Sentenciado a siete años de prisión Carlos Chancellor

Escrito por Cruz Cedeño/Foto: Luis González
viernes, 04 de diciembre de 2009

Tras más de 18 horas de deliberaciones y 33 meses de encarcelamiento, autoridades del Tribunal 8 itinerante de Juicio sentenciaron al alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, a 7 años de prisión y la inhabilitación política a través de una pena accesoria por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir y obstaculización de la vía pública, entre otros, cometidos por el burgomaestre durante los días 5, 6 y 7 de septiembre del año 2005 en la Troncal 10, que comunica la población de Upata con Santa Elena de Uairén.
La medida, que incluye 6 años de prisión para el líder minero Williams Saud y tres años para el dirigente Pedro Pérez, se sustenta en los elementos de convicción consignados por el Ministerio Público en contra de los imputados pese a los alegatos esgrimidos por la defensa, que calificó las pruebas de extemporáneas e irregulares.

Sergio Urdaneta, defensor del burgomaestre, explicó que la sentencia lo tomó por sorpresa toda vez que representa una violación al debido proceso ya que durante el análisis de las actas del proceso legal que se le siguió a su cliente no existen elementos de convicción que permitiesen establecer la culpabilidad de Chancellor en los cargos que se le imputan.

¿Irregularidades?

“Como experto del derecho yo tenía el convencimiento que el juez no tenía elementos para condenar a mi cliente, ya que la mayoría del expediente se sustentó en pruebas ilícitas e inconsistentes, las cuales no habían sido controladas por las partes y que vulneraban la Carta Magna, que establece que todas las pruebas obtenidas sin la garantía del debido proceso son nulas”, señaló.

Ante este panorama, Urdaneta reveló que las pruebas consignadas por el Ministerio Publico estaban basadas en el falso supuesto de que Carlos Chancellor fue la causa de los acontecimientos registrados en Sifontes, durante la protesta minera que le exigía a las autoridades de Crystallex la explotación minera artesanal en la mina, cuando la realidad fue el incumplimiento de los artículos 7 y 12 del convenio de explotación firmado por la empresa minera con las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana, que reconocía a los mineros de la zona la práctica de la minería artesanal.

Estos elementos, aunado a la decisión del juez de la causa en tomarse 10 días para la publicación de la sentencia, genera suspicacias entre los asesores jurídicos del burgomaestre, que en la actualidad evalúan la viabilidad de una posible apelación de la medida ante la Corte de Apelaciones del estado Bolívar.

Posibles escenarios

“Estamos evaluando cada uno de los posibles escenarios, con el fin de establecer la viabilidad de una apelación; sin embargo, para ello debemos aguardar la publicación de la sentencia por parte del juez de la causa, ya que pese a la decisión, hasta tanto no esté publicada la sentencia no es totalmente firme”, señaló.

Urdaneta destacó que de apelarse el burgomaestre podría continuar en el ejercicio de sus funciones como lo ha venido haciendo hasta ahora desde su lugar de reclusión, puesto que la sentencia no sería completamente firme; sin embargo, de no ejecutarse la medida, Chancellor podría salir en libertad en los próximos meses a través de una medida cautelar, tras el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta por el juez, elemento que afectaría su carrera política, ya que la pena accesoria impuesta por el juez lo inhabilita políticamente.

“Estamos en la actualidad ponderando cada uno de los escenarios posibles, ya que todos los elementos nos permiten inferir que la sentencia dictada a nuestro cliente representa una burla a la decisión popular de los habitantes de Sifontes que a través de sus votos eligieron a Chancellor como alcalde del municipio”, destacó.

Juicio político

Para el asesor jurídico del alcalde del municipio Sifontes, Sergio Urdaneta, la sentencia dictada contra Carlos Chancellor sólo busca brindarle un ropaje de legalidad a un proceso completamente viciado que únicamente busca la criminalización de la protesta.

Urdaneta reveló que estas acciones se evidencian en la aceptación por parte del juez de la causa de las pruebas consignadas por el Ministerio Público, las cuales no cumplían con el debido proceso.

“Los jueces en Venezuela y el Ministerio Público no pueden convertirse en instrumento de persecución política y pasarle por encima a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estaríamos en un Estado fallido, que no es capaz de garantizar la justicia”, puntualizó.

Alcalde Chancellor: Soy un preso político

El alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, expresó que luego de la sentencia que lo condena a siete años de cárcel, su esfuerzo se concentrará en “demostrar la inocencia” y evidenciar que los cargos que se le atribuyen son “infundados”.

Chancellor expresó en conversación con Unión Radio que “mantenemos la fe, la fuerza, en pie de lucha, en función de demostrar en otras instancias la inocencia de las acusaciones que se nos formulan”. Sentenció que es un preso político.

Indicó que sus esfuerzos se radicarán en “encontrar receptividad ante esas instancias a las que vamos a recurrir para impedir la inhabilitación y demostrar que esas acusaciones son infundadas, que fueron interpuestas ante esos tribunales y admitidas de formas no transparentes, no claras, no ajustadas a la verdad”. (Unión Radio)
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