Decisión de jueces penales podría “enchavar” plan Varela contra retardo procesal

Diario la Región
Por redaccion – 18 enero, 2012
Publicado en: Nacionales
DANIEL TRUJILLO

Aunque una de las metas que la ministra Iris Varela le prometió cumplir al Presidente Chávez, fue acabar con el retardo procesal y la corruptela que cunde en los distintos Circuitos Penales, entre otras cosas por la gran cantidad de expedientes que deben procesar los jueces y las mafias que cobran para trasladar los reos a tribunales. Sus grandes esfuerzos por acabar con el mal, podrían verse frustrados por una nueva causa, que se une al rosario de problemas que presentan las cárceles venezolanas; una reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Caracas y replicada por todo el país, de rotar a los jueces penales de primera instancia anualmente, de sus tribunales a otros juzgados, convirtiéndose en un infranqueable obstáculo que paradójicamente la burocracia judicial no ha querido corregir. Ayer, el abogado de la ONG Justicia y Proceso José Luis Tamayo, haciéndole un gran favor a la ministra Varela, solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar que deje sin efecto la decisión, pues a su criterio no sólo vulnera los derechos colectivos de muchos procesados que van a quedar sin “justicia”, sino que agrava sobre manera el grave problema de retardo procesal, por la posibilidad de repetir el proceso por expresar orden del Código Orgánico Procesal Penal.

Un obstáculo para el plan Varela
Consciente de que Venezuela es uno de los pocos países del mundo, donde más del 66 por ciento de los privados de libertad, llevan años encerrados sin ser juzgados, ni penados, vale decir, están recluidos mientras se deciden sus causas. La ministra de Asuntos penitenciarios, entre octubre y diciembre del año pasado, haciéndose eco de las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en diversas ocasiones ha expresado que "es un problema con el cual hay que acabar", agarró el toro por los cachos e inició un plan para combatir el retardo procesal en los ocho principales centros de reclusión del país, mediante la instalación de salas de audiencia permanente en esos recintos, con el objeto de revisar “in situ” cada causa y otorgar los beneficios procesales de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. El pasado 11 de enero, la ministra informaría del reimpulso del operativo acompañada de los tribunales de la República, empezando por los presidentes de los circuitos judiciales, penales y los distintos jueces de Control, Juicio y Ejecución, formando también parte del plan el Ministerio Público y la Defensoría Pública, que comenzaría en los ocho centros penitenciarios con mayor población y se extendería posteriormente a los 57 que tiene el país para finales de enero. Sin embargo, una decisión del día lunes 16, dictada por la Corte de Apelaciones de Caracas, que ordenó la rotación de los jueces en funciones de Juicio, provocaría la interrupción de más de 250 juicios en curso en los 30 tribunales del Área Metropolitana de Caracas y, por vía de consecuencia el agravamiento del problema del retardo procesal, asestándole un duro golpe al plan de la ministra Varela, que ya en reiteradas oportunidades se ha quejado de la lentitud de jueces y fiscales a la hora de trasladarse a los penales. Por lo que algunos ya se han atrevido a formular, que la decisión de los jueces penales, constituye una suerte de “venganza” contra la labor de Varela, que ha echado el carro de leña sobre el Poder Judicial, acusándolos de ser los responsables del hacinamiento carcelario producto de un incontrolable retardo procesal.

Juicios tendrán que repetirse
Ayer, el abogado la ONG Justicia y Proceso José Luis Tamayo, argüía que la decisión de la Corte de Apelaciones de Caracas, es contraria al plan que desde el ministerio ha comenzado el gobierno para descongestionar las cárceles y acelerar los procesos penales, pero además que se le hace un flaco favor a la justicia penal; pues la resolución administrativa de los jueces, constituye una “gravísima irresponsabilidad que no tiene cabida en un Estado social democrático de derecho y justicia”. El profesional explicaría, que aunque el Código Orgánico Procesal Penal, establece que los jueces deben rotar anualmente, esto no se puede hacer causando perjuicio a los procesados, pues se corre el riesgo que deban sufrir juicios dobles, excediendo su reclusión, inclusive a los años de pena por el delito cometido". Tamayo insistió que las interrupciones de los procesos penales serán inevitables, porque el COPP prescribe que el juez que inicie un juicio debe terminarlo. "Van a tener que repetirse todas las audiencias. Esto va a ocasionar nuevas protestas por parte de los procesados, que se sumarán a las existentes creando otro caos carcelario, significando un costo económico, material y humano muy importante para el Estado, es decir, se está causando un gravísimo perjuicio al patrimonio público, pero también una zancadilla premeditada a la labor de la ministra Varela". Denunciando que hay intereses completamente contrarios a la administración de justicia, porque las rotaciones fueron establecidas para formar a los jueces de primera instancia, no para paralizar las causas o reponer audiencias. "Aquí se hacen de manera selectiva, se rota un juez de un tribunal a otro o se rotan jueces de las mismas salas de la Corte de Apelaciones, lo que contradice al COPP".

La última palabra la tiene el TSJ
Presumiendo que la decisión de la Corte de Apelaciones de Caracas, afectará por lo menos a más de 300 procesados protagonistas de igual cantidad de juicios y bajo el temor de que esos procesos sean anulados. José Luis Tamayo, acudió este martes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer una demanda por intereses colectivos, con la cual espera que la medida sea dejada sin efecto, para evitar que el problema carcelario siga agravándose y el retardo procesal continúe presente en los recintos penitenciarios del país. Para el penalista, ahora la última palabra la tendrá la Sala Constitucional y su presidenta Luisa Estela Morales, quien se comprometió también con Chávez de colaborar con la ministra Iris Varela en la solución de una justicia penal más expedita. “Será la Sala Constitucional la que debe demostrar ahora que existe no sólo voluntad política para ponerle coto al problema del retardo procesal, sino voluntad jurídica para dejar sin efecto una decisión, que desde mi perspectiva, constituye un boicot al esfuerzo que viene haciendo la ministra Iris Varela”. Denunciando que la Sala Constitucional debe meterle la lupa a los actos que se cometen en la Corte de Apelaciones, pues “…allí no se está rotando a los jueces, se están movilizando, pues se ha enviado a un juez de Juicio a otro de Juicio”. Rematando con el argumento de que “se están rotando a miembros de las salas de la Corte de Apelaciones, lo cual no está previsto en la ley”. Por lo visto a la magistrada Luisa Estela, presidente del TSJ y de la Sala Constitucional, le ha caído en sus manos una papa muy caliente, pues no sólo deberá enfrentar la presión de la “incandescente” ministra Varela y del propio Presidente Chávez, sino que sobre sus hombros reposará la difícil tarea de destrabar el juego entre el Poder Judicial y la ministra Varela o darle la razón a los jueces penales desechando el proceso, bajo el argumento de que Tamayo carece de legitimidad para intentar una acción por intereses colectivos a favor de los reclusos. Esta última decisión sería muy peligrosa, y dejaría a la Sala Constitucional en la incómoda y embarazosa posición, de ser precisamente la garante de los derechos constitucionales, quien le cercene a los procesados la garantía constitucional a la tutela jurídica efectiva, que implica no solamente intervenir en un proceso justo, sino obtener una sentencia en tiempo oportuno de conformidad con los lapsos previstos en la ley. Lo que convertiría a la Sala Constitucional en villana frente a los reos, pues se haría parte del problema y no parte de la solución, dándole más vida una máxima romana que se apoderó de las cárceles, pues, la justicia tardía es justicia denegada y más, si se ratifica desde el más alto tribunal...

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