sábado, 14 de noviembre de 2026

La Dimensión Constitucional: El Amparo y la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal (2021)

A este complejo mapa procesal penal se suma la imperativa realidad de las audiencias constitucionales. Por un lado, conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Art. 26), los tribunales competentes están obligados a fijar una oportunidad para que las partes o sus representantes legales expongan en forma oral y pública sus argumentos, decidiendo en un lapso perentorio de veinticuatro horas.

Por otro lado, la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal (Gaceta Oficial N° 6.651 Extraordinario del 22 de septiembre de 2021), que derogó el Título V de la ley de 1988, elevó aún más el estándar de exigencia física y tecnológica para los tribunales:

Creación de Tribunales Especializados (Art. 9): La ley establece la creación de Tribunales Especializados de Primera Instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal en cada circunscripción judicial, pero dispone que, donde no existan o surjan situaciones excepcionales, la acción podrá interponerse ante cualquier juez de la localidad (Art. 10), lo que involucra directamente a la judicatura penal.

Sobre el Tribunal competente en primera instancia, el artículo 9 crea los Tribunales Especializados de Primera Instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, que funcionarán en cada circunscripción judicial.

Es competente el tribunal especializado de la circunscripción judicial donde ocurrió el hecho, acto u omisión que motiva la acción.

¿Qué sucede si no existe un tribunal especializado? el artículo 10 establece una solución:

- Se puede interponer la acción ante cualquier juez de la localidad.

- Ese juez debe decidir conforme al procedimiento de la ley especial.

- Dentro de las 24 horas siguientes a su decisión debe remitir las actuaciones en consulta al Tribunal Especializado de amparo de la jurisdicción más cercana.

Sobre el Tribunal competente en segunda instancia, el artículo 9 atribuye a las Cortes de Apelaciones con competencia en materia penal el conocimiento de:

- Las consultas obligatorias de las decisiones que nieguen el amparo.

- Las impugnaciones contra las decisiones de los tribunales especializados de primera instancia.

La Corte debe decidir dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de las actuaciones.

O de ser el caso, la competencia directa de la Sala Constitucional, debido a que el artículo 17 atribuye a la Sala Constitucional del TSJ:

1. Conocer en única instancia los amparos a la libertad y seguridad personal interpuestos contra altos funcionarios nacionales de rango constitucional y quienes actúen por delegación de sus atribuciones.

2. Conocer las apelaciones contra sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en primera instancia.

3. Las demás competencias establecidas en la Constitución y las leyes.


Oralidad, Celeridad Extrema y Tramitación Digital (Art. 3, 4 y 12): El procedimiento se rige estrictamente por la oralidad, publicidad y celeridad, estableciendo que en ningún caso su trámite se extenderá más allá de noventa y seis (96) horas contadas desde su presentación. Además, el artículo 12 consagra expresamente que la acción podrá presentarse de manera oral, escrita o a través de cualquier medio de tecnología de la información y comunicación.

Traslado del Agraviado y Articulaciones Sumarias (Art. 13 y 16): Durante el trámite inicial, el Juez puede ordenar el traslado inmediato de la persona agraviada a la sede del Tribunal para verificar su integridad, o abrir una articulación probatoria de cuarenta y ocho (48) horas cuando no sea posible ubicarla, lo que exige salas de audiencia seguras, áreas de resguardo dignas y equipos de videoconferencia y grabación inmediatos.

Desarrollar audiencias constitucionales de alto impacto sobre derechos fundamentales o trámites de habeas corpus en espacios provistos de soportes telemáticos y de grabación digital, sería lo ideal, y modernizar lo antes posible, como lo está haciendo el TSJ, representa una oportunidad inaplazable para transicionar hacia el estándar de justicia expedita que nuestra Constitución y las leyes especiales demandan.

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