jueves, 21 de mayo de 2015

II JORNADA DE DERECHO INFORMÁTICO Y PRUEBAS ELECTRÓNICAS:


Jueves 25 y viernes 26 de junio de 2015
8:00 AM – 1:00 PM
CINES UNIDOS
C.C. SAMBIL, CHACAO, CARACAS

TEMAS

- Ley de Info Gobierno
- Banca y Seguros
- Documentos públicos electrónicos
- Firma electrónica y su prueba
- Derecho probatorio
- Jurisprudencia

INVITADOS ESPECIALES

- Raymond Orta
- Pedro Jedlika
- Jenny Vallenilla
- Hildamar Fernández
- Zdenko Séligo
- José Ovidio Salgueiro

Inversión: 6.900 Bs.F.

Cuenta corriente Banco Mercantil
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Inversiones Tecnoiuris C.A.
Rif: J-307159391

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miércoles, 20 de mayo de 2015

Máximas de Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal

Sentencia N° 066 del 05 de Marzo de 2015, N° de Expediente: R14-260. Tema: Radicación. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: Desconfianza que le puede merecer a las partes los funcionarios encargados de administrar justicia no supone una circunstancia para que proceda la radicación:

"...la desconfianza que le puede merecer a las partes los funcionarios encargados de administrar justicia no supone una circunstancia para que proceda la radicación del juicio, pues la procedencia de una radicación dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber: la alarma, sensación o escándalo público por la gravedad del delito o que el proceso se haya paralizado indefinidamente como consecuencia de las incidencias de recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y sus suplentes."

lunes, 18 de mayo de 2015

Opinión: La lamentable reducción del tiempo y varios en la administración de Justicia Penal

Si, desdichadamente se está dando una reducción del tiempo en la administración de justicia penal que nos afecta a todos sin distinción. Lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario, en forma inmediata, es quizás volver al normal horario de trabajo, o pudiera ser el mejor caso, ampliar el tiempo en la administración de la justicia penal y hacerlo en forma más productiva.

¿Cómo responder a esta necesidad?. Siempre en forma proactiva, la administración de justicia penal puede ser más productiva en tiempo.

LA RESOLUCIÓN N° 2015-0009 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015: EL HORARIO DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES Y TRIBUNALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ES DE 8 A.M. A 1 P.M, A PARTIR DEL 05 DE MAYO DE 2015.

Como todos ya sabemos, hace poco se ha fijado esta Resolución del 29 de abril de este año, para disminuir el horario de trabajo hasta la una de la tarde por motivos de racionamiento eléctrico y temas ambientales. Es comprensible hasta cierto punto esta situación, sólo que debieron haberse tomado todas las precauciones para que esto jamás ocurriese, ya que todos los juicios se ven perjudicados y a la final a los ciudadanos que buscan una justicia más rápida y que trabaje más, no que trabaje menos.

Hay países como Japón donde sus trabajadores laboran 49 horas a la semana, es decir, un promedio de 9.8 horas diarias de trabajo y en muchos sitios trabajan de lunes a sábado. Esta esta muy bien! Porque ven en el trabajo, un real y efectivo compromiso con la sociedad. Ellos, los japoneses, tienen esa fama de trabajadores productivos y basta con revisar cualquier artículo en Internet o noticia relacionada con este tema y verán que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Aunque esa intensidad pueda pagar con frutos serios a la salud con el paso de tiempo, un daño al cuerpo por no tomar los descansos de ley. Acá en Venezuela el tema laboral es harto sensible, pero si comparamos esta situación actual que es y entendemos coyuntural, debe ser solucionada lo antes posible porque nos está afectando a todos los interesados en que los procesos judiciales sean efectivamente abordados con un tiempo apropiado y justo para todas las partes llámense trabajadores tribunalicios y las partes procesales.

Cualquier Tribunal de un Circuito Judicial Penal de la República Bolivariana de Venezuela siempre debe dar despacho, de lunes a viernes en su normal horario acostumbrado de trabajo si es comenzando en las primeras horas de la mañana 8:30 hasta las 3:30 de la tarde, el cual debe darse ininterrumpidamente el servicio a cualquier parte interesada que desee revisar el expediente para saber cómo va su caso y siempre deben atender, y no agarrar, a veces, in fraganti a los funcionarios almorzando y por supuesto, no dando despacho, por esa razón, entonces que tengan horario de almuerzo y que no laboren durante ese momento sagrado de su comida. porque en la práctica, lo sufrimos quienes no almorzábamos tratando de ver todos los expedientes de nuestra agenda del día, sino después de las 4 de la tarde.

Aunque veo excepciones a esto, en otras materias. Por ejemplo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tiene despacho de martes a jueves, en los casos normales que llevan. Esto es algo que nunca he comprendido porque esa diferenciación  con el resto de la administración de justicia y restar dos días a la semana que pueden ser muy productivos para todas las partes interesadas en llevar adelante su proceso administrativo.

Una solución que pudiera parecer costosa sería que en el área metropolitana de Caracas sobre todo en el Palacio de Justicia, tenga sus propios generadores de energía, sí, dentro del propio Palacio de Justicia para este tipo de emergencias que deben ser atacadas directamente por las autoridades, a las cual respetuosamente me dirijo como una crítica constructiva que espero sea escuchada y entiendan que el ahorro energético es bien visto por todos, y actualmente lo que trasciende es comparar la actuación de Fiscalía General del Ministerio Público que es muy positiva, porque ellos no se ciñeron a esta política. Lo cual desde acá, felicito.

NO HAY DESPACHO

Actualmente uno puede por ejemplo, caminar por los pasillos del Palacio de Justicia en el área Metropolitana de Caracas y observar algunos o pocos Tribunales que tienen un cartel en toda la entrada o puerta, que dice pura y simplemente "no hay despacho". Porque esto?, esto será por diversas razones: motivo de salud del Juez que no puede asistir, motivo de duelo, motivo de curso y asistencia obligatoria en algún evento relacionado con el Derecho o alguna actividad académica que impongan en el Tribunal Supremo de Justicia a los Jueces o funcionarios relacionados. Si bien, hay muchas razones por las cuales no será la prioridad tener el normal despacho de los Tribunales en este país, entendiendo la justificación del que haya o no despacho por causal lógica de falta temporal o absoluta, como pudiera ser un accidente. Pero, esto no puede ser posible en el año 2015.

Primero, ¿qué es lo que pasa con esto en la práctica?, la justicia no se puede paralizar momentáneamente para nosotros los administrados, o a los abogados que intentamos introducir cualquier escrito o revisar nuestro expediente para verificar cuál es el estado procesal actual o en muchos casos tenemos una audiencia levantada en una día, fecha y hora, y la misma no se efectúa porque sorpresivamente "no hay despacho" y ni siquiera avisan por la web oficial del Tribunal Supremo de Justicia que es una magnífica herramienta tecnológica para informar de este inconveniente que sucede a cada rato, lo cual debería estar sincronizado y alertar a la gente en http://caracas.tsj.gob.ve/ si es por ejemplo, en Caracas. Avisen. Creo que no cuesta nada si ya tienen la plataforma informática montada que lo anuncien en la cartelera electrónica que debe tener cada Tribunal funcionando y operativa.

Hay unas normas que quisiera acotar en este momento y que quizás no tengan mucha relación al tiempo de dar despacho, pero sí a una serie de sanciones muy fuertes en base a situaciones "temporales" y son las establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El artículo 95 dice que son causales de destitución los funcionarios o empleados públicos que tienen conocimientos periciales una determinada materia y que estén obligados a aceptar el cargo de experto y a rendir declaración en la oportunidad que fije el tribunal. Si no hacen esto tiene esa fatal consecuencia. Igual pasa con el artículo 158 eiusdem, el cual dice que concluida la evacuación de pruebas el juez retirará de la audiencia por un tiempo que no excederá de 60 minutos y que constituye causal de destitución el hecho de que el juez de juicio no decida la causa dentro de este tiempo. Igualmente el artículo 165 ibídem, establece que concluido el debate oral el juez superior del trabajo se retirará de la audiencia por un tiempo que no será mayor de 60 minutos y que constituye causal de destitución el hecho de que el juez superior del trabajo no decía la causa dentro de este tiempo. Asimismo, establece el artículo 192 adjetivo, el cual señala que será causal de destitución del juez, el hecho de que éste no decida procedimiento de estabilidad laboral fijada en la oportunidad de ley.

¿Porque me referí a estas 4 normas procesales en los conflictos laborales? Porque sencillamente se buscaron la sanción mas contundente y que mas atemoriza, la destitución INMEDIATA del Juez, sino lo hace a tiempo, en tener lista la decisión. Sólo 60 minutos milagrosos donde salen rápido las sentencias. Esto si es justicia y celeridad de la mano. Ahora pregúntense cuántos casos de estos han ocurrido: MUY POCOS. Esto debería existir en el Código Orgánico Procesal Penal, una norma que destituya al Juez que no DECIDA A TIEMPO O QUE NO DE EL DESPACHO, porque no puede haber una causa justificada que paralice todo un Tribunal. Pareciera que esta por encima el inconveniente del Juez a la normal actividad de su Tribunal a cargo donde están paralizadas temporalmente por ese imprevisto miles de causas judiciales. Aunque tampoco esto debería ocurrir, porque a todas estas situaciones, yo me pregunto si el Juez Titular, que en teoría tiene un Juez Suplente o Provisorio creo así le llaman, para suplir, valga la redundancia, la suplencia de este Juez Titular que no va porque en definitiva, el Tribunal no abre sus puertas al público o sólo a las partes procesales, ya que la reserva penal es la que apunta la privacidad de este proceso.

UNA COMPOSICIÓN DISTINTA O AMPLIADA DEL TRIBUNAL

Otro aspecto fundamental son el personal en los Tribunales y uno en la práctica lo ve casi a diario. No se dan abasto con el trabajo debido al volumen de expedientes que existen en cada Tribunal, son miles de causas, las que maneja un Juez que es el que decide. Pero, el caballo de batalla allí es el segundo a bordo, el Secretario o la Secretaria que es la que tiene que lidiar con fiscales, defensores públicos, defensores privados, víctimas, victimarios, policías, etcétera.

¿Qué pudiera hacerse con todo esto de la composición o constitución de un Tribunal? si bien un Tribunal se constituye con Juez y Secretario para hacer sus actos procesales, una sencilla recomendación es ampliar el personal de cada Tribunal no ha 1 sino por lo menos a 5 Secretarios y sumar a los que ya están, 10 o 15 Escribientes, más 2 o 3 Archivistas y así darle mayor celeridad al trabajo. ¿Esto que significa en la práctica? Que sería posible pensar en que hay que reformar el COPP porque nos habla de un Secretario y modificar y ampliar las actuales sedes o construir nuevas estructuras físicas de los Tribunales, así el trabajo que debería hacerse en el menor tiempo posible, se vería recompensado por el personal que lleve mas holgado el trabajo y claro, esta, mejor remunerado, ya que esto siempre los motiva. Esta medida si se ejecuta, sería beneficiosa para la justicia, por lo menos que se haga en partes, en los Tribunales en Funciones de Control, que son los que llevan la mayoría de los casos, ya que la fase preparatoria e investigativa es clave del proceso penal y debido a la gran cantidad de expedientes por casos que le llegan de la llamada flagrancia hacen bastante compleja esta situación. Además de que cuando están en audiencia, cierran la puerta, ponen un cartel afuera en la puerta y dice "Tribunal en Audiencia". El Tribunal, en la práctica no despacha una, dos o tres horas. Depende de lo que se extienda dicha audiencia. Por eso es que deberían haber mas Secretarios en cada Tribunal que mientras celebran la audiencia, atiendan a las partes procesales.

Estas recomendaciones sencillas, le darían trabajo a mucha gente que lo necesita y pudiera darse en la realidad, un buen avance en el diario de los casos, porque así con lo que esta ocurriendo de rebajar horas laborables para las partes procesales, se está entorpeciendo la administración de justicia, al quitarle tiempo que no tiene y es lo más valioso, queridos lectores, el tiempo. Cada día que pasa, debe ser aprovechado al máximo. Al contrario de lo que está pasando en nuestra cotidiana realidad.

viernes, 8 de mayo de 2015

Resolución N° 2015-0009 mediante la cual todos los funcionarios judiciales, ejecutivos, administrativos y obreros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría General de Tribunales, Escuela Nacional de la Magistratura y Tribunales laborarán en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir de la presente fecha y como medida temporal generada por la situación a nivel nacional en materia ambiental y de energía eléctrica.

Caracas, 29 de abril de 2015
205° y 156°

RESOLUCIÓN N° 2015-0009

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Máxima Instancia,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el servicio público de administración de justicia, debe estar regido por los principios de transparencia, autonomía, gratuidad, imparcialidad, independencia, responsabilidad y celeridad entre otros,

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 31, establece que los Jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de ocho horas diarias, cinco días a la semana y que, de conformidad con lo convenido en la Cláusula N° 9-B de la II Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, fue reconocida la jornada de servicio de siete horas diarias de lunes a viernes, con horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional por razones de interés nacional, ha decidido tomar varias acciones destinadas a incrementar el ahorro de energía eléctrica, dentro de las cuales se encuentra ordenar que la mayor parte de la administración pública nacional pase a trabajar seis horas continuas, y exhortar al sector público y privado a que tome las medidas necesarias para garantizar el uso racional de la energía eléctrica,

CONSIDERANDO

Que por mandato constitucional corresponde al Poder Judicial y, a su máxima instancia, velar por la no interrupción del servicio gratuito de Administración de Justicia, aun ante situaciones de fuerza mayor como las que nos ocupa; de manera que es su deber insoslayable la implementación de medidas o mecanismos que hagan compatible a tales restricciones de energía con el libre acceso, atención y seguridad de los justiciables ante sus instalaciones y;

CONSIDERANDO

Que vista la situación presente coyunturalmente en el país, es necesaria la disminución del consumo de energía eléctrica, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,

RESUELVE:

PRIMERO: Todos los funcionarios judiciales, ejecutivos, administrativos y obreros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría General de Tribunales, Escuela Nacional de la Magistratura, Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Tribunales con competencia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrarios, Marítimos, Laborales, Contenciosos Administrativos, Contenciosos Tributarios, Penales Ordinarios, Penales Municipales,  Responsabilidad Penal de Adolescentes y Juzgados con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, Económicos y Antiterroristas de todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, laborarán en el horario comprendido de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir de la presente fecha y como medida temporal generada por la situación a nivel nacional en materia ambiental y de energía eléctrica.

SEGUNDO: Todos los Juzgados de la República tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Los jueces cualquiera que sea su competencia, continuarán los actos, juicios o audiencias que hayan iniciado dentro del horario acordado.

TERCERO: Los Juzgados de Primera Instancia en función de control y juicio ordinario, de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de control, audiencias y medidas, en delitos económicos, y antiterrorismo de los Circuitos Judiciales Penales, continuarán con el sistema de guardias ordinarias para atender los procedimientos que sean de su competencia.

CUARTO: Se ordena a los Directores, Coordinadores, Gerentes, Jefes y Supervisores de Oficinas Administrativas de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectores e Inspectoras de la Inspectoría General de Tribunales, Directores de la Escuela Nacional de la Magistratura, Jueces o Juezas de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, Presidentes o Presidentas de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Jueces Rectores y Juezas Rectoras, Presidentes y Presidentas de Circuitos Judiciales Penales, Presidentes y Presidentas de Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Jueces Superiores y Presidentes o Presidentas de las Salas de Cortes de Apelaciones, Jueces y Juezas de la República, velar por el estricto cumplimiento del presente acuerdo. Se les exhorta a fomentar el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica de todo el personal a su cargo, inclusive en aquellos casos en que se establezcan debidamente guardias por razones de servicio.

QUINTO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Judicial y el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Comuníquese y publíquese.-

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil quince. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 Primer  Vicepresidente,                                      Segunda Vicepresidenta,


MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ                 INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE


Los  Directores,


EMIRO GARCÍA ROSAS                                  GUILLERMO  BLANCO VÁSQUEZ


MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

Los Magistrados,


ARCADIO DELGADO ROSALES              MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL


JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                   LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ            MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA


LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO     FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

EVELYN MARRERO ORTIZ                FERNANDO  RAMÓN VEGAS  TORREALBA


YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA                        ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS                        HÉCTOR CORONADO FLORES

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA            MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN


MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ                     CARMEN ZULETA DE MERCHÁN      

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER                   JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR  SIERO     INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA  ARIZALETA            


MARISELA  VALENTINA  GODOY  ESTABA            ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

EDGAR  GAVIDIA RODRÍGUEZ                 DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO

 El Secretario,

JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ

http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0001847.html

jueves, 30 de abril de 2015

OPINIÓN: Cuando los hechos no revisten carácter penal en fase preparatoria

Dice el literal c del numeral 4 del artículo 28 del código orgánico procesal penal que durante la fase preparatoria, ante el Juez o Jueza de Control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante la siguiente excepción de previo y especial pronunciamiento, que es la llamada Acción promovida ilegalmente, la cual sólo podrá ser declarada, entre otras, por la siguiente causa: Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basen en hechos que no revisten carácter penal.

Mi buen amigo y académico, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento nos da un breve análisis en su obra Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, la cual nos dice que estas excepciones tienen el efecto de “enervar” la acción para efectivamente hacer una pérdida de su efectividad ya sea de manera temporal o permanente en este caso sería permanente cuando el hecho no revista carácter penal, porque es la llamada "excepción de fondo por excelencia" ya que se refiera carácter de los hechos atribuidos al imputado y a su particular participación de los mismos, el juez tiene que verificar cuáles hechos fueron imputados así como la diligencia investigación practicada hasta ese momento para ver si se verifica si en las diligencias o los hechos imputados está comprobada la responsabilidad penal y de ser así, que no sean constitutivos del delito que fuese acusado, querellado, denunciado otrora.

Todos sabemos que la mayoría de los delitos en nuestra legislación penal ordinario y especial son de acción pública. Los de acción privada son los que efectivamente el propio legislador obliga o establece en el propio texto y así lo deja saber. Esto lo desarrolla el artículo 25 del mismo código el cual nos habla de los delitos de instancia privada y que sólo podrán ser ejercidas por la víctima las acciones que nacen de los delitos que la ley establece como de instancia privada. Hay unas excepciones allí, que para el caso concreto que tengamos, se pueden aplicar. Para ello pueden verse los casos cuando la víctima no pueda hacerlo por sí misma, lo cual tenemos en desarrollo en la decisión número 338 de fecha 22 de marzo del año 2000 emanada de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de justicia y la cualidad de víctima la podemos ver en la decisión número 147 de fecha 10 de abril del año 2003 de la misma sala que también amplió un poco estos conceptos. Por ejemplo, el delito de falso testimonio, no puede ser ejercido a través de un particular mediante la querella, porque el sujeto pasivo aquí es la administración de justicia. Tenemos que esperar que en forma concreta que el fiscal del ministerio público haga su parte, haga su trabajo sobre este particular.
Recordemos lo que dice el artículo 24 de nuestro código orgánico procesal penal, el cual establece que la acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley. Para esto es bueno acotar la Sentencia número 035 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº C09-304 de fecha 02/02/2010 que nos dice que:

 “... La acción penal nace de un hecho punible, calificado como delito y tipificado expresamente en la Ley, como garantía del principio de legalidad. Por otra parte, la prescripción es una de las formas de extinguir la acción penal, pero para que resulte aplicable se requiere forzosamente que esta exista previamente. Si el hecho ocurrido no reviste carácter penal, nunca existirá la acción penal, debido a que no es cualquier hecho el que otorga la facultad legal al Estado para su persecución, enjuiciamiento y sanción (ius puniendi), sólo el hecho típico establecido por ley penal previa a su perpetración.”

También, tenemos el artículo 26 adjetivo, el cual nos dispone que hay otro delito enjuiciable pero sólo previo requerimiento o a instancia de la víctima.

Hasta el día de hoy, no me he topado con muchas sentencias a favor de este punto, ya que esto es un tema que exclusivamente va hacia el fondo de la causa. Sin embargo, he visto algunas sentencias por Internet que han decretado a favor del imputado, querellado o acusado tal circunstancia. La cual conlleva a una fatal situación que es el sobreseimiento de la causa por el artículo 34 eiusdem.

Viene la fase preparatoria, acá las partes procesales pueden oponerse la persecución penal introduciendo las llamadas "excepciones", establecidas en el artículo 28 del código orgánico procesal penal. No es menos cierto que este obstáculo al ejercicio de la acción penal si atañe al fondo de la causa y por ello, coincidió con la doctora Magaly Vázquez González citado en el libro Manual De Derecho Procesal Penal del doctor Rodrigo Rivera morales, página 246, cuando nos habla de los obstáculos al ejercicio de la acción y que la finalidad de ellos, de los mismos, es evitar el ejercicio de la acción. Cita la obra de la doctora y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello del año 2007.

El tema clave es irse al fondo del asunto y analizar si efectivamente se constituyó un hecho punible o no. Hay que analizar por parte del juez en funciones de control, si efectivamente se constituyen los elementos del delito y revisar la teoría General del delito para el caso concreto viendo las evidencias o los elementos de convicción que hasta ese momento haya recabado la fiscalía del ministerio público o las partes procesales y que se encuentran debidamente acreditado en autos. Inclusive el propio juez analizando el artículo 33 del código orgánico procesal penal, puede perfectamente de oficio a su solo criterio verificar la presencia de un obstáculo y puede perfectamente decretarlo y evitar que continúe el proceso penal.

Del mismo, modo, es importante mencionar que cuando las excepciones interpuestas en esta fase preparatoria, el artículo 30 menciona que se tramitarán en forma de incidencia sin interrupción de la investigación respetando el debido proceso notificando a las partes para que previa a su notificación las partes procesales contesten y ofrezcan las pruebas correspondientes. Siempre la víctima deberá ser notificada. Ahora el punto es muy sencillo, hay producción de prueba y vendría la decisión motivada dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo de cinco días a la notificación de las partes para que éstas efectivamente contesten y están además las pruebas que consideren pertinentes. Luego, viene la audiencia para exponer cada parte sus alegatos o argumentaciones y el análisis de las pruebas.

Algo interesante es la sentencia número 35 de fecha 2 de febrero del año 2010 de la sala de casación penal que toca el tema de las excepciones cuando el hecho, acto, no revista carácter penal, que recomiendo leer ya que desarrolla un poco los obstáculos al ejercicio de la acción penal. Asimismo, recomiendo leer la sentencia número 434 de la sala constitucional con ponencia del doctor Francisco Antonio Carrasquero López del 5 de abril del año 2011, en el expediente 10-0991 donde también desarrolla el tema el sobreseimiento por el artículo 28 del código orgánico procesal penal.

Tomando un poco de dogmática penal y teniendo la satisfacción de leer la jurisprudencia mencionada en los libros de Rionero y Bustillos, los Maximarios; de Luis Miguel Balza Arismendi; de Freddy José Díaz Chacón y de otros escritores patrios que se han preocupado por estos temas, de buscar, copiar, investigar y analizar lo que ha dicho nuestra sala de casación penal y de la propia jurisprudencia vinculante de la sala constitucional, vemos que no han habido muchos casos donde dictaminan los jueces en funciones de control que actúan, claro está como de primera instancia, la contundente afirmación de que esos hechos por los cuales tienen una causa pendiente no reviste carácter penal es una decisión fina delicada, de mucha precisión. Porque efectivamente está jugando la culpabilidad o la absolución del imputado, querellado o acusado. Quizás sea una generalización, dicho de esa forma pero lógicamente siempre hay que leer completamente el expediente y ser parte procesal, ya que hacer una crítica de una decisión que sale por Internet es muy sencillo, sin tener a la mano todos los elementos que están acreditados dentro de un expediente penal cuya reserva sabemos todos existe actualmente por lo delicado que puede ser lo que se ventile en dicha causa. Repito hay que leer completamente el expediente para tomar una decisión y ver si es ajustada a derecho. Vista la práctica que hay en nuestros tribunales ordinarios sobre este punto. Muchos jueces dicen: ”no! eso es de fondo y por lo tanto, no me corresponde a mí tomar ninguna decisión. Eso va juicio”. Que eso vaya al juez en funciones de juicio y que decida si el culpable o inocente, se condena o absuelve a esta persona, y de buenas a primeras, casi sin motivar, admite la acusación por los delitos allí establecidos y admiten las pruebas y posteriormente, dictan el auto de apertura a juicio. Craso error. Si precisamente esta depuración es la clave para no gastar a la administración de justicia y sobrecargarla en procesos judiciales, ya que como jugador le corresponde tener las agallas de dictar con justo criterio y proyección de lo que puede ocurrir a futuro, pues debe tomar una decisión siempre motivada. Este auto motivado, debe contribuir para aligerar la carga de los tribunales de juicio y si hay las correspondientes apelaciones, evitarle más trabajo a las salas que conforman las cortes de apelaciones. Quizás con las nuevas y modernas tendencias de lo que es la teoría general del delito, para tranquilidad de todos es absolutamente trascendental que el juez haga una sola cosa: fundamentar y precisar cuál y porqué será su decisión. Ya que si esto no es así y se ejerce correspondiente recurso contra ese auto ya sea a favor o en contra decir que declare o no el sobreseimiento, la corte de apelaciones es una forma segura y confiable debe verificar si se cumplió con estos requisitos o elementos. Si efectivamente hubo un comportamiento impune o no y verificar donde comienza el hecho punible y demás aspectos, se lo dejará al juez de juicio.

Lamentablemente nuestros tribunales penales están saturados de trabajo. Escasos del personal, mal pagados y no se dan abasto para resolver las cosas en el tiempo procesal que se encuentra en nuestro texto adjetivo.La falla en los traslados de los imputados también ocasiona grandes retrasos todos los que vivimos la práctica de estas situaciones saben perfectamente que esto una realidad inocultable, muchas audiencias no se da por este tipo de situaciones en la práctica influye para los diferimientos, que jamás deben ser vistos como algo normal. Y la norma o la regularidad es eso a veces, no se hace efectiva la realización o mejor dicho, la celebración de una audiencia porque no se dio el traslado de la persona detenida. Es un arduo trabajo que tienen los involucrados en la administración de justicia y uno como abogado litigante lo sabe, lo vivimos a diario.

Así que esa decisión que va a decretar o no el sobreseimiento, se va a basar en la interpretación teleológica de la norma jurídica mediante una comprensión de lo ocurrido según los elementos o diligencias de investigación que efectivamente se hayan practicado, que cursen en el expediente y que convenzan a este juzgador de una decisión contundente. Que si es apelada, pues sea confirmada o no por la corte, será trabajo exclusivo del juez a quo razonar en base a la verificación o comprobación de la existencia de las pruebas y su sana crítica, muy importante tenerla en cuenta.

Nuestra realidad procesal penal será cambiada si se asume una verdadera política criminal de cambio y se acomodan las estructuras físicas de los tribunales con mayor espacio, mayor personal, para poder trabajar mejor por los múltiples retrasos que existen visto el gran volumen de causas que actualmente se encuentran en curso por los tribunales de primera instancia funciones de control, que son los que reciben la mayoría de los casos. A menos que sea una acusación privada que vaya pues por los otros tribunales de juicio y que no deben ser muchas. Todo esto son detalles que están directamente relacionados con la tranquilidad de tomar buenas decisiones por parte de los jueces y a la vez pueden permitir a este juez de primera instancia en funciones de control tomar una decisión, que en un futuro, si es apelada por la parte perdidosa, no señale que está asumiendo funciones propias del juez en funciones de juicio e invoquen, reitero, que tiene una competencia propia del juez en funciones de juicio, ya que así lo faculta expresamente esta norma, porque recuérdese que también contribuye a la declaración de inocencia el artículo 157 del código orgánico procesal Penal, el cual establece una clasificación de las decisiones y esta decisión o mejor dicho, este auto debe ser fundado para absolver.

sábado, 25 de abril de 2015

Bibliografia Venezolana sobre el Proceso Penal

Derecho Procesal Penal Venezolano. Adaptado a la reforma de Junio 2012, Autor: Vásquez González, Magaly, Año: 2015. Edición: Sexta. Encuadernación: Rústico.

Problemas de la Imputación en el Proceso Penal. Autor: Rionero, Giovanni. Año: 2015. Edición: Primera. Encuadernación: Rústico.

El Desempeño del sistema judicial venezolano en el marco histórico de 1810-2010, Autor: Sarmiento Sosa, Carlos J. Editorial: Editorial Jurídica Venezolana, Caracas. Año: 2015. Edición: Primera. Encuadernación: Rústico.

Caso Allan Brewer Carías Vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudio del caso y análisis crítico de la errada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 271 del 24 de marzo de 2014. Autor: Brewer-Carías, Allan R. Editorial: Editorial Jurídica Venezolana, Caracas. Año: 2014. Edición: Primera. Encuadernación: Rústico.

jueves, 9 de abril de 2015

Primer Curso Actualización en Medicina Legal, en Calabozo. Edo. Guárico.

El día Sábado, 18 de Abril de 2015
Lugar: Auditórium Colegio el Rosario. Avda. Principal Octavio Viana (Frente al Hospital). Calabozo. Edo. Guárico

INFORMACIÓN: SOCIEDAD VENEZOLANA DE MEDICINA FORENSE 

Teléfonos: 0212- 731.64.31/ 0426.304.25.34
Coordinador Regional Dr. Edgar Navarro 0416-746.21.86

INVERSIÓN: Estudiantes Pre-grado 400 Bs. / Profesionales 800 Bs.

Depósito: A Nombre de Sociedad Venezolana de Medicina Forense
Banco Mercantil: Cuenta Corriente Nº 0105 0021 44 1021494887

Puntos Créditos otorgados por la Federación Médica Venezolana

Síguenos en Twitter: @MedicinaForense


lunes, 6 de abril de 2015

DIPLOMADO - DERECHO PROCESAL PENAL


DIPLOMADO - ASESOR TÉCNICO EN CRIMINALISTICA


TALLER DE DERECHO PROBATORIO Y LA PRUEBA DEL ADN EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO (SOLO 40 PARTICIPANTES)


ANFAPRO INVITA

Sábado 11 de Abril de 2015 - Aula de clase CUPIO en hogares crea de Venezuela. Naguanagua frente al Círculo Militar.

8 horas académicas de 30 min.

TEMARIO:

Todo el sistema probatorio, licitud de la prueba, pertinencia y utilidad, la valoración y su forma de incorporarle al proceso.
Medios de prueba y el órgano de prueba.
La nulidad de la prueba y sus efectos legales.
La ultima jurisprudencia con relación a la prueba
El ADN (código genético) en los procesos penales su utilidad. Últimos avances.

PONENTES

Dr. PEDRO ALEJANDRO MORENO ALONSO
Dr. GERMAN ALFREDO BREA ROJAS

Jueces penales y Profesores Universitarios. Especialistas en Ciencias Penales y Criminológicas.

COSTO: 1000 bsf. DIA DEL EVENTO 1300 bsf. Sujeto a disponibilidad
Incluye Certificado de asistencia en papel de fotografía en alta resolución, carpeta, bolígrafo, hojas y material de apoyo vía correo electrónico post taller. Coffee brake.
Estacionamiento Privado con seguridad, cómoda aula con aire acondicionado. Depósitos o transferencia en efectivo a la cuenta de ahorro Banco Mercantil N° 0105.0151.267151-01674-3 a nombre de Carolina Sarmiento (Presidenta de ANFAPRO) CI. V- 6.455.009. Una vez hecha la transacción enviar junto con su nombre y cedula los datos de la misma al correo de anfapro2@gamil.com

SOLO SE ACEPTARAN TRANSFERENCIAS HASTA EL DIA JUEVES 9 de abril de 2015

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