miércoles, 25 de mayo de 2016

DIPLOMADO ASESOR TÉCNICO EN CRIMINALISTICA



CUPO SOLO PARA 40 PARTICIPANTES

Duración: 120 horas académicas (TRES MESES)

Contenido:

- Oratoria Forense (Teórico- Práctico)
- Balística de Campo Teoría y Práctica
- Medicina Legal y Anatomía Patológica (Morgue)
- Toxicología Forense (laboratorio)
- Microanálisis
- Lugar del Suceso (Practica)
- Explosivos
- Redacción de Informes y Actas Policiales.
- Odontología Forense
- El Manual único de Cadena de Custodia
- Derecho Probatorio
- Inteligencia y Contra inteligencia
- Criminologia
- Activaciones Especiales

Objetivo General:

Dotar al Participante de los conocimientos doctrinarios, teóricos y prácticos sobre la oralidad, sus técnicas para convertirla en una herramienta efectiva en el convencimiento de la defensa y en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio.

Objetivos Específicos:

El participante una vez culminado el diplomado podrá contar con la capacidad y conocimientos necesarios para ejercer correctamente el dominio del arte de la oratoria forense, superar el miedo escénico y dominar correctamente las técnicas de interrogatorio, para un resultado exitoso. Podrá el participante tener los conocimientos teóricos y prácticos para fungir como asesor técnico en criminalística así como intervenir en los juicios con la pericia necesaria para preguntar y repreguntar a los expertos de investigaciones penales inter actuando o asesorando en las diversas áreas de la criminalística, siendo una iniciación para una posterior licenciatura o postgrado en criminalística.
Podrá el participante iniciarse en el área laboral como Consultor Técnico en Criminalística o auxiliar de expertos en diversas áreas.

Dirigido a:

El siguiente programa intensivo como Asesor Técnico en Criminalística está dirigido a estudiantes de derecho, abogados, cualquier profesional, operadores de justicia, fiscales, jueces, peritos forenses, asistentes judiciales, funcionarios policiales y en general cualquier persona que desee conocer y dominar las técnicas de la oratoria forense y formarse en el área de la criminalística como fase para posteriormente realizar una licenciatura, especialidad o maestría en criminalística.

Facilitadores:

- Dr. German Brea Rojas, juez titular penal del estado Carabobo y profesor de las universidades UC, UJAP y UAM
- Dr. Pedro Moreno, Juez titular jubilado del estado Carabobo y profesor de las universidades Carabobo, Rómulo Gallegos, Arturo Michelena y Universidad Bolivariana
- Dra. Antonietta de Dominicis, Médico forense especialista en anatomía Patológica, especialista y magister en criminalística Profesora de pregrado y Postgrado. IUPOL Y USM
- Dr. Bladimir Mendoza, Odontólogo Forense especialista en criminalística de la UC y profesor universitario ( UC y UJAP) funcionario del CICPC Maracay Estado Aragua.
- May. (Ej) Ángel Vásquez Acuña Experto en criminalística. tiro de combate, instructor de defensa personal profesor de posgrado de la UC
- Dr. Rafael Torres Abogado, explosivita Disip, comando y Profesor Universitario e Instructor Policial.
DRA. CHRISTINA ZOGHBI. Farmacéutica (UCV), Esp. Toxicología, Cursos en Diferentes Instituciones en la DEA en USA. ExDirectora de la División Nacional de Toxicología del C.I.C.P.C. Fundadora de la Sociedad Venezolana de Toxicología. Prof. de Maestría en el Colegio de la Corte Marcial. Prof. de Post Grado en Ciencias Penales y Criminología UCAB. Prof. titular de Toxicología (USM). Prof. de Medicina legal (USM). Autora del Libro Manual de Toxicología Forense.
Dr. Pedro Colmenares Abogado especialista en Criminalística y Profesor Universitario
Dr. Carlos Castillo Comisario Jubilado del CICPC Profesor de posgrado de la Universidad de Carabobo.
Lic Viviana Roman Profesor de psicología criminal en la Universidad Arturo Michelena
Y otros de reconocida experiencia académica y criminalística

Costo de Inversión:
- 18500 Bs
Inicial de 6500 Bs
- Y 6 cuotas quincenales de 2000 cada una
- PAGO DE CONTADO 18000 Bs.

Depósitos o transferencia en efectivo a la cuenta de ahorro Banco Mercantil N° 0105.0151.267151-01674-3 a nombre de Carolina Sarmiento (Presidenta de ANFAPRO) CI. V- 6.455.009. Una vez hecha la transacción enviar junto con su nombre y cedula los datos de la misma al correo de ANFAPRO:anfapro@hotmail.com
anfapro2@gamil.com

Fecha de inicio: Sábado 28 de mayo 2016 Sumando 120 horas académicas, en las Instalaciones de Hogares Crea de Venezuela Naguanagua, estado Carabobo, Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda (CUPIO). Incluyendo aulas con aire acondicionado en excelentes condiciones, estacionamiento y vigilancia gratuitos, diploma entregado en acto protocolar, material de apoyo vía correo electrónico, coffee break. No incluye costo del carnet, ni traslados a las prácticas, así como tampoco el material descartable a utilizar ni los aranceles de grado. TRES MESES DE CLASES

Horario: sábados de 8 am a 12.m. Con excepción de los días de practica EXTRAMUROS

Algunos Comentarios de la Doctrina sobre Estado de Necesidad (artículo 65.4 del Código Penal Venezolano)

La excepción de hecho, atinente al Estado de Necesidad, se encuentra establecida en el ordinal 4° del artículo 65 del Código Penal Venezolano, el cual establece que no es punible el que obrando constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otro modo.

El Estado de Necesidad es una causa de justificación absolutamente eximente de responsabilidad penal y suele definirse como una actual o inminente situación de extremo peligro de vida para las personas en un sitio determinado, donde se puede vulnerar los intereses jurídicamente protegidos de las vidas de las personas allí comprometidas por dicho acontecimiento extraordinario, en la cual, no queda más remedio, y no es causada, o al menos no causada dolosamente por el agente, para la protección o mejor dicho, la salvación de un bien jurídico ajeno, que casi siempre es la vida. Así lo ha dicho el autor Jorge Rogers Longa Sosa en su obra Código Penal Venezolano; Comentado y Concordado, de Ediciones Libra, 2001, páginas 91 y siguientes, citando la sentencia de la Sala de Casación Penal del 12 de julio de 1990 con ponencia del magistrado doctor Cipriano Heredia Angulo, donde la persona actuó en Estado de Necesidad para salvar la vida de su padre del peligro grave e inminente que se encontraba y por lo tanto el procesado se encontraba amparado por esta eximente prevista en nuestro Código Penal Venezolano.

El profesor Carlos Simón Bello  Rengifo en su obra Derecho Penal General, Casos, Segunda Edición, de la serie jurídica de Mc Graw Hill, páginas 112 a la 118, establece varios ejemplos de lo que es la antijuricidad este tipo de casos en los cuales menciona en el conflicto de intereses jurídicos, en el preservado y el lesionado, hay dos alternativas que hay que tener en cuenta dice este autor, que sean de igual jerarquía o que sean de diferente jerarquía. El primero de los mencionados habría una causa de culpabilidad y el segundo, es decir, si son conflictos de intereses jurídicos de diferente jerarquía entre los intereses preservados y lesionados, sería una causa de justificación, la cual toma esta diferenciación académica debida a la dogmática alemana en un esfuerzo encomiable para distinguir el Estado de Necesidad del Código Civil y del Código Penal, citando a Díaz Palos.

Este autor venezolano Bello Rengifo nos habla sobre las tesis de valoración que debe tener el juez o intérprete para aplicarla al caso concreto lo cual debe ser a través de un juicio de sensibilidad moral y jurídica de su entorno y nos menciona también que la normatividad jurídica debe corresponder aquellas pautas que la comunidad estima necesarias para su existencia y desarrollo, y a título de ejemplo nos pone el caso de la vida que es un bien preponderante frente al de una propiedad. Esa colisión de intereses "bienes" jurídicos vida vs. propiedad, la expresión sociocultural del tiempo y lugar, se reconoce a la vida, mayor valor que la propiedad, de allí que hayamos concluido en su análisis que se trata de una causa de justificación y no de inculpabilidad. Menciona también los elementos que integran el Estado de Necesidad, que son que haya un peligro inminente o grave para la persona o la de otro y el segundo requisito es el peligro no se ha causado voluntariamente.

Importante citar también los casos en su obra Lecciones de Derecho Penal, Vigésima Segunda Edición, el autor patrio, profesor Hernando Grisanti establece distintos y nutridos ejemplos a los efectos de comparar cuando tengamos un caso parecido e intentemos aplicar lo que nos establece el legislador en el ordinal cuarto del artículo 65 de nuestra principal ley sustantiva. Allí este autor en su obra nos habla de los casos variados que pueden darse, y nos dice como referencia el de una señora en la Iglesia Santa Teresa en una misa con muchísima gente, en el  momento del Nazareno, donde el traje morado del niño que ella tenía a su cuido, se incendió, y esta mujer alarmada por el hecho empieza a gritar "¡INCENDIO!". Esto logró una reacción en cadena a los muchísimos fieles estaban en la Iglesia, los cuales salieron en estampida y hubo más de 50 muertos. También, recomiendo leer este autor por las diferencias que asume versus la legítima defensa, los límites al Estado de Necesidad y otros comentarios sumamente acertados.

No podemos dejar de mencionar a otro reconocido jurista cuya clásica obra el Manual de Derecho Penal Venezolano, de Tulio Chiossone, 1992, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, páginas 134 a 136, nos menciona el concepto doctrinal filosófico de Ferry y que nos ilustra sobre el ataque humano y la agresión de una persona donde se encuentra un peligro que es grave e inminente, pero deriva de la acción humana. También, habla de que el peligro sea ocasionado por fuerzas naturales o, por la agresión de animales, lo que implica que es grave inminente y que supere la previsión y fuerza humana y que claro, esté próximo, porque un peligro lejano apenas presumible, no justifica el Estado de Necesidad. Ojo con este pequeño detalle a los efectos de adaptarlo al caso que tengamos, para ver si es conveniente advertir la defensa de responsabilidad de que sólo favorece aquellas personas que no tenían la obligación de hacer frente al peligro porque habla de profesionales y autoridades y aquellas personas que están el deber jurídico de ponerse en la actuación de su cargo y no pueden alegar la causa que nos ocupa.

Siguiendo con la doctrina venezolana, el maestro José Rafael Mendoza en su obra Curso de Derecho Penal Venezolano, Parte General, Tomo II, p. 62, entiende por peligro grave:

“El que amenace la vida de la persona o su integridad física”.

Además restrictivamente, solo pueden salvaguardarse en Estado de Necesidad: la vida y la integridad personal de nuestra persona y la de otros. Siendo siempre los límites, dados por la proporcionalidad que deba existir entre el bien jurídico sacrificado y el bien jurídico protegido, o en términos más exactos: entre el mal causado y el mal evitado, tal y como lo ha señalado Jorge Rogers Longa Sosa, en su obra antes citada p. 93. Este autor dice que el Estado de Necesidad es:

“… una situación de peligro actual para los intereses jurídicos protegidos, en la cual no queda más remedio que el sacrifico de intereses jurídicos pertenecientes a otra persona. Esta situación no es causada dolosamente por el agente, quien solo puede salvarse mediante el sacrificio de un bien jurídico ajeno.” 

La Doctrina del Ministerio Público más reciente sobre el tema “Estado de Necesidad” publicada en su sitio en Internet (1), cuya fecha de elaboración es el 17 de enero de 2011, por la Dirección de Revisión y Doctrina, en la materia Sustantiva Penal. Esta nos ilustra, entre otras cosas, que:

“Para configurar ese denominado Estado de Necesidad, es preciso que el peligro sea grave, es decir, significativo; requiriéndose además que el interés salvado sea objetivamente valioso.
Cuando el bien jurídico protegido es mayor al lesionado, se entiende que el Estado de Necesidad es Justificante; mientras que, si el interés afectado guarda un valor igual o similar al protegido, estaremos en presencia de una causa de Exculpación, también conocida como Estado de Necesidad Disculpante.    

Puede ocurrir que el peligro de daño evitado sea mayor a la lesión ocurrida; o -en otro supuesto- que el riesgo sea de igual o similar entidad al  daño ocasionado. Basado en ello, la doctrina dominante, siguiendo las premisas de la llamada Teoría de la Diferenciación, ha distinguido entre el Estado de Necesidad Justificante y el Exculpante. 

En cualquiera de los casos, el peligro de daño debe ser inminente o actual, con lo cual se resalta el carácter  de inmediatez que debe tener el riesgo.

Un peligro es inminente cuando están por ocurrir actos materiales que generan daño; y se entiende actual cuando éstos se están concretando. En ese sentido, debe aclararse que -para la afirmación del Estado de Necesidad-, se excluyen aquéllos peligros pasados o futuros, por contrariar la obligada proximidad del riesgo.”

Para tener en cuenta esto y otros casos, tenemos al Dr. Hans Welzel, en su obra Derecho Penal. Parte General, Roque de Palma Editor, 1956, p. 183, el cual nos dice que:

“La situación de estado de necesidad existe solamente en un peligro actual de cuerpo y vida. Actual es cuando su debe temer que la defensa llegue tarde si no se actúa enseguida (RG., 59-69; 66-225). Como lo muestra la expresión peligro de cuerpo y vida, peligro de cuerpo es solamente la amenaza de un daño considerable para la salud o la integridad corporal; debe ser tan considerable que limite la libre autodeterminación del afectado”.

Para las hipótesis más complejas y la reflexión de la incidencia ética en el humano involucrado en verdaderos casos de Estado de Necesidad, nada mejor como la situación que relata Ernst Von Beling en la p. 43 de su obra Esquema de Derecho Penal. La Doctrina del Delito - Tipo, Colección Clásicos de Derecho. Librería El Foro. 2002, en el caso del médico que en una epidemia elige salvar el mayor número de vidas con el sacrificio de los más afectados y probablemente condenados a morir. En esta situación la conducta del médico ha obedecido a un estado de necesidad —sólo podía salvar a un número determinado de pacientes— que le obligaba a actuar, incluso poniendo en peligro la vida del grupo minoritario.

Nos dice Ernst Von Beling su obra antes citada, p. 51, que:

“Llámase en general "estado de necesidad" a una situación la cual un bien jurídico de alguien se encuentra amenazado de destrucción o de una lesión. El alcance de la posibilidad real de conservar el bien jurídico a costa de un bien jurídico de otro, puesto que la lesión de uno de ambos bienes ya en sí no es conforme al orden jurídico, presenta el problema jurídico especial de saber cuándo y en qué medida es permitido jurídicamente hacer uso de aquella posibilidad ("reacción necesaria").

Hay un interesante libro que también quería señalarles para que profundicen sobre derecho español cuyo título es Casos de la Jurisprudencia Penal con Comentarios Doctrinales, Parte General, de los autores Silva, Baldó y Corcoy de J.M. Bosch Editor, de 1997, páginas 246 y siguientes. Que nos habla de Estado de Necesidad, las obligaciones especiales de sacrificio, la llamada colisión de deberes, entre otros interesantes ejemplos que nos enseña y copia máximas de precisas sentencias europeas sobre este punto que vale la pena abordar.

(1)http://www.ministeriopublico.gob.ve/doctrina/Other/imagemenu_acta/Doctrina%202009%20final%20pdf%20SEPARADOS/Estado%20de%20Necesidad.pdf 

jueves, 12 de mayo de 2016

martes, 10 de mayo de 2016

Femicidio en Venezuela. Programa de TV

Hoy martes 10 de mayo de 2016 a las 8 p.m. (hora venezolana), por GLOBOVISION en el programa de televisión "La Hora Clave" con Macky Arenas, la Dra. Nancy Granadillo será entrevistada sobre el tema del FEMICIDIO EN VENEZUELA.

miércoles, 4 de mayo de 2016

Algunos Consejos para mejorar nuestra Administración de Justicia en la Gran Caracas. Primera Parte

Hace algún tiempo atrás, sobre todo motivado por las acciones civiles derivadas de los hechos punibles que uno tramita con las Demandas en los Tribunales Civiles y otras causas, le escribí al ciudadano Dr. Luis Petit Guerra, quien en su momento era el Coordinador del Circuito Judicial de los Tribunales Civiles, Mercantiles, del Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, como abogado litigante en varias causas que llevo en este Circuito Judicial, como asiduo usuario del Sistema de Administración de Justicia de este Distrito Capital y zonas aledañas, para hacer simples observaciones que pudieran mejorar el funcionamiento y calidad de este Circuito Judicial de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario y también, de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas:

"La primera es con referencia al funcionamiento de los Secretarios y sus horarios de guardia y la atención al público

Actualmente se coloca en la cartelera de información al público un cronograma donde está el horario para cada secretario de los tribunales de primera instancia, el cual es recortado a su mínima expresión para atender al público que así lo requiera. Sobre esto me permito hacer una sugerencia para mejorar esta situación que creo perjudica al público y en especial, a los abogados en libre ejercicio, quienes tienen que conversar con los Secretarios para tratar de resolver algún problema que se presente en el caso que se lleva.

En primer lugar, debería ampliarse esto a por lo menos una hora como mínimo la atención al público por parte del Secretario de cada Tribunal en forma interdiaria, y si bien pudiera hacerse una reorganización interna de parte de ustedes como Circuito, mi recomendación inicial sería que fuera 1 día entero o 2 a la semana de atención al público. Es decir, desde las 8:30 am a las 3:30 pm cuando termina el despacho por Tribunal. Aunque el "deber ser", cuyo norte sería la accesibilidad de la misma por el justiciable según el artículo 26 constitucional, y claro está, lo primordial sin lugar a dudas, es la atención completa y sin restricciones de lunes a viernes en ese mismo horario por todos y cada uno de los Secretarios de los Tribunales. Esta sugerencia la hago porque, en esa pírrica media hora de atención que brinda el Secretario por día, no da tiempo en forma holgada de atender debidamente a los abogados quienes le indicamos oralmente al Secretario de alguna situación que se presente que requiera la actuación del Tribunal. No hablo de la URDD y de las taquillas de atención al público, que cumplen una importante función al recibir los escritos, hablo del problema o situación que requiera obligatoriamente la explicación oral en el asunto o expediente que el abogado litigante deba resolver, ya que una causa tiene demasiadas situaciones y hasta complicaciones que a veces, conllevan a las figuras establecidas en el artículo 607 del código de procedimiento civil o en las llamadas apelaciones de incidencias o interlocutorias o, que pudieran sabiamente evitarse, si se conversa a tiempo.

Para esto quizás deberían construirse nuevas taquillas de atención al público, hacer una remodelación, si lo consideran necesario por supuesto, para mayor facilidad y rapidez en esto, lo cual hemos comentado en el foro jurídico en distintas ocasiones con diversos profesionales que son litigantes y que me permito a través de esta pequeña comunicación, tratar de ayudar y colaborar en la mejora de la administración de justicia.

Igualmente, sobre el tema de los secretarios de guardia, sería prudente que se crearan nuevos cargos de los llamados "secretarios auxiliares" que harían las veces del secretario titular, a los efectos de resolver cualquier situación que se presenten en los casos, y atender al público que así lo requiera. Mi recomendación sería de por lo menos 3 a 5 funcionarios por tribunal para, entre otras cosas, darle celeridad y buena armonía a la marcha del trabajo del poder judicial caraqueño.

La segunda observación es con referencia los días de no despacho por parte de los Tribunales, de los cuales uno se entera en los calendarios físicos que están para tales fines, colocados en este Circuito Judicial. 

Sobre esto algo muy sencillo y práctico, sería el colocar 1 o 2 pantallas electrónicas en la sede física de este circuito judicial para cada Tribunal, donde se muestre esta información. Lo cual también debería estar en la página web del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas (http://caracas.tsj.gob.ve/) (ver artículo 19 de la ley de infogobierno) para uno saber cuándo hay o no hay despacho e inclusive desarrollar una aplicación o software para sistemas de tecnología de información que usemos los abogados que acrediten ser representantes judiciales en las causas y notificarnos por mensaje de datos de cuándo hay despacho o no por parte de cada tribunal (yendo más allá, igualmente ojalá y algún día se pudiera notificarnos electrónicamente de los diversos actos procesales en cada causa, mediante una aplicación creada para tales fines, por supuesto, con firma electrónica incorporada). Aunque el deber ser, es que siempre haya despacho de lunes a viernes y que si el Juez por una causa justificada, no puede asistir, que de inmediato el suplente, tome su lugar y el Tribunal no se quede acéfalo y la administración de justicia no se paralice por ese día. También, la División Ejecutiva de la Magistratura juega un papel fundamental acá en los nombramientos de los suplentes que deben estar alertas, y que en forma inmediata, si el Juez no puede actuar en su Tribunal, sea suplido por este Juez Suplente, valga la redundancia, y el Tribunal siempre funcione y jamás debe dejar de despachar, porque la justicia debe ser dinámica, no pasiva, y siempre deben estar abiertas las puertas al público.

Aplicación inmediata de la Tecnología y las Leyes que la sustentan

Sobre el particular anterior relacionado con las notificaciones electrónicas de los actos procesales de las causas judiciales que lleven los abogados litigantes, a las partes procesales propiamente dichas, a los defensores públicos, los fiscales del ministerio público, los procuradores, peritos, consultores técnicos y cualesquiera otros que resulte imprescindible o necesaria su participación en los procesos judiciales, me permito hacer las siguientes recomendaciones basadas en el casi "simbólico" pero muy útil y añejo decreto con fuerza de ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, del 28 de febrero del año 2001, que está más vigente que nunca, a pesar de haber transcurrido casi 15 años de su publicación en Gaceta, con el correspondiente reglamento publicado en la Gaceta Oficial N° 38.086 del 14 de diciembre de 2004, Decreto N° 3.335 del 12 de diciembre de 2004, haciendo énfasis en la reciente ley de Infogobierno en su artículo 2, en concordancia con la ley de simplificación de trámites administrativos, en consonancia con la posible reforma del código de procedimiento civil, que está actualmente en discusión y que tiene muchos parámetros relacionados con estos temas. Lo ideal es que cada Tribunal y cada funcionario tenga su firma electrónica y que cada una de las partes que intervengamos en los mismos, igualmente tengamos firma electrónica asociada al mensaje de datos que registremos en el sistema Juris 2000 o cualquier otro nombre o plataforma que se adapte a estos fines.

Para que esto funcione adecuadamente, hay que modernizar y destinar generosos recursos económicos y sería conveniente poner en práctica y en total funcionamiento la poco utilizada superintendencia de de servicios de certificación electrónica, ya creada con varios años, y que en la realidad no se aprovecha el sentido y alcance de la misma, con la reglamentación que ya se tiene vigente para tales fines, y enfocar los esfuerzos con la Superintendencia, como organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (http://www.suscerte.gob.ve). Ver artículo 54 de la ley de infogobierno.

Sobre esto seria interesante a la brevedad, celebrar reuniones entre ambas instituciones y los proveedores de servicios de certificación electrónica con los que ya cuenta el país (que si mal no recuerdo son dos o tres empresas y hablar lógicamente del tema de los certificados), para concretar las actuaciones que deberían ser hoy de normal aplicación en el mundo de las tecnologías de información aplicadas al mundo jurídico, visto que la mayoría de las personas naturales y jurídicas hoy día poseen un aparato o equipos de última generación, que con sencillas aplicaciones creadas para tales fines, de todos los intervinientes o participantes del proceso judicial venezolano, haría más fácil y rápido el desenlace debido a la confiabilidad y seguridad que van a generar todas las actuaciones electrónicas que se realicen en el sistema de administración de justicia, haciendo un simple registro y actualización de datos de todos los abogados litigantes, para que desde nuestras oficinas actuemos en forma electrónica enviando documentos y recibiendo notificaciones por parte del alguacilazgo y operando en un mundo moderno y adaptado a las tecnologías. Todo digitalizado, electrónico y muy práctico, presentando y luego escaneando con equipos que se compren por parte de este Circuito, por ejemplo, los principales documentos que las partes lleven como instrumentos fundamentales de su demanda en concordancia con el artículo 340.6 del código de procedimiento civil, suprimiendo el físico del papel, con el consecuente ahorro ecológico que esto conlleva.

Tal cual como hoy en el Tribunal Supremo de Justicia (http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/amparos-en-linea) se puede introducir una acción de amparo constitucional en línea, cada Tribunal en el área metropolitana de Caracas debería tener también dichas opciones para introducir, no solamente esta figura jurídica, sino las distintas acciones judiciales y diversos escritos y diligencias que las partes procesales requieran para llevar la causa judicial en buenos términos y con credibilidad de contenido, operando bajo parámetros de originalidad, autenticidad, no repudio, integridad y total confianza por la interacción de los administrados. Ver entre otras normas, el artículo 18 de la ley de infogobierno. 

Desde un simple acto de promoción de pruebas, hasta la evacuación de la misma, como sería por ejemplo, la deposición de un testigo el cual puede hacerse en línea mediante videoconferencia y que reposen dichos medios de prueba en los servidores del Tribunal respectivo. Lo cual imprescindiblemente debe ser grabado el vídeo de alta definición donde se evidencie la voz nítida y la imagen de la persona, para el posterior análisis del juez en su sentencia en correspondencia con el artículo 11 de la ley de infogobierno.

Tengo otras inquietudes y planteamientos, que espero en otra oportunidad enviarles y puedan ayudar al desarrollo del buen funcionamiento del Circuito."

Horario de Guardia de los Secretarios Civiles, Mercantiles y de Tránsito de Caracas - Mayo 2016

Si el Tribunal Supremo de Justicia en en fecha 26 de abril de 2016 según la Resolución No. 2016-0209, debido a la emergencia por la crisis eléctrica que vive el país, señaló que estos Tribunales y otros dejarán de laborar los días miércoles, jueves y viernes, como medida extraordinaria a ser acordada en el lapso comprendido entre el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo del mismo año, inclusive, me pregunto, ¿porqué no hubo una re-asignación de este horario, los días lunes y martes a los secretarios y cubrir la deficiencia temporal?. Esta es la imagen de la cartelera oficial del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas:

martes, 3 de mayo de 2016

Sentencia que anula y repone la causa por falta de Notificación y sus Resultas en el Proceso Penal

Sentencia número 158 del 4 de abril de 2016,  N° Exp. C15-453. Procedimiento: Recurso de Casación. Partes: Eladio Antonio Muchacho Unda y otros.

Decisión: Anula todas las actuaciones inherentes a los actos de notificación de la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de 2015, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, en el asunto TP01-R-2014-000380, así como, todos sus actos subsiguientes. Se ordena la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo y realice un nuevo cómputo de días de audiencia transcurridos desde la última notificación efectiva de la decisión, relacionado con el proceso penal seguido al ciudadano ELADIO ANTONIO MUCHACHO UNDA y otros.

"La Sala de Casación Penal debe reiterar que las notificaciones de los actos procesales, cualquiera que estos sean, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal manera que quedara inequívocamente acreditado en autos que las partes tengan conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de las consecuencias jurídicas, como garantía de que el proceso no sufra demoras indebidas, ni contravenciones de los derechos de las partes.

  Distinguiéndose además que cuando las sentencias emitidas por las Cortes de Apelaciones ordenen su notificación, constituye un requisito indispensable verificar su efectiva realización, pues esto permite establecer la tempestividad del recurso de casación,  y computar el lapso de quince (15) días a partir de la última notificación de las partes, tal  como ha sido expuesto en sentencia vinculante de la Sala Constitucional  núm. 5063 del quince (15) de diciembre de 2015, que establece:

“…En consecuencia, con lo expuesto, debe esta Sala afirmar con carácter vinculante para todos los Tribunales Penales de la República, inclusive la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, i) que si habiéndose dictado la sentencia definitiva dentro del lapso legal para ello, se acordase la notificación de la misma, los lapsos para el ejercicio de los medios recursivos, deberán computarse a partir de la notificación del fallo y no desde la publicación del mismo, ya que, lo contrario genera una inseguridad jurídica en cabeza de los accionantes; y ii) si la sentencia fue dictada sin la presencia de las partes, en virtud de haber diferido la publicación del texto íntegro, y ésta es publicada fuera del lapso establecido para ser dictada la misma, se debe notificar la sentencia a las partes intervinientes, aun cuando se encontrase en libertad el imputado…”.

              De ahí pues, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, al no cumplir con el control efectivo de las notificaciones y sus resultas, impidió determinar con precisión cuándo se produjo la última de las notificaciones, generando incertidumbre respecto al inicio del lapso para la interposición del recurso de casación e incidiendo negativamente en la seguridad jurídica que deben tener las partes dentro del proceso penal, derivándose de esta actuación el quebrantamiento de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantías consagradas en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y del derecho a la defensa e igualdad de las partes establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal.

              En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal considera que en el presente caso se ha materializado un vicio de orden público no convalidable, que afecta a todas las partes en el proceso, pues incide en el derecho de recurrir de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, lo cual amerita la nulidad de todas las actuaciones inherentes a los actos de notificación de la sentencia dictada el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo,  de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, y ordena la reposición del proceso al estado en que se practique la notificación efectiva de todas las partes y se aperture un nuevo lapso para la interposición del recurso de casación, el cual deberá ser computado a partir de la última notificación efectivamente practicada, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 163 y siguientes del Código Adjetivo Penal. Así se decide.

              Por otra parte, la Sala advierte que en el cómputo de días de audiencia, elaborado el veintiséis (26) de octubre de 2015 por la abogada YARITZA CEGARRA LINARES, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, aparece lo siguiente:

“Que conforme al libro diario de esta Corte de Apelaciones se evidencia que desde el día 19 de Agosto de 2015 (exclusive) fecha en que consta en autos la última de las notificaciones ordenadas en el presente recurso N° TP01-R-2014-000380 hasta el día 05 de septiembre de 2015 (inclusive) transcurrieron 15 días hábiles, discriminados de la siguiente manera: “EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 (07 DÍAS HÁBILES): Jueves 20, Viernes 21, Lunes 24, Martes 25, Miércoles 26, Jueves 27 y Viernes 28. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015: (05 DÍAS HÁBILES): Miércoles 02, Jueves 03, Viernes 04, y Lunes 07, Miércoles 30. El día Martes 08 de Septiembre de 2015, el procesado ELADIO ANTONIO MUCHACHO UNDA, REVOCA a todos sus Defensores Privados y Nombra al Dr. ALBERTO PERDOMO y en fecha 29 de Septiembre de 2015, queda debidamente juramentado el Defensor Privado DR. ALBERTO PERDOMO. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015: Jueves 01 y Lunes 02. El día miércoles 30 de septiembre de 2015, fecha en la cual el abogado ALBERTO DANIEL PERDOMO BRICEÑO, Abogado en ejercicio (…) Defensor Privado del ciudadano ELADIO MUCHACHO UNDA (…) interpone RECURSO DE CASACIÓN en contra de la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones, publicada en fecha 16-07-2015, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, escrito contentivo de Recurso de Casación…”.

              Evidenciándose que en el referido cómputo, se consideró erradamente que la última notificación a las partes ocurrió el día diecinueve (19) de agosto de 2015, fecha en la cual (según lo plasmado en actas por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo) fueron agregadas las resultas en el expediente de todas las boletas de notificaciones practicadas en este asunto, infringiendo de esta manera el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal que establece:

Artículo 163. Las citaciones y notificaciones se practicarán mediante boletas firmadas por el Juez o Jueza, y en ellas se indicará el acto o decisión para cuyo efecto se notifica.
Las resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo, dentro de los tres días siguientes a su recepción en el servicio de alguacilazgo, a objeto que se hagan constar en autos. El incumplimiento de esta disposición será sancionable disciplinariamente. (Resaltado de la Sala)

         En efecto, el artículo 163 del Código Orgánico Procesal, demanda que las resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo dentro de los tres días siguientes a su recepción en el servicio de alguacilazgo, a objeto de que se haga constar en autos. En el presente caso, las notificaciones practicadas los días veintiuno (21), veintidós (22) y veinticuatro (24) de julio de 2015, fueron incorporadas en el expediente el diecinueve (19) de agosto de 2015, es decir, diecisiete (17) días de audiencia, luego de haber sido practicadas. Situación que constituye una alteración a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y al principio de igualdad de las partes en el proceso penal, establecidos en los artículos 26 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 12 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por consiguiente, la Sala de Casación Penal, exhorta a los jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, a ser más cuidadosos en la tramitación de las notificaciones y demás actos de comunicación procesal, a los fines de evitar situaciones que afecten la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa e igualdad de las partes. De manera particular, se hace un llamado de atención a la abogada YARITZA CEGARRA LINARES, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, por haber incumplido con su función como depositario de la fe pública judicial al no haber constatado la notificación efectiva de las partes, además de dilatar la consignación de las notificaciones practicadas hasta el momento, anexándolas al expediente luego de haber transcurrido diecisiete (17) días de audiencia, omitiendo las reglas previstas en el referido artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal.

En síntesis, la Sala de Casación Penal constató que en el presente caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, violentó los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 166 del Código Orgánico Procesal Penal, al no comprobar la efectiva notificación de las partes y computar de manera equivocada el lapso para la interposición y contestación del recurso de casación.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en los artículos 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, ANULA todas las actuaciones inherentes a los actos de notificación de la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo y sus actuaciones subsiguientes; ORDENA la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión dictada por ese órgano jurisdiccional en fecha el dieciséis (16) de julio de 2015 en el asunto TP01-R-2014-000380  y realice un nuevo cómputo de días de despacho transcurridos desde la última notificación efectiva. Así se decide."

viernes, 29 de abril de 2016

Los Tribunales sin despacho: los días miércoles, jueves y viernes, como medida a ser acordada en el lapso comprendido entre el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, inclusive

El Tribunal Supremo de Justicia
Junta Directiva

Caracas, 26 de abril de 2016 
Resolución No. 2016-0209 

En ejercicio de las atribuciones que confiere al Tribunal Supremo de Justicia el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Junta Directiva,

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31, establece que los Jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de ocho horas diarias, cinco días a la semana y que, de conformidad con lo convenido en la Cláusula No. 9-B de la II Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, fue reconocida la jornada de servicio de siete horas diarias de lunes a viernes, con horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

CONSIDERANDO

Que la Sala Plena mediante Resolución No. 2016-0005 de fecha 16 de marzo de presente año resolvió implementar un Plan Estratégico de Ahorro de Energético, conformado por una serie de medidas extraordinarias y temporales tendentes a incrementar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, en atención a la situación a nivel nacional en materia ambiental y de energía eléctrica, en la cual se consideró la posibilidad de que dicha Junta Directiva acordara normas complementarias necesarias a dicho plan.

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional por razones de interés nacional, mediante el Decreto No. 2.303 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 26 de abril del presente año, dictado en el marco de la emergencia económica, declaró los días miércoles, jueves y viernes como no laborables para el sector público, como medida a ser aplicada el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo del mismo año, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno “El Niño” sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Guri, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, lo cual amerita una urgente consideración en lo que respecta al Poder Judicial.

RESUELVE

PRIMERO: Todos los funcionarios judiciales, ejecutivos, administrativos y obreros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría General de Tribunales, Escuela Nacional de la Magistratura, Jurisdicción Disciplinaria Judicial, Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso-Administrativo, Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, Tribunales con competencia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrarios, Marítimos, Laborales, Contenciosos Administrativos, Contenciosos Tributarios, de todo el territorio nacional, como medida coyuntural, dejarán de laborar los días miércoles, jueves y viernes, como medida a ser acordada en el lapso comprendido entre el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo del mismo año, inclusive.

SEGUNDO: Todos los Juzgados de la República tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Los jueces cualquiera que sea su competencia, continuarán los actos, juicios o audiencias que hayan iniciado dentro del horario acordado, atendiendo especialmente aquellos actos procesales que no puedan diferirse.

TERCERO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días, incluyendo los días miércoles, jueves y viernes. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. La Sala Constitucional y demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que lo ameriten, implementarán un rol de guardias los días objeto de la suspensión temporal de actividades.

CUARTO: Las Cortes de Apelaciones, Los Juzgados Penales de Primera Instancia en función de control y juicio ordinario, así como municipales penales, de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de control, audiencias y medidas, en delito económicos, y antiterrorismo de los Circuitos Judiciales Penales, laborarán ordinariamente excepto los días miércoles, jueves y viernes comprendidos en el lapso a que se refiere el primer punto de la presente Resolución, respecto a los cuales se implementarán los roles de guardia que sea necesarios para la debida continuidad y atención procesal.

QUINTO: Se ordena a los Secretarios, Directores, Coordinadores, Gerentes, Jefes y Supervisores de los Órganos auxiliares del Poder Judicial, jueces y demás funcionarios, empleados y obreros de oficinas administrativas y dependencias judiciales a nivel nacional, a velar por el cumplimiento de lo aquí previsto. Se les exhorta a fomentar y acentuar las prácticas para el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica, inclusive en aquellos casos que se establezcan debidamente guardias por razones de servicio; así como en general a todo el personal del Poder Judicial, a extender las concientización sobre esta práctica en todos los entornos y espacios en que se desenvuelvan.

SEXTO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Judicial y en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Comuníquese y publíquese. 

viernes, 22 de abril de 2016

ARTICULO DE OPINION: El Principio de Inmediación versus los Diferimientos en el Juicio Oral

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Este Principio de Inmediación se encuentra contenido en varias normas de nuestra legislación. Empezamos por nuestra principal ley adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) con dos normas. La primera de ellas está el artículo 16 y la segunda, en el artículo 315. Dice el artículo 16 sobre el Principio de Inmediación, lo siguiente:

"Artículo 16. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento."

Este Principio implica la inevitable percepción del Juez a través de sus sentidos de lo ocurrido en el debate y el anexo de las pruebas para decidir.

Esta norma tiene un sentido lógico y es que el Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio debe estar desde el inicio, con la llamada apertura, durante todo el desarrollo y en la finalización del juicio, con las conclusiones, en forma presencial. Es decir, en la sede física del Tribunal presenciando todo lo que esté ocurriendo, para así darse una idea completa del caso, entender todas y cada una de las pruebas y su consecuencia en el dispositivo del fallo que vaya a dictar. Ésa inmediatez, esa percepción de su mirada a los sujetos que le hablan para saber si están improvisando o manejan con pleno dominio su caso será plasmada en la motiva de su decisión. Verán todas y cada una de las técnicas que apliquen en el debate los sujetos procesales, y con suma atención escuchará a los testigos, a los peritos y a toda persona que vaya a declarar en los estrados.

La oratoria forense que se produzca en el desarrollo del juicio oral es lo que va analizar el Juez mediante el convencimiento o no y el racionamiento que haga de los dichos de los parlantes. Igualmente, cualquier elemento de carácter científico-técnico en este caso particular los vídeos o audios que se reproduzcan en las audiencias será revisado con detalle mediante la recepción que haga de los mismos en forma atenta.

Cuando por ejemplo se haga la reconstrucción de hechos será primordial el enfoque que haga el Juez para dictar una sentencia ajustada a derecho, y que demuestre la existencia o no de uno o más hechos punibles. Ésa Inmediación jugará un papel crucial en la determinación de la responsabilidad penal o no de los acusados.

Este Principio de Inmediación va a desembocar en una buena sentencia donde debe captarse la sinceridad, franqueza y correcta disposición de los oradores a decir la verdad en todas y cada una de sus respectivas intervenciones.

Veamos algunas Jurisprudencias relacionadas con este importante Principio:

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 289 del 20 de julio del 2012, Expediente No. 2011-000287, Ponente Paúl José Aponte Rueda, ha dejado sentado:

"A las Cortes de Apelaciones están limitadas de establecer hechos nuevos, incluso a partir de la adminiculación de las pruebas (aunque hayan sido debidamente incorporadas al proceso ante el tribunal y en la fase correspondiente), precisamente porque no se produjo la inmediación que exige expresamente el Código Orgánico Procesal Penal. 

Los procedimientos judiciales al estar informados por los principios de oralidad, concentración, publicidad e inmediación, que es la norma bajo análisis, deben desarrollarse de manera que el juez o la jueza presencie en una posición de privilegio el modo como se van incorporando las pruebas y los debates que se van generando en torno a ellas, colocando en lugares disímiles al juzgador de juicio y al de apelación, quien solamente podría en aras de garantizar la inmediación, asumir de manera directa el debate probatorio, si se efectuara un nuevo juicio en su presencia. Sin embargo, ello no es lo que ocurre en el proceso penal patrio, donde la función del tribunal superior se reduce a verificar que la sentencia dictada por el tribunal de juicio cumpla con las previsiones del ordenamiento jurídico, quedando impedido de valorar pruebas, aunque de hecho pueda reproducirlas mediante la lectura de actas, o incluso, en video, puesto que se pierde la oportunidad que debe tener el juez o la jueza de acceder por sí mismo a la corporeidad de los elementos probatorios y de percibir y regular el debate de las partes.

Conforme a lo expuesto, puede aseverarse de manera general que una Corte de Apelaciones al valorar pruebas, para modificar los hechos establecidos por el tribunal de la recurrida, estaría actuando fuera de su competencia funcional, y en consecuencia, dicha conducta es contraria a derecho, por lo que sería necesario anularla."

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 187 del 10 de junio de 2004, ha dicho:

“La inmediación es un principio propio de la etapa del juicio oral toda vez que corresponde a los jueces de control y de juicio apreciar las pruebas y establecer los hechos.”

Otra es la Sentencia de la Sala Constitucional del 22 de diciembre de 2003:

“El principio de inmediación, reconocido como rector para diversos procesos -tales como el penal (artículos 16 y 332 del Código Orgánico Procesal Penal), el proceso oral civil (artículo 860 del Código de Procedimiento Civil), el proceso de menores (artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), el proceso laboral (artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) y para el proceso agrario (artículos 170 y 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario)- se caracteriza porque el Juez que ha de dictar la sentencia, debe presenciar personalmente la incorporación de las pruebas en las audiencias destinadas a ello, presencia personal y rectora que, según el tipo de procedimiento de que se trate, puede legalmente exigirse en determinados actos procesales, distintos a los probatorios, donde el juez -al finalizar los mismos- debe dictar decisión, por lo que en estos supuestos -señalados por la ley- los jueces que han de pronunciar la sentencia, deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su conocimiento, siendo el denominador común de los procesos reseñados, que al finalizar el debate, regido por el principio de concentración de la prueba, o en un lapso inmediato a dicha finalización -que puede variar conforme lo que señale la ley que rige el proceso- debe el juez proceder a sentenciar.”

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 493 del 01 de noviembre 2002, declara que:

“En virtud del principio de inmediación la Corte de Apelaciones no está facultada para establecer los hechos.”

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 001 del 11 de enero de 2002, precisa que:

“Se infringió, en esta forma, el principio de inmediación procesal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción por haber estado en relación directa con las partes. Son estos requerimientos muy distintos a los supuestos referidos en el artículo 364, numeral 6, del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual dispone que la sentencia deberá contener la firma de los jueces, pero, si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribirla por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar y aquélla tendrá valor sin su firma. Se trata de una infracción que no afecta ninguna norma de carácter sustantivo sino de la inexistencia de un fallo por no aparecer firmado por todos los jueces que debieron hacerlo”.

Mas adelante esta misma sentencia explica que:

“Se infringió, en esta forma, el principio de inmediación procesal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción por haber estado en relación directa con las partes. Son estos requerimientos muy distintos a los supuestos referidos en el artículo 364, numeral 6, del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual dispone que la sentencia deberá contener la firma de los jueces, pero, si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribirla por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar y aquélla tendrá valor sin su firma. Se trata de una infracción que no afecta ninguna norma de carácter sustantivo sino de la inexistencia de un fallo por no aparecer firmado por todos los jueces que debieron hacerlo.”

La Sentencia Número 412 de la Sala Constitucional del 02 de abril de 2001, en el Exp. Nº 00-2655, expresa que:

“…, la Sala debe afirmar, por una parte, que el artículo 16, que consagra el principio de la inmediación, claramente dice “Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente el debate [...]”, y en el presente caso la sentencia ya fue pronunciada por el mismo juzgador que presenció el debate, sólo que difirió su publicación, y por la otra, cuando el artículo 366 del aludido código adjetivo establece la posibilidad del diferimiento de la sentencia, en razón de la complejidad del asunto y lo avanzado de la hora, es porque definitivamente puede ocurrir sólo por vía excepcional, bajo la condición de que el Tribunal haga saber a las partes, de manera sumaria los elementos de juicio de hecho y de derecho en que se sustenta el fallo, de forma que no se generen dudas en cuanto al contenido de la parte motiva de la sentencia, pues fue leída en audiencia la parte dispositiva.”

Otra Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es la Sentencia Número 110 del 14 de marzo de 2002. Esta desarrolla que:

“...la inmediación es un principio propio de la etapa del juicio oral, es decir, ante los jueces de Control y de Juicio, en principio, los llamados a dictar sentencia. Las Cortes de Apelaciones, también debe cumplir con la exigencia de inmediación, cuando, admitido el recurso de apelación, una de las partes haya promovido prueba y se convoque a la audiencia oral exigida en el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.”

Inmediación
Artículo 315. El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del Juez o Jueza y de las partes.
El acusado o acusada no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado o custodiada en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado o representada por el defensor o defensora. Sólo en caso de que la acusación sea ampliada, el Juez o Jueza lo hará comparecer para los fines de la intimación que corresponda.

Si su presencia es necesaria para practicar algún reconocimiento u otro acto, podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza pública.

Si el defensor o defensora no comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo."

Hay algunas sentencias que les pudiera recomendar para leer con mayor abundamiento en las normas generales del Juicio Oral y Público en Venezuela de lo que debe ser la Inmediación, entre ellas tenemos algunas sentencias de la Sala de Casación Penal y otras de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Primero veamos las mejores sentencias de la Sala de Casación Penal que han desarrollado diversos comentarios sobre este artículo 315 del COPP:

Sobre la ausencia de la Sala del acusado y la función del abogado defensor, tenemos la número 159 del 20 de mayo de 2010.

Sobre la imposición de un defensor público durante el debate probatorio no contando con el consentimiento del acusado tenemos la número 314 del 2 de julio de 2009. También sobre este mismo punto tenemos la sentencia número 729 del 18 de diciembre de 2007.

De la vulneración del Principio de Inmediación por el juez que no presenció el debate tenemos la número 432 del 8 de agosto de 2008.

Del Principio de Inmediación, tenemos la número 338 del 3 de julio del año 2008.

Sobre el contenido y alcance de la tutela judicial efectiva y los supuestos de vulneración en fase de juicio podemos ver la sentencia número 105 del 26 de febrero del año 2008.

Sobre la Oralidad e Inmediación y el interrogatorio, podemos revisar la número 714 del 13 de diciembre el año 2007.

De la exclusión o de la causa a los abogados defensores tenemos seis sentencias, la número 613 del 7 de noviembre del año 2007 de la Sala Constitucional. Del mismo modo, la sentencia número 806 del 5 de mayo de 2004 sobre el contenido y alcance de la Inmediación y el criterio de la sentencia 412 del 2 de abril del año 2001.

Continuando con el tema de acto del Juicio Oral, los abogados que actuamos en el litigio, debemos ceñirnos a lo que establece nuestra Ley de Abogados, en su artículo 4 nos enseña:

"Artículo 4. Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación  por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso."

Hasta el Reglamento de la Ley de Abogados publicado en la Gaceta Oficial Nº 28.430 del 13 de septiembre de 1967, Decreto Nº 908 del 12 de septiembre de 1967, ha dicho sobre esto en su artículo 17:

"Artículo 17. La obligación en que están los Abogados de aceptar las defensas que se les confíen de oficio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, se entiende referida a las causas criminales. En cuanto a su excusa se seguirá el procedimiento pautado por el Código de Enjuiciamiento Criminal."

Hay cinco normas del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano del 15 de septiembre de 1985, que les menciono a continuación y están directamente relacionadas con el tema de los juicios orales, la inasistencia, el diferimiento o el retraso en la secuela del juicio con motivo de la actuación del abogado litigante:

Artículo 17.- Es deber del abogado ser puntual en su asistencia en los Tribunales, así como también en sus citas o reuniones con los colegas, sus clientes o la parte contraria.

Artículo 18.- Cuando un abogado no pudiere concurrir a un acto judicial en el cual debe participar, por motivo de enfermedad u otro plenamente justificable, solicitará oportunamente al Juez el diferimiento del acto y prevendrá del hecho a su colega adversario, quien, por espíritu de confraternidad.

Artículo 20.- La conducta del abogado deberá caracterizarse siempre por la honradez y la franqueza. No deberá aconsejar ni ejecutar actos que puedan calificarse de dolosos, hacer aseveraciones o negaciones falsas, citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer una eficaz y rápida administración de justicia.

Artículo 22.- El abogado deberá abstenerse de hacer uso de recusaciones injustificadas y de ejercer otros recursos y procedimientos legales innecesarios, con el solo objeto de entorpecer o retardar la secuela del juicio.

Artículo 36.- El abogado debe procurar que se mantenga una actitud correcta y respetuosa tanto con los funcionarios, como con el abogado de la contraparte y con los terceros que intervengan en el juicio. Si el asistido persiste en su conducta incorrecta, el abogado deberá renunciarle su patrocinio.

Nuestro Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano es muy sabio para orientar a los abogados, en este conjunto de artículos que rigen los juicios y su actitud frente al Tribunal de la causa y a las demás partes procesales que hacen como norte el respeto a la majestad del Juicio Oral, recursos y otros procedimientos establecidos en nuestras leyes. Pero en particular, refiriéndonos al tema en cuestión que se analiza en el presente artículo de opinión, vemos que la consecuencia natural contenida en este artículo 315 impone el abandono de la defensa y el inmediato reemplazo, el cual por cierto debe ser absoluto, completo, sin ninguna duda de que no volverá a actuar el abogado incompareciente, que no se justificó y que por el Principio de Inmediación y la no paralización de la justicia por el artículo 257 constitucional, debe continuarse el debate oral y público en el menor tiempo posible lo cual veremos más adelante, y nos referimos precisamente al tema de la concentración y continuidad del Juicio Oral y Público y los posibles diferimientos que se lastimosamente se ven regularmente en los tribunales penales venezolanos. Sobre esto, tenemos tres normas y son los artículos 17, 318, 319 y 320 del COPP, que son las siguientes:

Concentración
"Artículo 17. Iniciado el debate, éste debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles."

Concentración y Continuidad
"Artículo 318. El tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos, que fueren necesarios, hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de quince días, computados continuamente, sólo en los casos siguientes:

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, siempre que no sea posible resolverla o practicarlo en el intervalo entre dos sesiones.

2. Cuando no comparezcan testigos, expertos o expertas o intérpretes, cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública.

3. Cuando algún Juez o Jueza, el acusado o acusada, su defensor o defensora o el o la Fiscal del Ministerio Público, se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados o reemplazadas inmediatamente. La regla regirá también en caso de muerte de un Juez o Jueza, Fiscal, defensor o defensora.

4. Si el Ministerio Público lo requiere para ampliar la acusación, o el defensor o defensora lo solicite en razón de la ampliación de la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente"

Sobre este artículo tenemos seis sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que les menciono a continuación sobre los aplazamientos, las suspensiones, la incomparecencia de testigos, expertos y la adquisición e incorporación de pruebas:

La número 254 del 26 de mayo de 2009.
La número 243 del 26 de mayo de 2009.
La número 706 del 16 de diciembre del año 2008.
La número 61 del 1 de marzo de 2007.
La número 503 del 8 de agosto de 2005.
Y la número 335 del 8 de junio de 2005.

Sobre todas estas decisiones y muchas más recomiendo leer el libro Código Orgánico Procesal Penal de Luis Miguel Balza Arismendi, páginas 286 y siguientes, publicado por la librería jurídica Álvaro Nora, Caracas, 2013.

Decisión sobre la Suspensión
Artículo 319. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará el debate; ello valdrá como citación para todas las partes. Antes de continuarlo, el Juez o Jueza resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
Los jueces o juezas y los o las fiscales del Ministerio Público podrán intervenir en otros debates durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida por resolución fundada lo contrario, en razón de la complejidad del caso.
El Juez o Jueza ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate.

Interrupción
Artículo 320. Si el debate no se reanuda a más tardar al décimo sexto día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio.

Observemos que cuando hay el inicio de un proceso penal, hay demasiadas expectativas en la fase preparatoria con referencia a la investigación y sus resultados, su desarrollo. Luego, con la celebración de la audiencia preliminar, que es la fase intermedia y después con la emoción que significa el auto de apertura a juicio para saber qué fue lo que ocurrió. Por ello me incluyo en los autores que consideran que es la mejor parte del proceso penal, ese momento cuando el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control dice vamos a juicio, se admiten las pruebas, se hablan de las medidas, y porqué delitos vamos a la contención, sabremos lo que significa esta etapa cúspide, a mi modo de ver, que es el Juicio Oral y Público.

Si bien es cierto emociona cuando se apertura o inicia el juicio oral, se habla entonces del comienzo del verdadero juzgamiento y sentido de lo que fue derogar el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. Aquí desde el año 1999 estamos en un nuevo modelo establecido por el legislador. Con la particularidad de que debería hacerse en días consecutivos, como dice el artículo 17 en consonancia con el 318 del COPP, pero quizás estas cosas pasan por motivos plenamente justificados de interrupciones o en su defecto por motivos de enfermedad, agenda, saturación de audiencias, la falta de traslado de los detenidos y las pocas Salas disponibles en los distintos edificios destinados a brindar la justicia, ya que lo ideal sería que cada Tribunal en Funciones de Juicio tuviera su infraestructura física adecuada, espaciosa e imponente para celebrar el acto prioritario para el cual fue creado.

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¿Qué pasa con el tema de la interrupción y el nuevo comienzo desde cero en el Juicio Oral y Público? 

Lo que sucede si se interrumpe el Juicio, por las razones que sean, y pasan más de 16 días, esta norma, el artículo 320, dice que debe realizarse uno nuevo y desde el inicio del juicio, pues las variadas reformas que ha sufrido el COPP, en mi humilde opinión erróneamente en vez de disminuir la temporalidad, lo que se ha hecho es aumentar el tiempo, de colocar más días para dar más chance al incidente que ha ocurrido y que se pretende con esto dar oportunidad para la continuación del Juicio Oral y Público. Es como ver una película dos o más veces. El tema de los diferimientos y de las interrupciones es un pan nuestro de cada día.

Interesante es ver sobre la concentración y continuidad de los Juicios, establecidos en el artículo 318 del COPP, este párrafo de la Sentencia número 3355 del 03 de diciembre 2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente José Manuel Delgado Ocando, Exp. 02-2685, en el Procedimiento de una Acción de Amparo, caso: Lina Ninette Ron Pereira y otros:

"Considera la Sala oportuno destacar que, en lo esencial, se debe distinguir entre acto de diferimiento, aplazamiento y suspensión del debate, pues, en el acto de diferimiento el juez no ha dado apertura al debate oral y público; en cambio, en el aplazamiento hay una breve paralización del juicio con el propósito de que las partes gocen del reposo físico y mental necesario para continuarlo; mientras que la suspensión de la audiencia sólo es posible por las causas taxativas señaladas en el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal."

Dependiendo del momento de la interrupción tendremos revelaciones permitidas, que si sólo se ha dado la apertura y no ha pasado más nada, ninguna continuación, simplemente tendremos el alegato inicial. Luego de esto viene el tema de las pruebas y su evacuación para enervar o refutar los hechos implicados, con esquemas que aún no se saben, quizás se intuyan. Pero, si ya está avanzado el Juicio Oral y Público y prácticamente estamos en la finalización o en las conclusiones o discurso de cierre, ya las partes procesales conocen y demostraron cómodamente su flamante teoría del caso. Ya no hay sorpresa alguna, las partes procesales saben perfectamente cuál es la opinión o estrategia de defensa o ataque en el desarrollo de ese juicio oral y público. Lo que cada testigo declaró, lo que cada experto concluyó, lo que el abogado preguntó y repreguntó o el representante del ministerio público adujo abiertamente, todo ya se ha comentado y todos lo saben. E inclusive si se graba cada acto del Juicio Oral, pues simplemente, se pide la revisión de las grabaciones para profundizar en el detalle y agudeza de cada deposición y de cada intervención de los sujetos procesales y todos los que hablaron en el Juicio Oral y Público. Entonces en el nuevo Juicio Oral y Público que se vaya a celebrar posteriormente y en una nueva fecha, y a veces pasa varias veces, que se interrumpe, reitero, no sólo una vez, sino varias, me pregunto, ¿es que ahora se van a cambiar las teorías del caso por cada una de las partes procesales o es que va seguir el mismo diagrama en la vez anterior? ¿o es que esto no acarrea dificultades de la divulgación correcta de la defensa que la ley permite?, pero que esta inconveniencia de volver a plantear todo lo que nos costó preparar para evitar convencer al Juez, que ya sabe de antemano que fue lo que hicimos o mejor dicho, dijimos, no será contraproducente todo este entuerto del legislador al querer que se celebre nuevo juicio. No estamos hablando de la muerte del Juez que lleva nuestra causa, me refiero a una falta o causal absoluta, y de lo cual lógicamente habría que nombrarse a otro Juez para que se inicie desde el principio el Juicio Oral y Público, sino de que el mismo Juez al que ya nos conoció todo lo que se planteó como defensa, ya sean causales de justificación, por ejemplo o cualquiera otra que se haya presentado, no va tener el efecto que queremos y las explicaciones que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios.

Lo mas sano es que se conserve la validez de los actos realizados hasta el momento de la interrupción, y se tome algo de Derecho comparado, como ejemplo el artículo 788.1 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España. Ver «BOE» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882. Referencia: BOE-A-1882-6036. TEXTO CONSOLIDADO, cuya última modificación fue el 6 de octubre de 2015, todo para garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia en consonancia con el artículo 26 de la Carta Magna que dice que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. También, establece que el Estado garantizará una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Sin embargo, la Sala Constitucional mediante sentencia del 17 de junio de 2008, declaró SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Carlos Brender contra el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la época), Magistrada Ponente Dra. Carmen Zuleta De Merchán, en el Exp. 03-1573, ha señalado:

"Estima la Sala que la existencia de fases procesales previas al debate oral y público es esencial para la comprensión de las razones por las cuales éste ha de ser concentrado en el menor número de audiencias posible. Quizás la complejidad de lo juzgado, la actividad procesal del interesado o la conducta de las autoridades judiciales (ver sentencias N° 909/05 y N° 626/07, entre otras), impidan en ocasiones su brevedad –de allí el aplazamiento de las sesiones-, pero nunca podrá ser motivo de injustificada duración. Una vez que, como resultado de la audiencia preliminar, se inicie el juicio oral y público, las audiencias del debate deben sucederse unas a otras, a fin de que ante el tribunal se evacuen todas las pruebas del caso sin solución de continuidad.

Lo anterior explica, entre otras cosas, las limitaciones legales a la admisión de pruebas que no hayan sido admitidas antes del debate. Tal como lo ha advertido esta Sala, el principio de la concentración del juicio oral y público impide al juez conocer de pruebas distintas a las ofrecidas con ocasión de la Audiencia Preliminar y que hubieren sido admitidas por el Juez de Control. De permitirse, se contrariaría el propósito de tal principio de concentración que preside el ordenamiento adjetivo penal venezolano, el cual, según lo expuesto, responde a exigencias constitucionales. Por ello ha declarado la Sala en sentencia N° 728/2007 que:

“Es precisamente en esta fase (y no otra) donde ordinariamente se practicarán las diligencias que permitan fundar, por una parte, el acto conclusivo de la investigación y, por otra, la defensa del imputado, pues justamente una de las funciones centrales de la misma es preparar el juicio oral y público, el cual, entre otras características, deberá ser concentrado, es decir, deberá ser efectuado en el menor tiempo posible conforme al principio homónimo acogido y desarrollado, entre otros, en los artículos 17, 335, 336 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.

En el mismo fallo, la Sala insistió en que no es viable la pretensión de evacuar pruebas no producidas en la fase preparatoria, en los supuestos de excepción (contenidos en los artículos 343 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal), por cuanto  “son de imposible realización y evacuación” en el debate, “debido al principio de concentración y a las normas que lo desarrollan en nuestro sistema jurídico, según las cuales, como se pudo observar, el juicio deberá ser efectuado en el menor tiempo posible y, ‘Si el debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio’”.

Puede notarse, en consecuencia, que esta Sala ha reconocido implícitamente la constitucionalidad del artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal y lo hace ahora de modo expreso. De hecho, en el citado fallo N° 728/2007 la Sala sostuvo que dicha norma plantea un “aspecto de dimensiones fundamentalmente prácticas”, del que “resultan suficientemente claras las teóricas”. En esa oportunidad, por no ser necesario para resolver la controversia, no se detuvo en el particular, pero lo hace mediante la presente decisión, con ocasión de la demanda de nulidad incoada.

En conclusión, la Sala comparte las apreciaciones de los órganos que han intervenido en oposición a la demanda: el juicio oral en materia penal revela su utilidad en la medida en que el juez está presente en la evacuación de las pruebas que le servirán para decidir y que son producto de una fase preparatoria, por lo que no puede alargarse el debate por suspensiones de duración excesiva. Oralidad, inmediación y concentración son principios de necesaria conjunción en el proceso penal.

Un debate en el que las audiencias se distancian entre sí atenta contra la oralidad, la inmediación y la concentración. Como se ha destacado en los escritos de oposición a la demanda, la falta de sucesión de las audiencias podría llevar a la necesidad de escritura como único medio para conservar lo que la mente no ha podido retener. La concentración es un auxilio para la memoria, pero sobre todo es un instrumento para alcanzar una pronta sentencia, tal como lo exige la tutela judicial efectiva.

Para la Sala, si el proceso penal requiere oralidad e inmediación, sin duda la concentración es un medio para lograrlo, todo lo cual permite concluir que si no se alcanza la continuidad del debate es válido, desde el punto de vista constitucional, que se ordene iniciarlo de nuevo.

Lo anterior no impide que el Legislador –consciente de que en ciertos casos el debate no puede verificarse en un solo día- autorice al juez para ordenar la suspensión, tal como lo hace el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé un lapso que se cuenta por días hábiles, tal como lo declaró la Sala en el fallo N° 2144/2006:

“Dentro de este marco, la Sala identifica que el eje central de la controversia reside en el cómputo de los diez (10) días a que alude dicha norma, pues de ello depende la tempestividad o no de la reanudación del debate, elemento fundamental para determinar si en efecto hubo la violación del principio de concentración respecto de dicha causa (…).

De allí que resulte imperioso precisar si el cómputo se efectúa por días consecutivos calendarios o, por el contrario, se realiza por días hábiles.

En este sentido, debemos ceñirnos a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo texto señala:

“Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquellos en los que el tribunal resuelva no despachar”. Resaltado de esta Sala.

Ahora bien, la Sala advierte que, según se desprende de las actas procesales, en el caso sub júdice, la suspensión se dio en la audiencia de juicio que, obviamente, corresponde a la fase de juicio del proceso penal, por lo que en dicha fase los días a computarse son los días hábiles, excluyendo los sábados, domingos, feriados y los días sin despacho, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 172.

Cabe destacar que, esta forma de computar los días en la fase de juicio, prevista en el  artículo 172 eiusdem, se aplica al lapso de los diez (10) días previsto en el artículo 335 de la norma penal adjetiva, relativos a la suspensión de la audiencia de juicio”.

Si al undécimo día a partir de la suspensión, contado del modo indicado, no se ha reanudado el debate, debe celebrarse de nuevo el mismo, conforme a la norma impugnada, considerada constitucional por esta Sala." Negrillas mías.

A mi criterio, el volver a empezar otra vez el Juicio Oral y Público como si fuera nuevo es una torpeza del legislador, ya que constitucionalmente está obligado el COPP a ser expedito, a no tener dilaciones indebidas, a responder con celeridad en este tipo de situaciones que retrasan nuestra administración de justicia. Porque es un tiempo sumamente valioso que se pierde y al dejar a la luz pública su destroza las defensas que beneficien a los acusados, ya que la manera natural y mejor de enfatizar las circunstancias escogidas para abordar la fundamentación y posturas de los argumentos y tácticas a seguir de una estrategia, quedarán en el aire, que ya el Juez de antemano las conoce, y que la solución constructiva de absolución que podemos hacer frente a la anticipación de nuestras tesis de defensa de fondo, de forma o por lo que fuere que hayamos presentado y formulado en un proceso penal formalmente incoado, que desestabiliza nuestro libre albedrío y nos ponen el dilema de hacer una ruptura mental de sumo cuidado y re-enfoque para obtener la liberación total del inculpado.

También, resulta perjudicial este entramado para la víctima y sus defensas, y la postura del titular de la acción penal que es el Fiscal del Ministerio Público, ya que se ve comprometida seriamente, porque si bien éste es cierto, ya concluyó su posición mediante su principal documento del proceso penal que es la acusación, que determinaba que tales ciudadanos son los que cometieron hechos punibles y que en el Juicio Oral y Público va a desarrollar sus respectivas estrategias para lograr condenarlos, el aprovechamiento que la defensa de ese acusado va a tomar y potenciar al máximo su derecho de escoger frente a las palabras dichas a la mejor contra argumentación verbal posible que pueda requerirse en la ulterior oportunidad cuando se vuelva a iniciar el Juicio Oral y Público. Todo esto en definitiva, resta lucidez, grandiosidad y hasta hace oscuro lo precioso de una oralidad empañada manchando el entusiasmo de los sujetos procesales que borran la imaginación de soñar, de exponer una primera vez en forma elegante, sobria y persuasiva, en contrapuesto con lo aburrido y hasta cansaría la historia que debemos recrear sin estímulos que pueden darse como respuesta frente a este gazapo legislativo que nos proyecta obligatoriamente en una reposición inútil a experimentar algo ya vivido, a veces sin probables diferencias.

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martes, 19 de abril de 2016

Bibliografia sobre el Proceso penal

Jurisprudencia Penal Constitucional - 2000-2015, Criterios de Derecho Penal Sustantivo de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Autores: Núñez, José - Fuenmayor G., Federico - Mila M., Frank, Editorial: Livrosca Editores, Caracas, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 718.

Principios de Derecho Ambiental, Autor: De los Ríos, Isabel, Año: 2016, Edición: Primera. Encuadernación: Rústico, Páginas: 264.

Cuestiones de Derecho Procesal Civil y de Derecho Civil, Autor: Pesci Feltri M., Mario, Editorial: Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 469.

La Necesaria Reforma del Código de Procedimiento Civil, Autor: XLI Jornadas J. M. Domínguez Escovar, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 224.

Mala Praxis Médica en Venezuela, Autor: González Horganero, Violeta, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 204.

Proceso Penal Democrático, Autor: Monagas Rodríguez, Orlando, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 280.

El Tratamiento de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en la Legislación Venezolana, Autor: Gerbasi, Gonzalo, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 282.