Nulidad de la prueba: Cualquier evidencia obtenida durante un allanamiento ilegal será considerada nula y no podrá ser utilizada en juicio. Esto se fundamenta en el principio de que la prueba debe ser obtenida de manera lícita.
Responsabilidad de los funcionarios: Los funcionarios que ordenen o ejecuten un allanamiento ilegal pueden ser sujetos a sanciones administrativas, civiles y penales.
Indemnización por daños y perjuicios: La persona afectada por un allanamiento ilegal puede demandar al Estado por los daños y perjuicios que efectivamente fueren causados.
Desafíos que Enfrentan los Jueces al Evaluar una Solicitud de Allanamiento
Fundamentación de la Solicitud: El Juez de Primera Instancia en Funciones de Control de la Jurisdicción territorial donde se presuma la probable comisión de un hecho punible, debe verificar que la solicitud de allanamiento esté debidamente fundamentada, es decir, que existan elementos suficientes para presumir la existencia de un delito y la posibilidad de encontrar pruebas en el lugar a allanar.
Proporcionalidad de la Medida: El Juez debe evaluar si el allanamiento es la medida menos intrusiva necesaria para lograr los fines de la investigación.
Respeto a los derechos fundamentales: El Juez debe garantizar que el allanamiento se realice de conformidad con los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la defensa.
Otros Aspectos a Considerar
El papel del Ministerio Público: Evaluaremos el rol del Ministerio Público en la solicitud y ejecución de allanamientos.
La tutela judicial efectiva: Analizaremos los mecanismos de tutela judicial efectiva que tiene a su disposición una persona afectada por un allanamiento ilegal.
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