jueves, 16 de noviembre de 2017

Cicpc realizará la IV Expo-Criminalística en el Poliedro de Caracas





Nov 14, 2017 - 16:46:35  |  Publicado por: Mariana Torrelles

MPPRIJP
Desde este 16 hasta el 19 de noviembre se realizará la IV Expo-Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en las instalaciones del Poliedro de Caracas.

La exposición tiene como propósito dar a conocer las acciones científicas y técnicas que realizan los oficiales en la investigación de un delito.

El Comisario General Douglas Rico, director nacional, indicó que la actividad estará dirigida por los detectives de todas las divisiones, departamentos y áreas de criminalística que forman parte de la institución.

Por lo que la comunidad disfrutará de las últimas innovaciones en equipos para la investigación científica del delito en las áreas de microanálisis; balística; planimetría; dactiloscopia; ADN; laboratorios biológicos; experticias físicas comparativas e informáticas; análisis y reconstrucción de hechos e investigación de siniestros; así como los nuevos avances en Sistema Automático de Identificación Dactilar (AFIS).

Asimismo, se dará a conocer el Programa Prevención Social del Cicpc, a fin de impartir charlas a niños, niñas y adolescentes para evitar que caigan en un delito.

El horario de esta exposición será de 9 am hasta las 7 pm durante los cuatro días y la entrada es totalmente gratuita.

http://www.radiomundial.com.ve/article/cicpc-realizará-la-iv-expo-criminalística-en-el-poliedro-de-caracas

lunes, 23 de octubre de 2017

Sentencia mediante la cual se establece que los supuestos de la inmotivación de la sentencia, de "falta" y de "contradicción", ambos establecidos en el numeral 2 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal constituyen dos vicios distintos excluyentes entre sí

Sentencia número 593 del 11 de agosto de 2017, dictada por la Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, Exp. N° 17 -0387, mediante la cual se establece que los supuestos de la inmotivación de la sentencia, de "falta" y de "contradicción", ambos establecidos en el numeral 2 del artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal constituyen dos vicios distintos excluyentes entre sí, toda vez que, una decisión judicial no puede al mismo tiempo ser considerada carente de motivación y contener una motivación contradictoria:

"....Al referirnos a la falta de motivación o inmotivación de las sentencias, se hace necesario puntualizar sobre el deber asignado a los órganos judiciales de motivar sus decisiones judiciales, respecto a lo cual, esta Sala en sentencia de N° 568/2009, del 15 de mayo (caso: Ángel Daniel Sánchez),  respecto a la motivación de las sentencias, lo que sigue:

En atención a lo expuesto, esta Máxima Instancia Constitucional considera que es un deber incuestionable de los jueces expresar en forma clara y precisa los argumentos de hecho y de derecho en que basan su decisión sea de la naturaleza que sea, pues esta exigencia constitucional no puede ser obviada en ningún caso.

De tal manera que el incumplimiento, por parte del jurisdicente, de ese deber de expresar los argumentos fácticos y jurídicos sobre los cuales sobre la base de los cuales funda su decisión, que impide el conocimiento por las partes, así como del resto de la ciudadanía, de las razones que la sustentan, restándole autoritas y convirtiéndola en un dictamen arbitrario, es la expresión de una sentencia inmotivada.

Empero, la contradicción en la motivación se refiere a un defecto de la sentencia completamente distinto, pues como ha dicho esta Sala, este vicio “surge cuando dichos fundamentos o motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves o inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos (inmotivación), todo lo cual ocasiona una quiebra en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia, y que por ende, destruye la coherencia interna de ésta” (N° 1.862/2008, del 28 de noviembre; caso: Luis Francisco Salazar).

En atención a lo expuesto, la sentencia objeto de la presente revisión, al afirmar que considera que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, contiene el vicio de inmotivación (por falta de esta) y a su vez contiene el vicio de contradicción, genera una paradoja, pues si la decisión judicial carece de la expresión de los motivos sobre los cuales se funda, es imposible que tenga motivos discordantes entre sí.

Como esta Sala señaló ut supra, el vicio de la contradicción en la sentencia demuele la estructura sobre la cual se erige, y debe reiterar lo establecido, entre otras, en la sentencia N° 617/2014, del 4 de junio (caso: José Leonardo González Durán), de la cual es pertinente extraer:

Así, la coherencia interna que debe tener toda sentencia, exige que el Juez impida la existencia de vicios lógicos del discurso, lo cual comprende lo siguiente: a) La necesidad de que, al ser contrastadas o comparadas globalmente todas las argumentaciones expuestas en la motivación, no sea observable disonancia alguna entre aquéllas; y b) La exigencia de que no existan errores lógicos derivados simplemente de una concreta argumentación efectuada por el juzgador. De cara al primer requisito, cuando el mismo no es cumplido, se produce la denominada incoherencia intracontextual, o incoherencia del conjunto o contexto de la motivación, siendo que en este caso el vicio lógico se pone de manifiesto al comparar y contrastar la contradicción existente entre los diversos argumentos que conforman una misma justificación (sentencia nro. 1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala)

De esta manera, estima esta Sala, como Máxima Garante de la Constitucionalidad, que la decisión objeto de la presente decisión está afectada del vicio de contradicción, lo cual incurre al contener dentro de sus argumentos, señalamientos contrarios entre sí, por ser excluyentes el uno del otro, los cuales están referidos a que la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, es al mismo tiempo inmotivada (por falta de motivación), por carecer de la explicación de los motivos en que se funda y al mismo tiempo contener una motivación contradictoria. De esta manera, si la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio carece de motivación, no podría tener una motivación contradictoria, pues esto último presupone que contiene motivación.
Conforme a lo expuesto, esta Sala observa la existencia de un vicio en la motivación de la sentencia dictada, el 2 de marzo de 2017, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, pues, como ya se dijo, la misma se funda sobre la base de dos circunstancias paradójicas que desproveen de todo valor su discurso argumentativo y le generan un vicio en la motivación, lo cual constituye una afrenta a las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y del debido proceso."

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/202774-593-11817-2017-17-0387.HTML 

Creación de la Coordinación Nacional del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, para desarrollar y diseñar políticas judiciales destinadas a mejorar y optimizar el sistema de administración de justicia sobre la materia, la cual estará adscrita a la Sala de Casación Penal.


Para mayor información ir hacia:

http://www.tsj.gob.ve/documents/10184/154143/Resolucion+Responsabilidad+Penal/adb17cb0-bab4-4888-aaa4-7cb2b4501b66 

miércoles, 18 de octubre de 2017

1er Seminario del Recorrido del Proceso Penal


Articulo de Opinión: Los Salarios de los Funcionarios del Poder Judicial Venezolano

Les escribo en esta oportunidad, como abogado litigante, de un tema que no es estrictamente derecho procesal penal venezolano, pero si pudiera influir indirectamente en el buen servicio, porque no están bien remunerados nuestros trabajadores. A mi criterio, no se sienten motivados ni inspirados. Y el que lo haga, pues, quizás debe tener una sobredosis de pasión laboral. Rara. Muy extraña en estos días. Trabajan para cumplir sus labores y no son equilibrada ni justamente bien recompensados frente a lo que está pasando con la trastocada economía venezolana.

Por solidaridad frente a lo que está ocurriendo en nuestra golpeada economía venezolana y que lo sufre notablemente el proceso penal venezolano, mi crítica es porque ese funcionario público que gentilmente me atiende, llámense Archivistas, Alguaciles, Secretarios o Jueces, Procuradores, Defensores Públicos y Fiscales del Ministerio Público, entre los principales que dan la cara frente a los abogados que litigamos y al público en general, están sumamente afectados también por toda la enorme inflación creciente y constante, que nos come a todos, desde hace varios años ya, y que vemos las penurias que pasan muchos otros funcionarios que trabajan en la administración de justicia, debido a los irrisorios salarios que ganan mensualmente esta gente, que con mucha dedicación y esfuerzo, sacan adelante el sistema judicial. Es sencillamente admirable.

Aunque como venezolano me siento indignado de lo que ganan la mayoría de los funcionarios públicos que trabajan en la administración judicial, que quizás no puedan reclamar sus derechos por el delicado tema económico, como es debido, porque si lo hacen, por injusta represalia, los botan, no les pagan lo que les corresponde y si demandan diferencias de prestaciones sociales, algunas veces, los califican con la patraña de ser empleados de "dirección" para no pagarles lo que les corresponde. A pesar de la protección constitucional de que gozan, siendo ese un tema aparte, pero que es bien sensible como se pasan de la raya al decir, que el trabajador actor, por la denominación del cargo, "dirigía" la institución. Semejante y baja mentira. Pasa el tiempo en contra del trabajador que cuando va a cobrar su demanda con todos los intereses, pues no le sirve de nada, la cantidad indexada. Es a la final, sal y agua. Dice nuestra Constitución sobre el Salario:

"Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. 

Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaría, de conformidad con la ley.

El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento."

"El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la Canasta Básica Escolar para este año 2017 (útiles, textos y uniformes para una familia con tres estudiantes de instituciones públicas) se ubicó en 4.288.239, 25 bolívares en agosto." (1)

Según el "Cendas-FVM: Canasta Básica subió a 2.938.277,19 bolívares." (2)

Más adelante, dice la nota:

"Los alimentos subieron 568.922,30 bolívares, de 1.443.634,25 a 2.012.556,55 bolívares, 39,4%. Todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: salsa y mayonesa, 69,4%; leche, quesos y huevos, 67,6%; grasas y aceites, 63,9%; carnes y sus preparados, 52,6%; azúcar y sal, 48,6%; café, 35,1%; cereales y productos derivados, 31,7; frutas y hortalizas, 24,1%; pescados y mariscos, 21,1%; granos, 15,3% y raíces, tubérculos y otros, 8,9%.

La diferencia entre los precios controlados y los precios de mercado es de 18.000,4%" (2)

Es cierto que en otros países cuya moneda de curso legal se moviliza la economía con moneda fuerte, como por ejemplo, sería el dólar americano o el euro, donde el salario mínimo en comparación con Venezuela, vemos que la diferencia es abismal. Lo que ocurre en Venezuela y que se toma como referencia, páginas web como la anteriormente mencionada, para subir los precios en todos los rubros de los productos y servicios, es quizás lo que en la práctica sucede, ya que no se toma en cuenta el valor para el 17 de octubre de 2017 para la compra de un 1$ es de 3.336,63 Bs. por el convenio cambiario No. 38 (3). Ni hablar de la soñada tasa DIPRO o DICOM. Veamos a continuación un gráfico de este dólar paralelo, no legal, pero que en la realidad de nuestra economía se toma como referencia, pues entendamos que la distorsión del mercado en los precios, jamás será acomodada, si tanto el Gobierno como los demás factores que mueven al país, siguen este circulo crudo y perverso, cuyas políticas macroeconómicas tienen incidencia fundamental. Veamos a continuación, el siguiente gráfico (4):



Véase que el 1 de enero del año 2008, baja a 5,35. Allí recuerden que le quitaron de un plumazo, los tres ceros (000) al Bolívar mediante el Decreto N° 5.229 del 6 de marzo de 2007, que se publicó en Gaceta Oficial N° 38.638. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, que entró en vigencia en esa misma fecha, establece, a partir del 1 de enero de 2008, que el valor del Bolívar –unidad monetaria venezolana- sería reexpresado a un nuevo valor equivalente al que actualmente representa la cantidad de mil bolívares (Bs. 1.000). Es decir, correr tres ceros (000) a la izquierda del Bolívar actual que circula desde 1879. Entonces, los tres ceros (000), ¿cómo los deberíamos ver? ¿se les olvidó ese detalle?

Recuerden también, las expresiones que se denominaban “Bolívares Fuertes” y que se identificaban con el signo “Bs. F”.  Eso ya pasó, como un sabor dulce amargo, y ahora el Bolívar, es para una triste realidad, muy débil.

Hago una simple comparativa de lo que gana actualmente un trabajador en el mercado europeo, específicamente en España donde el salario mínimo allá es de €714, si esto lo multiplicamos por 1.16 en relación al dólar americano, esto nos daría la cantidad de $836 aproximados, que al cambio de 33.348,41, tomado hoy de una famosa página web (dolartoday.com) innombrable para el gobierno nacional, resultaría la cantidad mensual de 27.858.587,82 Bs. que en teoría es lo que debería ganar un trabajador venezolano.

Ahora pisemos suelo "patrio" y quedémonos en Venezuela. Si los trabajadores ganaran como referencia la canasta básica antes copiada (siendo la única que conseguí en Internet, pudieran existir otras de referencia), no la escolar (aunque debería serlo), de acuerdo al supuesto de hecho de la norma constitucional, el Estado debe garantizar a los trabajadores del sector público un "salario mínimo vital" ajustado y tomando como una de las referencias el costo de la "canasta básica", pues por lo menos, el salario mínimo sería de unos 2.938.277,19 Bs. De allí para arriba, serían los grados o escalafones correspondientes, todo según el rango o la jerarquía del funcionario y sus responsabilidades.

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(1) http://www.finanzasdigital.com/2017/09/cendas-fvm-canasta-basica-escolar-2017-se-ubico-bs-4-288-239-25/
(2) valor según el 25 de septiembre de 2017. Mayor información ir hacia. http://www.finanzasdigital.com/2017/09/cendas-fvm-canasta-basica-subio-2-938-27719-bolivares/
(3)  http://www.bcv.org.ve/cuadros/2/212a.asp?id=64
(4) http://dolarparalelotoday.blogspot.com/p/precio-historico-dolar-paralelo.html

lunes, 16 de octubre de 2017

Sentencia sobre Radicación

MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Sala de Casación Penal pronunciarse acerca de la solicitud de RADICACIÓN de la causa seguida ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, contra los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALAVÉ BUCCE, JUAN CAMILO CARRILLO MARTÍNEZ, HÉCTOR MIGUEL ROQUE RAMÍREZ, CÉSAR AMABILIS VALERA VILLARROEL, ADOLFO TORRES VARGAS, HENRY ANTHONY SÁNCHEZ MORA, JOSÉ MANUEL MARÍN MUÑOZ, JUAN CARLOS BARRETO RAMOS y BERNARDO ANTONIO ATENCIO DELGADO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 3.942.739, V- 8.703.707, V- 7.844.135, V- 7.874.771, V- 9.397.212, V- 16.305.282, V- 11.147.016, V- 14.430.619 y V- 5.825.696, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, ASOCIACIÓN, OBSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMERCIO, en ese orden, previstos y sancionados en los artículos 34, 37 y 50 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como DAÑOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, previsto y sancionado en el artículo 360 del Código Penal; PECULADO DOLOSO y PECULADO DE USO, previstos y sancionados en los artículos 54 y 56 de la Ley contra la Corrupción, todos cometidos en perjuicio de la Estatal Petrolera PETROZAMORA.

Tal solicitud fue interpuesta por el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena.

El 8 de septiembre de 2017, se recibe en la Secretaría de la Sala de Casación Penal escrito de solicitud de radicación y en fecha 11 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala de la solicitud propuesta y en fecha 12 de septiembre de 2017, se designó ponente a la Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión

DE LA COMPETENCIA

La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de las solicitudes de radicación materializadas en los procesos penales en curso, se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, que disponen:

Artículo 29, numeral 3: “Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia:…3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio”.
Artículo 64: “El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará”.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre la solicitud de radicación propuesta por el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena. Así se declara.

DE LOS HECHOS

Se inicia por denuncia presentada ante el Ministerio Público por el abogado ANDRÉS EDUARDO ARTEAGA, en su carácter de apoderado de la Empresa Mixta PETROZAMORA, del cual se desprenden los hechos siguientes:

“…La presente investigación se inicia en fecha 21 de agosto del presente año, con motivo de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el abogado ANDRÉS EDUARDO ARTEAGA, en su carácter de apoderado de la Empresa Mixta PETROZAMORA, S.A, en la cual adujo unos hechos ocurridos el día 07-08-17 en el área de CEUTA-TRECO DEL LAGO DE MARACAIBO, cuando se reportó la apertura del interruptor B-505 por sobre corriente en la Subestación L, afectando a las Subestaciones 36M y 37M, detectándose en el sitio una afectación en el transformador TX2 de la Subestación 36M, asociado al interruptor B-205 (ACEITE DRENADO A TRAVÉS DE VÁLVULA DE SERVICIO Y POSIBLES DAÑOS A NIVEL DE ESTRUCTURA POR OPERACIÓN BAJO CARGA SIN ACEITE DIELÉCTRICO). Dicha situación irregular produjo una pérdida de producción asociada de 25.500 barriles que se traducen en una pérdida económica considerable.
En este contexto, mediante investigaciones relacionadas con dicha denuncia por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar, se pudo conocer una serie de irregularidades que se suscitan en la empresa mixta PETROZAMORA S.A., conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo S.A. y GazprombankLatin América Ventures B.V. (Rusia), la cual desarrolla sus actividades primarias, previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en las áreas denominadas: Bachaquero Tierra, Lagunillas Tierra, Bachaquero Lago Bloque VII Ceuta, Bloque II Bachaquero y Bloque III Centro. Cabe destacar, que las novedades ocurridas han sido denunciadas de forma reiterativa por la dirigencia de la parte rusa, sin recibir una respuesta acorde a los intereses de ambas naciones. Al mismo tiempo, resulta importante destacar las denuncias que se han visto reflejadas en los medios de comunicación, referente a la empresa ´Tratamientos Químicos C.A.´ ubicada en Maracaibo, la cual viene afectando el normal desarrollo de producción y en la que se vinculan actores pertenecientes a la estructura de PETROZAMORA.
Asimismo, dicha problemática ha traído consigo pérdidas millonarias para el Estado venezolano y que deterioran la imagen del Gobierno Nacional en materia de acuerdos económicos internacionales. Adicionalmente a esto se tiene información de acuerdo a la denuncia, que en Puerto Miranda existe una actividad clandestina presuntamente de contrabando, donde se fuga específicamente petróleo crudo a las Islas del Caribe e involucra a una empresa mixta de nombre BARIPETROL junto con personal de PDVSA que se encarga de operar dicho puerto.
CRONOLOGÍA DE EVENTOS DENUNCIADAS POR LA PARTE RUSA DE LA EMPRESA MIXTA
Situación crítica en cuanto al suministro de gas, que trae consigo una disminución en la producción de crudo en los campos Lagunillas Tierra  y Bachaquero Tierra. Es importante resaltar, que a partir del 2015 el suministro de gas por parte de Manejo y Medición de Gas de la Gerencia de Operación Integral de Plantas de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente (GOIP DEPO), se redujo de manera drástica y sin explicaciones válidas afectando significativamente la producción.
 Incumplimiento de acuerdos (tardía transferencia de los Patios de Tanques a PETROZAMORA).
Manejo irregular del Complejo Patio Tanque que denotan comportamientos asociados al sabotaje.
Disminución permanente del suministro de gas que garantizan la operatividad y por ende afectan la producción.
PETROZAMORA cumplió el requerimiento de PCP, en cuanto a la entrega de cuarenta (40) vehículos (tipo pick up), para efectuar patrullajes y reducir el índice de robos, sin embargo, más de la mitad están siendo utilizados fuera del ámbito de la empresa.
Los índices de robo se han incrementado durante 2017, trayendo consigo pérdidas de decenas de millones de dólares. Ejemplo de ello, es que sólo en los campos de Lagunillas Tierra y Bachaquero Tierra, entre el 10ABR y el 14ABR del año 2017, fueron hurtados de las instalaciones donde operan sesenta y cinco (65) pozos (contactores, breakers, cables bajantes), conllevando a una merma en la producción de más de tres mil (3.000) barriles diarios.
Implementación de una metodología errónea por parte del Departamento de Seguridad Interna (PCP), a la hora de calificar y evaluar los hurtos, robos y sabotajes. De igual manera, algunos de sus trabajadores se han visto envueltos en episodios ilícitos.
Premeditados retrasos en la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de compresión de gas, lo cual ha repercutido en la baja confiabilidad de los equipos, traduciéndose en paros repetitivos con un alto promedio de producción diferida.
La dirección adjunta de producción ha intervenido operacionalmente en las instalaciones de PETROZAMORA, ordenando el cierre de múltiples de gas (mecanismo de circulación de las tuberías de gas) afectando la producción.
/ El 07AGO17, PETROZAMORA sufrió dos acciones de robo y sabotaje que costaron más de veintiún mil (21.000) barriles diarios, evidenciándose la intencionalidad de ocasionar daños a la estructura eléctrica de los equipos que dan vida al suministro de energía en las estaciones de flujo. Es importante subrayar, que a raíz de este suceso los accionistas rusos solicitaron la averiguación inmediata de los ciudadanos Henry Sánchez, Adolfo Torres y José Manuel Marín.
^ La empresa Tratamiento Químicos", con su presunto gestor Juan Carrillo, es señalada de afectar la producción de PETROZAMORA. Igualmente, poseen el monopolio del negocio de los químicos (por el mecanismo de adjudicación directa, sin pasar por el proceso de licitación como lo exige la ley), seleccionando los proveedores que son calificados para vender a PETROZAMORA a cambio de jugosas comisiones.
En virtud de todas estas irregularidades, en fecha 04 de septiembre de 2017, la Fiscalía 44 de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por razones de necesidad y urgencia solicitó orden de aprehensión contra los ciudadanos: 1) Gustavo José Malavé Buceé, cédula de identidad № V.-3.942.739, Director Ejecutivo de Producción Occidente, Teléfonos: 0416-5613362; 2) Juan Carrillo Martínez cédula de identidad № V.- 8.703.707, Subdirector Producción Occidente, Teléfonos: 0416-6662616; 3) Héctor Roque Ramírez, cédula de identidad № V.-7.844.135, Gerente de Operación Integral de Plantas, Teléfonos: 0416-5670085; 4) Cesar Valera Villarroel, cédula de identidad № V.- 7.874.771, Gerente de Negocio de Producción Occidente, Teléfonos: 0416-5670313; 5) Adolfo Torres Vargas, cédula de identidad № V.- 9.397.212, Gerente General DSI Producción Occidente, Teléfonos: 0416-6619822; 6) Henry Sánchez Mora, V.-16.305.282, Director Ejecutivo DSI Costa Oriental del Lago, Teléfonos: 0416-6615935, 7) JOSÉ MANUEL MARÍN V.-11.147.016, Gerente Regional DSI Occidente, 8) Bernardo Atencio Delgado, cédula de identidad № V.- 5.825.696, Ex Director Adjunto de Producción Occidente y 9) Juan Barreto Ramos, cédula de identidad № V- 14.430.619, Gerente de Operaciones de Producción Occidente.
En esa misma fecha se materializó la aprehensión de los ciudadanos: 1) Gustavo José Malavé Buceé, 2) Juan Carrillo Martínez, 3) Héctor Roque Ramírez, 4) Cesar Valera Villarroel, 5) Adolfo Torres Vargas, 6) Henry Sánchez Mora, 7) José Manuel Marín, 8) Juan Barreto Ramos.
En este sentido, de acuerdo a las investigaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar:
a)   En PETROZAMORA presuntamente opera una red muy bien estructurada y articulada para: sabotear el funcionamiento de la industria petrolera, retardar el normal funcionamiento de los procesos de la industria, con la finalidad de chantajear y/o extorsionar a la parte rusa de dicha asociación, según denuncia interpuesta por la parte afectada.
b)   De acuerdo a lo antes descrito, se puede inferir la presencia de una estructura delictiva que busca enriquecerse a través de acciones que van en detrimento de la imagen del Estado Venezolano, puesto que el tratamiento en los medios de comunicación no enfatiza en individualidades, sino que por el contrario se enfoca en exaltar el nombre de la estatal petrolera, con la finalidad de robustecer las matrices de opinión que señalan a PDVSA como la herramienta idónea para la corrupción.
c)   La cantidad de sucesos asociados al sabotaje, deja entrever la intencionalidad de ocasionar daños al convenio con Rusia, con el propósito de desestabilizar la economía nacional mediante una ruptura de los acuerdos, motivado al incumplimiento de las garantías exigidas.
Todo lo anteriormente expuesto guarda relación con los hechos investigados en ocasión al evento de fecha 07-08-17, debido a que de acuerdo a las investigaciones llevadas por este despacho fiscal se pudo corroborar que el domingo 07 de agosto, en horas de la madrugada se presentó según lo que reza en los reportes una alarma de intrusos a nivel de la Sub Estaciones Eléctricas: 36M y 37M, después de un par de horas, siendo la hora exacta la 1: 05 horas de la madrugada cuando se recibió por parte de OFIPET (despacho de carga), una alarma de detección de intrusos, después a las 03: 02 horas de la madrugada, se reporta la apertura del interruptor b-205 afectando las Sub Estaciones eléctricas antes mencionadas una vez llegado el personal al sitio, se identificó que al transformador 2 (TX2) de la Sub Estación 36 m, asociado al interruptor b-205, observándose aceite drenado a través de la válvula de servicio y posible daño a nivel de estructura por operación bajo carga sin aceite dieléctrico (esos son transformadores que son gigantes y utilizan aceite para mantenerse operativos, sustrajeron el tapón, lo sacaron, se dreno el aceite, se recalentó el transformador y ocurrió la falla eléctrica), eso trajo como consecuencia una perdida de producción para la empresa mixta Petrozamora de aproximadamente de 25.500 barriles y de 1.192.000 dólares, obviamente hubo pérdidas materiales asociadas al transformador, anteriormente se había identificado también la pérdida de 2.000 metros de cable submarino (serie 8000) de 15kv, por lo que, Petrozamora procedió a nombrar un comité técnico operacional para determinar las causas de lo sucedido en donde se constató la intervención de terceros de manera dolosa y premeditada como causa probable. Igualmente, cuando ocurren fallas del tipo ya reseñada el personal de Petrozamora, dependía de terceros, porque para arrancar manejo de gas tenía que proporcionar gas, la ayuda requerida a la GOIP (gerencia de operación integral de planta), no fue atendida de manera oportuna y asertiva por parte del gerente Héctor Roque, en el tiempo requerido. Asimismo la gerencia de seguridad industrial no ha cumplido con su función de garantizar la custodia, protección y vigilancia de las instalaciones de la industria petrolera como las subestaciones eléctricas afectadas por un lapso de dos años, situación que no fue atendida de manera eficaz y resolutoria por parte de la junta directiva de PDVSA occidente.
En fecha 06 de septiembre de 2017, se presentó y colocó a disposición del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, a los ciudadanos 1) Gustavo José Malavé Buceé, 2) Juan Carrillo Martínez, 3) Héctor Roque Ramírez, 4) Cesar Valera Villarroel, 5) Adolfo Torres Vargas, 6) Henry Sánchez Mora, 7) José Manuel Marín, 8) Juan Barreto Ramos, realizando la imputación de los siguientes delitos: 1.- TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 2.- ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 3.- OBSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMERCIO, previsto y sancionado en el artículo 50 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 4.- DAÑOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, previsto y sancionado en el artículo 360 del Código Penal. 5.- PECULADO DOLOSO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley contra la Corrupción. 6.- PECULADO DE USO, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, solicitando la representación fiscal la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles, bloque inmovilización de cuentas bancarias, de conformidad con los artículos 55 y 56 de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo siendo todo ello acordado por la Juzgadora. ” (Resaltado y subrayado del original). (Folios 5 al 10 del expediente).

DE LA SOLICITUD

El solicitante planteó la radicación en los términos siguientes:

“… La excepción que se requiere al principio ´fórum delicti comissi´ en el presente proceso y que se estima imperiosa, a través de la RADICACIÓN, está vinculada a la necesidad de garantizar que los Juzgadores se vean afectados por factores exógenos que les impida desarrollar su labor de juzgamiento en condiciones adecuadas, sin que la presión generada por la alarma que se genera en un hecho grave, cometido por funcionarios públicos, en agravio del patrimonio pública, ya que lo contrario sería colocar en riesgo la recta y adecuada administración de justicia, siendo evidente en el caso que nos ocupa que se encuentran llenos los extremos lo extremos legales para su procedencia, tal como se indica a continuación:

1) Existencia de Delitos Graves:

En primer lugar, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, justifica la solicitud de radicación cuando se trate de la perpetración de un delito grave.
A tenor de lo prescrito en el Diccionario de la Real Academia Española, la gravedad de una determinada entidad, básicamente se circunscribe a un acontecimiento importante, trascendente o de inusual consideración; lo grave es sinónimo de alarma, circunstancia que descarta de plano cualquier acontecimiento baladí o trivial.
En Derecho Penal, la gravedad de un ente jurídico (como lo constituye el delito), viene determinada por la trascendencia del bien jurídico que tutela el propio precepto penal transgredido, el cual únicamente puede ser mensurado en razón de los valores que instituye la Carta Fundamental de cualquier Estado de Derecho, a propósito de los principios e ideales que fundamenta precisamente el modelo de Estado propuesto y adoptado.
En este sentido, la Constitución de 1999, en su artículo 2, enuncia  entre sí principios fundamentales lo siguiente:
´Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político´.
Así pues, la vida, la libertad, la justicia y la igualdad, entre otros valore: orientan la labor operativa del legislador, delineando, en consecuencia, los intereses de mayor relevancia para el colectivo (y por supuesto, susceptibles de protección), lo cual determina, entre otras consecuencias, hacia dónde debe encaminarse la funde punitiva del Estado.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, ha señalado en cuanto a la expresión de delito grave, en sentencia número 227, del 2 de mayo de 2006, con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, lo siguiente:
´La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (...) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad (...)´.
De lo anterior se desprende que, la radicación del caso resulta procèdent cuando se acredita la gravedad del delito, el perjuicio causado y la forma de comisión del ilícito.
En el caso concreto, la presente solicitud de radicación gravita en torno a la perpetración de varios delitos graves, como lo son el Tráfico de Materia Estratégico, Asociación, Obstrucción de la Libertad de Comercio, Daños a la Industria Petrolera, Peculado Doloso y Peculado de Uso, todos como conducta reprochable y atentatoria, en consecuencia, de bienes jurídicos trascendentes penalmente relevantes.
Consecuencialmente, cualquier hecho punible que, por lo menos de modo tangencial, suponga un peligro inminente, atentará contra un valor supremo de Estado (lo cual tiene una incidencia social intrínseca), y su consecución materialización, impretermitiblemente determinará la existencia de un delito forzosamente grave, circunstancia que satisface el primer requerimiento de la norma apuntada supra, para el caso bajo examen.

2) Alarma, sensación o escándalo público:
Como bien se desprende del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, la solicitud de radicación debe acreditarse además, en alguno de los escenarios alternativos que instituye el precepto procesal invocado, tales como la provocación de alarma, sensación o escándalo público.
A la luz de lo referido en el Diccionario de la Real Academia Española, todo acontecimiento alarmante infiere una ´inquietud, susto o sobresalto causado por algún riesgo o mal que repentinamente amenace´. En palabras sencillas, la alarma es una sensación de ansiedad, que provoca un desasosiego permanente a propósito de la constatación repentina e inesperada de un mal pronosticado. La causación de un escándalo público, por su parte, no puede sino decantar en un ´alboroto, inquietud, ruido, desvergüenza, asombro o pasmo´; consecuencialmente, la alarma o el escándalo público no depende de lo noticioso del acontecimiento inquirido, sino de la zozobra infundida en el colectivo, circunstancia que provoca un desasosiego generalizado, en virtud de la preocupación y nerviosismo que colige la producción ulterior de un hecho similar.
El Tribunal Supremo de Justicia, por su parte, en sentencia Nro. 792 suscrita en fecha 13 de noviembre de 2001, emanada de la Sala de Casación Penal con ponencia del Magistrado Alejandro Ángulo Fontiveros, advirtió sobre el particular, lo siguiente:
´... el escándalo público que un caso puede generar está determinado por otros elementos: la naturaleza del delito, la gravedad del daño causado, las características de su comisión, por los sujetos activos y pasivos del delito, etc.´. (Negrillas nuestras).
De igual forma, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia № 177 del 10 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Dr. Eladio Ramón Aponte Aponte, señaló lo siguiente:
´ (...) El escándalo y alarma que se requiere conforme los extremos de ley, es aquel entendido como causa de inquietud, susto, sensación, emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en éste deben resguardarse (...)´.
En el presente caso, se verifica la exigencia referida a que el delito cause  alarma, sensación o escándalo público, en los habitantes del estado Zulia y que tal circunstancias afecten a las partes intervinientes en ese proceso.
En primer término, porque la víctima directa es una empresa del Estatal Venezolano, razón por la cual, el caso está siendo y será notoriamente constantemente reseñado con gran difusión e intensidad en los distintos medios c comunicación social (escritos, páginas web y radiales), lo cual sin duda algún perturba la paz social del Sector Zuliano, inquieta a las partes intervinientes en proceso y en especial al órgano jurisdiccional, en quien definitivamente repercute en una sana, adecuada y oportuna administración de justicia.
Resulta claro que, en este caso los acontecimientos narrados y plasmados en este escrito constituyen un hecho público, notorio y comunicacional, siendo que tale acontecimientos inciden en forma directa, e indudable en una recta e imparcial administración de justicia, pues qué órgano jurisdiccional podría decidir de manen ecuánime, ponderada e imparcial en un clima de zozobra y escándalo alentado por reiterada exposición mediática de las circunstancias e incidencias del caso, con lo cual no existe en la actualidad un clima adecuado para que un juez o jueza de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, pueda decidir en forma ecuánime, objetiva ponderada y en consecuencia se pueda alcanzar la esperada justicia material.
Visto lo anterior, es patente que en estos momentos se reproducen en la Circunscripción Judicial del estado Zulia, las circunstancias que interfieren en la sane administración de justicia, las cuales pueden interrumpir el curso normal del procese en la Circunscripción donde se encuentra actualmente.
En tal sentido, es importante acotar que el Ministerio Público no fundamenta le presente solicitud en una simple posición de desconfianza hacia los funcionarios encargados de administrar justicia en el estado Zulia, ni en consideraciones netamente subjetivas sobre la percepción de los jueces del estado Zulia, sino el consideraciones objetivas válidas que deben ser tomadas en cuenta para que prospere la radicación del presente proceso penal.”.

Para avalar sus alegatos el solicitante acompañó artículos recopilados a través de la web, a saber:

“A los gerentes de Pdvsa occidente los detuvieron en una reunión”. http://runrun.es/nacional. 07/09/2017.
“Presos nueve gerentes de Pdvsa por corrupción”. http://versiónfinal.com.ve. 07/09/2017.
“Un escándalo de corrupción estalló”. http://versión final.com.ve. 07/09/2017.
“Sabotaje a Petrozamora buscaba romper convenios con Rusia”. http://www.latabla.com. 07/09/2017.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Código Orgánico Procesal Penal, establece en su artículo 64, lo siguiente:

Art. 64.- Radicación. Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.

2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud”.

Según la transcrita disposición la radicación de un juicio consiste en quitar el conocimiento del mismo al tribunal que le corresponde, de acuerdo con el principio del “forum delicti comissi”, estipulado en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, para atribuirlo a otro tribunal de igual categoría, pero de otro circuito judicial penal.

Conforme a dicha norma, la radicación de un juicio procede: a) En caso de delitos graves cuya perpetración haya causado alarma, sensación o escándalo público o, b) Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

De igual manera, establece dicha norma que la radicación procederá a solicitud de las partes, por lo que resulta necesario en primer lugar, examinar los documentos consignados por el solicitante, para así poder determinar si tiene o no cualidad para actuar en el proceso penal, en consecuencia, se observa lo siguiente:

La presente solicitud fue interpuesta por el abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena, lo que pone de manifiesto la legitimación activa de quien interpuso, ante esta Sala, la presente solicitud de radicación.

En segundo lugar, en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos de la solicitud de radicación, es preciso acotar que dicha figura procede únicamente como consecuencia de la previa verificación de los supuestos legalmente establecidos para ello, a saber, los casos de “delitos graves que hayan causado alarma, sensación o escándalo público, o cuando después de presentada la acusación el proceso se paralice indefinidamente por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos”.

Ahora bien, es acertado indicar que conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia de la Sala, la gravedad del delito debe observarse bajo la óptica siguiente:

“…para poder determinar la gravedad del delito, deben tomarse en cuenta todas las circunstancias que rodean al injusto. En este sentido ha decidido lo siguiente: ‘…Respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con las penas más severas. No obstante, ha sido jurisprudencia reiterada, el criterio sostenido por la hoy extinta Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que la expresión ‘delitos graves’ debe ser interpretada de una manera más lata y no tan restringida. Esto es, que la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad (…)’
Por consiguiente, las adversas repercusiones del delito son lo que en definitiva, incide (…) en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia…”. (Sentencia Nº 582, del 20 de diciembre de 2006).

            Según la transcripción del anterior criterio jurisprudencial, la gravedad del delito va a depender en gran manera del daño causado a la colectividad o al individuo, las condiciones o relaciones tanto del agresor como del agredido y los medios utilizados para cometer el hecho punible, así como la forma de perpetración del mismo.

            Asimismo, la Sala ha señalado, mediante sentencia N° 12 del 22 de enero de 2010, lo siguiente: “…los cuales evidencian en conjunto, los elementos suficientes que a criterio de la Sala, dan la certeza efectiva de la perpetración de un delito grave, cuya comisión, y los demás hechos ocurridos posteriormente, generan un peligro real o evidente para perturbar la actividad judicial, así como la actividad fiscal, al haber sido asesinado uno de los testigos presenciales del hecho, y existir amenazas de vida para otro testigo, ambas personas, promovidas como elementos de prueba en la acusación fiscal...”.

            Así, vistos y analizados los alegatos esgrimidos por el solicitante y por lo que se pudo observar en lo esgrimido en la presente solicitud por la representación fiscal, la Sala puede aseverar que estamos en presencia del primero de los supuestos acreditados en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, por la gravedad de los delitos imputados a los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALAVÉ BUCCE, JUAN CAMILO CARRILLO MARTÍNEZ, HÉCTOR MIGUEL ROQUE RAMÍREZ, CÉSAR AMABILIS VALERA VILLARROEL, ADOLFO TORRES VARGAS, HENRY ANTHONY SÁNCHEZ MORA, JOSÉ MANUEL MARÍN MUÑOZ, JUAN CARLOS BARRETO RAMOS y BERNARDO ANTONIO ATENCIO DELGADO, determinada dicha gravedad por el daño patrimonial ocasionado a la Estatal Petrolera PETROZAMORA.

            Las otras circunstancias alegadas por el solicitante de la radicación, como lo son la alarma y escándalo público que ha causado y siguen causando en el estado Zulia, por los hechos atribuidos a los prenombrados ciudadanos son demostrativos de una circunstancia que hacen procedente la radicación de la causa, pues, es un hecho público, notorio y comunicacional en la región zuliana de las situaciones que rodean los hechos objeto de la presente solicitud, por cuanto se tratan de actos que sin duda alguna atentan contra el patrimonio público, aunado a las relaciones de influencias que los mismos pueden tener habida cuenta de los cargos públicos desempeñados en la entidad.

De tal manera que del escrito y anexos consignados por el solicitante, se observa que, en éste caso en concreto, estamos en presencia de delitos gravísimos que causaron y siguen causando alarma, sensación y escándalo público, capaces de afectar sustancialmente a las partes, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, con el propósito de preservar la seguridad de todas las partes involucradas en el presente proceso, así como garantizar el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, de forma expedita, equitativa y con respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal; en atención a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente declarar HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el ciudadano abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena, de la causa que se le sigue a los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALAVÉ BUCCE, JUAN CAMILO CARRILLO MARTÍNEZ, HÉCTOR MIGUEL ROQUE RAMÍREZ, CÉSAR AMABILIS VALERA VILLARROEL, ADOLFO TORRES VARGAS, HENRY ANTHONY SÁNCHEZ MORA, JOSÉ MANUEL MARÍN MUÑOZ, JUAN CARLOS BARRETO RAMOS y BERNARDO ANTONIO ATENCIO DELGADO, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, en el asunto penal identificado con el alfanumérico BJ11-P-2017-000041, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, ASOCIACIÓN, OBSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMERCIO, previstos y sancionados, en ese orden, en los artículos 34, 37 y 50 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como DAÑOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, previsto y sancionado en el artículo 360 del Código Penal; PECULADO DOLOSO y PECULADO DE USO, previstos y sancionados en los artículos 54 y 56 de la Ley contra la Corrupción. En consecuencia se ordena RADICAR la causa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: declara HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por el ciudadano abogado Jimmy Goite Blanco, Fiscal Sexagésimo Tercero (63°) del Ministerio Público con competencia Nacional Plena, de la causa que se le sigue a los ciudadanos GUSTAVO JOSÉ MALAVÉ BUCCE, JUAN CAMILO CARRILLO MARTÍNEZ, HÉCTOR MIGUEL ROQUE RAMÍREZ, CÉSAR AMABILIS VALERA VILLARROEL, ADOLFO TORRES VARGAS, HENRY ANTHONY SÁNCHEZ MORA, JOSÉ MANUEL MARÍN MUÑOZ, JUAN CARLOS BARRETO RAMOS y BERNARDO ANTONIO ATENCIO DELGADO, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, extensión Cabimas, en el asunto penal identificado con el alfanumérico BJ11-P-2017-000041, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, ASOCIACIÓN, OBSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD DE COMERCIO, previstos y sancionados, en ese orden, en los artículos 34, 37 y 50 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como DAÑOS A LA INDUSTRIA PETROLERA, previsto y sancionado en el artículo 360 del Código Penal; PECULADO DOLOSO y PECULADO DE USO, previstos y sancionados en los artículos 54 y 56 de la Ley contra la Corrupción.

SEGUNDO: ordena RADICAR la causa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia la remisión inmediata del expediente original identificado con el alfanumérico BJ11-P-2017-000041, de la nomenclatura del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control, extensión Cabimas del mismo Circuito Judicial Penal, así como, todas las actuaciones relacionadas con dicha causa, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, el cual continuará conociendo del presente caso.

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada,  firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los  diecinueve    ( 19 ) días del mes de septiembre del año 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

La Magistrada ponente,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

YBKD/
Exp. Nº 2017-270

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/septiembre/203340-327-19917-2017-R17-270.HTML 

martes, 10 de octubre de 2017

Libro: El Derecho a la Prueba y su Interpretación en el Contexto de la Constitución

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Reseña: El Derecho a la prueba y su interpretación en el contexto de la Constitución por Cultura Jurídica Centro de Investigación y Promoción de | 10/Oct/2017

En el Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica nos complace presentarles de la pluma de Gustavo Domínguez Florido la obra “El Derecho a la prueba y su interpretación en el contexto de la Constitución Formas de infracción del derecho a la prueba y control de la jurisdicción constitucional” con prólogo del Dr. Román Duque Corredor y editado por la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) y el Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica.

El texto que hoy tenemos a bien reseñar, se presenta como un trabajo de investigación que puede servir tanto para los estudiantes de pregrado que por vez primera se adentren en el derecho probatorio, ya que analiza a profundidad los principios básicos de esa rama del derecho procesal, como a los abogados dedicados al ejercicio del derecho, y los jueces indistintamente de su competencia material, ya que en la obra, el autor, luego de analizados desde la perspectiva tanto teórica como practica los principios del derecho probatorio, hace un interesante estudio sobre cómo se produce la violación del derecho a la prueba contenido en el artículo 49 del texto de la Constitución venezolana, y como ello puede ser controlado por conducto del ejercicio de los recursos extraordinarios disponibles en nuestro ordenamiento jurídico; todo ello desde la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Además, Gustavo Domínguez se atreve a aportar bases en un tema que en el derecho procesal constitucional, se constituye como un reto doctrinario y práctico, como es la frontera entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional y su competencia en amparo de derechos constitucionales o revisión constitucional; en este caso, en el área probatoria, es decir, Domínguez señala sistemáticamente en su obra, cuando se ha ejercido de forma excepcional el control por parte de la jurisdicción constitucional con el fin de tutelar el derecho a la prueba, aporte retador que puede servir a los litigantes y a la doctrina para afinar tan álgido tema.

Esperemos que la obra que se reseña brevemente reciba una gran acogida por la crítica no solo venezolana sino internacional y sea reeditada en futuras oportunidades, de cuyo autor y obra, su prologuista señalase:

“Esta perspectiva, sin duda, que coloca su obra en lo que he denominado derecho constitucional procesal, pero que, por su integridad de la materia probatoria que comprende, me atrevo llamarla “derecho constitucional probatorio”, del cual, sin duda, Gustavo Domínguez, es un adelantado. Sabiendo de su sencillez, pienso que no la hiero si califico a Domínguez, sin exageración y por lo justo, de “probacionacionista constitucionalista”.

https://culturajuridica.org/derecho-a-la-prueba/ 

sábado, 30 de septiembre de 2017

FOTOGRAFÍAS. ALGUNOS TIPS SOBRE SU USO, PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO. Cuarta Parte


http://criminalistica.mp.gob.ve/criminalistica-de-campo/
Siguiendo con el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, vemos los Procedimientos Asociados al Proceso de Fijación (páginas 33 y 34):

"2.2. Fijación Fotográfica del Sitio del Suceso.

2.2.1. En Carácter General: El sitio del suceso deberá ser fijado fotográficamente desde todos los ángulos posibles, (tomando como referencia los cuatro puntos cardinales), rutas de acceso y escape.

Estas fijaciones fotográficas deberán reflejar por si solas cómo se encontró el lugar del hecho para el momento de su abordaje, previo a la colección de evidencias. En la fijación fotográfica general, no deberá usarse ningún implemento (testigo flecha y/o métrico) que distraiga la atención del observador.

2.2.2. En carácter Particular: Esta fijación fotográfica deberá realizarse con auxilio de testigos flechas, a fin de señalar las posibles rutas de acceso, de referencia y escape, llevando un orden correlativo, al igual que las evidencias físicas previamente señaladas e identificadas, o cualquier otra particularidad de la que sea necesario dejar constancia por parte del funcionario responsable de la fijación.

2.2.3. En Detalle: Esta fijación fotográfica deberá realizarse con el uso del testigo métrico y/o testigo flecha, con la finalidad de servir como referencia para establecer el tamaño real de la evidencia y resaltar alguna característica particular de la misma.

2.2.4. Fijación Planimétrica: el funcionario deberá realizar esta actividad, plasmando a través de un croquis a mano alzada, la ubicación y dimensiones del sitio del suceso, ubicación exacta donde fueron halladas las evidencias físicas, posibles rutas de acceso y/o escape, orientación (espacial), desniveles del lugar, puntos de referencia o cualquier otro dato de interés para la investigación, haciendo uso de brújula, cintas métricas, podómetro, GPS, eclímetro, telémetro u otro instrumento de medición.

2.2.5. Fijación por Moldeado: el funcionario fijará a través de técnicas específicas (moldeado con
silicona, vaciado en piedra dental, yeso, entre otros) y con el material idóneo, las evidencias físicas que no puedan ser transportadas, tales como: huellas de pisadas y de neumáticos en bajo y alto relieve, las cuales serán posteriormente sometidas a análisis forenses de comparación-identificativa (Ver Capítulo referente al área Física-Comparativa).

2.2.6. Fijación a través de Vídeos: el funcionario deberá seguir las pautas establecidas en el capítulo de fotografía forense. 

Todas las fijaciones antes descritas deberán cumplir con los métodos de búsqueda, ubicación y marcaje, los cuales serán seleccionados por el o los funcionarios que practiquen esta actividad. Así mismo, ninguno de estos procesos podrá ser contradictorio, es decir, lo que se encuentre descrito en la Inspección Técnica, deberá coincidir con lo reflejado en las fijaciones fotográficas, levantamiento planimétrico y/o vídeo, ya que se complementan entre sí".

http://criminalistica.mp.gob.ve/criminalistica-de-campo

domingo, 17 de septiembre de 2017

FOTOGRAFÍAS. ALGUNOS TIPS SOBRE SU USO, PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO. Tercera Parte

Otro aspecto debemos considerar a las Fotografías si éstas son parte integrante de un mensaje de datos. Ese mensaje de datos debe ser visto SIEMPRE como una "imagen digital" (1) desde el punto de vista probatorio y así lo tienen que tratar como tal, siendo conveniente regirnos por el Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Aunque lo establecido en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y en la Ley de Infogobierno (ambas lo toman desde el punto de vista sustantivo por definición y no probatorio, como les había comentado antes). Debemos tener su impresión y las copias que se consignen con el objeto de ilustrar al Tribunal sobre este punto, las cuales tienen validez y fuerza probatoria. Aunque si el delito tiene implicaciones foráneas, va a depender de varios factores para aplicar la extraterritorialidad o no del Tribunal, en dónde se encuentre alojada u hospedada esa fotografía (que ese es un candente tema que trataré en otro artículo de opinión).

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) tiene en el ámbito de aplicación de la Ley de Infogobierno, la competencia de prestar asesoría técnica en materia informática forense a los órganos de apoyo a la investigación penal. Recomiendo revisar el artículo 55, numeral 11.

También, recomiendo revisar la Resolución N° 27 mediante la cual se crea el Centro Nacional de Informática Forense (CENIF), publicado en la Gaceta Oficial N° 39.847 del 20 de enero del año 2012. Ver sus Funciones (articulo 2):

  • Por acá se podrá realizar el peritaje en soportes digitales, mediante el empleo de mecanismos, técnicas y herramientas ampliamente conocidas, probadas y aceptadas.
  • Prestar el apoyo las investigaciones, experticias, inspecciones relacionadas con evidencias digitales, mediante la utilización de herramientas y procedimientos forenses.
  • El evaluar los medios de almacenamiento digital, de acuerdo a los criterios establecidos en las solicitudes formuladas por los órganos y entes de la administración pública.
  • La realización a solicitud de los órganos competentes, de informes periciales previo cumplimiento de los extremos legales.
  • La auditoría del funcionamiento, seguridad, interoperatividad, autonomía e integridad de las aplicaciones y base de datos utilizados por órganos y entes de la administración pública.
  • Para prestar asesoría técnica en materia de informática forense a los órganos del sistema de justicia y de apoyo a la investigación penal.
  • Y para coadyuvar en el establecimiento de líneas de investigación asociadas al área de informática forense, conjuntamente con los órganos y entes de la administración pública.

"Análisis Forense en Imágenes, Audio y Video

En la actualidad, se vive en una sociedad que documenta su progreso diario a través de fotografías de nuestro entorno, videos de eventos o presentaciones que asisten y en algunos casos notas de voz o audio para expresar las ideas.

Durante la realización de actividades inapropiadas o ilícitas, es habitual que se generen registros de estas actividades, dichos registros pueden ser fotografías digitales o videos generados por cámaras de seguridad o audios registrados por un equipo móvil; por lo tanto una revisión integral y/o exhaustiva de este tipo de registros y así determinar su autenticidad.

Las imágenes digitales, los videos y los audios digitales pueden ser catalogados como una evidencia digital; dichas evidencias pueden aplicarse la experticia forense para así determinar su autenticidad, veracidad e integridad de la misma.

Para realizar un análisis forense de imágenes, audio y video, es imprescindible contar con el equipamiento necesario, no solo para investigar, sino también para proteger la integridad, veracidad y autenticidad de la evidencia digital, de forma que sigan siendo válidos como prueba judicial.

En la Unidad de Análisis Forense de Imágenes, Audio y Video del Centro Nacional de Informática Forense (CENIF), dispone de herramientas con tecnología avanzada en el campo de análisis de evidencia forense en imágenes, audio y videos digitales. Dichas Herramientas están diseñadas exclusivamente para verificar la autenticidad, veracidad e integridad de la evidencia." (2)

En la experticia que se le hagan a la fotografía se podrá determinar muchas variables que van incidir en la responsabilidad de un sujeto. Del mismo modo, en un vídeo que se recabe de una investigación penal, podrá destacarse la información antropométrica, étnica, los movimientos y hábitos de motricidad de la persona. Si el vídeo es de alta calidad, permitirá una fotografía o la captura de la imagen que pretenda ser utilizada en el proceso penal.

El tema de la impugnación o rechazo de fotografías digitales puede efectivamente ser alegada por las partes. Todo lo anterior será utilizado mediante un procedimiento científico que pueda ser controlado por las partes y se verifique si la fotografía digital fue llevada como medio de prueba válido o no.

En las investigaciones realizadas por las policías cuando sean conveniente realizar fotografías, éstas deberían ser recabadas mediante la orden judicial de un Tribunal en Funciones de Control.

La fotografías digitales tienen una meta data cuyas características esenciales pueden ser descubiertas para saber cuándo pasó un crimen. Desde el tipo de archivo, el programa por el cual fue abierta la fotografía (como por ejemplo, el famoso Adobe Photoshop); la localización dentro del sistema de tecnologías de información, es decir, el archivo o carpeta donde se encuentren; el tamaño propio; el tamaño en el disco, cuándo fue creada esta fotografía digital; la hora y fecha exacta cuando fue modificada, y cuando fue accedida o vista esta imagen, entre otras características. Todo lo que se haga dentro del sistema, deja un rastro.

En el tema de la fotocomposición y el análisis que tome el experto de diversos factores como, la iluminación y la posible identificación de delincuentes y de víctimas o de testigos, es pieza fundamental que debe describirse en el informe que curse en los autos. Desde un simple reflejo en un espejo o hasta el reflejo en la propia córnea del ser humano que fue fotografiado (como lo expuso mi buen amigo Raymond Orta en una de sus conferencias), lo cual va depender de la calidad y resolución de la cámara fotográfica, hasta la constatación de eventos temporales, o la llamada correspondencia cronológica en una línea del tiempo que ocurren entre una toma y otra toma fotográfica.

Por lo general, los aparatos que utilizan tecnologías de información hoy día, son bastante modernos y la importancia de estos al ser identificados, para determinar responsabilidades en una imputación o en algún acto conclusivo, como una acusación fiscal.

"Procesos de un Peritaje Informático Forense

La parte interesada en la practica de la experticia o peritaje informático a los fines de demostrar sus pretensiones o alegatos, interpone su demanda o solicitud ante el tribunal competente bien sea Lopnna, Civiles, Municipio, Contencioso Administrativo, Laborales, Penales, Agrarios, Marítimos, o ante cualquiera de las Sala del Tribunal Supremo de Justicia en caso que corresponda.

El Juez admite la demanda y notifica a la parte demandada.

Se da contestación a la Demanda.

Se apertura el lapso de Promoción de Pruebas, cualquiera de las partes o inclusive ambas partes mediante escrito motivado Solicitan al Juez de la causa la admisión de la prueba libre de que trata la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas en su artículo numero 4º en concordancia con el articulo 391 y 405 del Código de Procedimiento Civil

El Juez emite un auto pronunciándose sobre la admisión o impertinencia de practicar alguna de las pruebas promovidas por las partes..

Admitida la prueba de peritaje o experticia informática, la parte que pretende hacer valerse de dicha prueba Solicita al juez que notifique a la superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) a los fines que designe uno o varios peritos o expertos en informática forense.

Notificado el despacho de la Superintendencia de la solicitud del tribunal mediante Oficio, pone en conocimiento de dicha solicitud al Centro Nacional de Informática Forense (CENIF), acto seguido se levanta se designan los expertos a tratar el caso y se remite oficio d respuesta al tribunal competente con identificación de los expertos.

A partir del momento que el Tribunal recibe el oficio de respuesta de Suscerte, los peritos designados disponen de tres (03) días de despacho para juramentarse. (este lapso puede extenderse por causas de fuerza mayor debidamente comprobada).

Juramentado el perito designado, la parte que promovió el peritaje informático debe contactar al perito o experto a los fines de acordar los gastos o costos de la experticia según el caso.

El perito o experto procede a planificar la práctica o evacuación de su experticia o peritaje comunicándose con las partes que tienen la controversia. Se fija día y hora para practicar el peritaje.

Llegado el día de evacuar la experticia ambas partes tienen el derecho de asistir por si solas o través de apoderados judiciales a la evacuación de la prueba, atendiendo para ello los lineamientos que fije el perito; siempre y cuando no afecte de manera negativa las mejores prácticas en el procedimiento técnico de la experticia.

El día fijado para evacuar la prueba las partes no podrán impedir la práctica de la experticia ni entorpecerla. Cualquier inconformidad deberán manifestarla mediante escrito dirigido al tribunal de la causa.

Los peritos o expertos pueden hacerse asistir de abogados de su confianza al momento de practicar la experticia o de la fuerza pública en caso de ser necesario.

Al momento de practicar la experticia se levanta un acta con identificación clara y precisa del día, lugar y hora en la cual se está llevando a cabo la experticia, además se debe identificar las partes presentes incluyendo a los peritos y abogados, se hace mención del tipo de prueba a practicar con su detalles técnico generalizado cuidado de no emitir ningún tipo de opinión de fondo, esta Acta de practica de Experticia solo contiene elementos de forma.

Finalizada la práctica de experticia las partes presentes y los peritos la firman en señal de conformidad. Cada parte conserva un ejemplar del acta y los expertos también.

Se Notifica al Tribunal mediante diligencia escrita sobre la practica la experticia informática y que los peritos van a tomarse un lapso estimado de veinte (20) días para analizar las evidencias y emitir el correspondiente Informe de Experticia Final.

El perito consigna el Informe pericial bien fundamentado ante el Tribunal de la causa mediante diligencia escrita.

El Tribunal agrega el Informe de experticia al expediente.

La causa entra a fase de análisis de todas las pruebas practicadas, vencido el lapso de evacuación de todas las pruebas promovidas inicia el lapso para la presentación de los informes o conclusiones finales de las partes.

El Juez puede mandar a comparecer a los peritos o expertos informáticos antes de emitir Sentencia, a los fines de esclarecer algún hecho en el cual tanto el cómo las partes tengan dudas, para lo cual deberá notificarse al perito o experto quien deberá comparecer a una audiencia ante el Juez a objeto de defender o explicar su informe pericial.

Inicia el lapso de Treinta (30) días que dispone la Ley para que el Juez sentencie según los alegatos y probanzas de las partes.

Finalmente valorada la prueba informática evacuada, se evidenciara en la parte motiva de la sentencia su apreciación favorable o no.

Excepción a la Regla: también existen casos en los cuales las pruebas de experticias informáticas las pueden Solicitar el Juez o Ministerio Publico como apoyo para esclarecer hechos controvertidos, en cuyo caso se sustanciara de manera diferente." (3)

La fotogrametría es "una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. Puede ser de corto o largo alcance.

La palabra fotogrametría deriva del vocablo "fotograma" (de "phos", "photós", luz, y "gramma", trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y "metrón", medir.

Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: "medir sobre fotos". Si trabajamos con una foto podemos obtener información en primera instancia de la geometría del objeto, es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro modo, información tridimensional."

Básicamente, es una técnica de medición de coordenadas 3D, también llamada captura de movimiento, que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno, como medio fundamental para la medición." (4)

Hay programas de computación que tienen algoritmo de mejoramiento de la calidad de imagen que puede ser perfectamente utilizados para la escena del crimen que fuera fotografiada y determinarse luego, las responsabilidades penales de rigor.

Tenemos la infinidad de casos donde están involucradas las fotografías o imágenes digitales: casos de envíos de correo electrónico comercial no solicitado; las actividades destinadas a difamar, avergonzar, dañar el honor y la reputación, abusar, amenazar, calumniar u hostigar a terceros; discriminación y pornografía infantil, y las actividades que sean agraviantes, vulgares, obscenas, invasivas de la privacidad de terceros, cuestionables por contener alusiones sexuales, raciales, étnicas u otras. Así que observemos, algunos artículos de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (Gaceta Oficial N° 37.313 del 30 de octubre de 2001:

Artículo 2º Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entiende por:

"o. Mensaje de datos: cualquier pensamiento, idea, imagen, audio, data o información, expresados en un lenguaje conocido que puede ser explícito o secreto (encriptado), preparados dentro de un formato adecuado para ser transmitido por un sistema de comunicaciones."

Capítulo III. De los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones

Artículo 20º Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal. El que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o elimine, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o sobre las cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o sistema que utilice tecnologías de información, será penado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. La pena se incrementará de un tercio a la mitad si como consecuencia de los hechos anteriores resultare un perjuicio para el titular de la data o información o para un tercero.

VEAMOS UN CASO EN ESPAÑA:

Sentencia A.P. Segovia 32/2011, de 24 de mayo

"RESUMEN:

Los acusados fueron condenados por haber creado un foro en «tuenti», en internet, haciéndose pasar por la denunciante y con un contenido ridiculizante y vejatorio para ésta. Entre otras cuestiones se debate el alcance que debe tener la indemnización para resarcir el daño psicológico ocasionado a la víctima.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Juez de JDO.PRIMERA INST. /INSTRUCCION n.º 004 de SEGOVIA, con fecha 21 de Febrero de 2011 dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes:

Resulta probado que el 9 de mayo de 2008, Estibaliz y Esmeralda se pusieron de acuerdo para crear en el foro de Internet www.tuenti.com un perfil falso a nombre de Frida. Que el día 10 de mayo de 2008, Esmeralda, con el consentimiento de Estibaliz, abrió desde el correo electrónico DIRECCION000, una cuenta en dicha página web a nombre de la denunciante, haciéndose pasar por ella e insertando tanto el nombre de Frida como la fecha de nacimiento y el lugar en que cursó estudios. Para dar mayor credibilidad al blog, las denunciadas subieron el día 17 de mayo de 2008 una foto real de Frida y su amigo Millán, haciendo de presentación del blog, por lo que nadie dudaría de la autenticidad del mismo.

Que Esmeralda, con consentimiento de Estibaliz, colgó en dicha página hasta 56 fotografías de contenido de toda índole, donde se lee "subidas por Frida", tales como imágenes religiosas, extraterrestres o espectros, con comentarios que ridiculizaban a la denunciante, como "están llegando" referido a la fotografía de un platillo volante (folio 155), o "no se broma" sobre un extraterrestre (folio 148), u "orgullosa de serlo" en relación a unas viñetas sobre "cómo ser un friki de provecho y no morir en el intento" (folio 145), o "mis ídolos" sobre los personajes de dibujos animados de "Dragon Ball" (folio 151), o "mi amor hechizado" con la fotografía del personaje de Harry Potter (folio 140), "mi médico" con la imagen del personaje protagonista de House (folio 139), o "mis ratos libres" con la imagen de la Mona Lisa (folio 138), "mi inspiración" con el cuadro de la Inmaculada Concepción de Murillo (137), "lo mejor de lo mejor" sobre el libro de García Márquez "Cien años de soledad" (folio 135), "existen" con la imagen de un espectro (folio 124), "help" con la fotografia del personaje de Betty la Fea (folio 133), etc.

Que en fecha 1 de junio de 2008, una antigua compañera del instituto Andrés Laguna subió una fotografía titulada "Gala 2007" sobre la celebración del fin de bachillerato. El 18 de junio Esmeralda introdujo un comentario como si fuera de Frida con el siguiente contenido "¡claro que va a acabar mal! ¡a empezado mal! Como siempre las payasas creídas de turno, han empezado a hacer lo que mejor se les da, criticar. No se dan cuenta de que son unas niñatas que parecen travestidas y eran la vergüenza de la Gala, con esos aires de superioridad. Espero que seáis un poco más nobles en esta vida, porque como no lo hagáis acabaréis mal, merecidamente mal" (folio 114).

Esto provocó una reacción en cadena frente a Frida criticándose duramente su intervención y provocando finalmente su total aislamiento social respecto de dicho grupo de personas, que rehusaban saludarla si se la encontraban con ella por las calles de Segovia..."

Artículo 21º Violación de la privacidad de las comunicaciones. Incurrirá en la pena de dos a seis años de prisión y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias, el que, mediante el uso de tecnologías de información, acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajenos.

Artículo 22º Revelación indebida de data o información de carácter personal. El que revele, difunda o ceda, en todo o en parte, los hechos descubiertos, las imágenes, el audio o, en general, la data o información obtenidos por alguno de los medios indicados en los artículos precedentes, aún cuando el autor no hubiese tomado parte en la comisión de dichos delitos, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro o si resultare algún perjuicio para otro, la pena se aumentará de un tercio a la mitad. Capítulo IV. De los delitos contra niños o adolescentes

Artículo 23º Difusión o exhibición de material pornográfico. El que por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda libremente, de modo que pueda ser accedido por niños o adolescentes, material pornográfico o reservado a personas adultas, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.

Artículo 24º Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. El que por cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, utilice a la persona o imagen de un niño o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

Artículo 26. Oferta engañosa. El que ofrezca, comercialice o provea de bienes o servicios mediante el uso de tecnologías de información y haga alegaciones falsas o atribuya características inciertas a cualquier elemento de dicha oferta de modo que pueda resultar algún perjuicio para los consumidores, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de cien a quinientas unidades tributarias, sin perjuicio de la comisión de un delito más grave.

Otros artículos relacionados de la Ley de Infogobierno (Gaceta Oficial N° 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013):

Definiciones

Artículo 5. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

6. Documento electrónico: Documento digitalizado que contiene un dato, diseños o información
acerca de un hecho o acto, capaz de causar efectos jurídicos.

Portal de Internet

Artículo 18. Los órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, en el ejercicio de sus competencias, deben contar con un portal de internet bajo su control y administración. La integridad, veracidad y actualización de la información publicada y los servicios públicos que se presten a través de los portales es responsabilidad del titular del portal. La información contenida en los portales de internet tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan.

De la protección de datos personales

Artículo 25. El uso de las tecnologías de información por el Poder Público y el Poder Popular comprende la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas; en consecuencia, está sujeto a las limitaciones que establezca la ley sobre la materia.

TÍTULO V
DERECHO Y GARANTÍA DE LAS PERSONAS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Naturaleza de la información

Artículo 74. La información que conste en los archivos y registros en el Poder Público y en el Poder Popular es de carácter público, salvo que se trate de información sobre el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la seguridad y defensa de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la ley que regule la materia sobre protección de datos personales y demás leyes que rigen la materia.

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(1) Una imagen digital imagen o imagen ayuda digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario (unos y ceros). Dependiendo de si la resolución de la imagen es estática o dinámica, puede tratarse de una imagen matricial (o mapa de bits) o de un gráfico vectorial. El mapa de bits es el formato más utilizado en informática https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
(2) http://www.suscerte.gob.ve/?page_id=1490
(3) http://www.suscerte.gob.ve/?page_id=1496
(4) https://es.wikipedia.org/wiki/Fotogrametr%C3%ADa

miércoles, 13 de septiembre de 2017

FOTOGRAFÍAS. ALGUNOS TIPS SOBRE SU USO, PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO. Segunda Parte

La fotografía vista como un elemento de convicción cuando es llevado los autos como pieza técnica para aclarar cualquier hecho relevante para el proceso penal, puede convertirse en algo esencial y demostrar la solución de un proceso mediante la absolución o la condena de un ciudadano en un posterior juicio oral y pùblico.

Puede ser tomada como un elemento de convicción independiente o complementario. Por lo general, si es lo segundo, son comúnmente utilizadas en las inspecciones judiciales y en la experticia que acreditan un hecho que interesan para buscar la verdad, como fin del proceso penal.

También, puede ser utilizada la fotografía como elemento de convicción identificativo del presunto responsable del hecho delictivo. El autor venezolano Rodrigo Rivera Morales (1) señala sobre el reconocimiento fotográfico que este:

"...se utiliza como punto de partida para las investigaciones penales, que se orientan hacia una persona reconocida fotográficamente como sospechosa. Desde este punto de vista se trata de enseñar a la víctima y a los testigos del hecho una serie de fotografías que consta en los archivos policiales, aunque no haya una base cierta para pensar que en ellas aparezca responsable del hecho delictivo. Es sólo un punto de partida. Si no hay alguna persona que coincida o que se identifique, por lo general, se procede a elaborar el retrato hablado. Sobre este método se ha dicho que no es un medio de prueba, sino un procedimiento de investigación lícito sin valor probatorio.

Otra situación, es cuando la persona que se pretende identificar no está presente pero se tienen fotografías. En este caso sí se puede hablar de reconocimiento fotográfico. Para hacerlo se tendría que presentar la fotografía del sospechoso. A otras muestras de fotografías de distintas personas de similares características. Este procedimiento es subsidiario, procediendo cuando la persona está ausente, y que sea imposible de conseguir su presencia. Conforme al artículo 221, se debe regir por las exigencias previstas para reconocimiento en rueda de personas en cuanto les sean aplicables. La inobservancia de estas formas conduce necesariamente a la nulidad de la prueba y pérdida de su valor probatorio."

De los Otros Reconocimientos en el COPP

"Artículo 221. Cuando se decrete el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.

Esta diligencia se hará constar en acta y la autoridad podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica, videográfica, u otros instrumentos o procedimientos."

Tenemos sobre el reconocimiento, la Sentencia de la Sala de Casación Penal del 09 de marzo de 2005, Exp Nº 2004-0441:

"A las dos semanas de haber ocurrido los hechos, las referidas víctimas fueron llamadas por funcionarios policiales para que efectuaran el reconocimiento de una persona que habían aprehendido y que dichas víctimas habían identificado en el álbum de fotografías que les habían mostrado los funcionarios, como uno de los sujetos que había participado en el robo."

Igual, la Sentencia N° 128 del 12 de abril de 2005, de la Sala de Casación Penal, Exp. N° Extr. 05-133 (2):

“...Diligencia de reconocimiento fotográfico con el testigo VÍCTOR DARÍO SUAZO SÁNCHEZ, llevada a cabo el día  29 de octubre de 2002, a quien se le pone a disposición un álbum fotográfico dentro de los cuales se encuentran miembros del Frente 16 de la FARC, indicando a quienes conoce.”

“DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO” 2015
1.- DEPENDENCIA: Dirección de Revisión y Doctrina
2.- TIPO DE DOCTRINA: Penal Adjetivo
3.- TEMA: Exhumación

Sin la presencia del juez en el acto de exhumación, se pondría en duda el valor probatorio de dicha prueba. Así, la negativa de aquél a presenciar el acto supondría su no realización, lo que –a su vez- haría imposible su ejecución posterior en razón del efecto que la descomposición del cadáver tiene sobre la viabilidad de la diligencia. De esta forma, la ausencia del juez produciría un gravamen irreparable en el proceso (3).

5.1.- COMUNICACIÓN N° DRD-186-2015
5.2.- FECHA: 15/07/2015

"... este Despacho considera conveniente precisar las siguientes pautas de actuación para la realización de dichas diligencias:

1. Para que se lleve a cabo la exhumación, debe mediar autorización judicial previa
solicitud del Fiscal del Ministerio Público, en la cual se precise la justificación del acto y el grado
de efectividad que pueda suministrar diligencia.

2. El Juez de la causa, si considera pertinente la realización de la misma, procederá a ordenar la notificación de las partes que deban asistir al acto. También oficiará a la Coordinación de Ciencias Forenses, oportunidad en la cual la Jefatura de dicha División, coordinará de manera conjunta con el juez y el fiscal, la fecha y hora en la cual practicará la diligencia. Además, deberá oficiar a la administración del Cementerio para que disponga los trámites necesarios a tales efectos. Y, en lo posible, ordenará la citación de familiares y testigos que estime necesarios.

3. Requerir el apoyo de funcionarios policiales a los efectos de mantener resguardada el área donde ha de practicarse la exhumación.

4. El tribunal de la causa deberá constituirse en presencia del Ministerio Público y los demás llamados a verificar la realización del acto.

De todo lo anterior, deberá dejar constancia el tribunal en un acta que levantará al concluir la ejecución de la diligencia, la cual deberán firmar los expertos llamados a practicarla, y deberá
acompañarse, con el informe definitivo o Acta de Exhumación: (i) todas las actuaciones realizadas;
(ii) los resultados obtenidos de las pruebas practicadas y, (iii) las fotografías que registraron los pasos que se siguieron en la exhumación."

“DOCTRINA DEL MINISTERIO PÚBLICO 2015”

1.- DEPENDENCIA: Fiscalía 5° con competencia para actuar ante la Sala Plena, Salas de
Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
2.- MATERIA: PENAL SUSTANTIVO
3.- TEMA: ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE Y SUS MODALIDADES

"El abuso sexual puede tener muchas modalidades, las cuales entrañan desde manipulación de genitales, sea que se trate del contacto genital y/o anal, hasta la relación sexual propiamente dicha, que si bien existen otras conductas tales como el acoso sexual, el exhibicionismo, posar para fotografías y la participación en películas pornográficas a la cual pueda ser sometida la víctima por parte del agente agresor, conductas en las cuales no media contacto físico alguno, si se encuentran presentes la fuerza, amenazas, uso de poder, temor, constreñimiento, entre otros." (4)

Sanción de multa por derrame de hidrocarburo, por violación del artículo 93 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas.

5.1.- COMUNICACIÓN N° FTMPACCA-32-2015
5.2.- FECHA: 07 de abril de 2015

 “… la administración fundamentó su sanción en contra de la empresa TERMINALES MARACAIBO C.A, en el informe contentivo de los resultados de la investigación efectuada por la Junta de Investigación de Accidentes, respaldado por el Dosier fotográfico que consta en el expediente, del cual se desprende que se hundió derramando residuos de hidrocarburos, y que la mencionada embarcación se encontraba amarrada en ..."

Asimismo, consta en autos, dossier fotográfico del hundimiento y posterior derrame de combustible, del cual se observa la gran cantidad de aguas oleosas derramadas en el río Orinoco, capaz de contaminar el medio acuático y las barreras de contención puestas por la Capitanía de Puerto de Ciudad Guayana, para evitar la expansión del combustible en el Canal de Navegación, siendo notificada la recurrente del contenido de dicho informe…”.

Por otro lado, sin embargo, resalta esta Dirección que en el caso analizado, la investigación no ha permitido sostener de manera inequívoca que los funcionarios L.G., A.R., A.M., B.V y Y.R. se encontraban en el lugar al momento de ocurrir los hechos.

Con base en lo explicado, esta Dirección considera que, partiendo de la narración de los hechos, la calificación jurídica aplicable a la participación de los funcionarios señalados en la acusación es la coautoría. Ello, en vista de que los testimonios recabados sostienen que el hecho fue realizado entre todos los funcionarios: aun cuando sólo uno o algunos dispararon, fue denunciado que, paralelamente, otros agredían a los familiares de la víctima y obstaculizaban sus intentos de detener el curso de los acontecimientos. En este sentido, los funcionarios actuantes tenían un dominio funcional del hecho y, conjuntamente, ejecutaron la operación que culminó con la muerte de A.J.R., lo cual impide establecer con claridad la responsabilidad penal de los individuos señalados. Así, atendiendo a las notas expuestas al abordar los elementos de convicción recabados, debemos señalar que no se agotaron las diligencias de investigación encaminadas a individualizar a los funcionarios actuantes con certeza, o individualizar las armas que cada uno de ellos portaba, entre otros aspectos. En consecuencia, de no estar confirmada su participación en el hecho, difícilmente podía siquiera discutirse su cualidad de cómplices correspectivos o coautores. Lo mismo ocurre al analizar la imputación del delito de uso indebido de arma de fuego."

"Uso de álbumes de fotograma de los funcionarios, elaboración de retratos hablados, ruedas de reconocimiento de individuos, etcétera" (5).

Hay dos normas que podemos traer a colación utilizadas en el Proceso Civil:

Artículo 502 del CPC. El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aún de oficio, puede disponer que se ejecuten planos, calcos y copias, aún fotográficas, de objetos, documentos y lugares y cuando lo considere necesario, reproducciones cinematográficas o de otra especie que requieran el empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos.

Artículo 503 del CPC. Para comprobar que un hecho se ha producido o pudo haberse producido en una forma determinada, podrá también ordenarse la reconstrucción de ese hecho, haciendo eventualmente ejecutar su reproducción fotográfica o cinematográfica. El Juez debe asistir al experimento, y si lo considera necesario, podrá encomendar la ejecución a uno o más expertos que designará al efecto.

TIPS SOBRE LA PROMOCIÓN:

"... las reproducciones fotográficas deben promoverse con todos los elementos que permitan su control por la parte contraria, de manera que al momento de proponerse la prueba deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

• Que se aporte o promueva, no sólo las fotografías contentivas o representativas de los hechos discutidos en el proceso para acreditar su existencia u ocurrencia, sino todas aquellas fotografías contenidas en el rollo fotográfico o en el chip en caso de tratarse de una cámara digital, debidamente reveladas o reproducidas en forma fotográfica, ello para garantizar la comunidad de la prueba.

• Debe promoverse la cinta, rollo, memoria y chip debidamente identificado con sus negativos de ser el caso;

• Debe promoverse la cámara o medio mecánico o digital por medio del cual se realizó la fotografía, debidamente identificada;

• Debe identificarse el lugar, día y hora en que fue tomada la fotografía que representa el hecho debatido;

• Debe identificarse el sujeto o persona que realizó la fotografía y en caso de ser un tercero ajeno al proceso, deberá proponerse igualmente la prueba testimonial de éste, con la finalidad que ratifique los hechos de lugar, modo, tiempo donde fue tomada la fotografía, para que pueda ser repreguntado por el contendor judicial.

• Cualquier otra circunstancia que pueda ayudar a demostrar la autenticidad de la fotografía (6).

Sobre la existencia y veracidad de las reproducciones fotográficas Antonio Rosich Sacan, nos dice:

"Para que esta labor de fijación se cumpla se requiere que el medio de prueba contenga en sí dos elementos fundamentales, como son la identidad y la credibilidad del medio, en relación a los hechos del proceso." (7)

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° RC-125 del 11 de marzo de 2014, expediente N° 2013-551, dispuso lo siguiente:

“…en virtud de que la parte demandada no promovente de la prueba libre consistente en ocho (8) reproducciones fotográficas, no ejerció impugnación contra dicho medio de prueba, lo que se traduce en la aceptación o reconocimiento de esa probanza…” 

Más reciente, la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia del 22 de julio de 2014, con Ponencia del Magistrado Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández, Exp. AA20-C-2014-000028 (8), ha dicho que:

"En el caso de autos, observa la Sala en primer lugar, que las fotografías cuestionadas fueron emanadas de la propia parte y por ende el tratamiento para su valoración sería conforme al mismo tratamiento que se le aplique a la prueba libre susceptible de impugnación por la parte no promovente en su oportunidad legal y en caso de no haber tal impugnación debe considerarse su fidelidad en el contenido.

Ahora bien, observa la Sala en primer lugar, que las fotografías cuestionadas fueron emanadas de la propia parte y por ende el tratamiento para su valoración sería conforme al mismo tratamiento que se le aplique a la prueba libre susceptible de impugnación por la parte no promovente en su oportunidad legal y en caso de no haber tal impugnación debe considerarse su fidelidad en el contenido. 

Ahora bien, el juez de la recurrida lejos de sentenciar que las referidas fotografías constituían un medio de prueba libre que no requiere a su vez de la prueba de su autenticidad por parte del promovente, no obstante, otorgarle el valor probatorio de indicio al adminicular dicha prueba con una experticia de reconocimiento legal practicada sobre dichas impresiones fotográficas contenida en el expediente penal, indicó que dichas fotografías deberían cumplir con los requerimientos de historicidad, tecnicidad y de control, para lo cual el promovente debió proporcionar el negativo o la información pertinente sobre su fidelidad, autenticidad y accesibilidad, requisitos necesarios en caso que dichas imágenes fotográficas fueran promovidas dentro de una inspección judicial, prueba pericial, etc., lo cual no ocurrió en el presente caso."

Luego, nos indica esta sentencia:

"...en relación con la impugnación de las pruebas libres, el ex Magistrado Jesús Eduardo Cabrera puntualizó que para la evacuación de los medios de prueba libres, el juez queda facultado para aplicar formas análogas de medios semejantes, o para crear formas si el medio tiene una conexión lejana o carece de ella, con las pruebas tradicionales del Código Civil, sin embargo, aduce que “El Juez no va ab initio –antes de la impugnación- a señalar formas análogas o creadas por él para la contradicción, ya que tal proceder no tiene lógica si tomamos en cuenta que ésta sólo procede a instancia de parte, por lo consiguiente, el Magistrado –salvo muy particulares materias- debe esperar que surja la impugnación ante el medio libre, para regularla según su criterio; y si tenemos en cuenta que es el auto de admisión de pruebas el que debe contener las fórmulas judiciales para la evacuación, por una necesidad del desarrollo ordenado del proceso, la impugnación de la prueba libre debe interponerse antes del auto de admisión…”

En tal sentido, concluye el citado autor que “…Aquellos medios libres que por cualquier causa, el no promovente desee impugnarlos, debe atacarlos durante este lapso, de manera que el auto de admisión contenga las formas de sustanciación e instrucción de la impugnación…” (Cabrera Romero, Jesús Eduardo. Contradicción y control de la prueba legal y libre. Tomo I. Caracas, 1997. pp. 414 y 415)

De lo anterior se infieren dos aspectos fundamentales: el primero, que debe necesariamente mediar impugnación contra el medio de prueba libre para que el juez de la causa pueda en consecuencia, durante el lapso de admisión, señalar las formas análogas o creadas por él para que se produzca la contradicción; el segundo, que la no impugnación u objeción contra el medio probatorio promovido por parte del no promovente, se entenderá como un reconocimiento de la autenticidad y veracidad de su contenido."

Este autor venezolano Cabrera nos dice que "la fotografía trata de una prueba libre producida por una máquina la cual no reúne los requisitos de la prueba documental, por lo que se hace necesario proceso más elástico para que se verifique la verdad lo cual debe quedar a criterio del juzgador." (9)
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(1) Obra literaria "Manual de Derecho Procesal Penal", Librería Jurídica Rincón G, C.A, 2012. Páginas 537 y 538.
(2) http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/E05-0133.HTM.HTM
(3) http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=ff716b8d-270f-49c2-9597-5706e92c580e&groupId=10136. Página 97.
(4) http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=ff716b8d-270f-49c2-9597-5706e92c580e&groupId=10136. Páginas 150 y 151.
(5)http://www.mp.gob.ve/doctrina_2012/Other/imagemenu_acta/PDF%20doctrinas%202012/DERECHO%20PENAL%20SUSTANTIVO/COAUTOR%C3%8DA.pdf.
(6) Sentencia del 11 de julio del año 2012, Juzgado Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Cumana, Exp RP41-G-2012-000073.
(7) “Revista de Derecho Probatorio 8, Impugnación por Falsedad del Medio de Prueba Audiovisual”, Editorial Jurídica Alva S.R.L, Caracas, 1997, p. 160 y siguientes).
(8)  http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/166990-RC.000454-22714-2014-14-028.HTML
(9) Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. Editorial Jurídica Alva. Caracas. 1989, P. 220.