VGN
Globovisión/Asamblea Nacional
16/12/2011 4:29:34 p.m.
Este viernes, durante la sesión extraordinaria celebrada por la Cámara Legislativa, se sancionó la Ley Penal del Ambiente, instrumento que establece sanciones a efectos de enfrentar y poner fin a los delitos ambientales que se comenten dentro del territorio nacional.
A juicio del vicepresidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, diputado Manuel Briceño (PSUV/Mérida) la visión del Gobierno es que los venezolanos vivan en armonía con su medio ambiente y recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene como principio que el ser humano merece un medio ambiente adecuado para su pleno desarrollo.
Estructura legislativa
El articulado faculta a los organismos competentes para aplicar las multas y/o penas de prisión por los delitos de inmovilización de navíos; vertido de hidrocarburos; emisión de gases capaces de deteriorar la atmósfera; instalación de dispositivos contaminantes; violación de normativas para la protección de la capa de ozono; disposición indebida de desechos sólidos no peligrosos, manejo de los desechos peligrosos sin riesgo; importación de desechos peligrosos; manejo indebido de desechos peligrosos, manejo de instrumentos capaces de emitir radicaciones ionizantes; que generen epidemias o propaguen enfermedades en la flora y en la fauna transmisibles o no a los humanos, entre otros
Además, aprobaron el artículo que contiene la participación de los medios de comunicación social, los cuales deben informar oportuna, veraz y urgentemente sobre incendios forestales en cualquier parte del país. La empresa que incumpla dicha norma será sancionada con multas que van de cien a quinientas unidades tributarias.
La Ley de Reforma destina siete capítulos a la tipificación de los delitos contra el ambiente y donde destacan la administración ambiental; el territorio y las áreas ambientales protegidas; omisiones en las evaluaciones ambientales y planes de manejo; biodiversidad biológica; degradación, deterioro, alteración y demás acciones que puedan causar daños a las aguas, suelos, vegetación, flora, fauna, topografía, paisaje y que atenten contra la calidad ambiental.
Sanciones
Además, el texto legal establecen sanciones severas que van desde prisión hasta por diez (10) años; arresto hasta por nueve (9) meses; disolución de la persona jurídica; multas hasta por diez mil (10.000) unidades tributarias y desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción en zonas ambientales protegidas
A manera de ejemplo, el artículo 83 establece lo siguiente: “La persona natural o jurídica que contamine o envenene las aguas de uso público o los artículos destinados a la alimentación pública que ponga en peligro la salud de las personas será sancionada con prisión de 18 meses a 5 años o multa de 1.800 a 5.000 unidades tributarias".
Otro de los artículos indica: “La persona natural o jurídica que realice trabajos que puedan ocasionar daños, contaminación o alteración de aguas subterráneas o de las fuentes de aguas minerales será sancionada con prisión de 1 a 2 años o multa de 1.000 a 2.000 unidades tributarias”.
“La persona natural o jurídica que emita o permita escape de gases, agentes biológicos o bioquímicos o de cualquier otra naturaleza contaminante, en cantidades capaces de envenenar, deteriorar o contaminar la atmósfera o el aire en contravención de las normas técnicas que rigen la materia será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 600 a 2.000 unidades tributarias”.
En la Sección 6, De las Molestias Sónicas se establece lo siguiente: “Los propietarios de fuentes fijas o establecimientos que generen ruidos que por su intensidad, frecuencia o duración fueses capaces de causar daños o molestar a las personas, en contravención a las normas técnicas vigentes sobre la materia, serán sancionados con arresto de 3 a 6 meses o multa de 300 a 600 unidades tributaria.
http://globovision.com/news.php?nid=212334
viernes, 16 de diciembre de 2011
jueves, 15 de diciembre de 2011
Bibliografía Venezolana sobre el Proceso Penal
Actas policiales en el Proceso Penal, Autor: Ruiz, Wilmer de Jesús - Ruiz, Jesús Daniel, Año: 2012, Edición: Primera.
Sentencia judicial en la teoría general del Proceso, Con especial referencia al proceso civil venezolano, Autor: Martínez Riviello, Fernando, Año: 2011, Edición: Primera.
Teoría General del Proceso, Tomo I, Autor: Pesci Feltri Martínez, Mario, Editorial: Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Año: 2011, Edición: Tercera edición ampliada y actualizada.
Derecho Constitucional a la revisión de sentencias firmes, (Artículo 336, ordinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), Autor: Perretti de Parada, Magaly, Año: 2011, Edición: Primera.
Jurisprudencia y estadística de la Sala de Casación Civil 2005 al 2010, Autor: Sala de Casación Civil, No. 52. Año: 2011, Edición: Primera.
Práctica forense. Derecho Procesal Penal Venezolano, Formularios – Legislación y Jurisprudencia, Autor: Ruiz Blanco, Juan Eliézer, Año: 2011, Edición: Primera.
Derecho Procesal Penal Venezolano, Autor: Vásquez González, Magaly, Año: 2011, Edición: Cuarta.
Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay No. 276 /Mayo-Junio 2011, Autor: Ramírez & Garay, Año: 2011, Edición: Primera.
Sentencia judicial en la teoría general del Proceso, Con especial referencia al proceso civil venezolano, Autor: Martínez Riviello, Fernando, Año: 2011, Edición: Primera.
Teoría General del Proceso, Tomo I, Autor: Pesci Feltri Martínez, Mario, Editorial: Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Año: 2011, Edición: Tercera edición ampliada y actualizada.
Derecho Constitucional a la revisión de sentencias firmes, (Artículo 336, ordinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), Autor: Perretti de Parada, Magaly, Año: 2011, Edición: Primera.
Jurisprudencia y estadística de la Sala de Casación Civil 2005 al 2010, Autor: Sala de Casación Civil, No. 52. Año: 2011, Edición: Primera.
Práctica forense. Derecho Procesal Penal Venezolano, Formularios – Legislación y Jurisprudencia, Autor: Ruiz Blanco, Juan Eliézer, Año: 2011, Edición: Primera.
Derecho Procesal Penal Venezolano, Autor: Vásquez González, Magaly, Año: 2011, Edición: Cuarta.
Jurisprudencia Venezolana Ramírez & Garay No. 276 /Mayo-Junio 2011, Autor: Ramírez & Garay, Año: 2011, Edición: Primera.
Jurisprudencia que desaplica por control difuso los artículos 471-a y 472 del Código Penal
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad los artículos 471-a y 472 del Código Penal Venezolano, en aquellos casos en donde se observe un conflicto entre particulares devenido de la actividad agraria, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, resultando aplicable el procedimiento ordinario agrario establecido en el Capítulo VI del texto legal mencionado, y competente para conocer en estos supuestos los juzgados de primera instancia agraria”.
Para mayor información ver la Sentencia 1881 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 08 de diciembre de 2011, LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, Ponente, Exp. Nº 11-0829.
Para mayor información ver la Sentencia 1881 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 08 de diciembre de 2011, LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, Ponente, Exp. Nº 11-0829.
viernes, 18 de noviembre de 2011
Sentencia sobre honorarios profesionales de abogados
"... este Alto Tribunal ha establecido de manera reiterada que es nula por indeterminación objetiva la sentencia que declara que el abogado tiene derecho a cobrar honorarios, si no fija el monto de los mismos, por cuanto dicho derecho no puede ser genérico, ilimitado o indeterminado, sino por el contrario debe ser cierto y estar reflejado en la sentencia que resuelve la fase de conocimiento, a fin de que exista un parámetro para la posterior retasa, en caso de acogerse la parte intimada a tal derecho, o para la correcta ejecución del fallo si éste no es ejercido, o habiendo sido ejercido, es objeto de posterior renuncia por la no consignación del los honorarios de los retasadores."
Sentencia RC.000511 del 08/11/2011 de la SALA DE CASACIÓN CIVIL. Exp. 2011-000277, Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández.
Sentencia RC.000511 del 08/11/2011 de la SALA DE CASACIÓN CIVIL. Exp. 2011-000277, Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández.
martes, 8 de noviembre de 2011
CURSO: TÉCNICAS DE INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO
(CUPOS LIMITADOS - ÚNICAMENTE PARA 50 PARTICIPANTES)
SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2011
LUGAR: Av. Principal de la Castellana, CENTRO LETONIA, PISO 5, SALÓN BETA.
HORARIO: 8:30 AM – 1:30 PM
ORGANIZA Y ACREDITA: ALIANZA JURÍDICA con el apoyo del CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA - CHILE), en el marco de las réplicas locales del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores parala Reforma Procesal Penal.
TEMARIO:
- EL DISEÑO DE LA TEORÍA DEL CASO PARA LA ESTRUCTURA DE LOS ALEGATOS
- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO
- CÓMO DISEÑAR LAS PREGUNTAS SEGÚN LA TEORÍA DEL CASO
- EL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO A TESTIGOS, PERITOS Y/O EXPERTOS.
- ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON MESAS DE TRABAJO Y PROYECCIÓN DE VIDEOS.
EXPOSITORA: DRA. NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES – EGRESADA DEL PROGRAMA INTERAMERICANO DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA – CHILE) CON CURSO AVANZADO EN DESTREZAS DE LITIGACIÓN. AUTORA DEL LIBRO: TÉCNICAS DE LITIGACIÓN PARA JUECES, FISCALES Y DEFENSORES (2DA EDICIÓN - EDITORIAL VADELL), ENTRE OTRAS PUBLICACIONES.
INSCRIPCIONES: Valor de la inversión Bs.F. 300,00 por persona.
(DIRIGIDO A TODO PÚBLICO PROFESIONAL Y ESTUDIANTES DE DERECHO)
Depósitos o Transferencias en la Cuenta Corriente Banco BANESCO N° 0134-1010-19-0001000605 a nombre de ALIANZA JURIDICA, RIF. V.15178406-9. Una vez efectuado el pago, enviar los datos de la Inscripción al email: LITIGACIONVENEZUELA@GMAIL.COM, indicando el nombre del participante, número de cédula, número de voucher o transferencia, teléfonos de contacto y correo electrónico, a los fines de asignarle el NÚMERO de asiento. Cualquier información adicional o para inscripciones, por los teléfonos 0212-319.78.49 /0412.363.36.28 / 0424.147.81.37.
INCLUYE: - Certificado de Participación. - Reservación de asientos numerados. - Material de Apoyo - Refrigerios.
SE LES AGRADECE A TOD@S QUE IGUALMENTE PUEDAN POR FAVOR REENVIAR LA INFORMACIÓN A OTROS PROFESIONALES (ABOGADOS, JUECES, FISCALES O DEFENSORES) Y/O ESTUDIANTES DE DERECHO, YA QUE LOS CUPOS SON LIMITADOS¡¡¡
ALIANZA JURÍDICA, N.C.G.C.
Caracas, Venezuela
Número de RIF. V.15178406-9
contactos:
0212/319.78.49
0412/363.36.28
0424/147.81.37
Organización de Cursos, Seminarios, Congresos, Talleres, Jornadas y, en general, actividades académicas dirigidas a desarrollar las Técnicas de Litigación en todas las áreas Jurídicas, así como otros temas actuales y relevantes del Derecho.
Abogada. Nancy C. Granadillo C.
contacto:
0412.363.36.28
0424.147.81.37
0212.319.18.49
email: ngranadillo@gmail.com
Caracas, Venezuela.
SABADO 03 DE DICIEMBRE DE 2011
LUGAR: Av. Principal de la Castellana, CENTRO LETONIA, PISO 5, SALÓN BETA.
HORARIO: 8:30 AM – 1:30 PM
ORGANIZA Y ACREDITA: ALIANZA JURÍDICA con el apoyo del CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA - CHILE), en el marco de las réplicas locales del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores parala Reforma Procesal Penal.
TEMARIO:
- EL DISEÑO DE LA TEORÍA DEL CASO PARA LA ESTRUCTURA DE LOS ALEGATOS
- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO
- CÓMO DISEÑAR LAS PREGUNTAS SEGÚN LA TEORÍA DEL CASO
- EL INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO A TESTIGOS, PERITOS Y/O EXPERTOS.
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EXPOSITORA: DRA. NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES – EGRESADA DEL PROGRAMA INTERAMERICANO DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS (CEJA – CHILE) CON CURSO AVANZADO EN DESTREZAS DE LITIGACIÓN. AUTORA DEL LIBRO: TÉCNICAS DE LITIGACIÓN PARA JUECES, FISCALES Y DEFENSORES (2DA EDICIÓN - EDITORIAL VADELL), ENTRE OTRAS PUBLICACIONES.
INSCRIPCIONES: Valor de la inversión Bs.F. 300,00 por persona.
(DIRIGIDO A TODO PÚBLICO PROFESIONAL Y ESTUDIANTES DE DERECHO)
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INCLUYE: - Certificado de Participación. - Reservación de asientos numerados. - Material de Apoyo - Refrigerios.
SE LES AGRADECE A TOD@S QUE IGUALMENTE PUEDAN POR FAVOR REENVIAR LA INFORMACIÓN A OTROS PROFESIONALES (ABOGADOS, JUECES, FISCALES O DEFENSORES) Y/O ESTUDIANTES DE DERECHO, YA QUE LOS CUPOS SON LIMITADOS¡¡¡
ALIANZA JURÍDICA, N.C.G.C.
Caracas, Venezuela
Número de RIF. V.15178406-9
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Abogada. Nancy C. Granadillo C.
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Caracas, Venezuela.
III CURSO PREVENCION CONTRA LA LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Lugar del evento: COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS, AV. PAEZ EL PARAISO
Fecha del evento: DEL 20 de OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011
• III CURSO PREVENCION CONTRA LA LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
DEL 20 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
• Abogados y estudiantes de derecho.
REQUISITOS:
• ABOGADOS INSCRITOS EN EL CAC DEBEN ESTAR SOLVENTES.
• TRAER SINTESIS CURRICULAR CON FOTO ESCANEADA SIN ANEXOS, Y COPIA DEL CARNET DEL COLEGIO.
• ESTUDIANTES: SINTESIS CURRICULAR CON FOTO ESCANEADA SIN ANEXOS Y COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CARNET ESTUDIANTIL
Días jueves de 4.30 a 6.30 p.m. 12 horas academicas. Presencial. En la sede del Paraíso.
• Bs. 300, 00 Abogados solventes con el CAC. No Solventes 450,00 Bs.
• Mayor informacion telf 0426.1073717.
• Depositos en efectivo en Banesco, Cuenta Corriente N° 0134-0072-57-0723035198, a nombre del “Colegio de Abogados de Caracas”.
• Puede pagar con tarjeta de debito o credito en las oficinas del Colegio de Abogados.
• FACILITADOR DR. BAYARDO RAMIREZ MONAGAS
• INSCRIPCIONES SOLO EL VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 8.30 A 12.30 P.M.
PROGRAMA:
• CONVENIOS SUPRAGUBERNAMENTALES DE LAS NACIONES UNIDAS
• COMPROMISOS INTERNACIONALES.
• CONCEPTO DE SOBERANIA COMPARTIDA JUS COGENS
• LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO NORMA PENAL
• DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES
• RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA
• DELITO DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Fecha del evento: DEL 20 de OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2011
• III CURSO PREVENCION CONTRA LA LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
DEL 20 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
• Abogados y estudiantes de derecho.
REQUISITOS:
• ABOGADOS INSCRITOS EN EL CAC DEBEN ESTAR SOLVENTES.
• TRAER SINTESIS CURRICULAR CON FOTO ESCANEADA SIN ANEXOS, Y COPIA DEL CARNET DEL COLEGIO.
• ESTUDIANTES: SINTESIS CURRICULAR CON FOTO ESCANEADA SIN ANEXOS Y COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CARNET ESTUDIANTIL
Días jueves de 4.30 a 6.30 p.m. 12 horas academicas. Presencial. En la sede del Paraíso.
• Bs. 300, 00 Abogados solventes con el CAC. No Solventes 450,00 Bs.
• Mayor informacion telf 0426.1073717.
• Depositos en efectivo en Banesco, Cuenta Corriente N° 0134-0072-57-0723035198, a nombre del “Colegio de Abogados de Caracas”.
• Puede pagar con tarjeta de debito o credito en las oficinas del Colegio de Abogados.
• FACILITADOR DR. BAYARDO RAMIREZ MONAGAS
• INSCRIPCIONES SOLO EL VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 8.30 A 12.30 P.M.
PROGRAMA:
• CONVENIOS SUPRAGUBERNAMENTALES DE LAS NACIONES UNIDAS
• COMPROMISOS INTERNACIONALES.
• CONCEPTO DE SOBERANIA COMPARTIDA JUS COGENS
• LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO NORMA PENAL
• DELITO DE LEGITIMACION DE CAPITALES
• RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA
• DELITO DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Bibliografía sobre el Proceso Penal Venezolano
La Prueba en el proceso penal acusatorio, Autor: Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo
Año: 2011, Edición: Tercera.
Estudios de Derecho Procesal Penal, Autor: Pereira Meléndez, Leonardo, Año: 2011, Edición: Primera.
Práctica forense. Derecho Procesal Penal venezolano, Formularios – Legislación y Jurisprudencia, Autor: Ruiz Blanco, Juan Eliézer, Año: 2011, Edición: Primera.
Derecho Penal Económico. Una aproximación. Autor: Rodríguez Morales, Alejandro J
Año: 2011, Edición: Primera.
Derecho Procesal Penal Venezolano, Autor: Vásquez González, Magaly, Año: 2011, Edición: Cuarta.
Año: 2011, Edición: Tercera.
Estudios de Derecho Procesal Penal, Autor: Pereira Meléndez, Leonardo, Año: 2011, Edición: Primera.
Práctica forense. Derecho Procesal Penal venezolano, Formularios – Legislación y Jurisprudencia, Autor: Ruiz Blanco, Juan Eliézer, Año: 2011, Edición: Primera.
Derecho Penal Económico. Una aproximación. Autor: Rodríguez Morales, Alejandro J
Año: 2011, Edición: Primera.
Derecho Procesal Penal Venezolano, Autor: Vásquez González, Magaly, Año: 2011, Edición: Cuarta.
domingo, 30 de octubre de 2011
Sentencia sobre Legítima Defensa. art. 65.3 del CP
El presente juicio se inició el 3 de febrero de 1993 mediante transcripción de novedad suscrita por el secretario de la Seccional de Güiria del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en la cual dejó constancia que recibió información por parte del Sargento Segundo ÁNGEL RODRÍGUEZ, adscrito al Comando de la Guardia Nacional de Irapa, que en ese despacho se presentó el ciudadano IRRAEL MENESES quien le manifestó haberle causado la muerte al ciudadano FEDERICO VÁSQUEZ con una escopeta y su cadáver se encontraba en la finca Los Caratales del caserío Juan Pedro del Estado Sucre. El ciudadano médico patólogo forense GABRIEL DÁVILA MONTERO suscribió el protocolo de autopsia en el cual concluyó:
“Se aprecian diez (10) heridas por arma de fuego, en el área superior de la cara anterior del hemitórax izquierdo por encima de la tetilla del mismo lado, de forma redondeada, de bordes netos (…). observándose un orificio de salida en el hemitórax izquierdo, por dentro del borde interno del omóplato (sic) a la altura del 4° E.I.I, de forma redondeada de bordes definidos (…) La muerte de (…) RAMON FEDERICO VASQUEZ LOPEZ fue producida por Anemia aguda debida a hemotórax y hemopericardio por heridas por arma de fuego…”.
El 21 de mayo de 1993 el ciudadano abogado GUILLERMO POMENTA GARCÍA formuló cargos contra el ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN, por la comisión del delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 408 (ordinal 2°) del Código Penal.
La Fiscal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre el 16 de junio de 1993 formuló cargos al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem.
El extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, de Hacienda y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a cargo del ciudadano juez abogado JESÚS SALVADOR RODRÍGUEZ ROMERO, el 26 de enero de 1995 CONDENÓ al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN a cumplir la pena de DOCE AÑOS y ONCE DÍAS DE PRESIDIO por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ LÓPEZ y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem.
El Juzgado Superior en lo Penal y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a cargo del ciudadano abogado EDGAR FUENMAYOR DE LA TORRE, el 6 de abril de 1995 ABSOLVIÓ al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público, así como por la parte acusadora y decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA respecto al delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal Accidental mediante sentencia dictada el 18 de julio de 2001 con ponencia del Magistrado Doctor JULIO ELÍAS MAYAUDÓN y con el voto salvado de la Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN anuló el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Penal y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre y ordenó la remisión de las actuaciones a una Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas a fin de dictar una nueva sentencia con prescindencia de los vicios que motivó la nulidad del fallo.
El 27 de julio de 2004 la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo de los ciudadanos abogados TERESA JIMÉNEZ GIULIANI (ponente), JEAN MARSHALL BALZA y NERIO JOSÉ MARTÍNEZ (disidente) CONDENÓ al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN a cumplir la pena de DOCE AÑOS DE PRESIDIO por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ LÓPEZ y DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem.
El 24 de agosto de 2004 la ciudadana abogada DALIA MEDINA DE VILLASMIL, Defensora Pública Décima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas, interpuso recurso de casación contra el fallo de la Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas.
El 7 de septiembre de 2004 la ciudadana abogada KATHERINE HARINGHTON, Fiscal Primera (encargada) del Ministerio Público ante los Tribunales de Reenvío en lo Penal contestó el recurso de casación.
El 17 de septiembre de 2004 se remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El 21 de junio de 2005 se constituyó la Sala Penal Accidental y se designó ponente al Magistrado Suplente Doctor FERNANDO GÓMEZ.
El 21 de junio de 2005 la Sala Penal Accidental DECLARÓ INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por la Defensa e INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública Décima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El 15 de diciembre de 2005 la Sala Constitucional DECLARÓ HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO de la sentencia dictada por la Sala Penal Accidental el 21 de junio de 2005, DECLARÓ LA NULIDAD de la sentencia revisada y ORDENÓ emitir nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina expresada en el fallo.
El 27 de octubre de 2006, se constituyó la Sala Penal Accidental y se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES
El 14 de noviembre de 2006, la Sala DECLARO ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensa del acusado.
El 7 de diciembre de 2006, se celebró la audiencia pública y las partes expresaron sus alegatos.
Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:
I
SOLICITUD DE NULIDAD
En fecha 13 de octubre de 2004 y 3 de noviembre de 2004, el ciudadano abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO actuando en representación del acusado consignó ante la Secretaría de la Sala Penal escritos en los cuales solicitó la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo preceptuado en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal y en virtud que la referida Corte de Apelaciones incumplió lo previsto en el artículo 175 eiusdem. En su solicitud adujo lo siguiente:
“… siendo una sentencia ha debido la instancia judicial aludida convocar a las partes para la celebración de una audiencia oral en la cual los participantes pudieran alegar lo que creyeren les beneficiara; pero además al concluir el acto del tribunal quedarían notificados del pronunciamiento judicial (…) la falta de convocatoria de las partes a una audiencia oral y la no realización de la misma, produjo una grave indefensión del procesado por cuanto, éste, no pudo plantear defensas que fueran oídas y tomadas en cuanto por ese órgano de justicia…”.
Ahora bien: las solicitudes referidas a la declaratoria de nulidad de un acto procesal están sometidas a lapsos preclusivos sólo en aquellos casos que el acto afectado de nulidad pudiese ser convalidado y las solicitudes relativas a una nulidad no convalidable, como la alegada por el solicitante, en principio, pueden ser planteadas en cualquier oportunidad, por ser denunciables en cualquier estado y grado del proceso y en virtud de la gravedad, así como la trascendencia del defecto que vicia el acto.
Sin embargo, las partes no pueden pretender impugnar un fallo a través de una solicitud de nulidad, cuando éste es objeto de los recursos de apelación o de casación, según la instancia en que se encuentre el proceso penal. Así lo ha sostenido la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 201, de fecha 19 de febrero de 2004, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en la que destacó:
“… a pesar de la no sujeción de la solicitud de nulidad absoluta de un acto a lapsos preclusivos, la naturaleza de la institución jurídica bajo examen exige que tal pedimento se formule con anterioridad al pronunciamiento de la decisión definitiva por parte del órgano jurisdiccional, en la instancia que esté en curso. Lo anterior implica que una vez dictado el fallo definitivo, pretender lograr la nulidad de una acto procesal previo al mismo supondría subvertir el orden procesal y, por tanto, conculcar el derecho al debido proceso; en supuestos como el planteado será menester atacar la sentencia, propiamente, pero la solicitud de nulidad que se presente con tal fin es improcedente, por cuanto la parte agraviada deberá acudir al medio recursivo correspondiente” (subrayado y negrillas de la Sala).
En el presente caso, el solicitante requirió la nulidad de la sentencia con fundamento en uno de los supuestos de nulidad absoluta que contempla el texto adjetivo penal, el cual no advirtió previamente a la resolución judicial dictada por la Corte de Apelaciones. Adicionalmente, dicha solicitud fue planteada habiendo precluído el lapso para la interposición del recurso de casación, que ejerció oportunamente la anterior Defensa del acusado como mecanismo de impugnación de la sentencia y que fue admitido en fecha 14 de noviembre de 2006. En tal sentido, la Sala Penal declara improcedente la solicitud de nulidad alegada por el ciudadano abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO.
II
RECURSO DE CASACIÓN
La Defensa con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal interpuso recurso de casación y adujo la falta de aplicación del ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal en la sentencia dictada por la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Al respecto indicó:
“la conducta asumida por el acusado de autos no es punible, en virtud de que está amparado por la eximente de Responsabilidad Penal de la Legitima (sic) Defensa, no comparto la opinión mayoritaria de los Magistrados (…) al desechar la Excepción de hecho (…) pues las pruebas que cursan en autos no evidencian que tal excepción de hecho sea falsa o inverosímil, de la confesión calificada del acusado de autos se desprende una causa de Justificación (…) Quedó comprobado en autos la agresión ilegítima (…) próximo al cadáver se encontró un arma blanca (un Machete) con una longitud de 70 centímetros (…) se vio en la imperiosa necesidad de repelerla utilizando el único medio que disponía a su alcance como era su bácula que sacó de su camioneta cuando el hoy occiso se le venía encima con el machete…”.
La Sala, para decidir, observa:
La Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el fallo dictado el 27 de julio de 2004, señaló:
“El acusado ANDRES IRRAEL MENESES FERMIN, expresa que en horas de la mañana, se dirigía a su hacienda de cocos, y en la intersección de la entrada, se encontró con el señor RAMON FEDERICO VASQUEZ, que éste al verlo, comenzó a insultarlo, por lo que se bajó de la camioneta donde se desplazaba, manifestándole al citado RAMON VASQUEZ, que hablaran de buena manera, pero éste tenía un machete y se encontraba muy exaltado, y fue cuando se le vino encima con intenciones de agredirlo, que comenzó a retroceder y a decirle que botara el machete, pero como su atacante alzó el machete contra su persona, corrió a su camioneta y sacó una “bácula” que siempre cargaba por cuestiones de trabajo, y en vista de un ataque inminente, le disparó al hoy occiso por el brazo donde tenía el machete, no con la intención de matarlo, sino de desarmarlo (…) de la exposición hecha, por el testigo MELECIO LEIBA, se desprenden importantes interrogantes, tales como, ¿Porqué (sic) el acusado IRRAEL MENESES, luego de que abordara en su vehículo a los ciudadanos MELECIO LEIBA y TOMAS QUINTIN MARTINEZ FARIAS, y luego de recorrido un trayecto importante, se devolvió y los dejó en el sitio, donde los había embarcado?, y si confrontamos esta declaración con lo expuesto por el testigo JESÚS RAMON GARCIA ROMERO, quien afirma, que era su costumbre ir diariamente, en compañía del hoy occiso (…) pero el día que ocurrieron los hechos no se fueron juntos (…) es posible que el acusado (…) tuviese conocimiento o haya visto, que la víctima (…) se desplazaba solo por el sitio donde ocurrió el hecho (…) los testigos TOMAS QUINTIN MARTINEZ FARIAS y LUISA ELEUTERIA LOPEZ ROMERO, estos niegan en todo momento que el día que ocurrieron los hechos (…) se hayan encontrado a bordo de la camioneta propiedad del acusado (…) tal y como lo señalara el testigo MELECIO LEIBA (…) efectuada ya la labor de análisis y confrontación, entre lo expuesto por el testigo MELECIO LEIBA, y los declarantes TOMAS QUINTIN MARTINEZ, LUISA ELEUTERIA LOPEZ y el propio acusado (…) se llega a la conclusión de que éste falsea su testimonio (…) el ciudadano CECILIO GARCIA (…) es el único que se encontraba más próximo al lugar (…) pudo escuchar las palabras que profieron los protagonistas (…) escuchó que IRRAEL le decía a “Cherico” bota el machete y el otro le decía tirame”, y a los pocos segundos sintió un disparo (…) el acusado ANDRES MENESES se encontraba a una distancia mayor de su objetivo, cuando accionó el arma (…) ya que no resulta posible creer, que el acusado haya tenido tiempo de dirigirse a su camioneta, considerando que el hoy occiso (…) se encontraba como ya se dijo, iracundo y con un machete…”.
El Juez disidente en su voto salvado, indicó:
“…siendo la excepción de hecho una cuestión objetiva (agresión con un machete), no se puede rebatir con tan solo argumentos de índole subjetivos, bajo la hipótesis de que eso debió ocurrir de tal o cual manera, en donde jugó un papel importante la conjetura, con menoscabo de la obligación que se tenía de compararla con todas las demás pruebas existentes en autos, especialmente la declaración del testigo presencial (de oídas) CECILIO GARCÍA (…) las pruebas que cursan en el expediente no evidencian que la misma (excepción de hecho) sea falsa o inverosímil, y, en caso de que existiese dudas al respecto, debió prevalecer el principio in dubio pro reo…”.
El ciudadano acusado ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN declaró durante el proceso y afirmó haberle dado muerte a la víctima RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ. Tal afirmación debe considerarse como una confesión calificada pues contiene una excepción de hecho en los términos siguientes:
“… yo iba hacia mi hacienda de cocos y en la intersección de la entrada a mi hacienda nos encontramos, el señor Ramón Federico Vásquez y yo, que él iba para su hacienda en el lado opuesto a mi derecha en la carretera, cuando él me ve, comienza con palabras obscenas y gritándome: “ Irrael Meneses, esa dinastía de los poderosos de Soro, de apoderarse de las cosas, se va a acabar porque yo se las voy a quitar”, entonces yo estaciono la camioneta en la entrada del camino que conduce a la entrada hacia la hacienda mia (sic) y me bajo y le digo que deje esas ofensas y vamos a hablar buenamente, pero él tenía un machete en la mano, exaltado, con mucha furia me dijo que él no iba a hablar nada conmigo (…) al mismo tiempo se me venía encima con el machete diciéndome palabras obscenas y yo comencé a retroceder; en vista de que el hombre se me venía encima con el machete con intenciones de agredirme, comencé a retroceder y a decirle que botara el machete y se lo repetí varias veces mientras retrocedía y en eso se me vino encima con el machete alzado hacia mi persona y tuve que correr hacia la camioneta y le seguía gritando que botara el machete (…) en vista de que lo tenía encima fue que abrí rapidamente (sic) el carro y saqué la bácula que siempre cargo por asuntos de trabajo para amedrentarlo y ver si desistía de sus intenciones de agredirme, pero de ninguna manera botó el machete sino que se me vino encima, en vista de esta situación, le disparé al brazo donde tenía el machete tratando de desarmarlo, en ningún momento le disparé tratando de matarlo porque esa no era mi intención, yo le disparé porque ya lo tenía casi encima y con los mismos nervios no sabía que hacer cuando lo vi (sic) tirado en el suelo y me subí en el carro y me vine a presentar a la Guardia de Irapa…”.
Ahora bien: la Sala considera que el ciudadano acusado ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN MIGUEL actuó según lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal, según se advierte en tal declaración puesto que plenamente demuestra que dicho ciudadano procedió en legítima defensa.
El ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal expresa:
“Artículo 65. No es punible: (...)
3º.- El que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a. Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho.
b. Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla.
c. Falta de provocación, suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia...”.
En la actuación ejecutada por el ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN cuando repelió la inminente agresión de la víctima RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ se advierte que salvaguardó el bien más preciado, su vida, ante el ataque con un arma blanca (machete) que portaba el occiso. Es obvio que existió proporcionalidad entre el bien jurídico sacrificado (la vida del occiso) y el bien jurídico salvaguardado (la vida del acusado) dado que el agresor utilizó un instrumento capaz de causar lesiones graves o la muerte, constituyendo el arma (la escopeta) el único medio capaz de repeler tal ataque.
Es evidente que tampoco hubo provocación de parte del acusado que desencadenara la actitud violenta y agresiva de la víctima. Por el contrario, insistió en persuadirla para que desistiera de la intención de agredirlo y esta circunstancia fue corroborada por el único testigo presencial de los hechos (de oídas) ciudadano CECILIO GARCÍA, quien manifestó lo siguiente:
“… cuando iba pasando escuché la discusión (…) uno le decía al otro bota el machete, y el otro decía tírame eso fue lo que escuché (…) Era Cherico y (sic) Israel MENESES, yo les reconocí la voz (…) le decía Cherico suelta el machete…”.
Así mismo, constan en las actuaciones otros elementos de prueba que refuerzan la confesión calificada del acusado constituidas por las declaraciones de los ciudadanos TOMÁS QUINTÍN MARTÍNEZ y LUISA ELEUTERIA LÓPEZ, quienes a pesar de no tener conocimiento de los hechos, fueron contestes en indicar que el día en que se produjo la muerte de la víctima no se encontraban en compañía del acusado y que en oposición a lo señalado por la Corte de Apelaciones en su fallo, desvirtúan la declaración del ciudadano MELECIO LEIBA quien indicó haber estado momentos antes del hecho con el acusado a bordo de su camioneta.
Tal declaración, a pesar que no arroja circunstancia que desvirtúe la excepción de hecho contenida en la declaración del acusado, como dispone el último aparte del artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal, generó interrogantes en la mente de los juzgadores que fueron plasmados en la motivación del fallo condenatorio. Así, la mayoría de los integrantes de la Corte de Apelaciones desviaron su labor de análisis y valoración de cada una las pruebas conforme a las reglas de valoración previstas en el sistema inquisitivo hoy derogado, aplicable en el presente caso y amparándose en un razonamiento subjetivo que no tiene cabida, incluso, en nuestro actual sistema acusatorio penal.
Por otra parte, cursa en las actuaciones acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la seccional de Güiria del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (folio 5 y vto. de la pieza 1) así como informe médico y protocolo de autopsia (folio 125 al 131 de la pieza 1) donde se indican las características de las heridas que presentó la víctima y las evidencias colectadas tanto en la humanidad del occiso como en el sitio del suceso.
Estas evidencias, contrariamente a lo señalado por el Tribunal de Alzada en la sentencia (folio 78 de la pieza 5) corroboran lo expresado por el acusado que el disparo fue producido aproximadamente a una distancia de dos metros y medio (incluso menor) ello en razón del diámetro de los orificios de entrada de los perdigones, la característica de estar agrupados en una zona localizada pequeña y la circunstancia de haber penetrado el taco del cartucho para proyectil múltiple de la escopeta, en el tejido orgánico del occiso.
La Sala Penal ha establecido con reiteración lo siguiente:
“... Los jueces penales deben recordar que el Derecho Penal es la máxima fuente de libertad, ya que al reprimir a quienes delinquen crea libertad para el sector que no delinque. Y esa noble ciencia rechaza la conducta de quienes agreden de manera ilegítima a otros, e instituye en éstos el derecho natural de actuar en defensa propia y de matar al atacante si fuere necesario...”. (Sentencia N° 862, de fecha 20 de junio de 2000, ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS).
Por las consideraciones expuestas lo procedente y ajustado a Derecho es declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la Defensa del acusado y en consecuencia ABSUELVE al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem, así como de los cargos formulados por la parte acusadora, por la comisión del delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 408 (ordinal 2°) del Código Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal Accidental, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:
1) DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad alegada por el ciudadano abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO.
2) DECLARA CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada DALIA MEDINA DE VILLASMIL, Defensora Pública Décima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra el fallo dictado por la Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de julio de 2004.
3) ABSUELVE al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem, así como de los cargos formulados por la parte acusadora, por la comisión del delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 408 (ordinal 2°) del Código Penal.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los siete días del mes de diciembre de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147º de la Federación.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
La Magistrada Presidenta,
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Magistrada Vicepresidenta,
MARIANELA SELESTE CANGA GARCÍA
Magistrado Suplente,
RAFAEL PERÉZ MOOCHETT
Los Conjueces,
CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO
ARGENIS RIERA ENCINOZA
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Exp. 06-043
“Se aprecian diez (10) heridas por arma de fuego, en el área superior de la cara anterior del hemitórax izquierdo por encima de la tetilla del mismo lado, de forma redondeada, de bordes netos (…). observándose un orificio de salida en el hemitórax izquierdo, por dentro del borde interno del omóplato (sic) a la altura del 4° E.I.I, de forma redondeada de bordes definidos (…) La muerte de (…) RAMON FEDERICO VASQUEZ LOPEZ fue producida por Anemia aguda debida a hemotórax y hemopericardio por heridas por arma de fuego…”.
El 21 de mayo de 1993 el ciudadano abogado GUILLERMO POMENTA GARCÍA formuló cargos contra el ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN, por la comisión del delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 408 (ordinal 2°) del Código Penal.
La Fiscal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre el 16 de junio de 1993 formuló cargos al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem.
El extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, de Hacienda y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a cargo del ciudadano juez abogado JESÚS SALVADOR RODRÍGUEZ ROMERO, el 26 de enero de 1995 CONDENÓ al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN a cumplir la pena de DOCE AÑOS y ONCE DÍAS DE PRESIDIO por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ LÓPEZ y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem.
El Juzgado Superior en lo Penal y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, a cargo del ciudadano abogado EDGAR FUENMAYOR DE LA TORRE, el 6 de abril de 1995 ABSOLVIÓ al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público, así como por la parte acusadora y decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA respecto al delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal Accidental mediante sentencia dictada el 18 de julio de 2001 con ponencia del Magistrado Doctor JULIO ELÍAS MAYAUDÓN y con el voto salvado de la Magistrada Doctora BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN anuló el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Penal y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre y ordenó la remisión de las actuaciones a una Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas a fin de dictar una nueva sentencia con prescindencia de los vicios que motivó la nulidad del fallo.
El 27 de julio de 2004 la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo de los ciudadanos abogados TERESA JIMÉNEZ GIULIANI (ponente), JEAN MARSHALL BALZA y NERIO JOSÉ MARTÍNEZ (disidente) CONDENÓ al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN a cumplir la pena de DOCE AÑOS DE PRESIDIO por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ LÓPEZ y DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem.
El 24 de agosto de 2004 la ciudadana abogada DALIA MEDINA DE VILLASMIL, Defensora Pública Décima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas, interpuso recurso de casación contra el fallo de la Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas.
El 7 de septiembre de 2004 la ciudadana abogada KATHERINE HARINGHTON, Fiscal Primera (encargada) del Ministerio Público ante los Tribunales de Reenvío en lo Penal contestó el recurso de casación.
El 17 de septiembre de 2004 se remitió el expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El 21 de junio de 2005 se constituyó la Sala Penal Accidental y se designó ponente al Magistrado Suplente Doctor FERNANDO GÓMEZ.
El 21 de junio de 2005 la Sala Penal Accidental DECLARÓ INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por la Defensa e INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública Décima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El 15 de diciembre de 2005 la Sala Constitucional DECLARÓ HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO de la sentencia dictada por la Sala Penal Accidental el 21 de junio de 2005, DECLARÓ LA NULIDAD de la sentencia revisada y ORDENÓ emitir nuevo pronunciamiento conforme a la doctrina expresada en el fallo.
El 27 de octubre de 2006, se constituyó la Sala Penal Accidental y se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES
El 14 de noviembre de 2006, la Sala DECLARO ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensa del acusado.
El 7 de diciembre de 2006, se celebró la audiencia pública y las partes expresaron sus alegatos.
Se cumplieron los trámites procedimentales y la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:
I
SOLICITUD DE NULIDAD
En fecha 13 de octubre de 2004 y 3 de noviembre de 2004, el ciudadano abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO actuando en representación del acusado consignó ante la Secretaría de la Sala Penal escritos en los cuales solicitó la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo preceptuado en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal y en virtud que la referida Corte de Apelaciones incumplió lo previsto en el artículo 175 eiusdem. En su solicitud adujo lo siguiente:
“… siendo una sentencia ha debido la instancia judicial aludida convocar a las partes para la celebración de una audiencia oral en la cual los participantes pudieran alegar lo que creyeren les beneficiara; pero además al concluir el acto del tribunal quedarían notificados del pronunciamiento judicial (…) la falta de convocatoria de las partes a una audiencia oral y la no realización de la misma, produjo una grave indefensión del procesado por cuanto, éste, no pudo plantear defensas que fueran oídas y tomadas en cuanto por ese órgano de justicia…”.
Ahora bien: las solicitudes referidas a la declaratoria de nulidad de un acto procesal están sometidas a lapsos preclusivos sólo en aquellos casos que el acto afectado de nulidad pudiese ser convalidado y las solicitudes relativas a una nulidad no convalidable, como la alegada por el solicitante, en principio, pueden ser planteadas en cualquier oportunidad, por ser denunciables en cualquier estado y grado del proceso y en virtud de la gravedad, así como la trascendencia del defecto que vicia el acto.
Sin embargo, las partes no pueden pretender impugnar un fallo a través de una solicitud de nulidad, cuando éste es objeto de los recursos de apelación o de casación, según la instancia en que se encuentre el proceso penal. Así lo ha sostenido la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 201, de fecha 19 de febrero de 2004, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en la que destacó:
“… a pesar de la no sujeción de la solicitud de nulidad absoluta de un acto a lapsos preclusivos, la naturaleza de la institución jurídica bajo examen exige que tal pedimento se formule con anterioridad al pronunciamiento de la decisión definitiva por parte del órgano jurisdiccional, en la instancia que esté en curso. Lo anterior implica que una vez dictado el fallo definitivo, pretender lograr la nulidad de una acto procesal previo al mismo supondría subvertir el orden procesal y, por tanto, conculcar el derecho al debido proceso; en supuestos como el planteado será menester atacar la sentencia, propiamente, pero la solicitud de nulidad que se presente con tal fin es improcedente, por cuanto la parte agraviada deberá acudir al medio recursivo correspondiente” (subrayado y negrillas de la Sala).
En el presente caso, el solicitante requirió la nulidad de la sentencia con fundamento en uno de los supuestos de nulidad absoluta que contempla el texto adjetivo penal, el cual no advirtió previamente a la resolución judicial dictada por la Corte de Apelaciones. Adicionalmente, dicha solicitud fue planteada habiendo precluído el lapso para la interposición del recurso de casación, que ejerció oportunamente la anterior Defensa del acusado como mecanismo de impugnación de la sentencia y que fue admitido en fecha 14 de noviembre de 2006. En tal sentido, la Sala Penal declara improcedente la solicitud de nulidad alegada por el ciudadano abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO.
II
RECURSO DE CASACIÓN
La Defensa con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal interpuso recurso de casación y adujo la falta de aplicación del ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal en la sentencia dictada por la Sala Accidental Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Al respecto indicó:
“la conducta asumida por el acusado de autos no es punible, en virtud de que está amparado por la eximente de Responsabilidad Penal de la Legitima (sic) Defensa, no comparto la opinión mayoritaria de los Magistrados (…) al desechar la Excepción de hecho (…) pues las pruebas que cursan en autos no evidencian que tal excepción de hecho sea falsa o inverosímil, de la confesión calificada del acusado de autos se desprende una causa de Justificación (…) Quedó comprobado en autos la agresión ilegítima (…) próximo al cadáver se encontró un arma blanca (un Machete) con una longitud de 70 centímetros (…) se vio en la imperiosa necesidad de repelerla utilizando el único medio que disponía a su alcance como era su bácula que sacó de su camioneta cuando el hoy occiso se le venía encima con el machete…”.
La Sala, para decidir, observa:
La Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el fallo dictado el 27 de julio de 2004, señaló:
“El acusado ANDRES IRRAEL MENESES FERMIN, expresa que en horas de la mañana, se dirigía a su hacienda de cocos, y en la intersección de la entrada, se encontró con el señor RAMON FEDERICO VASQUEZ, que éste al verlo, comenzó a insultarlo, por lo que se bajó de la camioneta donde se desplazaba, manifestándole al citado RAMON VASQUEZ, que hablaran de buena manera, pero éste tenía un machete y se encontraba muy exaltado, y fue cuando se le vino encima con intenciones de agredirlo, que comenzó a retroceder y a decirle que botara el machete, pero como su atacante alzó el machete contra su persona, corrió a su camioneta y sacó una “bácula” que siempre cargaba por cuestiones de trabajo, y en vista de un ataque inminente, le disparó al hoy occiso por el brazo donde tenía el machete, no con la intención de matarlo, sino de desarmarlo (…) de la exposición hecha, por el testigo MELECIO LEIBA, se desprenden importantes interrogantes, tales como, ¿Porqué (sic) el acusado IRRAEL MENESES, luego de que abordara en su vehículo a los ciudadanos MELECIO LEIBA y TOMAS QUINTIN MARTINEZ FARIAS, y luego de recorrido un trayecto importante, se devolvió y los dejó en el sitio, donde los había embarcado?, y si confrontamos esta declaración con lo expuesto por el testigo JESÚS RAMON GARCIA ROMERO, quien afirma, que era su costumbre ir diariamente, en compañía del hoy occiso (…) pero el día que ocurrieron los hechos no se fueron juntos (…) es posible que el acusado (…) tuviese conocimiento o haya visto, que la víctima (…) se desplazaba solo por el sitio donde ocurrió el hecho (…) los testigos TOMAS QUINTIN MARTINEZ FARIAS y LUISA ELEUTERIA LOPEZ ROMERO, estos niegan en todo momento que el día que ocurrieron los hechos (…) se hayan encontrado a bordo de la camioneta propiedad del acusado (…) tal y como lo señalara el testigo MELECIO LEIBA (…) efectuada ya la labor de análisis y confrontación, entre lo expuesto por el testigo MELECIO LEIBA, y los declarantes TOMAS QUINTIN MARTINEZ, LUISA ELEUTERIA LOPEZ y el propio acusado (…) se llega a la conclusión de que éste falsea su testimonio (…) el ciudadano CECILIO GARCIA (…) es el único que se encontraba más próximo al lugar (…) pudo escuchar las palabras que profieron los protagonistas (…) escuchó que IRRAEL le decía a “Cherico” bota el machete y el otro le decía tirame”, y a los pocos segundos sintió un disparo (…) el acusado ANDRES MENESES se encontraba a una distancia mayor de su objetivo, cuando accionó el arma (…) ya que no resulta posible creer, que el acusado haya tenido tiempo de dirigirse a su camioneta, considerando que el hoy occiso (…) se encontraba como ya se dijo, iracundo y con un machete…”.
El Juez disidente en su voto salvado, indicó:
“…siendo la excepción de hecho una cuestión objetiva (agresión con un machete), no se puede rebatir con tan solo argumentos de índole subjetivos, bajo la hipótesis de que eso debió ocurrir de tal o cual manera, en donde jugó un papel importante la conjetura, con menoscabo de la obligación que se tenía de compararla con todas las demás pruebas existentes en autos, especialmente la declaración del testigo presencial (de oídas) CECILIO GARCÍA (…) las pruebas que cursan en el expediente no evidencian que la misma (excepción de hecho) sea falsa o inverosímil, y, en caso de que existiese dudas al respecto, debió prevalecer el principio in dubio pro reo…”.
El ciudadano acusado ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN declaró durante el proceso y afirmó haberle dado muerte a la víctima RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ. Tal afirmación debe considerarse como una confesión calificada pues contiene una excepción de hecho en los términos siguientes:
“… yo iba hacia mi hacienda de cocos y en la intersección de la entrada a mi hacienda nos encontramos, el señor Ramón Federico Vásquez y yo, que él iba para su hacienda en el lado opuesto a mi derecha en la carretera, cuando él me ve, comienza con palabras obscenas y gritándome: “ Irrael Meneses, esa dinastía de los poderosos de Soro, de apoderarse de las cosas, se va a acabar porque yo se las voy a quitar”, entonces yo estaciono la camioneta en la entrada del camino que conduce a la entrada hacia la hacienda mia (sic) y me bajo y le digo que deje esas ofensas y vamos a hablar buenamente, pero él tenía un machete en la mano, exaltado, con mucha furia me dijo que él no iba a hablar nada conmigo (…) al mismo tiempo se me venía encima con el machete diciéndome palabras obscenas y yo comencé a retroceder; en vista de que el hombre se me venía encima con el machete con intenciones de agredirme, comencé a retroceder y a decirle que botara el machete y se lo repetí varias veces mientras retrocedía y en eso se me vino encima con el machete alzado hacia mi persona y tuve que correr hacia la camioneta y le seguía gritando que botara el machete (…) en vista de que lo tenía encima fue que abrí rapidamente (sic) el carro y saqué la bácula que siempre cargo por asuntos de trabajo para amedrentarlo y ver si desistía de sus intenciones de agredirme, pero de ninguna manera botó el machete sino que se me vino encima, en vista de esta situación, le disparé al brazo donde tenía el machete tratando de desarmarlo, en ningún momento le disparé tratando de matarlo porque esa no era mi intención, yo le disparé porque ya lo tenía casi encima y con los mismos nervios no sabía que hacer cuando lo vi (sic) tirado en el suelo y me subí en el carro y me vine a presentar a la Guardia de Irapa…”.
Ahora bien: la Sala considera que el ciudadano acusado ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN MIGUEL actuó según lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal, según se advierte en tal declaración puesto que plenamente demuestra que dicho ciudadano procedió en legítima defensa.
El ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal expresa:
“Artículo 65. No es punible: (...)
3º.- El que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a. Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho.
b. Necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla.
c. Falta de provocación, suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia...”.
En la actuación ejecutada por el ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN cuando repelió la inminente agresión de la víctima RAMÓN FEDERICO VÁSQUEZ se advierte que salvaguardó el bien más preciado, su vida, ante el ataque con un arma blanca (machete) que portaba el occiso. Es obvio que existió proporcionalidad entre el bien jurídico sacrificado (la vida del occiso) y el bien jurídico salvaguardado (la vida del acusado) dado que el agresor utilizó un instrumento capaz de causar lesiones graves o la muerte, constituyendo el arma (la escopeta) el único medio capaz de repeler tal ataque.
Es evidente que tampoco hubo provocación de parte del acusado que desencadenara la actitud violenta y agresiva de la víctima. Por el contrario, insistió en persuadirla para que desistiera de la intención de agredirlo y esta circunstancia fue corroborada por el único testigo presencial de los hechos (de oídas) ciudadano CECILIO GARCÍA, quien manifestó lo siguiente:
“… cuando iba pasando escuché la discusión (…) uno le decía al otro bota el machete, y el otro decía tírame eso fue lo que escuché (…) Era Cherico y (sic) Israel MENESES, yo les reconocí la voz (…) le decía Cherico suelta el machete…”.
Así mismo, constan en las actuaciones otros elementos de prueba que refuerzan la confesión calificada del acusado constituidas por las declaraciones de los ciudadanos TOMÁS QUINTÍN MARTÍNEZ y LUISA ELEUTERIA LÓPEZ, quienes a pesar de no tener conocimiento de los hechos, fueron contestes en indicar que el día en que se produjo la muerte de la víctima no se encontraban en compañía del acusado y que en oposición a lo señalado por la Corte de Apelaciones en su fallo, desvirtúan la declaración del ciudadano MELECIO LEIBA quien indicó haber estado momentos antes del hecho con el acusado a bordo de su camioneta.
Tal declaración, a pesar que no arroja circunstancia que desvirtúe la excepción de hecho contenida en la declaración del acusado, como dispone el último aparte del artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal, generó interrogantes en la mente de los juzgadores que fueron plasmados en la motivación del fallo condenatorio. Así, la mayoría de los integrantes de la Corte de Apelaciones desviaron su labor de análisis y valoración de cada una las pruebas conforme a las reglas de valoración previstas en el sistema inquisitivo hoy derogado, aplicable en el presente caso y amparándose en un razonamiento subjetivo que no tiene cabida, incluso, en nuestro actual sistema acusatorio penal.
Por otra parte, cursa en las actuaciones acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la seccional de Güiria del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (folio 5 y vto. de la pieza 1) así como informe médico y protocolo de autopsia (folio 125 al 131 de la pieza 1) donde se indican las características de las heridas que presentó la víctima y las evidencias colectadas tanto en la humanidad del occiso como en el sitio del suceso.
Estas evidencias, contrariamente a lo señalado por el Tribunal de Alzada en la sentencia (folio 78 de la pieza 5) corroboran lo expresado por el acusado que el disparo fue producido aproximadamente a una distancia de dos metros y medio (incluso menor) ello en razón del diámetro de los orificios de entrada de los perdigones, la característica de estar agrupados en una zona localizada pequeña y la circunstancia de haber penetrado el taco del cartucho para proyectil múltiple de la escopeta, en el tejido orgánico del occiso.
La Sala Penal ha establecido con reiteración lo siguiente:
“... Los jueces penales deben recordar que el Derecho Penal es la máxima fuente de libertad, ya que al reprimir a quienes delinquen crea libertad para el sector que no delinque. Y esa noble ciencia rechaza la conducta de quienes agreden de manera ilegítima a otros, e instituye en éstos el derecho natural de actuar en defensa propia y de matar al atacante si fuere necesario...”. (Sentencia N° 862, de fecha 20 de junio de 2000, ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS).
Por las consideraciones expuestas lo procedente y ajustado a Derecho es declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por la Defensa del acusado y en consecuencia ABSUELVE al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem, así como de los cargos formulados por la parte acusadora, por la comisión del delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 408 (ordinal 2°) del Código Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal Accidental, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los pronunciamientos siguientes:
1) DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad alegada por el ciudadano abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO.
2) DECLARA CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada DALIA MEDINA DE VILLASMIL, Defensora Pública Décima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra el fallo dictado por la Sala Accidental Segunda para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de julio de 2004.
3) ABSUELVE al ciudadano ANDRÉS IRRAEL MENESES FERMÍN de los cargos formulados por la representante del Ministerio Público por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL tipificado en el artículo 407 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem, así como de los cargos formulados por la parte acusadora, por la comisión del delito de HOMICIDIO tipificado en el artículo 408 (ordinal 2°) del Código Penal.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los siete días del mes de diciembre de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147º de la Federación.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente.
La Magistrada Presidenta,
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Magistrada Vicepresidenta,
MARIANELA SELESTE CANGA GARCÍA
Magistrado Suplente,
RAFAEL PERÉZ MOOCHETT
Los Conjueces,
CRISTINA HELENA AGOSTINI CANCINO
ARGENIS RIERA ENCINOZA
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Exp. 06-043
viernes, 28 de octubre de 2011
Sentencia sobre Honorarios de Abogados - Costas
Sentencia No. 1524 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 11 de octubre de 2011. Juan José Mendoza Jover Ponente. EXP Nº: 11-0831:
"... los abogados tienen cualidad para el ejercicio de una acción directa para el cobro de honorarios a la parte perdidosa condenada en costas; que la misma debe interponerse ante un tribunal civil competente por la cuantía de la circunscripción judicial respectiva, y; que la sustanciación del proceso debe tramitarse conforme al mismo procedimiento que se instauraría si se tratase de una reclamación de honorarios profesionales a su cliente, en razón de lo cual, es imposible que el cobro de honorarios al vencido tenga lugar en la causa donde se hayan causado y ante el juez que la hubiere conocido, justamente porque, si hay condenatoria en costas es porque el proceso donde se causaron finalizó, de modo que ya no hay juicio en curso."
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/1524-111011-2011-11-0831.html
"... los abogados tienen cualidad para el ejercicio de una acción directa para el cobro de honorarios a la parte perdidosa condenada en costas; que la misma debe interponerse ante un tribunal civil competente por la cuantía de la circunscripción judicial respectiva, y; que la sustanciación del proceso debe tramitarse conforme al mismo procedimiento que se instauraría si se tratase de una reclamación de honorarios profesionales a su cliente, en razón de lo cual, es imposible que el cobro de honorarios al vencido tenga lugar en la causa donde se hayan causado y ante el juez que la hubiere conocido, justamente porque, si hay condenatoria en costas es porque el proceso donde se causaron finalizó, de modo que ya no hay juicio en curso."
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/1524-111011-2011-11-0831.html
Colombia - Venezuela - Tratado sobre Drogas
Gaceta Oficial 39.785 del 25 Octubre 2011
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia en la Lucha Contra el Problema Mundial de las Drogas.
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Octubre/25102011/25102011-3270.pdf#page=2
Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia en la Lucha Contra el Problema Mundial de las Drogas.
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Octubre/25102011/25102011-3270.pdf#page=2
Bolivia - Venezuela - Tratado sobre Drogas
Gaceta Oficial 39.785 del 25 Octubre 2011
Ley Aprobatoria del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Octubre/25102011/25102011-3270.pdf#page=2
Ley Aprobatoria del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Octubre/25102011/25102011-3270.pdf#page=2
jueves, 27 de octubre de 2011
Sentencia sobre Legítima Defensa. Edo de Necesidad .TSJ
Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por el abogado PEDRO CELESTINO RAMIREZ, en su carácter de Fiscal Vigésimo del Ministerio Público del Area Metropolitana de Caracas, contra la sentencia dictada por la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del referido Circuito Judicial Penal, que ABSOLVIÓ al acusado JOSÉ ELÍAS RENGEL, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 8.537.801 del delito de HOMICIDIO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal.
El recurso no fue contestado por la defensa.
Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal correspondió la elaboración de la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
La sentencia recurrida fue dictada por la Corte de Apelaciones, luego que la Sala de Casación Penal con ponencia del magistrado Julio Elías Mayaudón, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación y anuló de oficio la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Penal del Circuito Judicial del Estado Bolívar, la cual CONDENO al nombrado ciudadano a sufrir la pena de DOCE (12) AÑOS DE PRESIDIO como autor del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal.
HECHOS
La Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, estableció:
“...Esta Sala establece que obró constreñido por la necesidad de salvar a su hijo adolescente de 14 años de edad del peligro que representaba el hecho que el hoy occiso lo atacara dentro de una riña en la que habían palos y machetes, no habiendo participado el acusado ciudadano JOSE ELIAS RENGEL en esa riña ni habiéndola causado. Evidenciándose que se cumplen todos los requisitos del estado de necesidad exculpatorio contemplado en el artículo 65 ordinal 4° de la norma sustantiva penal, por lo cual se Declara Absolutoria, la presente sentencia a favor del ciudadano JOSE ELIAS RENGEL, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 366 del Código Orgánico Procesal Penal y el 65 ordinal 4° del Código Penal de la acusación que formulara la representación fiscal en su contra por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal en perjuicio de: RODOLFO JOSE MARTINEZ...”.
RECURSO DE CASACIÓN
Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el recurrente la indebida aplicación del ordinal 4º del artículo 65 del Código Penal, referido a la causa de justificación, estado de necesidad.
Señala el impugnante luego de transcribir parte de la recurrida, que de los autos no se encuentran acreditados los supuestos constitutivos de la referida causa de justificación.
A posteriori transcribe los testimonios de los ciudadanos RIVAS GUTIERREZ RAMON, VARGAS VIVAS JOEL JOSE, SOLIS ARMANDO JOSE, BETANCOURT SOLOSA ANA CECILIA y concluye señalando que de tales testimonios no se infiere que RODOLFO JOSE MARTINEZ portaba un arma, que lo que sí se aprecia es que entre el occiso y el adolescente JOSE ELIAS RENGEL, hijo del acusado, surgió una discusión, y que fue por esa discusión que se produjo la intervención de JOSE ELIAS RENGEL con otros familiares quienes comenzaron a agredir al hoy occiso.
Luego el recurrente transcribe el contenido de las declaraciones de YOSMAN ALEXANDER PEÑA, SOLIS ARMANDO JOSE y MELECIO DE JESUS GUTIERREZ, indicando que tales testimonio no fueron apreciados debidamente por la recurrida y que fueron desechados bajo el argumento de falsedad e interés; y que de haberlos examinado bajo un criterio adecuado hubiesen conocido los juzgadores afirmaciones contundentes sobre el “único momento en que el occiso pudo recibir, como en efecto recibió, tres (3) heridas, dos de las cuales le causaron la muerte; y es ese momento no es otro que aquel donde fue objeto de agresión por parte de varias personas, entre ellas el acusado…”.
La Sala para decidir observa:
De la lectura de la presente denuncia se evidencia que la misma no se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que el recurrente atribuye a la recurrida el vicio de indebida aplicación del ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal, al haber absuelto al acusado del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del ciudadano RODOLFO JOSE MARTINEZ, por considerar que el imputado actuó en estado de necesidad y más adelante señala que la recurrida no analizó las declaraciones de RIVAS GUTIERREZ JESUS RAMÓN, VARGAS VIVAS JOEL JOSE, SOLIS ARMANDO JOSE y BETANCOURT SOLOSA ANA CELICIA, que de tales testimonios no se infiere que RODOLFO JOSE MARTINEZ cargaba un arma como lo afirman los juzgadores; y que dejó de apreciar las declaraciones de los ciudadanos YOSMAN ALEXANDER PEÑA, SOLIS ARMANDO JOSE y MELECIO DE JESUS GUTIERREZ YEPEZ, que de ellos se desprende el momento en que el occiso recibió las tres heridas, vicios éstos de falta de motivación.
El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, que el recurso de casación se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de que modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.
Y por cuanto la denuncia en estudio carece de la debida fundamentación, toda vez que el recurrente atribuye a la recurrida de manera conjunta los vicios de la falta de aplicación del ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal y falta de análisis de pruebas, motivos éstos que deben denunciarse separadamente, la Sala la desestima declarándola manifiestamente infundada, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte fiscal.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 09 días del mes de JUNIO de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
Eladio Aponte Aponte
El Magistrado Vicepresidente, El Magistrado,
Héctor Coronado Flores Alejandro Angulo Fontiveros
La Magistrada Ponente, La Magistrada,
Blanca Rosa Mármol de León Deyanira Nieves Bastidas
La Secretaria,
Gladys Hernández González
BRMdeL/hnq.
RC. Exp. N° 05-0198
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por el abogado PEDRO CELESTINO RAMIREZ, en su carácter de Fiscal Vigésimo del Ministerio Público del Area Metropolitana de Caracas, contra la sentencia dictada por la Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del referido Circuito Judicial Penal, que ABSOLVIÓ al acusado JOSÉ ELÍAS RENGEL, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° 8.537.801 del delito de HOMICIDIO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal.
El recurso no fue contestado por la defensa.
Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal correspondió la elaboración de la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
La sentencia recurrida fue dictada por la Corte de Apelaciones, luego que la Sala de Casación Penal con ponencia del magistrado Julio Elías Mayaudón, desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación y anuló de oficio la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Penal del Circuito Judicial del Estado Bolívar, la cual CONDENO al nombrado ciudadano a sufrir la pena de DOCE (12) AÑOS DE PRESIDIO como autor del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal.
HECHOS
La Sala N° 8 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, estableció:
“...Esta Sala establece que obró constreñido por la necesidad de salvar a su hijo adolescente de 14 años de edad del peligro que representaba el hecho que el hoy occiso lo atacara dentro de una riña en la que habían palos y machetes, no habiendo participado el acusado ciudadano JOSE ELIAS RENGEL en esa riña ni habiéndola causado. Evidenciándose que se cumplen todos los requisitos del estado de necesidad exculpatorio contemplado en el artículo 65 ordinal 4° de la norma sustantiva penal, por lo cual se Declara Absolutoria, la presente sentencia a favor del ciudadano JOSE ELIAS RENGEL, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 366 del Código Orgánico Procesal Penal y el 65 ordinal 4° del Código Penal de la acusación que formulara la representación fiscal en su contra por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal en perjuicio de: RODOLFO JOSE MARTINEZ...”.
RECURSO DE CASACIÓN
Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia el recurrente la indebida aplicación del ordinal 4º del artículo 65 del Código Penal, referido a la causa de justificación, estado de necesidad.
Señala el impugnante luego de transcribir parte de la recurrida, que de los autos no se encuentran acreditados los supuestos constitutivos de la referida causa de justificación.
A posteriori transcribe los testimonios de los ciudadanos RIVAS GUTIERREZ RAMON, VARGAS VIVAS JOEL JOSE, SOLIS ARMANDO JOSE, BETANCOURT SOLOSA ANA CECILIA y concluye señalando que de tales testimonios no se infiere que RODOLFO JOSE MARTINEZ portaba un arma, que lo que sí se aprecia es que entre el occiso y el adolescente JOSE ELIAS RENGEL, hijo del acusado, surgió una discusión, y que fue por esa discusión que se produjo la intervención de JOSE ELIAS RENGEL con otros familiares quienes comenzaron a agredir al hoy occiso.
Luego el recurrente transcribe el contenido de las declaraciones de YOSMAN ALEXANDER PEÑA, SOLIS ARMANDO JOSE y MELECIO DE JESUS GUTIERREZ, indicando que tales testimonio no fueron apreciados debidamente por la recurrida y que fueron desechados bajo el argumento de falsedad e interés; y que de haberlos examinado bajo un criterio adecuado hubiesen conocido los juzgadores afirmaciones contundentes sobre el “único momento en que el occiso pudo recibir, como en efecto recibió, tres (3) heridas, dos de las cuales le causaron la muerte; y es ese momento no es otro que aquel donde fue objeto de agresión por parte de varias personas, entre ellas el acusado…”.
La Sala para decidir observa:
De la lectura de la presente denuncia se evidencia que la misma no se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que el recurrente atribuye a la recurrida el vicio de indebida aplicación del ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal, al haber absuelto al acusado del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del ciudadano RODOLFO JOSE MARTINEZ, por considerar que el imputado actuó en estado de necesidad y más adelante señala que la recurrida no analizó las declaraciones de RIVAS GUTIERREZ JESUS RAMÓN, VARGAS VIVAS JOEL JOSE, SOLIS ARMANDO JOSE y BETANCOURT SOLOSA ANA CELICIA, que de tales testimonios no se infiere que RODOLFO JOSE MARTINEZ cargaba un arma como lo afirman los juzgadores; y que dejó de apreciar las declaraciones de los ciudadanos YOSMAN ALEXANDER PEÑA, SOLIS ARMANDO JOSE y MELECIO DE JESUS GUTIERREZ YEPEZ, que de ellos se desprende el momento en que el occiso recibió las tres heridas, vicios éstos de falta de motivación.
El artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, establece, que el recurso de casación se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de que modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.
Y por cuanto la denuncia en estudio carece de la debida fundamentación, toda vez que el recurrente atribuye a la recurrida de manera conjunta los vicios de la falta de aplicación del ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal y falta de análisis de pruebas, motivos éstos que deben denunciarse separadamente, la Sala la desestima declarándola manifiestamente infundada, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte fiscal.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 09 días del mes de JUNIO de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
Eladio Aponte Aponte
El Magistrado Vicepresidente, El Magistrado,
Héctor Coronado Flores Alejandro Angulo Fontiveros
La Magistrada Ponente, La Magistrada,
Blanca Rosa Mármol de León Deyanira Nieves Bastidas
La Secretaria,
Gladys Hernández González
BRMdeL/hnq.
RC. Exp. N° 05-0198
Sentencia sobre Legítima Defensa. Edo. de Necesidad
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
CORTE DE APELACIONES
Sala Única
200° y 152°
CAUSA: 1As-8667-11
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO JOSÉ PERILLO SILVA
ACUSADO: ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA
VÍCTIMA: ciudadano NELSON ARCÁNGEL RAMÍREZ GARRIDO(occiso)
DEFENSOR PRIVADO: abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ
FISCALÍA: Novena (9ª) del Ministerio Público del Estado Aragua
DELITO: Homicidio Intencional Calificado.
PROCEDENCIA: Juzgado Tercero (3º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.
SENTENCIA: Con lugar apelación. Anula sentencia recurrida.
N° 016
Le concierne a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, imponerse de la presente causa procedente del Juzgado Tercero (3º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, en contra de la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, por el referido tribunal de juicio, causa 3M-1189-09, que condenó al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, por la comisión del delito Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406.1 del Código Penal. Esta Superioridad pasa a decidir en los siguientes términos:
P R I M E R O
I.- IDENTIFICAR A LAS PARTES
I.1.- Acusado: ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, venezolano, natural de Maracay, estado Aragua, de mayor edad, nacido en fecha 30 de marzo de 1980, titular de la cédula de identidad personal N° V-14.692.427 y con domicilio en el barrio 23 de Enero, calle Valencia, N° 38, Maracay, municipio Girardot, Estado Aragua.
I.2.- Defensor privado del acusado: abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ.
I.3.- Víctima: ciudadanos ciudadano NELSON ARCÁNGEL RAMÍREZ GARRIDO (occiso).
I.4.- Fiscalía: Novena (9ª) del Ministerio Público del Estado Aragua.
S E G U N D O
II.- RESUMIR SOBRE LOS ALEGATOS
II.1.- Planteamiento del Recurso:
El abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, de foja 298 a foja 310 (pieza I), ejerce apelación contra la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, fundamentándola en los siguientes términos:
‘…MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN N° 2.- Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en pruebas obtenidas ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral Considera esta defensa que se produjo una FALTA en la motivación de la Sentencia cuando la misma no tomó en consideración el hecho de que en el desarrollo del debate oral y público, el Ministerio Público ofreció la prueba testimonial de siete Testigos presenciales de los hechos enjuiciados, para probar los hechos en que se basaba su acusación, a saber: JOSE RAMIREZ VARILLAS, NESTOR ALEXANDER RAMIREZ MORA, IRENE GUSBIEDY RAMIREZ MORA, NICOLAS MEJIAS, SIXTA CAROLINA MEJAS MORA (la Fiscalía prescindió de ellos, durante el debate oral y público); y, ello no fue tomado en cuenta al momento de decidir, sólo fue valorado el testimonio de la testigo CARMEN JOSEFINA DUARTE DE ALAYÓN, a la cual la Ciudadana Juez, acertadamente, no le da ningún valor probatorio, por que no sabe nada de los hechos enjuiciados y la Víctima LEIVA COROMOTO MORA RAMIREZ…Considera esta defensa que el hecho de que la Ciudadana Juez valorara la declaración de la Víctima solamente, sin tomar en consideración, o sea obviando en su motivación de la Sentencia apelada, el hecho, de que los otros testigos presenciales promovidos por la Fiscalía fueron prescindidos por la misma, en decurso del debate oral y público, en donde termino injustamente condenado mi defendido, a pesar de que todos los testigos presenciales promovidos por la defensa, a saber: ANA YELITZA AYALA GUZMAN; MARÍA FERNANDA DEL CARMEN FERNANDEZ AYALA; HENRY RAFAEL NAVAS DÁVILA (Hermano de mi defendido, al cual iba a matar el hoy occiso); CARLOS EDUARDO LUCENA SERENO; DANNY JOEL SILVA FLORES; KELLYS DENISE LUCENA MARTINEZ; y CRISTIAN GREGORIA, …fueron contestes en sus dichos, en el hecho de que mi defendido actúo en defensa de la vida de su hermano (HENRY NAVAS), a quien lo iba a matar el hoy occiso; que oyeron solo un disparo, durante el forcejeo, que mi defendido no estaba armado. Igualmente, esta defensa considera que existe CONTRADICCIÓN en la motivación de la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos que emergen de la misma, a saber: 1.- La Sentencia Apelada da por demostrado, equivocadamente, el hecho de que mi defendido actúo, con ALEVOSÍA, cuando resultó muerto el hoy occiso; sin embargo, trata de justificar CONTRADICTORIAMENTE que mi defendido actúo en esa situación, en un momento de ARREBATO E INTENSO DOLOR, por injusta provocación del hoy occiso, quien iba a matar a su hermano HENRY NAVAS, como quedó probado en el Juicio oral y público. 2.- Se pregunta esta defensa como puede estar plenamente probado, como lo dice la Sentencia Apelada, que mi defendido actúo con ALEVOSÍA en la muerte del hoy occiso, y así quedó condenado injustamente, por HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA; y a la vez, se le aplica la causa de atenuación prevista en el Artículo 67 del Código Penal, ya que mi defendido actúo, según el criterio de la sentenciadora, ante un arrebato e intenso dolor, provocado injustamente por el hoy occiso, cuando iba a matar a el hermano de mi defendido, lo cual si da por probado, y considera esta defensa que efectivamente fue probado en autos durante el juicio oral y público. También considera esta defensa que la Sentencia Apelada adolece de ILOGICIDAD, ya que da por cierto sin, haber sido probado, que mi defendido haya disparado cinco (5) veces, cuando a pesar de que los testigos presenciales fueron contestes en sus dichos que solo oyeron un solo disparo o detonación; surgiendo la duda razonable de quien le infringió al hoy occiso, las otras cuatro (4) restantes heridas, ya que mi defendido reconoce, al igual que los testigos presenciales evacuados durante el debate oral y público, que al momento del forcejeo del hoy occiso con mi defendido, al tratar de salvar a su hermano, sólo se oyó un disparo o detonación; y de las pruebas técnicas realizadas al hoy occiso, efectivamente se demuestra, que el hoy occiso, recibió cinco (5) heridas de bala, pero en ningún caso, de allí se puede inferir o aseverar que las cinco heridas mencionadas la haya realizado mi defendido. Surgiendo así la DUDA RAZONABLE, de que quien le infringió al hoy occiso las otras cuatro (4) heridas de bala, si cuando ocurrieron los hechos, todos los testigos evacuados por la defensa durante el juicio oral y público, son contestes en que oyeron una (1) la detonación o disparo y, lo que demuestra que haya una herida a próximo contacto; a pesar de ello, las pruebas técnicas dicen que el hoy occiso tenía cuatro (4) más, a distancia. Como se produjeron las mismas, he ahí la DUDA. Sin embargo, la defensa considera que el hoy occiso fue rematado por otras personas ajenas a los hechos, cuando era trasladado a la morgue, ya que la herida recibida durante el forcejeo con mi defendido, a próximo contacto fue mortal, y que el cuerpo del hoy occiso quedo en resguardo de los funcionarios policiales, presuntos compañeros de labores de hoy occiso, cuando mi defendido y su hermano salieron corriendo en resguardo de sus vidas, y ello se corrobora al concatenar esta hipótesis cuando en el juicio oral y público, se evidenció el hoy occiso tenía una herida a próximo contacto, la del forcejeo, y otras cuatro, a distancia, que le fueron propinados después de los hechos, para así poder mantener la tesis de la presunta Alevosía de mi defendido contra el hoy occiso. Pero considera esta defensa que la verdad surgió, en el decurso del debate oral público, y el hoy occiso técnicamente habló. Pero reitero fue una Duda Razonable, alegada por la defensa, cuando al final, sostuvo a nombre de mi defendido, el IN DUBIO PRO REO, derecho que le asiste a la defensa, e ilógicamente no fue tomado en consideración por la Sentencia Apelada, en su motivación, ni a favor ni en contra. Quitándole razonalidad a la veracidad de los hechos enjuiciados, ya que no hay una versión categórica de cómo en realidad ocurrieron los hechos enjuiciados. La solución que pretende esta defensa después de haber fundamentado el motivo contenido en el Artículo 452, Numeral 2°, es que mi defendido sea declarado ABSUELTO, mediante una decisión propia de la Honorable Corte de Apelaciones que conocerá este Recurso de Apelación, ya que sería inútil el hecho de volver a realizar un nuevo juicio, cuando en el realizado se determino sin lugar a dudas, durante el desarrollo del mismo, a través del acervo probatorio, que efectivamente mi defendido se le avanzó al hoy occiso, cuando inminentemente iba a matar al hermano de mi defendido, hubo un forcejeo entre el mismo y mi defendido, en donde se oyó una detonación, que le produjo la muerte al hoy occiso, de allí se fueron corriendo mi defendido y su hermano, ya que temían por sus vidas ante lo sucedido, y el cuerpo del hoy occiso quedó en custodia de los funcionarios policiales, presuntos compañeros del hoy occiso, quienes lo llevaron a el hospital y después fue ingresado al morgue, en donde se le realizaron las pruebas técnicas, que hacen surgir la duda razonable, que hace emerger la hipótesis alegada por la defensa del Indubio Pro Reo, en cuanto a quien o quienes, ya que no está probado en autos, que hay sido mi defendido, haya producido, el resto de las cuatro (4) heridas, a distancia, que presentaba el hoy occiso…MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN N° 3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión Considera esta defensa que durante el desarrollo del debate oral y público desarrollado en contra de mi defendido, y aún antes, en la Audiencia Preliminar realizada en su contra, en la presente causa, ratificados en dicho debate, se quebrantaron u omitieron formas sustanciales que causaron indefensión, a mi defendido, a saber: A.- El Ministerio Público acusa a mi defendido …los soportes, que surgieron en la investigación, realizada en contra de mi defendido, y que estarán parte de las misma. A los cuales no tuvo conocimiento esta defensa al momento de preparar la Audiencia Preliminar, en franco quebrantamiento de formas sustanciales que causaron una indefensión, ya que la defensa no tuvo acceso a los referidos anexos…B.- En la Audiencia de Apertura del debate oral y público, que se le realizó a mi defendido, en fecha 31 de Mayo del 2010, le pedí al Tribunal del Juicio, que corroborara si en los autos se encontraban los 66 folios…C.- Se siguió con la celebración del juicio oral y público ante la referida Sentencia Apelada, que nunca tomo en consideración tal irregularidad que durante la mayor parte del juicio, produjo una indefensión, en plena violación de sus derechos constitucionales a la efectiva defensa. La solución que pretende esta defensa después de haber fundamentado el motivo contenido en el Artículo 452, Numeral 3°, es que mi defendido sea declarado ABSUELTO, mediante una decisión propia de la Honorable Corte de Apelaciones que conocerá este Recurso de Apelación, ya que sería inútil el hecho de volver a realizar un nuevo juicio, cuando en el realizado se determinó sin lugar a dudas, durante el desarrollo del mismo, a través del acervo probatorio, que efectivamente mi defendido se le avanzó al hoy occiso, cuando inminentemente iba a matar al hermano de mi defendido, hubo un forcejeo entre el mismo y mi defendido, en donde se oyó una detonación, que le produjo la muerte lamentablemente, al hoy occiso, de allí se fueron corriendo mi defendido y su hermano, ya que temían por sus vidas ante lo sucedido, y el cuerpo del hoy occiso quedo en custodia de los funcionarios policiales, presuntos compañeros del hoy occiso. Quienes lo llevaron a el hospital y después fue ingresado al morgue, en donde se le realizaron las pruebas técnicas, ya que como quedó alegado y probado en autos, durante el debate, aún con la indefensión sufrida por mi defendido durante la mayor parte del mismo, pero se ratifica el hecho de que mi defendido actúo en el desarrollo de los hechos, es un verdadero Estado de Necesidad, como siempre lo mantuvo la defensa durante todo el proceso que se le siguió en su contra y en el cual terminó injustamente condenado por la Sentencia hoy apelada. MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN N° 4.- Violación de la Lry por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Considera igualmente esta defensa que se inobservaron la las siguientes normas jurídicas, las cuales puntualizó en forma sintetizada, a saber: 1.- Artículo 1° del COPP, ya que en el juicio que se realizó a mi defendido mi defendido no hubo salvaguarda de todos sus derechos y garantías del debido proceso garantizados por la Constitución Bolivariana de Venezuela y otras leyes, y ello lo considera por el estado de indefensión que sufrió durante la mayor parte del proceso, cuando no encontraban en autos desde la Audiencia Preliminar, todos los soportes que se fundaba la Acusación realizada en su contra. 2.- Artículo 12 del COPP, ya que por el mismo estado de indefensión en que se encontraba mi defendido por el hecho de no poder tenido acceso a los soportes en que se fundaba la Acusación Fiscal durante la mayor parte del proceso, fue inobservado y en ningún momento fue garantizado por los jueces que conocieron de la presente causa. 3.- Artículo 13 del COPP, considera esta defensa que en el Juicio oral y público, a pesar de que se trato de establecer la veracidad de los hechos por las vías jurídicas, a través de los alegatos y pruebas, tanto de la parte fiscal como de la defensa, en la decisión tomada el juez no se atuvo al emitirla. 4.- Artículo 17 del COPP, se inbservó, ya que el debate oral y público se inició el día en fecha 31 de Mayo del 2.010 y finalizó, después de tantas suspensiones, el día 26 de Septiembre del 2.010, con la publicación del texto integro de la Sentencia Apelada. Duro casi cinco (5) meses. Se pregunta hubo la concentración efectiva. 5.- Artículo 355 del COPP, se inobservó en el sentido de que se altero la evaluación de los testigos, que primero debían ser los de la Fiscalía y después los de la defensa; pero como no habían conseguidos los recaudos que la Fiscalía anexo a la Acusación, se evacuaron primero los de la Defensa, favoreciendo al Ministerio Público; en violación flagrante del derecho a la igualdad de las partes. 6.- Artículo 357 del COPP, se inobservó ya que cuando la defensa pidió que se prescindirá de los testigos de la fiscalía que no habían comparecido, a pesar de ser citados, se negó ello. Y después no le quedo a la Fiscalía que solicitar se prescindiera de varios, entre ellos cinco testigos presénciales promovidos por esta. 7.- Artículo 363 del COPP, inobservado ya que esta defensa considera que debió habido una congruencia entre lo establecido en la Acusación y en la Defensa, ya que ésta ningún momento hablo de Legitima Defensa, como fue valorado en la motiva sino el Estado de Necesidad, las cuales son figuras distintas. 8.- Y por último, fue inobservado el Artículo 365 del COPP, en el sentido de que la salió Sentencia integra fue publicada fuera del lapso legal. Por último considera esta defensa que hubo errónea aplicación de la norma establecida en el Artículo 67 del Código Penal, que si bien es cierto reduce la pena a la que resulto condenado mi defendido, pero en ningún momento la defensa pidió tal circunstancia que atenúa su responsabilidad, ya que al aplicar la misma, esta plenamente que mi defendido actúo en defensa de su hermano, quien iba inminentemente a ser resultado muerto por el occiso, o sea, que esta plenamente comprobado como consta en autos, que mi defendido actúo en Estado de Necesidad, Artículo 65, Numeral 4, Ejusdem., al evitar con su conducta que su hermano haya resultado muerto por la provocación injusta y probada del hoy occiso, y ello fue lo que siempre la defensa alegó. Consideración aparte es el hecho de que la Sentencia Apelada en su Capitulo VI declara Improcedencia de la Legitima Defensa, Artículo 65, Numerales 1º, 2º y 3º, Ejusdem, Legitima Defensa ésta que nunca fue alegada por la Defensa; pero si el Estado de Necesidad, el cual esta probado en autos, y lo da probado la propia Sentencia, al jutisficar la errónea aplicación del Artículo 67, Ejusdem. Considera esa defensa que el Artículo 406, Numeral 1º, del Código Penal que establece el Homicidio Calificado con Alevosía es incompatible con lo establecido en el Artículo 67, Ejusdem. Y que la honorable Magistrado aplicó erróneamente las normas, ya que las mismas son excluyentes, en cuanto a la intención; y digo ello, ya que si una persona mata con alevosía, ello quiere decir con toda la intención sin justificación alguna; y al justificar con el Artículo 67, Ejusdem, justifica que mi defendido actuó ante la Injusta Provocación del hoy occiso, que inminentemente iba a matar a su hermano HENRY RAFAEL NAVAS DÁVILA, antes identificado, y quien reitero, también fue acusado erróneamente por la Fiscalía, por los mismos hechos, por su presunta complicidad, y después de tres (3) años, después de un Juicio Oral y Público, resultó ABSUELTO, por los mis hechos, y la Juez tenía conocimiento de ello, y sin embargo, permitió que por unos mismos hechos resultaran dos (2) Sentencias contradictorias. Ante tales incongruencias, esta defensa da como solución, que se haga la Justicia, que se negó, y la Corte de Apelaciones, dicte una Sentencia propia que no sería otra que ABSOLVER a mi defendido, quien como quedó alegado y probado en autos, actúo en ESTADO DE NECESIDAD, cuando se le avalanzó y forcejeó con el hoy, cuando este iba a matar a su hermano. Doy por reproducidos, para que sean analizados al decidir el presente recurso, las conclusiones presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa, al concluir el debate. Como prueba de todos mis alegatos promuevo el contenido completo de el Expediente que contiene la Causa No. 3M-1189-10 y el contenido de la Causa No. 2M-997-08 (Seguida a el hermano de mi defendido, en el cual resulto resultó ABSUELTO por haber sido acusado injustamente por la Fiscalía por los mismos hechos a que se refiere la Sentencia Apelada…’
T E R C E R O
III.- DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
De foja 248 a foja 293 (pieza I), cursa texto de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero (3º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en la cual, en su dispositiva, decretó lo que sigue:
‘…PRIMERO: Declara CULPABLE al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, quien es de nacionalidad venezolana, nacido en Maracay, Estado Aragua, nacido en fecha 30-03-1980, de 30 años edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio cabillero, titular de la cédula de Identidad Nº V-14.692.427 y residenciado en BARRIO 23 DE ENERO, CALLE VALENCIA, CASA Nº 38, MARACAY, ESTADO ARAGUA, de los hechos acreditados por el Ministerio Público, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA, previsto y sancionado en los Artículos 406 Numeral 1º del Código Penal, la cual tiene prevista una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, cuyo término medio conforme lo prevé el Artículo 37 del Código Penal, sería de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, sin embargo observa esta Juzgadora que el hecho cometido por el acusado fue bajo la premisa del Artículo 67 del Código Penal que dispone EL ARREBATO E INTENSO DOLOR, que le permite a esta juzgadora aplicar una rebaja, la cual será en este caso de un tercio, que significaría una rebaja de CINCO (05) AÑOS Y DIEZ (10) MESES, por lo que la pena en definitiva a cumplir por el acusado JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, quien es de nacionalidad venezolana, nacido en Maracay, Estado Aragua, nacido en fecha 30-03-1980, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio cabillero, titular de la cédula de Identidad Nº V-14.692.427 y residenciado en BARRIO 23 DE ENERO, CALLE VALENCIA, CASA Nº 38, MARACAY, ESTADO ARAGUA, es de ONCE (11) AÑOS OCHO (08) MESES DE PRISIÓN. Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: También se le condena a cumplir las penas accesorias a la de prisión establecidas en el artículo 16, ordinales 1 y 2 del Código Penal vigente. TERCERO: Se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de ejecución correspondiente una vez que se encuentre firme la Sentencia. En cuanto al estado de libertad del acusado de autos, este Tribunal mantiene la medida cautelar privativa de libertad que le fuera dictada en su oportunidad procesal por el Tribunal correspondiente. CUARTO: Por cuanto la presente Sentencia quedó redactada y publicada fuera del lapso legal es necesario notificar a las partes, y se ordena el traslado del acusado JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, a los fines de imponerlo de la sentencia condenatoria. Agréguense en original a las actuaciones. Désele copia a aquellas de las partes que así lo soliciten. Archívese copia de la presente sentencia. Todo conforme a lo pautado en el Artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez firme la presente sentencia remítase la presente causa al Juez de Ejecución, conforme a lo previsto en el Artículo 480 Eiusdem…’
C U A R T O
IV.- ESTA SALA RESUELVE
Esta Alzada considera pertinente resolver lo inherente al primer motivo de apelación, que ha titulado como “MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN No 2”, que ha sustentado en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar el quejoso ‘…que se produjo una FALTA en la motivación de la Sentencia…’
Una vez revisada exhaustivamente la sentencia recurrida, quienes aquí deciden consideran que le asiste la razón al abogado recurrente, ya que, en efecto, se evidencia que la recurrida está sumida en falta de motivación.
Es de ver la precaria y efímera valoración que hace la a quo a los órganos de pruebas declarantes en el adversatorio, específicamente con relación a los testimonios de los ciudadanos CARMEN JOSEFINA DUARTE de ALAYÓN, ANA YELITZA AYALA GUZMÁN, MARÍA FERNANDA DEL CARMEN FERNÁNDEZ AYALA, HENRY RAFAEL NAVAS DÁVILA, CARLOS EDUARDO LUCENA SERENO, DANNY JOEL SILVA FLORES, KELLYS DENISE LUCENA MARTÍNEZ, CRISTINA GREGORIA GUILLÉN de AGUIRRE, LEYVA COROMOTO MORA de RAMÍREZ, GREGORIA RAMONA MONTOYA FLORES, MIGUEL ÁNGEL ZAMBRANO PEÑA (experto), TERESA PINTO GALICIA (experta), YRELIS TIVIZAY ZAPATA GONZÁLEZ (experta), LUCIA D’OLIVAL RODRÍGUEZ (funcionaria), LIGIA DANAE GARCÍA MEJIA (experta); y, JOSÉ GREGORIO SILIANI APONTE (experto), declaraciones medulares en la presente causa.
Ciertamente la jueza a quo valora de forma seccionada las declaraciones de los prenombrados órganos de pruebas, es decir, extrae de sus testimonios sólo algunos aspectos y no hace una valoración integral de sus exposiciones. Aunado a ello, no realiza ninguna articulación entre órganos de pruebas, pues hace mención de términos como ‘con el resto de las declaraciones’, ‘con las demás testimoniales’, ‘con las declaraciones de los demás testigos’, ‘este testigo como los demás testigos…son contestes’, ‘al igual que los demás testigos’, en fin, no articula ninguna declaración con otra, sólo se refiere a ‘las demás declaraciones’ o al resto de ellas, sin especificar cuáles son esas ‘otras’ declaraciones.
De modo que, no hay claridad en la valoración de los mencionados órganos de pruebas, no produce convencimiento. No existe un real razonamiento deductivo, ora, la gaseosa determinación de los hechos fijados por la a quo en la recurrida. Ha debido el tribunal de mérito analizar el contenido de cada uno de éstos medios de pruebas, compararlos y relacionarlos, y, así, de forma tangible valorarlos observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, lo cual no hizo la a quo.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la motivación de la sentencia, ha reiterado:
‘...la finalidad de la motivación puede reducirse a tres aspectos fundamentales: 1) garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales superiores; 2) convencer a las partes sobre la justificación y legitimidad de la decisión judicial y, 3) verificar que la decisión no es producto de un actuar arbitrario del juez, sino de la válida aplicación del derecho…’ (Sentencia Nº 046, de fecha 31 de enero de 2008, en ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores)
‘…no es más que la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, eso si, una solución racional, clara y entendible que no deje lugar a dudas en la mente de los justiciables, y que la inmotivación del fallo existe cuando las razones de hecho y de derecho, en las que se han basado, conforme a lo probado por las partes, para establecer una decisión, no han sido expresadas…’ (Sentencia Nº 571, de fecha 18 de diciembre de 2006, en ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte)
El juez o jueza tiene libertad para apreciar las pruebas pero debe explicar las razones que lo llevan a tomar su decisión. Significa pues, la motivación de la sentencia, una garantía de seguridad jurídica para todas las partes, que permite fundar con escrupulosidad e iluminación los soportes de hecho y de derecho, que han cargado al sentenciador, quien, de acuerdo con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, declara el derecho por medio de pronunciamientos apropiadamente fundamentados, de forma congruente y articulados sobre la base de los medios de pruebas adversados y que se eslabonaran, que, al ser valorados, se aproximan a una decantación tangible, circunspecta e innegable.
Es de notar que del texto de la decisión recurrida se desprende una narración y motivación incongrua e insuficiente, puesto que, en primer lugar, utiliza una generalidad de testigos declarantes en el contradictorio para arribar a una conclusión ajena, pues se limita en establecer cerradamente lo que expusieron los mismos declarantes, no determinando lo que realmente debió verificar por sí misma.
A la luz de estas consideraciones, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha sentado:
‘…La motivación, propia de la función judicial, tienen como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos, necesarios para que el acusado y demás partes, conozcan las razones que le asistan, indispensables para poder ejercer los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del Juez con la ley…’ (Sentencia N° 550, de fecha 12 de diciembre de 2006, en ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores)
‘…El proceso de motivación de las sentencias encierra: 1) La expresión de las razones de hecho y de derecho 2) la subordinación de las razones de hecho a las previsiones de Ley Adjetiva Penal; 3) que la motivación del fallo no sea una enumeración material e incongruente de pruebas, y 4) que el proceso de decantación, que se transforme por medio de razonamiento y juicios, la diversidad de hecho, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal…’ (Sentencia N° 186, de fecha 04 de mayo de 2006, en ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores)
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 457 eiusdem, se anula la sentencia recurrida, proferida en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, causa 3M-1189-09, que condenó al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, por la comisión del delito Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406.1 del Código Penal; y, a tal efecto, se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un tribunal de juicio en el cual no se desempeñe como jueza, la abogada ADRIANA VILLA HERNÁNDEZ. Se declara con lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, en contra de la sentencia referida ut supra. Se mantiene la medida de coerción personal vigente para el momento de dictarse la sentencia recurrida. Así se decide.
En razón de la declaratoria anteriormente efectuada, se considera inoficioso entrar a conocer la otra denuncia formulada por la defensa. Así se decide.
DISPOSITIVA
Con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, declara la nulidad de la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, causa 3M-1189-09, que condenó al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, por la comisión del delito Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406.1 del Código Penal. SEGUNDO: Se declara con lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, en contra de la sentencia referida ut supra. TERCERO: Se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público en un tribunal de juicio en el cual no se desempeñe como jueza, la abogada ADRIANA VILLA HERNÁNDEZ. CUARTO: Se mantiene la medida de coerción personal vigente para el momento de dictarse la sentencia.
Queda en los términos antes expuestos, resuelta la apelación interpuesta y objeto de estudio. Regístrese, publíquese, diarícese, déjese copia y remítase en su debida oportunidad. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en Maracay, a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA MAGISTRADA PRESIDENTA
FABIOLA COLMENAREZ
EL MAGISTRADO DE LA CORTE
FRANCISCO GERARDO COGGIOLA MEDINA
EL MAGISTRADO – PONENTE
ALEJANDRO JOSÉ PERILLO SILVA
LA SECRETARIA
KARINA PINEDA BENÍTEZ
En esta misma fecha se cumplió fielmente con lo ordenado en la sentencia anterior.
LA SECRETARIA
KARINA PINEDA BENÍTEZ
Causa: 1As-8667-11
FC/AJPS/FGCM/Doris
CORTE DE APELACIONES
Sala Única
200° y 152°
CAUSA: 1As-8667-11
JUEZ PONENTE: ALEJANDRO JOSÉ PERILLO SILVA
ACUSADO: ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA
VÍCTIMA: ciudadano NELSON ARCÁNGEL RAMÍREZ GARRIDO(occiso)
DEFENSOR PRIVADO: abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ
FISCALÍA: Novena (9ª) del Ministerio Público del Estado Aragua
DELITO: Homicidio Intencional Calificado.
PROCEDENCIA: Juzgado Tercero (3º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.
SENTENCIA: Con lugar apelación. Anula sentencia recurrida.
N° 016
Le concierne a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, imponerse de la presente causa procedente del Juzgado Tercero (3º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, en contra de la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, por el referido tribunal de juicio, causa 3M-1189-09, que condenó al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, por la comisión del delito Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406.1 del Código Penal. Esta Superioridad pasa a decidir en los siguientes términos:
P R I M E R O
I.- IDENTIFICAR A LAS PARTES
I.1.- Acusado: ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, venezolano, natural de Maracay, estado Aragua, de mayor edad, nacido en fecha 30 de marzo de 1980, titular de la cédula de identidad personal N° V-14.692.427 y con domicilio en el barrio 23 de Enero, calle Valencia, N° 38, Maracay, municipio Girardot, Estado Aragua.
I.2.- Defensor privado del acusado: abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ.
I.3.- Víctima: ciudadanos ciudadano NELSON ARCÁNGEL RAMÍREZ GARRIDO (occiso).
I.4.- Fiscalía: Novena (9ª) del Ministerio Público del Estado Aragua.
S E G U N D O
II.- RESUMIR SOBRE LOS ALEGATOS
II.1.- Planteamiento del Recurso:
El abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, de foja 298 a foja 310 (pieza I), ejerce apelación contra la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, fundamentándola en los siguientes términos:
‘…MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN N° 2.- Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en pruebas obtenidas ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral Considera esta defensa que se produjo una FALTA en la motivación de la Sentencia cuando la misma no tomó en consideración el hecho de que en el desarrollo del debate oral y público, el Ministerio Público ofreció la prueba testimonial de siete Testigos presenciales de los hechos enjuiciados, para probar los hechos en que se basaba su acusación, a saber: JOSE RAMIREZ VARILLAS, NESTOR ALEXANDER RAMIREZ MORA, IRENE GUSBIEDY RAMIREZ MORA, NICOLAS MEJIAS, SIXTA CAROLINA MEJAS MORA (la Fiscalía prescindió de ellos, durante el debate oral y público); y, ello no fue tomado en cuenta al momento de decidir, sólo fue valorado el testimonio de la testigo CARMEN JOSEFINA DUARTE DE ALAYÓN, a la cual la Ciudadana Juez, acertadamente, no le da ningún valor probatorio, por que no sabe nada de los hechos enjuiciados y la Víctima LEIVA COROMOTO MORA RAMIREZ…Considera esta defensa que el hecho de que la Ciudadana Juez valorara la declaración de la Víctima solamente, sin tomar en consideración, o sea obviando en su motivación de la Sentencia apelada, el hecho, de que los otros testigos presenciales promovidos por la Fiscalía fueron prescindidos por la misma, en decurso del debate oral y público, en donde termino injustamente condenado mi defendido, a pesar de que todos los testigos presenciales promovidos por la defensa, a saber: ANA YELITZA AYALA GUZMAN; MARÍA FERNANDA DEL CARMEN FERNANDEZ AYALA; HENRY RAFAEL NAVAS DÁVILA (Hermano de mi defendido, al cual iba a matar el hoy occiso); CARLOS EDUARDO LUCENA SERENO; DANNY JOEL SILVA FLORES; KELLYS DENISE LUCENA MARTINEZ; y CRISTIAN GREGORIA, …fueron contestes en sus dichos, en el hecho de que mi defendido actúo en defensa de la vida de su hermano (HENRY NAVAS), a quien lo iba a matar el hoy occiso; que oyeron solo un disparo, durante el forcejeo, que mi defendido no estaba armado. Igualmente, esta defensa considera que existe CONTRADICCIÓN en la motivación de la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos que emergen de la misma, a saber: 1.- La Sentencia Apelada da por demostrado, equivocadamente, el hecho de que mi defendido actúo, con ALEVOSÍA, cuando resultó muerto el hoy occiso; sin embargo, trata de justificar CONTRADICTORIAMENTE que mi defendido actúo en esa situación, en un momento de ARREBATO E INTENSO DOLOR, por injusta provocación del hoy occiso, quien iba a matar a su hermano HENRY NAVAS, como quedó probado en el Juicio oral y público. 2.- Se pregunta esta defensa como puede estar plenamente probado, como lo dice la Sentencia Apelada, que mi defendido actúo con ALEVOSÍA en la muerte del hoy occiso, y así quedó condenado injustamente, por HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA; y a la vez, se le aplica la causa de atenuación prevista en el Artículo 67 del Código Penal, ya que mi defendido actúo, según el criterio de la sentenciadora, ante un arrebato e intenso dolor, provocado injustamente por el hoy occiso, cuando iba a matar a el hermano de mi defendido, lo cual si da por probado, y considera esta defensa que efectivamente fue probado en autos durante el juicio oral y público. También considera esta defensa que la Sentencia Apelada adolece de ILOGICIDAD, ya que da por cierto sin, haber sido probado, que mi defendido haya disparado cinco (5) veces, cuando a pesar de que los testigos presenciales fueron contestes en sus dichos que solo oyeron un solo disparo o detonación; surgiendo la duda razonable de quien le infringió al hoy occiso, las otras cuatro (4) restantes heridas, ya que mi defendido reconoce, al igual que los testigos presenciales evacuados durante el debate oral y público, que al momento del forcejeo del hoy occiso con mi defendido, al tratar de salvar a su hermano, sólo se oyó un disparo o detonación; y de las pruebas técnicas realizadas al hoy occiso, efectivamente se demuestra, que el hoy occiso, recibió cinco (5) heridas de bala, pero en ningún caso, de allí se puede inferir o aseverar que las cinco heridas mencionadas la haya realizado mi defendido. Surgiendo así la DUDA RAZONABLE, de que quien le infringió al hoy occiso las otras cuatro (4) heridas de bala, si cuando ocurrieron los hechos, todos los testigos evacuados por la defensa durante el juicio oral y público, son contestes en que oyeron una (1) la detonación o disparo y, lo que demuestra que haya una herida a próximo contacto; a pesar de ello, las pruebas técnicas dicen que el hoy occiso tenía cuatro (4) más, a distancia. Como se produjeron las mismas, he ahí la DUDA. Sin embargo, la defensa considera que el hoy occiso fue rematado por otras personas ajenas a los hechos, cuando era trasladado a la morgue, ya que la herida recibida durante el forcejeo con mi defendido, a próximo contacto fue mortal, y que el cuerpo del hoy occiso quedo en resguardo de los funcionarios policiales, presuntos compañeros de labores de hoy occiso, cuando mi defendido y su hermano salieron corriendo en resguardo de sus vidas, y ello se corrobora al concatenar esta hipótesis cuando en el juicio oral y público, se evidenció el hoy occiso tenía una herida a próximo contacto, la del forcejeo, y otras cuatro, a distancia, que le fueron propinados después de los hechos, para así poder mantener la tesis de la presunta Alevosía de mi defendido contra el hoy occiso. Pero considera esta defensa que la verdad surgió, en el decurso del debate oral público, y el hoy occiso técnicamente habló. Pero reitero fue una Duda Razonable, alegada por la defensa, cuando al final, sostuvo a nombre de mi defendido, el IN DUBIO PRO REO, derecho que le asiste a la defensa, e ilógicamente no fue tomado en consideración por la Sentencia Apelada, en su motivación, ni a favor ni en contra. Quitándole razonalidad a la veracidad de los hechos enjuiciados, ya que no hay una versión categórica de cómo en realidad ocurrieron los hechos enjuiciados. La solución que pretende esta defensa después de haber fundamentado el motivo contenido en el Artículo 452, Numeral 2°, es que mi defendido sea declarado ABSUELTO, mediante una decisión propia de la Honorable Corte de Apelaciones que conocerá este Recurso de Apelación, ya que sería inútil el hecho de volver a realizar un nuevo juicio, cuando en el realizado se determino sin lugar a dudas, durante el desarrollo del mismo, a través del acervo probatorio, que efectivamente mi defendido se le avanzó al hoy occiso, cuando inminentemente iba a matar al hermano de mi defendido, hubo un forcejeo entre el mismo y mi defendido, en donde se oyó una detonación, que le produjo la muerte al hoy occiso, de allí se fueron corriendo mi defendido y su hermano, ya que temían por sus vidas ante lo sucedido, y el cuerpo del hoy occiso quedó en custodia de los funcionarios policiales, presuntos compañeros del hoy occiso, quienes lo llevaron a el hospital y después fue ingresado al morgue, en donde se le realizaron las pruebas técnicas, que hacen surgir la duda razonable, que hace emerger la hipótesis alegada por la defensa del Indubio Pro Reo, en cuanto a quien o quienes, ya que no está probado en autos, que hay sido mi defendido, haya producido, el resto de las cuatro (4) heridas, a distancia, que presentaba el hoy occiso…MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN N° 3. Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión Considera esta defensa que durante el desarrollo del debate oral y público desarrollado en contra de mi defendido, y aún antes, en la Audiencia Preliminar realizada en su contra, en la presente causa, ratificados en dicho debate, se quebrantaron u omitieron formas sustanciales que causaron indefensión, a mi defendido, a saber: A.- El Ministerio Público acusa a mi defendido …los soportes, que surgieron en la investigación, realizada en contra de mi defendido, y que estarán parte de las misma. A los cuales no tuvo conocimiento esta defensa al momento de preparar la Audiencia Preliminar, en franco quebrantamiento de formas sustanciales que causaron una indefensión, ya que la defensa no tuvo acceso a los referidos anexos…B.- En la Audiencia de Apertura del debate oral y público, que se le realizó a mi defendido, en fecha 31 de Mayo del 2010, le pedí al Tribunal del Juicio, que corroborara si en los autos se encontraban los 66 folios…C.- Se siguió con la celebración del juicio oral y público ante la referida Sentencia Apelada, que nunca tomo en consideración tal irregularidad que durante la mayor parte del juicio, produjo una indefensión, en plena violación de sus derechos constitucionales a la efectiva defensa. La solución que pretende esta defensa después de haber fundamentado el motivo contenido en el Artículo 452, Numeral 3°, es que mi defendido sea declarado ABSUELTO, mediante una decisión propia de la Honorable Corte de Apelaciones que conocerá este Recurso de Apelación, ya que sería inútil el hecho de volver a realizar un nuevo juicio, cuando en el realizado se determinó sin lugar a dudas, durante el desarrollo del mismo, a través del acervo probatorio, que efectivamente mi defendido se le avanzó al hoy occiso, cuando inminentemente iba a matar al hermano de mi defendido, hubo un forcejeo entre el mismo y mi defendido, en donde se oyó una detonación, que le produjo la muerte lamentablemente, al hoy occiso, de allí se fueron corriendo mi defendido y su hermano, ya que temían por sus vidas ante lo sucedido, y el cuerpo del hoy occiso quedo en custodia de los funcionarios policiales, presuntos compañeros del hoy occiso. Quienes lo llevaron a el hospital y después fue ingresado al morgue, en donde se le realizaron las pruebas técnicas, ya que como quedó alegado y probado en autos, durante el debate, aún con la indefensión sufrida por mi defendido durante la mayor parte del mismo, pero se ratifica el hecho de que mi defendido actúo en el desarrollo de los hechos, es un verdadero Estado de Necesidad, como siempre lo mantuvo la defensa durante todo el proceso que se le siguió en su contra y en el cual terminó injustamente condenado por la Sentencia hoy apelada. MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN N° 4.- Violación de la Lry por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Considera igualmente esta defensa que se inobservaron la las siguientes normas jurídicas, las cuales puntualizó en forma sintetizada, a saber: 1.- Artículo 1° del COPP, ya que en el juicio que se realizó a mi defendido mi defendido no hubo salvaguarda de todos sus derechos y garantías del debido proceso garantizados por la Constitución Bolivariana de Venezuela y otras leyes, y ello lo considera por el estado de indefensión que sufrió durante la mayor parte del proceso, cuando no encontraban en autos desde la Audiencia Preliminar, todos los soportes que se fundaba la Acusación realizada en su contra. 2.- Artículo 12 del COPP, ya que por el mismo estado de indefensión en que se encontraba mi defendido por el hecho de no poder tenido acceso a los soportes en que se fundaba la Acusación Fiscal durante la mayor parte del proceso, fue inobservado y en ningún momento fue garantizado por los jueces que conocieron de la presente causa. 3.- Artículo 13 del COPP, considera esta defensa que en el Juicio oral y público, a pesar de que se trato de establecer la veracidad de los hechos por las vías jurídicas, a través de los alegatos y pruebas, tanto de la parte fiscal como de la defensa, en la decisión tomada el juez no se atuvo al emitirla. 4.- Artículo 17 del COPP, se inbservó, ya que el debate oral y público se inició el día en fecha 31 de Mayo del 2.010 y finalizó, después de tantas suspensiones, el día 26 de Septiembre del 2.010, con la publicación del texto integro de la Sentencia Apelada. Duro casi cinco (5) meses. Se pregunta hubo la concentración efectiva. 5.- Artículo 355 del COPP, se inobservó en el sentido de que se altero la evaluación de los testigos, que primero debían ser los de la Fiscalía y después los de la defensa; pero como no habían conseguidos los recaudos que la Fiscalía anexo a la Acusación, se evacuaron primero los de la Defensa, favoreciendo al Ministerio Público; en violación flagrante del derecho a la igualdad de las partes. 6.- Artículo 357 del COPP, se inobservó ya que cuando la defensa pidió que se prescindirá de los testigos de la fiscalía que no habían comparecido, a pesar de ser citados, se negó ello. Y después no le quedo a la Fiscalía que solicitar se prescindiera de varios, entre ellos cinco testigos presénciales promovidos por esta. 7.- Artículo 363 del COPP, inobservado ya que esta defensa considera que debió habido una congruencia entre lo establecido en la Acusación y en la Defensa, ya que ésta ningún momento hablo de Legitima Defensa, como fue valorado en la motiva sino el Estado de Necesidad, las cuales son figuras distintas. 8.- Y por último, fue inobservado el Artículo 365 del COPP, en el sentido de que la salió Sentencia integra fue publicada fuera del lapso legal. Por último considera esta defensa que hubo errónea aplicación de la norma establecida en el Artículo 67 del Código Penal, que si bien es cierto reduce la pena a la que resulto condenado mi defendido, pero en ningún momento la defensa pidió tal circunstancia que atenúa su responsabilidad, ya que al aplicar la misma, esta plenamente que mi defendido actúo en defensa de su hermano, quien iba inminentemente a ser resultado muerto por el occiso, o sea, que esta plenamente comprobado como consta en autos, que mi defendido actúo en Estado de Necesidad, Artículo 65, Numeral 4, Ejusdem., al evitar con su conducta que su hermano haya resultado muerto por la provocación injusta y probada del hoy occiso, y ello fue lo que siempre la defensa alegó. Consideración aparte es el hecho de que la Sentencia Apelada en su Capitulo VI declara Improcedencia de la Legitima Defensa, Artículo 65, Numerales 1º, 2º y 3º, Ejusdem, Legitima Defensa ésta que nunca fue alegada por la Defensa; pero si el Estado de Necesidad, el cual esta probado en autos, y lo da probado la propia Sentencia, al jutisficar la errónea aplicación del Artículo 67, Ejusdem. Considera esa defensa que el Artículo 406, Numeral 1º, del Código Penal que establece el Homicidio Calificado con Alevosía es incompatible con lo establecido en el Artículo 67, Ejusdem. Y que la honorable Magistrado aplicó erróneamente las normas, ya que las mismas son excluyentes, en cuanto a la intención; y digo ello, ya que si una persona mata con alevosía, ello quiere decir con toda la intención sin justificación alguna; y al justificar con el Artículo 67, Ejusdem, justifica que mi defendido actuó ante la Injusta Provocación del hoy occiso, que inminentemente iba a matar a su hermano HENRY RAFAEL NAVAS DÁVILA, antes identificado, y quien reitero, también fue acusado erróneamente por la Fiscalía, por los mismos hechos, por su presunta complicidad, y después de tres (3) años, después de un Juicio Oral y Público, resultó ABSUELTO, por los mis hechos, y la Juez tenía conocimiento de ello, y sin embargo, permitió que por unos mismos hechos resultaran dos (2) Sentencias contradictorias. Ante tales incongruencias, esta defensa da como solución, que se haga la Justicia, que se negó, y la Corte de Apelaciones, dicte una Sentencia propia que no sería otra que ABSOLVER a mi defendido, quien como quedó alegado y probado en autos, actúo en ESTADO DE NECESIDAD, cuando se le avalanzó y forcejeó con el hoy, cuando este iba a matar a su hermano. Doy por reproducidos, para que sean analizados al decidir el presente recurso, las conclusiones presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa, al concluir el debate. Como prueba de todos mis alegatos promuevo el contenido completo de el Expediente que contiene la Causa No. 3M-1189-10 y el contenido de la Causa No. 2M-997-08 (Seguida a el hermano de mi defendido, en el cual resulto resultó ABSUELTO por haber sido acusado injustamente por la Fiscalía por los mismos hechos a que se refiere la Sentencia Apelada…’
T E R C E R O
III.- DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
De foja 248 a foja 293 (pieza I), cursa texto de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero (3º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en la cual, en su dispositiva, decretó lo que sigue:
‘…PRIMERO: Declara CULPABLE al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, quien es de nacionalidad venezolana, nacido en Maracay, Estado Aragua, nacido en fecha 30-03-1980, de 30 años edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio cabillero, titular de la cédula de Identidad Nº V-14.692.427 y residenciado en BARRIO 23 DE ENERO, CALLE VALENCIA, CASA Nº 38, MARACAY, ESTADO ARAGUA, de los hechos acreditados por el Ministerio Público, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO CON ALEVOSÍA, previsto y sancionado en los Artículos 406 Numeral 1º del Código Penal, la cual tiene prevista una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, cuyo término medio conforme lo prevé el Artículo 37 del Código Penal, sería de DIECISIETE (17) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, sin embargo observa esta Juzgadora que el hecho cometido por el acusado fue bajo la premisa del Artículo 67 del Código Penal que dispone EL ARREBATO E INTENSO DOLOR, que le permite a esta juzgadora aplicar una rebaja, la cual será en este caso de un tercio, que significaría una rebaja de CINCO (05) AÑOS Y DIEZ (10) MESES, por lo que la pena en definitiva a cumplir por el acusado JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, quien es de nacionalidad venezolana, nacido en Maracay, Estado Aragua, nacido en fecha 30-03-1980, de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio cabillero, titular de la cédula de Identidad Nº V-14.692.427 y residenciado en BARRIO 23 DE ENERO, CALLE VALENCIA, CASA Nº 38, MARACAY, ESTADO ARAGUA, es de ONCE (11) AÑOS OCHO (08) MESES DE PRISIÓN. Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: También se le condena a cumplir las penas accesorias a la de prisión establecidas en el artículo 16, ordinales 1 y 2 del Código Penal vigente. TERCERO: Se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de ejecución correspondiente una vez que se encuentre firme la Sentencia. En cuanto al estado de libertad del acusado de autos, este Tribunal mantiene la medida cautelar privativa de libertad que le fuera dictada en su oportunidad procesal por el Tribunal correspondiente. CUARTO: Por cuanto la presente Sentencia quedó redactada y publicada fuera del lapso legal es necesario notificar a las partes, y se ordena el traslado del acusado JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, a los fines de imponerlo de la sentencia condenatoria. Agréguense en original a las actuaciones. Désele copia a aquellas de las partes que así lo soliciten. Archívese copia de la presente sentencia. Todo conforme a lo pautado en el Artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez firme la presente sentencia remítase la presente causa al Juez de Ejecución, conforme a lo previsto en el Artículo 480 Eiusdem…’
C U A R T O
IV.- ESTA SALA RESUELVE
Esta Alzada considera pertinente resolver lo inherente al primer motivo de apelación, que ha titulado como “MOTIVO FUNDADO DEL RECURSO DE APELACIÓN No 2”, que ha sustentado en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar el quejoso ‘…que se produjo una FALTA en la motivación de la Sentencia…’
Una vez revisada exhaustivamente la sentencia recurrida, quienes aquí deciden consideran que le asiste la razón al abogado recurrente, ya que, en efecto, se evidencia que la recurrida está sumida en falta de motivación.
Es de ver la precaria y efímera valoración que hace la a quo a los órganos de pruebas declarantes en el adversatorio, específicamente con relación a los testimonios de los ciudadanos CARMEN JOSEFINA DUARTE de ALAYÓN, ANA YELITZA AYALA GUZMÁN, MARÍA FERNANDA DEL CARMEN FERNÁNDEZ AYALA, HENRY RAFAEL NAVAS DÁVILA, CARLOS EDUARDO LUCENA SERENO, DANNY JOEL SILVA FLORES, KELLYS DENISE LUCENA MARTÍNEZ, CRISTINA GREGORIA GUILLÉN de AGUIRRE, LEYVA COROMOTO MORA de RAMÍREZ, GREGORIA RAMONA MONTOYA FLORES, MIGUEL ÁNGEL ZAMBRANO PEÑA (experto), TERESA PINTO GALICIA (experta), YRELIS TIVIZAY ZAPATA GONZÁLEZ (experta), LUCIA D’OLIVAL RODRÍGUEZ (funcionaria), LIGIA DANAE GARCÍA MEJIA (experta); y, JOSÉ GREGORIO SILIANI APONTE (experto), declaraciones medulares en la presente causa.
Ciertamente la jueza a quo valora de forma seccionada las declaraciones de los prenombrados órganos de pruebas, es decir, extrae de sus testimonios sólo algunos aspectos y no hace una valoración integral de sus exposiciones. Aunado a ello, no realiza ninguna articulación entre órganos de pruebas, pues hace mención de términos como ‘con el resto de las declaraciones’, ‘con las demás testimoniales’, ‘con las declaraciones de los demás testigos’, ‘este testigo como los demás testigos…son contestes’, ‘al igual que los demás testigos’, en fin, no articula ninguna declaración con otra, sólo se refiere a ‘las demás declaraciones’ o al resto de ellas, sin especificar cuáles son esas ‘otras’ declaraciones.
De modo que, no hay claridad en la valoración de los mencionados órganos de pruebas, no produce convencimiento. No existe un real razonamiento deductivo, ora, la gaseosa determinación de los hechos fijados por la a quo en la recurrida. Ha debido el tribunal de mérito analizar el contenido de cada uno de éstos medios de pruebas, compararlos y relacionarlos, y, así, de forma tangible valorarlos observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, lo cual no hizo la a quo.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la motivación de la sentencia, ha reiterado:
‘...la finalidad de la motivación puede reducirse a tres aspectos fundamentales: 1) garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales superiores; 2) convencer a las partes sobre la justificación y legitimidad de la decisión judicial y, 3) verificar que la decisión no es producto de un actuar arbitrario del juez, sino de la válida aplicación del derecho…’ (Sentencia Nº 046, de fecha 31 de enero de 2008, en ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores)
‘…no es más que la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, eso si, una solución racional, clara y entendible que no deje lugar a dudas en la mente de los justiciables, y que la inmotivación del fallo existe cuando las razones de hecho y de derecho, en las que se han basado, conforme a lo probado por las partes, para establecer una decisión, no han sido expresadas…’ (Sentencia Nº 571, de fecha 18 de diciembre de 2006, en ponencia del Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte)
El juez o jueza tiene libertad para apreciar las pruebas pero debe explicar las razones que lo llevan a tomar su decisión. Significa pues, la motivación de la sentencia, una garantía de seguridad jurídica para todas las partes, que permite fundar con escrupulosidad e iluminación los soportes de hecho y de derecho, que han cargado al sentenciador, quien, de acuerdo con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, declara el derecho por medio de pronunciamientos apropiadamente fundamentados, de forma congruente y articulados sobre la base de los medios de pruebas adversados y que se eslabonaran, que, al ser valorados, se aproximan a una decantación tangible, circunspecta e innegable.
Es de notar que del texto de la decisión recurrida se desprende una narración y motivación incongrua e insuficiente, puesto que, en primer lugar, utiliza una generalidad de testigos declarantes en el contradictorio para arribar a una conclusión ajena, pues se limita en establecer cerradamente lo que expusieron los mismos declarantes, no determinando lo que realmente debió verificar por sí misma.
A la luz de estas consideraciones, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha sentado:
‘…La motivación, propia de la función judicial, tienen como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos, necesarios para que el acusado y demás partes, conozcan las razones que le asistan, indispensables para poder ejercer los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del Juez con la ley…’ (Sentencia N° 550, de fecha 12 de diciembre de 2006, en ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores)
‘…El proceso de motivación de las sentencias encierra: 1) La expresión de las razones de hecho y de derecho 2) la subordinación de las razones de hecho a las previsiones de Ley Adjetiva Penal; 3) que la motivación del fallo no sea una enumeración material e incongruente de pruebas, y 4) que el proceso de decantación, que se transforme por medio de razonamiento y juicios, la diversidad de hecho, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal…’ (Sentencia N° 186, de fecha 04 de mayo de 2006, en ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores)
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 457 eiusdem, se anula la sentencia recurrida, proferida en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, causa 3M-1189-09, que condenó al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, por la comisión del delito Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406.1 del Código Penal; y, a tal efecto, se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un tribunal de juicio en el cual no se desempeñe como jueza, la abogada ADRIANA VILLA HERNÁNDEZ. Se declara con lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, en contra de la sentencia referida ut supra. Se mantiene la medida de coerción personal vigente para el momento de dictarse la sentencia recurrida. Así se decide.
En razón de la declaratoria anteriormente efectuada, se considera inoficioso entrar a conocer la otra denuncia formulada por la defensa. Así se decide.
DISPOSITIVA
Con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, declara la nulidad de la sentencia dictada en fecha 05 de noviembre de 2010, y publicada in extenso en fecha 26 de noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, causa 3M-1189-09, que condenó al ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, por la comisión del delito Homicidio Intencional Calificado con Alevosía, previsto en el artículo 406.1 del Código Penal. SEGUNDO: Se declara con lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, defensor privado del ciudadano JHOAN RAFAEL NAVAS DÁVILA, en contra de la sentencia referida ut supra. TERCERO: Se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público en un tribunal de juicio en el cual no se desempeñe como jueza, la abogada ADRIANA VILLA HERNÁNDEZ. CUARTO: Se mantiene la medida de coerción personal vigente para el momento de dictarse la sentencia.
Queda en los términos antes expuestos, resuelta la apelación interpuesta y objeto de estudio. Regístrese, publíquese, diarícese, déjese copia y remítase en su debida oportunidad. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en Maracay, a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA MAGISTRADA PRESIDENTA
FABIOLA COLMENAREZ
EL MAGISTRADO DE LA CORTE
FRANCISCO GERARDO COGGIOLA MEDINA
EL MAGISTRADO – PONENTE
ALEJANDRO JOSÉ PERILLO SILVA
LA SECRETARIA
KARINA PINEDA BENÍTEZ
En esta misma fecha se cumplió fielmente con lo ordenado en la sentencia anterior.
LA SECRETARIA
KARINA PINEDA BENÍTEZ
Causa: 1As-8667-11
FC/AJPS/FGCM/Doris
Sentencia sobre Legítima Defensa. Estado de Necesidad.
Causa N° 1Aa.1720-03.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA PRIMERA.
Ponencia de la Juez de Apelaciones Dra. Celina Padrón Acosta
I
Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Primera de Corte de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López, quien es de nacionalidad venezolana, natural de la Guajira, Municipio Páez, de 41 años de edad, de estado civil concubino, titular de la cédula de identidad N° 6.885.164, fecha de nacimiento 24/11/62, de profesión u oficio vigilante, hijo de los ciudadanos Rafael Torres y Anarcia López, domiciliado en el sector “Las Mandocas”, carretera principal vía el mojan, calle y casa sin número, al lado de la granja Pollo vilva, entre las cruces y nueva lucha, Municipio Mara, Estado Zulia; en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control No. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 07 de julio de 2003, mediante la cual se decretó Medida cautelar de privación de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Recibidas las actuaciones en esta Sala de Alzada, se da cuenta a los miembros de la misma, designándose ponente a la Juez Profesional que con tal carácter suscribe la presente decisión.
La admisión del recurso se produjo el 11 de agosto del 2003, verificados los presupuestos de admisibilidad de la misma, mediante decisión fundada signada bajo el N°: 391-03, siendo la presente la oportunidad prevista en el tercer aparte del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver el fondo de la controversia, atendiendo a los vicios impugnados, de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal y ha constatar la existencia de violaciones de rango constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
II
DEL RECURSO INTERPUESTO
Ante la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 07 de julio de 2003, fue interpuesto recurso de apelación por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López.
Quien recurre lo hace en base a los numerales 4° y 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, aduciendo que en la audiencia de presentación de imputado su defendido narró en forma amplia y dramática la forma en que ocurrieron los hechos, razón por la cual la defensa opuso una excepción de hecho, conocida jurídicamente como estado de necesidad, la cual en la legislación penal venezolana constituye una causal de justificación, que le resta al hecho su carácter de punibilidad, a tenor de lo establecido en el artículo 65 numeral 4° del Código Penal Venezolano.
Alega el accionante que del dicho de su defendido se desprende que el mismo se vio constreñido por la necesidad de salvar su integridad, al ser una situación inesperada, en la cual no se le puede exigir otra conducta que la asumida.
A criterio de la defensa demás, en actas no existen pruebas fundadas que desvirtúen la excepción de hecho planteada por la defensa, ante lo cual su defendido tiene derecho a someterse a la persecución penal en libertad, por lo que solicita le sea concedida una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, al no encontrarse subsumido en peligro de fuga, al poseer arraigo en el país, ni riesgo de obstaculización, ya que ha colaborado en el desarrollo de la investigación.
Señala como antecedentes legislativos en Venezuela, la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, del 10 de agosto de 1993, la Ley de Libertad Provisional bajo fianza, de fecha 09 de diciembre de 1992. Dicha normativa según la defensa permiten conocer el espíritu del legislador, orientado a razones de política criminal, la readaptación social y de profilaxia social.
III
CONTESTACION DEL RECURSO
Ante la formalización del recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano imputado Oscar Enrique López; en fecha 31 de julio del 2003, fue interpuesto escrito de contestación de recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, suscrito por las ciudadanas Milagros Coromoto Delgado Carruyo y Daiana Beatriz Vega Corea, actuando en su carácter de Fiscal Décima Octava y Auxilar, respectivamente.
En el referido escrito la Representación Fiscal en cuanto a la primera y segunda denuncia formuladas por la defensa, relativa a la causal de justificación, y la falta de pruebas que desvirtúen la misma; alegan que disienten de tal criterio por cuanto para alegar tal justificación la defensa, se apoya únicamente en el dicho del imputado, sin que consten en actas otros elementos.
Tampoco comparten la tesis de la defensa, por cuanto las lesiones propinadas por el imputado a las hoy víctimas lo fueron en zonas vitales, lo cual produjo la muerte a uno de ellos. Aunado a ello considera la representación fiscal que se encuentra presente el peligro de fuga, ya que el imputado no posee arraigo en el país.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación de autos interpuesto por la defensa del imputado.
IV
LA SALA PARA DECIDIR OBSERVA
Del análisis del escrito contentivo de la apelación interpuesta por Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López, se desprende que el mismo señala que en razón de la excepción de hecho que fue interpuesto por su persona durante la audiencia de presentación, y al no existir en actas pruebas fundadas que desvirtúen la excepción de hecho planteada por la defensa, reclama el derecho que tiene su defendido a someterse a la persecución penal en libertad, por lo que solicita le sea concedida una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, al no encontrarse subsumido en peligro de fuga, al poseer arraigo en el país, ni riesgo de obstaculización, ya que ha colaborado en el desarrollo de la investigación.
En contraposición a lo planteado por el accionante señala la Representación Fiscal que para alegar tal justificación, la defensa se apoya únicamente en el dicho del imputado, sin que consten en actas otros elementos, y que aunado a ello considera la representación fiscal que se encuentra presente el peligro de fuga, ya que el imputado no posee arraigo en el país.
Al respecto observa esta Sala de Alzada que corre inserta al folio 27 de las actuaciones que nos ocupan, en acta de celebración de audiencia de presentación de imputado, ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual se presentó al ciudadano Oscar Enrique López, por encontrarlo incurso en la comisión del delito de Homicidio Intencional, Lesiones Intencionales y Uso Indebido de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 407, 417 y 282 todos del Código Penal, cometidos en perjuicio de los ciudadanos Jhon Miguel González (occiso), Gustavo Fernández y José Facundo González; en la cual una vez finalizada la exposición del ciudadano Oscar Enrique López, la defensa ejercida en esa oportunidad por la abogada Carmen Elena Romero, Defensor Público N° 06, interviene a los fines de solicitar al Ministerio Público una prueba de parafina y a las víctima, asimismo solicita prueba de reacción de arma.
El 16 de junio de 2003, el imputado Oscar Enrique López, recluido en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas “El Marite”, designa como su defensor al abogado en ejercicio Freddy Ferrer Medina, el cual mediante escrito de esa misma fecha acepta la designación jurando cumplir con las funciones inherentes al cargo.
En razón de lo anteriormente expuesto, se evidencia que para el momento en que se pronunció la recurrida, el acciónate no ejercicio la defensa del imputado Oscar Enrique López, por el contrario el mismo contaba con un defensor público, quien durante su intervención en la audiencia celebrada en fecha 07 de julio de 2003, no invoco la excepción de hecho a la que alude el recurrente, por lo que mal podía pronunciarse el juez a-quo, de una solicitud que para el momento no había sido planteada, ya que bien es conocido el impedimento que recubre a los jueces profesionales de suplir la actuación de las partes.
Ante la audiencia del referido planteamiento durante la celebración de la audiencia, la juez a-quo se limita a dar contestación a los planteamientos que fueron propuestos en la celebración de la audiencia acordando en primer lugar la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda instar a la Fiscalía a la practica de las pruebas solicitadas por la defensa y declara sin lugar la solicitud de la Fiscalía de que sea decretado procedimiento ordinario.
En razón de ello, es mediante el escrito de apelación que motiva la presencia de las actuaciones, que el defensor privado invoca la referida excepción, en razón de la cual esta Sala de Alzada pasa a realizar las siguientes consideraciones, dejando expresamente establecido que en razón de tal pronunciamiento que la conducta asumida por el Juez a-quo se encuentra ajustada a derecho.
La excepción de hecho invocada por la defensa, atinente al estado de necesidad, se encuentra establecida en el numeral 4° del artículo 65 del Código Penal Venezolano, el cual establece lo siguiente: “…No es punible: …Omisis…4° El que obrando constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo…”
Este numeral es reconocido por la doctrina, tal y como lo indica el recurrente, como estado de necesidad o derecho de necesidad, situación necesaria, estado de necesidad supralegal, entre otros cognomentos.
Tal y como lo señala “Jorge Rogers Longa Sosa”, en su obra: “Código Penal Venezolano”, el estado de necesidad es una situación de peligro actual para los intereses jurídicos protegidos, en la cual no queda más remedio que el sacrifico de intereses jurídicos pertenecientes a otra persona. Esta situación no es causada dolosamente por el agente, quien solo puede salvarse mediante el sacrificio de un bien jurídico ajeno.
La doctrina se refiere a los alegatos de la defensa, como una causa de exclusión de la culpabilidad, en razón de circunstancias externas, internalizadas por el individuo, impiden el proceso normal de motivación de sujeto y se convierten en causa de su acto volitivo, en forma tal que permiten considerar que al sujeto no le era exigible otra conducta u otro comportamiento conforme a las exigencias de la norma.
En cuanto a esta excepción de hecho plantada por la defensa, y una vez precisada brevemente su definición, en cuanto a la oportunidad para su resolución, la Sala comparte el criterio explanado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 1.129, de fecha 08/08/00, con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, donde se sostuvo que “…No obstante, ha dicho reiteradamente esta Sala que cuando la excepción de hecho no es inverosímil, no tiene por qué estar corroboradas con otros elementos probatorios para que pueda ser apreciada a favor del excepcionante, pero el Juez deberá compararla con los demás elementos de prueba para determinar si la misma no resulta desvirtuada…”
En razón del criterio referido ut supra, es por lo que consideran quienes integran esta Sala de Alzada, que la oportunidad idónea para que el Juez se pronuncie en cuanto a la misma es aquella en la cual pueda tener acceso al acervo probatorio presentado por las partes, para así poder comparar la excepción de hecho con los demás elementos probatorios para determinar si la misma resulta desvirtuada o no.
Aunado a ello, tal y como se explana en el escrito de contestación, quien detenta la acción penal posee otra concepción de los hechos que le han sido imputados al ciudadano Oscar Enrique López, distinta a la defensa al punto que niega que estemos en presencia de una excepción de hecho; en razón de lo cual los alegatos presentados por la defensa pasaron a constituir un punto controvertido, y en cuanto a ello la Sala de Casación Penal, se ha pronunciado en decisión de fecha 05 de junio de 2002, de la siguiente manera: “…Omisis…Considera la Sala que al constituir el alegato de la defensa un punto controvertido, el mismo debió ser objeto de prueba y ello sólo era posible en el juicio oral y público…”
Por las razones anteriormente expuesta es por lo que considera esta Sala que la oportunidad idónea para la resolución de la excepción opuesta por la defensa es cuando el juez tenga acceso a las pruebas, es decir, en el juicio oral y público. Y así se decide.
Y por cuanto de los alegatos explanados por la defensa se desprende que su pretensión se encuentra dirigida a impugnar la medida privativa de la libertad, impuesta por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la Sala pasa a analizar los argumentos esgrimidos en la recurrida en cuanto a el referido pronunciamiento de la siguiente manera:
El ciudadano imputado Oscar Enrique López, es presentado por la Representación Fiscal, por considerarlo incurso en la comisión del delito de Homicidio Intencional, Lesiones Intencionales y Uso Indebido de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 407, 417 y 282 todos del Código Penal, cometidos en perjuicio de los ciudadanos Jhon Miguel González (occiso), Gustavo Fernández y José Facundo González, en la referida audiencia, en cuanto a la libertad del referido imputado la juez a-quo explano que declara con lugar la solicitud hecho por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a la PRIVACION PREVENTIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, del ciudadano Oscar Enrique López, en virtud de que la sumatoria de los delitos por el cual esta siendo presentado, excede los 10 años, lo cual hace presumir el peligro de fuga, en razón de la pena que podría llegar a imponerse.
Al respecto considera la Sala, acogiendo el criterio sustentado por el reconocido jurista Alberto Arteaga Sánchez, en su ensayo “La libertad y sus restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, señala al respecto que “…Estas circunstancias, pues, debidamente evaluadas y probadas, servirán para que el juez dictamine sobre el peligro de fuga, del cual constituye indicios, en definitiva, la gravedad del delito cometido y su posible pena, calculada sobre la base del termino medio, en el sistema actual; la desvinculación familiar, profesional y en cuanto a domicilio en el país en el que está sometido a juicio el imputado; la importancia del daño causado; el comportamiento renuente al proceso en curso u otro anterior; y las mayores posibilidades o recursos para trasladarse fuera del país o mantenerse oculto..”
En armonía con el citado criterio doctrinal anteriormente referido, consideran quienes integran esta Sala que el juez a-quo al momento de decidir en cuanto a la solicitud fiscal, lo hizo en apego de las disposiciones legales que rigen la materia, motivando su decisión, para afirmar que a su criterio se encuentra ante un eminente peligro de fuga.
Al respecto, comparte este Sala de Alzada el criterio explanado por el juez a-quo y por el jurista Alberto Arteaga Sánchez, en su ensayo “La libertad y sus restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano”, cuando señala al respecto que tratándose de criterios que orientan la privación de libertad del imputado, los mismos deberán interpretarse restrictivamente y, en consecuencia, esas sospechas sobre posibles acciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de la verdad deben asentarse en circunstancias objetivas, relativas al delito que se averigua y sus implicaciones (gravedad del hecho punible y expresiones concretas de su comisión) y circunstancias subjetivas ( modus operandi y comportamiento del imputado desde el inicio de la investigación).
Es por ello, que los integrantes de esta sala consideran que las afirmaciones formuladas por el órgano jurisdiccional en cuanto al peligro de fuga, se basa en circunstancias objetivas preestablecidas por el legislador, específicamente en el artículo 251, numerales 1° y 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a la posible pena que podría llegar a imponerse aunado a que el imputado indico como domicilio el siguiente: sector “Las Mandocas”, carretera principal vía el mojan, calle y casa sin número, al lado de la granja Pollo vilva, entre las cruces y nueva lucha, Municipio Mara, Estado Zulia; la cual a simple vista, tal y como lo indica la Representación Fiscal carece de precisión; aunado a la magnitud del daño causado, el cual se encuentra referido a la perdida de la vida de una persona y otras que se encuentran gravemente heridas, tal y como se desprende de actas.
En el merito que antecede, esta Sala de Alzada considera que lo procedente en derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control No. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 07 de julio de 2003, mediante la cual se decretó Medida cautelar de privación de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López; en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control No. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 07 de julio de 2003, mediante la cual se decretó Medida cautelar de privación de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de audiencia de esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en Maracaibo, a los trece (13) días del mes de agosto de 2003. Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
LA JUEZ PRESIDENTE
CELINA PADRON ACOSTA
PONENTE
LOS JUECES PROFESIONALES
TANIA MENDEZ DE ALEMAN DICK W. COLINA LUZARDO
LA SECRETARIA
ZULMA GARCIA DE STRAUSS
En la misma fecha la anterior decisión quedo registrada bajo el N° 399-03, en el Libro de Registro de Decisiones llevado a este Tribunal en el presente año.
LA SECRETARIA
ZULMA GARCIA DE STRAUSS
CPA/fcbr
Causa: 1As. 1720-03.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA PRIMERA.
Ponencia de la Juez de Apelaciones Dra. Celina Padrón Acosta
I
Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Primera de Corte de Apelaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López, quien es de nacionalidad venezolana, natural de la Guajira, Municipio Páez, de 41 años de edad, de estado civil concubino, titular de la cédula de identidad N° 6.885.164, fecha de nacimiento 24/11/62, de profesión u oficio vigilante, hijo de los ciudadanos Rafael Torres y Anarcia López, domiciliado en el sector “Las Mandocas”, carretera principal vía el mojan, calle y casa sin número, al lado de la granja Pollo vilva, entre las cruces y nueva lucha, Municipio Mara, Estado Zulia; en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control No. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 07 de julio de 2003, mediante la cual se decretó Medida cautelar de privación de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Recibidas las actuaciones en esta Sala de Alzada, se da cuenta a los miembros de la misma, designándose ponente a la Juez Profesional que con tal carácter suscribe la presente decisión.
La admisión del recurso se produjo el 11 de agosto del 2003, verificados los presupuestos de admisibilidad de la misma, mediante decisión fundada signada bajo el N°: 391-03, siendo la presente la oportunidad prevista en el tercer aparte del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver el fondo de la controversia, atendiendo a los vicios impugnados, de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal y ha constatar la existencia de violaciones de rango constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
II
DEL RECURSO INTERPUESTO
Ante la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 07 de julio de 2003, fue interpuesto recurso de apelación por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López.
Quien recurre lo hace en base a los numerales 4° y 5° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, aduciendo que en la audiencia de presentación de imputado su defendido narró en forma amplia y dramática la forma en que ocurrieron los hechos, razón por la cual la defensa opuso una excepción de hecho, conocida jurídicamente como estado de necesidad, la cual en la legislación penal venezolana constituye una causal de justificación, que le resta al hecho su carácter de punibilidad, a tenor de lo establecido en el artículo 65 numeral 4° del Código Penal Venezolano.
Alega el accionante que del dicho de su defendido se desprende que el mismo se vio constreñido por la necesidad de salvar su integridad, al ser una situación inesperada, en la cual no se le puede exigir otra conducta que la asumida.
A criterio de la defensa demás, en actas no existen pruebas fundadas que desvirtúen la excepción de hecho planteada por la defensa, ante lo cual su defendido tiene derecho a someterse a la persecución penal en libertad, por lo que solicita le sea concedida una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, al no encontrarse subsumido en peligro de fuga, al poseer arraigo en el país, ni riesgo de obstaculización, ya que ha colaborado en el desarrollo de la investigación.
Señala como antecedentes legislativos en Venezuela, la Ley de Beneficios en el Proceso Penal, del 10 de agosto de 1993, la Ley de Libertad Provisional bajo fianza, de fecha 09 de diciembre de 1992. Dicha normativa según la defensa permiten conocer el espíritu del legislador, orientado a razones de política criminal, la readaptación social y de profilaxia social.
III
CONTESTACION DEL RECURSO
Ante la formalización del recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano imputado Oscar Enrique López; en fecha 31 de julio del 2003, fue interpuesto escrito de contestación de recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, suscrito por las ciudadanas Milagros Coromoto Delgado Carruyo y Daiana Beatriz Vega Corea, actuando en su carácter de Fiscal Décima Octava y Auxilar, respectivamente.
En el referido escrito la Representación Fiscal en cuanto a la primera y segunda denuncia formuladas por la defensa, relativa a la causal de justificación, y la falta de pruebas que desvirtúen la misma; alegan que disienten de tal criterio por cuanto para alegar tal justificación la defensa, se apoya únicamente en el dicho del imputado, sin que consten en actas otros elementos.
Tampoco comparten la tesis de la defensa, por cuanto las lesiones propinadas por el imputado a las hoy víctimas lo fueron en zonas vitales, lo cual produjo la muerte a uno de ellos. Aunado a ello considera la representación fiscal que se encuentra presente el peligro de fuga, ya que el imputado no posee arraigo en el país.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación de autos interpuesto por la defensa del imputado.
IV
LA SALA PARA DECIDIR OBSERVA
Del análisis del escrito contentivo de la apelación interpuesta por Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López, se desprende que el mismo señala que en razón de la excepción de hecho que fue interpuesto por su persona durante la audiencia de presentación, y al no existir en actas pruebas fundadas que desvirtúen la excepción de hecho planteada por la defensa, reclama el derecho que tiene su defendido a someterse a la persecución penal en libertad, por lo que solicita le sea concedida una medida cautelar sustitutiva de la privación de la libertad, de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, al no encontrarse subsumido en peligro de fuga, al poseer arraigo en el país, ni riesgo de obstaculización, ya que ha colaborado en el desarrollo de la investigación.
En contraposición a lo planteado por el accionante señala la Representación Fiscal que para alegar tal justificación, la defensa se apoya únicamente en el dicho del imputado, sin que consten en actas otros elementos, y que aunado a ello considera la representación fiscal que se encuentra presente el peligro de fuga, ya que el imputado no posee arraigo en el país.
Al respecto observa esta Sala de Alzada que corre inserta al folio 27 de las actuaciones que nos ocupan, en acta de celebración de audiencia de presentación de imputado, ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual se presentó al ciudadano Oscar Enrique López, por encontrarlo incurso en la comisión del delito de Homicidio Intencional, Lesiones Intencionales y Uso Indebido de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 407, 417 y 282 todos del Código Penal, cometidos en perjuicio de los ciudadanos Jhon Miguel González (occiso), Gustavo Fernández y José Facundo González; en la cual una vez finalizada la exposición del ciudadano Oscar Enrique López, la defensa ejercida en esa oportunidad por la abogada Carmen Elena Romero, Defensor Público N° 06, interviene a los fines de solicitar al Ministerio Público una prueba de parafina y a las víctima, asimismo solicita prueba de reacción de arma.
El 16 de junio de 2003, el imputado Oscar Enrique López, recluido en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas “El Marite”, designa como su defensor al abogado en ejercicio Freddy Ferrer Medina, el cual mediante escrito de esa misma fecha acepta la designación jurando cumplir con las funciones inherentes al cargo.
En razón de lo anteriormente expuesto, se evidencia que para el momento en que se pronunció la recurrida, el acciónate no ejercicio la defensa del imputado Oscar Enrique López, por el contrario el mismo contaba con un defensor público, quien durante su intervención en la audiencia celebrada en fecha 07 de julio de 2003, no invoco la excepción de hecho a la que alude el recurrente, por lo que mal podía pronunciarse el juez a-quo, de una solicitud que para el momento no había sido planteada, ya que bien es conocido el impedimento que recubre a los jueces profesionales de suplir la actuación de las partes.
Ante la audiencia del referido planteamiento durante la celebración de la audiencia, la juez a-quo se limita a dar contestación a los planteamientos que fueron propuestos en la celebración de la audiencia acordando en primer lugar la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda instar a la Fiscalía a la practica de las pruebas solicitadas por la defensa y declara sin lugar la solicitud de la Fiscalía de que sea decretado procedimiento ordinario.
En razón de ello, es mediante el escrito de apelación que motiva la presencia de las actuaciones, que el defensor privado invoca la referida excepción, en razón de la cual esta Sala de Alzada pasa a realizar las siguientes consideraciones, dejando expresamente establecido que en razón de tal pronunciamiento que la conducta asumida por el Juez a-quo se encuentra ajustada a derecho.
La excepción de hecho invocada por la defensa, atinente al estado de necesidad, se encuentra establecida en el numeral 4° del artículo 65 del Código Penal Venezolano, el cual establece lo siguiente: “…No es punible: …Omisis…4° El que obrando constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo…”
Este numeral es reconocido por la doctrina, tal y como lo indica el recurrente, como estado de necesidad o derecho de necesidad, situación necesaria, estado de necesidad supralegal, entre otros cognomentos.
Tal y como lo señala “Jorge Rogers Longa Sosa”, en su obra: “Código Penal Venezolano”, el estado de necesidad es una situación de peligro actual para los intereses jurídicos protegidos, en la cual no queda más remedio que el sacrifico de intereses jurídicos pertenecientes a otra persona. Esta situación no es causada dolosamente por el agente, quien solo puede salvarse mediante el sacrificio de un bien jurídico ajeno.
La doctrina se refiere a los alegatos de la defensa, como una causa de exclusión de la culpabilidad, en razón de circunstancias externas, internalizadas por el individuo, impiden el proceso normal de motivación de sujeto y se convierten en causa de su acto volitivo, en forma tal que permiten considerar que al sujeto no le era exigible otra conducta u otro comportamiento conforme a las exigencias de la norma.
En cuanto a esta excepción de hecho plantada por la defensa, y una vez precisada brevemente su definición, en cuanto a la oportunidad para su resolución, la Sala comparte el criterio explanado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 1.129, de fecha 08/08/00, con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, donde se sostuvo que “…No obstante, ha dicho reiteradamente esta Sala que cuando la excepción de hecho no es inverosímil, no tiene por qué estar corroboradas con otros elementos probatorios para que pueda ser apreciada a favor del excepcionante, pero el Juez deberá compararla con los demás elementos de prueba para determinar si la misma no resulta desvirtuada…”
En razón del criterio referido ut supra, es por lo que consideran quienes integran esta Sala de Alzada, que la oportunidad idónea para que el Juez se pronuncie en cuanto a la misma es aquella en la cual pueda tener acceso al acervo probatorio presentado por las partes, para así poder comparar la excepción de hecho con los demás elementos probatorios para determinar si la misma resulta desvirtuada o no.
Aunado a ello, tal y como se explana en el escrito de contestación, quien detenta la acción penal posee otra concepción de los hechos que le han sido imputados al ciudadano Oscar Enrique López, distinta a la defensa al punto que niega que estemos en presencia de una excepción de hecho; en razón de lo cual los alegatos presentados por la defensa pasaron a constituir un punto controvertido, y en cuanto a ello la Sala de Casación Penal, se ha pronunciado en decisión de fecha 05 de junio de 2002, de la siguiente manera: “…Omisis…Considera la Sala que al constituir el alegato de la defensa un punto controvertido, el mismo debió ser objeto de prueba y ello sólo era posible en el juicio oral y público…”
Por las razones anteriormente expuesta es por lo que considera esta Sala que la oportunidad idónea para la resolución de la excepción opuesta por la defensa es cuando el juez tenga acceso a las pruebas, es decir, en el juicio oral y público. Y así se decide.
Y por cuanto de los alegatos explanados por la defensa se desprende que su pretensión se encuentra dirigida a impugnar la medida privativa de la libertad, impuesta por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la Sala pasa a analizar los argumentos esgrimidos en la recurrida en cuanto a el referido pronunciamiento de la siguiente manera:
El ciudadano imputado Oscar Enrique López, es presentado por la Representación Fiscal, por considerarlo incurso en la comisión del delito de Homicidio Intencional, Lesiones Intencionales y Uso Indebido de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 407, 417 y 282 todos del Código Penal, cometidos en perjuicio de los ciudadanos Jhon Miguel González (occiso), Gustavo Fernández y José Facundo González, en la referida audiencia, en cuanto a la libertad del referido imputado la juez a-quo explano que declara con lugar la solicitud hecho por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a la PRIVACION PREVENTIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, del ciudadano Oscar Enrique López, en virtud de que la sumatoria de los delitos por el cual esta siendo presentado, excede los 10 años, lo cual hace presumir el peligro de fuga, en razón de la pena que podría llegar a imponerse.
Al respecto considera la Sala, acogiendo el criterio sustentado por el reconocido jurista Alberto Arteaga Sánchez, en su ensayo “La libertad y sus restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, señala al respecto que “…Estas circunstancias, pues, debidamente evaluadas y probadas, servirán para que el juez dictamine sobre el peligro de fuga, del cual constituye indicios, en definitiva, la gravedad del delito cometido y su posible pena, calculada sobre la base del termino medio, en el sistema actual; la desvinculación familiar, profesional y en cuanto a domicilio en el país en el que está sometido a juicio el imputado; la importancia del daño causado; el comportamiento renuente al proceso en curso u otro anterior; y las mayores posibilidades o recursos para trasladarse fuera del país o mantenerse oculto..”
En armonía con el citado criterio doctrinal anteriormente referido, consideran quienes integran esta Sala que el juez a-quo al momento de decidir en cuanto a la solicitud fiscal, lo hizo en apego de las disposiciones legales que rigen la materia, motivando su decisión, para afirmar que a su criterio se encuentra ante un eminente peligro de fuga.
Al respecto, comparte este Sala de Alzada el criterio explanado por el juez a-quo y por el jurista Alberto Arteaga Sánchez, en su ensayo “La libertad y sus restricciones en el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano”, cuando señala al respecto que tratándose de criterios que orientan la privación de libertad del imputado, los mismos deberán interpretarse restrictivamente y, en consecuencia, esas sospechas sobre posibles acciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de la verdad deben asentarse en circunstancias objetivas, relativas al delito que se averigua y sus implicaciones (gravedad del hecho punible y expresiones concretas de su comisión) y circunstancias subjetivas ( modus operandi y comportamiento del imputado desde el inicio de la investigación).
Es por ello, que los integrantes de esta sala consideran que las afirmaciones formuladas por el órgano jurisdiccional en cuanto al peligro de fuga, se basa en circunstancias objetivas preestablecidas por el legislador, específicamente en el artículo 251, numerales 1° y 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en atención a la posible pena que podría llegar a imponerse aunado a que el imputado indico como domicilio el siguiente: sector “Las Mandocas”, carretera principal vía el mojan, calle y casa sin número, al lado de la granja Pollo vilva, entre las cruces y nueva lucha, Municipio Mara, Estado Zulia; la cual a simple vista, tal y como lo indica la Representación Fiscal carece de precisión; aunado a la magnitud del daño causado, el cual se encuentra referido a la perdida de la vida de una persona y otras que se encuentran gravemente heridas, tal y como se desprende de actas.
En el merito que antecede, esta Sala de Alzada considera que lo procedente en derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López, en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control No. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 07 de julio de 2003, mediante la cual se decretó Medida cautelar de privación de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Ferrer Medina, en su carácter de defensor del imputado Oscar Enrique López; en contra de la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de control No. 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha 07 de julio de 2003, mediante la cual se decretó Medida cautelar de privación de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de audiencia de esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en Maracaibo, a los trece (13) días del mes de agosto de 2003. Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
LA JUEZ PRESIDENTE
CELINA PADRON ACOSTA
PONENTE
LOS JUECES PROFESIONALES
TANIA MENDEZ DE ALEMAN DICK W. COLINA LUZARDO
LA SECRETARIA
ZULMA GARCIA DE STRAUSS
En la misma fecha la anterior decisión quedo registrada bajo el N° 399-03, en el Libro de Registro de Decisiones llevado a este Tribunal en el presente año.
LA SECRETARIA
ZULMA GARCIA DE STRAUSS
CPA/fcbr
Causa: 1As. 1720-03.
Sentencia sobre Legítima Defensa. Edo de Necesidad
Magistrado Ponente: Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Vistos.
Se inició el presente caso el 10 de enero del año 2000 cuando en horas de la tarde el ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ, en presencia de algunos testigos, le produjo una herida mortal en la región abdominal al ciudadano EDGIDIO (SIC) RAMSE (SIC) MOLANO LEÓN, y causó así su muerte.
El Tribunal de Juicio con Jurados Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, a cargo de la Juez Presidenta VICTORIA MILAGROS ACEVEDO DE BORGES y de los jurados CELSA DEL VALLE HERNÁNDEZ MOYA, LUIS CORNELIO MARTÍNEZ, ALDEMARO JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SULENYS (SIC) MARÍA VÁSQUEZ MARÍN, ANGELA MARÍA SARMIENTO GONZÁLEZ, YENNY (SIC) EVANGELISTA TINEO MORAO, MARVELYS DEL VALLE VILLARROEL VILLAROEL, ANA CARMEN RIVAS SANABRIA y YUNWELYS (SIC) DEL CARMEN GONZÁLEZ FUENTES, dictó sentencia el 9 de junio del 2000 y condenó al ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad V-13.191.949, a cumplir la pena de DOCE AÑOS, DIECISÉIS DÍAS y DIECISÉIS HORAS DE PRESIDIO, más las accesorias legales correspondientes, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL y PORTE ILÍCITO DE ARMA, previstos respectivamente en los artículos 407 y 278 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano EDGIDIO (SIC) RAMSE (SIC) MOLANO LEÓN.
El abogado CARLOS LUIS MOYA GÓMEZ, Defensor Público Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, interpuso recurso de casación a favor del ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ el 3 de julio del año 2000 por ante el Tribunal de Juicio con Jurados Nº 3 del mismo Circuito Judicial Penal.
Agotado el lapso para que el acusador y/o el Fiscal del Ministerio Público dieran contestación al recurso interpuesto, sin que lo hayan hecho, fueron remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo.
El 10 de enero del año 2000 se constituyó este Tribunal Supremo de Justicia. El 31 de agosto del año 2000 se recibió el expediente en esta Sala de Casación Penal y el 18 de septiembre del año 2000 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, se pasa a decidir de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal y en los términos siguientes:
EXPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurrente denunció "…el quebrantamiento de formas sustanciales que causan indefensión contenidas en el Artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece de obligatorio cumplimiento para el Juez Presidente, indicar por escrito a los Jurados los hechos y circunstancias sobre las cuales deben decidir en relación con el acusado; esta norma fue literalmente infringida toda vez, que la ciudadana Juez Presidente, excluyó la posibilidad de considerar los miembros del Jurado que mi Defendido actuó bajo la causa de justificación contenida en el Artículo 65 ordinal 4° del Código Penal, el estado de necesidad, invocado tanto por MARCANO GONZALEZ como por la Defensa, u (SIC) no tomada en consideración por la Ciudadana Juez Presidente, al momento de redactar el objeto del veredicto colocando a mi asistido en verdadero estado de indefensión…".
Para fundamentar su denuncia el recurrente alega que en el momento oportuno solicitó a la Juez Presidente del Tribunal de Juicio con Jurados (que conocía del caso) la modificación del objeto del veredicto, lo cual consideró improcedente esa juez y con esa decisión según el recurrente violó abiertamente los “principios fundamentales” y creó un estado de indefensión insalvable. A continuación expresó que "... con la decisión de la Juez Presidente, de no modificar el objeto del veredicto, determinando de esta manera al Jurado a declarar culpable a mi Defendido, a (SIC) toda vez se viola el derecho a la Defensa, al no existir la posibilidad para los integrantes del Jurado, quienes habían presenciado el desarrollo del debate Oral y expuestos los alegatos de apertura y conclusión de las partes, determina(SIC) si era de (SIC) su criterio que mi Defendido había actuado en estado de necesidad de salvar su vida y la de su menor hijo de cuatro (4) años…".
La Sala, para decidir, observa:
Después de revisado el contenido del fallo recurrido, se constata que la sentencia incurrió en el vicio que alega el recurrente. En efecto, en la parte titulada "DE LOS HECHOS COMPROBADOS" los jueces que formaron parte del Tribunal explicaron las razones por las cuales le atribuyeron al ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ la comisión del delito de Homicidio Calificado, de la siguiente manera:
“...Tanto el acusado como su defensor alegaron que sí le había disparado a Edgidio Ramse Molano León, pero que lo había hecho por defender a su hijo, de cuatro años de edad. Pero a través de todas las personas que pasaron a declarar, sólo su esposa de nombre Geraldine González, quien fue promovida por la defensa se refiere a la presencia del hijo de ambos en lugar de los hechos, alegando aunque ella no estuvo presente cuando mataron Edgidio, pues estaba llevando a su hija de cuatro meses, al médico, saliendo ese día 10 de Enero, a las 7:00 de la mañana. Así pues que es la única que menciona que el niño se encontraba con su padre para el momento que (SIC) desarrollaron los acontecimientos, pero también reconoció que lo había dejado durmiendo, sin embargo, describe como se encontraba vestido el niño, no siendo corroborada la presencia del niño en el lugar de los hechos, por ninguna otra persona.
Alega la defensa un estado de necesidad que en el presente juicio no se comprobó de ninguna manera, pues el estado de necesidad es una causa de justificación eximente de responsabilidad penal que está consagrada en el ordinal 4to del artículo 65 del Código Penal venezolano y suele definirse como una situación de peligro actual para los intereses jurídicamente protegidos en la cual, no queda más remedio, que el sacrificio de intereses jurídicos, de bienes jurídicos pertenecientes a otra persona. En el Código Penal Venezolano el estado de necesidad es una situación de peligro grave, actual o inminente y no causada, o al menos no causada dolosamente por el agente, para un bien jurídico ajeno. Efectivamente el referido artículo establece: ‘ No es punible el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo’. Se ven pues tres requisitos indispensables, que deben estar presentes para hablar de estado de necesidad: 1- Peligro grave, actual e inminente. 2- Que el agente no haya provocado dolosamente el peligro y 3- Imposibilidad de evitar el mal (peligro) por un medio que no sea el sacrificio de un bien, jurídico ajeno. Además restrictivamente, solo pueden salvaguardarse en estado de necesidad: la vida y la integridad personal (nuestra persona y la de otros). Siendo siempre los límites del estado de necesidad, dados por la proporcionalidad que deba existir, entre el bien jurídico sacrificado y el bien jurídico salvaguardado, o en términos más exactos: entre el mal causado y el mal evitado.
En el presente caso no se ha demostrado la existencia de esos tres elementos, pues el acusado y la defensa se limitaron tan sólo a alegar un estado de necesidad, pero no lo prueban, es más ninguna de las personas que pasaron a prestar su testimonio se refirieron al peligro grave, actual o inminente que corrían el acusado o su hijo, ni siquiera a la presencia del niño que él supuestamente trataba de defender, además dicho por él mismo, era él quien llevaba el arma para regresársela al hoy occiso, no pudiéndose tampoco demostrar que aquel (SIC) estuviera armado con el machete y de haber sido esto cierto ¿Cómo pudo entonces montar éste el arma, que según sus dichos efectivamente, fue quien la montó, requiriendo para ello las dos manos? Y ¿En qué mano entonces portaba el machete? O ¿Con cuál mano entonces sujetó al supuesto niño, para alegar un peligro inminente y sentirse así amenazado?. Estas circunstancias en las cuales se basa una causal de justificación no se pudo demostrar, no puede por lo tanto de manera irresponsable esta Juez Presidenta, quien actúa como directora del debate, permitir que los alegatos se desvíen hacia aspectos inadmisibles, tal como lo dispone el artículo 343 de Código Orgánico Procesal Penal, no puede considerar la presencia de una justificación eximente de responsabilidad penal, referido a esta situación de peligro, si de ninguna manera fue demostrado (subrayado de la Sala). Pero sí se advirtió un cambio de calificación, luego que el Tribunal consideró conveniente hacerlo, tal como se evidencia del acta levantada a tal efecto, en cuanto a los motivos que podrían haberse tomado en cuenta para que el acusado hiciera lo que hizo, dispararle al hoy occiso y de hecho el jurado al tomar su veredicto, aún cuando considera por unanimidad, que el acusado sí le dio muerte a Edgidio (SIC) Ramse (SIC) Molano León, consideró por mayoría que no lo hizo por motivo fútiles e innobles, o sea por motivos de poca importancia o indignos, por lo que el delito por el cual fue condenado es delito de Homicidio Intencional y el porte ilícito de arma de fuego (escopeta), que también el jurado lo encontró culpable por unanimidad. Lo que sí trató de probar la defensa, tanto con la declaración de los testigos, como funcionarios policiales y la incorporación por su lectura al juicio de algunos documentos, fue la conducta predelictual del hoy occiso, circunstancia que fue esgrimida por la Fiscalía y la parte querellante, al momento de las conclusiones y por la Fiscalía en el ejercicio del derecho a réplica, como un argumento que no podía ser tomado en cuenta para demostrar el supuesto estado de necesidad, pues el hecho de tener el ciudadano: Edgidio (SIC) Ramse (SIC) Molano León, mala conducta en el seno de su familia o comunidad, no es motivo para justificar su muerte, pues aún el peor de los delincuentes, por el solo hecho de ser un ser humano, le asisten los derechos y garantías inherentes a todo ser humano, reconocidos en infinidad de convenios y tratados internacionales y leyes nacionales...”.
De la revisión de la totalidad del texto de la sentencia recurrida se evidencia que el juez presidente excluyó la posibilidad de que los miembros del jurado pudieran considerar la circunstancia de justificación contenida en ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal (que fuera alegada tanto por el imputado como por la defensa), al no ser tomada en cuenta en el momento de redactar el objeto del veredicto. Esto le causó al imputado un estado de indefensión en abierta violación a los principios del debido proceso e igualdad entre las partes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, la defensa solicitó al juzgador la modificación del objeto del veredicto a los fines de la incorporación en las preguntas a ser consideradas por el jurado de la circunstancia de justificación de estado de necesidad, la cual fue considerada improcedente por parte del juez presidente del Tribunal de Juicio con Jurados Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta .
En efecto, asiste la razón al recurrente, pues el objeto del veredicto debe contener el conjunto de puntos de hecho sobre los cuales debe pronunciarse el jurado, por lo que el juez presidente está en la obligación de recoger en el mismo todas las circunstancias surgidas en defensa o en contra del imputado y no solo limitarse a preguntar sobre su culpabilidad o inocencia.
Por las razones expuestas esta Sala declara con lugar el presente recurso de casación interpuesto por el defensor del ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta a favor del ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTIÚN (21) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil. Años 191º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
JORGE ROSELL SENHENN
El Vice-Presidente,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Ponente
La Secretaria,
LINDA MONROY DE DÍAZ
Exp. Nº 00-1076
AAF/lp
Vistos.
Se inició el presente caso el 10 de enero del año 2000 cuando en horas de la tarde el ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ, en presencia de algunos testigos, le produjo una herida mortal en la región abdominal al ciudadano EDGIDIO (SIC) RAMSE (SIC) MOLANO LEÓN, y causó así su muerte.
El Tribunal de Juicio con Jurados Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, a cargo de la Juez Presidenta VICTORIA MILAGROS ACEVEDO DE BORGES y de los jurados CELSA DEL VALLE HERNÁNDEZ MOYA, LUIS CORNELIO MARTÍNEZ, ALDEMARO JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SULENYS (SIC) MARÍA VÁSQUEZ MARÍN, ANGELA MARÍA SARMIENTO GONZÁLEZ, YENNY (SIC) EVANGELISTA TINEO MORAO, MARVELYS DEL VALLE VILLARROEL VILLAROEL, ANA CARMEN RIVAS SANABRIA y YUNWELYS (SIC) DEL CARMEN GONZÁLEZ FUENTES, dictó sentencia el 9 de junio del 2000 y condenó al ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad V-13.191.949, a cumplir la pena de DOCE AÑOS, DIECISÉIS DÍAS y DIECISÉIS HORAS DE PRESIDIO, más las accesorias legales correspondientes, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL y PORTE ILÍCITO DE ARMA, previstos respectivamente en los artículos 407 y 278 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano EDGIDIO (SIC) RAMSE (SIC) MOLANO LEÓN.
El abogado CARLOS LUIS MOYA GÓMEZ, Defensor Público Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, interpuso recurso de casación a favor del ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ el 3 de julio del año 2000 por ante el Tribunal de Juicio con Jurados Nº 3 del mismo Circuito Judicial Penal.
Agotado el lapso para que el acusador y/o el Fiscal del Ministerio Público dieran contestación al recurso interpuesto, sin que lo hayan hecho, fueron remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo.
El 10 de enero del año 2000 se constituyó este Tribunal Supremo de Justicia. El 31 de agosto del año 2000 se recibió el expediente en esta Sala de Casación Penal y el 18 de septiembre del año 2000 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, se pasa a decidir de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal y en los términos siguientes:
EXPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurrente denunció "…el quebrantamiento de formas sustanciales que causan indefensión contenidas en el Artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece de obligatorio cumplimiento para el Juez Presidente, indicar por escrito a los Jurados los hechos y circunstancias sobre las cuales deben decidir en relación con el acusado; esta norma fue literalmente infringida toda vez, que la ciudadana Juez Presidente, excluyó la posibilidad de considerar los miembros del Jurado que mi Defendido actuó bajo la causa de justificación contenida en el Artículo 65 ordinal 4° del Código Penal, el estado de necesidad, invocado tanto por MARCANO GONZALEZ como por la Defensa, u (SIC) no tomada en consideración por la Ciudadana Juez Presidente, al momento de redactar el objeto del veredicto colocando a mi asistido en verdadero estado de indefensión…".
Para fundamentar su denuncia el recurrente alega que en el momento oportuno solicitó a la Juez Presidente del Tribunal de Juicio con Jurados (que conocía del caso) la modificación del objeto del veredicto, lo cual consideró improcedente esa juez y con esa decisión según el recurrente violó abiertamente los “principios fundamentales” y creó un estado de indefensión insalvable. A continuación expresó que "... con la decisión de la Juez Presidente, de no modificar el objeto del veredicto, determinando de esta manera al Jurado a declarar culpable a mi Defendido, a (SIC) toda vez se viola el derecho a la Defensa, al no existir la posibilidad para los integrantes del Jurado, quienes habían presenciado el desarrollo del debate Oral y expuestos los alegatos de apertura y conclusión de las partes, determina(SIC) si era de (SIC) su criterio que mi Defendido había actuado en estado de necesidad de salvar su vida y la de su menor hijo de cuatro (4) años…".
La Sala, para decidir, observa:
Después de revisado el contenido del fallo recurrido, se constata que la sentencia incurrió en el vicio que alega el recurrente. En efecto, en la parte titulada "DE LOS HECHOS COMPROBADOS" los jueces que formaron parte del Tribunal explicaron las razones por las cuales le atribuyeron al ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ la comisión del delito de Homicidio Calificado, de la siguiente manera:
“...Tanto el acusado como su defensor alegaron que sí le había disparado a Edgidio Ramse Molano León, pero que lo había hecho por defender a su hijo, de cuatro años de edad. Pero a través de todas las personas que pasaron a declarar, sólo su esposa de nombre Geraldine González, quien fue promovida por la defensa se refiere a la presencia del hijo de ambos en lugar de los hechos, alegando aunque ella no estuvo presente cuando mataron Edgidio, pues estaba llevando a su hija de cuatro meses, al médico, saliendo ese día 10 de Enero, a las 7:00 de la mañana. Así pues que es la única que menciona que el niño se encontraba con su padre para el momento que (SIC) desarrollaron los acontecimientos, pero también reconoció que lo había dejado durmiendo, sin embargo, describe como se encontraba vestido el niño, no siendo corroborada la presencia del niño en el lugar de los hechos, por ninguna otra persona.
Alega la defensa un estado de necesidad que en el presente juicio no se comprobó de ninguna manera, pues el estado de necesidad es una causa de justificación eximente de responsabilidad penal que está consagrada en el ordinal 4to del artículo 65 del Código Penal venezolano y suele definirse como una situación de peligro actual para los intereses jurídicamente protegidos en la cual, no queda más remedio, que el sacrificio de intereses jurídicos, de bienes jurídicos pertenecientes a otra persona. En el Código Penal Venezolano el estado de necesidad es una situación de peligro grave, actual o inminente y no causada, o al menos no causada dolosamente por el agente, para un bien jurídico ajeno. Efectivamente el referido artículo establece: ‘ No es punible el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo’. Se ven pues tres requisitos indispensables, que deben estar presentes para hablar de estado de necesidad: 1- Peligro grave, actual e inminente. 2- Que el agente no haya provocado dolosamente el peligro y 3- Imposibilidad de evitar el mal (peligro) por un medio que no sea el sacrificio de un bien, jurídico ajeno. Además restrictivamente, solo pueden salvaguardarse en estado de necesidad: la vida y la integridad personal (nuestra persona y la de otros). Siendo siempre los límites del estado de necesidad, dados por la proporcionalidad que deba existir, entre el bien jurídico sacrificado y el bien jurídico salvaguardado, o en términos más exactos: entre el mal causado y el mal evitado.
En el presente caso no se ha demostrado la existencia de esos tres elementos, pues el acusado y la defensa se limitaron tan sólo a alegar un estado de necesidad, pero no lo prueban, es más ninguna de las personas que pasaron a prestar su testimonio se refirieron al peligro grave, actual o inminente que corrían el acusado o su hijo, ni siquiera a la presencia del niño que él supuestamente trataba de defender, además dicho por él mismo, era él quien llevaba el arma para regresársela al hoy occiso, no pudiéndose tampoco demostrar que aquel (SIC) estuviera armado con el machete y de haber sido esto cierto ¿Cómo pudo entonces montar éste el arma, que según sus dichos efectivamente, fue quien la montó, requiriendo para ello las dos manos? Y ¿En qué mano entonces portaba el machete? O ¿Con cuál mano entonces sujetó al supuesto niño, para alegar un peligro inminente y sentirse así amenazado?. Estas circunstancias en las cuales se basa una causal de justificación no se pudo demostrar, no puede por lo tanto de manera irresponsable esta Juez Presidenta, quien actúa como directora del debate, permitir que los alegatos se desvíen hacia aspectos inadmisibles, tal como lo dispone el artículo 343 de Código Orgánico Procesal Penal, no puede considerar la presencia de una justificación eximente de responsabilidad penal, referido a esta situación de peligro, si de ninguna manera fue demostrado (subrayado de la Sala). Pero sí se advirtió un cambio de calificación, luego que el Tribunal consideró conveniente hacerlo, tal como se evidencia del acta levantada a tal efecto, en cuanto a los motivos que podrían haberse tomado en cuenta para que el acusado hiciera lo que hizo, dispararle al hoy occiso y de hecho el jurado al tomar su veredicto, aún cuando considera por unanimidad, que el acusado sí le dio muerte a Edgidio (SIC) Ramse (SIC) Molano León, consideró por mayoría que no lo hizo por motivo fútiles e innobles, o sea por motivos de poca importancia o indignos, por lo que el delito por el cual fue condenado es delito de Homicidio Intencional y el porte ilícito de arma de fuego (escopeta), que también el jurado lo encontró culpable por unanimidad. Lo que sí trató de probar la defensa, tanto con la declaración de los testigos, como funcionarios policiales y la incorporación por su lectura al juicio de algunos documentos, fue la conducta predelictual del hoy occiso, circunstancia que fue esgrimida por la Fiscalía y la parte querellante, al momento de las conclusiones y por la Fiscalía en el ejercicio del derecho a réplica, como un argumento que no podía ser tomado en cuenta para demostrar el supuesto estado de necesidad, pues el hecho de tener el ciudadano: Edgidio (SIC) Ramse (SIC) Molano León, mala conducta en el seno de su familia o comunidad, no es motivo para justificar su muerte, pues aún el peor de los delincuentes, por el solo hecho de ser un ser humano, le asisten los derechos y garantías inherentes a todo ser humano, reconocidos en infinidad de convenios y tratados internacionales y leyes nacionales...”.
De la revisión de la totalidad del texto de la sentencia recurrida se evidencia que el juez presidente excluyó la posibilidad de que los miembros del jurado pudieran considerar la circunstancia de justificación contenida en ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal (que fuera alegada tanto por el imputado como por la defensa), al no ser tomada en cuenta en el momento de redactar el objeto del veredicto. Esto le causó al imputado un estado de indefensión en abierta violación a los principios del debido proceso e igualdad entre las partes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, la defensa solicitó al juzgador la modificación del objeto del veredicto a los fines de la incorporación en las preguntas a ser consideradas por el jurado de la circunstancia de justificación de estado de necesidad, la cual fue considerada improcedente por parte del juez presidente del Tribunal de Juicio con Jurados Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta .
En efecto, asiste la razón al recurrente, pues el objeto del veredicto debe contener el conjunto de puntos de hecho sobre los cuales debe pronunciarse el jurado, por lo que el juez presidente está en la obligación de recoger en el mismo todas las circunstancias surgidas en defensa o en contra del imputado y no solo limitarse a preguntar sobre su culpabilidad o inocencia.
Por las razones expuestas esta Sala declara con lugar el presente recurso de casación interpuesto por el defensor del ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Defensor Público Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta a favor del ciudadano CARLOS JAVIER MARCANO GONZÁLEZ.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTIÚN (21) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil. Años 191º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
JORGE ROSELL SENHENN
El Vice-Presidente,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Ponente
La Secretaria,
LINDA MONROY DE DÍAZ
Exp. Nº 00-1076
AAF/lp
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