La droga, por un valor de €400 mil, fue descubierta en Roma y despachada en Buenos Aires. La Justicia busca a los responsables de manipular el equipaje.
El caso se inició cuando un equipaje, procedente de un avión de Aerolíneas Argentinas, fue secuestrado por la policía italiana en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma.
Los policías italianos entendieron que algo andaba mal cuando la mochila negra con bolsillos no paraba de girar en la cinta transportadora del aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Eran las 17 del 6 de septiembre y el bolso acababa de bajar del vuelo AR1140 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Buenos Aires, sin escalas. Tenía el marbete con el nombre de una pasajera y el código de barras que demostraba que el paquete había pasado los controles en Ezeiza. Sin embargo, cuando decidieron inspeccionarlo, encontraron ocho kilos de cocaína empaquetada en ladrillos, que en Europa tiene un valor de venta de 400 mil euros. El hallazgo llegó a Buenos Aires a través de Interpol y derivó en una investigación a cargo del juez en lo Penal Económico Rafael Caputo, que el miércoles pasado sigilosamente allanó durante cuatro horas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde sospechan que funciona una organización que trafica droga a Europa.
La pesquisa se mantuvo en reserva hasta ahora. El escándalo de Southern Winds –donde en el 2004 aparecieron valijas con 60 kilos de cocaína en Madrid– volvió a la mente de todos los investigadores. Excepto que esta vez el vuelo pertenece a la estatizada Aerolíneas Argentinas.
Según la información de Interpol, dos mujeres, madre e hija, Filomena y Silvia, aterrizaron en el AR1140 en Fiumicino. Traían cuatro valijas que retiraron normalmente y los policías supieron, antes de verlas pasar por Migraciones, que a pesar de que la mochila negra estaba a nombre de Silvia, ninguna de las dos tenía idea de que con su identidad habían volado ocho kilos de droga.
Ninguna lo sabe tampoco hoy, que ya volvieron de Roma, y desconocen la causa judicial que comenzó desde aquel día. Ellas retiraron su equipaje, con el marbete cambiado. El otro bolso, a su nombre, todavía espera al narcotraficante que lo debía retirar.
Al juez le llamó la atención que las dos mujeres habían despachado sus valijas a las 20.10 y según los registros de la mochila esta última había sido registrada en los mostradores de Aerolíneas a las 21.31. La sospecha fue automática. ¿Alguien había hecho el trámite con la identidad de la pasajera? Con ese objetivo llegaron el juez y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) al Aeropuerto de Ezeiza el miércoles a la noche. La medida había sido pedida por la fiscal del caso, María Luz Rivas Diez, la misma que conoce de antemano sobre valijas voladoras porque interviene en la investigación sobre el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.
Cada vez que un pasajero despacha el equipaje en el mostrador de la aerolínea, éste comienza un recorrido que está completamente filmado y registrado a través del Centro Operativo de Control (COC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Todo ese proceso puede seguirse hasta el momento en que las maletas llegan a la pista para subirse al avión. En ese primer allanamiento, el juez encontró que, con la identidad de Silvia y el correspondiente código de barras, había sido registrada una mochila por una empleada de Aerolíneas y había pasado el control de escáner que se realiza en el cuarto de valijas, donde sólo tienen acceso la PSA; los empleados de HAS S.A., la empresa de seguridad que maneja los escáneres; y Aerohandling, que se encargan de transportar el equipaje. El proceso de seguridad tiene varias partes: el comprobante queda en el ticket de embarque del pasajero, en el propio bolso y en una planilla una vez que pasa el escáner.
A primera vista, la mochila que estaba a nombre de Silvia había cumplido todos los pasos. Por eso, apenas llegó al aeropuerto, el juez pidió el nombre de la empleada del check-in de Aerolíneas que había hecho el trámite, el encargado del escáner de HAS y los policías de la PSA que habían registrado el momento en que pasaba el control. Todos quedaron detenidos en un operativo comandando.
Sin embargo, el caso se volvió más complejo. Cuando el juez se metió en el COC para seguir los videos de los pasos de las dos mujeres por todo el aeropuerto, descubrieron que Silvia tenía una mochila y que efectivamente había despachado una hora y media más tarde que el resto. Según registraron las filmaciones, Silvia la llevaba como equipaje de mano, pero no pasó el primer control de la PSA porque tenía líquidos o algún elemento cortante que está prohibido llevar al avión. Apurada y nerviosa se la ve correr hasta el mostrador de Aerolíneas, donde finalmente la despacha a las 21.31.
Después de tomar las declaraciones indagatorias a los detenidos, Caputo quedó convencido de que ninguno estaba involucrado en la maniobra. No era sólo por su testimonio y los videos; también influyó un dato. La mochila de Silvia tenía dos cruces amarillas que nada tenían que ver con ese bolso negro lleno de bolsillos que quedó girando en Fiumicino con su nombre. Así fue como los investigadores descubrieron que se había tratado de un cambio de marbete y que se había realizado en la única zona libre de cámaras: la pista de Ezeiza, donde el acceso es restringido. En esos pocos metros, entre la sala de equipaje y el avión, alguien logró cambiar el comprobante de la mochila. Hasta ahí sólo pueden llegar los mecánicos, los empleados de Aerohandling, los de HAS y la tripulación del avión. La Justicia sospecha que éste es el comienzo de un caso que revelará una organización que exportaba droga. Quien sea que lo haya hecho tenía un cómplice del otro lado del océano, que, al igual que en el caso SW, no llegó a la cita.
CINCO AÑOS ATRÁS, EL ANTECEDENTE DEL ESCÁNDALO DE SW. Equipaje argentino rondando sin dueño en la cinta transportadora de un aeropuerto europeo es una señal de problemas para cualquier investigador. Cuando la justicia nacional se enteró de que en Roma había aparecido una mochila con ocho kilogramos de cocaína, se acordaron del escándalo de Southern Winds, que comenzó con la aparición de cuatro valijas con 58,9 kilos de esa droga circulando sin propietario por la cinta de Barajas, en Madrid.
En aquella oportunidad, inicios de 2005, el hallazgo resultó dinamita para la empresa que estaba subsidiada por el Estado y desnudó la falta de controles en Ezeiza. El caso fue el origen de la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le quitó a la Fuerza Área la potestad sobre la seguridad en las terminales.
Por este expediente, en junio pasado, la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas contra los españoles José Ramón González Villar y su esposa, Elena Tamil Batán, por ser los receptores de la cocaína, y lo mismo hizo con el ex encargado de “pasajeros frecuentes” de SW Walter Beltrame. Todos, acusados de contrabando agravado.
http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=33610
viernes, 4 de diciembre de 2009
Allanan Casa de Bolsa Interbursa y ordenan el cese de operaciones de U21 Casa de Bolsa
A solicitud del Ministerio Público, este martes fue allanada la Casa de Bolsa Interbursa y la Comisión Nacional de Valores intervino formalmente a U21 Casa de Bolsa, ambos como consecuencia de la liquidación del banco Canarias.
En el caso de Interbursa el allanamiento es parte de la investigación iniciada a raíz de la intervención de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Provivienda (Banpro). La solicitud fue realizada por los fiscales nacionales 50°, 53° y 73°, William Guerrero, Ana Ysabel Hernández y Daniel Medina, respectivamente, con fundamento en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal. El requerimiento, acordado por el Tribunal 11° de Control del área metropolitana de Caracas, fue practicado en la sede de Interbursa, ubicada en la urbanización La Castellana, por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), reseña una nota de prensa. En el lugar, en el cual estuvieron presentes los fiscales Guerrero y Hernández, fueron incautados elementos de interés criminalístico para la investigación.
En lo que tiene que ver con U21, empresa relacionada con el Banco Canarias, la Comisión Nacional de Valores la intervino formalmente y ordenó el cese de operaciones. Invariablemente, los clientes obtienen como respuesta a las múltiples llamadas telefónicas que hasta tanto los interventores no terminen su auditoría y tomen una decisión final es imposible movilizar el dinero. A diferencia de los bancos, donde Fogade otorga a los depositantes una cobertura de 10 mil bolívares fuertes, las colocaciones en casas de bolsa no tienen garantía. El patrimonio de U21, que representa el dinero colocado por los accionistas, asciende al cierre de octubre a 62 millones 190 mil bolívares fuertes, una magnitud que es superada 36 veces por las obligaciones. Asimismo, el patrimonio respalda en menos de 1% al activo.
Un cliente que prefiere mantener su nombre en reserva se pregunta "¿qué pasa con los que compramos bonos que el mismo Estado vendió y pagamos para recibir divisas? Tengo entendido que en U21 estamos miles de pequeños inversionistas que colocamos nuestros ahorros".
http://www.bancaynegocios.com/noticia_det.asp?id=14892
En el caso de Interbursa el allanamiento es parte de la investigación iniciada a raíz de la intervención de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Provivienda (Banpro). La solicitud fue realizada por los fiscales nacionales 50°, 53° y 73°, William Guerrero, Ana Ysabel Hernández y Daniel Medina, respectivamente, con fundamento en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal. El requerimiento, acordado por el Tribunal 11° de Control del área metropolitana de Caracas, fue practicado en la sede de Interbursa, ubicada en la urbanización La Castellana, por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), reseña una nota de prensa. En el lugar, en el cual estuvieron presentes los fiscales Guerrero y Hernández, fueron incautados elementos de interés criminalístico para la investigación.
En lo que tiene que ver con U21, empresa relacionada con el Banco Canarias, la Comisión Nacional de Valores la intervino formalmente y ordenó el cese de operaciones. Invariablemente, los clientes obtienen como respuesta a las múltiples llamadas telefónicas que hasta tanto los interventores no terminen su auditoría y tomen una decisión final es imposible movilizar el dinero. A diferencia de los bancos, donde Fogade otorga a los depositantes una cobertura de 10 mil bolívares fuertes, las colocaciones en casas de bolsa no tienen garantía. El patrimonio de U21, que representa el dinero colocado por los accionistas, asciende al cierre de octubre a 62 millones 190 mil bolívares fuertes, una magnitud que es superada 36 veces por las obligaciones. Asimismo, el patrimonio respalda en menos de 1% al activo.
Un cliente que prefiere mantener su nombre en reserva se pregunta "¿qué pasa con los que compramos bonos que el mismo Estado vendió y pagamos para recibir divisas? Tengo entendido que en U21 estamos miles de pequeños inversionistas que colocamos nuestros ahorros".
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Detenido comerciante por incautación de 55 kilos de droga
Publicada a las 12:15 PM del 03 de Diciembre de 2009 | Diario El Vigía
Funcionarios del puesto de control fijo de la Guardia Nacional Bolivariana, acantonados en el puesto de control fijo de El Quebradón, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, en la zona Panamericana, dieron un zarpazo al tráfico y ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, al incautar 55 panelas de cocaína que trasladaban en una camioneta.
Informó la GNB, que durante la noche del pasado martes, los uniformados visualizaron una camioneta Caribe, color almendra, conducido por un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 21 años de edad, natural de San Cristóbal, estado Táchira, de profesión comerciante, quien se dirigía en sentido El Vigía- Caja Seca. Al momento de realizar las inspecciones de rutina, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal -COPP-, se pudo observar en el vehículo descrito, un compartimiento secreto, tipo doble fondo, ubicado en la parte posterior del vehículo, en presencia de testigos, hallándose en el mismo cuarenta y dos (42) envoltorios en forma de panela, en cinta plástica adhesiva transparente, identificadas con el número ocho (8) escrito en tinta de color rojo, contentivas de droga, del tipo cocaína. Igualmente, fueron incautados otros ocho (08) envoltorios, en forma de panela, envueltos con un material sintético, color negro, recubiertos en cinta plástica adhesiva transparente, con un recuadro de color blanco, que tenían escritos "n". Todos los envoltorios, informó la Guardia Nacional Bolivariana, dieron un peso total de aproximadamente cincuenta y cinco (55) kilogramos de cocaína de alta pureza, la cual fue retenida y trasladada al Destacamento 16 de la Guardia Nacional. Entretanto, el comerciante aprehendido durante el golpe al narcotráfico, fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, institución acusadora que se encargará de este procedimiento.
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=988314
Funcionarios del puesto de control fijo de la Guardia Nacional Bolivariana, acantonados en el puesto de control fijo de El Quebradón, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, en la zona Panamericana, dieron un zarpazo al tráfico y ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, al incautar 55 panelas de cocaína que trasladaban en una camioneta.
Informó la GNB, que durante la noche del pasado martes, los uniformados visualizaron una camioneta Caribe, color almendra, conducido por un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 21 años de edad, natural de San Cristóbal, estado Táchira, de profesión comerciante, quien se dirigía en sentido El Vigía- Caja Seca. Al momento de realizar las inspecciones de rutina, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal -COPP-, se pudo observar en el vehículo descrito, un compartimiento secreto, tipo doble fondo, ubicado en la parte posterior del vehículo, en presencia de testigos, hallándose en el mismo cuarenta y dos (42) envoltorios en forma de panela, en cinta plástica adhesiva transparente, identificadas con el número ocho (8) escrito en tinta de color rojo, contentivas de droga, del tipo cocaína. Igualmente, fueron incautados otros ocho (08) envoltorios, en forma de panela, envueltos con un material sintético, color negro, recubiertos en cinta plástica adhesiva transparente, con un recuadro de color blanco, que tenían escritos "n". Todos los envoltorios, informó la Guardia Nacional Bolivariana, dieron un peso total de aproximadamente cincuenta y cinco (55) kilogramos de cocaína de alta pureza, la cual fue retenida y trasladada al Destacamento 16 de la Guardia Nacional. Entretanto, el comerciante aprehendido durante el golpe al narcotráfico, fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, institución acusadora que se encargará de este procedimiento.
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=988314
Solicitud de antejuicio de mérito contra Capriles Radonski no es una retaliación política
Caracas, 03 Dic. ABN.- El antejuicio de mérito contra el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, no es una retaliación política en su contra, pues existen elementos que hay que examinar por presuntas actuaciones irregulares del mandatario regional.
Así lo señaló la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, en el programa Contra Golpe, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
En este sentido, Morales explicó que existe retaliación política “cuando se presenta una acusación sin ningún tipo de elementos. No todas las acciones como éstas significan que exista retaliación política en el asunto, todo depende del sustento de las actuaciones de quien denuncia”.
Asimismo, recalcó que el antejuicio de mérito contra Capriles Radonski, ya ingresó al TSJ, 'pasó a la Sala Plena que ya lo llevó a la Sala de Sustanciación, y se está examinando la admisibilidad del recurso. La totalidad de los magistrados tienen que decidir si se realiza la acción”.
El antejuicio de mérito contra Capriles Radonski, fue admitido en primera fase, por presuntos delitos de estafa a la nación, ánimo doloso al Fisco Nacional y corrupción.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) impulsó la solicitud contra el Gobernador.
La organización política estuvo liderada en esta ocasión por el abogado Gerson Pérez, quien introdujo el recurso alegando la presunta existencia de un pool de empresas familiares con las que Capriles Radonski estaría incurriendo en irregularidades administrativas.
Entre las empresas que forman parte del emporio familiar que posee el actual mandatario de Miranda se encuentran: Desarrollos Isamar, Desarrollo San Martín y Empresa Promotora Parque Las Delicias, ésta última de la cual es el accionista principal.
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=210308&lee=4
Así lo señaló la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, en el programa Contra Golpe, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
En este sentido, Morales explicó que existe retaliación política “cuando se presenta una acusación sin ningún tipo de elementos. No todas las acciones como éstas significan que exista retaliación política en el asunto, todo depende del sustento de las actuaciones de quien denuncia”.
Asimismo, recalcó que el antejuicio de mérito contra Capriles Radonski, ya ingresó al TSJ, 'pasó a la Sala Plena que ya lo llevó a la Sala de Sustanciación, y se está examinando la admisibilidad del recurso. La totalidad de los magistrados tienen que decidir si se realiza la acción”.
El antejuicio de mérito contra Capriles Radonski, fue admitido en primera fase, por presuntos delitos de estafa a la nación, ánimo doloso al Fisco Nacional y corrupción.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) impulsó la solicitud contra el Gobernador.
La organización política estuvo liderada en esta ocasión por el abogado Gerson Pérez, quien introdujo el recurso alegando la presunta existencia de un pool de empresas familiares con las que Capriles Radonski estaría incurriendo en irregularidades administrativas.
Entre las empresas que forman parte del emporio familiar que posee el actual mandatario de Miranda se encuentran: Desarrollos Isamar, Desarrollo San Martín y Empresa Promotora Parque Las Delicias, ésta última de la cual es el accionista principal.
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Tribunal condena a alcalde del municipio Sifontes en Bolívar a siete años de prisión
Ciudad Guayana, Bolívar, 03 Dic. ABN.- El juez Octavo Itinerante, Andrés Mora, condenó este jueves a siete años y tres meses de prisión al alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, quien se encontraba acusado por los delitos de instigación a delinquir, cierre de vías públicas, pánico y zozobra a la colectividad, agavillamiento y malversación genérica de fondos públicos por cheques postdatados.
La decisión del tribunal pone fin a un juicio iniciado hace seis meses en el cual la Fiscalía II del estado Bolívar con competencia en Salvaguarda presentó pruebas contra Chancellor por estos delitos, cometidos en su mayoría durante el año 2006, cuando asumió el papel de dirigente del partido oposicionista Causa Radical (Causa R).
Asimismo, se le acusó por haber dispuesto de fondos públicos de la Alcaldía de Sifontes, utilizando cheques de ese organismo con fecha posterior a su salida del cargo como alcalde electo para el período 2000-2004.
Chancellor también fue acusado de obstrucción de la vía pública por haber encabezado una protesta violenta de mineros artesanales radicados en el sector Las Claritas del municipio Sifontes, en la cual se cerró por tres días el paso de vehículos a través de la Troncal 10 Estatal que comunica la frontera con Brasil con el resto del estado Bolívar.
Durante el juicio participaron 120 testigos y se presentó un centenar de pruebas documentales que sustentaron las acusaciones contra el dirigente oposicionista, quien se encontraba detenido bajo investigación en los calabozos de la Policía Municipal de Ciudad Guayana desde el año 2006.
Además de Chancellor, también fueron sentenciados dos mineros que participaron en las acciones violentas, destacando el caso de Williams Saud, quien recibió pena de seis años y tres meses por los delitos de instigación a delinquir, cierre de vías públicas, pánico y zozobra a la colectividad y agavillamiento.
Igualmente, el minero Pedro Pérez fue condenado a dos años de prisión por su responsabilidad en los delitos de instigación a delinquir, cierre de vías públicas y pánico y zozobra a la colectividad.
Por su parte, las ciudadanas Norma Márquez y Carmen Dávila fueron absueltas de los cargos por estos mismos delitos.
A pesar de encontrarse detenido bajo averiguación, Carlos Chancellor fue postulado como candidato a la Alcaldía de Sifontes en los comicios de noviembre de 2008 por grupos políticos oposicionistas, resultando ganador sobre la alcaldesa Marlene Vargas, quien estaba postulada a la reelección para un segundo período con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Acto seguido tomó posesión del cargo en los calabozos de la Policía Municipal de Caroní, en Ciudad Guayana, en un acto realizado fuera de su jurisdicción por concejales de Sifontes, lo que motivó severas críticas de sectores políticos sobre la legalidad de esta acción.
Inmediatamente designó a su esposa como directora general de la Alcaldía de Sifontes, lo que la llevó a asumir el cargo de alcaldesa interina en vista de la ausencia del alcalde electo.
Finalmente, se informó que el sitio de reclusión de Carlos Chancellor seguirá siendo el calabozo del cuartel central de Patrulleros de Caroní, ubicada en el sector Unare de Ciudad Guayana.
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=210271&lee=2
La decisión del tribunal pone fin a un juicio iniciado hace seis meses en el cual la Fiscalía II del estado Bolívar con competencia en Salvaguarda presentó pruebas contra Chancellor por estos delitos, cometidos en su mayoría durante el año 2006, cuando asumió el papel de dirigente del partido oposicionista Causa Radical (Causa R).
Asimismo, se le acusó por haber dispuesto de fondos públicos de la Alcaldía de Sifontes, utilizando cheques de ese organismo con fecha posterior a su salida del cargo como alcalde electo para el período 2000-2004.
Chancellor también fue acusado de obstrucción de la vía pública por haber encabezado una protesta violenta de mineros artesanales radicados en el sector Las Claritas del municipio Sifontes, en la cual se cerró por tres días el paso de vehículos a través de la Troncal 10 Estatal que comunica la frontera con Brasil con el resto del estado Bolívar.
Durante el juicio participaron 120 testigos y se presentó un centenar de pruebas documentales que sustentaron las acusaciones contra el dirigente oposicionista, quien se encontraba detenido bajo investigación en los calabozos de la Policía Municipal de Ciudad Guayana desde el año 2006.
Además de Chancellor, también fueron sentenciados dos mineros que participaron en las acciones violentas, destacando el caso de Williams Saud, quien recibió pena de seis años y tres meses por los delitos de instigación a delinquir, cierre de vías públicas, pánico y zozobra a la colectividad y agavillamiento.
Igualmente, el minero Pedro Pérez fue condenado a dos años de prisión por su responsabilidad en los delitos de instigación a delinquir, cierre de vías públicas y pánico y zozobra a la colectividad.
Por su parte, las ciudadanas Norma Márquez y Carmen Dávila fueron absueltas de los cargos por estos mismos delitos.
A pesar de encontrarse detenido bajo averiguación, Carlos Chancellor fue postulado como candidato a la Alcaldía de Sifontes en los comicios de noviembre de 2008 por grupos políticos oposicionistas, resultando ganador sobre la alcaldesa Marlene Vargas, quien estaba postulada a la reelección para un segundo período con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Acto seguido tomó posesión del cargo en los calabozos de la Policía Municipal de Caroní, en Ciudad Guayana, en un acto realizado fuera de su jurisdicción por concejales de Sifontes, lo que motivó severas críticas de sectores políticos sobre la legalidad de esta acción.
Inmediatamente designó a su esposa como directora general de la Alcaldía de Sifontes, lo que la llevó a asumir el cargo de alcaldesa interina en vista de la ausencia del alcalde electo.
Finalmente, se informó que el sitio de reclusión de Carlos Chancellor seguirá siendo el calabozo del cuartel central de Patrulleros de Caroní, ubicada en el sector Unare de Ciudad Guayana.
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=210271&lee=2
Sentenciado a siete años de prisión Carlos Chancellor
Escrito por Cruz Cedeño/Foto: Luis González
viernes, 04 de diciembre de 2009
Tras más de 18 horas de deliberaciones y 33 meses de encarcelamiento, autoridades del Tribunal 8 itinerante de Juicio sentenciaron al alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, a 7 años de prisión y la inhabilitación política a través de una pena accesoria por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir y obstaculización de la vía pública, entre otros, cometidos por el burgomaestre durante los días 5, 6 y 7 de septiembre del año 2005 en la Troncal 10, que comunica la población de Upata con Santa Elena de Uairén.
La medida, que incluye 6 años de prisión para el líder minero Williams Saud y tres años para el dirigente Pedro Pérez, se sustenta en los elementos de convicción consignados por el Ministerio Público en contra de los imputados pese a los alegatos esgrimidos por la defensa, que calificó las pruebas de extemporáneas e irregulares.
Sergio Urdaneta, defensor del burgomaestre, explicó que la sentencia lo tomó por sorpresa toda vez que representa una violación al debido proceso ya que durante el análisis de las actas del proceso legal que se le siguió a su cliente no existen elementos de convicción que permitiesen establecer la culpabilidad de Chancellor en los cargos que se le imputan.
¿Irregularidades?
“Como experto del derecho yo tenía el convencimiento que el juez no tenía elementos para condenar a mi cliente, ya que la mayoría del expediente se sustentó en pruebas ilícitas e inconsistentes, las cuales no habían sido controladas por las partes y que vulneraban la Carta Magna, que establece que todas las pruebas obtenidas sin la garantía del debido proceso son nulas”, señaló.
Ante este panorama, Urdaneta reveló que las pruebas consignadas por el Ministerio Publico estaban basadas en el falso supuesto de que Carlos Chancellor fue la causa de los acontecimientos registrados en Sifontes, durante la protesta minera que le exigía a las autoridades de Crystallex la explotación minera artesanal en la mina, cuando la realidad fue el incumplimiento de los artículos 7 y 12 del convenio de explotación firmado por la empresa minera con las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana, que reconocía a los mineros de la zona la práctica de la minería artesanal.
Estos elementos, aunado a la decisión del juez de la causa en tomarse 10 días para la publicación de la sentencia, genera suspicacias entre los asesores jurídicos del burgomaestre, que en la actualidad evalúan la viabilidad de una posible apelación de la medida ante la Corte de Apelaciones del estado Bolívar.
Posibles escenarios
“Estamos evaluando cada uno de los posibles escenarios, con el fin de establecer la viabilidad de una apelación; sin embargo, para ello debemos aguardar la publicación de la sentencia por parte del juez de la causa, ya que pese a la decisión, hasta tanto no esté publicada la sentencia no es totalmente firme”, señaló.
Urdaneta destacó que de apelarse el burgomaestre podría continuar en el ejercicio de sus funciones como lo ha venido haciendo hasta ahora desde su lugar de reclusión, puesto que la sentencia no sería completamente firme; sin embargo, de no ejecutarse la medida, Chancellor podría salir en libertad en los próximos meses a través de una medida cautelar, tras el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta por el juez, elemento que afectaría su carrera política, ya que la pena accesoria impuesta por el juez lo inhabilita políticamente.
“Estamos en la actualidad ponderando cada uno de los escenarios posibles, ya que todos los elementos nos permiten inferir que la sentencia dictada a nuestro cliente representa una burla a la decisión popular de los habitantes de Sifontes que a través de sus votos eligieron a Chancellor como alcalde del municipio”, destacó.
Juicio político
Para el asesor jurídico del alcalde del municipio Sifontes, Sergio Urdaneta, la sentencia dictada contra Carlos Chancellor sólo busca brindarle un ropaje de legalidad a un proceso completamente viciado que únicamente busca la criminalización de la protesta.
Urdaneta reveló que estas acciones se evidencian en la aceptación por parte del juez de la causa de las pruebas consignadas por el Ministerio Público, las cuales no cumplían con el debido proceso.
“Los jueces en Venezuela y el Ministerio Público no pueden convertirse en instrumento de persecución política y pasarle por encima a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estaríamos en un Estado fallido, que no es capaz de garantizar la justicia”, puntualizó.
Alcalde Chancellor: Soy un preso político
El alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, expresó que luego de la sentencia que lo condena a siete años de cárcel, su esfuerzo se concentrará en “demostrar la inocencia” y evidenciar que los cargos que se le atribuyen son “infundados”.
Chancellor expresó en conversación con Unión Radio que “mantenemos la fe, la fuerza, en pie de lucha, en función de demostrar en otras instancias la inocencia de las acusaciones que se nos formulan”. Sentenció que es un preso político.
Indicó que sus esfuerzos se radicarán en “encontrar receptividad ante esas instancias a las que vamos a recurrir para impedir la inhabilitación y demostrar que esas acusaciones son infundadas, que fueron interpuestas ante esos tribunales y admitidas de formas no transparentes, no claras, no ajustadas a la verdad”. (Unión Radio)
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/32783/2/
viernes, 04 de diciembre de 2009
Tras más de 18 horas de deliberaciones y 33 meses de encarcelamiento, autoridades del Tribunal 8 itinerante de Juicio sentenciaron al alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, a 7 años de prisión y la inhabilitación política a través de una pena accesoria por la presunta comisión de los delitos de instigación a delinquir y obstaculización de la vía pública, entre otros, cometidos por el burgomaestre durante los días 5, 6 y 7 de septiembre del año 2005 en la Troncal 10, que comunica la población de Upata con Santa Elena de Uairén.
La medida, que incluye 6 años de prisión para el líder minero Williams Saud y tres años para el dirigente Pedro Pérez, se sustenta en los elementos de convicción consignados por el Ministerio Público en contra de los imputados pese a los alegatos esgrimidos por la defensa, que calificó las pruebas de extemporáneas e irregulares.
Sergio Urdaneta, defensor del burgomaestre, explicó que la sentencia lo tomó por sorpresa toda vez que representa una violación al debido proceso ya que durante el análisis de las actas del proceso legal que se le siguió a su cliente no existen elementos de convicción que permitiesen establecer la culpabilidad de Chancellor en los cargos que se le imputan.
¿Irregularidades?
“Como experto del derecho yo tenía el convencimiento que el juez no tenía elementos para condenar a mi cliente, ya que la mayoría del expediente se sustentó en pruebas ilícitas e inconsistentes, las cuales no habían sido controladas por las partes y que vulneraban la Carta Magna, que establece que todas las pruebas obtenidas sin la garantía del debido proceso son nulas”, señaló.
Ante este panorama, Urdaneta reveló que las pruebas consignadas por el Ministerio Publico estaban basadas en el falso supuesto de que Carlos Chancellor fue la causa de los acontecimientos registrados en Sifontes, durante la protesta minera que le exigía a las autoridades de Crystallex la explotación minera artesanal en la mina, cuando la realidad fue el incumplimiento de los artículos 7 y 12 del convenio de explotación firmado por la empresa minera con las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana, que reconocía a los mineros de la zona la práctica de la minería artesanal.
Estos elementos, aunado a la decisión del juez de la causa en tomarse 10 días para la publicación de la sentencia, genera suspicacias entre los asesores jurídicos del burgomaestre, que en la actualidad evalúan la viabilidad de una posible apelación de la medida ante la Corte de Apelaciones del estado Bolívar.
Posibles escenarios
“Estamos evaluando cada uno de los posibles escenarios, con el fin de establecer la viabilidad de una apelación; sin embargo, para ello debemos aguardar la publicación de la sentencia por parte del juez de la causa, ya que pese a la decisión, hasta tanto no esté publicada la sentencia no es totalmente firme”, señaló.
Urdaneta destacó que de apelarse el burgomaestre podría continuar en el ejercicio de sus funciones como lo ha venido haciendo hasta ahora desde su lugar de reclusión, puesto que la sentencia no sería completamente firme; sin embargo, de no ejecutarse la medida, Chancellor podría salir en libertad en los próximos meses a través de una medida cautelar, tras el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta por el juez, elemento que afectaría su carrera política, ya que la pena accesoria impuesta por el juez lo inhabilita políticamente.
“Estamos en la actualidad ponderando cada uno de los escenarios posibles, ya que todos los elementos nos permiten inferir que la sentencia dictada a nuestro cliente representa una burla a la decisión popular de los habitantes de Sifontes que a través de sus votos eligieron a Chancellor como alcalde del municipio”, destacó.
Juicio político
Para el asesor jurídico del alcalde del municipio Sifontes, Sergio Urdaneta, la sentencia dictada contra Carlos Chancellor sólo busca brindarle un ropaje de legalidad a un proceso completamente viciado que únicamente busca la criminalización de la protesta.
Urdaneta reveló que estas acciones se evidencian en la aceptación por parte del juez de la causa de las pruebas consignadas por el Ministerio Público, las cuales no cumplían con el debido proceso.
“Los jueces en Venezuela y el Ministerio Público no pueden convertirse en instrumento de persecución política y pasarle por encima a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estaríamos en un Estado fallido, que no es capaz de garantizar la justicia”, puntualizó.
Alcalde Chancellor: Soy un preso político
El alcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, expresó que luego de la sentencia que lo condena a siete años de cárcel, su esfuerzo se concentrará en “demostrar la inocencia” y evidenciar que los cargos que se le atribuyen son “infundados”.
Chancellor expresó en conversación con Unión Radio que “mantenemos la fe, la fuerza, en pie de lucha, en función de demostrar en otras instancias la inocencia de las acusaciones que se nos formulan”. Sentenció que es un preso político.
Indicó que sus esfuerzos se radicarán en “encontrar receptividad ante esas instancias a las que vamos a recurrir para impedir la inhabilitación y demostrar que esas acusaciones son infundadas, que fueron interpuestas ante esos tribunales y admitidas de formas no transparentes, no claras, no ajustadas a la verdad”. (Unión Radio)
http://nuevaprensa.com.ve/content/view/32783/2/
Juzgado de Sustanciación del TSJ estudia antejuicio de mérito contra Capriles
09:57 PM Caracas.- Actualmente el Juzgado de Sustanciación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está considerando si la solicitud de antejuicio de mérito contra el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, tiene o no bases para su admisión.
Así lo informó está noche la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, durante una entrevista ofrecida en el canal de televisión oficial, Venezolana de Televisión (VTV).
Morales indicó que la Sala Plena del Tribunal Supremo recibió la solicitud de antejuicio de Mérito y de inmediato la derivó al Juzgado de Sustanciación para que sean ellos los que determinen si los argumentos de los solicitantes tienen bases sólidas.
En caso de que el juzgado considere que hay bases para el antejuicio, la Sala Plena ordenará el inicio del proceso judicial.
Morales se negó a pronunciarse en torno a si esta solicitud puede considerarse a o no como una retaliación política.
Dijo que no siempre la actuación de un contendor político sobre otro debe considerarse como un desquite, siempre que la denuncia tenga bases legales reales.
María De Lourdes Vásquez
EL UNIVERSAL
http://www.eluniversal.com/2009/12/03/pol_ava_juzgado-de-sustancia_03A3149331.shtml
Así lo informó está noche la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, durante una entrevista ofrecida en el canal de televisión oficial, Venezolana de Televisión (VTV).
Morales indicó que la Sala Plena del Tribunal Supremo recibió la solicitud de antejuicio de Mérito y de inmediato la derivó al Juzgado de Sustanciación para que sean ellos los que determinen si los argumentos de los solicitantes tienen bases sólidas.
En caso de que el juzgado considere que hay bases para el antejuicio, la Sala Plena ordenará el inicio del proceso judicial.
Morales se negó a pronunciarse en torno a si esta solicitud puede considerarse a o no como una retaliación política.
Dijo que no siempre la actuación de un contendor político sobre otro debe considerarse como un desquite, siempre que la denuncia tenga bases legales reales.
María De Lourdes Vásquez
EL UNIVERSAL
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