testimonio de los testigos sea considerado inválido.

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Como abogado litigante, mi compromiso es brindarle la representación legal que necesita para obtener justicia. Si ha sido víctima de un hecho punible, entiendo el dolor y la confusión que experimenta. Permítame ayudarle a navegar por el complejo sistema legal venezolano y a luchar por sus derechos.

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Investigación criminalística exhaustiva: Trabajaremos en conjunto con expertos forenses para reconstruir los hechos y reunir las pruebas necesarias para presentar un caso sólido ante los Tribunales de Control o de Juicio. Cada detalle cuenta, y mi equipo se asegurará de que ninguna evidencia se pase por alto.

Estrategia legal a medida: Cada caso es único, y su situación merece una atención personalizada. Desarrollaré una estrategia legal adaptada a sus necesidades específicas, utilizando todos los recursos legales a nuestro alcance para lograr el mejor resultado posible.

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Breves Argumentos Jurídicos para Rechazar los Hechos en una Acusación Fiscal en un Proceso Penal por Estafa Agravada. 1era. parte

1. Negación de la conducta delictiva:

Rechazar rotundamente la acusación de estafa: Se puede negar categóricamente haber realizado cualquier acto con la intención de engañar o perjudicar a la víctima.

Aclarar el verdadero contexto de las acciones: Se puede explicar la situación en detalle, proporcionando pruebas y testimonios que demuestran la naturaleza legítima de las acciones realizadas descritas supuestamente como delito en la acusación fiscal.

Desmentir las alegaciones de la víctima: Si la acusación fiscal se basa en las declaraciones de la víctima, se pueden presentar pruebas o testimonios que las contradigan y demuestren su falsedad.

2. Ausencia de engaño o artificio:

Demostrar la transparencia y buena fe en las transacciones: Se puede presentar documentación, comunicaciones o testimonios que evidencien la transparencia y la buena fe en las negociaciones o acuerdos realizados. Recordemos que hay libertad de actuación por parte de la defensa para desvirtuar cualquier engaño o artificio, trampa o maniobra que se haya podido describir en la acusación fiscal, vista la conducta de la víctima.

Destacar la ausencia de ocultamiento de información relevante: Se puede demostrar que no se ocultó ninguna información crucial a la víctima, y que esta tenía pleno conocimiento de las condiciones y términos de las transacciones comerciales.

Negar la utilización de mecanismos engañosos: Se puede refutar el uso de cualquier tipo de artimaña, falsedad o simulación para obtener un beneficio indebido.

3. Cumplimiento de obligaciones contractuales:

Alegar el cumplimiento estricto de los acuerdos: Se puede presentar documentación contractual que demuestre el cumplimiento cabal o parcial de las obligaciones establecidas en los acuerdos o contratos suscritos. El hecho de haber cumplido parcialmente con las obligaciones contractuales da cuenta de la buena fe del acusado, a los fines de que se desvirtúe cualquier situación que puedan calificarse como criminosa.

Refutar la existencia de incumplimientos o daños: Se puede demostrar que no se produjeron incumplimientos contractuales ni se causaron perjuicios a la víctima.

Aclarar las posibles discrepancias o conflictos: Si existieron desacuerdos o conflictos relacionados con los contratos, se puede explicar el contexto y las medidas tomadas para resolverlos de manera justa y transparente.

4. Falta de perjuicio para la víctima:

Negar la existencia de un daño económico: Se puede demostrar que la víctima no sufrió ningún perjuicio económico como consecuencia de las acciones del acusado. Sobre todo si hay actividades comprobables y concretas de qué no hubo perjuicio económico alguno.

Alegar la obtención de beneficios mutuos: Si las transacciones o acuerdos generaron beneficios para ambas partes, se puede destacar este aspecto y refutar la existencia de un perjuicio unilateral.

Resaltar la compensación o reparación del daño: Si se produjo algún tipo de daño, se puede demostrar que este fue reparado o compensado de manera adecuada.

5. Errores en la investigación o la acusación:

Señalar fallas en el procedimiento investigativo: Se pueden identificar errores en la recolección de pruebas, en el análisis de la información o en la interpretación de los hechos en fase preparatoria.

Denunciar la violación de derechos del acusado: Si el acusado considera que sus derechos fundamentales fueron vulnerados durante la investigación, se puede presentar un recurso legal para anular las pruebas obtenidas de manera irregular.

Cuestionar la imparcialidad de la investigación: Si existen indicios de que la investigación se realizó de manera tendenciosa o con prejuicios hacia el acusado, se puede solicitar la intervención de un Fiscal Superior.

6. Ausencia de elementos agravantes:

Negar la concurrencia de las circunstancias agravantes: Se puede argumentar que no se cumplen los requisitos legales para considerar la estafa como agravada, ya que no existen las circunstancias específicas que la tipifican como tal.

Refutar la existencia de un daño de mayor gravedad: Si la fiscalía alega un daño de mayor gravedad, se puede demostrar que este no se produjo o que no fue consecuencia directa de las acciones del acusado.

Alegar la ausencia de reincidencia o antecedentes penales: Si el acusado no tiene antecedentes penales por delitos similares, se puede destacar este aspecto para refutar la agravante de reincidencia.

En un proceso penal por estafa agravada, la defensa del acusado tiene la facultad de impugnar los hechos expuestos por la Fiscalía, siempre que cuente con argumentos jurídicos sólidos y pruebas que respalden su posición. 

Breves para Argumentar un Recurso de Casación Penal por Inmotivación 1era. parte

ALGUNAS SUGERENCIAS

En el escrito del Recurso de Casación hay que ser muy cuidadosos para evitar caer en la declaración de ser desestimado por ser "manifiestamente infundado" el recurso de casación interpuesto por la incorrecta técnica de formalización y con la consecuente directriz de ser muy precisos. No extenderse, es mi consejo.

Cuando se denuncia la muy conocida inmotivación de una sentencia, hay que hacerlo con el hincapié de la falta de aplicación de los artículos 26 y 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 346 (numeral 4) y 459 en relación con el 157 del Código Orgánico Procesal Penal, por inmotivación del fallo de la Corte de Apelaciones, por cuanto, la recurrida nunca resolvió de manera clara y precisa todas las denuncias realizadas en el recurso de apelación. Esta es la premisa mayor. Todo va a depender de lo que haya ocurrido para proceder a denunciar la falta de aplicación, que no es igual a la indebida aplicación.

Hay que denunciar que la recurrida resolvió de manera "general", las denuncias propuestas en el recurso de apelación, limitándose a sólo transcribir y parafrasear partes de la decisión de Primera Instancia, que lo hizo sin analizar, para luego arribar a la conclusión, que el fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio se encontraba ajustado a Derecho, incumpliendo así con el requisito de expresar de forma clara y precisa, los fundamentos de hecho y de Derecho por los cuales se adopta el fallo e incurriendo en un vicio de orden público, como lo es la inmotivación de la sentencia, violando los artículos 157 y 346 (numeral 4) del actual Código Orgánico Procesal Penal.

Siendo que las decisiones del Tribunal serán emitidas mediante sentencia fundada para absolver, condenar o sobreseer y que debe existir en el contenido de la sentencia la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho, el recurso se debe interponer con asiento en lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones carece de motivación (y no la del Tribunal de Juicio). Hay que explicar a cuál de las clases de inmotivación pertenece, lo cual constituye un vicio esencial que anulará dicho fallo...