lunes, 31 de agosto de 2015

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA PENAL VENEZOLANO CONFORME AL ARTÍCULO 41 DEL COPP RELATIVO AL ACUERDO REPARATORIO, CUYA NATURALEZA ES NETAMENTE MERCANTIL

Por Carmine Romaniello

En este momento histórico en el que vivimos, se han generado diversos conceptos sobre el acuerdo reparatorio. Eminentes juristas, de la talla de Grisanti Aveledo, Arteaga Sánchez, Binder, De lima y otros tantos, han contribuido a la definición del acuerdo reparatorio, de manera que, realmente es hora, de explicar y aplicar su verdadera naturaleza jurídica, para así cumplir con el auténtico legado del legislador en cuanto a esa figura jurídica se refiere; su alcance y aplicación.

El acuerdo reparatorio es un convenio, que puede celebrarse entre la(s) víctima(s) de un determinado tipo de delito, solo de carácter patrimonial; donde, el imputado o imputados, que hubieren participado en la transgresión tipo, con el objeto de que el o los acusados se obligue(n) a satisfacer la responsabilidad civil resultante del quebrantamiento; y que, el inculpado(s) se obligue a pagar los daños.

Esta figura  jurídica es aplicable solamente en los casos cuyo delito no afecta bienes indisponibles por su naturaleza, como lo es la libertad. 

Esta figura jurídica, debe expresar la manifestación de voluntad libre y consciente, entre el imputado y la víctima, mediante la cual, se llega a una resolución del conflicto, sobre el daño causado por el hecho punible, y examinarlo, evaluarlo y realizar un análisis que comprenda no sólo el cumplimiento de los requisitos que contempla la ley, previo a ser homologado por el Juez antes de la sentencia definitiva.

De acuerdo al Magistrado Jorge Rosell, en la Sentencia N° 543, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el propósito de los acuerdos reparatorios radica en el interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo reparatorio, tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos.

La figura de los acuerdos reparatorios, introducida con el cambio del sistema penal, se considera como una forma de auto-composición procesal de las partes, en la cual se afecta menos la integridad humana y se evita la estigmatización del “imputado” y se ofrece a la “víctima” una respuesta de tipo económica que de alguna manera le permite subsanar el derecho infringido, catalogado en una norma como delito.

NATURALEZA JURÍDICA 

Para el caso de la resolución alterna de conflictos en materia penal, se refiere a mecanismos incorporados al sistema penal a través del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.), donde se le da protagonismo a las partes en la resolución de sus conflictos, lo que constituye una expresión de la existencia de una sociedad democrática, por lo cual la resolución alterna tiene una serie de atributos y ventajas para el Estado en el sentido de, mitigar, procesos que pueden ser evitados a través de la auto-composición procesal de las partes; y para la sociedad, debido a que, en verdad resuelve el conflicto, pues se le devuelve su protagonismo en el proceso penal. En tal sentido, se observa que aún cuando hay la existencia de normas jurídicas reguladoras para la solución de conflictos, las formalidades que las recubren impide el  flujo normal, natural y armónico que debe imperar entre las partes involucradas en el conflicto; cuando el imputado real y efectivamente, no pretende reconocer el daño ocasionado, a lo largo del tiempo, y reparar el mismo en su totalidad. 

La idea del monopolio de la acción penal por parte del Estado, a través de la apropiación que ejerce sobre ella, está siendo cuestionada al buscarse otras formas diferentes para tratamiento del asunto; pues en muchas ocasiones, el Estado ha sido el proveedor social de una violencia particular. Aunado a ello, la etapa también ha fracasado, al subrogarse el interés de la víctima, ya que su ejercicio, no ha sido totalmente efectivo, ya que la naturaleza del acuerdo reparatorio, es considerada por el estado de carácter penal, sin distinguir por parte del mismo, que realmente la ejecución de tal figura jurídica, se realiza ante un tribunal penal, pero como una falsa premisa, ya que su naturaleza es mercantil. Ejemplo de ello lo es, el proceso de estimación e intimación de honorarios profesionales del abogado revocado, a quien no le han sido satisfechas su prestación.

Es decir, no necesariamente todo delito o falta debe generar una acción penal que culmine en una pena, sino que habrá asuntos excepcionales que deberán obviamente tratarse de manera diferente, para la resolución de conflictos. Todo lo anterior de conformidad con el único aparte del artículo 258 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que ordena, la ley proveerá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos (Rossell, 2001). En Venezuela, la inaccesibilidad y lentitud de los sistemas judiciales, la desconfianza en sus procedimientos, y las dudas sobre la idoneidad de sus resultados contribuyen a la percepción negativa del sistema penal. Es por ello, que tanto el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y la admisión de los hechos, previstos en el C.O.P.P., se advierten como medios alternativos, para la resolución de conflictos que tienen un papel fundamental en los esfuerzos por mejorar no sólo el funcionamiento de los sistemas judiciales, sino también la convivencia social (Moreno, 2007).

Se trata entonces de no tener que llegar a la instauración de un juicio el cual puede tener larga duración por las etapas por las cuales hay que discurrir, y el costo que para las partes y para el Estado venezolano representa, en particular, por el hecho que en estos últimos años, realmente ha habido un incremento excesivo y desmesurado de la delincuencia, debido a la impunidad continuada. 

Los  medios alternativos de resolución de conflictos en materia penal, logran el alivio, pero debe ser, sin impunidad por parte del estado; a la pesada estructura burocrática existente alrededor de la administración de justicia penal, se suma  pues, la carga procesal excesiva hace que el Poder Judicial descuide, sin quererlo, otros asuntos de suma importancia y que no administre justicia de manera adecuada, oportuna y eficiente, ya que la demora en la ejecutoria de la causa, hace nugatorio los derechos de las personas, y así mismo de la sociedad y sus intereses; contribuyendo a no mantener la armonía social, y el bien común. 

Los acuerdos reparatorios, constituyen una forma de terminar un proceso, su naturaleza es que son convenios de carácter consensual, bilateral, de celeridad y economía procesal de esencia mercantil, en donde debe prevalecer el auto disposición del imputado (s)) a satisfacer en su totalidad los daños generados, como consecuencia a su conducta a la(s) victima(s), existiendo una mínima intervención del Estado.

- ES CONSENSUAL: PORQUE PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE CONVENIO SE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LAS PARTES, MANIFESTADO POR DOCUMENTO PUBLICO, EL CUAL DEBE SER LIBRE Y SIN APREMIO.  ESTE CARÁCTER CONSENSUAL DETERMINA LA INTENCIÓN DE LAS PARTES EN CELEBRAR UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SE VEN INVOLUCRADOS SUS INTERESES, Y ACEPTAR LAS CONSECUENCIAS DEL MISMO.

- ES BILATERAL: INTERVIENEN EN EL DIRECTAMENTE DOS O MAS PARTES, COMO VÍCTIMA(S) DEL O LOS DELITOS Y COMO IMPUTADO(S). 

- PROCURA LA CELERIDAD Y LA ECONOMÍA PROCESAL: UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO ES SIMPLIFICAR EL PROCESO PENAL, CONTRIBUYENDO EN LA CELERIDAD PROCESAL, Y DEL MISMO MODO PROCURAR PARA LAS PARTES UN BENEFICIO QUE EN EL CASO DE LA VÍCTIMA ES PATRIMONIAL Y QUE PARA EL IMPUTADO ESTARÍA EN EVITAR OTRO TIPO DE SANCIONES, LO CUAL NO DEBE DERIVAR EN IMPUNIDAD.

En síntesis de lo anterior y de conformidad con el único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ordena que la ley proveerá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. En Venezuela, la inaccesibilidad y lentitud de los sistemas judiciales, la desconfianza en sus procedimientos y las dudas sobre la idoneidad de sus resultados contribuyen a la percepción negativa del sistema penal venezolano. Es por ello, que tanto el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y la admisión de los hechos, previstos en el C.O.P.P., se prevén como medios alternativos para la resolución de conflictos que tienen un papel fundamental en los esfuerzos por mejorar no sólo el funcionamiento de los sistemas judiciales, sino también la convivencia social; pero sin que la sociedad pueda acumular más impunidad, debido a que, se pretenda, un resarcimiento incompleto, no cónsono con la realidad económica actual. De tal manera, que los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos buscan la humanización de las relaciones penales, evitándose llegar a los extremos que por otras vías de solución a dichos conflictos se llegue a la etapa de juicio, pues la altísima misión que debe consagrarse es movilizar el aparato de justicia como última ratio. Se trata entonces de no tener que llegar a la instauración de un juicio el cual puede tener larga duración por las etapas por las cuales hay que discurrir y el costo que para las partes y para el Estado venezolano representa. 

- LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO ES MÍNIMA: ESTE CARÁCTER VIENE DADO POR LA ESENCIA MISMA DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS Y DEL SIGNIFICADO QUE A ELLOS LES HA DADO LA LEY VENEZOLANA,  EN DONDE PREDOMINA LA AUTO-DISPOSICIÓN DE LOS AFECTADOS, SIN EMBARGO AUN CUANDO LA LEY OTORGA ESTA POSIBILIDAD, LA MISMA NO ES ABSOLUTA, YA QUE PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE LA OCURRENCIA DE CIERTOS SUPUESTOS, ASIMISMO; LA ACTUACIÓN DEL JUEZ ANTE LA PRESENCIA DE ESTA FIGURA NO ES SOLO PARA LA HOMOLOGACIÓN, PUES EL MISMO GOZA DE LA LIBERTAD DE EXAMINARLO, EVALUARLO Y REALIZAR UN ANÁLISIS QUE COMPRENDA NO SÓLO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE CONTEMPLA LA LEY, SINO DE CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE DIRECTA O PARALELAMENTE TENGA INCIDENCIA DENTRO DE LOS FINES QUE JUSTIFICAN LA EXISTENCIA DE DICHO CONVENIO PARA SU POSTERIOR VERIFICACIÓN. IGUALMENTE, CORRESPONDE AL JUEZ CONTRASTAR SU CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO Y TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES.

SUPUESTOS

Él artículo 41 del C.O.P.P, nos señala de forma expresa y precisa  los supuestos requeridos para la procedencia de los acuerdos reparatorios:

1.    El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial.

2.    Cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan ocasionado la muerte o afectado de forma permanente y grave la integridad física de las personas.

3.    El Consentimiento de las partes intervinientes en la celebración del convenio debe ser en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, lo cual tendrá que verificar el Juez.

4.    Opinión del Fiscal del Ministerio Público.

El acuerdo reparatorio trata de mejorar la situación del sujeto pasivo del delito, aunque también se ve beneficiado el sujeto activo o autor del delito, como quiera que se le da la posibilidad de llegar a una suerte de “arreglo” con la víctima, con el fin de reparar el daño cometido, con lo cual, el primero se evita ser condenado en un proceso penal (lo que implica que no sufrirá la pena ni quedará estigmatizado en razón de haber sido procesado), y el segundo obtiene justicia mediante una reparación, la cual ha de satisfacer en su totalidad  los pedimentos de quien, con la mayor buena fe asiente al perdón  del imputado, quién así lo debe sentir, para no continuar delinquiendo, y luego liberándose, con una insuficiente compensación monetaria.

El cumplimiento del acuerdo reparatorio, extinguirá la acción penal, es decir el ius puniendi, respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados o víctimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo.

Del análisis de la norma transcrita se observa, que los acuerdos reparatorios se pueden practicar solamente cuando han ocurrido uno de dos tipos de delitos, es decir, en delitos contra el patrimonio o delitos culposos contra las personas, (siempre que en estos últimos no se haya ocasionado la muerte o se haya afectado permanentemente o gravemente la integridad física de la persona). Otra característica que se desprende de la norma en comento, es que los acuerdos reparatorios se celebran entre la víctima y el delito.victimario libre y conscientemente del acto que van a realizar. Los acuerdos reparatorios suponen una serie de ventajas a través de él, las víctimas deben  recuperar el patrimonio perdido en su totalidad; se consigue indemnizar o compensar el daño que ha sufrido la víctima, se suprime la pena al autor y la sociedad no ve afectada su convivencia pacífica, se descongestionan los tribunales de justicia penal, así como las cárceles; se evita la impunidad; se le reconoce y se le otorga a la víctima un papel importante dentro del proceso penal, y se evita el conflicto interpersonal entre la víctima y el victimario. En otro orden de ideas se podría decir que la correcta y oportuna práctica de los acuerdos reparatorios, es una salida totalmente positiva al problema delictivo, donde el Estado tiene gran parte de responsabilidad, pero siendo la esencia de estos acuerdos el logro de la “conciliación” entre la víctima y el imputado, que les permite llegar a una solución por sus propios medios, sin intervención de un tercero, que es el Estado.

De acuerdo a los comentarios que trae el autor: Eric Lorenzo Pérez Sarmiento (2001, p. 53) en los “…Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal”, el acuerdo reparatorio es un convenio judicialmente aprobado en un proceso penal concreto, entre quien funge como imputado y la víctima o víctimas del delito juzgado, por lo cual el primero se compromete a satisfacer la responsabilidad civil proveniente de dicho delito, vale decir, que el imputado se obliga a pagar los daños materiales y morales, y los perjuicios que su acción delictiva haya acarreado. En este sentido y comoquiera que los acuerdos reparatorios constituyen una forma de tratamiento de la Responsabilidad civil proveniente del hecho ilícito, este comentarista considera que a los efectos de este artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de las facultades del juez está conocer y examinar cualquier alegato que se funde en los supuestos del Código Civil, en cuanto sean aplicables. Estos alegatos pueden provenir del imputado o de la víctima o del fiscal, quien tratándose de acuerdos que pueden extinguir la acción penal no puede ser el juez un convalidado de piedra en los acuerdos reparatorios, ya que pudiera existir intereses sociales lesionados con dichos acuerdos. Porque el acuerdo reparatorio no es un contrato civil, pues no se asienta en la autonomía de la voluntad de los pactantes, sino, por el contrario, en la constricción de la persona del imputado por el presagio de punición que el proceso penal entraña. Por esta razón, el Juez debe siempre comprobar que respecto al imputado concurran efectivamente los elementos de convicción que permitan considerarlo incurso en el reato de marras, porque de lo contrario estaríamos convalidando el hecho injusto de la extorsión disfrazada de convencimiento judicialmente aprobado. 

Es importante resaltar, que solo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento del anterior suscrito. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevara un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les hayan sido aprobados acuerdos reparatorios y la fecha de su realización.

En caso de que este, se efectué después que el Fiscal del Ministerio Público haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se requerirá que el imputado, en la audiencia preliminar o antes de la apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos objeto de la acusación.  De incumplir el acuerdo, el Juez pasará a dictar sentencia condenatoria, conforme al procedimiento por admisión de los hechos, pero sin la rebaja de pena establecida en el mismo.

INCUMPLIMIENTO

La ley establece en su artículo 42 los efectos que produce el incumplimiento de un acuerdo reparatorio, en tal sentido señala: Que el incumplimiento dará lugar a la continuación del proceso. Sobre este aspecto hay que determinar lo siguiente:

- Si el acuerdo ha de cumplirse condicionado a plazos o dependiente de un hecho  o conductas futuras, el proceso se suspende hasta la reparación efectiva o  el cumplimiento total de la obligación, llegado esto se procederá a declarar el sobreseimiento, por extinción de la acción penal, fundamentada en el Art. 49 numeral 6 del C.O.P.P. La suspensión de este proceso no podrá exceder de tres meses, por lo que se entiende que el plazo para el cumplimiento de dichos acuerdos no puede exceder de ese tiempo.

- En todos los casos, si el imputado incumple y ha realizado algunos pagos y prestaciones producto de su obligación estos no serán restituidas.

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.

Esta figura aparece como otro de los medios alternativos a la prosecución del proceso. Hay quienes consideran que la suspensión condicional del proceso es un beneficio que se le otorga al imputado, ya que este consiste en suspender un proceso penal cuando el imputado que lo solicite cumpla con una serie de condiciones determinadas por la ley. Se encuentra regulado en el Artículo 44 y siguientes del C.O.P.P.

REQUISITOS:

Como se señalo anteriormente, el imputado es quien solicita la aplicación de este medio, pero la ley para su procedencia ha establecido una serie de requisitos que se deben llenar estos son:

- El delito cometido debe ser leve, y cuya pena no exceda de tres años en su límite máximo. Ejemplo de algún delito aplicable a tal caso la Apropiación indebida por medio del abuso de una firma en blanco Art. 469 del C.P.

- El imputado debe admitir los hechos que se le atribuyen.

- Debe tener buena conducta predelictual, es decir no debe ser un reincidente.

- No estar sujeto a esta medida por otro hecho.

Importante

Para la comprobación de estos dos últimos requisitos el Juez solicitará el registro automatizado que ha dispuesto el Tribunal Supremo de Justicia para verificar si al imputado se le ha aplicado esta suspensión por otros hechos.

- El  imputado presenta la solicitud, la cual deberá contener:

 1. - Una oferta de reparación del daño causado por el delito, que podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado, y de las consecuencias generadas a saber: honorarios profesionales de abogados, indexación monetaria actualizada, pago de expertos.

2. - El compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le impondrá el tribunal.

- Posteriormente el Juez oirá a la víctima, al imputado y al Fiscal del Ministerio Público que haya participado en el proceso.

- Una vez escuchados todas estas partes, pueden darse dos situaciones:

a) Que no haya oposición de alguna de ellas, caso en el cual el Juez procederá a resolver el asunto, lo cual lo podrá hacer en la misma audiencia o a más tardar dentro de los tres días siguientes, esto si el imputado no estuviere privado de su libertad, porque en caso contrario deberá dictar la decisión dentro de un plazo no mayor de veinticuatro horas.

b) Que haya oposición de la víctima o del Fiscal del Ministerio Público, en esta situación  el Juez deberá negar la solicitud y del auto que dictamine esto no hay lugar al recurso de apelación, y se procede a ordenar la apertura del juicio oral y público. Si aprueba la suspensión debe acordar cuales son las condiciones a las que estará sujeto el imputado, asimismo señalará si aprueba o niega la oferta presentada por el mismo en su solicitud y los términos y condiciones allí especificados, igualmente fijará el plazo para el régimen de prueba que no podrá ser inferior a un año ni superior a dos.

- Cumplida todas estas formalidades comenzará a computarse el periodo de prueba. Finalizado el mismo, el Juez convocará a una audiencia, a todas las partes intervinientes (imputado-victima-ministerio público), con el fin de verificar el cumplimiento total, cabal y efectivo de las condiciones impuestas al imputado, si este fuere el caso.

- Una vez verificado todo el Juez decretará el sobreseimiento de la causa.

CONDICIONES:

            Las condiciones que deberá cumplir el imputado para la aprobación de esta suspensión y la posterior extinción de la acción penal se encuentran claramente especificadas en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, la aplicación de alguna de estas condiciones queda a discrecionalidad del Juez quien será el que estime cual de ella o ellas será la aplicable al caso. Estas condiciones son:

1 - Residir en un lugar determinado.

2. - Prohibición de visitar determinados lugares o personas

3. - Abstenerse de consumir drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de abusar de las bebidas alcohólicas.

4. - Participar en programas especiales de tratamiento, con el fin de abstenerse de consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de abusar de las bebidas alcohólicas.

5. - Comenzar o finalizar la escolaridad básica si no la tiene cumplida, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez.

6. - Prestar servicios o labores al Estado o instituciones de beneficio público.

7. - Someterse a tratamiento médico o psicológico.

8. - Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar, en el plazo que el tribunal determine, un oficio, arte o profesión, sino tiene medios propios de subsistencia.

9. - No poseer o portar armas.

10. - No conducir vehículos, si éste hubiere sido el medio de comisión del delito.

Estas condiciones no son taxativas, solamente enunciativas, cualquier otra, puede aplicar el Juez según el caso, además, la ley le otorga al Corregidor la facultad de aplicar otras condiciones diferentes a las señaladas.

EFECTOS:

Los efectos ya han sido señalados en el procedimiento, y se resumen en que si acordado esta alternativa de prosecución al proceso, cumplidos todos los requisitos legales, se decretará el sobreseimiento de la causa, conforme al artículo 300 del C.O.P.P. y basándose en el Art. 49 Ord.7.

REVOCATORIA:

Este constituye uno de los efectos que causa el incumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal al imputado en aplicación de la suspensión condicional del proceso. A este fin la ley consagra varios supuestos:

- El incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas dará lugar a la revocatoria del beneficio y en consecuencia se procederá a dictar sentencia condenatoria, con fundamento en la admisión de los hechos realizada por el imputado.

- El surgimiento sobre nuevos hechos que relacionen al imputado con otros delitos producto de la investigación llevada por el Ministerio Público, dará lugar a los efectos señalados anteriormente.

- Igual efecto surtirá en el caso de que el imputado sea procesado por la comisión de un  nuevo delito, una vez que ha sido admitida la acusación por el nuevo hecho.

- Al producirse la revocatoria de la medida, los pagos y prestaciones no serán restituidos.

Ahora bien, para decidir la revocatoria de la medida, el Juez deberá escuchar a la víctima, el imputado y al Fiscal del Ministerio Público y su decisión la hará mediante auto razonado. Sin embargo, el Juez tiene la alternativa, según sea el caso de acordar no la revocatoria, sino extender el plazo de prueba por un año más, para lo cual tendrá un informe del delegado de prueba y la opinión de las partes.

SUSPENSIÓN:

La prescripción consiste en la extinción que se produce de una obligación o acción  por el solo transcurso del tiempo. En este sentido en los casos en donde sé de un plazo determinado bien para el cumplimiento de un acuerdo reparatorio o bien para el cumplimiento de alguna condición producto de la aplicación de la medida de suspensión condicional del proceso, ese tiempo que no puede ser mayor de tres meses para el primero de los casos y de un año o dos para el segundo, no se toma en cuenta para él computo de la prescripción de la acción penal, sino que  por el contrario queda ésta suspendida.Articulo 48. Suspensión de la prescripción:  Durante el plazo del acuerdo para el cumplimiento de la reparación a que se refiere el artículo 42 y el periodo de prueba de que trata el artículo 45, quedará en suspenso la prescripción de la acción penal.

DE LA CONDENA:

Siempre el Juez penal EXIME al imputado(s) del pago de las Costas Procesales, conforme al artículo 26 de la CRBV, pero craso error es el que comete, ya que hay una diferencia vital e importante entre costos y costas. Exime de las costas que son del estado, en este caso, lo cual está bien constitucionalmente, pero jamás podrá eximir de los costos, que en este caso específico representan, los honorarios del abogado que concurrió, como profesional, para la solución del conflicto; igualmente, hay que añadir el pago del o los expertos que al efecto, deben concurrir a la causa, para presentar su informe, en relación al quantum del daño causado; y a reparar por parte del o los imputados.

En materia penal-militar

Ahora bien, la legislación penal militar venezolana tipifica como delito en su artículo 570 ordinal 1º la acción cometida por cualquier persona dirigida a sustraer fondos, valores o efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, debiéndose entender por sustraer, según el Tratadista Mendoza Troconis, el hurto o robo con fraude. Desde la perspectiva del referido autor la persona (militar o civil), que sustrajere fondos, valores o efectos pertenecientes a la institución armada, hurta o se apropia indebidamente de ellos, atentando contra la Administración Militar, afectando la capacidad operativa de la Institución armada.

En este sentido, los bienes jurídicos disponibles, contra los cuales se ha cometido un hecho punible, que afectan el derecho de propiedad, dando el legislador la posibilidad a través de las Formulas Alternativas a la prosecución del proceso como figuras de auto composición procesal, específicamente los Acuerdos Reparatorios, la posibilidad de restablecer el daño causado al particular a quien se le vulneró el derecho de propiedad por parte de su victimario.

Adicionalmente a ello el imputado podrá tener hasta tres meses para cancelar el monto establecido en el acuerdo reparatorio, su incumplimiento trae como consecuencia la imposición inmediata de la sentencia, y de cumplirse con lo pactado en el acuerdo reparatorio se extingue la acción penal.

Este concepto entendido de manera amplia, comprende tanto los bienes tangibles e intangibles que lo componen. En este sentido, el numeral 1º del artículo 4 de la Ley Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.637 de fecha 07 de abril de 2003, establece que es patrimonio público el que por cualquier título le pertenezca a los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.

Entre estos bienes se encuentran todos aquellos asignados a la Fuerza Armada para dar cumplimiento a su misión Constitucional de garantizar la Seguridad y Defensa de Nación, razón por la cual no pueden ser considerados bienes jurídicos disponibles, ya que son bienes que por su naturaleza no pueden ser objeto de actos jurídicos donde intervenga la voluntad de los particulares.

Es por lo planteado anteriormente, que en la jurisdicción penal militar no son procedentes los acuerdos Reparatorios cuando el hecho recaiga sobre fondos, valores o efectos asignados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por no ser bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial.En síntesis lo que ha habido a lo largo del tiempo ha sido una falsa interpretación de los artículos 41 y 42 del C.O.P.P., lo cual de una correcta aplicación de la hermenéutica jurídica se desprende a cabalidad lo supra enunciado por el infrascrito CARMINE ROMANIELLO, quién haciendo cabos al autor y experto en esa materia. 

INTERPRETACIÓN DEL ACTO JURÍDICO Y CORRECCIÓN HERMENÉUTICA. AUTOR: FRANCESCO PETRILLO. EDITORIAL G. GIAPPICHELLI. TORINO. PAG. 229.

“…La interpretación del denominado derecho objetivo, se ha limitado sólo al texto escrito de la ley - entendida, a su vez, como un acto jurídico declarativo – e interesada sólo en la parte declarativa y procesal de los actos llevados a cabo en las distintas disciplinas jurídicas. Ésta ha sido preferida exclusivamente a la interpretación  de la intención del sujeto del que emana el acto. Se ha llegado, de esta manera, también en el mismo positivismo jurídico, a relegar a un segundo plano cada vez más marginal incluso a las tradicionales distinciones - cánones hermenéuticos de la tradición dogmática - entre: a) La interpretación literal, basada en el análisis de las palabras en el texto de la ley, con respeto de las reglas semánticas y sintácticas; b) la interpretación histórica, basada en el análisis y reconstrucción espacio-tiempo del proceso de formación del texto normativo, en relación al tiempo en el que fue emanado; c) interpretación lógico-sistemática-teleológica, basada en la investigación del significado del texto de la ley en consideración del sistema integral lógico-normativo, entendido en su totalidad, con el objeto de lograr descubrir la finalidad del texto jurídico…”

Para concluir, el acuerdo reparatorio, es una figura jurídica de naturaleza mercantil, que convierte al juez penal, en mercenario, al momento del trámite de instrucción del mismo; por consiguiente, es menester que en los acuerdos reparatorios, deben cumplirse obligatoriamente las sugerencias jurídicas plasmadas supra, con el fin de no engañar, ni trasgredir el espíritu, propósito y razón, que tuvo el legislador, en el momento de instituir tan importante entidad, en el C.O.P.P.; igualmente  revisten fundamental importancia, los cumplimientos propuestos, ya que es capital para la sociedad venezolana, que no haya permanente y continuada  impunidad; cualquiera sea la razón invocada.

lunes, 17 de agosto de 2015

Máximas de Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal

Sentencia N° 263 del 5 de mayo de 2015, N° de Expediente: C14-301, Tema: Recurso de Casación, Materia: Derecho Procesal Penal, Asunto: Condición especial del Recurso de Casación - Requisitos:

"El recurso de casación goza de una condición especial que obedece a su naturaleza de medio de impugnación extraordinario, lo que limita su admisibilidad a la comprobación de ciertos requisitos, que más allá de una mera formalidad, constituyen una garantía tanto para las partes como para el Estado.

El primero de tales requisitos se refiere a la legitimación activa y se encuentra en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, que reconoce a las partes explícitamente señaladas, el derecho a recurrir en contra de las decisiones judiciales. Especificando que por el imputado podrá recurrir el defensor, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa.

El segundo requisito lo constituye la tempestividad del recurso, que el artículo 454 de la ley adjetiva penal limita al:

“… plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado…”.

El tercer requisito obedece al principio de impugnabilidad objetiva reglado en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual:

“Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.

Y a tal efecto, de la citada disposición legal se colige, en sentido estricto, que un recurso será admitido cuando la decisión que se pretende enervar sea recurrible por el respectivo medio de impugnación, y en virtud de los motivos que contiene la normativa legal.

Advirtiendo que la facultad de las partes para recurrir de las decisiones judiciales, no debe ser entendida como el derecho a ejercer el recurso o actuación que se estime más aconsejable o conveniente, sino aquél que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto.

En este orden, el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal identifica taxativamente las decisiones que son recurribles ante la Sala de Casación Penal, señalando particularmente:

“El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las corte de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites. Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior”.

Debiéndose cumplir, en todo caso, con la adecuada fundamentación del recurso para ser admitido.

Por último, la Sala debe verificar la debida fundamentación del recurso, conforme lo dispone la parte in fine del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, de allí que deba ser interpuesto:

“… mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”.

Requisito que a su vez estatuye el artículo 452 del citado texto jurídico procesal penal, así:

“El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación…”."

Falta de motivación de la sentencia:

"...la Sala debe precisar que la impugnación de los vicios que censuran la motivación de las sentencias, por los motivos de falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, impone al recurrente desarrollar sus motivos en falta, contradicción o ilogicidad de la motiva.

Debe indicarse que la falta de motivación se patentiza cuando las cortes de apelaciones omiten resolver las delaciones expresadas en el recurso de apelación o cuando su dictamen no resuelva el fondo de tales señalamientos, siendo infundadas aquellas denuncias que pretendan impugnar de manera genérica la motivación de la sentencia..."

Sentencia N° 260 del 4 de mayo de 2015, N° de Expediente: C14-501, Tema: Recurso de Casación, Materia: Derecho Procesal Penal, Asunto: Errónea interpretación de una norma:

"... esta Sala ha señalado que para denunciar mediante el recurso de casación la errónea interpretación de una norma, debe ponerse de manifiesto, en primer lugar, cuál fue la interpretación dada a la misma por parte de la recurrida, por qué (en criterio de quien recurre) fue erradamente interpretada la mencionada disposición, cuál es la interpretación, que a juicio del denunciante, debe dársele y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo recurrido, a los fines de poder determinar si efectivamente, se afectó de manera determinante la resolución del caso que hiciera procedente su declaratoria de nulidad o si constituyó la violación de algún derecho o garantía legal o constitucional..."

La Sala de Casación Penal no puede inferir o interpretar las pretensiones de los accionantes:

"La Sala de Casación Penal no puede inferir o interpretar las pretensiones de los accionantes, pues son ellos quienes deben fundamentar de manera precisa y clara los requerimientos que esperan sean resueltos."

Sentencia N° 258 del 4 de mayo de 2015, N° de Expediente: C14-308, Tema: Recurso de Casación, Materia: Derecho Procesal Penal, Principio de utilidad del recurso:

"...de acuerdo al principio de utilidad del recurso, en la denuncia se debe especificar el efecto o trascendencia que debe tener el motivo denunciado, que haga susceptible la modificación del dispositivo de la sentencia.

Por ello, no basta la indicación de la norma y del vicio para impugnar la decisión, sino que se hace imprescindible la explicación precisa y clara del motivo, cómo o de qué manera incurrió la Alzada en el vicio denunciado, a fin de delimitar el análisis del error alegado, y así verificar la trascendencia del punto o aspecto impugnado, precisando cómo tendría efecto en el dispositivo del fallo..."

Sentencia  N° 252 del 4 de mayo de 2015, N° de Expediente: R15-70, Tema: Delitos, Materia: Derecho Penal, Asunto: Gravedad de los delitos - configuración:

"...para que se configure la gravedad de los delitos, no sólo hay que tomar en cuenta el quantum de la pena, sino que también hay que verificar el daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, la función que desempeñan en la sociedad y el medio para su comisión."

Radicación especial de los juicios por los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción y la delincuencia organizada:

"...la Sala de Casación Penal observa que, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, publicado el 19 de noviembre de 2014, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156, Extraordinario, fue dictado por el Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Habilitante, donde se creó la figura del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, órgano rector encargado de diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estratégicas del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción, para combatir, perseguir, sancionar, castigar y neutralizar dichos delitos.

Asimismo, el mencionado Decreto insertó la figura de radicación especial de los juicios por los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción y la delincuencia organizada, determinados en las investigaciones realizadas por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, donde expresamente indica que el Tribunal Supremo de Justicia, podrá radicar, todos esos juicios en la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas."

Sentencia N° 248 del 4 de mayo de 2015, N° de Expediente: C14-160, Tema: Casación, Materia: Derecho Procesal Penal, Recurso de casación - requisitos formales:

"...en materia procesal penal, el ejercicio del recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo.
Estos requisitos no se pueden tomar como meros formalismos, en virtud de que, por el contrario, su cumplimiento resulta esencial; a tal punto que la ausencia de cualquiera de ellos trae aparejada la desestimación del recurso de casación."

El recurso de casación está destinado a posibilitar la revisión de la sentencia de las Cortes de Apelaciones, con el fin de verificar la existencia de errores de Derecho cometidos por éstas:

"...reitera la Sala que nuestra norma adjetiva penal ha establecido una serie de formalidades mínimas para la correcta elaboración de un escrito recursivo de casación, como se dispone en el artículo 451, el cual establece de forma expresa que: “El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación”. Acorde con lo anterior, esta Sala considera que el recurso de casación está destinado a posibilitar la revisión de la sentencia de las Cortes de Apelaciones, con el fin de verificar la existencia de errores de Derecho cometidos por éstas, de allí precisamente que el impugnante que acude a esta vía no puede pretender utilizar el recurso de casación como una tercera instancia para expresar su evidente descontento con el fallo que le adversa, sin exponer razones de derecho distintas a las del recurso de apelación, debiendo versar únicamente sobre vicios propios de la alzada, que en definitiva es el fallo que corresponde revisar en esta etapa del proceso."

Sentencia N° 246 del 4 de mayo de 2015, N° de Expediente: CC15-128 de Tema: Competencia, Materia: Derecho Procesal Penal, Competencia subsidiaria:

"En el presente caso, se observa que se está es presencia de una competencia subsidiaria, que es aquella que el legislador establece cuando no se puede determinar el lugar de comisión del delito, pues, ni de la querella, ni de las actas que conforman el presente expediente se desprende el lugar de comisión de los ilícitos penales; sin embargo, se evidencia que existe una serie de documentos autenticados ante la Notaría Cuarta del Municipio Girardot del estado Aragua, en consecuencia y por mandato del numeral 1 del artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando no conste el lugar de la consumación del delito, el tribunal competente para conocer será donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del autor."

miércoles, 12 de agosto de 2015

Máximas de Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal

Sentencia N° 184 del 17 de abril de 2015, Expediente: C14-423, Tema: Casación, Materia: Derecho Procesal Penal, Asunto: Contestación del recurso de casación - Notificaciones de los actos procesales:

"...la contestación del recurso de casación establece la oportunidad para proponer las alegaciones necesarias que permiten contradecir los argumentos planteados en el recurso de casación, facultad que si bien es potestativa de los actores en el proceso, no representa una mera formalidad, pues constituye una garantía que rige el debido proceso derivada del principio de defensa e igualdad entre las partes.

Debiendo la Sala reiterar que las notificaciones de los actos procesales, cualquiera que estos sean, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal manera que quedara inequívocamente acreditado en autos que las partes tengan conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de las consecuencias jurídicas, como garantía de que el proceso no sufra demoras indebidas, ni contravenciones de los derechos de las partes.

Destacándose además que cuando las sentencias emitidas por las Cortes de Apelaciones ordenen su notificación, constituye un requisito indispensable verificar su efectiva realización, pues esto permite establecer la tempestividad del recurso de casación, y computar el lapso de quince (15) días a partir de que conste en el expediente la última notificación de las partes. "

Modo, forma y tiempo conforme a los cuales debe ser presentado el recurso de casación - Legitimación:

"...en cuanto al modo, forma y tiempo conforme a los cuales debe ser presentado el recurso de casación, este requiere ser interpuesto a través de un escrito fundado, consignado ante las cortes de apelaciones y dentro de un plazo de quince (15) días luego de publicada la decisión correspondiente; excepto cuando el acusado se encuentre privado de libertad, caso en el cual comenzará a correr a partir de la notificación personal o en aquellas situaciones donde se procesan varias personas, que debe computarse una vez realizada la última notificación de estas, o bien de su representante legal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 454 del texto adjetivo penal.

Siendo necesario precisar que a la luz del artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, la legitimación constituye un requisito de admisibilidad de todo recurso. En consecuencia, únicamente podrán recurrir contra las decisiones expedidas por los órganos jurisdiccionales, las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho."

SENTENCIA: “En el proceso penal todas las decisiones dictadas en audiencia deben ser debidamente motivadas en un auto fundado que se dicte en extenso”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Finalizada la audiencia constitucional después de oír a las partes y luego del análisis de autos, esta Sala pasa a pronunciarse respecto de la procedencia de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por los abogados Jesús Orángel García, María Alejandra Escalona Carrera y Gustavo Manuel Álvarez Ramírez, actuando como defensores del ciudadano Ismael Pérez Torrealba, previas las siguientes consideraciones:

Observa la Sala que, en este caso, se desprende de autos que la pretensión de la parte accionante es impugnar por vía del amparo constitucional la decisión dictada el 11 de junio de 2013 por la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible por intempestiva la apelación interpuesta por los defensores del ciudadano Ismael Pérez Torrealba, contra el auto de apertura a juicio con fecha 1 de marzo de 2013, respecto de las decisiones pronunciadas en la audiencia por el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 1 de marzo de 2013, en la causa penal seguida contra el mencionado ciudadano, acusado por la presunta comisión del delito de falsificación de moneda, previsto y sancionado en el artículo 298 del Código Penal.

Asimismo, observa la Sala que la denuncia fundamental en la referida pretensión es la presunta violación de los derechos del accionante a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la doble instancia, previstos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la sentencia accionada, al declarar inadmisible por extemporánea la apelación interpuesta contra el auto de apertura a juicio con fecha del 1 de marzo de 2013, respecto de las decisiones pronunciadas en la audiencia preliminar el 1 de marzo de 2013 por el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta de la acusación fiscal y de la “experticia documentológica (sic)” admitida en esa oportunidad, en la causa penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de falsificación de moneda, previsto y sancionado en el cardinal 3 del artículo 298 del Código Penal, el cual, según el accionante se encuentra derogado, a partir de lo cual denunció la violación del orden público constitucional, en tanto se le estaría juzgando por un delito inexistente.

De igual forma, el accionante denunció que el 13 de marzo de 2013 mediante diligencia, sus defensores se dieron por notificados del auto de apertura a juicio -dejando constancia de que, justamente ese día, fue publicado dicho  auto contentivo del texto íntegro de las decisiones cuyo dispositivo fue proferido en la audiencia preliminar y que constan en el acta levantada al término de la misma- entre las cuales está la admisión de la acusación fiscal formulada en su contra y en el cual constaría la motivación de las decisiones apeladas,  por lo tanto aquel auto fue publicado con posterioridad al 1 de marzo de 2013, fecha indicada en el mismo, y como prueba de ello consignó en autos copia del asiento del Libro Diario llevado por el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente al 1 de marzo de 2013, en el cual no consta la publicación del auto de apertura a juicio.

En este sentido, agregó el accionante que el 21 de marzo de 2013, es decir, al cuarto día hábil siguiente la fecha en la cual se dio por notificado del auto de apertura a juicio, interpuso el recurso de apelación, por lo que, en su criterio, dicho recurso fue interpuesto de forma tempestiva.

Ahora bien, estima la Sala que el punto central de la controversia se centra en determinar la fecha de la publicación efectiva del auto de apertura a juicio para precisar la tempestividad del recurso de apelación interpuesto por el ahora accionante.

Para ello, la Sala revisó la totalidad de las actuaciones procesales de la causa penal que dio origen al fallo objeto del amparo, incluyendo los asientos del Libro Diario llevado por el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con el propósito de verificar si el auto de apertura a juicio fue publicado efectivamente en la fecha impresa en el mismo o bien con posterioridad.


Al respecto, se advierte que en el asiento número dieciocho (18) del Libro Diario del Tribunal de Control del 1 de marzo de 2013, correspondiente a la causa penal número 7313-06, consta expresamente que se realizó la audiencia preliminar, el dispositivo de las decisiones proferidas en esa oportunidad, que las partes quedaron notificados de lo decidido e, incluso, la orden de dictar el auto de apertura a juicio, pero no consta que en esa fecha se haya publicado este último.


Llama la atención de esta Sala que en el asiento número quince (15) del Libro Diario del 13 de marzo de 2013, consta que los defensores privados del accionante presentaron una diligencia, pero solo se indica que solicitaron “copias de la audiencia preliminar”, sin hacer mención del contenido principal de la misma que alude a dejar constancia de la fecha de publicación del auto de apertura a juicio y que se daban por notificados del mismo, razón por la cual se exhorta al Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que en futuros casos evite incurrir en este tipo de errores y ser exhaustivos en los asientos que se hacen en el Libro Diario.

De igual forma, que dicha diligencia, inserta en autos en copia certificada, fue recibida el 13 de marzo de 2013, debidamente firmada y sellada por la Secretaria del Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, pero no fue agregada a las actuaciones de la causa penal; sin embargo, fue consignada ante la alzada el 2 de mayo de 2013, oportunidad en la que el accionante se percató de la omisión del Tribunal de Control, tal como consta en la sentencia accionada.

Advierte la Sala que el Tribunal de Control así como omitió agregar a  las actas procesales de la causa penal la referida diligencia del 13 de marzo de 2013, no hizo referencia alguna a lo expuesto por los defensores sobre la fecha de publicación del auto de apertura a juicio, ni hizo la remisión posterior de la misma para que fuera incorporada al expediente, aun después de haber sido remitidas dichas actuaciones al Tribunal de Juicio como era debido.

En criterio de esta Sala, resulta evidente que estas irregularidades generan una duda razonable sobre la fecha cierta de la publicación del auto de apertura a juicio, pues a pesar de haber sido fechado el 1 de marzo de 2013, lo que hace presumir que fue dictado al finalizar la audiencia, no consta en el acta de la audiencia preliminar ni en el asiento del Libro Diario sobre la misma, que se haya publicado en esa fecha,  ni existe ningún elemento que dé certeza de ello.

De allí que la diligencia que presentó el accionante el 13 de marzo de 2013 constituye en principio una presunción juris tantum, que luego adquirió fuerza en tanto que no se puede verificar que la publicación se hizo el mismo día de la audiencia, es decir, el 1 de marzo de 2013, situación ésta que estaría lacerando derechos constitucionales del justiciable y de las partes en general, al no existir certeza sobre la fecha en la que se dio a conocer dicho auto y comenzaba a computarse el lapso de apelación.

Cabe destacar que el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal impone al juez la obligación de dictar en presencia de las partes la decisión de admisión de la acusación fiscal, y además prevé los requisitos del auto de apertura a juicio, pero no hace referencia a la oportunidad de la publicación del mismo.

Por su parte, el artículo 159 eiusdem hace referencia a los pronunciamientos y sus notificaciones, al señalar lo siguiente:

“Toda sentencia [para absolver, condenar o sobreseer. Artículo 157 eiusdem] debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas.
Los autos [para resolver sobre cualquier incidente. Artículo 157 eiusdem] que no sean dictados en audiencia pública, salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código”.

Para mayor entendimiento, es pertinente aclarar que el término “dictados” al que alude el artículo anterior, refiere a la acción de emitir un fallo, esto es, una sentencia o un auto, según sea definitiva o de fondo o incidental, lo que usualmente coincide con la publicación del mismo, pero no siempre es así, pues esta última hace público o da a conocer lo decidido y cómo tal es un acto posterior. De allí que el dispositivo de un auto puede ser pronunciado en audiencia y dictado su texto íntegro en la misma, pero puede ser publicado en otra fecha.

En el entendido de que la publicación es un requisito jurídicamente fundamental, pues da a conocer un acto jurisdiccional en su totalidad y que la fecha en la cual ello sucede crea certeza del inicio de sus efectos y de los lapsos de impugnación ordinarios y extraordinarios de dicho acto, el artículo anterior prevé que si un auto es dictado en audiencia debe ser publicado en la misma fecha, caso en el cual, según el artículo 159 eiusdem, no se requiere notificar a las partes en dicho supuesto, pero si, por el contrario, es dictado fuera de audiencia  y, en consecuencia, es publicado con posterioridad a la audiencia, debe ser notificado a las partes.

Sin embargo, el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal hace referencia general  a los plazos para decidir y expresamente señala que el Juez dictará las decisiones de mero trámite en el acto, que los autos y las sentencias definitivas que sucedan a una audiencia serán pronunciados inmediatamente después de concluida esta y que en las actuaciones escritas las decisiones se dictarán dentro de los tres (3) días siguientes.

A partir de dicha norma, resulta claro para esta Sala que dado el carácter expedito que la oralidad impone al proceso penal, como regla general las decisiones que comprenden los autos y sentencias definitivas serán pronunciados en la audiencia en su parte dispositiva y deben ser dictados en extenso después de concluida la audiencia, es decir, el Juez debe pronunciar en audiencia sus decisiones y enseguida, una vez concluida la misma, debe dictar el auto o sentencia, según se trate.

Con ocasión de lo anterior cabe destacar que, en el caso de la sentencia definitiva de juicio, el artículo 347 eiusdem dispone expresamente el momento en el cual se dicta la sentencia, la excepción y cuándo se hace la publicación, al señalar lo siguiente:

“Concluido el debate, la sentencia se dictará el mismo día. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, en la Sala se leerá tan solo su parte dispositiva y el Juez o Jueza expondrá sintéticamente, los fundamentos de hecho y derecho que motivaron su decisión. La publicación de la sentencia se llevará a  cabo, a más tardar, dentro de los diez días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva”.

Ahora bien, respecto de los autos dictados en la fase preliminar, específicamente el auto fundado cuyo dispositivo es pronunciado en audiencia y cuyo texto íntegro debe ser dictado inmediatamente finalizada la audiencia, el Código Orgánico Procesal Penal no prevé excepción alguna y no hace referencia a la oportunidad de la publicación, lo que hace suponer, en principio, que debe ocurrir en la misma fecha.

Sin embargo, aun cuando dicha norma indica que el auto debe ser dictado “inmediatamente finalizada la audiencia”, no determina con exactitud la duración de ese momento y no queda claro de cuánto tiempo dispone el Juez para dictar dicho auto, siempre dentro de la noción de que debe ser de inmediato.

De allí que esta Sala Constitucional, en cumplimiento de su obligación de resguardar los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, considera pertinente señalar que lo ajustado a derecho en los procedimientos penales, específicamente en la fase preliminar, es que, si en el acta de la audiencia preliminar el Juez de Control deja constancia de que todas las partes presentes quedan notificadas de las decisiones proferidas en la misma, el Tribunal debe indefectiblemente dictar y publicar el auto fundado en la misma fecha en la cual termina la audiencia y se firma el acta correspondiente, dejando constancia de dicha publicación en la misma, así como en el asiento que se haga en el Libro Diario sobre la audiencia, so pena de incurrir en la vulneración de tales derechos constitucionales.

Si por razones de complejidad del caso ello no es posible y el auto fundado es dictado y publicado con posterioridad a la fecha de finalización de la audiencia, no debe exceder el lapso de tres (3) días siguientes a la misma, en aplicación de lo previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal para los autos que deciden las actuaciones escritas, con el propósito de garantizar el carácter expedito del proceso penal. En este caso, el Tribunal de Control siempre debe notificar a las partes de dicha publicación y, en este sentido,  puede hacerlo en la audiencia informando a las partes que el auto será publicado en ese lapso; sin embargo, en el supuesto de que el auto sea publicado fuera del lapso de los tres (3) días aludido deberá indefectiblemente practicar la notificación de las partes para, de esta forma, dar certeza del inicio del lapso de apelación  y asegurar los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del justiciable.
Al respecto, advierte la Sala que, en la causa penal primigenia, el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas no dictó un auto en extenso contentivo de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron  todas las decisiones tomadas en la audiencia preliminar mediante las cuales se declaró, como punto previo, sin lugar la excepción opuesta por la defensa, prevista en el artículo 28, cardinal 4, letra “i” del Código Orgánico Procesal Penal, que refiere al ejercicio de la acción penal promovida ilegalmente por falta de requisitos esenciales de la acusación fiscal y la solicitud de sobreseimiento; acogió el delito de falsificación de monedas previsto en el artículo 298.3 del Código Penal; declaró sin lugar la nulidad de la experticia documentológica; y declaró sin lugar la nulidad absoluta de la acusación fiscal opuesta como excepción; y, en el punto primero y siguientes, admitió la acusación fiscal formulada contra el ciudadano Ismael Pérez Torrealba; admitió todas  las pruebas del Ministerio Público; decretó el sobreseimiento en cuanto al delito de lesiones personales leves; y ordenó el pase a juicio en la causa penal seguida contra el accionante, por la comisión del delito de falsificación de monedas, previsto y sancionado en el artículo 298, cardinal 3 del Código Penal.

Sin embargo, consta de las actas procesales que el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, luego de la audiencia preliminar, dictó el auto de apertura a juicio conforme a lo previsto en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal.

No obstante lo anterior, en este caso, la Sala observa que no pudo constatar con certeza la fecha exacta en la cual se publicó el auto de apertura a juicio y visto que la parte accionante se dio por notificada el 13 de marzo de 2013, tal como se pudo verificar del Libro Diario del Tribunal de Control aludido y que los días hábiles fueron el 14, 18, 19, 20 y 21 de marzo de 2013 - última fecha ésta en la que el accionante ejerció la apelación-, este recurso fue interpuesto de forma tempestiva y así debió declararlo la sentencia accionada.

Es por las razones expuestas que esta Sala considera pertinente reiterar que los jueces están en la obligación de preservar los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa del justiciable en la tramitación de la causa sometida a su conocimiento, bajo la irrestricta garantía de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En atención a lo expuesto, es por lo que  la Sala estima que la sentencia dictada el  11 de junio de 2013 por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas lesionó los derechos a la defensa, al debido proceso, a la doble instancia y a la tutela judicial efectiva del ahora accionante, al declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto tempestivamente; y así se decide.

Ahora bien, con respecto a la denuncia de que al accionante se le estaría juzgando por un delito inexistente, pues el tipo penal denominado falsificación de monedas, previsto en el cardinal 3 del artículo 298 del Código Penal se encuentra despenalizado y dicha norma derogada, la Sala estima que ello constituye la razón que motivó la solicitud de nulidad de la acusación fiscal formulada en la audiencia preliminar y, además, es uno de los aspectos impugnados en la apelación interpuesta contra la declaratoria sin lugar de esa petición, por lo que siendo así resulta un pronunciamiento de fondo que corresponde hacer a la Corte de Apelaciones que conozca de dicho recurso; y así se declara.

En consecuencia, se declara con lugar el amparo, se anula el fallo accionado y se ordena a otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal que dicte nueva sentencia y se pronuncie sobre la pretensión apelativa formulada por el accionante, conforme a lo dispuesto en el presente fallo. Igualmente, la Sala revoca la medida cautelar de suspensión de la causa penal seguida contra el accionante acordada en la sentencia de admisión número 1094 del 12 de agosto de 2014; y así se decide.

Sin embargo, en observancia del orden público constitucional no puede esta Sala pasar por alto que, de la revisión exhaustiva de las actuaciones penales, pudo advertir de oficio que las motivaciones de las decisiones que fueron pronunciadas en la audiencia preliminar, cuyo dispositivo consta en el punto previo del acta y que, además, no forman parte del auto de apertura a juicio, no constan en ningún auto, es decir, no fue dictado el fallo en extenso, quedando aquellas decisiones sin el debido fundamento de hecho y de derecho.

En otras palabras, el Juzgado Trigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas profirió en la audiencia preliminar como punto previo el dispositivo de las decisiones que, en este caso, aluden a la declaratoria sin lugar de la nulidad de la acusación fiscal y de la experticia practicada al papel moneda, así como a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas; sin embargo, el extenso de tales decisiones en la que se explanan las razones de hecho y de derecho no constan en ningún auto, incluso no fueron agregadas al auto de apertura a juicio.

Al respecto, es preciso señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, dichas motivaciones no forman parte del auto de apertura a juicio, por lo que no haberlas incluido no constituye un error del referido Tribunal de Control.

Advierte la Sala que, en este caso, así como en otros que han sido sometidos al conocimiento de esta, se ha podido apreciar que, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal prevé con claridad cuáles son los requisitos del auto de apertura a juicio, en ocasiones la motivación de las decisiones dictadas por el Tribunal de Control al finalizar la audiencia preliminar son incluidas en dicho auto y, en otras, se omite absolutamente  motivar dichas decisiones, como en este caso, lesionando los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los justiciables, bien porque se declaran inadmisibles las apelaciones interpuestas contra el auto de apertura a juicio cuando las contiene, por considerarlas erróneamente inapelables, o bien porque les impiden conocer los fundamentos de hecho y de derecho de tales decisiones esenciales para fundamentar el recurso de apelación.

Cabe destacar que en materia penal la apelación no se interpone de manera pura y simple sino, por el contrario, la pretensión apelativa debe ser fundada conforme lo exige el artículo 440 eiusdem, el cual expresamente prevé que el recurso de apelación de autos se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión.

De allí que resulta evidente que si las decisiones a las que se refiere el artículo 313 de la norma penal adjetiva sobre las excepciones, las medidas cautelares, entre otras, no son motivadas en un auto fundado, las partes no podrían fundamentar el recurso de apelación y ello sin lugar a dudas constituye un desmedro en sus derechos constitucionales que el juez debe preservar durante la tramitación del proceso penal.

Es preciso señalar que la omisión de motivar las decisiones constituye un vicio que afecta la validez del fallo y lesiona los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del justiciable.

El artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal expresamente exige al juez penal dictar las decisiones “mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad”.

Sobre este punto, la Sala en jurisprudencia reiterada ha insistido en que los jueces deben ineludiblemente cumplir con su obligación de motivar sus decisiones para garantizar de esta forma que los justiciables conozcan las razones de hecho y de derecho en los cuales se sustentó la decisión y que, en atención a ello, puedan fundamentar el recurso de apelación que a bien tengan interponer en defensa de sus derechos e intereses, como es requerido en materia penal y, en consecuencia, para resguardar los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes, a quienes en caso contrario se les estaría vulnerando tales garantías.

Puntualmente, la Sala ha sido constante en señalar que el debido proceso y el derecho a la defensa constituyen un verdadero “conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para las partes en un proceso, entre otros se encuentran el derecho que tienen a ser oídos, tener acceso al expediente, a la articulación de un proceso debido, a presentar pruebas, a una decisión de fondo expresa, motivada y fundada en derecho, de acceder a los recursos legalmente establecidos, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho de acceso[a la] justicia, entre otros” (Vid. Sentencia  1.628/2007).

Por tal motivo, esta Sala considera que los Tribunales de Control deben siempre dictar y publicar un auto fundado en extenso en el cual consten la narrativa, la motivación y el dispositivo de las decisiones pronunciadas en cada audiencia,  el cual será diferente al auto de apertura a juicio que se dicta con posterioridad a aquel en la fase preliminar del proceso, en aras de permitir el orden procesal necesario para garantizar el ejercicio de los aludidos derechos constitucionales de las partes.

Por otra parte, según el artículo 314 eiusdem, cuando la acusación sea admitida y se haya ordenado pasar al juicio oral y público, el Tribunal de Control deberá dictar el auto de apertura a juicio, el cual debe contener exclusivamente los requisitos que se especifican en dicha norma y  sólo es apelable respecto de las pruebas inadmitidas o ilegales admitidas, en cuanto contradiga lo decidido en el auto fundado sobre este aspecto.

De conformidad con las previsiones del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal de Control en la audiencia preliminar pronunciará ante las partes las decisiones y al finalizar la misma en ese acto o de forma inmediata (artículo 161 eiusdem) debe dictar y publicar el auto fundado que prevé el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 157, con todas sus partes: narrativa, motiva y dispositiva, contentiva de todas las decisiones tomadas en la audiencia conforme a lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual constituye un cuerpo diferente, en primer lugar, del acta que se levanta y firman los presentes al final de la referida audiencia según lo previsto en el artículo 153 eiusdem, que constituye  un documento en el cual sólo se deja constancia de lo ocurrido en audiencia, que no es una sentencia o un auto y, como tal, no es apelable, aunque en ella se relacionen o pronuncie el dispositivo de las decisiones tomadas en esa oportunidad y que luego deben ser plasmadas y motivadas en el texto íntegro del auto fundado mencionado al inicio, el cual sí es susceptible de ser apelado; y, en segundo lugar, del auto de apertura a juicio que se dicta posteriormente en un documento aparte cuando en aquel auto fundado se ordena que la causa pase a juicio y, como se indicó, debe reunir los requisitos previstos en el artículo 314 de la norma procesal penal.

De allí que el Tribunal de Control al final de la audiencia preliminar deberá ineludiblemente, además de  levantar el acta de la audiencia preliminar donde deben constar las decisiones pronunciadas en esa oportunidad, la cual es inapelable, deberá dictar en la audiencia o de forma inmediata, el auto fundado en su texto íntegro con la narrativa, la motivación y la dispositiva que se pronunció en la audiencia en presencia de las partes. Este  auto fundado es apelable conforme a lo dispuesto en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal.


Como ya se indicó, si por razones de complejidad del caso ello no es posible y el auto fundado es dictado y publicado con posterioridad a la fecha de finalización de la audiencia, debe hacerlo en el lapso de tres (3) días siguientes a la misma, en aplicación de lo previsto en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, caso en el cual el Tribunal de Control debe notificar a las partes de dicha publicación y ello puede hacerlo en la misma audiencia, informando que el auto será publicado en ese lapso; sin embargo, en el supuesto de que el auto sea publicado fuera del lapso de los tres (3) días aludido deberá indefectiblemente practicar la notificación de las partes para, de esta forma, dar certeza del inicio del lapso de apelación y asegurar los derechos a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del justiciable.


Si así es ordenado en el auto fundado y, si fuere el caso, una vez decididas las apelaciones excepto la relativa a las medidas cautelares, el Tribunal de Control debe también dictar por separado el auto de apertura a juicio, dentro del lapso de tres (3) días ya aludido si así lo estima necesario, y previa notificación de las partes.

Ahora bien, en atención al principio ratione temporis, debe aclarar la Sala que la apelación que haya sido interpuesta, antes de la publicación del presente fallo, contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, ello con el objeto de garantizar el derecho a la defensa de las partes y la segunda instancia consagrada en esta materia por el legislador.

 Ello así, es preciso tener claro entonces que en el proceso penal el auto fundado que debe dictarse al finalizar la audiencia preliminar constituye un documento individual aparte y diferente del auto de apertura a juicio en una causa penal, pues como ya se indicó constituyen dos autos distintos.

En efecto, toda audiencia, excepto la de juicio,  terminará con un auto fundado dictado y publicado en extenso que deberá contener la motivación de las decisiones tomadas sobre los aspectos resueltos en la audiencia, que en el caso de la preliminar precederá al auto de apertura a juicio, el cual deberá dictarse con posterioridad si así corresponde.

Asimismo, en aras de evitar retardos procesales y asegurar la efectividad de las garantías procesales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la tramitación de las causas penales, debe esta Sala acotar que las partes deben esperar la publicación del texto íntegro del auto fundado dictado al finalizar la audiencia preliminar para proceder a interponer el recurso de apelación contra cualesquiera de las decisiones pronunciadas en la misma, dentro del lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, puesto que en el momento en que se dicte el texto íntegro del auto fundado, es cuando el acto decisorio se configura con todos los requisitos de validez intrínsecos que debe contener toda sentencia, en este caso, de naturaleza interlocutoria.

De allí que las apelaciones anticipadas, que se ejerzan antes de ser publicado el auto fundado en extenso, contra las decisiones tomadas en la audiencia preliminar que constan en el acta,  deben considerarse tempestivas pero no deben ser tramitadas hasta que se haya realizado dicha publicación y, en su caso, se haya practicado las notificaciones si así corresponde, aun estando las partes a derecho, si en el referido auto fundado el juez hubiere ordenado la notificación, debe cumplir con la misma, para otorgar certeza a todas las partes sobre el inicio de los lapsos establecidos para los actos siguientes.

De esta forma se asegura el orden y la economía procesal y se proporciona certeza y seguridad jurídica sobre el auto fundado y el auto de apertura a juicio aludidos en aras de garantizar  a las partes el ejercicio pleno del recurso de apelación y de sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Así se decide.

En este sentido, las Cortes de Apelaciones competentes en materia penal ordinaria así como en las materias especiales, incluyendo la Militar, como tribunales de alzada, deben estar atentas respecto de la admisibilidad de las apelaciones interpuestas contra el auto fundado dictado en extenso al finalizar la audiencia preliminar donde se motivan las diferentes decisiones pronunciadas en esa audiencia que son recurribles en apelación, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, como es el caso, entre otras, de la decisión que declara sin lugar la solicitud de nulidad, de conformidad con elin fine del artículo 180 eiusdem.

Como es evidente, cuando se presentan estas situaciones en esta fase del proceso penal se genera un desorden procesal que atenta contra el principio de la seguridad jurídica y contra los derechos al debido proceso, a la doble instancia, a la defensa de las partes y, en definitiva, contra la tutela judicial efectiva, derechos que esta Sala Constitucional está obligada a preservar.

Es por ello que esta Sala, cumpliendo con el deber previsto en el artículo 335 de la Constitución de garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales, específicamente de aquellas que prevén los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva que resultan lesionados en la situación descrita y como máximo y último intérprete de la Constitución, con el propósito superior de evitar que en el futuro se presenten este tipo de anomalías procesales y se lesionen los derechos del justiciable y de asegurar el orden público procesal en cuanto a las decisiones que se dictan en las audiencias, específicamente en la preliminar como último estadio de la fase intermedia del proceso penal, establece con carácter vinculante lo señalado en este fallo.

En virtud de lo anterior,  se ordena la publicación del presente fallo en el portal web de este Máximo Tribunal, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial del Poder Judicial, bajo el título “En el proceso penal todas las decisiones dictadas en audiencia deben ser debidamente motivadas en un auto fundado que se dicte en extenso”. Asimismo, se ordena la remisión de copia certificada a todos los Circuitos Judiciales Penales ordinarios y especiales de la República para el estricto cumplimiento del presente fallo. Así se declara.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley:

1.      Declara CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por los abogados Jesús Orángel García, María Alejandra Escalona Carrera y Gustavo Manuel Álvarez Ramírez, actuando como defensores privados del ciudadano ISMAEL PÉREZ TORREALBA, contra la sentencia dictada el 11 de junio de 2013 por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
2.  ANULA la sentencia  dictada el 11 de junio de 2013 por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
3.  ORDENA a otra Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a quien corresponda por distribución, dicte nueva sentencia conforme a lo dispuesto en este fallo.
4.      ORDENA la publicación del presente fallo en el portal web de este Máximo Tribunal, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial del Poder Judicial, bajo el título “En el Proceso Penal las Motivaciones de las Decisiones Dictadas en Audiencia deben estar Contenidas en un Auto Fundado que se dicte en Extenso”.
5.      ORDENA la remisión de copia certificada del presente fallo a todos los Circuitos Judiciales Penales ordinarios y especiales de la República para que den estricto cumplimiento al mismo.
6.      REVOCA la medida cautelar de suspensión de la causa penal seguida contra el accionante acordada por esta Sala en la sentencia número 1094 del 12 de agosto de 2014.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 21 días del mes de julio  de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación
La Presidenta,

Gladys María Gutiérrez Alvarado
   
         El Vicepresidente,


   Arcadio Delgado Rosales
                 Ponente

Los Magistrados y las Magistradas,


Francisco Antonio Carrasquero López


Luisa Estella Morales Lamuño


Marcos Tulio Dugarte Padrón

  Carmen Zuleta de Merchán
                                                         

 Juan José Mendoza Jover


El Secretario,                

  José Leonardo Requena Cabello

Exp. 13-1185
ADR/  

Expediente N° 13-1185
Quien suscribe, Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, concurre con la mayoría respecto del fallo que antecede que declaró con lugar el amparo interpuesto contra la decisión dictada el 11 de junio de 2013, por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que inadmitió por extemporánea la apelación interpuesta contra la decisión del 1° de marzo de 2013 del Juzgado Trigésimo Quinto de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que a su vez declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la acusación fiscal y de la experticia documentológica, sin lugar las excepciones y el sobreseimiento en cuanto a las lesiones personales leves, en consecuencia anuló el fallo accionado y se ordenó a otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal que dicte nueva sentencia y se pronuncie sobre la pretensión apelativa formulada por el accionante.
Se comparte el criterio expuesto en la sentencia conforme al cual se declara con lugar la acción propuesta, sin embargo, se difiere respecto a que en esa misma decisión, en atención a presuntas violaciones de orden público originadas por presuntas inmotivaciones respecto a las decisiones dictadas por algunos tribunales de control al finalizar la audiencia preliminar, se realicen otros pronunciamientos.
En el fallo del cual se concurre, se señala que conforme a lo establecido en la Ley Adjetiva Penal, la apelación no se interpone de manera pura y simple sino que debe ser fundamentada, de allí que si la decisión que resuelve las excepciones opuestas, las medidas cautelares entre otras, no son motivadas en un auto fundado, las partes no tendrían motivos para fundamentar su impugnación.
A juicio de quien concurre tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional han sido suficientemente claros en la necesidad de la motivación de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y que la consecuencia de incumplir esta obligación es la nulidad del fallo.
En este orden de ideas, el fallo que antecede indica que al finalizar la audiencia preliminar el juez de control debe dictar las decisiones respectivas, publicando el fallo fundado en esa misma oportunidad, decisión que debe contener todas sus partes “…narrativa, motiva y dispositiva…”, en un cuerpo diferente del acta que se levanta y del auto de apertura a juicio, señalando que el juez puede acogerse al lapso de tres (03) días para la publicación del extenso en caso de estimarlo prudente.
Asimismo se señala que el acta que se levanta en la audiencia preliminar que contiene las decisiones dictadas durante la misma, no es apelable, “…aunque en ella se relacione o pronuncie el dispositivo…”, ya que estos pronunciamientos deben estar contenidos en este nuevo instrumento decisorio que se debe dictar luego del acta de la audiencia y antes del auto de apertura a juicio y que en definitiva será el susceptible de ser recurrido mediante apelación.
Esta Sala ya ha advertido la existencia de ciertos pronunciamientos judiciales dentro del proceso penal distintos a los autos y sentencias en términos estrictos, tales como el que “…se dicta durante el desarrollo del proceso y resuelve una cuestión que en esencia no comporta un mero trámite o impulso procesal, ya que implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes -la admisión o no del recurso de apelación ejercido-, se sitúa en un punto intermedio entre las sentencias definitivas y los autos de mero trámite o sustanciación, también llamados providencias simples. Entra dentro de uno de los tipos de los denominados autos interlocutorios, a los cuales se les ha dado en llamar irregulares o encubiertos (doctrina y jurisprudencia uruguaya), puesto que bajo la apariencia de una providencia simple (una resolución de impulso procesal), en puridad tiene la misma naturaleza que una interlocutoria propiamente dicha…”. (Sent. 1661/2004 caso: Yoraco Bauza del Castillo y otros).
Así las cosas, a juicio de quien concurre, la decisión a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, -salvo las contenidas en los ordinales 2° (auto de apertura a juicio) y 6° (sentencia por admisión de hechos) que establecen expresamente sus procedimientos posteriores-, están constituidas por estos autos interlocutorios a que se refiere la sentencia señalada, que no constituyen un auto de mero trámite, en sentido estricto, pues no se limitan a determinar la continuación del proceso, pero tampoco constituyen una sentencia, sin embargo en virtud de su capacidad de causar un gravamen se permitió que sean recurribles en apelación.
En efecto, se estima oportuno traer a colación el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondiente a la fase intermedia y del cual se desprende las decisiones que  pueden ser dictadas finalizada la audiencia preliminar:
“…1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación de él o la Fiscal o de él o la querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible.
2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de él o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación fiscal o de la víctima.
3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley.
4. Resolver las excepciones opuestas.
5. Decidir acerca de medidas cautelares.
6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos.
7. Aprobar los acuerdos reparatorios.
8. Acordar la suspensión condicional del proceso.
9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral”.
Aprecia quien concurre que en el único supuesto en el cual le es dable al Juez de Control dictar una sentencia que contenga todas sus partes “…narrativa, motiva y dispositiva…”, tal como lo exige el fallo que antecede, es el supuesto establecido en el artículo 313.6 citado, es decir, cuando sentencie conforme al procedimiento por admisión de los hechos. En el resto de los supuestos, la manifestación del juez debe ser mediante auto fundado y en estos casos no existe mayor narrativa ya que el proceso mismo inicia en la audiencia preliminar.
Es así como el criterio contenido en el fallo del cual se concurre, es contrario a los principios básicos del proceso penal, el cual en fase intermedia, sólo permite por vía de excepción que el Juez de Control dicte sentencia; de allí que todas sus manifestaciones judiciales deben ser mediante autos bien sean de mero trámite o fundados, ello en atención a su facultad de controlar la investigación y la fase intermedia, por eso la obligatoriedad de elaborar decisiones que contengan todos los requisitos de una sentencia en los términos expresados en el fallo que antecede, es contrario al principio básico de celeridad procesal.
Adicionalmente se difiere del criterio establecido respecto a la notificación de la decisión dictada en la audiencia preliminar, cuando se señala que tal como lo dispone la ley adjetiva penal, las partes quedan notificadas de los pronunciamientos dictados en audiencias, sin embargo si el juez se acoge al lapso de (3) tres días para dictar el extenso del fallo conforme al artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, se exige que en este caso “…deberá indefectiblemente practicar la notificación de las partes…”.
Se estima oportuno señalar que esta Sala mediante sentencia 1005/2013 (Caso: Ninfa Denis Gavidia), hizo consideraciones con carácter vinculante respecto a la preclusión de los lapsos procesales, y en ella indicó que “… el Tribunal Superior debió acordar la notificación de las partes, a través de los mecanismos idóneos establecidos en el ordenamiento jurídico, ya que, en este caso, al haber sido acordada la prórroga, luego de vencido el lapso, las partes dejaron de estar a derecho, motivo por el cual, en dicho procedimiento se debió notificar a las partes involucradas para evitar su indefensión”. De la interpretación del referido  fallo se desprende que si las decisiones son dictadas dentro del lapso de Ley, no hay obligación de notificar y esta obligación sólo nace si se dicta fuera de lapso, interrumpiéndose con ello la estadía a derecho de las partes.
Es por ello que, sólo se debería aclarar al Juez de Control que en virtud de que todos los presentes en la audiencia quedan notificados automáticamente y si el juez se acoge al lapso de los tres (3) días, la estadía a derecho se mantiene por ese lapso. En este sentido, sólo si el extenso se dicta fuera de ese lapso es que se debe notificar. Ahora bien, si el juez por error indica que el fallo debe notificarse aún cuando las partes están a derecho, en este caso excepcional estará en la obligación de efectuar dichas notificaciones, como garantía de los justiciables a la seguridad jurídica tal como esta sala lo estableció con carácter vinculante (vid. Sent. 5063/2005) pero esto debe entenderse como excepción y no como regla, toda vez que aceptar lo contrario dilata el proceso sin justificación alguna.
En este sentido se debió de manera clara y concisa indicar que en aquellos casos en que sea necesario notificar a las partes, los posibles recursos de apelaciones que se ejerzan, se tramitarán una vez vencido el lapso, el cual comenzará a correr una vez se haya practicado la última notificación, sin embargo serán admitidas las apelaciones anticipadas, como lo ha aceptado de forma reiterada esta Sala (vid. Sent 1590/2001 y 429/2004).
El fallo con el cual se concurre, expresamente señala que tanto las Cortes de Apelaciones como los “tribunales de alzada” en materia penal, deben estar atentos respecto a la admisibilidad de las apelaciones contra el auto fundado en extenso, haciendo hincapié en la declaratoria sin lugar de la solicitud de nulidad (artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal), indicando que cuando se presentan estas situaciones se genera un desorden procesal que atenta contra diversos principios constitucionales.
En este orden de ideas, se advierte que la nulidad de los actos es una institución procesal que permite depurar el procedimiento de actos contrarios al ordenamiento jurídico, motivo por el cual  la misma por si sola no es capaz de generar desordenes procesales; es por ello que el fallo debió ser claro y preciso en cuáles son los casos en los que se presenta este tipo de desarreglo procesal.
En definitiva se estima que la Sala como garante de la Constitucionalidad debió recordar a los Jueces de Control la obligación ineludible de motivar sus decisiones, así como de publicar las decisiones una vez  finalizada la audiencia o al tercer día en caso de haberse acogido a lo contenido en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal, y en caso contrario notificar a las partes, para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, sin necesidad de sobrecargar a los jueces con el deber de dictar nuevos actos decisorios y dilatar el proceso con nuevas notificaciones en perjuicio de las partes cuyos derechos supuestamente está garantizando, pués es deber de la Sala hacer del proceso penal, en fase preliminar, lo más expedito posible depurando del mismo los actos innecesarios y no trayendo al mismo formalismos no esenciales, contrarios a los principios establecidos en el Texto Constitucional.
En efecto, para todos aquellos casos en los cuales los jueces se aparten de lo estipulado en la Ley Adjetiva Penal y en los criterios de este Máximo Tribunal, las partes en el proceso disponen de un abanico de mecanismos ordinarios y extraordinarios para hacer valer sus pretensiones, como efectivamente ocurrió y se resolvió en el caso de autos.
Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.
Fecha ut retro
La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

        El Vicepresidente,

ARCADIO DELGADO ROSALES

Los Magistrados


FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ


LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado concurrente


CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER


El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. Nº 13-1185
MTDP/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/179826-942-21715-2015-13-1185.HTML

miércoles, 22 de julio de 2015

Sentencia sobre solicitud de Radicación: Caso Adriana Urquiola (intérprete de señas en el Noticiero Venevisión)

Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Con fecha veintidós (22) de junio de 2015, fue recibida en la Secretaria de la Sala de Casación Penal, SOLICITUD DE RADICACIÓN suscrita por el abogado FRANCISCO JAVIER GRAJAL PEREJO, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Quincuagésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena.

Actuación relacionada con la causa penal 6C-14.690-14, que cursa ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ; POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad; existiendo un concurso real de delitos de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Penal.  

Solicitud de radicación a la cual se le dio entrada el veinticinco (25) de junio de 2015, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2015-000253, siendo que, en esa misma fecha se designó como ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Por otra parte, en esta misma fecha (veinticinco (25) de junio 2015), se recibió por ante la Secretaría de esta Sala, SOLICITUD DE RADICACIÓN, interpuesta por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, madre de la hoy occisa,  asistida por sus apoderados abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 144751 y 144652, respectivamente.

Solicitud a la cual se le dio entrada el veintiséis (26) de junio de 2015, asignándosele la nomenclatura AA30-P-2015-000255;  dándose cuenta en Sala el veintinueve (29) de junio de 2015 y se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.

Actuaciones relacionadas con la causa penal número 6C-14.690-14 cursante en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), seguida contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, en virtud de la presunta perpetración de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ; POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad.
 
Ahora bien, la Sala de Casación Penal mediante auto de fecha treinta (30) de junio de 2015, decidió acumular las solicitudes de radicación de las causas AA30-P-2015-000253 y AA30-P-2015-000255, resolviendo:

“… De lo expuesto se evidencia que, las mencionadas solicitudes de radicación guardan relación entre sí, por cuanto ambas versan sobre la misma causa signada con el alfanumérico 6C-14.690-14, seguida ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por Motivo Innoble, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ (occisa) Homicidio Calificado con Alevosía por Motivo Innoble en Grado de Frustración, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, por lo que existe identidad del proceso sobre el cual se requieren las radicaciones), imputado, delitos y víctimas. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículo 70 y 76 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda la acumulación de los expedientes, manteniéndose identificado con el alfanumérico AA30-P-2015-000253, conservando como ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ. Cúmplase lo ordenado”.

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre la presente solicitud de radicación, se resuelve en los términos siguientes:

I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN PROPUESTA POR LA FISCALÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA.

Consta en las actas, que los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, solicitaron  a  esta  Sala  de  Casación  Penal   la   radicación  de  la  causa  penal 6C-14.690-14, que cursa ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), argumentando lo siguiente:

“… Los hechos anteriormente narrados causan alarma colectiva por el hecho de que el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se ha hecho pasar en reiteradas oportunidades como asesor de distintos entes públicos, según lo que afirman los testigos, todo lo cual origina igualmente como lo hemos mencionado, sanción y escándalo público, y nos encontramos en presencia de un delito grave, el más grave de los delitos como lo es el delito de Homicidio, el homicidio de la periodista de veintiocho años de edad, ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, quien además se encontraba embarazada (…) La radicación es un fenómeno procesal, como bien conoce la Sala, que tiene sustento en causales taxativas señaladas en la Ley y procede en consecuencia, cuando en los casos de delitos graves, cuya perpetración causen alarma, sensación o escándalo público, puedan perturbar la recta administración de justicia en el circuito judicial penal en donde el juicio se ventila, como en efecto ocurre en el presente caso; pues existe la imposibilidad de llevar a cabo un proceso judicial en una jurisdicción determinada por estar en presencia de hechos que causen alarma, conmoción y en fin de alguna manera compromete la imparcialidad y subjetividad de los juzgadores que han de conocer del asunto. Las corporaciones judiciales en el ámbito de su competencia territorial pueden determinar que un proceso sea radicado a otro circuito judicial penal, habiéndose por supuesto, determinado algunas de las circunstancias especiales como en este caso concreto han ocurrido, capaz de impedir que la justicia prevalezca y se materialice el poder punitivo del Estado, logrando así un proceso judicial claro, transparente con todas las garantías procesales para el imputado y para la víctima, en el que no interfieran factores exógenos que puedan comprometer la imparcialidad de un juzgador que tendrá la responsabilidad de declarar culpable o inocente al sujeto activo en el HOMICIDIO de la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ…”.

II
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN PROPUESTA POR LA CIUDADANA MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO

Consta también en las actas bajo estudio, que la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, a través de la solicitud de radicación recibida ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal el veinticinco (25) de junio 2015, requirió que la misma fuese declarada  ha lugar, indicando:

“… En el caso en particular ciudadanos Magistrados (…) nos encontramos en presencia de un delito grave, y es que el acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se encuentra imputado por los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por Motivos Innoble, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal vigente, en perjuicio de Adriana Grissel Urquiola Pérez, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, ambos previstos y sancionados en los artículos 111 y 112 respectivamente de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, se hace necesario mencionar, que estos hechos delictivos ocurrieron en el marco de las protestas violentas y los focos aislados de alteración del orden público que acaecieron en el país a principios del año pasado; teniendo que hacer obligatoria referencia a la condición de la víctima Adriana Grissel Urquiola Pérez, como persona pública de reconocida honorabilidad y reputación, tanto en su lugar de trabajo un conocido medio de comunicación, como en toda la comunidad mirandina; aunado al hecho de que la misma se encontraba en estado de gravidez al momento del hecho lesivo que ocasionó su muerte, lo que derivó en la sensibilización nacional y muy especialmente en el Estado Miranda y la ciudad de Los Teques (…) Aunado a lo anterior que pudiésemos catalogarlos como elementos subjetivos, las circunstancias de carácter objetivas que rodearon el homicidio de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, la saña con la que actuó su presunto agresor el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, al accionar en catorce oportunidades un arma de fuego hacia una turba de personas y hacia los transeúntes en general; para posteriormente emprender huida, con la intensión de volver al lugar del suceso con una condición simulada de funcionario policial con la única finalidad de verificar si alguien lo había identificado. Así como los conocidos nexos que el hoy imputado tiene con redes del crimen organizado trasnacional y posibles vinculaciones con grupos paramilitares que operan en el territorio nacional, de acuerdo a lo manifestado por funcionarios del Poder Ejecutivo; todos estos elementos han creado en torno a este proceso un evidente clima de zozobra y alarma en la comunidad de la ciudad de Los Teques, resultando un hecho público, comunicacional y notorio que durante la audiencia para oír al imputado celebrada el día 19 de junio de 2015, grupos de personas se trasladaron a la sede del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Los Teques, a los fines de manifestar su deseo en que se haga justicia por el homicidio de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, permaneciendo a las afueras de dicha sede judicial hasta altas horas de la noche, produciéndose un verdadero clima de tensión al momento de trasladar al imputado a su lugar de reclusión (…) Como referimos anteriormente, todas estas circunstancias han generado una situación de alarma y escándalo público suficiente en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, lo que ha sumergido a su población en una condición de zozobra e intranquilidad ante la celebración del proceso…”.  

III
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
                                                               
La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de las solicitudes de radicación materializadas en los procesos penales en curso, se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone:

“Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:…3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio”.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre las solicitudes de radicación propuestas primeramente por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, y una segunda interpuesta por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados, abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA. Así se declara.

IV
DE LOS HECHOS PLASMADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
       
            Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación penal fueron señaladas en la presente solicitud de radicación, propuesta por la Fiscalía Quincuagésima Novena a Nivel Nacional con Competencia Plena, así:

“… Se inicia la presente investigación en virtud de los hechos acaecidos en fecha 23 de marzo del año 2014, momento en el cual la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ de RUÍZ, quien se encontraba en estado de gestación, y su esposo ALEX RUÍZ, así como la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ de GONZÁLEZ, y su esposo RAÚL GONZÁLEZ, entre otras personas, se trasladaban en un vehículo de transporte público en dirección a la Urbanización Los Nuevos Teques. Ahora bien, siendo aproximadamente las siete y media de la noche, al encontrarse con una manifestación que obstruía la libre circulación por la artería vial que conduce a la referida urbanización, lo cual impedía que el vehículo donde se trasladaban pasara por la mencionada zona, conminó a que los pasajeros de dicha unidad se vieran en la obligación de bajarse y pasar la barricada a pie; bajándose del mismo los ciudadanos ut supra mencionados; en el instante en el cual se disponían a pasar a pie para superar dicho obstáculo, se escucharon unas detonaciones las cuales fueron efectuadas por el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, quien se trasladaba a bordo de un vehículo (…) portando un arma de fuego tipo pistola de color plateada, se detuvo con ocasión a la barricada desenfundado su arma y efectuando disparos en contra de la humanidad de quien en vida respondiera al nombre de ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, la cual se encontraba en estado de gestación e hiriendo a la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, situación que fue observada por el esposo de la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, el ciudadano ALEX RUIZ, quien vió cuando cayó al suelo la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, adyacente a la Estación de Servicios BP y solicitó auxilio debido a una herida que presentaba en la cabeza; específicamente en el occipital izquierdo y así mismo, resultó herida en el hombro izquierdo la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, es por lo que, comisiones adscritas a la Policía del estado Miranda, trasladan a las víctimas al Hospital Victorino Santaella Ruiz, donde la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, llega sin signos vitales…”.

V
DE LOS HECHOS REFERIDOS POR LA CIUDADANA MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO

De las actas que conforman la solicitud de radicación presentada por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, dimanan las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas de la manera siguiente:

“Es el caso ciudadanos Magistrados, que en fecha 23 de marzo de 2014 los ciudadanos Alex Ruíz y la hoy occisa ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, se encontraban transitando a bordo de una unidad de transporte público por la Carretera Panamericana en el Estado Miranda, específicamente por el Kilómetro 24 de la misma, sector Los Nuevos Teques, cuando fueron sorprendidos por una serie de obstáculos y barricadas que impedían el libre tránsito por la referida arteria vial, siendo que personas no identificadas incineraban objetos en manera de protesta violenta de las comúnmente llamadas “guarimbas”. Al ocurrir esta situación el conductor de la unidad de transporte, les manifestó que no podía continuar su recorrido, solicitándole al ciudadano Alex Ruiz, cónyuge de la hoy fallecida, que descendiese del vehículo y colaborase deteniendo el tránsito para de esta forma poder girar y retirarse del lugar. Al éste bajar y demorarse en las labores encomendadas, se produjo en la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez una condición de nerviosismo y temor, comunicándose con su cónyuge por vía telefónica y requiriéndole que volviese al vehículo cuanto antes, una vez allí la pareja procedió a descender del mismo, trasladándose peatonalmente hasta el sector Los Nuevos Teques, cuando fueron sorprendidos por una serie de catorce detonaciones de un arma de fuego dirigidas hacia el conglomerado que se encontraba protestando, y hacia las personas que transitaban peatonalmente tratando de huir del lugar de los acontecimientos violentos, impactando uno de estos proyectiles en la humanidad de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, específicamente en la región cefálica en su occipital derecho, ocasionándole la muerte prácticamente de manera instantánea. Dichas detonaciones fueron realizadas por el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ (…)  quien se trasladaba a bordo de un vehículo rustico, por la misma arteria vial en dirección a la ciudad de San Antonio de Los Altos, y quien al ver el obstáculo en la vía, aparentemente trató de dispersar a los manifestantes o arremeter en contra de quienes transitaban por el sector. Una vez que efectuó dichas detonaciones, procedió a retirarse del sitio del suceso hacia su domicilio utilizando una vía alterna. Una vez en su residencia ubicada en la ciudad de San Antonio de los Altos, procedió a modificar su vestimenta, y asumiendo una condición simulada de funcionario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, solicitó el apoyo de una comisión de dicho órgano de seguridad, quienes lo trasladaron al sitio del suceso, teniendo el mismo acceso a testigos presenciales, a los que interrogó y al saberse seguro porque aparentemente los mismos no le habían reconocido ni a él ni a su vehículo procedió a retirarse del lugar de los acontecimientos, en compañía de los funcionarios policiales quienes lo trasladaron. Ahora bien, ante estas situaciones dantescas y evidentemente delictivas el Ministerio Público, logró la individualización de ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, lo que devino en que en fecha 27 de marzo de 2014, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda. Extensión Los Teques, librase (…)  Orden de Aprehensión. Posteriormente y ante las informaciones obtenidas tanto por el Ministerio Público como por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de que el hoy imputado se encontraba en territorio de la República de Colombia, es que el despacho Fiscal que instruía la investigación, solicitó ante este mismo órgano jurisdiccional se emitiese la correspondiente (…) orden de aprehensión internacional, o llamada comúnmente “alerta roja”, ordenándose su inclusión en el sistema de información policial de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Produciéndose finalmente su captura en fecha 11 de junio de 2015, por funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la República de Colombia, quienes efectuaron su aprehensión en la ciudad de Barranquilla en dicho país…”.

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De tal manera que esta Sala, tras realizar un análisis exegético de las solicitudes de radicación, obtiene la certeza de que ambas guardan relación entre sí, en consecuencia pasa a decidirlas conjuntamente.
         
            Como principio general que rige el proceso penal, la competencia de un tribunal para el juzgamiento de un hecho punible está determinada por el territorio. Por ello, el conocimiento del proceso penal corresponderá al tribunal del lugar donde el delito se haya consumado.

Sin embargo, la radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial, que consiste en excluir el conocimiento del juicio a un tribunal con potestad jurisdiccional limitada por el territorio, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía, pero en un circuito judicial penal de diferente área geográfica, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan en su desenvolvimiento o influyan en la psiquis de los jueces o juezas a quienes corresponde el conocimiento del asunto.

Bajo este aspecto, la radicación surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia, la cual debe encontrarse al margen de inconvenientes que puedan interferir en la integridad e independencia del Poder Judicial.

Formalmente, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal limita los supuestos para la procedencia de la radicación, enmarcándolos en: 1) cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; y 2) cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

Por consiguiente, la radicación de una causa penal se justifica solo en el caso de delitos graves, determinados  por el perjuicio ocasionado a la colectividad o al individuo  y por factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, cuya perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, producto de una inquietud o impresión por un peligro, o como causa de una conmoción por un hecho.

Por tal motivo, la interposición de la solicitud de radicación exige la clara descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conjuntamente con el señalamiento de las incidencias ocurridas en el curso de la causa, la identificación de la instancia y el estado actual del proceso, acompañadas de las referencias periodísticas y documentales que demuestren la existencia de un obstáculo ostensible para el adecuado desenvolvimiento del juicio en el circuito judicial penal donde se desarrolla.

Debiendo destacar que la solicitud de radicación es de derecho estricto, limitada por las formalidades de ley. Por consiguiente, su procedencia se restringe al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, procurándose garantizar el debido proceso y la tutela judicial de los y las justiciables.

En el caso particular, los argumentos expuestos en ambas solicitudes de radicación, se circunscriben en señalar que las informaciones difundidas a través de los medios de comunicación social (con influencia nacional y regional) detallan características particulares del hecho criminal y como presunto responsable al ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ.

A juicio de los representantes del Ministerio Público, las circunstancias que rodean el caso que nos ocupa, se desarrollaron durante protestas violentas acaecidas en la ciudad de Los Teques en el estado Miranda, donde un nutrido grupo de la población de dicha entidad obstaculizaba la vía pública con motivo de una manifestación, lo cual produjo la reacción violenta del imputado de marras, quien provisto de un arma de fuego accionó la misma sin medir el peligro inminente en el cual colocaba a todos los presentes.

Según los solicitantes, el aludido sujeto incurrió en varios delitos en perjuicio de diversas víctimas; en particular de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUÍZ, a quien describen como una persona de honorabilidad y reputación tanto en el medio donde laboraba, así como, en la comunidad mirandina, quien además se encontraba en período de gestación, todos estos incidentes han generado en Los Teques, estado Miranda, no solo la conmoción sino también un alarma y escándalo público.

En este orden de ideas, pasa la Sala a verificar los recaudos consignados por los peticionantes, quienes dicen que son suficientes para radicar el presente caso, pues, agregan que estos conllevan a determinar con certeza que el hecho en cuestión ha causado un impacto en el ánimo de la comunidad de Los Teques, estado Miranda. Asimismo, se observan las siguientes:

RESEÑAS PERIODÍSTICAS:

“1. Publicación en el Diario La Verdad, de fecha 23 de marzo del año 2014, ‘MATAN A EMBARAZADA EN UNA PROTESTA EN MIRANDA’ (…) 2. Publicación en el Periódico Últimas Noticias, de fecha 19 de junio del año 2015, ‘ORDENAN PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CONTRA DE YONNY BOLÍVAR’ (…) 3. Publicación en el diario digital Contrapunto.com, de fecha 21 de junio del año 2015, ‘YONNY BOLÍVAR: LA HISTORIA DETRÁS DEL PISTOLERO DE LOS TEQUES’ (…) 4. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 29 de marzo del año 2014, ‘PROTESTAN EN LOS TEQUES POR ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 5. Publicación en el Periódico, de fecha 11 de junio del año 2015, ‘PASÓ UN AÑO Y TRES MESES PARA LA CAPTURA DE YONNY BOLÍVAR, PRESUNTO ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 6. Publicación en el diario digital Maduradas.com, de fecha 22 de marzo del año 2015, ‘¡JUSTICIA INSERVIBLE! MADRE DE ADRIANA URQUIOLA: NECESITO QUE YONNY BOLÍVAR SEA ENJUICIADO’ (…) 7. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 24 de marzo del año 2014, ‘MP INVESTIGA MUERTE DE MUJER EMBARAZADA DURANTE PROTESTAS EN MIRANDA (…) 8. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 24 de marzo del año 2014, ‘MADURO ENVIÓ SUS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 9. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘INTERROGATORIO A DUEÑO DE 4RUNNER’ (…) 10. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 23 de marzo del año 2014, ‘UNA MUJER MUERTA Y OTRA HERIDA EN TIROTEO EN LOS TEQUES’ (…) 11. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘HOMICIDAS DE ADRIANA URQUIOLA HUYERON’ (…) 12. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘SOLICITAN APREHENSIÓN DE UNA PERSONA POR EL ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA’ 13. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 29 de marzo del año 2014, ‘FAMILIARES Y AMIGO DE ADRIANA URQUIOLA MARCHARAN MAÑANA EN SU HONOR’ (…) 14. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 1° de abril del año 2014, ‘SOLICITAN EMISIÓN DE ALERTA ROJA A INTERPOL CONTRA HOMICIDA DE URQUIOLA’ (…) 15. Publicación en el Periódico Últimas Noticias, de fecha 12 de junio del año 2015, ‘EVA GOLINGER PIDE LA PENA MAXIMA PARA YONNY BOLÍVAR’ (…) 16. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 1° de abril del año 2014, ‘ACTIVAN ALERTA ROJA DE INTERPOL PARA CAPTURAR AL ASESINO DE URQUIOLA’ (…) 17. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 6 de abril del año 2014, ‘LA VIDA PÚBLICA DEL ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 18. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 23 de abril del año 2014, ASESINO DE URQUIOLA NO ESTÁ EN LA LISTA DE INTERPOL A UN MES DEL HOMICIDIO’ (…) 19.  Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 25 de julio del año 2014, ‘ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA ESTARÍA VICULADO A HUGO CARVAJAL’ (…) 20. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 12 de marzo del año 2015, ‘PRESUNTO HOMICIDA DE ADRIANA URQUIOLA AMENAZÓ DE MUERTE A PERIODISTA JENNY OROPEZA’ (…) 21. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 11 de junio del año 2015, ‘PRESUNTO ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA FUE CAPTURADO EN COLOMBIA…”.

PORTALES WEB:

“1. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 24 de marzo, titulada: Asesinan de dos disparos a Adriana Urquiola, del Noticiero Venevisión (…) 2. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 24 de marzo de 2014, titulada: Hacen levantamiento planimetrito en sitio del homicidio de Adriana Urquiola (…) 3. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 26 de marzo de 2014, titulada: Hallan camioneta presuntamente implicada en caso de Adriana Urquiola (…) 4. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital Noticias 24, de fecha 1 de abril de 2014, titulada: Activan alerta roja de INTERPOL para detener al ‘Capitán Bolívar’, el asesino de Urquiola (…) 5. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Venevisión, de fecha 27 de enero de 2015, titulada: Tarek William Saab aseguró que está confirmada la solicitud de aprehensión contra Yonny Bolívar (…) 6. Nota de prensa tomada de la página web del diario El nacional, de fecha 11 de junio de 2015, titulada: Presunto asesino de Urquiola fue capturado en Colombia (…) 7. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital Contrapunto, de fecha 11 de junio de 2015, titulada: Ministro González López, confirma captura de Yonny Bolívar (…) 8. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Globovisión, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: Yonny Bolívar ya se encuentra en territorio venezolano (…) 9. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Venevisión, de fecha 21 de junio de 2015, titulada: Yonny Bolívar fue imputado por el MP y permanecerá recluido en el Sebin (…) 10. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 19 de junio de 2015, titulada: Abuchearon a Yonny Bolívar cuando llegó a tribunales en Los Teques (…) 11. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Avance, de fecha 20 de junio de 2015, titulada: Dictan privativa de libertad para Yonny Bolívar (…) 12. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital La Iguana, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: En las próximas horas Maduro revelará nexos que poseía Yonny Bolívar con mafia criminal y política (…) 13. Nota de Prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: Maduro asegura que asesino de Urquiola tenía nexos con ‘mafias políticas’…”.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en esta ocasión los hechos narrados en la solicitud, la muestra de abundantes recaudos periodísticos y soportes de páginas de internet, se configura  el primero de los supuestos indicados en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se prevé el cambio de radicación o sede del proceso,  “… cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público…”.

Efectivamente, ante la situación acaecida el veintitrés (23) de marzo de 2014, y vista la solicitud realizada por el Ministerio Público, se destaca que, el día veintisiete (27) de marzo de 2014, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Los Teques, librase una orden de aprehensión en contra del ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, quien está siendo señalado de haber sido el autor material de los hechos por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ; POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad;  lo que indudablemente impactó en el ánimo de la población, por la forma en que se habría perpetrado el crimen, sumado a la gran difusión que a través de los medios de comunicación se reseño del suceso.

Siendo necesario distinguir, que tales hechos versan sobre delitos graves todos ellos en contra de la comunidad del Estado Miranda, lo que va mas allá de las víctimas conocidas, toda vez que existía un grupo de personas en el lugar de los hechos que igualmente se sintieron agredidas.

 Específicamente se procesan cuatro (4) figuras delictivas en contra del ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, razón por la cual el Ministerio Público le atribuyó la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal, e igualmente el HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE  EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el numeral 1 del artículo 406 en concordancia con el artículo 80 ambos del Código Penal. En efecto, el homicidio es de gran influencia dentro del derecho penal, debido a su relativa simplicidad y a su particular gravedad, como lo demuestra, respecto a esta última el bien jurídico protegido, la vida humana independiente, derecho fundamental de la persona reconocido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que constituye el soporte ontológico del resto de los derechos fundamentales de la persona.

 Por otro lado, tenemos la POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Con relación a estos delitos por los cuales está siendo procesado el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se le causa un perjuicio al orden público el cual se ve afectado no en cuanto al bien jurídico tutelado de manera tangible, sino en cuanto a la persecución que tiene la acción trasgresora del agente, sobre el colectivo social de frente a la noción de protección y seguridad que esperan respecto del Estado.

Para Grisanti Aveledo citando a Eusebio Gómez, referente al Orden Publico ha sostenido al respecto  que: “… En verdad, los delitos que entran en la categoría de que hablamos, ofenden al orden público, no en uno de sus especiales aspectos, sino en si aminorándolo en su esencia: en ellos difícilmente será dado advertir una objetividad jurídica inmediata y distinta del peligro social que ocasionan: la lesión en el orden público en otros términos, no es consecuencia de otras particulares violaciones del ordenamiento jurídico; se presenta como un efecto por si estante que ataca directa y exclusivamente a la paz pública (…) son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, se le reprime no porque lesione ese ideal orden publico a que se hace referencia. Se le reprime porque, al producir su efecto, que es la alarma colectiva, atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen…“. (Manual de Derecho Penal Parte Especial, Vigésima Quinta Edición).

Como segundo item, se requiere de un acontecimiento que haya causado alarma, sensación o escándalo público, lo cual se encuentra acreditado en el caso que nos ocupa, pues a raíz de las informaciones noticiosas divulgadas por los distintos medios de comunicación regional y nacional de forma impresa y digital, como por ejemplo, entre ellas, las publicadas en prensa por el diario  El Nacional, el día primero (1) de abril de 2014, donde se tituló que: “ACTIVAN ALERTA ROJA DE INTERPOL PARA CAPTURAR AL ASESINO DE URQUIOLA”, para titular días después específicamente el veintitrés 23 de abril de ese mismo mes: “ASESINO DE URQUIOLA NO ESTÁ EN LA LISTA DE INTERPOL A UN MES DEL HOMICIDIO”, se tiene a toda una opinión pública del Estado Miranda, en un estado de conmoción; amén, al hecho cierto de que el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, luego de su extradición desde la República de Colombia y decretada medida de privación preventiva de libertad en territorio nacional, se han incrementado las informaciones periodísticas relativas al caso.

En sintonía con lo anterior,  la alarma es la señal, el signo o advertencia que sugiere la proximidad cierta de un peligro que se cierne sobre la administración de justicia; mientras que la sensación, está orientada más bien al sensacionalismo como un vocablo periodístico despectivo, que delata la manipulación informativa tendente a producir  emoción, excitación o impresión en la sociedad con relación a un determinado hecho social.

Y el escándalo público es un incidente ampliamente publicitado que contiene y encierra inculpaciones de proceder inexacto, incorrecto, desatinado, humillación o  deshonestidad. Un escándalo puede fundarse en hechos o sucesos reales, ser producto de imputaciones falsas o una combinación o conjunto de ambas.

Destacando también que los titulares y reseñas periodísticas acompañadas a la pretensión, deben ser consistentes y de esta manera poderse establecer lo previsto en el artículo 64 (numeral 1) del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual se ha verificado en el caso bajo análisis, ya que en su texto relatan el sentimiento de reproche de la sociedad perteneciente a la ciudad de Los Teques Estado Miranda.

Y para ejemplificar aquello,  se tiene un sin número de notas de prensa, entre las que pueden citarse las publicadas en el diario El Nacional, el veintinueve (29) de marzo de 2014,  donde se indicó “PROTESTAN EN LOS TEQUES POR ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA”, y “FAMILIARES Y AMIGOS DE ADRIANA URQUIOLA MARCHARAN MAÑANA EN SU HONOR”, por lo que es explicable, entendible y justificable, ya que se pretende la atención de la sociedad ante el acontecimiento de un hecho repudiable.

Apreciadas estas solicitudes y los aportes de diversas fuentes adjuntos, la Sala verifica el escándalo público, manifestado por la inquietud,  sensación, emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprime y afecta sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en éste deben resguardarse, tal como se desprende de las referencias periodísticas, lo que directamente conlleva a deducir neutralmente que en  la jurisdicción del lugar donde se cometió el hecho, los intervinientes    (imputado, defensa, representantes del ministerio público,  jueces) en el proceso, estarán sometidos a imponderables situaciones que dificultaran su actividad ante la pérdida de los parámetros mínimos de sosiego y objetividad.

En razón a lo expuesto, la Sala considera que lo ajustado a derecho es declarar HA LUGAR las solicitudes de radicación propuestas por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, y a su vez, por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, por encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

VII
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: HA LUGAR las solicitudes de radicación propuestas por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena y por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA.

SEGUNDO: Se ordena RADICAR la causa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: Se ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, la remisión inmediata del expediente original a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, el cual continuará conociendo del presente caso.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2015. Años 205°de la Independencia y 156° de la Federación.


El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
(Ponente)
   La Magistrada Vicepresidenta,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
La Magistrada,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 El Magistrado,

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

La Magistrada,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Secretaria, (E)

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA

Exp. No. 2015-253
MJMP

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