sábado, 23 de julio de 2016

Algunos Consejos para mejorar nuestra Administración de Justicia en la Gran Caracas. Tercera Parte

El Expediente Virtual Penal

No estoy en férrea contraposición a la existencia del tradicional expediente judicial, fiscal o policial que actualmente se lleva en nuestra Administración de Justicia Penal. Lo que sí quiero es llamar a la conciencia y en nuestra comunidad jurídica, sembrar una semilla de inquietudes y propuestas de cómo podemos avanzar de una forma veloz para el ansiado progreso y requerir la máxima dedicación que puedan realizar las autoridades que dirigen la Justicia en este país con proyectos serios de interés nacional que se dediquen a este asunto. La verdad es que hoy día casi todo se hace con un buen sistema informático, con los niveles de seguridad y encriptación, que hoy día son casi impenetrables diría, pues el expediente de papel algún día quedará en el pasado o pudiera decir que sería eliminado, todo luego sería visto en una base de datos.

Veamos una particularidad de lo que sucede en los casos penales. El tema interminable de la boleta de notificación y su recibido a los organismos públicos o partes procesales y el encomiable trabajo de los alguaciles por llevar este tipo de comunicaciones a estos entes. Esto algún día será cosa que de risa, o quizás que nos produzca cierta indignación. Porque cómo puede ser posible que esto siga sucediendo y que vivamos con tantos avances que en el mundo de las comunicaciones, sabemos existen y estemos tan atrasados en la República Bolivariana de Venezuela. Que se tenga que llevar un papel firmado sellado y dirigido a una persona con motivo de determinada actuación por medio de un alguacil que lo entrega y luego firma un libro respectivo en el Tribunal para dejar constancia de su trabajo realizado, esto lo califico como absolutamente arcaico. No me interesan los demás países que aún lo hace así. Yo quiero lo mejor y más moderno para mi país. Tenemos que avanzar y hay que dar un giro o cambio definitivo y enorme para que estas cosas no sigan sucediendo y todo se haga en forma virtual o electrónica con los respectivos acuses de recibo por esta misma vía, que pueden ser inclusive hasta en forma de vídeo, donde el funcionario que recibe la comunicación electrónica se identifica y dice que efectivamente la recibe y que, la traza electrónica sería casi imposible de desvirtuar o impugnar un acto procesal porque haya alguna falla en el sistema o decir que jamás fue notificado o citado una institución en el desarrollo de un proceso judicial penal, sería una torpeza. A menos que haya una experticia informática que así lo demuestre. Eso es harina de otro costal y que no viene al caso, porque es muy difícil que eso falle. Hoy todos sabemos fácilmente se anula un juicio o se repone una causa por estas cosas que no se cumplieron como debe ser inquebrantable. Hay abundantes sentencias que así lo han dejado sentado.

Lo idóneo sería que existiera un expediente virtual penal. No hablo de actuales comparativas con citas en línea en Ministerios para sacar papeles, legalizaciones o apostillas, que por cierto, eso no debería ser tan tedioso y lento y que claro está, todo se entregue electrónico e inmediatamente. Actualmente y lo pongo como buen ejemplo de las cosas buenas que se hacen en este país, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, la llamada o conocida SUNAVI, tiene una plataforma interesante de comentarles, donde hay una especie de expediente digital, o mejor dicho una opción a través de su sitio web donde las personas involucradas ven y tienen acceso autorizado a los expedientes administrativos que llevan en esta institución y pueden realizar perfectamente desde Internet con su clave, código de verificación y nombre asignado previamente, que por supuesto los usuarios deben estar registrados, donde se revisan los principales documentos y los autos o resoluciones que hayan sacado o escaneado estos funcionarios. Desde los Poderes Notariados que se encuentran y que pueden ser leídos en un futuro hasta los actos administrativos definitivos que se dicten en esta importante institución venezolana. Véase lo que es el Sistema de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (1) o también, véase otro tópico en el Sistema SAVIL (2) o el Sistema Web de Información de Propiedad Intelectual de Venezuela (Webpi), con el cual se podrá realizar de manera fácil y rápida muchas gestiones desde la comodidad de su oficina o de su casa, teniendo solo una conexión a Internet, sin la necesidad de trasladarse a la institución (3).

Continuando con las cosas por escrito en los procesos penales que se pudieran hacerse vía Internet, y me quiero referir que todas las facultades y cargas de las partes de realizar por escrito y en forma tecnológica segura, se pueden enviar a través de medios electrónicos a la sede del Ministerio Público en la Fiscalía que lleve nuestro expediente y por supuesto al Tribunal en Funciones de Control al expediente judicial que tiene asignada nuestra causa. Tal y como hoy día revisamos los que tenemos causas en el Tribunal Supremo (4), perfectamente podemos hacerlo en todas y cada una de las actuaciones que se materialicen en los expedientes.

Si bien por ejemplo la proposición de diligencias contenida en el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal establece que al imputado o a las personas a quienes se le haya dado intervención el proceso o su representante o apoderado, puedan solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, o mejor dicho actos y luego, pues el fiscal del ministerio público, las llevará a cabo. Si no las lleva a cabo, pues debe informar y notificar por esta misma vía electrónica su negativa a la parte solicitante. Todo esto se puede realizar desde la comodidad una oficina a los efectos de producción de prueba por cualquiera de las partes y por el Principio de Control y Contradicción de prueba que es el llamado derecho de acceso a las mismas y su intervención o impugnación que pueda realizar la parte que se sienta vulnerada por la adquisición de la misma, se considera que haya alguna violación de tipo constitucional o legal en su obtención, también lo pudiera realizar por esta vía electrónica. Éste sería parte del camino al éxito de la investigación, sus resultas y que las actuaciones sean hechas lo más rápidas y posibles en los procesos penales.

En las facultades y las cargas de las partes que se pueden hacer vía electrónica en el expediente virtual penal, cuando ya se consignó un acto conclusivo por parte del Ministerio Público, está también la realización por escrito de los actos y cargas procesales contenidos en el artículo 311 de nuestro Código Adjetivo. Es decir, todas y cada una de las diligencias, los escritos o recursos ordinarios o extraordinarios que los abogados privados y defensores públicos introducimos ante los Tribunales, pudieran ser perfectamente realizados muy pronto en forma virtual o electrónica o llamados por algunos otros eruditos en este mundo de la tecnología como las actuaciones en el expediente penal digital.

Audiencias Virtuales, Electrónicas o Digitales:

Continuando con este emocionante tema del Derecho Informático, uno de los aspectos que pudiera darle el toque definitivo de modernidad a la Administración de Justicia Penal, Civil, Laboral y otras materias es la implementación cierta y definitiva de las tecnologías de información en la realización de las audiencias mediante las videoconferencias. Ya les había comentado anteriormente en las dos entregas anteriores un poco esta situación, pero quisiera hacer una voz de los que no la tienen en redes sociales a través de este medio, algo leído en el foro jurídico venezolano, para requerir a las autoridades que verdaderamente se involucren en este y otros aspectos relacionados con nuestros Tribunales y su funcionamiento.

Si bien por el Principio de Inmediación del Juicio Oral y Público debe realizarse con la presencia ininterrumpida del Juez y de las partes y el señalamiento en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal de que el acusado no puede alejarse la audiencia sin permiso del Tribunal y su custodio o vigilancia inclusive sobre la presencia necesaria los efectos practicar algún reconocimiento o si éste se rehúsa hacer acto de presencia, será compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza pública. Que casi siempre es la Policía Nacional Bolivariana o las autoridades policiales municipales, tenemos que la inmediación del Juez se da, porque ha presenciado en forma ininterrumpida todos los actos y no habría ningún problema en realizar o se pudiera hacer con las partes procesales en todos y cada uno de los actos que se celebren, sólo que en forma virtual. Sería fantástico.

Las audiencias virtuales han sido un sueño de toda la vida y desde hace ya varios años atrás en otros países sería la guinda que faltaría ponerle a los grandes trabajos de tecnología en el Poder Judicial y otros Poderes y a nivel global se han hecho muchos sitios, sobre todo europeos. Obsérvese que si en nuestro país, la plataforma se adapta, se moderniza, se pone en consonancia conjuntamente con los abogados y demás funcionarios que forman parte del Sistema de Justicia pudiéramos en corto tiempo realizarlas. Simplemente en estos tiempos, la obligatoriedad es que debe ser presencial, si esto cambia me refiero a estas llamadas audiencias virtuales, pues desde nuestras oficinas y los despachos adaptados informáticamente a tal fin, me refiero los despachos de los Jueces en compañía del Secretario, que es cuando se constituye el Tribunal, para darle fe pública al acto y en forma on line. Es decir, en línea, para que cualquiera pudiera observar el desarrollo de la misma por Internet, y seamos testigos virtuales de lo que esté pasando en los procesos penales y otros que se desarrollen en Caracas y porque no, en la República Bolivariana de Venezuela, como si fuera un programa de televisión en vivo, pero con observación directa del público, el cual no puede intervenir, pero si mirar lo que está pasando. Sobre todo para los juicios de casos famosos o sonados en los medios de comunicación social. La idea es que se implante en la gran Caracas o en la Región Capitalina un proyecto piloto por lo menos, que sea envidia de Suramérica y el resto del mundo. No estamos hablando por ejemplo, del simple sistema de grabación contenido en el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

"Registros
Artículo 317. Se debe efectuar registro preciso, claro y circunstanciado de todo lo acontecido en el desarrollo del juicio oral y público. A tal efecto, el tribunal deberá hacer uso de medios de grabación de la voz, videograbación, y, en general, de cualquier otro medio de reproducción similar. Se hará constar el lugar, la fecha y hora en que éste se ha producido, así como la identidad de las personas que han participado en el mismo.
En todo caso, se levantará un acta firmada por los integrantes del tribunal y por las partes en la que se dejará constancia del registro efectuado.
Una vez concluido el debate, el medio de reproducción utilizado estará a disposición de las partes para su revisión dentro del recinto del juzgado.
Parágrafo Único: El Tribunal Supremo de Justicia, por intermedio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, proveerá lo necesario con la finalidad de que todos los tribunales penales de la República dispongan de los instrumentos adecuados para efectuar el registro aquí previsto."

Esto es un tema interno para su posterior revisión a la hora de un recurso de apelación que iría a una Corte de Apelaciones o si la parte perjudicada con la decisión de ese juicio oral y público no es favorecida con la apelación pues ejerce un recurso de casación que se pudiera plantearse en el Tribunal Supremo de Justicia, grabación que es tomada como consulta interna de ese registro para saber qué pasó o cual vicio declarar CON o SIN LUGAR. A lo que me refiero es que todo tipo de audiencias presenciales hoy día por las partes procesales se hagan en presencia de todos los involucrados. Si por ejemplo estamos hablando de los Fiscales del Ministerio Público, pues que se haga esta audiencia iuscibernética en la sede de la oficina de cada Fiscal. Sólo tendrían que adaptarse los sistemas de tecnología de información que usan actualmente en las plataformas de esta institución. Los abogados privados o defensores públicos igualmente con las aplicaciones y los denunciados, procesados, imputados, querellados, acusados, penados o condenados, si están privados de libertad, en cada recinto carcelario o retén, pues que se adapte una oficina o espacio para tales fines, a los efectos de no trasladar físicamente a los detenidos hasta la sede del Tribunal y cumplir así con el mandato del legislador para dejar constancia de todo lo ocurrido y su posible intervención. Éste sistema debe hacerse con voz, vídeo, data y/o archivos anexos o adjuntos que se puedan enviar en forma electrónica y con firma electrónica, a los efectos de ser tomados en cuenta o en consideración como parte de la motiva del Juez que vaya decidir determinado acto. Porque la teoría dice que cada parte procesal, ya sea persona natural o jurídica debe estar debidamente identificada y tener su firma electrónica, el certificado emitido o que sea todo aprobado por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE). Para mayor comprensión véanse la providencia administrativa de esta Superintendencia número 002-11 del 189 de marzo de 2011 y el impulso de la cédula de identidad electrónica (que por lo general debería tener el tamaño de una tarjeta plástica de crédito y dispone de un chip que permitirá a las personas naturales firmar digitalmente documentos electrónicos con la validez legal que una firma manuscrita) y la Providencia administrativa número 16 de fecha 5 de febrero de 2007 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el número 38.638 de fecha 2 de marzo del año 2007 que tiene las normas técnicas bajo las cuales se coordinarán e implementarán las normas del modelo jerárquico de la infraestructura nacional de certificación electrónica. Asimismo, tenemos la norma de la Superintendencia número 53-12/06, sobre políticas de seguridad y procedimientos de la autoridad de certificación raíz del Estado venezolano, así como la norma de la misma Superintendencia número 54-12/06 contentiva de la declaración de prácticas de certificación y políticas de certificados de la Autoridad de Certificación Raíz del Estado venezolano y finalmente, la Providencia administrativa número 004-10 de fecha 12 de marzo de 2010 publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana Venezuela bajo el número 39.432 del 26 de mayo del año 2010 que son los trámites y procedimientos administrativos efectuados mediante el empleo de tecnología de información y comunicación con el uso de certificados electrónicos a los efectos de que sus portadores puedan darle uso para determinados servicios electrónicos.

Por ejemplo, en las audiencias de flagrancia, si la persona se encuentra detenida y está en un comando policial o de la Guardia Nacional Bolivariana, en estos sitios deberían necesariamente implantarse este tipo de tecnologías de información. Lógicamente habría que reformar el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes adaptadas a la muy positiva y admirada Ley de Infogobierno. Pero lo esencial de todo esto es que no se pierda tiempo en los traslados para el tema de las audiencias que a veces no se dan por problemas precisamente en la falta de los traslados.

Imaginemos un momento en que las audiencias preliminares o fase intermedia, se haga este tipo de actuaciones electrónicas. Que sean realizadas y que todos los presentes en forma virtual pues dejen su intervención en forma profesional y eficiente para darle la celeridad debida a los procesos judiciales penales. Todo se resolvería a la brevedad como dice el artículo 26 Constitucional y sería distinto y bien pensado a la verdadera sociedad de la información.

Para concluir esta entrega, les dejo algunas sentencias que recomiendo leer, sobre estos primeros pasos, dictadas por el respetado jurista Dr. Héctor Peñaranda a cargo de la Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 1 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En este estado se han hecho algunos notables esfuerzos desde hace algún tiempo sobre el tema de las audiencias virtuales. Véase la sentencia de fecha 27 de abril del 2.006 (5). Y para muestra otro botón de lo que ocurrió en un acto de conciliación que es un acto iuscibernético procesal (6), por sentencia del 10 de agosto de 2009, y el oficio dirigido a la Junta Directiva del Máximo Tribunal y al Vicepresidente de la Sala de Casación Social, Magistrado Juan Rafael Perdomo, a fin de solicitar la autorización para la celebración de la Videoconferencia y algunos tips sobre el valor del acta electrónica como documento electrónico protegido por el Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas en una sentencia del 26 de mayo del 2.009 sobre un Juicio de Restitución Internacional de Niña (7) por falta de firma digital de los Tribunales.

(1)  http://sircav.minhvi.gob.ve/index.php?r=usuario/usuario/login

(2) http://savil.banavih.gob.ve/

(3) http://webpi.sapi.gob.ve/ o también http://webpi.sapi.gob.ve/index0.php

(4) http://www.tsj.gob.ve/casos-en-linea

(5) http://caracas.tsj.gob.ve/decisiones/2006/abril/521-27-6460-480.html

(6) http://zulia.tsj.gob.ve/decisiones/2009/agosto/521-10-14736-664.html

(7) http://zulia.tsj.gob.ve/decisiones/2009/mayo/521-26-11516-392.html

martes, 19 de julio de 2016

Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios

Publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Extraordinaria No. 6.240 del 15 de julio de 2016.


Para mayor información ir hacia:

http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/julio/1572016/E-1572016-4635.pdf#page=1

miércoles, 13 de julio de 2016

ARTICULO DE OPINIÓN: BREVES SOBRE LA JURISDICCIÓN PENAL. PRIMERA PARTE

El artículo 2 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL (COPP) en todas sus reformas y en la última publicada en el Decreto N° 9.042 en fecha 12 de junio de 2012, establece que la potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Ademàs, señala que corresponde a los Tribunales, el juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado. Es el llamado ejercicio de la Jurisdicción.

La función jurisdiccional consiste en la actuación del derecho objetivo en el caso concreto, y la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede perseguir en un caso concreto servir injustamente a una de las partes en el juicio.

Este interesante y extenso tema de la Jurisdicción, lo podemos encontrar en el TÍTULO III del COPP, tenemos en su Capítulo I, las Disposiciones Generales. Nos dice el artículo 55 que la Jurisdicción Penal es Ordinaria o Especial, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las Leyes. La Jurisdicción Ordinaria esta contenida en el artículo 56, el cual establece que corresponde a los Tribunales Ordinarios el ejercicio de la Jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en este Código y Leyes Especiales, y de los asuntos penales cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Venezolanos según el Código Penal, los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

La falta de Jurisdicción de los Tribunales Venezolanos será declarada, a instancia de parte, por el Tribunal que corresponda, según el estado del proceso. La decisión será recurrible por ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa.

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal, en la Sentencia Número 096 del 05 de marzo de 2002, ha dicho que:

“...la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de sus Salas está determinada por la naturaleza de la materia que se trate; de ahí que la competencia de la Sala de Casación Penal, la determina la imposición de una sanción de naturaleza penal”

Los artículos 1 y 2 de la añeja Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.262, Extraordinario, de fecha 11 de septiembre de 1998, establecen que el ejercicio de la justicia emana del pueblo y se realiza por los órganos del Poder Judicial, el cual es independiente de los demás órganos del Poder Público. Los deberes y atribuciones son las definidas por la Constitución, los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República, en esa Ley y las demás Leyes y a ellos debe sujetarse su ejercicio.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los tribunales y comprende a todas las personas y materias en el ámbito del territorio nacional, en la forma dispuesta en la Constitución y las Leyes. Las decisiones judiciales serán respetadas y cumplidas en los términos que ellas expresen.

La Jurisdicción (en latín: iuris dictio, ‘decir o declarar el derecho a su propio gobierno’)? "es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes.

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada.

En sentido coloquial, la palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el territorio (estado, provincia, municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran dentro de su competencia; y, en general, para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía.

Concepto: En palabras del distinguido profesor, Eduardo Couture: "Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución." (1)

El vocablo Jurisdicción lo encontramos en el lenguaje jurídico con distintos significados y quizás algunos de los problemas que se han confrontado a la hora de elaborar una definición de Jurisdicción y de establecer los límites de la función jurisdiccional provienen precisamente de la variedad de significados que se le da erradamente a esta palabra. Por ello, la Sala Político Administrativa en la Sentencia Número 00100 del 02 de febrero de 2000, dispuso que:

“La jurisdicción es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. Se trata en definitiva de dos figuras procesales distintas.”

La Jurisdicción Penal como tal es necesario que cumpla con un mínimo de condiciones que le permitan funcionar debidamente, mantenerse, identificarse y sobre todo diferenciarse de las otras actividades que realizan los demás órganos públicos en el ejercicio de la potestad del Estado, en especial por el hecho de que la jurisdicción por intermedio de su función de administrar justicia, de dirimir los conflictos de carácter judicial que surgen entre los miembros de la sociedad entre sí, o de estos con el Estado, de alguna manera en su fin último la jurisdicción logra organiza, guía y establecer los lineamientos para la vida en comunidad, para el desarrollo y diario que hacer de la sociedad, por lo que resulta de incalculable valor e importancia que la jurisdicción sea.

La Sentencia Nº 01670 de la Sala Político Administrativa, Expediente Nº 13218 de fecha 18/07/2000. Que dispone el criterio reiterado sobre la Jurisdicción y la falta de Jurisdicción:

"...este Máximo Tribunal ha señalado en anteriores oportunidades, y lo ratifica una vez más, que la jurisdicción consiste en la función de administrar justicia. La falta de jurisdicción sólo puede ocurrir, o bien cuando el conocimiento del asunto esté atribuido a la Administración Pública, o bien respecto del juez extranjero."

La Sentencia Nº 00052 de la Sala Político Administrativa, Expediente Nº 11464 de fecha 02/02/2000. sobre la consulta de la declaratoria afirmativa de Jurisdicción:

"...la declaratoria afirmativa de jurisdicción de un Juez frente a la Administración Pública, no tiene consulta ante esta Sala, sino que solamente deben consultarse aquellas decisiones de los órganos jurisdiccionales en las cuales se niega la existencia de jurisdicción de los mismos"

Unidad

La función jurisdiccional es una sola, única exclusiva aún cuando puede ser cumplida o ejercida por diferentes órganos; la Jurisdicción tiene que ser única de allí que los únicos que pueden decir el derecho son los jueces, los únicos que pueden dirimir los conflictos son los jueces, no puede el estado atribuirle esta actividad a otros órganos que no sean los jueces, ya que seria ilógico decir que la justicia se puede administrar de una forma para unos y de otra forma para otros. Desde el inicio no podríamos hablar de justicia, si para unos la justicia se realiza de una forma y para otros de otra, por lo que la Jurisdicción Penal es y debe ser una sola, ejercida por el poder judicial por intermedio de los jueces, de acuerdo a unos principios únicos, homogéneos y previamente establecidos. Sobre lo anterior, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, en la Sentencia Número 336 del 19 de septiembre de 2003, dejó sentado que:

“El principio de la unidad del proceso prohíbe expresamente seguir diferentes causas por un solo delito o falta aunque hayan diversos imputados y así mismo prohíbe seguir al mismo tiempo contra un imputado diversos procesos aunque haya cometido diferentes delitos o faltas.”

También, la Sentencia Nº 665 de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal, Expediente Nº A08-167 de fecha 09 de diciembre de 2008, ha dicho que:

“... el legislador en el artículo 73 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la unidad del proceso penal como un esquema legal creado para regular el principio procesal del ejercicio de la jurisdicción y, también como coadyuvante de otras garantías del proceso, como lo son el derecho a ser juzgado por el juez natural y la tutela judicial efectiva. En este sentido, la unidad del proceso penal, es concebida para regular la actuación del órgano juzgador en los casos que existan varios delitos o faltas imputados a una misma persona o, cuando en un mismo hecho punible hayan participado varias personas, supuesto en los cuales, el conocimiento de la causa corresponderá a un solo tribunal, salvo las excepciones establecidas en el artículo 74 del Código Orgánico Procesal Penal.”

Exclusividad

La jurisdicción no solo es única sino que es exclusiva y excluyente, porque sólo puede ser ejercida por los jueces, de allí el carácter de exclusividad. Es excluyente porque los jueces solo pueden realizar una actividad jurisdiccional, prohibiéndose a los Jueces ejercer otra función pública que distraiga el delicado cometido en sentido amplio de administrar justicia. Esto se entiende en razón a la imparcialidad que debe tener el Juez al momento de tomar sus determinaciones y a la vez como fórmula para evitar la intromisión de otros entes del Estado en una actividad tan especial, delicada y técnica como es el sentenciar a las personas como inocentes o culpables. En el caso de la jurisdicción se da la más clara separación de funciones de que nos habla Montesquieu en su libro el “Espíritu de las Leyes”, sin que en ningún momento se quiera decir con ello que los Jueces no ejerzan en un momento dado funciones administrativas, por ejemplo, ya que es atribución del Juez la administración de los bienes y materiales de trabajo del Tribunal, la posibilidad de establecer medidas disciplinarias y sanciones a los funcionarios del tribunal o a terceros que le impidan de alguna manera le obstaculicen el ejercicio de su función con la utilización de la fuerza pública, etc.. Lo que sucede es que en estos casos el Juez no esta ejerciendo la función jurisdiccional en su sentido estricto, es decir, dirimiendo conflictos, dilucidando litigios por acusaciones privadas, sino que esta realizando actividades necesarias e imprescindibles para el ejercicio propio de su función jurisdiccional. Es necesario tener presente algunos Principios que rigen el concepto de jurisdicción como una función pública cuyo ejercicio corresponde a los Tribunales de Justicia, autoridades encargadas por la Constitución para ejercerla. La forma en que se distribuirá el ejercicio de la jurisdicción entre los distintos Tribunales (la determinación de su competencia), es materia de Ley y el ejercicio de la Jurisdicción pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la Ley.

Ver los artículos 176, 434, 435 y 436 del COPP sobre las posibilidades de rectificación cuando se juzga o se hace ejecutar lo juzgado.

Hay distintas acepciones del término Jurisdicción. El vocablo Jurisdicción lo encontramos en el lenguaje jurídico con distintos significados, y quizás algunos de los problemas que se han confrontado a la hora de elaborar una definición de Jurisdicción y de establecer los límites de la función jurisdiccional provienen precisamente de la variedad de significados que se le da a esta palabra. A este vocablo se le puede atribuir por lo menos cinco acepciones, así tenemos que se puede entender la palabra Jurisdicción como:

1) Ámbito Territorial;
2) sinónimo de Competencia;
3) en cuanto a la Materia;
3) conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del Poder Público;
5) por último, en su verdadero sentido técnico de función pública de hacer Justicia.

JURISDICCIÓN COMO ÁMBITO TERRITORIAL:

Se entiende el término jurisdicción en el sentido de ámbito territorial, cuando se hace referencia al espacio dentro del cual un funcionario público ejerce sus funciones, o el espacio dentro del cual se encuentra una persona o un bien mueble o inmueble, debiendo en estos caso referirse más correctamente al vocablo circunscripción en lugar de utilizar la palabra Jurisdicción. Así encontramos los siguientes artículos 58 al 64 del COPP.

Veamos en el Capítulo II del COPP, sobre la Competencia por el Territorio:

Competencia Territorial
Artículo 58. La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.

En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.

En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.

En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado.

Recomiendo ver la Sentencia número 278 del 31 de julio de 2013 de la Sala de Casación Penal:

"En el proceso penal rige el principio de competencia territorial, el cual confiere el estudio el juzgamiento de un caso al tribunal que corresponda según el lugar donde se haya consumado el delito".

Del mismo modo, sobre esta norma y las siguientes recomiendo leer las Sentencias de la Sala de Casación Penal números: 0174 de fecha 16 de marzo del año 2001, la 0835 de fecha 20 de noviembre el año 2001, la 022 de fecha 30 de enero del año 2003, la 244 de fecha 1 de julio del año 2003, la 324 del 13 de agosto del año 2003, la 023 de fecha 3 de febrero del año 2004, la 508 de fecha 24 de noviembre de 2006, la 486 del 6 de agosto del año 2007, la 024 de fecha 29 de enero del año 2008, la 137 de fecha 12 de marzo del año 2008, la 482 de fecha 30 de septiembre del año 2008, la 497 de fecha 2 de octubre del año 2008, la 575 de fecha 29 de octubre del año 2008 y la 016 de fecha 22 de enero del año 2010. Todas estas Sentencias se encuentran mencionadas en el libro de Luis Miguel Balza Arismendi denominado "Código Orgánico Procesal Penal" de la conocida Editorial Álvaro Nora Librería Jurídica, 2013, páginas 89 y 90, en donde se nos habla de la determinación de la competencia de los Tribunales en las causas de acción penal, el momento consumativo del delito, la competencia por el territorio, la competencia objetiva y lo que es este concepto o su noción, la competencia territorial para el conocimiento de un acto punible, la competencia por el territorio en un caso de difamación a través de un artículo de prensa y el domicilio de la empresa que publicó los artículos difamatorios, el lugar de la comisión en caso de drogas y la detención en el extranjero, el lugar de consumación el delito de emisión de cheques sin provisión de fondos y el elemento que determina la competencia, los criterios determinación para la competencia territorial, en casos también de delito de secuestro y por último, sobre la inexistencia de la declinatoria de competencia por el territorio al encontrarse recluido el imputado en un centro hospitalario de otro Estado, todas en ese orden.

Competencias Subsidiarias
Artículo 59. Cuando no conste el lugar de la consumación del delito, o el de la realización del último acto dirigido a su comisión, o aquel donde haya cesado la continuidad o permanencia, el conocimiento de la causa corresponderá, según su orden, al Tribunal:

1. Que ejerza la jurisdicción en el lugar donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del autor.

Sentencia N° 246 del 4 de mayo de 2015, N° de Expediente: CC15-128 de Tema: Competencia, Materia: Derecho Procesal Penal, Competencia subsidiaria:

"En el presente caso, se observa que se está es presencia de una competencia subsidiaria, que es aquella que el legislador establece cuando no se puede determinar el lugar de comisión del delito, pues, ni de la querella, ni de las actas que conforman el presente expediente se desprende el lugar de comisión de los ilícitos penales; sin embargo, se evidencia que existe una serie de documentos autenticados ante la Notaría Cuarta del Municipio Girardot del estado Aragua, en consecuencia y por mandato del numeral 1 del artículo 59 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando no conste el lugar de la consumación del delito, el tribunal competente para conocer será donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del autor."

2. De la residencia del primer investigado o investigada.

3. Que reciba la primera solicitud del Ministerio Público para fines de investigación.

Extraterritorialidad
Artículo 60. En las causas por delitos cometidos fuera del Territorio de la República, cuando el proceso pueda o deba seguirse en Venezuela, será competente, si no existe Tribunal designado expresamente por ley especial, el que ejerza la Jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia del imputado o imputada; y, si éste o ésta no ha residido en la República, será competente el del lugar donde arribe o se encuentre para el momento de solicitarse el enjuiciamiento.

Cuando el asunto criminal pueda salir de nuestras fronteras, es trascendental tener en consideración en primer lugar, los diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por nuestro país en materia penal de asistencia mutua y cooperación. Algunos de ellos, son:

BILATERALES:
  • Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela
  • Acuerdo entre la República del Ecuador y la República de Venezuela sobre prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
  • Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Venezuela sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
  • Argentina. Convenio con Venezuela sobre tráfico ilícito de estupefacientes, Ley 25.347, 2000-11-01
  • Argentina. Convenio con Venezuela sobre uso indebido y trafico ilícito de estupefacientes, Ley 23.865, 1990-09-27
  • Brasil. Acuerdo de Prevención al Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Decreto nº 99.758, 03-12-1990
  • Brasil. Tratado de Extradición, Decreto nº 5362, 12-03-1940
  • Convenio de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China
  • Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal
  • Convenio entre la República de Venezuela y la República Dominicana sobre Asistencia Judicial en Materia Penal
  • Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Paraguay y la República de Venezuela
  • Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Cuba sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal
  • Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de Venezuela
  • Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela
MULTILATERALES:
  • Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.
  • Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.
  • Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.
  • Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.
  • Convención Interamericana contra la Corrupción 
  • Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal
  • Convención Interamericana Contra el Terrorismo. 
  • Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
  • Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Importante es mencionarles los posibles delitos que se puedan realizar en la ejecución de un contrato, sobre todo, si estos tienen relación con el extranjero. Acoto la Sentencia N° 1100 del 1 de agosto de 2000 de la Sala de Casación Penal, Expediente C00-0156, con Ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, Jurisprudencia cuyo asunto son “Delitos en la Ejecución de Contratos”:

“Sin prejuzgar la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia acerca de si los alegatos inconsiderados contribuyen a la demostración del delito por el cual se acusó u otro, y  menos aún sin prejuzgar sobre la responsabilidad de los acusados en la comisión de algún hecho punible, por constituir todo ello materia de fondo, advierte que la juzgadora ha debido considerarlos, bien para admitirlos o  desecharlos. Y no limitarse a expresar, como lo hizo,  que por haber habido un contrato su eventual incumplimiento tendría necesariamente que ser enjuiciado ante  el “órgano jurisdiccional competente”  (refiriéndose  inequívocamente a la jurisdicción  civil o mercantil y en todo caso a la que no configurara  la “vía penal”), cuando lo cierto es que en la ejecución de los contratos, y como se ha comprobado en innumerables ocasiones, se pueden perfectamente cometer  y evidenciar delitos de índole muy diversa.”

Por ello, si hubiera alguna laguna real o aparente con múltiples jurisdicciones a aplicar, siempre en consideración con el Principio Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, el autor cubano venezolano Eric Pérez Sarmiento, en su obra “Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Cuarta Edición”. Vadell Hermanos Editores, señala que la competencia por el territorio está relacionada indiscutiblemente con la “ubicuidad del Tribunal” que ha de conocer que no debe ser otro que el lugar donde se suscitaron los hechos que se investiguen. Sobre esto, debemos resaltar y analizar cuál es “el asiento o sede de la relación jurídica”. Esto lo ha dicho Federico Carlos Savigny, en el Sistema del Derecho Romano Actual. Traducción de Francisco Mesía y Manuel Poley, 2ª. Edición, Centro Editorial de Góngora, Madrid, p. 188.
________________
(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n 

martes, 12 de julio de 2016

ARTICULO DE OPINIÓN: BREVES SOBRE LA JURISDICCIÓN PENAL. SEGUNDA PARTE.

Debo mencionarles a colación lo que establecen los artículos 3, 4, 5 y 40 del del Código Penal. El artículo 3 dice así:

“Todo el que cometa un delito o una falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana.”

A  continuación veamos la opinión de la DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y DOCTRINA (1) DEL MINISTERIO PÚBLICO en el NÚMERO DE ESCRITO DRD-1-226-2012  FECHA: 08/08/2012 en casos relacionados con la validez espacial de la ley penal y los delitos cometidos en las sedes diplomáticas venezolanas que se encuentran en otros países:

MÁXIMA:  Actualmente debe considerarse, con base en el criterio del interés de la función, cuyas implicaciones son más limitadas que las derivadas de la tesis de la ficción, que el territorio donde se encuentra ubicada toda embajada es territorio del estado receptor, ostentando éste competencia para perseguir los delitos que en dichos recintos se cometan, pero tal competencia se verá limitada por las inmunidades reguladas en la Convención de Viena y en la legislación de cada uno de los estados.

"Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle la opinión de quien suscribe en torno a si el lugar donde se instala una embajada es territorio del país ante el cual se acredita el representante diplomático, o territorio del país que representa, ello con especial referencia a las sedes diplomáticas venezolanas que se encuentran en otros países, y la consecuencia que ello genera ante la comisión de delitos en la sede de las embajadas.
Para ello, es preciso abordar tres puntos fundamentales, los cuales se explanarán respectivamente en tres secciones; a saber: en la sección primera, se referirán tres de los principios generales que informan el régimen de la validez territorial de la ley penal (TERRITORIALIDAD, PERSONALIDAD, Y PROTECCIÓN); en una segunda sección se realizará el examen de la interrogante que sustenta la solicitud antes señalada, es decir, determinar cuál es la naturaleza jurídica del territorio en el cual se encuentran las representaciones diplomáticas venezolanas, acreditadas en los distintos países que conforman la comunidad internacional; y finalmente en una tercera sección, se desarrollará el tema relacionado con las consecuencias jurídicas que acarrea la comisión de un delito en la sede de las embajadas venezolanas.
SECCIÓN PRIMERA
Con relación a los principios que ordenan la aplicación de la ley penal en el espacio, es decir, el régimen de la validez territorial de la ley penal, debe partirse de la premisa de que el ius puniendi o potestad punitiva de los estados, constituye un elemento esencial para el ejercicio de la soberanía de éstos, pero es el caso que dicha potestad se encuentra subordinada o enmarcada en el ámbito territorial en el cual el Estado despliega su soberanía. (…) Sin embargo…se producen situaciones en que la potestad punitiva de varios Estados puede verse comprometida, haciéndose necesario entonces resolver cuál de éstos debe ser el competente para juzgar y aplicar la pena respectiva. (…) Tales soluciones sólo pueden ser aportadas por una serie de principios internacionales que delimiten tal competencia, y le confieran la LEGITIMACIÓN al estado para materializar su poder penal, los cuales a su vez deben ser recogidos en el Derecho positivo de cada país.

Dichos principios son los que se expondrán a continuación:

1. Principio de Territorialidad …se traduce en que todo Estado ostenta la competencia para castigar, con arreglo a sus propias leyes, los hechos punibles que sean cometidos en su territorio (…) Este principio se encuentra recogido en el artículo 3 de nuestro Código Penal, el cual reza: ”Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”. (…)

2. Principio de Personalidad En primer término, debe destacarse que este principio, junto a los principios de PROTECCIÓN y de JUSTICIA UNIVERSAL, constituye la excepción a la regla general (PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD), dado que legitima al Estado venezolano para aplicar su ley penal a hechos cometidos fuera del territorio nacional. Es decir, son supuestos de EXTRATERRITORIALIDAD.

Así, el mencionado principio de PERSONALIDAD, regulado en los ordinales 4°, 6°, 7°, 8° y 13° del artículo 4 del Código Penal, comporta la posibilidad de aplicar el Derecho penal venezolano a ciudadanos venezolanos que cometan delitos fuera del territorio nacional, es decir, comporta una extensión del Derecho penal patrio fuera de las fronteras nacionales, tomándose en cuenta para ello los criterios de la NACIONALIDAD y la INVESTIDURA del autor del delito. (…)

3. Principio de Protección Según este tercer principio, se reconoce la competencia de los tribunales venezolanos y la aplicabilidad de la ley penal patria a los ciudadanos venezolanos o extranjeros, cuando cometan delitos fuera del territorio nacional, contra los intereses fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela 40, es decir, que se lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos que apunten hacia la protección de la República. (…) …el Estado venezolano se reserva la competencia para perseguir hechos punibles cometidos allende a sus fronteras, con independencia de la nacionalidad del autor de aquéllos. Pero se debe aclarar que esta reserva de competencia opera únicamente cuando el Estado en cuyo territorio se cometió el delito, renuncie a la persecución por ser los intereses de otro Estado los que resulten ofendidos.41 (…)

SECCIÓN SEGUNDA

40 MUÑOZ CONDE. Ob. Cit., p. 174.
41 MUÑOZ CONDE. Ob. Cit., p. 175. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis de los anteriores principios, queda por examinar ahora cuál es la naturaleza del territorio en el cual se encuentran las embajadas venezolanas en el extranjero, a saber, si deben considerarse como TERRITORIO VENEZOLANO (que en ese caso, a los efectos del Derecho internacional público, funge como ESTADO ACREDITANTE), o como territorio del ESTADO RECEPTOR.

Antes de responder esta interrogante, debe partirse de una premisa fundamental, que no es otra que el CONCEPTO JURÍDICO DE TERRITORIO. Según éste, debemos entender por territorio al espacio en el cual el Estado Venezolano ejerce su soberanía. En dicho espacio se encuentran comprendidos tanto el territorio en SENTIDO GEOGRÁFICO, que básicamente contiene a la superficie terrestre, el mar territorial, la zona marítima contigua, la plataforma submarina continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo; como los espacios acogidos por el denominado DERECHO DE BANDERA O PABELLÓN, que abarca a los buques y aeronaves venezolanas sea cual sea el lugar en el que se encuentren.

A los efectos de la presente opinión, únicamente se tomará en consideración la noción de territorio en sentido geográfico, y específicamente la de superficie terrestre. En tal sentido, ésta última se puede entender como aquella sección del continente americano comprendida dentro de los límites jurídicamente fijados por la República, incluyendo los ríos, lagos e islas interiores, y las Antillas Menores venezolanas que se encuentran ubicadas en el mar Caribe.42 La regulación jurídica del territorio se encuentra establecida en los artículos 10 y 11 de la Constitución Nacional. 43 Entonces, delimitada ya la noción de territorio, y especialmente la de superficie terrestre, debe señalarse que estas nociones tienen una gran incidencia en un aspecto fundamental de las distintas relaciones que pueden existir entre los estados, y ese aspecto se encuentra constituido por las relaciones diplomáticas… Como pieza fundamental de dichas relaciones diplomáticas, se encuentran los agentes diplomáticos o misiones diplomáticas permanentes, que no son otra cosa que aquellos órganos o agentes de un sujeto de Derecho internacional, acreditados permanentemente ante otro sujeto de Derecho internacional, cuya función fundamental es encargarse de asegurar las relaciones diplomáticas entre ambos sujetos. 44

Tales funciones se encuentran reguladas en el artículo 3 de la mencionada Convención, que establece lo siguiente:

Artículo 3
1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:  a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. negociar con el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. (...)

42 SOSA CHACÍN. Ob. Cit., p. 271.

43 Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbítrales no viciados de nulidad.
Artículo 11. La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen...

44 RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro. Lecciones de Derecho Internacional Público. Cuarta edición. Editorial Tecnos. Madrid, 1998, p. 386. 

Cabe destacar que para el correcto desempeño de sus funciones, las misiones diplomáticas se encuentran compuestas por unos ELEMENTOS PERSONALES, y por unos ELEMENTOS MATERIALES. Los primeros comprenden al jefe de la misión, a los miembros del personal diplomático, los miembros del personal administrativo y técnico, los miembros del personal de servicio y los criados particulares. Los segundos, abarcan los locales, los bienes muebles en ellos situados, los archivos y documentos, y los medios de transporte de la misión. (…)

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, anteriormente indicada, señala en su preámbulo, entre otras cosas que “[T]ales inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados,”

Con base en esta última tendencia, se limita de manera radical el alcance de los efectos derivados de la inmunidades y privilegios, en razón de que una de las implicaciones de tal DESPERSONALIZACIÓN, es que el territorio de la embajada ya no se considerará territorio del Estado acreditante, sino como parte integrante del territorio del Estado receptor, con la particularidad de que la soberanía de este último se ve limitada en dicho espacio territorial, en virtud de los mencionados beneficios que se otorgan a la delegación diplomática. Entonces, en caso que se cometa un delito en una embajada, la competencia para perseguir ese hecho punible le corresponderá por regla general al Estado receptor, ello con base al principio de territorialidad antes explicado. Esta última tendencia es la que impera actualmente en la Dogmática jurídico-penal, y es la sostenida por este Despacho en la presente opinión. (…) Como corolario de todo lo antes expuesto, debe afirmarse que la teoría de la EXTRATERRITORIALIDAD o de la FICCIÓN ha sido desechada por la Doctrina moderna, tanto en el campo del Derecho internacional público como en el Derecho penal, por lo que actualmente debe considerarse, con base en el criterio del INTERÉS DE LA FUNCIÓN, cuyas implicaciones son más limitadas que las derivadas de la tesis de la ficción, que el territorio donde se encuentra ubicada toda embajada es territorio del Estado receptor, ostentando éste competencia para perseguir los delitos que en dichos recintos se cometan, pero tal competencia se verá limitada por las inmunidades reguladas en la Convención de Viena y en la legislación de cada uno de los estados. (…) Por lo tanto, el territorio donde están ubicadas las sedes de las embajadas venezolanas acreditadas en otros países, no es territorio venezolano, por lo cual la ley penal venezolana no sería aplicable de conformidad con el principio de TERRITORIALIDAD contenido en el artículo 3 del Código Penal, por lo que Venezuela únicamente puede reclamar jurisdicción en los casos excepcionales regulados en el artículo 4 eiusdem, específicamente mediante la aplicación de los principios antes señalados de PERSONALIDAD y de PROTECCIÓN.

SECCIÓN TERCERA
Conociendo entonces el contenido de tres de los criterios fundamentales que regulan la validez espacial de la ley penal, a saber, TERRITORIALIDAD, PERSONALIDAD Y PROTECCIÓN, y partiendo de la premisa fundamental de que el territorio donde se encuentran las embajadas venezolanas en el exterior de la República no forma parte del territorio nacional, sino del Estado receptor, se debe entrar entonces en el análisis in concreto de los efectos jurídicos derivados de la comisión de hechos punibles en la sede de dichas delegaciones, tanto cuando el autor es un funcionario de la delegación 45, como cuando se trata de un particular, sea o no ciudadano venezolano.

45 Aquí se encuentran comprendidos tanto el EMBAJADOR, como los demás miembros de la misión diplomática.

En tal sentido, en el primero de los supuestos, es decir, que el autor sea un AGENTE DIPLOMÁTICO VENEZOLANO, habiéndose encontrado o no en el ejercicio de sus funciones al momento de cometer el delito, éste no podrá ser procesado ni castigado en el Estado receptor, en virtud de gozar de INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN, la cual lo ampara de manera absoluta desde que entra al Estado receptor para tomar posesión de su cargo, hasta el término de sus funciones y la expiración de un plazo razonable para que salga del país.

46 Tal inmunidad se encuentra contenida en la primera parte del artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. A saber: Artículo 31 El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa...
De igual forma, el agente diplomático tampoco puede ser objeto de medida de detención o arresto alguno sobre su persona, tal como lo indica el artículo 29 eiusdem. A saber: Artículo 29. La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. (...) …dicha inmunidad puede verse trastocada en dos casos. El primero de ellos se trata de unas serie de excepciones establecidas en los literales a, b y c del numeral 1 el artículo 31 de la referida Convención, las cuales se refieren a acciones de carácter civil que se intenten contra el agente diplomático, específicamente acciones reales y acciones sucesorias; así como también acciones derivadas de relaciones laborales o comerciales en las cuales haya participado el delegado, fuera de sus funciones oficiales. En tales casos se podrá accionar judicialmente contra el agente diplomático ante el país receptor.
El segundo caso en que tal inmunidad de jurisdicción puede verse trastocada, se produce cuando opera la RENUNCIA de ésta por parte del Estado acreditante, por motivo de delitos cometidos por su delegado. Así, el Estado acreditante allana la inmunidad de su respectivo agente diplomático, a los fines de que pueda ser juzgado en un proceso penal en el Estado receptor, aplicándosele la ley penal adjetiva y sustantiva de este último. (…) Pero es el caso que la responsabilidad penal de dicho agente, así como también la de las personas amparadas por tal inmunidad por lo dispuesto en el artículo 37 de la Convención 47, queda latente frente al Estado acreditante -siempre y cuando no haya operado la RENUNCIA A LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN antes mencionada-. (…)

46 Al respecto, la Convención de Viena señala al respecto: Artículo 39. 1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores o al Ministerio que se haya convenido.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o en el que expire el plazo razonable que le haya sido concedido para permitirle salir de él, pero subsistirán hasta entonces, aún en caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto de los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión.
47 Artículo 37.
1. Los miembros de la familia de un agente diplomático que formen parte de su casa gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en los artículos 29 a 36, siempre que no sean nacionales del Estado receptor.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la misión, con los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 29 a 35, salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado receptor especificada en el párrafo 1 del artículo 31, no se extenderá a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los privilegios especificados en el párrafo 1 del artículo 36, respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalación.
3. Los miembros del personal de servicio de la misión que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente, gozarán de inmunidad por los actos realizados en el desempeño de sus funciones, de exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exención que figure en el artículo 33.
4. Los criados particulares de los miembros de la misión, que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente, estarán exentos de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban por sus servicios. A otros respectos, sólo gozarán de privilegios e inmunidades en la medida reconocida por dicho Estado. No obstante, el Estado receptor habrá de ejercer su jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de la misión. 
Entonces, con base en esta puerta abierta que deja la señalada norma, estaría justificado que la ley penal venezolana se aplique extraterritorialmente al agente diplomático incurso en delito, aún y cuando éste se cometa en el territorio de otro Estado. (…)
Por otra parte, en lo que se refiere a los PARTICULARES VENEZOLANOS que cometan hechos punibles en las sedes de las embajadas diplomáticas venezolanas acreditadas en el exterior, cabe señalar que la regla general es que a ellos les será aplicable -con base en el PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD- la ley penal del Estado receptor, en razón de que la comisión del delito se ha producido en el territorio de dicho Estado. Por vía de excepción, estarán sometidos a la ley penal venezolana en virtud del PRINCIPIO DE PERSONALIDAD, en su vertiente contenida en el ordinal 4° del artículo 4 del Código Penal, y por las vertientes del PRINCIPIO DE PROTECCIÓN contenidas en los ordinales 1°, 3°, 11° y 12° eiusdem, siempre que el caso concreto se pueda encuadrar en los supuestos contenidos en las mencionadas normas.
El tercer supuesto, referido al caso en que sea un PARTICULAR EXTRANJERO el autor del hecho punible cometido en la sede diplomática venezolana, la regla general, al igual que el supuesto anterior, es la aplicación de la ley penal dictada por el Estado receptor, en virtud del PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.
Excepcionalmente, la ley penal venezolana podría en ciertos casos ser la utilizable, mediante el PRINCIPIO DE PROTECCIÓN, siempre y cuando el caso pueda ser encuadrado en alguno de los supuestos regulados en los ordinales 2°, 3°, 11° y 12° del artículo 4 del Código Penal."

El concepto de Territorio es algo integral. Lo comprenden la superficie terrestre, el mar territorial, la zona marítima contigua, la plataforma submarina continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y las naves y aeronaves venezolanas. Si bien “cualquier espacio” que comprenda la soberanía venezolana, indica sujeción a las leyes penales venezolanas, veamos lo que señala la Ley Especial contra los Delitos Informáticos del año 2001, referente a la extraterritorialidad en el mundo digital, aquí se dispone en el artículo 3, lo siguiente:

“Extraterritorialidad. Cuando alguno de los delitos previstos en la presente ley se cometa fuera del territorio de la República, el sujeto activo quedará sujeto a sus disposiciones si dentro del territorio de la República se hubieren producido efectos del hecho punible y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros.”

Si el ejercicio de la jurisdicción es apropiada depende de "el nivel de interactividad y la naturaleza comercial del intercambio de información que se produce en el sitio Web". Acá recomiendo leer esta sentencia en idioma inglés: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/21/1318/2577739/

Dice el artículo 4 dispone el Principio de Territorialidad:

“Artículo 4. Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana:

1º. Los venezolanos que en país extranjero, se hagan reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes.

2º. Los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan algún delito contra la seguridad de la República o contra alguno de sus nacionales.
En los dos casos anteriores se requiere que el indiciado haya venido al territorio de la República y que se intente acción por la parte agraviada, o por el Ministerio Público en los casos de traición o de delito contra la seguridad de Venezuela.
Requiérase también que el indiciado no haya sido juzgado por los Tribunales extranjeros, a menos que, habiéndolo sido, hubiere evadido la condena.

3º. Los venezolanos o extranjeros que, sin autorización del Gobierno de la República, fabriquen, adquieran o despachen armas o municiones, con destino a Venezuela, o  favorezcan en alguna manera su introducción en el territorio venezolano.

4º. Los venezolanos que, en país extranjero, infrinjan las leyes relativas al estado civil y capacidad de los venezolanos.

5º. Los empleados diplomáticos, en los casos permitidos por el Derecho Público de las Naciones, de conformidad con lo que establece la Constitución Nacional.

6º. Los empleados diplomáticos de la República que desempeñen mal sus funciones, o que cometan cualquier hecho punible no enjuiciable en el lugar de su residencia por razón de los privilegios inherentes a su cargo.

7º. Los empleados y demás personas de la dotación y la marinería de los buques y aeronaves de guerra nacionales por la comisión, en cualquier parte, de hechos punibles.

8º. Los Capitanes o Patrones, demás empleados y la tripulación y marinería, así como los pasajeros de los buques mercantes de la República, por los hechos punibles cometidos en alta mar o a bordo en aguas de otra nación; salvo, siempre, respecto de los pasajeros, lo que se establece en el segundo aparte del número 2. del presente artículo.

9º. Los venezolanos o extranjeros venidos a la República que, en alta mar, cometan actos de piratería u otros delitos de los que el Derecho Internacional califica de atroces y contra la humanidad; menos en el caso de que por ellos hubieren sido ya juzgados en otro país y cumplido la condena.

10º. Los venezolanos que, dentro o fuera de la República, tomen parte en la trata de esclavos.

11º. Los venezolanos o extranjeros venidos al territorio de la República que, en otro país, falsifiquen o tomen parte en la falsificación de moneda de curso legal en Venezuela o sellos de uso público, estampillas o títulos de crédito de la Nación, billetes de banco al portador o títulos, de capital y renta, de emisión autorizada por la ley nacional.

12º. Los venezolanos o extranjeros que de alguna manera favorezcan la introducción, en la República, de los valores especificados en el número anterior.

En los casos de los números precedentes queda siempre a salvo lo dispuesto en el aparte segundo, número 2 de este artículo.

13º. Los Jefes, Oficiales y demás individuos de un ejército, en razón de los hechos punibles que cometan en marcha por territorio extranjero neutral, contra los habitantes del mismo.

14º. Los extranjeros que entren en lugares de la República no abiertos al comercio exterior o que, sin derecho, se apropien sus producciones terrestres, marítimas, lacustres o fluviales; o que sin permiso ni títulos hagan uso de sus terrenos despoblados.

15º. Los extranjeros que infrinjan las cuarentenas y demás disposiciones establecidas en beneficio de la salud pública.

16º. Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde territorio, buques de guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles o hagan cualquier otro mal a las poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en los dos apartes del número 2 de este artículo.”

Dispone el artículo 5 del del Código Penal:

Artículo 5. En los casos previstos en el artículo anterior, cuando se condene de nuevo en la República a una persona que ya haya sido sentenciada en el extranjero, se computará la parte de pena que haya cumplido en el otro país y el tiempo de la detención, conforme a la regla del artículo 40.”

El artículo 40 del del Código Penal:

Artículo 40. En las sentencias condenatorias a pena de presidio, se computará a favor del reo la detención transcurrida después de cinco meses de efectuada, a razón de un día de detención por uno de presidio. En los demás casos, el tiempo de la detención en favor del reo se computará así: un día de detención por otro de prisión; uno por dos de arresto; uno por tres de relegación a Colonia penitenciaria; uno por cuatro de confinamiento o de expulsión del territorio de la República, y uno por cada quince bolívares de multa.”

Siguiendo con las normas del COPP:

Práctica de Pruebas
Artículo 61. En los casos previstos en los artículos anteriores, el Ministerio Público, por medio de los órganos de policía de investigaciones, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación de los elementos de convicción, aun cuando el imputado o imputada no se encuentre en el territorio de la República.

Declinatoria de Competencia
Artículo 62. El juez o Jueza que, conociendo de una causa, observare su incompetencia por razón del territorio, deberá declararlo así y remitir lo actuado al tribunal que lo sea conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.

Efectos
Artículo 63. La declaración de incompetencia por el territorio no acarrea la nulidad de los actos procesales que se hayan realizado antes de que ésta haya sido pronunciada.

En los modos de dirimir la competencia les señalo tres Sentencias que les pueden servir para invocarlas en los casos. La primera de ellas, es de la Sala Constitucional del 16 de diciembre del año 2013 con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, es la sentencia número 1770 del expediente 13-0693 que nos habla de la competencia materia de género e igualmente, tenemos la sentencia número 481 de la Sala de Casación Penal del 16 de diciembre del año 2013 contenida en el expediente CC13-161 y finalmente, la sentencia número 1425 del 23 de octubre del año 2013 de la Sala Constitucional con ponencia de la doctora Carmen Zuleta de Merchán contenida en el expediente 13-03632 y la diatriba en materia de adolescentes y en materia de violencia de género.

(1)
http://www.mp.gob.ve/doctrina_2012/Other/imagemenu_acta/PDF%20doctrinas%202012/DERECHO%20PENAL%20SUSTANTIVO/VALIDEZ%20ESPACIAL%20DE%20LA%20LEY%20PENAL.%20DELITOS%20COMETIDOS%20EN%20LAS%20SEDES%20DIPLOM%C3%81TICAS%20VENEZOLANAS%20QUE%20SE%20ENCUENTRAN%20EN%20OTROS%20PA%C3%8DSES.pdf

lunes, 11 de julio de 2016

Bibliografía sobre el Proceso Penal Venezolano

Feminicidios en Venezuela. Análisis desde la Dogmática Jurídico Penal y de los Derechos Humanos. Análisis de los Tipos Penales contenidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Autor: Baíz Villafranca, Reina Alejandra. Año: 2016. Edición: Primera. Encuadernación: Rústico. Páginas: 78. Dimensiones: 15 x 23.

Nulidad del Juicio Penal por Defensa Técnica Deficiente. El Valor Intrínseco, Autonomía y Substante de la Justicia. Autor: Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo. Edición: Primera. Encuadernación: Rústico. Páginas: 88. Dimensiones: 15 x 23.

Técnicas de Litigación. Autor: Granadillo Colmenares, Nancy Carolina. Año: 2016. Edición: 7ma. Edición, Actualizada a la Reforma del COPP. Encuadernación: Rústico. Páginas: 156.

Violencia de Género, Autor: Straka, Úrsula (Coordinadora). Editorial: Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. Año: 2015. Edición: Primera. Encuadernación: Rústico. Páginas: 136.

domingo, 26 de junio de 2016

Sentencia de la Sala Constitucional que declara que hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente, en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano...

SENTENCIA DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA QUE HASTA TANTO SE CONFORMEN LOS COLEGIOS ELECTORALES JUDICIALES, O HASTA QUE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EFECTÚE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, EN EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, LA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PRINCIPALES: TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (PRESIDENTE), ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Y MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ;

SUPLENTES: ROMER ABNER PACHECO MORALES Y MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN.

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDO EN LA FORMA SIGUIENTE: 

PRINCIPALES: HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ (PRESIDENTE), JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO Y CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS.

SUPLENTES: MARIANELA GIL RODRÍGUEZ, FRANCISCO FELIPE ARTIGAS PÉREZ Y MARISOL DEL VALLE BAYEH BAYEH.

EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 09-1038

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Mediante diligencia presentada el 16 de junio de 2016, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, los abogados TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ y HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 1.196.401 y 9.223.718 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 8.476 y 43.297, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron medida cautelar innominada “[…] a objeto de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y el servicio de la administración de justicia disciplinaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”; todo ello con ocasión de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad que conoce esta Sala del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual fue derogado por el Texto Legal del mismo nombre publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.
En fecha 16 de junio de 2016, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por los mencionados abogados.
Cumplida la tramitación correspondiente esta Sala procede a resolver la solicitud cautelar presentada, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

Los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, venezolanos, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, respectivamente, para fundamentar la medida cautelar solicitada, expusieron los alegatos que siguen:

Que “[e] fecha 10 de junio de 2011 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693 Actos Legislativos del 9 de junio de 2011, mediante los cuales fueron designados los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, a los fines de que sea constituida la Jurisdicción Disciplinaria para el primer periodo de funcionamiento “011-2016, tal cual como lo estableciera el entonces Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana del año 2010 en sus artículos 41 y 43 que señalaba que el periodo de permanencia en los cargos de los jueces y jueza (sic) integrantes del Tribunal y de la Corte Disciplinaria Judicial es de cinco (5) años con posibilidad de reelección”.

Que “[…] con la entrada en vigencia del Código de Ética del año 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2015, ratificó efectivamente el periodo de cinco (5) años de permanencia en el cargo de los jueces y juezas de la  Jurisdicción Disciplinaria Judicial, tanto para el Tribunal como para la Corte, tal como lo señala (sic) los artículos 35 y 38 de dicho texto normativo relativo a la ética judicial”.

Que “[…] es de observar que la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética vigente in comento (sic), establece en su único aparte, que con relación a los jueces y juezas principales y suplentes del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial que actualmente se encuentran en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el periodo de cinco años para el cual fueron designados”.

Que “[…] se hace necesario hacer del conocimiento de esta Magna Sala, que el periodo legal por el cual fuimos designados por la Asamblea Nacional –órgano competente de acuerdo al otrora Código de Ética del 2010, para designar a los jueces y juezas de esta Jurisdicción, y que ahora recae, de acuerdo al vigente Código, en el Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a la aludida Disposición Transitoria Primera- se venció el 14 de junio de hogaño, en virtud de que el acto de juramentación fue realizado en esa misma fecha pero en el año 2011, cumpliéndose el periodo de cinco (5) (sic) para el cual fuimos designados”.

Que “[…] visto el vencimiento del periodo legal para el cual fuimos designados tanto los jueces principales como los jueces suplentes de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, y visto que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia no ha designado los jueces y juezas del nuevo periodo legal en la Jurisdicción Disciplinaria Judicial; es por lo que acudimos ante esta Máxima Intérprete Constitucional a los fines de que dicte la medida cautelar que considere pertinente, a objeto de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y el servicio de la administración de justicia disciplinaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Finalmente, la parte actora solicitó que se “[…] dicte una medida cautelar innominada, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de garantizar el servicio de administración de justicia disciplinaria y (sic) tutela judicial efectiva en los procesos disciplinarios que se ventilan en esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial”.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala Constitucional resolver, en esta oportunidad, la solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por el Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial y el Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial.

Al respecto, observa que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone expresamente lo que sigue:

“Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”.

En el caso examinado, los solicitantes fundamentan su pretensión en el hecho de que el periodo para el cual fueron designados los jueces y juezas (principales y suplentes) para el ejercicio de sus cargos en la Jurisdicción Disciplinaria se encuentra  actualmente vencido, al haber transcurrido el lapso de cinco (5) años previsto en el vigente Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Al respecto, esta Sala observa que, mediante Gaceta Oficial Número 39.693 del 10 de junio de 2011, fueron publicados los actos legislativos dictados por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 43, 44, 46 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010, mediante los cuales fueron designados los jueces y juezas principales y suplentes competentes en materia disciplinaria judicial.
Por su parte, el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010 fue derogado por el Texto Legal del mismo nombre, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015, el cual establece en la Disposición Transitoria Primera lo siguiente:
“Primera. Hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial, el Tribunal Supremo de Justicia procederá a designar los jueces y juezas y los respectivos del: Juzgado de Sustanciación, Tribunal Disciplinario Judicial, la Corte Disciplinaria Judicial; así como el Director o Directora del órgano investigador disciplinario; en ambos casos, previa asesoría del Comité de Postulaciones Judiciales.

Los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial, así como sus respectivos suplentes, que actualmente se encuentren en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el periodo de cinco años para el cual fueron designados, con posibilidad de reelección”.

Como puede observarse de la transcrita Disposición Transitoria, el periodo de permanencia de los jueces y juezas, así como de su respectivos suplentes, con competencia en materia Disciplinaria Judicial, es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su designación, la cual en el caso de autos data, como ya se señaló, del 10 de junio de 2011; siendo evidente entonces que feneció el lapso de cinco (5) años para el ejercicio de los cargos de los mencionados funcionarios judiciales, sin que hasta la presente fecha se haya producido su nombramiento conforme lo prevé el encabezado de la Disposición Transitoria Primera del referido Código de Ética y sin que exista en el instrumento legal que rige la materia, un régimen de transición que permita extender dicho periodo para la continuación en el ejercicio de la función disciplinaria judicial.

Ahora bien, visto que esta Sala Constitucional es garante de los derechos constitucionales previstos en la Carta Magna, entre los que se encuentran, el de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; e igualmente de garantizar la continuidad en la tramitación de las causas disciplinarias que se encuentran en el Tribunal Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial.

Visto igualmente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional tiene la potestad para decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado del proceso.

Visto del mismo modo que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone expresamente que “Ningún juez podrá separarse de su cargo antes de que su suplente o sustituto tome posesión de aquél, aun cuando haya finalizado su período”.

Visto asimismo que el régimen ordinario de elección de los jueces y juezas con competencia en materia disciplinaria judicial, y sus respectivos suplentes, a través de los Colegios Electorales, no se encuentra operativo por estar supeditado a la conformación de los colegios electorales judiciales; y visto que el propio Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana previó un régimen transitorio de designación, establecido en la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, hasta tanto se conformen los referidos Colegios Electorales.

Visto finalmente que mediante la sentencia de esta Sala Constitucional N° 1300/2005, caso: Lidia Teresa Pulgar y Guillermo Arana -aplicable al presente caso en lo que respecta a la salvaguarda en la continuidad de la prestación del servicio público-, se estableció que, ante la ausencia de un régimen de transición para la extensión en el ejercicio de un cargo público, el funcionario que se encuentre en ejercicio de sus funciones debe continuar en el cargo hasta tanto sea incorporado un nuevo funcionario, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.

Esta Sala Constitucional, a fin de garantizar la continuidad del ejercicio de la función disciplinaria judicial, dicta medida cautelar innominada y, en consecuencia, hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, conforme lo prevé el artículo 43 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del citado Código de Ética, esta Sala Constitucional declara que los jueces y juezas disciplinarios y sus respectivos suplentes, designados mediante los Actos Legislativos dictados por la Asamblea Nacional, publicados el 10 de junio de 2011, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693, se mantendrán provisionalmente ocupando sus respectivos cargos en el Tribunal Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial, respectivamente, los cuales fueron designados en la forma siguiente:

“CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente)
2.- Ana Cecilia Zulueta Rodríguez
3.- Adelso Acacio Guerrero Omaña

SUPLENTES
1.- Merly Jacqueline Morales Hernández
2.- Romer Abner Pacheco Morales
3.- María Alejandra Díaz Marín

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Hernán Pacheco Alviárez (Presidente)
2.- Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
3.- Carlos Alfredo Medina Rojas

SUPLENTES
1.- Marianela Gil Rodríguez
2.- Francisco Felipe Artigas Pérez
3.- Marisol Del Valle Bayeh Bayeh”.

Ahora bien, por notoriedad judicial (Vid. enlace: http://jdj.gob.ve/decisiones/desicionescorte2014/Sentencia%20N%C2%B0%202%20del%2005-02-2014%20exp%20R-2013-000013.pdf), esta Sala tiene conocimiento de que en la Corte Disciplinaria Judicial se produjo una vacante absoluta, con ocasión de la renuncia presentada el 4 de julio de 2013, ante la Asamblea Nacional, por el Juez Adelso Guerrero Omaña, miembro principal de la Corte Disciplinaria Judicial; lo cual trajo como consecuencia que en fecha 13 de agosto de 2013 se reconstituyera dicha Corte Disciplinaria, con la incorporación de la jueza Merly Jacqueline Morales H. (primer suplente), quien el 17 de julio de 2013 aceptó la convocatoria efectuada para cubrir la vacante absoluta; quedando entonces conformada la Corte Disciplinaria Judicial de la siguiente manera: Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente), Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y Merly Jacqueline Morales Hernández.
En consecuencia, la Corte Disciplinaria Judicial y el Tribunal Disciplinario Judicial estarán constituidos en la forma siguiente:

CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente)
2.- Ana Cecilia Zulueta Rodríguez
3.- Merly Jacqueline Morales Hernández

SUPLENTES
1.- Romer Abner Pacheco Morales
2.- María Alejandra Díaz Marín

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Hernán Pacheco Alviárez (Presidente)
2.- Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
3.- Carlos Alfredo Medina Rojas

SUPLENTES
1.- Marianela Gil Rodríguez
2.- Francisco Felipe Artigas Pérez
3.- Marisol Del Valle Bayeh Bayeh.

Con la medida cautelar innominada decretada en los términos expuestos en la presente decisión, se garantiza el principio de la continuidad en el servicio de la administración de justicia en la jurisdicción disciplinaria judicial, prevista en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; considerándose por lo tanto válidas todas las actuaciones desplegadas por los miembros del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial posteriores al vencimiento de su periodo. Así se decide.

III
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, decreta MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA y, en consecuencia, declara que hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, la Corte Disciplinaria Judicial estará constituida de la siguiente manera: Principales: Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente), Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y Merly Jacqueline Morales Hernández; Suplentes: Romer Abner Pacheco Morales y María Alejandra Díaz Marín . Asimismo, el Tribunal Disciplinario Judicial estará constituido en la forma siguiente: Principales: Hernán Pacheco Alviárez (Presidente), Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y Carlos Alfredo Medina Rojas. Suplentes: Marianela Gil Rodríguez, Francisco Felipe Artigas Pérez y Marisol Del Valle Bayeh Bayeh.

Asimismo, se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumarios se indicará textualmente lo siguiente:

SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA QUE HASTA TANTO SE CONFORMEN LOS COLEGIOS ELECTORALES JUDICIALES, O HASTA QUE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EFECTÚE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, EN EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, LA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRINCIPALES: TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (PRESIDENTE), ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Y MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ; SUPLENTES: ROMER ABNER PACHECO MORALES Y MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN. ASIMISMO, EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDO EN LA FORMA SIGUIENTE: PRINCIPALES: HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ (PRESIDENTE), JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO Y CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS. SUPLENTES: MARIANELA GIL RODRÍGUEZ, FRANCISCO FELIPE ARTIGAS PÉREZ Y MARISOL DEL VALLE BAYEH BAYEH.

Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión a los solicitantes y a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines legales consiguientes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los (21) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta,

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
                 
Vicepresidente,        

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
                    Ponente

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

CALIXTO ORTEGA RÍOS

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp.- 09-1038

CZdM/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188434-484-21616-2016-09-1038.HTML

Sentencia de la Sala Constitucional que declara que hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente, en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano

SENTENCIA DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA QUE HASTA TANTO SE CONFORMEN LOS COLEGIOS ELECTORALES JUDICIALES, O HASTA QUE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EFECTÚE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, EN EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, LA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PRINCIPALES: TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (PRESIDENTE), ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Y MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ;

SUPLENTES: ROMER ABNER PACHECO MORALES Y MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN.

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDO EN LA FORMA SIGUIENTE: 

PRINCIPALES: HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ (PRESIDENTE), JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO Y CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS.

SUPLENTES: MARIANELA GIL RODRÍGUEZ, FRANCISCO FELIPE ARTIGAS PÉREZ Y MARISOL DEL VALLE BAYEH BAYEH.

EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 09-1038

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Mediante diligencia presentada el 16 de junio de 2016, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, los abogados TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ y HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 1.196.401 y 9.223.718 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 8.476 y 43.297, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitaron medida cautelar innominada “[…] a objeto de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y el servicio de la administración de justicia disciplinaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela […]”; todo ello con ocasión de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad que conoce esta Sala del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, el cual fue derogado por el Texto Legal del mismo nombre publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015.
En fecha 16 de junio de 2016, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por los mencionados abogados.
Cumplida la tramitación correspondiente esta Sala procede a resolver la solicitud cautelar presentada, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

Los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, venezolanos, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial, respectivamente, para fundamentar la medida cautelar solicitada, expusieron los alegatos que siguen:

Que “[e] fecha 10 de junio de 2011 fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693 Actos Legislativos del 9 de junio de 2011, mediante los cuales fueron designados los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial, a los fines de que sea constituida la Jurisdicción Disciplinaria para el primer periodo de funcionamiento “011-2016, tal cual como lo estableciera el entonces Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana del año 2010 en sus artículos 41 y 43 que señalaba que el periodo de permanencia en los cargos de los jueces y jueza (sic) integrantes del Tribunal y de la Corte Disciplinaria Judicial es de cinco (5) años con posibilidad de reelección”.

Que “[…] con la entrada en vigencia del Código de Ética del año 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.207 Extraordinario, de fecha 28 de diciembre de 2015, ratificó efectivamente el periodo de cinco (5) años de permanencia en el cargo de los jueces y juezas de la  Jurisdicción Disciplinaria Judicial, tanto para el Tribunal como para la Corte, tal como lo señala (sic) los artículos 35 y 38 de dicho texto normativo relativo a la ética judicial”.

Que “[…] es de observar que la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética vigente in comento (sic), establece en su único aparte, que con relación a los jueces y juezas principales y suplentes del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial que actualmente se encuentran en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el periodo de cinco años para el cual fueron designados”.

Que “[…] se hace necesario hacer del conocimiento de esta Magna Sala, que el periodo legal por el cual fuimos designados por la Asamblea Nacional –órgano competente de acuerdo al otrora Código de Ética del 2010, para designar a los jueces y juezas de esta Jurisdicción, y que ahora recae, de acuerdo al vigente Código, en el Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a la aludida Disposición Transitoria Primera- se venció el 14 de junio de hogaño, en virtud de que el acto de juramentación fue realizado en esa misma fecha pero en el año 2011, cumpliéndose el periodo de cinco (5) (sic) para el cual fuimos designados”.

Que “[…] visto el vencimiento del periodo legal para el cual fuimos designados tanto los jueces principales como los jueces suplentes de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, y visto que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia no ha designado los jueces y juezas del nuevo periodo legal en la Jurisdicción Disciplinaria Judicial; es por lo que acudimos ante esta Máxima Intérprete Constitucional a los fines de que dicte la medida cautelar que considere pertinente, a objeto de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y el servicio de la administración de justicia disciplinaria que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Finalmente, la parte actora solicitó que se “[…] dicte una medida cautelar innominada, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de garantizar el servicio de administración de justicia disciplinaria y (sic) tutela judicial efectiva en los procesos disciplinarios que se ventilan en esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial”.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala Constitucional resolver, en esta oportunidad, la solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por el Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial y el Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial.

Al respecto, observa que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone expresamente lo que sigue:

“Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”.

En el caso examinado, los solicitantes fundamentan su pretensión en el hecho de que el periodo para el cual fueron designados los jueces y juezas (principales y suplentes) para el ejercicio de sus cargos en la Jurisdicción Disciplinaria se encuentra  actualmente vencido, al haber transcurrido el lapso de cinco (5) años previsto en el vigente Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana.
Al respecto, esta Sala observa que, mediante Gaceta Oficial Número 39.693 del 10 de junio de 2011, fueron publicados los actos legislativos dictados por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 43, 44, 46 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010, mediante los cuales fueron designados los jueces y juezas principales y suplentes competentes en materia disciplinaria judicial.
Por su parte, el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana de 2010 fue derogado por el Texto Legal del mismo nombre, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, del 28 de diciembre de 2015, el cual establece en la Disposición Transitoria Primera lo siguiente:
“Primera. Hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales para la elección de los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial, el Tribunal Supremo de Justicia procederá a designar los jueces y juezas y los respectivos del: Juzgado de Sustanciación, Tribunal Disciplinario Judicial, la Corte Disciplinaria Judicial; así como el Director o Directora del órgano investigador disciplinario; en ambos casos, previa asesoría del Comité de Postulaciones Judiciales.

Los jueces y juezas del Tribunal Disciplinario Judicial y de la Corte Disciplinaria Judicial, así como sus respectivos suplentes, que actualmente se encuentren en el ejercicio de sus funciones, continuarán en sus cargos hasta tanto venza el periodo de cinco años para el cual fueron designados, con posibilidad de reelección”.

Como puede observarse de la transcrita Disposición Transitoria, el periodo de permanencia de los jueces y juezas, así como de su respectivos suplentes, con competencia en materia Disciplinaria Judicial, es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su designación, la cual en el caso de autos data, como ya se señaló, del 10 de junio de 2011; siendo evidente entonces que feneció el lapso de cinco (5) años para el ejercicio de los cargos de los mencionados funcionarios judiciales, sin que hasta la presente fecha se haya producido su nombramiento conforme lo prevé el encabezado de la Disposición Transitoria Primera del referido Código de Ética y sin que exista en el instrumento legal que rige la materia, un régimen de transición que permita extender dicho periodo para la continuación en el ejercicio de la función disciplinaria judicial.

Ahora bien, visto que esta Sala Constitucional es garante de los derechos constitucionales previstos en la Carta Magna, entre los que se encuentran, el de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; e igualmente de garantizar la continuidad en la tramitación de las causas disciplinarias que se encuentran en el Tribunal Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial.

Visto igualmente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional tiene la potestad para decretar medidas cautelares en cualquier estado y grado del proceso.

Visto del mismo modo que el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone expresamente que “Ningún juez podrá separarse de su cargo antes de que su suplente o sustituto tome posesión de aquél, aun cuando haya finalizado su período”.

Visto asimismo que el régimen ordinario de elección de los jueces y juezas con competencia en materia disciplinaria judicial, y sus respectivos suplentes, a través de los Colegios Electorales, no se encuentra operativo por estar supeditado a la conformación de los colegios electorales judiciales; y visto que el propio Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana previó un régimen transitorio de designación, establecido en la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, hasta tanto se conformen los referidos Colegios Electorales.

Visto finalmente que mediante la sentencia de esta Sala Constitucional N° 1300/2005, caso: Lidia Teresa Pulgar y Guillermo Arana -aplicable al presente caso en lo que respecta a la salvaguarda en la continuidad de la prestación del servicio público-, se estableció que, ante la ausencia de un régimen de transición para la extensión en el ejercicio de un cargo público, el funcionario que se encuentre en ejercicio de sus funciones debe continuar en el cargo hasta tanto sea incorporado un nuevo funcionario, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.

Esta Sala Constitucional, a fin de garantizar la continuidad del ejercicio de la función disciplinaria judicial, dicta medida cautelar innominada y, en consecuencia, hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, conforme lo prevé el artículo 43 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del citado Código de Ética, esta Sala Constitucional declara que los jueces y juezas disciplinarios y sus respectivos suplentes, designados mediante los Actos Legislativos dictados por la Asamblea Nacional, publicados el 10 de junio de 2011, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693, se mantendrán provisionalmente ocupando sus respectivos cargos en el Tribunal Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial, respectivamente, los cuales fueron designados en la forma siguiente:

“CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente)
2.- Ana Cecilia Zulueta Rodríguez
3.- Adelso Acacio Guerrero Omaña

SUPLENTES
1.- Merly Jacqueline Morales Hernández
2.- Romer Abner Pacheco Morales
3.- María Alejandra Díaz Marín

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Hernán Pacheco Alviárez (Presidente)
2.- Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
3.- Carlos Alfredo Medina Rojas

SUPLENTES
1.- Marianela Gil Rodríguez
2.- Francisco Felipe Artigas Pérez
3.- Marisol Del Valle Bayeh Bayeh”.

Ahora bien, por notoriedad judicial (Vid. enlace: http://jdj.gob.ve/decisiones/desicionescorte2014/Sentencia%20N%C2%B0%202%20del%2005-02-2014%20exp%20R-2013-000013.pdf), esta Sala tiene conocimiento de que en la Corte Disciplinaria Judicial se produjo una vacante absoluta, con ocasión de la renuncia presentada el 4 de julio de 2013, ante la Asamblea Nacional, por el Juez Adelso Guerrero Omaña, miembro principal de la Corte Disciplinaria Judicial; lo cual trajo como consecuencia que en fecha 13 de agosto de 2013 se reconstituyera dicha Corte Disciplinaria, con la incorporación de la jueza Merly Jacqueline Morales H. (primer suplente), quien el 17 de julio de 2013 aceptó la convocatoria efectuada para cubrir la vacante absoluta; quedando entonces conformada la Corte Disciplinaria Judicial de la siguiente manera: Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente), Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y Merly Jacqueline Morales Hernández.
En consecuencia, la Corte Disciplinaria Judicial y el Tribunal Disciplinario Judicial estarán constituidos en la forma siguiente:

CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente)
2.- Ana Cecilia Zulueta Rodríguez
3.- Merly Jacqueline Morales Hernández

SUPLENTES
1.- Romer Abner Pacheco Morales
2.- María Alejandra Díaz Marín

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

PRINCIPALES:
1.- Hernán Pacheco Alviárez (Presidente)
2.- Jacqueline Del Valle Sosa Mariño
3.- Carlos Alfredo Medina Rojas

SUPLENTES
1.- Marianela Gil Rodríguez
2.- Francisco Felipe Artigas Pérez
3.- Marisol Del Valle Bayeh Bayeh.

Con la medida cautelar innominada decretada en los términos expuestos en la presente decisión, se garantiza el principio de la continuidad en el servicio de la administración de justicia en la jurisdicción disciplinaria judicial, prevista en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; considerándose por lo tanto válidas todas las actuaciones desplegadas por los miembros del Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte Disciplinaria Judicial posteriores al vencimiento de su periodo. Así se decide.

III
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, decreta MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA y, en consecuencia, declara que hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales, o hasta que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia efectúe la designación correspondiente en ejecución de la Disposición Transitoria Primera del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, la Corte Disciplinaria Judicial estará constituida de la siguiente manera: Principales: Tulio Amado Jiménez Rodríguez (Presidente), Ana Cecilia Zulueta Rodríguez y Merly Jacqueline Morales Hernández; Suplentes: Romer Abner Pacheco Morales y María Alejandra Díaz Marín . Asimismo, el Tribunal Disciplinario Judicial estará constituido en la forma siguiente: Principales: Hernán Pacheco Alviárez (Presidente), Jacqueline Del Valle Sosa Mariño y Carlos Alfredo Medina Rojas. Suplentes: Marianela Gil Rodríguez, Francisco Felipe Artigas Pérez y Marisol Del Valle Bayeh Bayeh.

Asimismo, se ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos sumarios se indicará textualmente lo siguiente:

SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA QUE HASTA TANTO SE CONFORMEN LOS COLEGIOS ELECTORALES JUDICIALES, O HASTA QUE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EFECTÚE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE, EN EJECUCIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y JUEZA VENEZOLANA, LA CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRINCIPALES: TULIO AMADO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (PRESIDENTE), ANA CECILIA ZULUETA RODRÍGUEZ Y MERLY JACQUELINE MORALES HERNÁNDEZ; SUPLENTES: ROMER ABNER PACHECO MORALES Y MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN. ASIMISMO, EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL ESTARÁ CONSTITUIDO EN LA FORMA SIGUIENTE: PRINCIPALES: HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ (PRESIDENTE), JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO Y CARLOS ALFREDO MEDINA ROJAS. SUPLENTES: MARIANELA GIL RODRÍGUEZ, FRANCISCO FELIPE ARTIGAS PÉREZ Y MARISOL DEL VALLE BAYEH BAYEH.

Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión a los solicitantes y a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines legales consiguientes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los (21) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta,

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
                 
Vicepresidente,        

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
                    Ponente

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

CALIXTO ORTEGA RÍOS

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

El Secretario,

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp.- 09-1038

CZdM/

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/188434-484-21616-2016-09-1038.HTML