miércoles, 22 de julio de 2015

Sentencia sobre solicitud de Radicación: Caso Adriana Urquiola (intérprete de señas en el Noticiero Venevisión)

Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

Con fecha veintidós (22) de junio de 2015, fue recibida en la Secretaria de la Sala de Casación Penal, SOLICITUD DE RADICACIÓN suscrita por el abogado FRANCISCO JAVIER GRAJAL PEREJO, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino Quincuagésimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena.

Actuación relacionada con la causa penal 6C-14.690-14, que cursa ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ; POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad; existiendo un concurso real de delitos de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Penal.  

Solicitud de radicación a la cual se le dio entrada el veinticinco (25) de junio de 2015, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2015-000253, siendo que, en esa misma fecha se designó como ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Por otra parte, en esta misma fecha (veinticinco (25) de junio 2015), se recibió por ante la Secretaría de esta Sala, SOLICITUD DE RADICACIÓN, interpuesta por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, madre de la hoy occisa,  asistida por sus apoderados abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 144751 y 144652, respectivamente.

Solicitud a la cual se le dio entrada el veintiséis (26) de junio de 2015, asignándosele la nomenclatura AA30-P-2015-000255;  dándose cuenta en Sala el veintinueve (29) de junio de 2015 y se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.

Actuaciones relacionadas con la causa penal número 6C-14.690-14 cursante en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), seguida contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, en virtud de la presunta perpetración de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ; POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad.
 
Ahora bien, la Sala de Casación Penal mediante auto de fecha treinta (30) de junio de 2015, decidió acumular las solicitudes de radicación de las causas AA30-P-2015-000253 y AA30-P-2015-000255, resolviendo:

“… De lo expuesto se evidencia que, las mencionadas solicitudes de radicación guardan relación entre sí, por cuanto ambas versan sobre la misma causa signada con el alfanumérico 6C-14.690-14, seguida ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, contra el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por Motivo Innoble, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ (occisa) Homicidio Calificado con Alevosía por Motivo Innoble en Grado de Frustración, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, por lo que existe identidad del proceso sobre el cual se requieren las radicaciones), imputado, delitos y víctimas. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículo 70 y 76 del Código Orgánico Procesal Penal, se acuerda la acumulación de los expedientes, manteniéndose identificado con el alfanumérico AA30-P-2015-000253, conservando como ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ. Cúmplase lo ordenado”.

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre la presente solicitud de radicación, se resuelve en los términos siguientes:

I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN PROPUESTA POR LA FISCALÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA.

Consta en las actas, que los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, solicitaron  a  esta  Sala  de  Casación  Penal   la   radicación  de  la  causa  penal 6C-14.690-14, que cursa ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda (extensión Los Teques), argumentando lo siguiente:

“… Los hechos anteriormente narrados causan alarma colectiva por el hecho de que el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se ha hecho pasar en reiteradas oportunidades como asesor de distintos entes públicos, según lo que afirman los testigos, todo lo cual origina igualmente como lo hemos mencionado, sanción y escándalo público, y nos encontramos en presencia de un delito grave, el más grave de los delitos como lo es el delito de Homicidio, el homicidio de la periodista de veintiocho años de edad, ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, quien además se encontraba embarazada (…) La radicación es un fenómeno procesal, como bien conoce la Sala, que tiene sustento en causales taxativas señaladas en la Ley y procede en consecuencia, cuando en los casos de delitos graves, cuya perpetración causen alarma, sensación o escándalo público, puedan perturbar la recta administración de justicia en el circuito judicial penal en donde el juicio se ventila, como en efecto ocurre en el presente caso; pues existe la imposibilidad de llevar a cabo un proceso judicial en una jurisdicción determinada por estar en presencia de hechos que causen alarma, conmoción y en fin de alguna manera compromete la imparcialidad y subjetividad de los juzgadores que han de conocer del asunto. Las corporaciones judiciales en el ámbito de su competencia territorial pueden determinar que un proceso sea radicado a otro circuito judicial penal, habiéndose por supuesto, determinado algunas de las circunstancias especiales como en este caso concreto han ocurrido, capaz de impedir que la justicia prevalezca y se materialice el poder punitivo del Estado, logrando así un proceso judicial claro, transparente con todas las garantías procesales para el imputado y para la víctima, en el que no interfieran factores exógenos que puedan comprometer la imparcialidad de un juzgador que tendrá la responsabilidad de declarar culpable o inocente al sujeto activo en el HOMICIDIO de la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ…”.

II
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE RADICACIÓN PROPUESTA POR LA CIUDADANA MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO

Consta también en las actas bajo estudio, que la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, a través de la solicitud de radicación recibida ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal el veinticinco (25) de junio 2015, requirió que la misma fuese declarada  ha lugar, indicando:

“… En el caso en particular ciudadanos Magistrados (…) nos encontramos en presencia de un delito grave, y es que el acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se encuentra imputado por los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por Motivos Innoble, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal vigente, en perjuicio de Adriana Grissel Urquiola Pérez, Posesión Ilícita de Arma de Fuego y Porte Ilícito de Arma de Fuego, ambos previstos y sancionados en los artículos 111 y 112 respectivamente de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, se hace necesario mencionar, que estos hechos delictivos ocurrieron en el marco de las protestas violentas y los focos aislados de alteración del orden público que acaecieron en el país a principios del año pasado; teniendo que hacer obligatoria referencia a la condición de la víctima Adriana Grissel Urquiola Pérez, como persona pública de reconocida honorabilidad y reputación, tanto en su lugar de trabajo un conocido medio de comunicación, como en toda la comunidad mirandina; aunado al hecho de que la misma se encontraba en estado de gravidez al momento del hecho lesivo que ocasionó su muerte, lo que derivó en la sensibilización nacional y muy especialmente en el Estado Miranda y la ciudad de Los Teques (…) Aunado a lo anterior que pudiésemos catalogarlos como elementos subjetivos, las circunstancias de carácter objetivas que rodearon el homicidio de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, la saña con la que actuó su presunto agresor el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, al accionar en catorce oportunidades un arma de fuego hacia una turba de personas y hacia los transeúntes en general; para posteriormente emprender huida, con la intensión de volver al lugar del suceso con una condición simulada de funcionario policial con la única finalidad de verificar si alguien lo había identificado. Así como los conocidos nexos que el hoy imputado tiene con redes del crimen organizado trasnacional y posibles vinculaciones con grupos paramilitares que operan en el territorio nacional, de acuerdo a lo manifestado por funcionarios del Poder Ejecutivo; todos estos elementos han creado en torno a este proceso un evidente clima de zozobra y alarma en la comunidad de la ciudad de Los Teques, resultando un hecho público, comunicacional y notorio que durante la audiencia para oír al imputado celebrada el día 19 de junio de 2015, grupos de personas se trasladaron a la sede del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Los Teques, a los fines de manifestar su deseo en que se haga justicia por el homicidio de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, permaneciendo a las afueras de dicha sede judicial hasta altas horas de la noche, produciéndose un verdadero clima de tensión al momento de trasladar al imputado a su lugar de reclusión (…) Como referimos anteriormente, todas estas circunstancias han generado una situación de alarma y escándalo público suficiente en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, lo que ha sumergido a su población en una condición de zozobra e intranquilidad ante la celebración del proceso…”.  

III
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
                                                               
La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de las solicitudes de radicación materializadas en los procesos penales en curso, se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone:

“Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:…3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio”.

En consecuencia, corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse sobre las solicitudes de radicación propuestas primeramente por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, y una segunda interpuesta por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados, abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA. Así se declara.

IV
DE LOS HECHOS PLASMADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
       
            Las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen a la investigación penal fueron señaladas en la presente solicitud de radicación, propuesta por la Fiscalía Quincuagésima Novena a Nivel Nacional con Competencia Plena, así:

“… Se inicia la presente investigación en virtud de los hechos acaecidos en fecha 23 de marzo del año 2014, momento en el cual la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ de RUÍZ, quien se encontraba en estado de gestación, y su esposo ALEX RUÍZ, así como la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ de GONZÁLEZ, y su esposo RAÚL GONZÁLEZ, entre otras personas, se trasladaban en un vehículo de transporte público en dirección a la Urbanización Los Nuevos Teques. Ahora bien, siendo aproximadamente las siete y media de la noche, al encontrarse con una manifestación que obstruía la libre circulación por la artería vial que conduce a la referida urbanización, lo cual impedía que el vehículo donde se trasladaban pasara por la mencionada zona, conminó a que los pasajeros de dicha unidad se vieran en la obligación de bajarse y pasar la barricada a pie; bajándose del mismo los ciudadanos ut supra mencionados; en el instante en el cual se disponían a pasar a pie para superar dicho obstáculo, se escucharon unas detonaciones las cuales fueron efectuadas por el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, quien se trasladaba a bordo de un vehículo (…) portando un arma de fuego tipo pistola de color plateada, se detuvo con ocasión a la barricada desenfundado su arma y efectuando disparos en contra de la humanidad de quien en vida respondiera al nombre de ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, la cual se encontraba en estado de gestación e hiriendo a la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, situación que fue observada por el esposo de la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, el ciudadano ALEX RUIZ, quien vió cuando cayó al suelo la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, adyacente a la Estación de Servicios BP y solicitó auxilio debido a una herida que presentaba en la cabeza; específicamente en el occipital izquierdo y así mismo, resultó herida en el hombro izquierdo la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ, es por lo que, comisiones adscritas a la Policía del estado Miranda, trasladan a las víctimas al Hospital Victorino Santaella Ruiz, donde la ciudadana ADRIANA URQUIOLA PÉREZ, llega sin signos vitales…”.

V
DE LOS HECHOS REFERIDOS POR LA CIUDADANA MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO

De las actas que conforman la solicitud de radicación presentada por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, dimanan las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas de la manera siguiente:

“Es el caso ciudadanos Magistrados, que en fecha 23 de marzo de 2014 los ciudadanos Alex Ruíz y la hoy occisa ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, se encontraban transitando a bordo de una unidad de transporte público por la Carretera Panamericana en el Estado Miranda, específicamente por el Kilómetro 24 de la misma, sector Los Nuevos Teques, cuando fueron sorprendidos por una serie de obstáculos y barricadas que impedían el libre tránsito por la referida arteria vial, siendo que personas no identificadas incineraban objetos en manera de protesta violenta de las comúnmente llamadas “guarimbas”. Al ocurrir esta situación el conductor de la unidad de transporte, les manifestó que no podía continuar su recorrido, solicitándole al ciudadano Alex Ruiz, cónyuge de la hoy fallecida, que descendiese del vehículo y colaborase deteniendo el tránsito para de esta forma poder girar y retirarse del lugar. Al éste bajar y demorarse en las labores encomendadas, se produjo en la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez una condición de nerviosismo y temor, comunicándose con su cónyuge por vía telefónica y requiriéndole que volviese al vehículo cuanto antes, una vez allí la pareja procedió a descender del mismo, trasladándose peatonalmente hasta el sector Los Nuevos Teques, cuando fueron sorprendidos por una serie de catorce detonaciones de un arma de fuego dirigidas hacia el conglomerado que se encontraba protestando, y hacia las personas que transitaban peatonalmente tratando de huir del lugar de los acontecimientos violentos, impactando uno de estos proyectiles en la humanidad de la ciudadana Adriana Grissel Urquiola Pérez, específicamente en la región cefálica en su occipital derecho, ocasionándole la muerte prácticamente de manera instantánea. Dichas detonaciones fueron realizadas por el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ (…)  quien se trasladaba a bordo de un vehículo rustico, por la misma arteria vial en dirección a la ciudad de San Antonio de Los Altos, y quien al ver el obstáculo en la vía, aparentemente trató de dispersar a los manifestantes o arremeter en contra de quienes transitaban por el sector. Una vez que efectuó dichas detonaciones, procedió a retirarse del sitio del suceso hacia su domicilio utilizando una vía alterna. Una vez en su residencia ubicada en la ciudad de San Antonio de los Altos, procedió a modificar su vestimenta, y asumiendo una condición simulada de funcionario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, solicitó el apoyo de una comisión de dicho órgano de seguridad, quienes lo trasladaron al sitio del suceso, teniendo el mismo acceso a testigos presenciales, a los que interrogó y al saberse seguro porque aparentemente los mismos no le habían reconocido ni a él ni a su vehículo procedió a retirarse del lugar de los acontecimientos, en compañía de los funcionarios policiales quienes lo trasladaron. Ahora bien, ante estas situaciones dantescas y evidentemente delictivas el Ministerio Público, logró la individualización de ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, lo que devino en que en fecha 27 de marzo de 2014, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda. Extensión Los Teques, librase (…)  Orden de Aprehensión. Posteriormente y ante las informaciones obtenidas tanto por el Ministerio Público como por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de que el hoy imputado se encontraba en territorio de la República de Colombia, es que el despacho Fiscal que instruía la investigación, solicitó ante este mismo órgano jurisdiccional se emitiese la correspondiente (…) orden de aprehensión internacional, o llamada comúnmente “alerta roja”, ordenándose su inclusión en el sistema de información policial de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Produciéndose finalmente su captura en fecha 11 de junio de 2015, por funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la República de Colombia, quienes efectuaron su aprehensión en la ciudad de Barranquilla en dicho país…”.

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De tal manera que esta Sala, tras realizar un análisis exegético de las solicitudes de radicación, obtiene la certeza de que ambas guardan relación entre sí, en consecuencia pasa a decidirlas conjuntamente.
         
            Como principio general que rige el proceso penal, la competencia de un tribunal para el juzgamiento de un hecho punible está determinada por el territorio. Por ello, el conocimiento del proceso penal corresponderá al tribunal del lugar donde el delito se haya consumado.

Sin embargo, la radicación constituye una excepción a la regla de competencia territorial, que consiste en excluir el conocimiento del juicio a un tribunal con potestad jurisdiccional limitada por el territorio, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía, pero en un circuito judicial penal de diferente área geográfica, dada la necesidad de resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan en su desenvolvimiento o influyan en la psiquis de los jueces o juezas a quienes corresponde el conocimiento del asunto.

Bajo este aspecto, la radicación surge de la necesidad de salvaguardar una correcta administración de justicia, la cual debe encontrarse al margen de inconvenientes que puedan interferir en la integridad e independencia del Poder Judicial.

Formalmente, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal limita los supuestos para la procedencia de la radicación, enmarcándolos en: 1) cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público; y 2) cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

Por consiguiente, la radicación de una causa penal se justifica solo en el caso de delitos graves, determinados  por el perjuicio ocasionado a la colectividad o al individuo  y por factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, cuya perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, producto de una inquietud o impresión por un peligro, o como causa de una conmoción por un hecho.

Por tal motivo, la interposición de la solicitud de radicación exige la clara descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conjuntamente con el señalamiento de las incidencias ocurridas en el curso de la causa, la identificación de la instancia y el estado actual del proceso, acompañadas de las referencias periodísticas y documentales que demuestren la existencia de un obstáculo ostensible para el adecuado desenvolvimiento del juicio en el circuito judicial penal donde se desarrolla.

Debiendo destacar que la solicitud de radicación es de derecho estricto, limitada por las formalidades de ley. Por consiguiente, su procedencia se restringe al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, procurándose garantizar el debido proceso y la tutela judicial de los y las justiciables.

En el caso particular, los argumentos expuestos en ambas solicitudes de radicación, se circunscriben en señalar que las informaciones difundidas a través de los medios de comunicación social (con influencia nacional y regional) detallan características particulares del hecho criminal y como presunto responsable al ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ.

A juicio de los representantes del Ministerio Público, las circunstancias que rodean el caso que nos ocupa, se desarrollaron durante protestas violentas acaecidas en la ciudad de Los Teques en el estado Miranda, donde un nutrido grupo de la población de dicha entidad obstaculizaba la vía pública con motivo de una manifestación, lo cual produjo la reacción violenta del imputado de marras, quien provisto de un arma de fuego accionó la misma sin medir el peligro inminente en el cual colocaba a todos los presentes.

Según los solicitantes, el aludido sujeto incurrió en varios delitos en perjuicio de diversas víctimas; en particular de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUÍZ, a quien describen como una persona de honorabilidad y reputación tanto en el medio donde laboraba, así como, en la comunidad mirandina, quien además se encontraba en período de gestación, todos estos incidentes han generado en Los Teques, estado Miranda, no solo la conmoción sino también un alarma y escándalo público.

En este orden de ideas, pasa la Sala a verificar los recaudos consignados por los peticionantes, quienes dicen que son suficientes para radicar el presente caso, pues, agregan que estos conllevan a determinar con certeza que el hecho en cuestión ha causado un impacto en el ánimo de la comunidad de Los Teques, estado Miranda. Asimismo, se observan las siguientes:

RESEÑAS PERIODÍSTICAS:

“1. Publicación en el Diario La Verdad, de fecha 23 de marzo del año 2014, ‘MATAN A EMBARAZADA EN UNA PROTESTA EN MIRANDA’ (…) 2. Publicación en el Periódico Últimas Noticias, de fecha 19 de junio del año 2015, ‘ORDENAN PRIVATIVA DE LIBERTAD EN CONTRA DE YONNY BOLÍVAR’ (…) 3. Publicación en el diario digital Contrapunto.com, de fecha 21 de junio del año 2015, ‘YONNY BOLÍVAR: LA HISTORIA DETRÁS DEL PISTOLERO DE LOS TEQUES’ (…) 4. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 29 de marzo del año 2014, ‘PROTESTAN EN LOS TEQUES POR ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 5. Publicación en el Periódico, de fecha 11 de junio del año 2015, ‘PASÓ UN AÑO Y TRES MESES PARA LA CAPTURA DE YONNY BOLÍVAR, PRESUNTO ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 6. Publicación en el diario digital Maduradas.com, de fecha 22 de marzo del año 2015, ‘¡JUSTICIA INSERVIBLE! MADRE DE ADRIANA URQUIOLA: NECESITO QUE YONNY BOLÍVAR SEA ENJUICIADO’ (…) 7. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 24 de marzo del año 2014, ‘MP INVESTIGA MUERTE DE MUJER EMBARAZADA DURANTE PROTESTAS EN MIRANDA (…) 8. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 24 de marzo del año 2014, ‘MADURO ENVIÓ SUS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 9. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘INTERROGATORIO A DUEÑO DE 4RUNNER’ (…) 10. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 23 de marzo del año 2014, ‘UNA MUJER MUERTA Y OTRA HERIDA EN TIROTEO EN LOS TEQUES’ (…) 11. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘HOMICIDAS DE ADRIANA URQUIOLA HUYERON’ (…) 12. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 26 de marzo del año 2014, ‘SOLICITAN APREHENSIÓN DE UNA PERSONA POR EL ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA’ 13. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 29 de marzo del año 2014, ‘FAMILIARES Y AMIGO DE ADRIANA URQUIOLA MARCHARAN MAÑANA EN SU HONOR’ (…) 14. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 1° de abril del año 2014, ‘SOLICITAN EMISIÓN DE ALERTA ROJA A INTERPOL CONTRA HOMICIDA DE URQUIOLA’ (…) 15. Publicación en el Periódico Últimas Noticias, de fecha 12 de junio del año 2015, ‘EVA GOLINGER PIDE LA PENA MAXIMA PARA YONNY BOLÍVAR’ (…) 16. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 1° de abril del año 2014, ‘ACTIVAN ALERTA ROJA DE INTERPOL PARA CAPTURAR AL ASESINO DE URQUIOLA’ (…) 17. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 6 de abril del año 2014, ‘LA VIDA PÚBLICA DEL ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA’ (…) 18. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 23 de abril del año 2014, ASESINO DE URQUIOLA NO ESTÁ EN LA LISTA DE INTERPOL A UN MES DEL HOMICIDIO’ (…) 19.  Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 25 de julio del año 2014, ‘ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA ESTARÍA VICULADO A HUGO CARVAJAL’ (…) 20. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 12 de marzo del año 2015, ‘PRESUNTO HOMICIDA DE ADRIANA URQUIOLA AMENAZÓ DE MUERTE A PERIODISTA JENNY OROPEZA’ (…) 21. Publicación en el Periódico El Nacional, de fecha 11 de junio del año 2015, ‘PRESUNTO ASESINO DE ADRIANA URQUIOLA FUE CAPTURADO EN COLOMBIA…”.

PORTALES WEB:

“1. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 24 de marzo, titulada: Asesinan de dos disparos a Adriana Urquiola, del Noticiero Venevisión (…) 2. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 24 de marzo de 2014, titulada: Hacen levantamiento planimetrito en sitio del homicidio de Adriana Urquiola (…) 3. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 26 de marzo de 2014, titulada: Hallan camioneta presuntamente implicada en caso de Adriana Urquiola (…) 4. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital Noticias 24, de fecha 1 de abril de 2014, titulada: Activan alerta roja de INTERPOL para detener al ‘Capitán Bolívar’, el asesino de Urquiola (…) 5. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Venevisión, de fecha 27 de enero de 2015, titulada: Tarek William Saab aseguró que está confirmada la solicitud de aprehensión contra Yonny Bolívar (…) 6. Nota de prensa tomada de la página web del diario El nacional, de fecha 11 de junio de 2015, titulada: Presunto asesino de Urquiola fue capturado en Colombia (…) 7. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital Contrapunto, de fecha 11 de junio de 2015, titulada: Ministro González López, confirma captura de Yonny Bolívar (…) 8. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Globovisión, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: Yonny Bolívar ya se encuentra en territorio venezolano (…) 9. Nota de prensa tomada de la página web del canal televisivo Venevisión, de fecha 21 de junio de 2015, titulada: Yonny Bolívar fue imputado por el MP y permanecerá recluido en el Sebin (…) 10. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 19 de junio de 2015, titulada: Abuchearon a Yonny Bolívar cuando llegó a tribunales en Los Teques (…) 11. Nota de prensa tomada de la página web del diario El Avance, de fecha 20 de junio de 2015, titulada: Dictan privativa de libertad para Yonny Bolívar (…) 12. Nota de prensa tomada de la página web del diario digital La Iguana, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: En las próximas horas Maduro revelará nexos que poseía Yonny Bolívar con mafia criminal y política (…) 13. Nota de Prensa tomada de la página web del diario El Universal, de fecha 18 de junio de 2015, titulada: Maduro asegura que asesino de Urquiola tenía nexos con ‘mafias políticas’…”.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en esta ocasión los hechos narrados en la solicitud, la muestra de abundantes recaudos periodísticos y soportes de páginas de internet, se configura  el primero de los supuestos indicados en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se prevé el cambio de radicación o sede del proceso,  “… cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público…”.

Efectivamente, ante la situación acaecida el veintitrés (23) de marzo de 2014, y vista la solicitud realizada por el Ministerio Público, se destaca que, el día veintisiete (27) de marzo de 2014, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda, extensión Los Teques, librase una orden de aprehensión en contra del ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, quien está siendo señalado de haber sido el autor material de los hechos por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el artículo 406 (numeral 1) del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ADRIANA GRISSEL URQUIOLA PÉREZ DE RUIZ (occisa); HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el artículo 406 (numeral 1) en concordancia con el artículo 80, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana ROSALBA PÉREZ IBÁÑEZ; POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 112 eiusdem, en perjuicio de la colectividad;  lo que indudablemente impactó en el ánimo de la población, por la forma en que se habría perpetrado el crimen, sumado a la gran difusión que a través de los medios de comunicación se reseño del suceso.

Siendo necesario distinguir, que tales hechos versan sobre delitos graves todos ellos en contra de la comunidad del Estado Miranda, lo que va mas allá de las víctimas conocidas, toda vez que existía un grupo de personas en el lugar de los hechos que igualmente se sintieron agredidas.

 Específicamente se procesan cuatro (4) figuras delictivas en contra del ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, razón por la cual el Ministerio Público le atribuyó la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE, previsto en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal, e igualmente el HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVO INNOBLE  EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto en el numeral 1 del artículo 406 en concordancia con el artículo 80 ambos del Código Penal. En efecto, el homicidio es de gran influencia dentro del derecho penal, debido a su relativa simplicidad y a su particular gravedad, como lo demuestra, respecto a esta última el bien jurídico protegido, la vida humana independiente, derecho fundamental de la persona reconocido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que constituye el soporte ontológico del resto de los derechos fundamentales de la persona.

 Por otro lado, tenemos la POSESIÓN ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 111 y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Con relación a estos delitos por los cuales está siendo procesado el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, se le causa un perjuicio al orden público el cual se ve afectado no en cuanto al bien jurídico tutelado de manera tangible, sino en cuanto a la persecución que tiene la acción trasgresora del agente, sobre el colectivo social de frente a la noción de protección y seguridad que esperan respecto del Estado.

Para Grisanti Aveledo citando a Eusebio Gómez, referente al Orden Publico ha sostenido al respecto  que: “… En verdad, los delitos que entran en la categoría de que hablamos, ofenden al orden público, no en uno de sus especiales aspectos, sino en si aminorándolo en su esencia: en ellos difícilmente será dado advertir una objetividad jurídica inmediata y distinta del peligro social que ocasionan: la lesión en el orden público en otros términos, no es consecuencia de otras particulares violaciones del ordenamiento jurídico; se presenta como un efecto por si estante que ataca directa y exclusivamente a la paz pública (…) son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, se le reprime no porque lesione ese ideal orden publico a que se hace referencia. Se le reprime porque, al producir su efecto, que es la alarma colectiva, atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen…“. (Manual de Derecho Penal Parte Especial, Vigésima Quinta Edición).

Como segundo item, se requiere de un acontecimiento que haya causado alarma, sensación o escándalo público, lo cual se encuentra acreditado en el caso que nos ocupa, pues a raíz de las informaciones noticiosas divulgadas por los distintos medios de comunicación regional y nacional de forma impresa y digital, como por ejemplo, entre ellas, las publicadas en prensa por el diario  El Nacional, el día primero (1) de abril de 2014, donde se tituló que: “ACTIVAN ALERTA ROJA DE INTERPOL PARA CAPTURAR AL ASESINO DE URQUIOLA”, para titular días después específicamente el veintitrés 23 de abril de ese mismo mes: “ASESINO DE URQUIOLA NO ESTÁ EN LA LISTA DE INTERPOL A UN MES DEL HOMICIDIO”, se tiene a toda una opinión pública del Estado Miranda, en un estado de conmoción; amén, al hecho cierto de que el ciudadano YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, luego de su extradición desde la República de Colombia y decretada medida de privación preventiva de libertad en territorio nacional, se han incrementado las informaciones periodísticas relativas al caso.

En sintonía con lo anterior,  la alarma es la señal, el signo o advertencia que sugiere la proximidad cierta de un peligro que se cierne sobre la administración de justicia; mientras que la sensación, está orientada más bien al sensacionalismo como un vocablo periodístico despectivo, que delata la manipulación informativa tendente a producir  emoción, excitación o impresión en la sociedad con relación a un determinado hecho social.

Y el escándalo público es un incidente ampliamente publicitado que contiene y encierra inculpaciones de proceder inexacto, incorrecto, desatinado, humillación o  deshonestidad. Un escándalo puede fundarse en hechos o sucesos reales, ser producto de imputaciones falsas o una combinación o conjunto de ambas.

Destacando también que los titulares y reseñas periodísticas acompañadas a la pretensión, deben ser consistentes y de esta manera poderse establecer lo previsto en el artículo 64 (numeral 1) del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual se ha verificado en el caso bajo análisis, ya que en su texto relatan el sentimiento de reproche de la sociedad perteneciente a la ciudad de Los Teques Estado Miranda.

Y para ejemplificar aquello,  se tiene un sin número de notas de prensa, entre las que pueden citarse las publicadas en el diario El Nacional, el veintinueve (29) de marzo de 2014,  donde se indicó “PROTESTAN EN LOS TEQUES POR ASESINATO DE ADRIANA URQUIOLA”, y “FAMILIARES Y AMIGOS DE ADRIANA URQUIOLA MARCHARAN MAÑANA EN SU HONOR”, por lo que es explicable, entendible y justificable, ya que se pretende la atención de la sociedad ante el acontecimiento de un hecho repudiable.

Apreciadas estas solicitudes y los aportes de diversas fuentes adjuntos, la Sala verifica el escándalo público, manifestado por la inquietud,  sensación, emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprime y afecta sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en éste deben resguardarse, tal como se desprende de las referencias periodísticas, lo que directamente conlleva a deducir neutralmente que en  la jurisdicción del lugar donde se cometió el hecho, los intervinientes    (imputado, defensa, representantes del ministerio público,  jueces) en el proceso, estarán sometidos a imponderables situaciones que dificultaran su actividad ante la pérdida de los parámetros mínimos de sosiego y objetividad.

En razón a lo expuesto, la Sala considera que lo ajustado a derecho es declarar HA LUGAR las solicitudes de radicación propuestas por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena, y a su vez, por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA, por encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

VII
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: HA LUGAR las solicitudes de radicación propuestas por los abogados MARISOL COROMOTO ZAKARIA HAIKAL, FRANCISCO JAVIER GRAJAL PAREJO y CÉSAR JOSÉ ALFONZO HURTADO, en su condición de Fiscal Principal y Fiscales Auxiliares Quincuagésimo Noveno a Nivel Nacional con Competencia Plena y por la ciudadana MANUELA GERÓNIMA PÉREZ CASTRO, asistida por sus apoderados los abogados LUIS ALBERTO SUCRE CABRÉ y CARLOS ALEJANDRO GUEVARA.

SEGUNDO: Se ordena RADICAR la causa en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

TERCERO: Se ordena a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, la remisión inmediata del expediente original a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que sea distribuido a un Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, el cual continuará conociendo del presente caso.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2015. Años 205°de la Independencia y 156° de la Federación.


El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
(Ponente)
   La Magistrada Vicepresidenta,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
La Magistrada,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 El Magistrado,

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

La Magistrada,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Secretaria, (E)

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA

Exp. No. 2015-253
MJMP

viernes, 17 de julio de 2015

TEMAS DE LAS II JORNADAS DE DERECHO INFORMÁTICO Y PRUEBAS ELECTRÓNICAS

TEMAS TRATADOS:

- Raymond Orta: Los documentos públicos electrónicos y Ley de Infogobierno
- Pedro Jedlicka: ¿Cómo promover, admitir, evacuar y valorar las pruebas electrónicas?
- Jenny Vallenilla: La Experticia Informática
- Hildamar Fernández: Delitos Informáticos y su Tratamiento Procesal en el Foro
- Zdenko Seligo: Tratamiento de Pruebas Electrónicas en Materia Penal y Jurisprudencia
- José Ovidio Salgueiro: El Contrato Electrónico
- Raymond Orta: Derecho Informático y Pruebas de Casos Bancarios y de Seguros.

Con los Dres. Orta, Hildamar Fernandez, Dr. Pedro Jedlicka y Com. Jenny Vallenilla
Con los Dres. Jedlicka, Hernández y Salgueiro




Libro Recomendado: "Teoría General del Proceso"

Autor: Romaniello, Carmine. Edición: Tercera Edición, Ampliada y Corregida. Encuadernación: Rústico. Páginas: 924.

El autor CARMINE ROMANIELLO, con su obra busca llegar a todos aquellos, que aún no siendo profesionales del derecho, tengan la necesidad en un momento dado de hacer consultas sobre asuntos que le conciernen, y con el afán de servir de guía a los alumnos en pre y post grado, a los abogados litigantes, jueces en cualquiera de las instancias. Descubrió que su tesón, logró el acometido de calar entre ellos y las Instituciones que representan, continuó investigando hasta obtener un material de apoyo que ha de ser considerado, y expuesto al dominio público.

Autores como PEDRO ALID ZOPPI (+) Presidente de la Corte Suprema de Justicia y CARLOS BRENDER ACKERMAN, Juez de la República, en sus carácter de Prologuistas de la Obra, expresaron su opinión con relación al contenido programático y establecieron:

“(…) resulta pedagógica e ilustrativa para los estudiantes que inician la carrera en la Universidad, pero también es útil para abogados y público en general, por ser un trabajo ameno, escrito en lenguaje sencillo y de fácil comprensión para legos y profesionales. Saludo esta obra, no por ser amigo de Romaniello, si no por la utilidad que tendrá para estudiantes, profesionales y de interesados, dado que los temas de la iniciación del proceso judicial son apasionantes y de influencia decisiva en la vida de todos, por lo que la obra de Carmine Romaniello, constituye, en los anales del Derecho venezolano, al que se integró Carmine Romaniello, (…)La “Teoría General del Proceso” de Carmine Romaniello, no es una obra perecedera y de poca vida,  si no que es una de las obras que servirá a todos como la iniciación procesal, y es la cumbre del autor, cuyo  carácter nadie discute ni discutirá(…)”

Entre los Capítulos tratados en la Tercera Edición del Libro TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, de CARMINE ROMANIELLO;  el cual fue bautizado el día 26 de septiembre de 2009.  Se estudian y comentan las siguientes Instituciones Jurídicas:

NOCION HISTORICA DEL DERECHO PROCESAL. ANTECEDENTES. PERIODO COLONIAL. FUERO DE JUZGO. FUERO REAL. LAS SIETE PARTIDAS. ESQUEMATIZACION DEL CONTENIDO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL

TEORIA GENERAL DEL PROCESO. INTRODUCCION, DERECHO PROCESAL. CONCEPTO. CONTENIDO. RAMAS DEL DERECHO PROCESAL. FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. CONSTITUCION NACIONAL. TRATADOS PUBLICOS. ART. 8 CPC. CODIGO CIVIL COMO FUENTE DEL DERECHO PROCESAL INTERPRETACION DE LAS LEYES PROCESALES. SISTEMA DE INTERPRETACION. LA ANALOGIA EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL Y EN EL DERECHO

PROCESAL PENAL. SISTEMA DE POLITICA JUDICIAL
APLICACIÓN DE LAS LEYES PROCESALES CIVILES Y PENALES. VIGENCIA DE LAS LEYES PROCESALES EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

LEYES ORGANICAS DE NATURALEZA PROCESAL. LEY ORGANICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA) LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. EL JUEZ. CONDICIONES PARA SER JUEZ. ATRIBUCIONES E INCOMPATIBILIDADES. SECRETARIO. CONSEJO DE LA JUDICATURA (DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA)
LEY DE ABOGADOS. DEBERES Y DERECHOS DEL ABOGADO. ESTIMACION, INTIMACION Y RETASA DE HONORARIOS CAUSADOS JURIDICAMENTE. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EXTRAJUDICIALES. EL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. CONCEPTO DE ETICA PROFESIONAL. PRINCIPALES REGLAS

PRINCIPIOS DEL PROCESO CIVIL. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL. PRINCIPIOS COMUNES A AMBOS PROCESOS. EL PROCESO. NATURALEZA JURIDICA. FUNCION DEL PROCESO. EL PROCESO CIVIL Y PENAL. SU FINALIDAD Y CONTENIDO
LA RELACION PROCESAL PENAL. SUJETOS DE DICHA RELACION. CONCEPTO DE PARTE EN EL PROCESO PENAL. PARTE CIVIL EN EL PROCESO PENAL. ACUSADOR PRIVADO. LA ASISTENCIA Y LA REPRESENTACION EN EL PROCESO PENAL. LA DEFENSA PRIVADA Y LA DEFENSA DE OFICIO. EL DEFENSOR PUBLICO PENAL

EL MINISTERIO PÚBLICO. NOCIONES GENERALES. EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DEL PROCESO PENAL. CONCEPTO. PARTICIPACION EN LOS JUICIOS PENALES. EL MINISTERIO PUBLICO Y EL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL. PARTICIPACION DENTRO DEL PROCESO CIVIL. EL MINISTERIO PÚBLICO AGENTE EN VENEZUELA. LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.
ORGANIZACIÓN JUDICIAL VENEZOLANA. TRIBUNALES. DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL RESTO DEL PAIS

LA JURISDICCION. CONCEPTO. FUNDAMENTO. CARACTERES. GARANTIA JURISDICCIONALES. CONTENIDO DE LA JURISDICCION. ORGANOS DE LA JURISDICCION CIVIL. LA JURISDICCION PENAL. SUS ORGANOS
LA COMPETENCIA EN EL PROCESO CIVIL. COMPETENCIA POR LA MATERIA. COMPETENCIA POR LA CUANTIA. COMPETENCIA POR EL TERRITORIO. COMPETENCIA POR LA CONEXIÓN O CONTINENCIA DE LA CAUSA.
LA COMPETENCIA  EN EL PROCESO PENAL. CONCEPTO. COMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA Y DEL TERRITORIO. CAPACIDAD GENERAL Y ESPECIAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES. CAPACIDAD SUBJETIVA: INHIBICION Y RECUSACION. INCOMPATIBLES.
LA ACCION Y LA EXCEPCION EN EL PROCESO CIVIL. ACCION. CONCEPTO, CARACTERES Y CLASIFICACION. CONCEPTO DE EXCEPCION. SU NATURALEZA JURIDICA. LA ACCION PENAL. CONCEPTO. CARACTERISTICAS DE LA ACCION PENAL. SUS ORGANOS. EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL
LA PRETENSION PROCESAL. INTRODUCCION. LA PRETENSION COMO OBJETO DEL PROCESO. CONCEPTO. NATURALEZA. LA AFIRMACION. LA PETICION. PRETENSION Y EL OBJETO LITIGIOSO. ACCION Y PRETENSION. PRETENSION Y DEMANDA. ELEMENTOS DE LA PRETENSION. IDENTIFICACION DE LAS PRETENSIONES. REQUISITOS. CLASIFICACION. RESISTENCIA
LA JUSTICIA GRATUITA. CONCEPTO. CARACTERES. PROCEDIMIENTO PARA CONCEDER EL BENEFICIO. EFECTOS DE LA CONCESION DEL BENEFICIO
LA CONDENA EN COSTAS. CONCEPTO. CARACTERES. LAS COSTAS Y EL VENCIMIENTO RECIPROCO. COSTAS A LA PARTE VENCEDORA. COSTAS Y PLURALIDAD DE LAS PARTES. COSTAS DEL RECURSO Y DEL JUICIO. TASACION E INTIMACION DE COSTAS

2.- EL COMPENDIO ES DISTRIBUIDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, (POR HABER SUSCRITO UN CONTRATO CON LA MULTINACIONAL VLEX): DISPONIBLE EN VENEZUELA EN LAS SIGUIENTES LIBRERIAS, ENTRE OTRAS: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA - LIBRERÍA DORANTES  (PASILLOS DE INGENIERIA. TLFS. 0212-8322336), PAREDES LIBROS JURIDICOS (AVE. URDANETA. ESQ. IBARRAS. EDF PASAJE LA SEGURIDAD. LOCAL 19. TLF 0212-5635590), LIBRERÍA MAGON EDICIONES (ESQ DE SAN JACINTO. PASAJE LAS GRADILLAS. NIVEL MEZZANINA. LOCAL 8-C. FRENTE A FOGADE TLF. 0212-8608548), UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS – BARINAS, LIBRERIA Y PAPELERIA SEÑOR LIBRO, C.A. (AVE INTERCOMUNAL, C.C. D´D DAVEN, BARCELONA – EDO. ANZOATEGUI. TLFS. 0281-2659737), UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO – MATURIN, KIOSCO DE BALBINO DE CAÑAS (PASILLO DE DERECHO DE LA UCV – TLF. 0212-6143260). BENIGNO RODRIGUEZ – USM, MOBILIBROS SUCESORES. (AVE. PAEZ FTE A LA PLAZA MADARIAGA. EL PARAISO. TLFS. 0212-4822771), LIBRERÍA LIMESAMA (CARRETERA PETARE. URB. MIRANDA. CONJ. INDUSTRIAL EL CEDRALITO, LOCAL 1. TLF. 0212 – 2424895) – TAMBIEN EN SU SEDE DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR,  LIBRERÍA EUROPA (AVE. 2 (EL MILAGRO) CENTRO LAGO MALL. NIVEL PLAZA. LOCALES PC9. TLFS 0261-7920592), UNIVERSIDAD JOSE MARIA VARGAS - CARACAS, SEDE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO CARABOBO, JURIDICAS RINCON (CARRERA 17 ENTRE CALLES 24 Y 25 N° 24-47 TLFS. 0251-2317464. ESTADO LARA), LIBRERÍA TECNICA DIEGUEZ. (PASAJE ZINGG.LOCAL 20. TLF 0212-5457040) PROVEEDURIA INTERACTIVA UNIMET, C.A., TECNI CIENCIAS LIBROS, C.A. (EN TODAS LAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL)



Tomado del PRÓLOGO, por Pedro Alid Zoppi

[ . . . ] Fruto de esa experiencia como catedrático es esta obra que prologo, en la que el autor destaca como brillante conocedor del proceso venezolano. Aun cuando su idioma materno no es el castellano, la presente obra está escrita en un impecable castellano, y por las repeticiones y reiteraciones, resulta pedagógica e ilustrativa para los estudiantes que inician la carrera en la Universidad, pero también es útil para abogados y público en general, por ser un trabajo ameno, escrito en lenguaje sencillo y de fácil comprensión para legos y profesionales.

Saludo esta obra, no por ser amigo de Romaniello, si no por la utilidad que tendrá para estudiantes, profesionales y de interesados, dado que los temas de la iniciación del proceso judicial son apasionantes y de influencia decisiva en la vida de todos, por lo que la obra de Carmine Romaniello, constituye, en los anales del Derecho venezolano, al que se integró Carmine Romaniello, pese a su nacimiento original; no era Romaniello un inmigrante más que vino a Venezuela, en busca de fortuna y riqueza, sino que vino a formarse profesionalmente, y es biborlado, dedicado al libre ejercicio de su profesión y a la cátedra de la universidad, es por lo que, no hay duda de su desarrollo profesional y como Profesor universitario y no un "hacedor" de dinero, para retornar a su país de origen; Romaniello vive en Venezuela y, entre nosotros, ha hecho de su actividad y de su profesionalismo, la mejor manera de actuar y proceder, por lo que le auguro a Carmine Romaniello, quién tiene poco más de 50 años de edad, larga y fructífera vida profesional, pues se merece eso y mucho más.

La "Teoría General del Proceso" de Carmine Romaniello, no es una obra perecedera y de poca vida, si no que es una de las obras que servirá a todos como la iniciación procesal, y es la cumbre dei autor, cuyo carácter nadie discute ni discutirá, sobre todo cuando esta obra pedagógica de Carmine Romaniello, se dirige principalmente a sus alumnos, pero extensible a todos los interesados en el proceso judicial, que debemos conocer, saber y entender, porque, en cualquier momento, los legos y profesionales estamos envueltos en un "lío judicial" y basta tener la exacta noción de lo que es y puede ser, por lo que nos es suficiente con leer la presente obra de Carmine Romaniello, un venezolano de corazón y de sentimientos.

lunes, 13 de julio de 2015

OPINION: ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO NACIONAL DE HONORARIOS MÍNIMOS

La Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de  Venezuela, en uso de la facultad que le confieren los artículos 1, 8 y 50 en concordancia con los ordinales 1º, 8º y 12º del artículo 42 y ordinal 5º del artículo 46 de la Ley de Abogados y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano dictó el REGLAMENTO INTERNO NACIONAL DE HONORARIOS MÍNIMOS el primero de abril del año 2010.

Han transcurrido más de cinco años desde la entrada en vigencia de este reglamento interno nacional de honorarios mínimos del abogado venezolano. Siendo un tiempo considerable y vista la inflación de los productos y servicios en la economía venezolana, seria justo también que a la bervedad se redactara este reglamento a la realidad para el mes de julio del año 2015 que nos afecta a todos los abogados que ejercemos el derecho privado.

Una recomendación más sería que se ampliase en la medida de lo posible detallándose, todas las actuaciones que hacemos los abogados ante los distintos entes de la administración pública centralizada y descentralizada.

EN LOS JUICIOS

Nuestro artículo 286 del Código de Procedimiento Civil impone un límite al cobro de honorarios en los litigios de un 30% del valor de lo litigado como máximo, lo cual me parece absolutamente razonable para los casos, por ejemplo, en los cuales los clientes cancelen regularmente una mensualidad o pago de etapas, fases o actos jurídicos efectivamente realizados. Que si bien es cierto, esa es mi opinión, ya que cada abogado pacta con su cliente como y cuándo se le debe pagar a medida que avanza el caso. Sin embargo, visto que lamentablemente los procesos judiciales tardan mucho tiempo y nuestra justicia no es tan rápida como todos queremos, porque no se cumplen con los lapsos y términos establecidos en nuestra legislación adjetiva, sería conveniente para ambas partes, establecer otros mecanismos relacionados con el monto de ese 30% e incrementarlo hasta un 50% cuando el cliente no puede ir sufragando o no paga los honorarios y hasta gastos en el tiempo, que por diversas razones se atrasa y no cancela o, colocar en el nuevo reglamento o una reforma puntual del Código de Procedimiento Civil (que esta en el tapete en estos momentos), la tasa SIMADI u otra tasa oficial como referencia de lo que se pretenderá será cobrado en bolívares fuertes a una moneda extranjera como el dólar o euro para que cuando llegue el día del cobro final en los procesos judiciales, sea vea así satisfecho a plenitud el pago de este concepto adaptado automáticamente a la realidad del momento, por ejemplo cuando se ejecuta una sentencia mediante un embargo.

A la espera de sus comentarios.

jueves, 9 de julio de 2015

SENTENCIA Nº 380 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL SOBRE SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA. ¿PRIVA EL COMODATO O LA PROPIEDAD?

Antes de leer la Sentencia, pregúntense si:

 ¿Le correspondería a la jurisdicción penal militar llevar este caso o a la jurisdicción penal ordinaria?, ya que la aeronave no le pertenecía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sino a PDVSA para el momento cuando sucedieron los hechos punibles.

¿La posesión por medio de un comodato de la aeronave realmente equivale a las mismas consecuencias legales de un título de propiedad?

¿La posesión de un bien mueble ahora puede ser considerada como traslativa de dominio?

¿Porqué la Sala no toma la acertada novena acepción del Diccionario de la Real Academia Española, cuando define "efecto", ya que ésta habla de "bien" y no "efecto de comercio" y porqué no toma la tercera acepción de "pertenecer", cuando es "parte integrante" de una cosa.?

En el delito de la sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, ¿el bien jurídico tutelado es la administración militar o es la seguridad y operatividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?

 A continuación el texto de la Sentencia:

"Ponencia del Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

El once (11) de marzo de 2014, el Consejo de Guerra de Caracas (con sede en el estado Vargas), a cargo de los ciudadanos jueces ALFREDO ENRIQUE SOLÓRZANO ARIAS (ponente), SIRA GUERRERO DE VENERO y RAMÓN PEÑALVER VÁSQUEZ, publicó sentencia mediante la cual entre otros pronunciamientos, condenó a los ciudadanos Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, titular de la cédula de identidad nro. V-11054687, a cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión de los delitos de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA ACTUANDO COMO COOPERADOR INMEDIATO, ABANDONO DEL SERVICIO y CONTRA EL DECORO MILITAR, tipificados en los artículos 570 (ordinal 1°) concatenado con el artículo 389 (ordinal 1°), 534 y 565, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, respectivamente; Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, titular de la cédula de identidad nro. V-12371027, a cumplir la pena de SEIS (6) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión de los delitos de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA ACTUANDO COMO COOPERADOR INMEDIATO y CONTRA EL DECORO MILITAR, tipificados en los artículos 570 (ordinal 1°) concatenado con el artículo 389 (ordinal 1°) y 565, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, respectivamente y Sargento Primero JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad nro. V-16074537 a cumplir la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley, por la comisión de los delitos de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA ACTUANDO COMO COOPERADOR INMEDIATO y ABANDONO DEL SERVICIO, tipificados en los artículos 570 (ordinal 1°) concatenado con el artículo 389 (ordinal 1°) y 534, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, respectivamente.

En dicho fallo, la referida instancia judicial dio por acreditados en contra de los ciudadanos Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ y Sargento Primero JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, los hechos siguientes:

“… Luego de analizados los medios probatorios evacuados durante el desarrollo del Debate Oral y Público en la presente causa, estos juzgadores aplicando el sistema de Valoración Probatoria de la Libre Convicción, siguiendo las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano, llegaron de manera unánime que la Fiscalía Militar no pudo comprobar la totalidad de los hechos explanados en su acusación fiscal, ya que como bien puede apreciarse en el escrito de acusación fiscal, los mismos, comprenden una serie de circunstancias y de hechos individualizados que son necesarios separar unos de otros, para posteriormente realizar un análisis en conjunto y así emitir las consideraciones de carácter legal y pertinentes. El ejercicio de la acción penal propuesta por el Ministerio Público Militar, tuvo su origen en la solicitud de averiguación penal militar que mediante el oficio N° 0023, de fecha 28SEPT2011, suscrita por el ciudadano Vicealmirante DIEGO A. GUERRA BARRETO, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Vargas (…) con ocasión a la presunta comisión de hechos punibles de naturaleza penal militar, ocurridos en fecha 28 de septiembre del año 2011, donde fue sustraída del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado Vargas una aeronave modelo BEECH BE350, siglas YV.-1498, perteneciente al Componente Aviación Militar Bolivariana, asignada al Grupo Aéreo de Transporte N° 5, Unidad Militar acantonada en la Base Aérea ´Gral. Francisco de Miranda´, en la Urbanización La Carlota, de la ciudad de Caracas (…) los hechos antes narrados (…) fueron ampliamente debatidos en este proceso penal; así las cosas este tribunal militar considera suficientemente tratado en la referente causa lo referente a la propiedad del bien objeto antes descrito, toda vez que en decisión judicial dictada por el Consejo de Guerra en fecha 06 de junio del año 2012, apelada por los abogados de la Defensa y confirmada por la Corte Marcial de la República en fecha 31 de octubre de 2012, quedó definitivamente aclarado lo referido a la propiedad de la aeronave y por ende la competencia para conocer por la materia de la presente causa, por lo tanto se considera que no hay materia sobre la cual pronunciarse en esta sentencia definitiva (…) durante el debate oral y público no quedó demostrado que todos los hechos imputados ocurrieron en las condiciones de tiempo, modo y lugar que se describieron en el respectivo acto conclusivo y por ello, aprecian quienes aquí deciden, que en el presente caso, los acusados de autos NO tienen responsabilidad penal objetiva en la comisión del delito militar de TRAICIÓN A LA PATRIA, tipificado en el artículo 465 ord. 6° (sic) y sancionado en el artículo 465, [ambos] del Código Orgánico de Justicia Militar, aspecto este señalado categóricamente por el Representante de la Fiscalía Militar al momento de ofrecer sus conclusiones conforme al artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, en la audiencia oral y pública celebrada en esta misma fecha; no obstante, los acusados de autos, a criterio de estos juzgadores tienen y quedó demostrada la responsabilidad objetiva en calidad de COOPERADORES INMEDIATOS en la comisión del delito militar de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZAS ARMADAS, previsto y sancionado en el artículo 570, ordinal 1° concatenado con el artículo 389, ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal y en calidad de AUTOR el CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, en la comisión de los delitos militares de ABANDONO DEL SERVICIO, previsto en el artículo 534 y CONTRA EL DECORO MILITAR, establecido en el artículo 565, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; igualmente en calidad de AUTOR el CAPITÁN JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, en la comisión del delito militar de CONTRA EL DECORO MILITAR, establecido en el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar y así mismo, en grado de AUTOR el SARGENTO PRIMERO JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, en la comisión del delito militar de ABANDONO DEL SERVICIO, previsto en el artículo 534 del Código Orgánico de Justicia Militar. El delito de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LAS FUERZAS ARMADAS en grado de COOPERADORES INMEDIATOS, quedó demostrado cuando los acusados CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, CAPITÁN JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ y el SARGENTO PRIMERO JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, desplegaron una serie de actividades tendentes a cooperar y facilitar que terceras personas, ajenas a la institución militar sustrajeron en la madrugada del día 28 de septiembre del año 2011, de las instalaciones del Área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, un bien público perteneciente a la Fuerza Armada Nacional, específicamente una aeronave Beech-be 350, con las características de Avión SKB-300, Serial FM-8, HTVA 7985,8 ATERR 9143, y para ese momento identificada con las siglas YV-1498, entre las actividades desplegadas por los acusados se cuentan la celebración de reuniones con los presuntos autores para la planificación de la sustracción de la aeronave antes descritas, hecho éste demostrado con las pruebas de expertos y testigos evacuado durante el debate oral y público; la adquisición de implementos para alterar las características del vehículo utilizado para desplazarse el día de los hechos (…) asimismo, los acusados coordinaron la movilización de estas terceras personas en un vehículo automotor de uso administrativo adscrito a la Vice-Presidencia de la República simulando pertenecer al Grupo Aéreo Presidencial N° 4, facilitando de esta manera el ingreso de los autores de la sustracción hasta el área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lugar donde se encontraba aparcada la aeronave Beech-be 350, siglas YV-1498 desde el día 27 de septiembre en horas de la tarde.  A tal efecto se pudo observar, durante el debate oral y público la evacuación de un importante número de pruebas (…) de las cuales se extrajeron, con base al sistema de la sana crítica, conclusiones contundentes que han derivado en la convicción de quienes aquí deciden, para señalar que efectivamente hubo una Sustracción de Efectos propiedad de la Fuerza Armada Nacional y por ende de la Nación Venezolana y que los acusados cooperaron (…) activamente para que terceras personas materializaran el tipo penal aquí tratado. El delito de ABANDONO DEL SERVICIO, quedó demostrado para el acusado CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, con la prueba documental referida a la Orden del Día N° 154-2011, de fecha martes 27 de septiembre del año 2011, mediante la cual lo nombran ´Ronda Mayor´, responsable del Tercer Turno por el Sector ‘A’ de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda y por las pruebas testimoniales rendidas por los ciudadanos Coronel (para el momento de los hechos) Ramón Luis Mundaray Lovera, Comandante de la Base Aérea ‘Gral. Francisco de Miranda’ y por el Primer Teniente Pedro Solórzano Camero, oficial este último que entregó en horas de la noche del martes 27 de septiembre del 2011 el vehículo utilizado por los acusados para transportar a los autores de la sustracción hasta el lugar donde se encontraba aparcada la aeronave militar YV-1498 y que de igual manera le fue devuelto en horas de la madrugada por parte del acusado CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, siendo éste acompañado por el SARGENTO PRIMERO JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ. En ese orden de ideas, queda demostrado igualmente este delito para el SARGENTO PRIMERO JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, con la prueba documental referida a la orden del día N° GPA-DP-268-2011, de fecha 26SEP2011 y orden del día N°DP-269-2011 de fecha 27SEP2011, suscrita por el Teniente Coronel ( para el momento de los hechos) Juvenal Rodríguez Ascencao, Comandante del Grupo de Policía Aérea de la Base Generalísimo ‘Francisco de Miranda’, y por la prueba testimonial rendida por el Primer Teniente Pedro Solórzano Camero, al manifestar que el referido tropa profesional acompañaba al CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA al momento de devolver el vehículo que éste testigo le había prestado. El delito militar de CONTRA EL DECORO MILITAR, quedó demostrado para los acusados CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA y CAPITÁN JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, por la forma de proceder de éstos al apartarse de la dignidad y el honor que caracteriza a los miembros de la institución castrense, al subvertir el orden disciplinario de tal manera que permitieron que personas extrañas a la institución militar tuvieran acceso a sus instalaciones y pertenencias militares, a tal grado que cooperaron con los autores en la sustracción de una aeronave militar, poniendo en peligro la seguridad de la institución y no conforme con ello actuaron en compañía de subalternos jerárquicos, demostrando así, desapego a todas las disposiciones y reglas de conducta éticas y morales que debe exteriorizar un oficial de nuestra honrosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) concluimos que ha quedado demostrado que efectivamente los acusados han cometido los delitos penales militares [de] SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LAS FUERZAS ARMADAS en grado de COOPERADORES INMEDIATOS, ABANDONO DEL SERVICIO Y CONTRA EL DECORO MILITAR (…)”.

El dos (2) de abril de 2014, los ciudadanos abogados LURIS MARISOL BARRIOS RIVAS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 66549 y 20498, respectivamente, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, ejercieron recurso de apelación contra la sentencia anteriormente aludida.

El tres (3) de abril de 2014, los ciudadanos abogados RAFAEL ALFONSO TOSTA RÍOS e IVETTE SUMAYA PÉREZ ESTRADA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 13.240 y 98.756, respectivamente, actuando en su carácter de defensores privados de los ciudadanos JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA y el último de los abogados citados actuando en su carácter de defensora del ciudadano JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, ejercieron recurso de apelación contra la sentencia en referencia.

El once (11) de abril de 2014, los ciudadanos abogados Mayor ELÍAS PLASENCIA MONDRAGÓN y Capitán YULY KEYLA RAMÍREZ AZUAJE, actuando en su carácter de Fiscales Militares Terceros Nacionales adscritos a la Fiscalía General Militar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, mediante escritos separados dieron contestación a los recursos de apelación interpuestos, el primero por la defensa de los ciudadanos JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA y JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ y el segundo por la defensa del ciudadano JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ.

El veintiuno (21) de abril de 2014, el Consejo de Guerra de Caracas del Circuito Judicial Penal Militar, remitió previo cómputo de ley, las actuaciones de la causa a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, conforme al artículo artículo 446 del Código Orgánico Procesal Penal.

El dieciséis (16) de mayo de 2014, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, da ingreso a las actuaciones, se hace del conocimiento de la Corte Marcial en Pleno y se designó como ponente al General de División JOSUÉ ANTONIO PERNÍA MÉNDEZ.

El veintitrés (23) de mayo de 2014, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, integrada por los ciudadanos jueces General de División JOSUÉ ANTONIO PERNÍA MÉNDEZ (ponente), Coronel OSCAR ALFREDO GIL ARIAS (canciller), Capitán de Navío JOSÉ DE LA CRUZ VIVAS SÁEZ (relator), CORONEL NIGER LEONEL MENDOZA GARCÍA (primer vocal) y Coronela LEIDA COROMOTO NÚÑEZ SEGURA (segunda vocal), ADMITIÓ los recursos de apelación interpuestos por los defensores y declaró inadmisibles las pruebas ofrecidas por los recurrentes LURIS MARISOL BARRIOS RIVAS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, por cuanto dichos medios probatorios no fueron consignados ante ese órgano jurisdiccional e igualmente inadmisibles las pruebas ofrecidas por los recurrentes RAFAEL ALFONSO TOSTA RÍOS e IVETTE SUMAYA PÉREZ ESTRADA, “… en razón de que el Tribunal Militar de Juicio, remitió a esta Corte de Apelaciones la totalidad de las actas que conforman la presente causa, incluyendo las pruebas consignadas”.

El dieciocho (18) de junio de 2014, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, celebró la audiencia oral y pública a que se contrae el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 592 del Código Orgánico de Justicia Militar, una vez oídas las partes, dicha instancia judicial, se reservó el lapso establecido en el artículo 458 (parte final) del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de dictar el fallo correspondiente.

El siete (7) de agosto de 2014, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, integrada por los ciudadanos jueces General de División JOSUÉ ANTONIO PERNÍA MÉNDEZ (ponente), Coronel Oscar ALFREDO GIL ARIAS (canciller), Capitán de Navío JOSÉ DE LA CRUZ VIVAS SÁEZ (relator), Coronel NIGER LEONEL MENDOZA GARCÍA (primer vocal) y Coronela LEIDA COROMOTO NÚÑEZ SEGURA (segundo vocal), dictó decisión en los siguientes términos:

“… PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados en ejercicio LURIS MARISOL BARRIOS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, en su carácter de defensores privados del imputado Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, contra la decisión dictada por el Consejo de Guerra de Caracas [en Funciones de Tribunal Militar Primero de Juicio], en fecha 18 de noviembre de 2013 y publicada en fecha 11 de marzo de 2014, que declaró a su defendido no culpable ni responsable de la comisión del delito militar de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto en el ordinal 6° del artículo 464 y sancionado en el artículo 465, del Código [Orgánico] de Justicia Militar y lo condenó a cumplir una pena de seis años y cuatro meses de prisión, por considerarlo responsable y culpable de la comisión de los delitos militares de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENENCIENTES A LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, previsto en el artículo 570 ordinal 1° concatenado con el artículo 389 ordinal 1° [y] CONTRA EL DECORO MILITAR, previsto y sancionado en el artículo 565, más las penas accesorias contenidas en los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 407, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados RAFAEL ALFONSO TOSTA RÍOS e IVETTE SUMAYA PÉREZ ESTRADA,  en su carácter de defensores privados del imputado Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA y la segunda en su carácter de defensora privada del Sargento Primero JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada por el Consejo de Guerra de Caracas[en Funciones de Tribunal Militar Primero de Juicio], en fecha 18 de noviembre de 2013 y publicada en fecha 11 de marzo de 2014, que los declaró no culpables ni responsables de la comisión del delito militar de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto en el ordinal 6° del artículo 464 y sancionado en el artículo 465, ambos del Código Orgánico de Justicia Militar y los condenó, al primero  de los nombrados, a cumplir una pena de ocho años y cuatro meses de prisión, por considerarlo responsable y culpable de la comisión de los delitos militares de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENENCIENTES A LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, previsto en el artículo 570 ordinal 1° concatenado con el artículo 389 ordinal 1°, ABANDONO DEL SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo 534 y CONTRA EL DECORO MILITAR, previsto y sancionado en el artículo 565, más las penas accesorias contenidas en los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 407, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; igualmente, condenó al Sargento Primero JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, a cumplir la pena de seis años de prisión, por considerarlo responsable y culpable de la comisión de los delitos militares de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENENCIENTES A LA FUERZA ARMADA NACIONAL EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, previsto en el artículo 570 ordinal 1° concatenado con el artículo 389 ordinal 1° [y] ABANDONO DEL SERVICIO, previsto y sancionado en el artículo534, más las penas accesorias contenidas en los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 407, todos del Código Orgánico de Justicia Militar TERCERO: CONFIRMA la decisión dictada por el Consejo de Guerra de Caracas[en Funciones de Tribunal Militar Primero de Juicio], en fecha 18 de noviembre de 2013 y publicada en fecha 11 de marzo de 2014…”.

El catorce (14) de enero de 2015, los ciudadanos abogados LURIS MARISOL BARRIOS RIVAS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, en su carácter de defensores privados del ciudadano Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, interpusieron recurso de casación contra el fallo dictado en fecha siete (7) de agosto de 2014, por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar.

El dos (2) de febrero de 2015, los ciudadanos abogados RAFAEL ALFONSO TOSTA RÍOS e IVETTE SUMAYA PÉREZ ESTRADA, en su carácter de defensores privados del ciudadano Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, interpusieron pretensión de nulidad absoluta y recurso de casación contra el fallo dictado en fecha siete (7) de agosto de 2014, por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar.

El veinticinco (25) de febrero de 2015, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, vencido el lapso establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que el Fiscal Militar del Ministerio Público haya dado contestación a los recursos de casación interpuestos, remitió previo cómputo de ley, las actuaciones correspondientes a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

El dos (2) de marzo de 2015 ingresó el expediente y el tres (3) de marzo de 2015, se dio cuenta del recibo de la causa en la Sala de Casación Penal, correspondiendo la ponencia al Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ.

El veinticuatro (24) de abril de 2015 se publicó la sentencia nro. 225 mediante la cual se admitió la primera denuncia del recurso de casación propuesto por los abogados LURIS MARISOL BARRIOS RIVAS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, en su carácter de defensores privados del ciudadano Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, convocándose a la audiencia pública prevista en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal; se DESESTIMARON POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS el punto previo, la segunda, tercera y cuarta denuncias del mismo recurso de casación; se declaró INADMISIBLE la solicitud de nulidad absoluta planteada como punto previo al recurso de casación propuesto por los abogados RAFAEL ALFONSO TOSTA RÍOS e IVETTE SUMAYA PÉREZ ESTRADA, actuando como defensores privados del ciudadano Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA; y se DESESTIMÓ POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los ciudadanos abogados RAFAEL ALFONSO TOSTA RÍOS e IVETTE SUMAYA PÉREZ ESTRADA, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA.

No obstante, la decisión del recurso de casación interpuesto por los defensores privados del ciudadano capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, se hará extensiva a los ciudadanos Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA y Sargento Primero JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, siempre que se encuentre en la misma situación y le sean aplicables idénticos motivos, sin que en ningún caso le perjudique, en virtud del efecto extensivo  previsto en el artículo 429 del texto adjetivo penal.

Como consecuencia del citado acto procesal, el diecinueve (19) de mayo de 2015 se celebró la audiencia pública en el Tribunal Supremo de Justicia donde el representante del Ministerio Público y los abogados defensores expusieron sus argumentos.

En virtud de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación de autos, se resuelve en los términos siguientes:

I
DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL CIUDADANO CAPITÁN JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ

Los abogados LURIS MARISOL BARRIOS RIVAS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, en su carácter de defensores privados del ciudadano Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, plantearon como primera denuncia, y única admitida por este Máximo Tribunal de la República, la “… Infracción de Ley por errónea interpretación del artículo 570 numeral 1 del Código Orgánico de Justicia Militar…”, con fundamento en los argumentos que se transcriben a continuación:

“… la Corte Marcial [del Circuito Judicial Penal Militar] para resolver sobre la impugnada propiedad de la aeronave sustraída y consecuente análisis de la norma aplicada como infringida, interpretó erróneamente que la pertenencia del bien sustraído no lo constituye el titulo traslativo de propiedad, sino, que está determinado en el uso, goce y disfrute del mismo…” .

Además, los formalizantes arguyeron lo siguiente:

“… En el caso de marras se verificó durante el debate probatorio y sin lugar a dudas, que la aeronave sustraída es propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A., sobre el cual se celebró un contrato de comodato mientras se tramitaba la donación que no se materializó; debiendo observarse la teoría de los riesgos, la cual plantea sobre la suerte de las obligaciones de las partes cuando la cosa que es objeto del contrato se pierde a consecuencia de un caso fortuito, de allí el principio Res perit domino suo: La cosa perece para su dueño; en el entendido que la propiedad atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, elemento éste que la Corte Marcial desnaturalizó en uso, goce y disfrute como determinante en la institución jurídica de Pertenencia en errónea interpretación del contenido del artículo 570.1 del Código [Orgánico] de Justicia Militar, violando de esta manera el deber de garantizar el principio de la legalidad y el Debido Proceso. A los fines de mayor abundamiento en la fundamentación de este recurso y en estricto cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 452 y 454 del Código Orgánico Procesal [Penal], invocamos el hecho de que en el caso de marras, tal infracción fue incurrida primeramente por el Tribunal de Juicio cuando se abstuvo de circunstanciar la cuestionada propiedad o pertenencia de la aeronave sustraída (…) Esta infracción de Ley denunciada en apelación, persistió y fue incurrida por la Corte de Apelaciones (Corte Marcial) al acreditar la pertenencia de la aeronave sustraída a la Fuerza Armada en contravención del título que otorga la propiedad a Petróleos de Venezuela, S.A., así lo elevamos como claro fundamento y motivo de procedencia de la denuncia contra la decisión impugnada en sede Casacional por errónea interpretación del artículo 570 numeral 1 del Código Orgánico de Justicia Militar, mediante el cual se condenó a nuestro representando CAPITÁN JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, por la [comisión del delito de] sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, en grado de cooperador inmediato. Esta errónea interpretación trajo consigo error en derecho en el proceso de selección o adecuación de la normativa que debe regular el caso de marras, dando origen a una tipicidad equivocada de los hechos al encuadrarlos en la norma de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada. Agregamos a la infracción incurrida por la Corte de Apelaciones el hecho de que los mismos jueces que conocieron la incidencia de impugnación de la propiedad de la  aeronave sustraída, (decisión dictada por el Consejo de Guerra [en Funciones de Tribunal Militar Primero de Juicio], en fecha 06 de junio del año 2012) son los mismos integrantes que conformaron la Corte Marcial de la República que conocieron del recurso de apelación contra sentencia definitiva; dando lugar a la infracción del derecho a la doble instancia en los procesos (…) Por consiguiente, se configuró una evidente violación del derecho constitucional al Debido Proceso en los términos del artículo 49 de la Constitución, en concordancia con el artículo 26 eiusdem; infracción que condujo, necesariamente, a una situación de indefensión del recurrente, cuyas posibilidades de defensa procesal resultaron seriamente menoscabadas frente quienes lo habían pronunciado previamente (…) Por tal razón. Consideramos que se desaplicó el derecho constitucional al Debido Proceso, en su particular manifestación del Derecho a la Defensa, reconocido en el artículo 49.1 de la Constitución, violado por la Corte Marcial [del Circuito Judicial Penal Militar], al resultar desaplicado en los términos antes fundamentados en forma suscinta y clara. Como consecuencia de lo anteriormente argüido, se vulneró lo consagrado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que debe declararse la nulidad del juicio seguido contra nuestra representado Capitán JUAN [DIEGO] PÉREZ GUÉDEZ al habérsele violado el principio del debido proceso estipulados en el artículo 49.1 del texto Constitucional y la tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 26 de la Carta Magna (…)”

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior, la Sala de Casación Penal observa que en criterio de los recurrentes, la interpretación que le dio la corte de apelaciones al tipo penal establecido en el numeral 1 del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar, es errada, toda vez que para el referido órgano jurisdiccional, la pertenencia del bien sustraído a la que se refiere la norma cuya infracción se delata, “… no lo constituye el título traslativo de propiedad, sino que está determinado por el uso, goce y disfrute del mismo…”.

Por el contrario, en opinión de los defensores privados, debe entenderse que la pertenencia se refiere a la propiedad, lo que le “… atribuye a su titular la capacidad de disponer del (...) [bien], elemento este que la Corte de Marcial desnaturalizó en uso, goce y disfrute como determinante de la institución jurídica pertenencia…”.

Esta errónea interpretación, concluyen los defensores, “… trajo consigo error en derecho en el proceso de selección o adecuación de la normativa que debe regular el caso de marras, dando origen a una tipicidad equivocada de los hechos al encuadrarlos en la norma”.

Conforme a lo expuesto queda evidenciado que en criterio de los abogados defensores, la norma fue mal interpretada, por lo que corresponde a esta Sala de Casación Penal verificar el alcance y sentido de dicha norma a fin de precisar si la Corte de Apelaciones la interpretó de forma contraria o distinta al modo en que permite hacerlo el texto jurídico bajo análisis.

En tal sentido, se iniciará por analizar el tipo penal de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA, establecido en el ordinal 1° del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar Penal, en los términos siguientes:

“Serán penados con prisión de dos a ocho años: 1. Los que sustrajeren, malversaren o dilapidaren fondos, valores o efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas”.

Al respecto, deben identificarse los elementos estructurales del tipo penal, como son: 1) La conducta típica; 2) Los sujetos y, 3) Los objetos; de manera que solo después de precisado cada elemento, se determinará la adecuación o no a derecho, de la interpretación que se le dio al ordinal 1° del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar en el fallo impugnado.

Por tanto, en lo que respecta al primer elemento, definido como la conducta típica, deben distinguirse a su vez dos subelementos específicos, la parte objetiva, correspondiente a la exteriorización o ámbito apreciable del comportamiento, y la parte subjetiva, referida a la voluntad y a ciertos elementos volitivos especiales y accidentales incluidos por el legislador en el tipo penal en concreto que se examine.

Así, la parte objetiva del tipo penal previsto en el ordinal 1° del artículo 570 del Código consiste en “sustraer, malversar o dilapidar” determinados bienes como son “fondos, valores o efectos”, con la particularidad de que estos sean “pertenecientes a las Fuerzas Armadas”, de ahí que sea menester definir lo que debe entenderse por tales conceptos.

En cuanto al verbo “sustraer”, rector de la conducta delictiva por la que fueron condenados el ciudadano recurrente Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ y los ciudadanos Capitán JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA y Sargento Primero JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, el diccionario de la Academia Española de Lengua, en su primera acepción, señala que es “Apartar, separar, extraer”, y a su vez, indica que: 1: Apartar es “Separar, desunir, dividir”; 2. Separar es “Establecer distancia, o aumentarla, entre algo o alguien y una persona, animal, lugar o cosa que se toman como punto de referencia”; y 3. Extraer es “sacar (poner algo fuera de donde estaba)”.

De ahí que la acción de sustraer “fondos, valores o efectos” implica quitarlos del lugar donde deben estar, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico, sin tener derecho para ello, ya que en caso de estar autorizados en ese sentido quedaría excluida la tipicidad.

En lo que atañe a los sustantivos “fondos, valores o efectos”, las tres expresiones enmarcan bienes, no obstante, dado que el tipo penal cuya errónea interpretación es el de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA, el presente análisis se circunscribirá a los “efectos”:

Conforme al diccionario de la Real Academia Española, en su cuarta acepción, se conoce como “efecto” cualquier “Artículo de comercio”, al tiempo que el mismo texto técnico define la palabra “artículo”, en su quinta acepción, como “Mercancía, cosa con que se comercia”.

Ciertamente, al revisar las normas del Código Orgánico de Justicia Militar donde se alude a los “efectos” se advierte que:

 1) El artículo 392 establece que “Son encubridores los que (…) intervienen con posterioridad en algunos de los casos siguientes: (…) 2. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos del hecho delictuoso, para impedir su descubrimiento”.

2) El ordinal 8 del artículo 464 prevé “Son delitos de traición a la Patria: (…) 8. Malversar caudales o efectos del Ejército en campaña…”.

3) El ordinal 5° del artículo 570 estatuye que “Serán penados con prisión de dos a ocho años: (…) 5. Los encargados de adquirir o suministrar géneros, alimentos, medicinas u otros efectos para las Fuerzas Armadas que lo hagan a sabiendas de que éstos están falsificados, adulterados o dañados”.

4) El artículo 575 tipifica que “Quien despoje de sus vestidos u otros efectos a un herido o prisionero de guerra, para apropiárselos, será castigado con prisión de uno a cuatro años. Será castigado con igual pena quien en la guerra despoje y se apropie del dinero, alhajas o cualquier otro objeto valioso que sus compañeros de armas muertos en el campo de batalla llevaren sobre sí”.

De las normas transcritas se desprende que los “efectos” a los que se refiere el tipo penal cuya parte objetiva es precisa, son bienes que pueden ser desplazados, lo cual se ratifica en los preceptos contenidos en el Código Penal, específicamente en los artículos que se enumeran de seguidas:

1. El numeral 10 del artículo 10 prevé como pena no corporal la pérdida de los “efectos” que provengan del hecho punible.

2. El artículo 33 califica a dicha pena como “… necesariamente accesoria a otra pena principal…”, especificando que “…los demás efectos serán asimismo decomisados y rematados para adjudicar su precio al respectivo Fisco Nacional, del Estado o Municipal, según las reglas del artículo 30”.

 3. El artículo 117 prescribe la responsabilidad subsidiaria de “… los posaderos o directores de establecimientos o casas de huéspedes, de los efectos robados a estos dentro de las mismas casas o establecimientos (…) La misma responsabilidad subsidiaria y con las mismas condiciones, toca a los capitanes o patrones de embarcaciones mercantes o de transporte, por el robo de los efectos de los pasajeros puestos a bordo de ellas…”.

4. El artículo 125 obliga a quien “… por título lucrativo participe de los efectos de un delito o falta…”  a resarcir los daños hasta la cuantía en que hubiere participado.

5. El artículo 230 sanciona a “Cualquiera que haya substraído, suprimido, destruido o alterado algún instrumento, o efecto de algún hecho punible, acto o documento colocado en una oficina a cargo de algún funcionario público en razón de su carácter…”, incrementando la pena “Si el culpable fuere el mismo funcionario público, que en razón de sus funciones tenia la custodia de los instrumentos o efectos expresados…”.

6. El artículo 233 castiga a quien “… con desprecio de sus obligaciones dé lugar a que falten los víveres u otros efectos de necesidad en un establecimiento o servicio público…”.

7. El artículo 234 alude a quien “… cometa fraude con respecto a la especie, calidad o cantidad de los efectos indicados en el artículo precedente…”.

8. El artículo 320 menciona “efectos de comercio”.

9.  El artículo 343 alude a incendios causados “… en edificios destinados (…) a almacenes o depósitos de efectos industriales o agrícolas, de mercaderías, de materias primas inflamables o explosivas o de materias de minas, vías férreas, fosos, arsenales o astilleros…”.

10. El artículo 365 trata de “… sustancias alimenticias o medicinales u otros efectos destinados al comercio…”.

11. El artículo 470 se refiere a “… moneda nacional extranjera, títulos valores o efectos mercantiles, así como cualquier cosa mueble proveniente de delito…”.

Justamente, la normativa penal general utiliza la expresión “efectos” para referirse a “… cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada…”, es decir, bienes, conforme a la previsión del artículo 525 del Código Civil.

A tal resultado puede llegarse también desde la lectura de los artículos  5, 58, 64, 68, 92, 118, 122, 127, 148, 156, 174, 188, 191, 193, 382, 383, 384, 393, 394, 396, 397, 402, 404, 507, 536, 538, 602, 603, 605, 607. 608, 610, 647, 665, 693, 704, 705, 716, 726.2, 737, 738, 760, 771, 772, 774, 775, 776, 787, 802, 805, 861, 952, 975, 976, 991 y 1070 del Código de Comercio.

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que la ejecución del tipo penal requiere la sustracción de un bien, lo cual ocurre con los bienes muebles por su naturaleza (artículo 532 del Código Civil), con los bienes inmuebles por su destinación (artículo 528 del Código Civil) y con los bienes inmuebles por incorporación que fueren desincorporados del inmueble (artículo 527 del Código Civil), ya que todos tiene como característica común que son desplazables del lugar donde se encuentren.

El último elemento conformador de la parte objetiva del tipo penal de invasión, indica que debe tratarse de bienes “pertenecientes a las Fuerzas Armadas”; en este orden, para saber qué debe entenderse por “pertenecer”, luce necesario acudir al diccionario de la Real Academia Española, según el cual, pertenecer se dice “… de una cosa: Tocarle a alguien o ser propia de él, o serle debida”, y en su segunda acepción “… Ser del cargo, ministerio u obligación de alguien”.

De acuerdo con el citado cuerpo académico, una cosa le pertenece a alguien si le corresponde, le es debida o es inherente al cargo u obligación que ostenta, independientemente de que sea el propietario o el poseedor legítimo.

Pero tal definición debe ser cónsona con la realidad jurídica nacional, por ello es menester precisar el sentido con el que se emplea tal vocablo en el resto de las normas del Código Orgánico de Justicia Militar. En consecuencia, la Sala observa que:

1. El numeral 4 del artículo 55 prescribe entre las atribuciones del Ministro de la Defensa,  “Servir de órgano entre los Tribunales militares y las autoridades que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas”.

2. El artículo 137 regula la “cuestión de competencia”, estableciendo que “Si la competencia se suscitase entre jueces pertenecientes a la misma jurisdicción militar o naval, decidirá el Comandante de la respectiva jurisdicción. Si la competencia se origina entre jueces militares pertenecientes a distintas jurisdicciones militares o navales, decidirá la Corte Marcial…”.

3. El artículo 410 prevé que “La degradación consiste en la declaración formal de que el delincuente es indigno de pertenecer a las Fuerzas Armadas Nacionales…” y que “La anulación de clases consiste en la declaración formal de que el delincuente es indigno de pertenecer a las Fuerzas Armadas Nacionales…”.

4. El artículo 411 establece que “La expulsión consiste en la declaración judicial de que el delincuente es indigno de pertenecer a las Fuerzas Armadas Nacionales…”.

5. El artículo 524 estatuye que “A falta de las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, en tiempo de paz, la deserción se presume, salvo suficiente justificación, cuando los oficiales: (…) 4. Los que perteneciendo a un cuerpo o unidad en marcha o próxima a marchar, o a la tripulación de un buque listo para zarpar, se separen de las filas, falten a la lista o se queden en tierra. 5. Cuando en la situación de disponibilidad o perteneciente a la reserva, no concurran al llamamiento al servicio seis días después de la notificación”.

6. El artículo 552 pena a quien “…inutilice las armas, valores o útiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, si con ello se le hubiere ocasionado grave daño”.

Del articulado transcrito se advierte que en los primeros cinco supuestos no se usa el verbo “pertenecer” respecto de un cosa sino de personas, por tanto, aun cuando no son aplicables al caso bajo estudio, permiten comprender la amplitud del referido verbo.

No obstante, el último supuesto citado sí está dirigido expresamente a la pertenencia de bienes, aunque de dicha norma no puede deducirse el significado del verbo “pertenecer” cuando se usa respecto de una cosa.

 Por tanto, debe acudirse al resto del código bajo estudio, donde consta el uso de los vocablos “propiedad” y “posesión”, como se hace expresamente en: 1) El Capítulo X “De los Delitos contra las Personas y las Propiedades”, del Título III “De las Diversas Especies de Delito”, del Libro Segundo “De los Delitos y de las Faltas Militares”; así como también en: 2) Los artículos del mismo texto normativo números 189 (numeral 4) y 474 (numeral 17), referidos a la propiedad, y, 3) En el artículo 275, referido a la posesión.

De ahí que pueda afirmarse que la pertenencia, cuando se dice de una cosa, puede estar referida tanto a la propiedad como a la posesión, ya que en caso contrario, el legislador hubiera optado expresamente por uno cualquiera de ambos términos en lugar de utilizar el verbo “pertenecer” que los abarca a ambos conforme a la redacción del Código Orgánico de Justicia Militar.

Derivado de lo anterior, basta con que la Fuerza Armada posea el bien, es decir, que quiera ejercer poderío sobre el bien de que se trate, y que de hecho ejerza legítimamente ese señorío, para concluir que le pertenece, por ser su poseedor legítimo. De ahí que no sea necesario que la República ostente la propiedad, vale decir, el uso, goce y disposición sobre el bien asignado a algún componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se pueda afirmar su pertenencia a esta.

Al respecto, parece oportuno aclarar que la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, en su condición de órgano público y por tanto carente de personalidad jurídica, no puede ser propietaria de bienes, sino que siempre los poseerá porque les fueron asignados por la República o su uso le fue cedido por su propietario, para el cumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, en lo que concierne a la parte subjetiva del tipo penal de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA, esta consiste en la voluntad de sustraer efectos pertenecientes a la Fuerzas Armadas, lo que implica tanto la inexistencia de elementos subjetivos especiales, como su configuración en un tipo doloso de acción, excluyéndose en consecuencia la sustracción culposa.

Ahora bien, respecto de los sujetos de la conducta típica, lo cual constituye el segundo elemento a delimitar, se evidencia que el sujeto activo es quien interviene en la realización del tipo penal y el sujeto pasivo es quien posee la titularidad del bien jurídico afectado por la actuación del sujeto activo.

De esta manera el ordinal 1° del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar Penal no prevé condición especial alguna para ser considerado como sujeto activo, ya que cualquier persona puede intervenir en la perpetración delictiva; no obstante, la situación cambia en lo que se refiere al sujeto pasivo, puesto que se exige que se trate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

 Por último, respecto de los objetos del tipo penal, en este elemento también se identifican dos componentes. El primero de ellos es el objeto material y se refiere a la cosa o persona sobre el cual recae la acción típica; y el segundo es el objeto jurídico, que se define como el bien protegido por la ley, pudiendo coincidir ambos elementos en ciertos tipos penales.

En este caso, el objeto material es “… una aeronave Beech-be 350, con las características de Avión SKB-300, Serial FM-8, HTVA 7985,8 ATERR 9143, y para ese momento identificada con las siglas YV-1498…”,  y el objeto jurídico o bien jurídico protegido es la administración militar.

Para precisar lo que debe entenderse por administración militar, es necesario acudir a los tres artículos que integran el capítulo IX “De los Delitos contra la Administración Militar”, del Título III “De las Diversas Especies de Delito”, del Libro Segundo “De los Delitos y de las Faltas Militares” del Código Orgánico de Justicia Militar:

“Artículo 570: Serán penados con prisión de dos a ocho años: 1. Los que sustrajeren, malversaren o dilapidaren fondos, valores o efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. 2. Los que en los contratos u otros actos de la administración referentes a las Fuerzas Armadas, obtuvieren ilegalmente algún provecho personal. 3. Los que obrando fraudulentamente respecto a la naturaleza, calidad o cantidad en construcciones o reparaciones militares o navales, obtengan algún beneficio. 4. Los encargados de adquirir o suministrar géneros, alimentos u otros objetos destinados a las Fuerzas Armadas, que los falsifiquen o adulteren. 5. Los encargados de adquirir o suministrar géneros, alimentos, medicinas u otros efectos para las Fuerzas Armadas que lo hagan a sabiendas de que éstos están falsificados, adulterados o dañados. 6. Los que suministren raciones indebidas. 7. Los que a sabiendas firmaren o autorizaren documentos de crédito o débito que difieran notablemente de las cantidades justas. 8. Los superiores que ordenaren a los contadores o habilitados militares el pago de cantidades en cualquier forma ilegales o por medio de comprobantes indebidos.

Artículo 571. El hurto de prendas militares o navales o de fondos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, cuyo monto o valor no exceda de doscientos bolívares, será penado con arresto de seis a doce meses y el reintegro de los valores u objetos hurtados. La pena será de uno a cinco años si el hurto ocasiona perjuicios graves a las Fuerzas Armadas.

Artículo 572. Toda condenación pronunciada contra un militar por razón de robo, hurto, estafa o malversación, entraña la expulsión de las Fuerzas Armada”.

En estas normas se pena a quien utilice indebidamente bienes cuya administración corresponda al estamento militar; en este sentido, la administración militar se entiende como la función desempeñada por los órganos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que consiste en organizar y disponer del uso de los bienes que le pertenezcan, tanto en propiedad de la República como en posesión legítima, al referido cuerpo castrense.

Por tanto, estos delitos no protegen únicamente el patrimonio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino el modo en el que se administran los bienes afectados al desempeño de sus actividades.

Ahora bien, después de haberse individualizado los elementos que componen el tipo penal de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA, prescrito en el ordinal 1° del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar, corresponde a la Sala precisar si la interpretación que le dio la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar a esa norma al momento de confirmar el fallo de instancia, es errónea o se ajusta a derecho.

            En este orden consta que en criterio de la Corte de Apelaciones:

 “… el objeto mueble sustraído la madrugada del día 28 de septiembre de 2011, de las instalaciones del Área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas, comprendido por una aeronave identificada B300C BeechcraftKing Air 350, Serial N° FM-8, Siglas YV-1498, Certificado de Aeronavegabilidad N° 5155, no se excluye de tales aseveraciones, pues dicha aeronave se encontraba asignada a la Fuerza Armada Nacional, específicamente a la Aviación Militar para el momento de la ocurrencia de los hechos y en la actualidad sigue siendo así, para cumplir misiones de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; en este sentido, dispone el artículo 37 de la menciona[da] ley todas aquellas Unidades Operativas de la Aviación Militar y taxativamente también hace mención de aquellas ‘... unidades destinadas a la participación activa en planes para el desarrollo social, científico, tecnológico y económico de la Nación...’, en ejercicio de tales funciones, consagra el artículo 39 de la misma Ley Orgánica, que la Aviación Militar Bolivariana podrá conducir operaciones militares requeridas para la defensa aérea y ‘... 5. Ejecutar actividades de empleo de los medios aéreos y terrestres del componente en tareas específicas rutinarias...’ (folio 149 de la pieza 15).

Así mismo, expresó el referido órgano jurisdiccional que:

“El Componente de la Aviación Militar Bolivariana, en uso, goce y disfrute de la aeronave YV-1498, ejecutaba para el momento de la ocurrencia de los hechos, actividades de empleo de la misma en tareas específicas, así se puede constatar del testimonio rendido a los autos por el Capitán Alejandro Kontarinis Martínez, quien para el momento de su deposición en juicio se desempeñaba como Jefe de Plataforma de Mantenimiento Súper King 200 y 350 del Grupo Aéreo de Transporte N° 5, quien al ser preguntado por el Fiscal del Ministerio Público sobre ‘... qué tipo de aeronave es y para que se utiliza? En esa unidad? Contestó: para (sic) efectuar traslados Aereo (sic) médicos...’ asimismo, a la siguiente pregunta ‘... ¿Puede indicar si ese avión pertenece a la Fuerza Armada Nacional. . . “, contestó “... si, (sic) pertenece a la Fuerza Armada Nacional...’, de lo anterior, permite a esta Corte Marcial mencionar que lo determinante en este caso para materializarse el delito de Sustracción de Efectos Pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, no lo viene a constituir el titulo traslativo de propiedad de la aeronave identificada con las siglas YV-1498, sino la afectación, uso o destino de dicha avioneta para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana…” (folio 149 de la pieza 15).

Posteriormente, la Corte Marcial se refirió a la actividad probatoria de instancia para manifestar que:

“… se aprecia que Petróleos de Venezuela mantuvo en todo momento el ánimo de desentenderse de la aeronave YV-1498, sacándola de la esfera de sus propios activos y entregándola exclusivamente al Grupo Aéreo de Transporte N° 5; esto también puede evidenciarse del documento emanado de la Junta Directiva de PDVSA que riela al folio 201 de la pieza N° 12 de la presente causa, lo siguiente: ‘...Desincorporación de dos (2) activos, para ser donados al Grupo Aéreo de Transporte N° 5, adscrito a la aviación (sic) Militar de la República de Venezuela...’ y de la misma manera, bien sostuvo la sentencia recurrida que este animus de ceder el bien de parte de Petróleos de Venezuela, S.A y formalizarlo mediante documento debidamente notariado, refleja de manera inequívoca que la referida empresa del estado de manera voluntaria y en común acuerdo la entregó materialmente al Grupo Aéreo de Transporte N° 5 de la Aviación Militar Bolivariana. En este mismo orden de ideas, cabe destacar que el Grupo Aéreo de Transporte N° 5 del Componente Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha ejercido de manera inmediata la posesión, guarda, custodia, uso, goce y disfrute del referido bien como en derecho se requiere y como un buen “pater familiae”, garantizando la operatividad del mismo, amparándolo con una póliza de seguros contratada y cancelada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual corre inserta al folio 46 del anexo 2 de la presente causa; criterio este que sostuvo el Tribunal Militar de Juicio en decisión dictada en fecha 06 de Junio de 2012, la cual fue apelada por los abogados defensores del imputado JUAN DIEGO PÉREZ GUEDEZ (Sic) y ratificada por esta Corte de Apelaciones mediante sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2013…” (folio 140 de la pieza 15).

Y así concluye afirmando que:

“En merito de lo antes expuesto, quedó comprobado que Petróleos de Venezuela, S.A entregó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana una aeronave tipo avioneta, modelo Kingair 350, identificada con las siglas YV-1498, con el animus que el Componente Aviación, a través del Grupo Aéreo de Transporte N° 5 ejerciera la titularidad del bien como legítimo propietario y con fundamento en la interpretación de la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 3198, de fecha 25 de octubre de 2005, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales y del postulado general de derecho traído a colación por la sentencia emanada del Consejo de Guerra de Caracas, confirmándose de esta manera que la referida aeronave YV-1498, sustraída el día 28 de septiembre de 2011 de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía ‘Simón Bolívar’, específicamente de la rampa 4, adscrita al Grupo Presidencial N° 5, pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En virtud de lo anterior, mal pudo haber incurrido el fallo impugnado en el supuesto vicio de ‘...ERROR EN DERECHO EN LA CALIFICACIÓN DEL DELITO...’ en referencia a los delitos militares de sustracción de efectos pertenecientes a la fuerza armada nacional y contra el decoro militar, previstos y sancionados en el artículo 570 ordinal 1° concatenado con el artículo 389 ordinal 1° y artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar por los cuales se condenó a su defendido, Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUEDEZ (Sic)…” (folio 152 de la pieza 15).

            Con estos argumentos de la Corte Marcial se precisa que entre los agentes activos se encuentra el Capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, por lo que no habiendo características especiales en el agente, se trata de un sujeto que coincide con el previsto en el tipo penal bajo análisis.

            Así mismo, se considera víctima a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que se trata del sujeto pasivo especial previsto en la norma, lo que lleva a estimar que la interpretación dada por la Corte de Apelaciones en cuanto a los sujetos del tipo penal en cuestión es ajustada a derecho.

En lo que concierne a los objetos, el objeto material es un bien mueble que pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal como consta en el fallo impugnado donde se afirma que:

“… el objeto mueble sustraído la madrugada del día 28 de septiembre de 2011, de las instalaciones del Área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas, comprendido por una aeronave identificada B300C BeechcraftKing Air 350, Serial N° FM-8, Siglas YV-1498, Certificado de Aeronavegabilidad N° 5155, no se excluye de tales aseveraciones, pues dicha aeronave se encontraba asignada a la Fuerza Armada Nacional…”.

Igualmente, en lo tocante al bien jurídico tutelado como es la administración militar, es coherente la Corte de Apelaciones cuando afirma que:

“… dicha aeronave se encontraba asignada a la Fuerza Armada Nacional, específicamente a la Aviación Militar para el momento de la ocurrencia de los hechos y en la actualidad sigue siendo así, para cumplir misiones de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana…”.

Específicamente, expresó la Corte Marcial que:

 “Consta en autos que ciertamente entre Petróleos de Venezuela, S.A. y el componente de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, suscribieron ante la Notaría Trigésima Novena del Municipio Libertador de Caracas, Distrito Capital, un documento inscrito bajo el N° 17, Tomo 221 de fecha 16 de diciembre de 2009, mediante el cual dicha institución del estado (PDVSA) entregó de manera gratuita dos aeronaves en perfectas condiciones y totalmente operativos, con su correspondiente permisología y demás documentación, un modelo Beechcraft Super King Air 350 Serial N° FL-32, Siglas YV-1497, Certificado de Aeronavegabilidad N° 4851 y otra modelo B300C BeechcraftKing Air 350, Serial N° FM-8, Siglas YV1498, Certificado de Aeronavegabilidad N° 5155, respectivamente a la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de que las referidas aeronaves sean para uso exclusivo del Grupo Aéreo N° 5, adscrito a la Aviación Militar Bolivariana”.

Dicha argumentación permite constatar que en opinión de la Corte Marcial se afectó la Administración Militar, que es el bien jurídico protegido en el tipo penal por el que se dictó sentencia condenatoria, ya que se utilizó indebidamente un bien mueble que solo puede usar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desarrollar sus actividades, pero no porque la República sea la propietaria y se le hubiera asignado, sino porque el ente público que tiene la propiedad sobre dicho bien le otorgó legítimamente la potestad para usarlo en el desarrollo de sus actividades.

            En atención a lo anterior, la interpretación que le dio la Corte de Apelaciones a la norma penal en estudio cumple con lo referido a los sujetos y al objeto del tipo penal de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LA FUERZA ARMADA, restando comprobar la conducta típica a fin de precisar la validez jurídica de la interpretación estimada errónea por la defensa.

            Respecto de la parte objetiva del tipo puede apreciarse en el fallo impugnado que “…el objeto mueble sustraído la madrugada del día 28 de septiembre de 2011, de las instalaciones del Área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas, comprendido por una aeronave identificada B300C BeechcraftKing Air 350, Serial N° FM-8, Siglas YV-1498, Certificado de Aeronavegabilidad N° 5155, no se excluye de tales aseveraciones, pues dicha aeronave se encontraba asignada a la Fuerza Armada Nacional”.

            Según lo manifestado, el acusado sustrajo una aeronave perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del lugar donde debía permanecer, actuación con la cual se perfeccionó el tipo penal de mera actividad por el que se dictó sentencia condenatoria, ya que basta tomar sin autorización un bien mueble perteneciente al referido cuerpo militar y apartarlo del lugar al que pertenece para que se materialice el delito.

            Para ello, como se manifestó previamente, no es necesario que la República tenga la propiedad sobre el bien sustraído y previamente asignado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que basta la posesión legítima o como lo expresó la Corte de Apelaciones “… lo determinante en este caso para materializarse el delito de Sustracción de Efectos Pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, no lo viene a constituir el titulo traslativo de propiedad de la aeronave identificada con las siglas YV-1498, sino la afectación, uso o destino de dicha avioneta para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

            En efecto, lo que hace innecesaria la propiedad es que el bien jurídico protegido no es la propiedad sino la Administración Militar, es decir, la actividad organizativa a propósito del uso de los bienes con los cuales desempeñe sus actividades la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

            Tal criterio se adecua al ordinal 1° del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar, por lo que solo restaría verificar lo expuesto en la decisión impugnada en cuanto a la parte subjetiva del tipo penal, en torno a la cual se advierte que “…el objeto mueble [fue] sustraído la madrugada del día 28 de septiembre de 2011…”.

Conforme lo señala la Corte de Apelaciones la aeronave fue sustraída, vale decir, quitada del lugar al que pertenecía, acto en el que intervino el acusado como bien lo acreditó el Consejo de Guerra de Caracas (con sede en el estado Vargas), así:

“El delito de SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERTENECIENTES A LAS FUERZAS ARMADAS en grado de COOPERADORES INMEDIATOS, quedó demostrado cuando los acusados CAPITÁN JUAN RAFAEL URJELLES ESCALONA, CAPITÁN JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ y el SARGENTO PRIMERO JOSÉ GREGORIO HIDALGO RODRÍGUEZ, desplegaron una serie de actividades tendentes a cooperar y facilitar que terceras personas, ajenas a la institución militar sustrajeron en la madrugada del día 28 de septiembre del año 2011, de las instalaciones del Área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, un bien público perteneciente a la Fuerza Armada Nacional, específicamente una aeronave Beech-be 350, con las características de Avión SKB-300, Serial FM-8, HTVA 7985,8 ATERR 9143, y para ese momento identificada con las siglas YV-1498, entre las actividades desplegadas por los acusados se cuentan la celebración de reuniones con los presuntos autores para la planificación de la sustracción de la aeronave antes descritas, hecho éste demostrado con las pruebas de expertos y testigos evacuados durante el debate oral y público; la adquisición de implementos para alterar las características del vehículo utilizado para desplazarse el día de los hechos (…) asimismo, los acusados coordinaron la movilización de estas terceras personas en un vehículo automotor de uso administrativo adscrito a la Vice-Presidencia de la República simulando pertenecer al Grupo Aéreo Presidencial N° 4, facilitando de esta manera el ingreso de los autores de la sustracción hasta el área de Rampa 4, Terminal Auxiliar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, lugar donde se encontraba aparcada la aeronave Beech-be 350, siglas YV-1498 desde el día 27 de septiembre en horas de la tarde.  A tal efecto se pudo observar, durante el debate oral y público la evacuación de un importante número de pruebas (…) de las cuales se extrajeron, con base al sistema de la sana crítica, conclusiones contundentes que han derivado en la convicción de quienes aquí deciden, para señalar que efectivamente hubo una Sustracción de Efectos propiedad de la Fuerza Armada Nacional y por ende de la Nación Venezolana y que los acusados cooperaron (…) activamente para que terceras personas materializaran el tipo penal aquí tratado”.

            Tal como se fijó en juicio y fue estimado por la Corte Marcial para confirmar el fallo recurrido, los acusados desplegaron una serie de actividades tendentes a cooperar y facilitar la sustracción de la aeronave perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin que se alegare y probare que lo hicieron coaccionados, en cumplimiento de un deber o mediante la existencia de alguna otra situación que excluya cualquiera de los elementos del delito.

            La libre voluntad de intervenir en la sustracción de la aeronave coincide con la parte subjetiva del tipo penal, siendo entonces típica la conducta desplegada por los acusados.

            Sobre la base de lo expuesto, la interpretación dada por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar respecto al ordinal 1° del artículo 570 del Código Orgánico de Justicia Militar se ajusta a lo previsto en la norma referida, por lo que el recurso de casación interpuesto por los abogados defensores debe declararse sin lugar con fundamento en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

III
DECISIÓN

En virtud de las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por los abogados LURIS MARISOL BARRIOS RIVAS y RIGOBERTO HERNÁNDEZ ARMAS, en su carácter de defensores privados del ciudadano capitán JUAN DIEGO PÉREZ GUÉDEZ, contra sentencia, dictada el siete (7) de agosto de 2014 por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los cinco (5) días del mes de junio de 2015. Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.


El Magistrado Presidente



MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
Ponente
      La Magistrada Vicepresidenta,


                                             
FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
                                                                                                     La Magistrada,



DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
                         El Magistrado,

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

La Magistrada,


ELSA JANETH GÓMEZ MORENO


La Secretaria (E)


ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA

Exp. AA30-P-2015-000083
 MJMP

            La Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas no firmó por motivo justificado.

La Secretaria (E)

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA"

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/178298-380-5615-2015-C15-83.HTML 

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