viernes, 30 de diciembre de 2016

viernes, 23 de diciembre de 2016

Nuevo Libro: La Acusación (Fiscal - Particular - Privada) de José Augusto Rondón


A la venta el nuevo libro "La Acusación (Fiscal - Particular - Privada)" de José Augusto Rondón, editado por Vadell Hermanos Editores. Pueden adquirirlo en cualquier librería jurídica del país. De mucha utilidad para Jueces Penales, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos Penales, Abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho en general.

viernes, 16 de diciembre de 2016

RESOLUCIÓN No. 2016-001 del lunes 12 Diciembre de 2016 SOBRE PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA DE LOS SUJETOS PROCESALES EN LAS AUDIENCIAS DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL.

"RESOLUCIÓN N° 2016-001

El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en Sala de Casación Penal, previamente convocada por su Presidente, el Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, en uso de la facultad conferida en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dicta la siguiente RESOLUCIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN TELEMÁTICA DE LOS SUJETOS PROCESALES EN LAS AUDIENCIAS DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL.

CONSIDERANDO

Que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de toda persona de acceder “… a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…”, garantizando “… una justicia gratuita, accesible (…) idónea (…) y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos…”; lo que genera el deber del Estado de ofrecer nuevos medios para facilitar el ejercicio efectivo de tales derechos.

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional...”; de donde resalta el deber del Poder Público, y concretamente de los órganos jurisdiccionales, de valerse de los avances tecnológicos para su optimización.

CONSIDERANDO

Que el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que: “El Presidente o Presidenta de la Sala convocará a todos los Magistrados o Magistradas que constituyan la Sala respectiva (…) para adoptar las medidas que requieran la celeridad de los procesos y el normal y eficaz funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia”, por lo que la Sala de Casación Penal tiene la facultad de dictar resoluciones o adoptar cualquier otra medida necesaria para cumplir con tales fines garantizando su observancia.

CONSIDERANDO

Que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que: “… El Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus Salas favorecerá la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a su conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos”; de ahí que sea jurídicamente válido disponer de un sistema telemático para garantizar la participación de cualquier sujeto procesal en las audiencias que se celebren en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO

Que el artículo 120 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que: “… El Tribunal Supremo de Justicia y sus órganos auxiliares deberán crear, mantener y actualizar un sistema de información físico y electrónico que contenga, entre otros, el esquema actualizado de su organización y funcionamiento, así como un mecanismo de comunicación e información electrónica disponible para todas las personas”; y en consecuencia, que ese mecanismo de comunicación e información electrónica disponible para todas las personas puede consistir en un sistema de videoconferencia, por tratarse de una herramienta que posibilita la comunicación electrónica.

CONSIDERANDO

Que el artículo 2 de la Ley de Infogobierno prevé que: “Están sometidos a la aplicación de la presente Ley: 1. Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Nacional”, y el Tribunal Supremo de Justicia forma parte del Poder Público Nacional, conforme se establece en el título V de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

Que el artículo 3 de la Ley de Infogobierno establece entre sus fines: “… Facilitar el establecimiento de relaciones entre el Poder Público y las personas a través de las tecnologías de información…” y “… Garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas, a través de las tecnologías de información…”; por tanto, con esta norma se ratifica el uso de tecnologías de información y comunicación en las relaciones con el Tribunal Supremo de Justicia, donde no se excluyen las relaciones procesales.

CONSIDERANDO

            Que el artículo 1 de la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios prescribe que su objeto es prevenir que se ejecuten delitos desde el interior de dichos establecimientos, mediante el uso de telefonía celular, internet y cualquier servicio de voz y datos que ofrezcan las compañías de telecomunicaciones, por lo que, sería factible autorizar el uso de tales tecnologías para fines procesales.

CONSIDERANDO
         
Que el artículo 11 de la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios prevé como excepción a la prohibición de instalar redes alámbricas de comunicación destinadas a prestar servicios de Internet, voz y datos en los establecimientos penitenciarios del país, su uso por parte de los reclusos bajo estricta supervisión y control de la autoridades penitenciarias, de donde se advierte la posibilidad de usar tales servicios para garantizar la participación telemática en la sala de audiencias evitando el traslado de los reclusos a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en especial de aquellos ubicados fuera del Área Metropolitana de Caracas.

CONSIDERANDO

Que la ubicación de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia supone que la parte procesal o su abogado, que tenga la carga de intervenir en la audiencia que convocare este órgano jurisdiccional deberá trasladarse hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, localizada en la ciudad de Caracas, lo cual representa un esfuerzo adicional para acceder a la administración de justicia por parte de quienes estén domiciliados o residenciados fuera del Área Metropolitana de Caracas.

CONSIDERANDO

Que la videoconferencia u otro medio de comunicación telemático, audiovisual, bi o multidireccional e instantáneo, de prestaciones iguales o superiores, facilita el acceso a la justicia, evitando traslados, viáticos, ahorrando tiempo a las partes y a sus abogados, además de generar la optimización de la gestión judicial en salvaguarda de los derechos de los justiciables.

RESUELVE

TÍTULO I
ACCESO TELEMÁTICO

Artículo 1. Participación telemática. Cualquier persona que pudiera ser citada a las audiencias que convocare la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia podrá participar por medios telemáticos, ya sea mediante telepresencia, videoconferencia u otro medio de comunicación telemático, audiovisual, bi o multidireccional e instantáneo, previa aprobación emitida por el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal, siempre que los equipos y servicios tecnológicos necesarios estuvieren disponibles para tal fin y no se perjudicare el desarrollo de la audiencia o del proceso. La autorización otorgada no impide a los demás sujetos procesales, así como al público, presentarse en la sala de audiencias para el acto convocado, salvo las excepciones de ley.

Artículo 2. Lapso para la solicitud de participación telemática. La solicitud de participación telemática deberá consignarse en la Corte de Apelaciones cuya decisión se recurra, antes de que conste en el expediente el auto de remisión a la Sala de Casación Penal.

Fuera de ese lapso, la solicitud de participación telemática en la audiencia que convocare la Sala de Casación Penal podrá requerirse directamente al Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal, mediante escrito en papel consignado en la oficina de atención al público de la Secretaría de esta Sala, o en formato electrónico dotado de firma electrónica certificada dirigido a la dirección de correo electrónico scp.secretaria@tsj.gob.ve, respetando el lapso previsto en el primer aparte del artículo siguiente. La Secretaria de la Sala dejará constancia en el expediente de la petición digital, sin necesidad de imprimirla e incorporarla al mismo.

La Secretaría de la Sala de Casación Penal deberá contar con un sistema informático de alerta sobre la recepción diaria de mensajes de datos en la dirección de correo electrónico antes indicada, sin perjuicio del deber de revisar diariamente, al cierre de la oficina de atención al pública, el buzón de entrada de dicho servicio.

Las solicitudes recibidas fuera del horario de atención al público se entenderán entregadas al día hábil siguiente.

 Artículo 3. Notificación de la decisión. La autorización o negativa para participar por telepresencia, videoconferencia u otro medio de comunicación telemático, audiovisual, bi o multidireccional e instantáneo, cuando se hubiere presentado antes de la admisión del recurso de casación o de la pretensión de extradición, se comunicará con la citación para la audiencia y se publicará en las cuentas del portal de Internet del Tribunal Supremo de Justicia.

Si la solicitud se presentare luego de la citación, deberá notificarse la respuesta al menos siete (7) días hábiles antes de la fecha para la cual fue fijada la audiencia.

En ambos casos, se podrá comunicar por cualquier medio tecnológico indicado al efecto, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 4. Derecho a presentarse directamente. La autorización para intervenir por medios telemáticos en la audiencia convocada por la Sala de Casación Penal no impide que el solicitante pueda acudir directamente a la sala de audiencias el día fijado para ello. La Secretaria de la Sala dejará constancia en acta de lo ocurrido.

Artículo 5. Suspensión o cancelación de la audiencia telemática desde una sede oficial venezolana. En caso de imposibilidad o inidoneidad de la intervención telemática desde una sede oficial venezolana, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal deberá suspender la audiencia, fijando su continuación o reinicio, una sola vez, para otra oportunidad del mismo día o reiniciándola en otra fecha.

Ante tal evento, podrá ordenar que la audiencia se celebre directamente en la sala de audiencias, notificando la nueva fecha al interviniente, conforme al lapso previsto en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 6. Suspensión o cancelación de la audiencia telemática fuera de la sede oficial venezolana. Si la intervención fuera autorizada desde algún lugar distinto a una sede oficial venezolana, la audiencia no se suspenderá sino que se celebrará con quienes comparezcan, como lo prevé el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo que el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal tome otra decisión, a solicitud de parte interesada, conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

Si no asistiere el defensor privado, directamente o por medio de las tecnologías de información y comunicación permitidas, la defensa ante la Sala de Casación Penal será ejercida, de igual manera, por el defensor público a quien se le hubiese asignado formalmente en la causa.

Artículo 7. Medio alternativo de comunicación. Deberá ponerse a disposición de la autoridad encargada de presenciar la intervención telemática, si fuere el caso, o del propio interviniente desde el lugar de emisión, un teléfono o algún otro medio de comunicación oral o audiovisual con la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para resolver cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la audiencia, en especial en caso de imposibilidad o inidoneidad de la transmisión.

El equipo de comunicación deberá permanecer en modo silencioso durante la audiencia.

Artículo 8. Las audiencias en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se realizan en el horario comprendido entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m., salvo que el Presidente o la Presidenta de la Sala ordenare su celebración en otro horario, de oficio o a petición de parte interesada.

TÍTULO II
LUGAR DE EMISIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 9. Emisión de la intervención desde sede oficial del Estado. Quien solicitare participar por medios telemáticos en la audiencia podrá ser autorizado para hacerlo desde un espacio adecuado para ello, ubicado en cualquier sede oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea judicial, administrativa o, incluso, diplomática en el extranjero, según el caso.

La participación telemática en la sala de audiencias de la Sala de Casación Penal desde los establecimientos penitenciarios indicados en el artículo 2 de la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios deberá realizarse, con estricta supervisión y control de las autoridades penitenciarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del referido texto legal.

Artículo 10. Emisión de la intervención fuera de una sede oficial. El Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal también podrá autorizar la participación telemática desde espacios distintos a alguna sede oficial del Estado, a petición de parte, siempre que ello no afectare los derechos de los demás sujetos procesales, ni perjudicare el desarrollo de la audiencia o del proceso en general.

En este caso, la autorización quedará condicionada a los resultados positivos de la prueba de conexión prevista en el artículo 13 y a que el interviniente garantice por escrito, en la misma solicitud de participación por medios telemáticos, que la actuación se realizará desde un área ordenada y sin ruidos molestos, y que mantendrá la confidencialidad de la transmisión de la audiencia.

Artículo 11. Participación de funcionarios de misiones diplomáticas acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela. Los funcionarios adscritos a las misiones diplomáticas extranjeras, acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela, podrán ser autorizados a intervenir en la audiencia de extradición desde dicha sede. En este caso, deberá garantizarse por escrito la confidencialidad de la transmisión de la audiencia.

Artículo 12. Presencia de funcionario. En el supuesto previsto en el artículo 10 de esta Resolución, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal podrá ordenar la presencia de uno o más funcionarios judiciales y/o de los cuerpos de seguridad del Estado, a fin de velar por el cumplimiento de garantías suficientes para el desarrollo del referido acto procesal telemático.

En los supuestos de solicitud de participación desde territorio extranjero o desde sedes diplomáticas extranjeras ubicadas y acreditadas en la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal podrá condicionar la aprobación de la solicitud de intervención procesal telemática, a la presencia del o los funcionarios referidos en el encabezado de esta norma.

El funcionario designado podrá comprobar la identidad del interviniente, la presencia de elementos que pudieran interrumpir el buen desarrollo de la audiencia telemática y mantener el orden durante la exposición, en cumplimiento de las instrucciones que emita el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal.

Artículo 13. Prueba de conexión. Cuando la declaración se emitiere fuera de alguna sede oficial venezolana, se realizará una prueba de conexión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la admisión del recurso o pretensión, con participación de los técnicos informáticos dispuestos por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y los técnicos o la persona que se encontrare en el lugar de emisión, a fin de asegurar que se cuenta con suficiente calidad en la imagen y el sonido.

En caso de resultar suficiente, según dictamen escrito de los técnicos dispuestos por la Sala de Casación Penal, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal autorizará la participación telemática en la audiencia previamente admitida, lo cual se notificará al requirente por el medio indicado para ello, al menos siete (7) días hábiles antes de la fecha para la cual fue fijada la audiencia.

Artículo 14. Asistencia técnica en el uso de los medios telemáticos. Durante la audiencia telemática deberán estar presentes técnicos informáticos en la sala de audiencias de la Sala de Casación Penal, para resolver cualquier problema de conexión, audio o video que pudiere suscitarse.

El Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal podrá ordenar la presencia de técnicos informáticos en el lugar de emisión de la declaración. En caso de emitirse desde fuera de una sede oficial venezolana la presencia del técnico será responsabilidad del solicitante atendiendo a lo previsto en el artículo 34 de la presente Resolución.

En todo caso, la ausencia de los técnicos a los que se refiere esta disposición no acarrea la nulidad del acto.

Artículo 15. Publicidad en el lugar de la declaración. A petición de parte, la Sala de Casación Penal podrá autorizar la presencia de público en el lugar desde donde se emitirá la declaración, siempre que ello no perjudique el desarrollo de la audiencia, del proceso en general o la seguridad de los presentes en el lugar de la intervención.

En todo caso, la publicidad de la audiencia se garantiza con la presencia del público en la sala de audiencias de la Sala de Casación Penal, salvo la excepción prevista en el artículo siguiente.

Artículo 16. Audiencia telemática privada. Si la audiencia debiere ser privada por disposición legal, la transmisión de la declaración únicamente deberá efectuarse desde una sede oficial venezolana, pero también podrá practicarse desde sede oficial extranjera si el interviniente se encontrare fuera del territorio nacional.

Artículo 17. Interceptación y difusión no autorizada. La interceptación y difusión no autorizada de la audiencia, de la participación de alguno de los sujetos procesales intervinientes o la difusión del registro sonoro o audiovisual de tal acto procesal, será sancionada conforme a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

El registro sonoro o audiovisual del acto procesal estará disponible para consulta en la sala de audiencias de la Sala de Casación Penal conforme lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 317, para las audiencias de juicio oral y público.

TÍTULO III
ASISTENCIA JURÍDICA

Artículo 18. Asistencia jurídica de la persona privada de libertad en la República Bolivariana de Venezuela. En caso de que el interviniente a distancia fuere el imputado privado de libertad en la República Bolivariana de Venezuela, deberá estar asistido de uno o dos defensores presentes en el lugar desde donde declarare y de uno o dos defensores presentes en la sala de audiencias, sin que en su conjunto superen el número de tres, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal. En ambos casos, podrá nombrarlos y pagar sus honorarios él mismo, o en su defecto, la República Bolivariana de Venezuela se los asignará de forma gratuita. Pero si el imputado estuviere sometido al proceso penal estando en libertad, podrá participar en la audiencia aunque el abogado defensor no compartiere igual espacio físico tangible.

En caso de estar asistido por dos defensores públicos, se encargará de la defensa, en cuanto al  recurso de casación o a la pretensión de extradición, el abogado autorizado para actuar ante la Sala de Casación Penal; en este caso, las funciones del defensor público presente en el lugar de privación de libertad se limitarán a garantizar sus derechos en el sitio, salvo que también estuviere autorizado para actuar ante la Sala de Casación Penal.

Si la defensa estuviera constituida por un defensor privado y uno público autorizado para actuar ante la Sala de Casación Penal, ambos podrán intervenir en el orden que le manifiesten a la Secretaria de la Sala, respetando el tiempo previsto para ello.

Artículo 19. Asistencia jurídica fuera de la República Bolivariana de Venezuela. En los procesos de reextradición o de ampliación de la extradición, la República Bolivariana de Venezuela solicitará al Estado requirente, con base en el principio de reciprocidad internacional, que la persona ubicada en el extranjero, impedida de pagar su propia defensa, cuente con asistencia jurídica a cargo del referido Estado. En todo caso, se le asignará un defensor público en la República Bolivariana de Venezuela, autorizado para actuar ante la Sala de Casación Penal.

Articulo 20. Confidencialidad de la comunicación con el defensor o defensora. El Estado venezolano garantizará un sistema de comunicación confidencial entre el imputado y su defensor o defensora presente en la sala de audiencias de la Sala de Casación Penal desde antes del inicio de la audiencia y hasta diez minutos después de la finalización de la audiencia, a solicitud del imputado, a fin de informarse sobre el proceso.

Artículo 21. Intérprete. La Sala de Casación Penal garantizará la presencia de intérprete público para el interviniente, y los defensores, en la sala de audiencias de la Sala de Casación Penal, cuando fuere necesario.

TÍTULO IV
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVINIENTE Y DEL TRIBUNAL

Artículo 22. Identificación telemática. Cualquier persona citada a una audiencia en la Sala de Casación Penal será identificada con su cédula de identidad o pasaporte vigentes, según el caso.

Los defensores, apoderados judiciales y asistentes privados, deberán identificarse, adicionalmente, con su carnet de inscripción en el Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado; mientras que el defensor público y el fiscal del Ministerio Público lo harán con la credencial emitida por el Tribunal Supremo de Justicia para actuar ante la Sala de Casación Penal.

El interviniente mostrará el documento que corresponda, ante la cámara, de modo que el Secretario o la Secretaria de la Sala de Casación Penal deje constancia en autos.

Artículo 23. Identificación fuera de una sede oficial venezolana. El autorizado para intervenir en la audiencia penal por medios telemáticos fuera de alguna sede oficial de la República Bolivariana de Venezuela se identificará conforme al artículo 21 de la presente Resolución y, si lo estimare necesario el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal, ordenará que se proceda de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12.

Así mismo, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal podrá solicitarle que envíe copia digitalizada del documento de identidad a la Secretaría de la Sala de Casación Penal mediante la dirección de correo electrónico: scp.secretaria@tsj.gob.ve o por cualquier otro medio telemático que le indicare, pudiendo exigir, además, que el mensaje de datos que contiene la copia digital del documento de identificación, tuviere firma electrónica certificada.

Artículo 24. Identificación desde la sede oficial de participación. Cuando la intervención se emita desde una sede judicial de la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal podrá ordenar que la verificación de la identidad sea realizada por el secretario del órgano judicial comisionado, aunada o excluyendo la identificación telemática.

Para tal fin, se anexará al oficio de comisión una copia de los documentos donde constare la designación y juramentación del defensor o del poder otorgado al representante judicial de la víctima, cuando se tratare de ese supuesto.

Igualmente, si la declaración se emitiere desde una sede oficial no judicial venezolana, incluyendo el lugar de privación de libertad o una oficina diplomática venezolana, la máxima autoridad de la institución desde donde participará la persona citada, o el funcionario designado por aquella, podrá comprobar la identidad del interviniente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21, por indicación del Presidente de la Sala de Casación Penal.

Artículo 25. Identificación en caso de reextradición o ampliación de extradición. En los casos de reextradición o ampliación de la extradición, aunado o excluyendo el procedimiento de identificación telemática, el órgano jurisdiccional extranjero podrá comprobar la identidad del declarante y del defensor según su legislación, así como también con el pasaporte vigente, si lo tuviere.

Si la participación telemática en la sala de audiencias se emitiere desde una sede diplomática venezolana en el extranjero se procederá conforme al único aparte del artículo anterior.

Artículo 26. Identificación de la Sala de Casación Penal. Para garantizar al declarante que la audiencia se está realizando ante la Sala de Casación Penal deberá crearse un enlace en la página de Internet del Tribunal Supremo de Justicia para tal fin. En su defecto, la Sala de Casación Penal notificará al interviniente, en el texto de la citación, el método de conexión.

Artículo 27. Acto de comprobación de identidad. La comprobación telemática de la identidad se realizará, al menos, dentro del lapso de treinta (30) minutos previos al inicio de la audiencia. Este trámite será comunicado en la citación para la audiencia telemática o en la notificación por la que se admita la intervención telemática solicitada, luego de verificarse la prueba de conexión prescrita en el artículo 13.

Artículo 28. Juramentación a distancia. En el supuesto de revocación del defensor para el momento de la audiencia o designación de un defensor adicional hasta el límite permitido por el Código Orgánico Procesal Penal, el abogado que se incorpore al proceso deberá juramentarse, bien sea directamente o por medios telemáticos ante la Sala de Casación Penal o directamente ante el órgano jurisdiccional desde donde intervendrá, según el caso.

Si el defensor revocado no pudiere ser suplido por otro defensor de confianza, la audiencia se celebrará con el defensor público presente en la sala de audiencias, previamente designado para intervenir en la causa.

Artículo 29. Acta de identificación y de juramentación. En caso de comprobarse la identidad o practicarse la juramentación por medios telemáticos la Secretaria de la Sala de Casación Penal, en atención a lo previsto en el artículo 153 del Código Orgánico Procesal Penal, lo hará constar en autos, especificando la imposibilidad de firmar el acta por parte del interviniente por medios telemáticos.

Si la identidad se comprobare en el lugar desde donde se emita la intervención, el Presidente o Presidenta de la Sala de Casación Penal podrá ordenar que se levante un acta firmada por los participantes, la cual se remitirá a la Sala al finalizar la audiencia. Esta acta complementará la elaborada en la sala de audiencias.

TÍTULO IV
ASPECTOS OPERATIVOS

Artículo 30. Organización de la sala de audiencias telemáticas. La sala de audiencias deberá adaptarse a la participación por medios telemáticos. En consecuencia, deben incorporarse:

a. Una o más cámaras que permitan al interviniente a distancia observar a los Magistrados, y a la otra parte presente en la sala de audiencias o interviniendo a distancia, así como también disponer de una vista general de la sala y del público asistente.

b. Micrófonos y sistema de sonido por los que se comunicarán los presentes, que capten y difundan con suficiente claridad las intervenciones, para garantizar el derecho a la defensa.

c. Un sistema de proyección de la imagen del declarante a distancia, la cual deberá ser percibida por los Magistrados de la Sala de Casación Penal, y demás sujetos procesales, de la manera más parecida posible a la presencia personal en la sala de audiencias, de quien interviniere valiéndose de la telemática.

d. Un equipo electrónico que permita la videoconferencia o algún otro sistema de telecomunicación audiovisual, bi o multidireccional e instantánea, entre los intervinientes en la audiencia.

e. Un programa informático que permita la telecomunicación entre los intervinientes en la audiencia.

f. Un teléfono celular o algún otro medio de comunicación oral que permita la conexión clara y continua entre el lugar de emisión y la sala de audiencias en la Sala de Casación"

Para mayor información:

http://historico.tsj.gov.ve/informacion/resoluciones/scp/resolucionSCP_0002440.html

domingo, 4 de diciembre de 2016

ARTICULO DE OPINION: LOS MENSAJES DE DATOS EN EL PROCESO PENAL. NOVENA PARTE

Son múltiples casos de delitos informáticos donde están relacionados los mensajes de datos que podemos llevar a un proceso penal. Sin embargo, los más comunes son:

• los rastros de los accesos indebidos a un sistema de tecnologías de información

• cuando se accede a un sistema informático y se encuentra un software, aplicación o programa de computación no autorizado

• las inclusiones y/o modificaciones no autorizadas a un sistema de tecnologías de información, a través del uso indebido de un usuario y una clave que fuera sustraída de forma ilícita

• unas operaciones web no reconocidas

• la difusión de la data o información contenidas en un sistema que utilice tecnologías de información

• los casos de difusión de pornografía infantil

• la violación de la privacidad de las comunicaciones mediante el uso de tecnologías de información

Igualmente, pasa en casos de diversos delitos tradicionales que hay pistas o evidencias relacionadas con mensajes de datos, y su traída a los autos, resultan imprescindibles para lograr una condena, donde puedan existir una concurrencia real de delitos e imputarse previamente conductas punibles como las de asociación para delinquir, robo, homicidio, secuestro, extorsión, etc.

ALGUNAS SENTENCIAS Y DOCTRINA QUE PUDIERAN SER DE INTERÉS

Recordando sobre la promoción las pruebas tenemos la sentencia número 707 de fecha 2 de junio del año 2009 que nos dice que el proceso penal está sujeto a términos preclusivos, por razones no sólo de seguridad jurídica, sino, también, como del establecimiento de una necesaria ordenación del proceso, que sea capaz de asegurar, en beneficio de todas las partes, el mismo se recibió de manera debida, sin dilaciones y entorpecimiento identificables, en obsequio de la justicia, así como la efectiva vigencia de sus derechos fundamentales a la igualdad jurídica de la defensa.

La sentencia número 1656 del 20 de noviembre del año 2013 de la Sala Constitucional con Ponencia de la Doctora Luisa Estela Morales, expediente número 13-0800, sobre el ofrecimiento de pruebas pues no es una formalidad trivial, sino, la razón, como medio de aseguramiento del cabal ejercicio del control de la prueba, lo cual resulta esencial para que las partes puedan preparar adecuadamente su propia defensa, y se cita a la sentencia número 2522 del 15 de octubre del año 2002 de la misma Sala.

De la doctrina, les recomiendo leer: "Documento electrónico y sus dificultades probatorias". del autor Velandia Ponce, Rómulo. 2015; "Informática Forense. 44 casos reales" de Ernesto Martínez de Carvajal Hedrich, Editorial: Ernesto Martínez de Carvajal Hedrich, España, 2012; "Manual de Dictámenes y Peritajes Informáticos. Análisis de casos prácticos" de Emilio del Peso Navarro, Editorial Díaz de Santos, Madrid, 1995; "Manual de Informática Forense (Prueba Indiciaria Informático Forense) Tomos I y II", de María Elena Darahuge; Luis E. Arellano González, Editorial Errepar, Buenos Aires, Argentina, 2011; "Manual de Peritaje Informático" de Maricarmen Pascale (coordinadora), Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, Uruguay. 2007, "Iuscibernética: Interrelación entre el Derecho y la Informática" del autor Peñaranda Quintero, Héctor Ramón, 2001; "El Delito Informático y la Prueba Pericial Informática" de Diego Salamea Carpio, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito, Ecuador, 2012; "Los Mensajes de datos y la firma electrónica. Seguridad jurídica que ofrecen y valor probatorio" de Urdaneta Benítez, José Vicente, Editorial Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Año 2010.

Refrescando sobre la cadena de custodia, tenemos la sentencia número 75 del 1 de marzo del año 2011 de la Sala de Casación Penal con ponencia de la Doctora Deyanira Nieves Bastidas, expediente C10-406 que nos dice que todo funcionario o funcionaria que colecte evidencias físicas de la cadena de custodia, entendiéndose por esta, la garantía legal que permita el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su publicación en el sitio de suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso.

De la doctrina sobre cadena de custodia y el tratamiento de la evidencia física, podemos hablar de la obra del mismo nombre y del Capítulo 14 denominado "Cadena de Custodia", páginas 185 a la 189 ambas del autor venezolano Wilmer Ruiz, en su obra "Criminalística, Investigación Científica Probatoria", habla de la definición, su fundamentación legal, la importancia y los principios de la cadena de custodia, que ampliamente recomiendo leer. También, podemos leer la obra "Delito Informático y Cadena de Custodia" de Michael Meek Neira, de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2013. La obra "Computación Forense. Descubriendo los rastros informáticos." del autor: Jeimy José Cano Martínez, Editorial: Alfaomega, México, México, 2009 y la obra "Comentario al Manual único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas" de Eric Pérez, Vadell Hermanos editores, 2013.

Recordando en las anteriores entregas de este tema, sobre la experticia informática forense como la prueba clásica que pudiera ser utilizada cuando hayan dudas sobre la integridad y autenticidad de los mensajes de datos, puedo recomendarles leer algunas sentencias de la Sala de Casación Penal sobre el valor probatorio de la experticia. Acá tenemos la número 314 de fecha 15 de junio del año 2007, la número 372 de fecha 9 de julio del año 2007, la número 415 de fecha 10 de agosto del año 2009, todas sobre la valoración probatoria de las experticias y sobre el dictamen pericial, ésta debe constar SIEMPRE por escrito en el expediente y a tales fines, tenemos la decisión número 387 de fecha 13 de agosto del año 2002, del cómo deben ser los informes de la experticia. Para ello, invocamos el estudio de la sentencia número 428 de fecha 11 de noviembre del año 2004 y la sentencia número 170 de fecha 24 de abril del año 2007, sobre la importancia de la presencia de un experto en juicio; la decisión número 694 de fecha 6 de diciembre del año 2007 sobre lo que es el dictamen pericial y un nuevo perito, versus el informe contradictorio que se pudieran presentar entre las experticias llevadas a los autos y los nuevos peritajes, tenemos que leer también para fundamentar nuestra promoción y el análisis de los artículos 223 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal que se encuentran en la Sección Sexta, denominada de la Experticia, del Capítulo II de los Requisitos de la Actividad Probatoria del Título VI, del Régimen Probatorio, no es menos cierto que también podemos apoyarnos en los comentarios de los artículos 1422 y siguientes del Código Civil Venezolano que hace la doctrina y jurisprudencia patria sobre la esencia y principios de esta prueba. Así tenemos diversas y añejas sentencias que nos han dicho, ya desde los años 60, se han formado diversas definiciones de esta importante prueba. Donde nos señala que es absolutamente cierto que la experticia, en términos generales, "constituye una prueba indirecta tendiente a comprobar y apreciar determinados hechos o circunstancias para lo cual se requieren conocimientos especiales". Tomado del libro Código Civil Venezolano del autor Nerio Perera Planas, Tercera Edición, corregida y aumentada, del año 1992 página 857 y siguientes. Otro comentario de esta misma obra literaria, que merece ser copiado es que:

" ...los expertos darán testimonio del hecho y afirma su existencia o inexistencia: son llamados ordinariamente a apreciar ciertas circunstancias y a emitir opinión sobre ellas, más o menos probable, según los conocimientos especiales que poseen y los puntos que el Tribunal o las partes someten al examen pericial. Es que los expertos, que sólo en raras ocasiones hacen prueba concluyente de la existencia de un hecho, no dan por lo general sino la opinión que, a la luz de los conocimientos especiales que poseen, se han formado de la cuestión de hecho sometidas a su examen; y no siempre tiene por objeto ese examen verificar la existencia del hecho controvertido, sino determinar la apreciación que, conforme a la ciencia o al arte, debe hacerse respecto de una materialidad no se discute." Sentencia de la otrora Corte Suprema de Justicia del 28 de marzo de 1980.

El notable tratadista Devis Echandia, en la vieja sentencia del 30 de marzo de 1995, de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. Anibal Rueda, refleja el criterio de este jurista, el cual nos dice que la experticia debe ser entendida como "la actividad procesal desarrollada, en virtud del caso judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su conocimiento técnico, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran juez argumentó razones para la formación de su ofrecimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción, cuyo entendimiento escapa a las actitudes del común de las gentes."

Debo recomendarles la lectura de la decisión número 606 de fecha 20 de octubre del año 2005 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla de las facultades y cargas de la parte al realizar los actos expresamente indicador por el escrito de la promoción de pruebas que se producirá en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad, hasta 5 antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración o realización de la audiencia preliminar.

Del mismo modo, puedo aconsejar que lean la decisión número 733 de fecha 18 de diciembre del año 2008 de la misma Sala, donde nos habla del desarrollo de la audiencia preliminar y el principio de control y contracción de las pruebas, el llamado derecho de acceso a las pruebas.

Finalmente, hay 2 decisiones relacionadas con la prohibición de valorar las pruebas en la audiencia preliminar, porque esto es propio del Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio, estas son las sentencias números 292 de fecha 12 de junio del año 2007 y la 557 de fecha 12 de diciembre del año 2006, ambas de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Sobre la experticia informática puedo mencionarles lo que nos dice el autor patrio Profesor Mario Del Giudice, en su obra literaria "La Criminalística, la Lógica y la Prueba en el Código Orgánico Procesal Penal, Visión Práctica y Efectiva de la Prueba", Cuarta Edición, de la Editorial Vadell Hermanos Editores. Página 131, nos señala como el:

" ...medio de prueba relacionado con la automatización, la electrónica y la informática como medio empleado para la comisión del hecho y la clonación de la telefonía fija y móviles; la prostitución infantil en Internet; fraudes y estafas electrónicas; violacón de correos electrónicos; piratería de software (Derecho de Autor); fuga informática de información y otros delitos inherentes y afines. Estos medios de pruebas está facultados para determinar autorías, hackeos (hacker = delincuente cibernético); manipulaciones dolosas de equipos tecnológicos y otros delitos electrónicos e informáticos.

El valor de la prueba informática, según el artículo referido a la crisis formal, la revista, Cuerpo Especial, II aniversario del CICPC. Año 2005, página 126, escrito por el Dr. Raymond Orta Martinez, expone lo siguiente: "La pericia informática debe ser apreciada siempre y cuando se desprenda del dictamen una estricta aplicación de las fases de preservación y manejo de la evidencia; así como la correcta, sopesada y objetiva aplicación del método científico empleado como garante único de la personalidad del perito"

sábado, 3 de diciembre de 2016

Sobre el Dispositivo de la Sentencia del Caso Bassil Da Costa

He leído varios artículos periodísticos de este caso judicial penal:

"Madre de Bassil Da Costa conforme con la sentencia

Luego de que el Tribunal 27° de Juicio de Caracas condenó a 29 años y 6 meses de prisión al comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional José Ramón Perdomo y al oficial de la Policía Nacional Bolivariana Andry Yoswua Jaspe López a 6 años, por el asesinato de Bassil Da Costa, ocurrido durante las protestas del 12 de febrero de 2014 en Caracas, la madre de la víctima, Jenet Frías, afirmó que está conforme con la sentencia.

“Vi que se hizo justicia, que fue verdad, y que el juez actuó conscientemente. Le agradezco mucho el empeño que puso en este caso”, expresó.Afirmó que a pesar de que los autores materiales del homicidio fueron sentenciados, no siente alegría por la decisión y tampoco rencor hacia los funcionarios que dispararon contra su hijo.

“Me sentí satisfecha, pero no me alegro del mal ajeno y se lo dije a los familiares. Soy una persona muy humilde y sencilla. Me puse en el lugar de sus madres y sé que es triste porque los asesinos no piensan en ellas cuando cometen los delitos”, expresó.

Espera que la muerte de su hijo sirva para que se corrijan las malas prácticas policiales que apagaron la vida de este: “Los funcionarios de la policía política no tenían por qué actuar así. ¿Por qué el Sebin estaba en ese lugar si no era su trabajo controlar manifestaciones?

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor del dirigente político Leopoldo López, considera que ese veredicto deja en evidencia la responsabilidad del Estado en los hechos de violencia del 12 de febrero de 2014. “La sentencia en contra del comisario del Sebin por el asesinato de Bassil Da Costa neutraliza cualquier señalamiento del gobierno contra Leopoldo López...”." (1)

Otro artículo en la prensa, extraído de Internet:

"TSJ dictó sentencia para el responsable de la muerte del joven Bassil Da Costa

(Caracas, 01 de diciembre. Noticias24) -Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictó sentencia al ciudadano José Ramón Perdomo Camacho, de 43 años de edad, por el homicidio del estudiante Bassil Alejandro Da Costa Frías ocurrido el pasado 12 de febrero de 2014.

El juzgado vigésimo séptimo de primera instancia del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, condenó al ciudadano José Perdomo Camacho, por el delito de homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble previsto y sancionado en el artículo 405 con relación al artículo 406 del Código Penal en perjuicios de Basil Da Costa.

También fue condenado por el delito de uso indebido de arma orgánica prevista y sancionada en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

De conformidad con la ley, Perdomo cumplirá 29 años y seis (6) meses de prisión en el Internado Judicial Capital Metropolitano Yare III.

A continuación la sentencia completa:

ACORDÓ CERRAR EL DEBATE y suspendió el acto, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de deliberar para el pronunciamiento del dispositivo del fallo, por lo que se emplaza a las partes para el día de hoy, a las 05:00 de la tarde, para dictar el veredicto. Siendo las 05:30 de la tarde, este Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, presidido por la DRA. ISORA CONSUELO MARQUINA MARQUEZ y la Secretaria ABG. MARY RUBIO, se constituye de nuevo en la sala de juicio Este, piso 1 ala Este. verificada la presencia de todas las partes la ciudadana Juez expuso sintéticamente de forma oral los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión y procedió a dar lectura al dispositivo del fallo el cual es del tenor siguiente: este Juzgado Vigésimo Séptimo de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONDENA al ciudadano: JOSE RAMÓN PERDOMO CAMACHO, de 43 años de edad, Venezolano, natural de Caracas, fecha de nacimiento: 22-06-1973; estado civil soltero, profesión u oficio Funcionario Policial, hijo de JOSE MERCEDES PERDOMO VERA (F) y de MARIA DEL CARMEN CAMACHO (F), titular de la Cedula de Identidad N° V-11.663.267, residenciado: Urbanización Santa Bárbara, residencia Saman Tres, piso 01, apartamento 1-C , por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSÍA, Y POR MOTIVO INNOBLE, previsto y sancionado en el articulo 405 en relación con el articulo 406 numerales 1 y 2 ambos del Código Penal en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de BASSIL ALEJANDRO DACOSTA FRÍAS, que contempla una pena de VEINTE (20) a VEINTISÉIS (26) AÑOS DE PRISIÓN, que sumado ambos extremos da un total de CUARENTA Y SEIS (46) AÑOS DE PRISIÓN, aplicando el articulo 37 del código penal, da un total de VEINTITRÉS (23) AÑOS DE PRISIÓN, considerando que concurren circunstancias agravantes contenidas en el articulo 77 ordinal 4°, 5°, 8°, 11°, 13°, 14°, se aplica de conformidad con el articulo 78 la aplicación del maximun de la pena es de decir VEINTISÉIS (26) AÑOS DE PRISIÓN. Y por el delito de USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, previsto y sancionado en el articulo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que establece una pena de SEIS (06) A OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, que sumado ambos extremos da un total de CATORCE (14) AÑOS DE PRISIÓN. Aplicando el término medio según el artículo 37 del código penal serian SIETE (07) AÑOS DE PRISIÓN, y aplicando el articulo 88 ejusdem por concurso real de delito se aumenta la mitad del tiempo correspondiente al de menor pena, es decir de TRES (03) AÑOS Y SEIS (06), para un total de VEINTINUEVE (29) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN. Se ordena su traslado e ingreso al Internado Judicial Capital Metropolitano Yare III. Todo de conformidad con lo previsto en el articulo 349 del Código Orgánico Procesal Penal. Se absuelve del tipo de penal de QUEBRANTAMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES previsto y sancionado en el artículo 155 numeral 3° del Código Penal Venezolano.

Así mismo se les CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE LEY, contenidas en el artículo 16 del Código Penal. SEGUNDO: Se CONDENA al ciudadano: ANDRY YOSWUA JASPE LÓPEZ, Venezolano, natural de Caracas, fecha de nacimiento 11-07-1988, de 28 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V-18.932.274, Estado civil Soltero, profesión u Oficio Funcionario Policial, hijo de XIOMARA LÓPEZ (V) y de HENRY JASPE (V), residenciado en: la pastora, puerta de Caracas, Primera Estación, callejón el rosario, casa N° 26-A, por el delito de USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, previsto y sancionado en el articulo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que establece una pena de SEIS (06) A OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, que sumado ambos extremos da un total de CATORCE (14) AÑOS DE PRISIÓN. De conformidad con lo previsto en el articulo 74 numeral 4° del Código Penal, se aplica Circunstancias Atenuante, la pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN, que en definitiva deberán cumplir los acusados de autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal; se ordena su inmediata Detención, lo cual se hará efectiva desde la sala de audiencia, ordenado como Centro de reclusión el Internado Judicial Capital Metropolitano Yare III. Así mismo se les CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE LEY, contenidas en el artículo 16 del Código Penal. TERCERO: Se ABSUELVE a los ciudadanos: EDGARDO JOSE LARA GÓMEZ, Nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, fecha de nacimiento 26/02/71, de 45 años de edad, estado civil Soltero, Profesión u Oficio 5to Semestre educación Integral (UNA), hijo de DOMINGA DE LARA (V) y MIGUEL ANTONIO LARA ORONOZ (V), residenciado en: AV. PERIMETRAL DE CÚA, URB. CIUDAD ZAMORA, EDF. 11, PISO 3, APTO. 11-3 CÚA EDO MIRANDA y titular de la cédula de identidad Nº V-12.187.395, JONFER MARQUEZ FERNÁNDEZ, Nacionalidad Venezolano, Natural de Caracas, fecha de nacimiento 22/01/89, de 27 años, estado civil soltero, Profesión u oficio: Licenciado en Ciencias Policiales, hijo de NINFA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (V) y FREDDY JOSE MARQUEZ (V), residenciado en: PETARE, EL NAZARENO, CALLE CARABOBO, CASA Nº 52, titular de la cedula de identidad Nº V-19.022.670, HÉCTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ PÉREZ, Nacionalidad Venezolano, Natural de Valencia – Edo. Carabobo, fecha de nacimiento 25/07/81, edad 34 años, Estado civil Casado, Profesión u Oficio Bachiller, hijo BLANCA IGLE PEREZ COLMENARES (V) y JUAN MANUEL RODRIGUEZ (F), residenciado en: Maracay edo. Aragua, Av. Casanova Godoy, Resd. San Francisco II, Casa Nº 27, titular de la cedula de identidad Nº V-14.714.639, JIMMY ALEXIS SÁEZ OSORIO, Nacionalidad Venezolano, natural de Caracas, fecha de nacimiento 21/02/90, de 26 años, estado civil soltero, Profesión u oficio T.S.U. Administración Tributaria, hijo de NELBIS OSORIO ARIAS (V) y de WILLIAM ANTONIO SAEZ YEPEZ (V), residenciado en: AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE, BARRIO ZAMORA, SUBIDA MATA PALO, CASA Nº 13, EL VALLE, titular de la cedula de identidad Nº V- 19.606.082, MANUEL BENIGNO PEREZ, NACIONALIDAD VENEZOLANO, NATURAL DE CARACAS, FECHA DE NACIMIENTO 29/07/63, DE 53 AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFESION U OFICIO LICENCIADO EN ADMINISTRACION, HIJO DE: CARMEN MARIA PEREZ (F) y ERNESTO GUTIERREZ (F), TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº V-7.662.352 y JONNATHAN JOSE RODRÍGUEZ DUARTE, NACIONALIDAD VENEZOLANO, NATURAL DE CARACAS, FECHA DE NACIMIENTO 22/04/73, DE 43 AÑOS, ESTADO CIVIL SOLTERO, PROFESION U OFICIO LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES Y RECURSOS HUMANOS Y ESTUDIANTE DE DERECHO, HIJO DE: ZORAIDA DUARTE (V) Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ZARRAGA (V), TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD nº 12.335.526, por los delitos de USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA, previsto y sancionado en el articulo 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y QUEBRANTAMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES previsto y sancionado en el artículo 155 numeral 3° del Código Penal Venezolano, previsto y sancionado en el articulo 348 del código orgánico procesal penal. CUARTO: Se exonera a la hoy condenados ciudadanos JOSE RAMÓN PERDOMO CAMACHO Y ANDRY YOSWUA JASPE LÓPEZ, al pago de las costas procesales, establecidas en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal y 34 del Código Penal; con fundamento en la Sentencia Nro. 590, con efecto vinculante que dicto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15-4-2004, con ponencia del Magistrado Jesús José Manuel Delgado Ocando, que establece la gratuidad de la Justicia Penal. QUINTO: Se Otorga la LIBERTAD PLENA de los ciudadanos PÉREZ MANUEL BENIGNO, LARA GOMEZ EDGARDO JOSÉ, RODRIGUEZ DUARTE JONNATHAN JOSÉ, RODRÍGUEZ PÉREZ HECTOR ANDRÉS, MÁRQUEZ FERNÁNDEZ JONFER, SÁEZ OSORIO JIMMY ALEXIS. SEXTO: Remítase en la oportunidad correspondiente las presentes actuaciones a la Unidad de Registro y Distribución de Documentos a los fines de su distribución a un Tribunal de Ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal. Con la lectura y firma de la presente acta quedan las partes debidamente notificadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Culmina el juicio siendo las __:__ horas de la tarde. Termino, se leyó y conformes firman." (3)

Les señalo que lo copiado anteriormente, no puede ser el texto de la sentencia completa. Eso es falso. Allí lo que vemos es el acta donde se ha colocado el únicamente dispositivo de la sentencia. Sólo es el veredicto. Aclaro que falta la parte narrativa y la parte motiva.

Aunque no pude presenciar todo el recorrido del debate en este interesante caso. Sin embargo, asistí a algunas audiencias y a parte de las conclusiones en el juicio oral y público del caso del joven venezolano Bassil Da Costa. No puede asistir a las réplicas de 10 minutos a cada uno de los 6 abogados defensores, que eran 10 minutos cada uno y a la réplica del Ministerio público que eran 60 minutos, lo que hizo muy bien la Juez para equilibrar el tiempo de los intervinientes. Los efectivos involucrados del Sebin: José Ramón Perdomo Camacho, Edgardo José Lara, Héctor Andrés Rodríguez, Jimmy Alexis Sainz, Jonfer Márquez y Manuel Benigno Pérez; el sargento mayor del Ejército: Jonathan Rodríguez y el oficial de la PNB: Andry Jaspe López.

Este caso ha llegado a varios medios de comunicación social, por el trasfondo político que se le ha dado y la emotividad social y la descontextualización que hubo por parte de la vindicta pública, según palabras uno de los abogados de la defensa en sus conclusiones, este jueves 1 de diciembre de 2016, condenaron a 29 años y 6 meses de cárcel al funcionario del Sebin por la muerte del ciudadano Bassil Da Costa, hecho ocurrido el 12 de febrero de 2014 en la Parroquia La Candelaria de Caracas.

Conversando con el Dr. Eric Pérez, quien es uno de los abogados o defensores privados en esta causa, me señaló lo siguiente:

"... defendí a Perdomo, en la que creo es una de mis mejores defensas. Dí cátedra sobre balística y la Juez en lugar de analizar la sustancia de la prueba, simplemente dice que toma como válida la experticia del CICPC, que es absolutamente errada pues no muestra coincidencias entre el proyectil incriminado y el proyectil de prueba, porque según ella, el CICPC es el órgano oficial de investigaciones establecido en la CRBV y no los expertos auxiliares del Ministerio Público."

A mi criterio, si esto es cierto, esto sería lo que la doctrina denomina prueba inepta, la cual debe ser apreciada esta crítica in extenso de su aprobación o rechazo, en la sentencia definitiva, donde deberá observar si se cumplieron las formalidades de la prueba, para ejercer el examen de la irregularidad denunciada, teniendo en cuenta la teoría de la nulidad expresa y virtual de los actos procesales a cuyas normas (nulidad expresa) y principios (nulidad virtual) debe estar condicionada cualquier irregularidad alertada en el juicio.

Cuando se hace una sentencia en la mente del Juez, se debe analizar en forma integral todas las pruebas. Aunque sólo quisiera que se centraran en estas trascendentales pruebas técnicas. No vayamos más allá, por los momentos. En este punto, el Tribunal en forma oral, como ya sabemos por la prensa, condenó a los acusados. Sin embargo, en su sentencia escrita esperemos no ignore, entre otras cosas, cómo ustedes creerían que van a evaluar las acotaciones que se le hicieron en las audiencias con referencia a LA FALTA DE COINCIDENCIAS DEL PROYECTIL INCRIMINADO Y EL PROYECTIL DE PRUEBA. Si la experticia del CICPC como dice el Dr. Pérez es completamente errada, y está demostrado en los autos que dicho medio técnico-científico probatorio pudiese, en principio afectar en forma determinante o influyente el resultado del proceso penal. Veremos cómo será su análisis frente a una experticia errada, o será que vamos a ver un defecto capital con referencia concreta al análisis de estas pruebas, de que semejante tipo de sentencias, en realidad las intentan motivar.

¿PUNTUAL PRONUNCIAMIENTO?

Si usted fuera el Juez de este caso de homicidio, y no hay coincidencias en el proyectil incriminado y el de prueba por distintos aspectos científicos ¿Usted condenaría?

¿Cómo va a destruir esta tesis el Tribunal de existe una errada experticia?. Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Quizás sea a nivel técnico que lo haga. Pero, tratando de elucubrar sobre cuál sería el texto de la sentencia con absoluta precisión en este tema, y no de otros, la Juez tiene que motivar puntualmente esto. La pretensión es muy precisa, si no habría incongruencia omisiva.

Hasta no leer una sentencia definitiva y firme, no se puede criticar abiertamente a la misma. No es lo correcto. Pero, estimando una posible solución, es que técnicamente lo que hizo el CICPC estuvo acertado y no hay margen de dudas sobre lo practicado. o hay otra prueba técnica que tiene mayor eficacia probatoria, y ¿si es lo contrario? Sólo que recordaba hace un tiempo atrás, conversando con mi buen amigo el eminente abogado penalista Alexander Suárez sobre anécdotas e injusticias que nos pasaban en los procesos penales, me comentó de uno de sus tantos casos, que a veces, trataban de darle la vuelta a algo que era imposible de lograr con sentido común y sobre todo, con pruebas técnicas que no eran realmente convincentes, y era a través de la "motivación torcida", que según el maestro de la argumentación jurídica, mencionaba el formidable profesor alemán ROBERT ALEXY (3), es síndrome se manifiesta porque existe una relación directa, a manera de nexo psicológico, entre el resultado del juicio oral que el juez ha apreciado a través de sus sentidos y el deber de éste de motivar adecuadamente el fallo. Según esto, cuando el Juez actúa honestamente al momento de fundamentar su decisión, produce una motivación clara y coherente, incluso cuando el juez no sea una estrella en el arte de la motivación, pues el seguimiento de la línea de la verdad no genera ningún tipo de contradicciones, ni pensamientos aviesos en el juez, que puedan enturbiar su resolución; sencillamente porque está actuando conforme a la línea invisible de la lógica sensorial. Pero, CUANDO EL JUEZ TRATA DE PRODUCIR UN FALLO QUE NO ES CONTESTE CON LO QUE EL MISMO HA APRECIADO EN EL JUICIO, la necesidad de desvirtuar en la sentencia lo que su subconsciente ya ha grabado correctamente, produce lagunas y contradicciones en su motivación, que son el producto de la imposibilidad de establecer las relaciones adecuadas entre lo percibido y lo querido dentro de su mente.

El resultado procesal que se sigue de la publicación de la decisión no pudiera ser otro que el de un fallo que para nada se ajuste a lo alegado y probado en juicio oral, o ¿será que sus sentidos se verán obnubilados a la hora de la motiva y de allí el resultado?, tal como lo definió el genio de Kiel, Ciudad de Alemania en cuya milenaria Universidad profesa el Dr. Alexy, al definir lo que el llamó el síndrome de la "motivación torcida", me comenta Suárez.

Sobre las formas de manifestación de la Inmotivación, tenemos la Sentencia Nº 240 de la Sala de Casación Penal, en el Expediente Nº C13-383 de fecha 22/07/2014, que nos enseña:

"...la Sala de Casación Penal de manera reiterada ha sostenido que toda sentencia, debe estar suficientemente motivada, requisito esencial que atiende a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho que tienen todas las personas, a obtener por parte de los Tribunales de la República, una decisión lógica, coherente, que no sea contradictoria ni errática en los planteamientos expuestos al momento de la valoración y que exprese un oportuno pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones de las partes".

¿Será pura enunciación contradictoria para eludir la verdad?. Por eso el control de la motivación es uno de los pilares de la impugnación de las decisiones judiciales en todo Estado de Derecho democrático, social y de justicia. O puede ser, queridos lectores, que posiblemente se haya equivocado el abogado litigante Eric Pérez, en su opinión como defensor. Sinceramente creo que hay que darle un voto de confianza a la Juez. No hay que prejuzgar a priori. Veremos cómo será la motivación de esta sentencia y en particular, la correcta valoración de estas pruebas técnicas, cuando sea publicada. Si la defensa privada se equivocó o si la fiscalía tenía razón.

Esperemos que cuando se lea esta sentencia completa, hayamos visto que si hizo verdadera justicia y no, un terrible sabor amargo de la justicia venezolana al condenar a unos inocentes.

(1) http://www.el-nacional.com/politica/Madre-Bassil-Da-Costa-sentencia_0_968903400.html
(2) http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/326962/tsj-dicta-sentencia-para-el-responsable-de-la-muerte-de-basil-da-costa-detalles/
(3) Ver: Alexy, Robert. Theorie der juristischen Argumentatation. Herzog Verlag, Franfurt ain Meno, 1978. pp. 156-157. Hay una traducción castellana por Ernesto Garzón Valdez, publicada por el Centro de Estudios Constitucionales, de Madrid, en 1997, todavía no difundida en Venezuela. Véase también el libro de Ramón Escovar León “La motivación de la sentencia y su relación con la argumentación jurídica”, publicada por la Academia de Ciencias Sociales, Serie Estudios, en el año 2001.

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