sábado, 14 de noviembre de 2026
JORNADA ACADÉMICA | VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA ⚖️ Del entorno digital al proceso penal
La Dimensión Constitucional: El Amparo y la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal (2021)
A este complejo mapa procesal penal se suma la imperativa realidad de las audiencias constitucionales. Por un lado, conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Art. 26), los tribunales competentes están obligados a fijar una oportunidad para que las partes o sus representantes legales expongan en forma oral y pública sus argumentos, decidiendo en un lapso perentorio de veinticuatro horas.
Por otro lado, la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal (Gaceta Oficial N° 6.651 Extraordinario del 22 de septiembre de 2021), que derogó el Título V de la ley de 1988, elevó aún más el estándar de exigencia física y tecnológica para los tribunales:
Creación de Tribunales Especializados (Art. 9): La ley establece la creación de Tribunales Especializados de Primera Instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal en cada circunscripción judicial, pero dispone que, donde no existan o surjan situaciones excepcionales, la acción podrá interponerse ante cualquier juez de la localidad (Art. 10), lo que involucra directamente a la judicatura penal.
Sobre el Tribunal competente en primera instancia, el artículo 9 crea los Tribunales Especializados de Primera Instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, que funcionarán en cada circunscripción judicial.
Es competente el tribunal especializado de la circunscripción judicial donde ocurrió el hecho, acto u omisión que motiva la acción.
¿Qué sucede si no existe un tribunal especializado? el artículo 10 establece una solución:
- Se puede interponer la acción ante cualquier juez de la localidad.
- Ese juez debe decidir conforme al procedimiento de la ley especial.
- Dentro de las 24 horas siguientes a su decisión debe remitir las actuaciones en consulta al Tribunal Especializado de amparo de la jurisdicción más cercana.
Sobre el Tribunal competente en segunda instancia, el artículo 9 atribuye a las Cortes de Apelaciones con competencia en materia penal el conocimiento de:
- Las consultas obligatorias de las decisiones que nieguen el amparo.
- Las impugnaciones contra las decisiones de los tribunales especializados de primera instancia.
La Corte debe decidir dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de las actuaciones.
O de ser el caso, la competencia directa de la Sala Constitucional, debido a que el artículo 17 atribuye a la Sala Constitucional del TSJ:
1. Conocer en única instancia los amparos a la libertad y seguridad personal interpuestos contra altos funcionarios nacionales de rango constitucional y quienes actúen por delegación de sus atribuciones.
2. Conocer las apelaciones contra sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en primera instancia.
3. Las demás competencias establecidas en la Constitución y las leyes.
Oralidad, Celeridad Extrema y Tramitación Digital (Art. 3, 4 y 12): El procedimiento se rige estrictamente por la oralidad, publicidad y celeridad, estableciendo que en ningún caso su trámite se extenderá más allá de noventa y seis (96) horas contadas desde su presentación. Además, el artículo 12 consagra expresamente que la acción podrá presentarse de manera oral, escrita o a través de cualquier medio de tecnología de la información y comunicación.
Traslado del Agraviado y Articulaciones Sumarias (Art. 13 y 16): Durante el trámite inicial, el Juez puede ordenar el traslado inmediato de la persona agraviada a la sede del Tribunal para verificar su integridad, o abrir una articulación probatoria de cuarenta y ocho (48) horas cuando no sea posible ubicarla, lo que exige salas de audiencia seguras, áreas de resguardo dignas y equipos de videoconferencia y grabación inmediatos.
Desarrollar audiencias constitucionales de alto impacto sobre derechos fundamentales o trámites de habeas corpus en espacios provistos de soportes telemáticos y de grabación digital, sería lo ideal, y modernizar lo antes posible, como lo está haciendo el TSJ, representa una oportunidad inaplazable para transicionar hacia el estándar de justicia expedita que nuestra Constitución y las leyes especiales demandan.
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jueves, 12 de noviembre de 2026
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Sitios en Internet de Derecho Penal y Procesal Penal
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Tratados, Códigos, Leyes, Decretos
- Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela
- Acuerdo entre la Republica del Ecuador y la Republica de Venezuela sobre prevencion, control, fiscalizacion y represion del consumo indebido y trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotropicas
- Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Venezuela sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
- Argentina. Convenio con Venezuela sobre tráfico ilícito de estupefacientes, Ley 25.347, 2000-11-01
- Argentina. Convenio con Venezuela sobre uso indebido y trafico ilícito de estupefacientes, Ley 23.865, 1990-09-27
- Brasil. Acuerdo de Prevención al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Decreto nº 99.758, 03-12-1990
- Brasil. Tratado de Extradición, Decreto nº 5362, 12-03-1940
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 24-03-00 GO Extraordinaria No. 5.453
- Convenio de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China
- Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal
- Convenio entre la República de Venezuela y la República Dominicana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal
- Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Paraguay y la República de Venezuela
- Código de Instrucción Médico Forense del 01/08/1878 GO No. 1.443
- Código Orgánico de Justicia Militar
- Decreto contra el Acaparamiento, Boicot y Especulación GO 38628, 16-02-07
- Extradition Treaty with Venezuela, 1922-01-19 en Inglés.
- Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal
- Ley contra el Secuestro y la Extorsión GO Nº 39.194 del 05-06-09
- Ley Contra la Corrupción del 07/04/2003 GO No. 5437E
- Ley Contra la Corrupción GO N° 5.637 Extraordinario 07-04-03
- Ley Contra la Delincuencia Organizada del 26/10/2005 GO No. 5789E
- Ley Contra los Ilícitos Cambiarios GO Nº 39.425
- Ley de Antecedentes Penales
- Ley de Armas y Explosivos GO N° 1.081 Extraordinaria 23-01-67
- Ley de Beneficios en el Proceso Penal
- Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Defensa Pública del 22-09-08 GO No. 39.021
- Ley de Reforma Parcial del COPP del 04-09-09. GO Extraordinaria 5.930
- Ley de Reforma Parcial del Código Penal del 13-04-2005. GO No. 5.768
- Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas, y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico del 22-09-08. GO No. 39.021
- Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del 05/01/07 GO No. 38.598
- Ley Especial contra los Delitos Informáticos del 30-19-01. GO No. 37.313
- Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del 16/12/2005 GO No. 38.337
- Ley Orgánica del Ministerio Público del 19/03/2007 GO No. 38.647
- Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 23/04/2007 GO No. 38.668
- Ley para la Protección de Niños, Niñas, Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Similares
- Ley Penal del Ambiente del 03/01/1992 GO No. 4358E
- Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores del 26/7/2000 GO No. 37.000
- Tratado de Asistencia Juridica Mutua en Asuntos Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de Venezuela
- Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela

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