Farid Ayales
Las declaraciones del Magistrado Chinchilla fueron desafortunadas
Desde hace muchos años, he sido muy crítico con el sistema de Administración de Justicia del país. Las barbaridades que se cometen en las infundadas sentencias que se dictan son tantas, que resulta una vergüenza para cualquier país civilizado. Desgraciadamente, nada ha cambiado, todo sigue igual y lo peor de todo es que se considera bastión de nuestro régimen democrático.
Una prueba contundente de lo afirmado son las más que desafortunadas declaraciones que ha dado a la prensa nacional el magistrado Carlos Chinchilla, de reciente nombramiento. El presidente de la Corte, Dr. Luis Paulino Mora, lo desautorizó, lo cual es de aplaudir, pero no es suficiente.
Tesis dudosa. El magistrado Chinchilla no solo optó por una tesis de dudosa fundamentación en materia penal, calificando de permisivo y complaciente el sistema jurídico costarricense, sino que calificó de alcahuete a este, descalificando el Código Penal y el Procesal Penal, y enviando al archivo de los recuerdos la propuesta del nuevo Código Penal, posiblemente para congraciarse, cual político de arrabal, con los fascistas de todo tipo que pululan en nuestro medio.
Después de leer al señor Chinchilla, me pregunto: ¿qué será de las personas que deban ser juzgadas por este señor en la Sala III? De antemano, llevan las de perder, porque con el fin de ser congruente con su punto de vista, ante cualquier duda enviará a la cárcel a cualquier persona, violando por lo menos el principio de presunción de inocencia de in dubio pro reo. ¿Será por eso que sin haber leído un expediente, como él se lo manifestó a una persona muy cercana, envió a la cárcel a una imputada, porque esa era la recomendación del letrado, aun cuando no había pruebas en el expediente? ¿Para qué aspirar a magistrado si lo que hacen es firmar sin estudiar las resoluciones que les preparan los letrados. ¿Qué clase de justicia es aquella que envía a la cárcel a una persona sin que existan pruebas en el expediente? ¿No es la libertad uno de los principios mas preciados?
Opiniones. Pero aún más. El magistrado Chinchilla opinó sobre lo humano y lo divino en nuestro medio, adelantando criterio sobre los más diversos temas del acontecer nacional. ¿No lo inhibe eso de participar en las deliberaciones sobre aquellos temas sobre los que ya adelantó criterio? ¡Opinó sobre todo! ¡Si se inhibiera, cosa que no hará, no podría votar ningún asunto! ¿Y que haría sentado en su silla sin trabajar?
Hay magistrados que no socializan por el hecho mismo de no “contaminarse” con el ambiente ni que los relacionen con las personas que eventualmente tendrán que juzgar. Nunca he participado de ese criterio absurdo.
Sin embargo, de ahí a salir a la prensa a expresar puntos de vista sobre los más variados temas del acontecer nacional y sobre asuntos sobre los que va a tener que decidir, hay un abismo de diferencia.
Al Presidente de la República, a los ministros y a los diputados, en nuestro país se les puede decir lo que se le ocurra cualquier hijo de vecino. A un magistrado o a la Corte, no se le puede decir nada, lo cual cuenta con la complicidad de abogados litigantes que por temor a las represalias hacia sus clientes o personales, se quedan callados y las malas resoluciones, las graves injusticias que se cometen, quedan impunes.
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/21/opinion2233352.html
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viernes, 22 de enero de 2010
Costa Rica - Las víctimas han sido invisibilizadas por mucho tiempo en este país
Roxana Rojas
Es hora de que las víctimas seamos escuchadas, y vamos a referirnos al tema que se
ha venido discutiendo sobre el derecho de las víctimas, populismo y el falso garantismo que profesan algunos abogados de este país, concretamente al artículo del Dr. Javier Llobet del 12 de enero de 2010 y de los comentarios de abogados en esta misma sección de La Nación.
La víctima ha sido invisibilizada por mucho tiempo en este país. Sin embargo, y como bien apuntan los máximos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, esta posición ha evolucionado, el derecho penal moderno garantiza la seguridad de los ciudadanos y los derechos de la víctima.
Estamos viviendo un nuevo panorama mundial, que trae aparejado nuevas formas de criminalidad, que necesita modernas soluciones, las que resultan impensables resolver con un derecho penal clásico, hoy día en galopante abandono, debido a su innegable divorcio con la realidad y falta de efectividad en sus propuestas.
Voz de las víctimas.
Es hora de escuchar a los que realmente sufren y los que llevan la peor parte en este asunto, sea, nosotros, las víctimas.
Los falsos garantistas nos dicen todos los días que la represión no salvará a nuestras familias de los homicidios y asaltos; yo les pregunto: ¿qué han hecho por la población costarricense las leyes promulgadas desde hace muchísimos años atrás, basadas en sus ideales? ¿Las leyes promovidas por ustedes, en estas interminables décadas atrás, han logrado detener la delincuencia en este país? La respuesta, evidentemente, es un rotundo NO.
El reto no es para los que defienden a las víctimas y los derechos de los ciudadanos más vulnerables, estamos seguros de que los homicidas y delincuentes que no saben convivir en sociedad, deben estar en una cárcel; por el contrario, el reto es para ustedes, los autonombrados “garantistas”, que nos demuestren que con sus planteamientos ha sido efectivo el cierre de cárceles, y que la situación de nuestro país ha mejorado, resaltando que ya han pasado muchos años aplicando estas teorías garantistas criollas que, para nada, han servido. Estamos cansados de que se nos diga que abarrotar cárceles no soluciona el problema de asesinatos, como lo señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero con el grado de delincuencia actual en Costa Rica parece que estos “garantistas” prefieren que abarrotemos cementerios.
Las estadísticas judiciales de Costa Rica indican que, a partir de 1998, se viene incrementando en forma considerable la impunidad y delincuencia en nuestro país; todo ello, a propósito de la promulgación del vigente Código Procesal Penal. La filosofía de este Código es evitar que el delincuente llegue a juicio y se le premie con salidas alternativas, donde resulta manifiesta su inclinación hacia la protección de los delincuentes, dejando de lado a la víctima, trayendo como consecuencia inevitable la alarmante situación de inseguridad actual.
Lo anterior nos confronta, a cinco años plazo, a enfrentar una situación insostenible, como ya ha pasado en otros países latinoamericanos, tal es el caso de Colombia.
Soluciones integrales.
Como bien lo señaló el profesor español Carlos Castresana, miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien impartió una excelente conferencia en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia sobre impunidad, traído por el ILANUD, debemos promover soluciones integrales, reformas legislativas, cambiar las leyes permisivas, y atacar la criminalidad con la misma fuerza que esta afecta en la sociedad a propósito del grave e incontrolable problema de delincuencia que vive actualmente Guatemala.
Por otro lado, me extraña que el Dr. Llobet continúe promoviendo su oposición al derecho penal moderno, cuando hace escasos meses, en el Salon de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, él presentó y disertó, al lado del criminólogo argentino Dr. Carlos Elbert, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, donde afirmó que el discurso penal liberal ya ha fracasado, agregando lo siguiente: “Lo cierto es que, en teoría y práctica, el populismo penal está ganando ampliamente la batalla….”.
El populismo penal no parte de la prensa amarillista, o del caudal electoral, parte de la realidad de un país y testimonio de nosotros, las víctimas, que claman justicia y seguridad. Es cierto lo que señala el profesor Elbert, respecto de los seguidores del derecho penal clásico; “Debería partirse de una autocrítica, ya que no es posible que todos (refiriéndose al ciudadano en general) estén equivocados, menos nosotros (refiriéndose a los garantistas)”.
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/21/opinion2233333.html
Es hora de que las víctimas seamos escuchadas, y vamos a referirnos al tema que se
ha venido discutiendo sobre el derecho de las víctimas, populismo y el falso garantismo que profesan algunos abogados de este país, concretamente al artículo del Dr. Javier Llobet del 12 de enero de 2010 y de los comentarios de abogados en esta misma sección de La Nación.
La víctima ha sido invisibilizada por mucho tiempo en este país. Sin embargo, y como bien apuntan los máximos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, esta posición ha evolucionado, el derecho penal moderno garantiza la seguridad de los ciudadanos y los derechos de la víctima.
Estamos viviendo un nuevo panorama mundial, que trae aparejado nuevas formas de criminalidad, que necesita modernas soluciones, las que resultan impensables resolver con un derecho penal clásico, hoy día en galopante abandono, debido a su innegable divorcio con la realidad y falta de efectividad en sus propuestas.
Voz de las víctimas.
Es hora de escuchar a los que realmente sufren y los que llevan la peor parte en este asunto, sea, nosotros, las víctimas.
Los falsos garantistas nos dicen todos los días que la represión no salvará a nuestras familias de los homicidios y asaltos; yo les pregunto: ¿qué han hecho por la población costarricense las leyes promulgadas desde hace muchísimos años atrás, basadas en sus ideales? ¿Las leyes promovidas por ustedes, en estas interminables décadas atrás, han logrado detener la delincuencia en este país? La respuesta, evidentemente, es un rotundo NO.
El reto no es para los que defienden a las víctimas y los derechos de los ciudadanos más vulnerables, estamos seguros de que los homicidas y delincuentes que no saben convivir en sociedad, deben estar en una cárcel; por el contrario, el reto es para ustedes, los autonombrados “garantistas”, que nos demuestren que con sus planteamientos ha sido efectivo el cierre de cárceles, y que la situación de nuestro país ha mejorado, resaltando que ya han pasado muchos años aplicando estas teorías garantistas criollas que, para nada, han servido. Estamos cansados de que se nos diga que abarrotar cárceles no soluciona el problema de asesinatos, como lo señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero con el grado de delincuencia actual en Costa Rica parece que estos “garantistas” prefieren que abarrotemos cementerios.
Las estadísticas judiciales de Costa Rica indican que, a partir de 1998, se viene incrementando en forma considerable la impunidad y delincuencia en nuestro país; todo ello, a propósito de la promulgación del vigente Código Procesal Penal. La filosofía de este Código es evitar que el delincuente llegue a juicio y se le premie con salidas alternativas, donde resulta manifiesta su inclinación hacia la protección de los delincuentes, dejando de lado a la víctima, trayendo como consecuencia inevitable la alarmante situación de inseguridad actual.
Lo anterior nos confronta, a cinco años plazo, a enfrentar una situación insostenible, como ya ha pasado en otros países latinoamericanos, tal es el caso de Colombia.
Soluciones integrales.
Como bien lo señaló el profesor español Carlos Castresana, miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quien impartió una excelente conferencia en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia sobre impunidad, traído por el ILANUD, debemos promover soluciones integrales, reformas legislativas, cambiar las leyes permisivas, y atacar la criminalidad con la misma fuerza que esta afecta en la sociedad a propósito del grave e incontrolable problema de delincuencia que vive actualmente Guatemala.
Por otro lado, me extraña que el Dr. Llobet continúe promoviendo su oposición al derecho penal moderno, cuando hace escasos meses, en el Salon de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, él presentó y disertó, al lado del criminólogo argentino Dr. Carlos Elbert, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, donde afirmó que el discurso penal liberal ya ha fracasado, agregando lo siguiente: “Lo cierto es que, en teoría y práctica, el populismo penal está ganando ampliamente la batalla….”.
El populismo penal no parte de la prensa amarillista, o del caudal electoral, parte de la realidad de un país y testimonio de nosotros, las víctimas, que claman justicia y seguridad. Es cierto lo que señala el profesor Elbert, respecto de los seguidores del derecho penal clásico; “Debería partirse de una autocrítica, ya que no es posible que todos (refiriéndose al ciudadano en general) estén equivocados, menos nosotros (refiriéndose a los garantistas)”.
http://www.nacion.com/ln_ee/2010/enero/21/opinion2233333.html
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