martes, 15 de abril de 2014

Extracto de la Sentencia Caso Ceballos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Sentencia No. 263 del 10 de abril de 2014 sobre El DESACATO al mandamiento de amparo constitucional cautelar que la Sala dictó el 17 de marzo de 2014, mediante sentencia N° 137, en el que incurrió el ciudadano Daniel Ceballos, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Luego, SANCIONA al ciudadano Daniel Ceballos, a cumplir 12 meses de prisión, más las accesorias de la ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, el prenombrado ciudadano cesa en el ejercicio del cargo de Alcalde del Municipio San Cristóbal, del Estado Táchira.

Expediente n.° 14-0194 PONENCIA CONJUNTA:

"...3.  De la naturaleza jurídica de la norma sancionatoria contenida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ubicado en el título referido al “procedimiento” del amparo constitucional:

Con relación al ilícito descrito en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala, en algunas decisiones (vid. Nros. 74 del 24 de enero de 2002 y 673 del 26 de marzo de 2002), le ha dado el tratamiento que se le da a los ilícitos penales (aun cuando ni la Constitución, ni esa ley, ni ninguna otra, le atribuye tal carácter), en el sentido de que, al advertir el desacato, ordenaba oficiar al Ministerio Público para que investigara si se cometió o no el desacato y, si así lo estimare, acusara ante la jurisdicción penal o, en su defecto, solicitara el sobreseimiento de la causa o archivara el expediente. Actuación que se desplegaba aun a pesar de haber podido comprobar el hecho del desacato por notoriedad comunicacional o por medios de prueba que constaban en la causa.

No obstante, siendo que el devenir jurisprudencial de la Sala se corresponde con el ordenamiento jurídico como fuente primaria y elemental del Derecho, el criterio anterior ha ameritado una verificación a los fines de que su sustento se adapte, armónica e integralmente, a los dispositivos legales que se han incorporado a dicho ordenamiento en los últimos tiempos.

Así pues, en reciente sentencia n° 245 del 9 de abril de 2014, esta Sala Constitucional, dispuso con carácter vinculante el procedimiento a seguir en caso de desacato a que se refiere el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableciendo –entre otras cosas- lo siguiente:

“…Al respecto, corresponde tener en cuenta que esa norma sancionatoria (1) está ubicada en una ley de protección de derechos y garantías constitucionales que carece de carácter penal, (2) en la que no existe un aparte dedicado a ilícitos penales, (3) en la que ni esa disposición sancionatoria ni ningún otro precepto del ordenamiento jurídico la califica como tal y (4) en la que no se indica la autoridad judicial que impondría la sanción ni el procedimiento para ello, además de que (5) existen normas y sanciones similares en el sistema legal patrio que también protegen la correcta marcha de la administración de justicia (entre otros bienes e intereses jurídicos) y que aplica directamente el juez o jueza que lleva el proceso o que ha dictado un mandato (como ocurre en el presente asunto), con independencia de la competencia material del mismo (como la prevista en el artículo 28 de la misma Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, entre otras, vid. infra), además de distintas características objetivamente comprobables que sustentan lo aquí afirmado y que serán explicitadas de seguidas.
Otra razón que abona por un tratamiento jurídico integral, eficaz y ajustado al ordenamiento jurídico vigente, en correspondencia con el Texto Fundamental (en particular, sus artículos 26, 27 y 257), de la norma prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene que ver con su cardinal importancia para garantizar el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales y, sobre todo, las que dicte este Máximo Tribunal de la República, en tutela de intereses y derechos constitucionales (que, en definitiva y en general, son derechos constitucionales y humanos contenidos en instrumentos internacionales sobre la materia), individuales y colectivos; además de la proporcionalidad de la sanción en relación a otras normas del sistema jurídico (vid. infra).
En ese orden de ideas, debe advertirse que no toda norma que contenga sanciones restrictivas de la libertad es necesariamente una norma penal, tal como lo ha reconocido esta Sala en su jurisprudencia reiterada y pacífica. En efecto, este Máximo Tribunal de la República ha sostenido la constitucionalidad de varias disposiciones que permiten a los jueces y juezas que, en ejercicio de su potestad ordenadora de los procesos jurisdiccionales, apliquen las sanciones previstas en las leyes correspondientes. Ejemplos de esas normas se encuentran los artículos 24 y 98 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cuales le ordenan a los jurisdicentes a imponer sanciones, inclusive de arresto (que hoy día, materialmente hablando, no reporta mayores diferencias con la prisión, tal y como se apreciará en los párrafos que siguen), en contra de algunos intervinientes que, en los diversos procesos judiciales actúen, de mala fe, temerariamente o, en fin, de manera contraria a la ética positivizada en la ley.
Así pues, aun cuando esas normas contemplan arresto, no quiere decir que por esa razón los anteriores sean tipos penales y, por tanto, deba intervenir todo el sistema penal (contrariando la voluntad del legislador plasmada en la ley y el principio de ultima ratio intervención penal), sino que, por el contrario, en tales supuestos, la sanción contenida en aquellas debe ser impuesta por el juez o jueza correspondiente (no necesariamente penal, así, la prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es imponible por el juez actuando en ejercicio de la jurisdicción constitucional, mientras que las señaladas en los artículos 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, son aplicables por los jueces laborales, y las dispuestas en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cualquier juez o jueza de la República).
Al respecto, es importante señalar que incluyendo la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (que de las leyes anteriormente mencionadas es la única ulterior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), ninguna de esas normas sancionatorias están acompañadas de un proceso de adscripción de la responsabilidad por tales ilícitos, sino que presuponen la imposición inmediata de la sanción por parte del juez natural, es decir, el juez o jueza que advierta la actuación atentatoria a la jurisdicción y a los derechos que ella pretende salvaguardar, amparada en el artículo 253 constitucional, como ocurre en el presente asunto (circunstancia que fue estimada contraria a garantías judiciales por parte de esta Sala, lo que determinó, al igual que el presente caso, la aplicación de un procedimiento para tutelar los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 eiusdem –vid. infra-).

…Omissis…

Asimismo, ya desde una perspectiva criminológica y de política pública antidelictiva, debe apuntarse que el tratamiento que hasta ahora se le ha dado al artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, en fin, su consideración actualmente anacrónica como norma “penalmente” relevante, ha dejado prácticamente inoperante esa disposición legal cuya sanción, en relación al ámbito penal en el cual aun hoy algunos la han pretendido encasillar, es sustancial y desproporcionalmente limitada, de caras a la gravedad del hecho que describe y al tratamiento procesal penal (el cual ha mermado, casi por completo, la fuerza coercitiva que tenía en otros momentos y antes de varias reformas sustantivas y procesales), y, por tanto, a la protección de los derechos fundamentales y de su tutela a través de sus definitorios y máximos garantes: los jueces y juezas, en especial, de los magistrados y magistradas del más Alto Tribunal de la República, árbitro conclusivo de los conflictos sociales, entre particulares, entre otros órganos del Estado y entre estos últimos.
En fin, la intervención penal, al menos hoy día, sería ineficaz en el caso del desacato de amparo, circunstancia que justifica la presencia de tal ilícito en una ley no penal (la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), en un aparte referido al procedimiento de amparo (justamente para garantizar su eficacia en uno de los ámbitos jurídicos más importantes: el amparo a los derechos y garantías individuales, colectivas o difusas), y que a pesar de las reformas del Código Penal y de otras leyes y normas indiscutiblemente penales, no se haya incluido en ellas, sino que siga manteniéndose en la referida ley, concretamente en el Título referido al “procedimiento” de amparo constitucional (cuya máxima instancia es este Máximo Tribunal), y ni siquiera en un título referido a sanciones o ilícitos penales (que no existe en la misma), razón por la cual, el procedimiento aquí establecido es el que debe seguirse para verificar el desacato al amparo constitucional previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, de ser el caso, imponer la sanción prevista en ese artículo.
En efecto, es innegable el carácter simple y objetivamente comprobable del referido ilícito por parte de los jueces, con un proceso compatible con los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, tal y como ocurrió en el presente caso, en el cual se pudo verificar de manera indubitable el desacato, tal y como lo hacen con frecuencia, incluso desde hace décadas, diversos tribunales de la República de todas las instancias, cuando aplican similares sanciones que deben ser impuestas directamente por los jueces, juezas y magistrados o magistradas, apenas verifiquen, con respeto al debido proceso, las infracciones descritas en los ya señalados artículos 24 y 98 del Código de Procedimiento Civil, 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 42, 48, 170 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; respecto de las cuales se aplica otro procedimiento también compatible con el Texto Fundamental, establecido en la sentencia dictada por esta Sala bajo el N° 1184 del 22 de septiembre de 2009 (…).
Lo antes expuesto no solo señala la gran trascendencia que esta Sala ha reconocido a la correcta marcha de la Administración de Justicia y a todos los valores constitucionales y jurídicos que ella tutela, sino también: 1.- Al carácter insoslayable de las normas sancionatorias, 2.- A que algunas de esas sanciones, incluso privativas de libertad, pueden ser directamente impuestas por los jueces correspondientes de diversas jurisdicciones, respetando el debido proceso, 3.- A que no toda sanción privativa de libertad debe ser consecuencia de un proceso penal, sino sólo cuando la ley así lo establezca –legalidad procesal-, y 4.- A que esas normas y sanciones están ajustadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como ha podido verificarse.
En razón de ello, queda claro que en el presente asunto se está ante una intervención jurisdiccional absolutamente legítima, toda vez que, sobre la base de principios, normas y derechos humanos constitucionalizados, esta Sala interpreta el ilícito previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para mantener la validez del mismo, sustentada, entre otras tantas razones, en el principio de estabilidad de la legislación y en la necesidad de garantizar el acatamiento a las decisiones jurisdiccionales en protección de derechos y garantías constitucionales, y, por ende, en la necesidad de proteger el orden constitucional y jurídico, la paz, la ética y el bienestar social.
Es claramente lógico que en el presente asunto la Sala no pretende juzgar ilícito penal alguno vinculado a esta causa, pues lo que está siendo objeto de decisión es si hubo o no desacato a la decisión que dictó, y, al haberlo corroborado, imponer la consecuencia jurídica que le obliga atribuir, en estos casos, la ley (artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo).
Precisamente eso es lo que está enjuiciando esta Máxima Instancia Constitucional, un ilícito cometido en el contexto de este proceso y que contraría una decisión que dictó, por lo que debe restablecer el mandato defraudado imponiendo la sanción prevista en la ley, en honor a los principios de legalidad y debido proceso, aunado al derecho de los justiciables a tener una tutela judicial efectiva. Por ello la realización de este procedimiento llevado a cabo en ejercicio de la potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional, no se contrapone a la competencia penal del Ministerio Público, de la policía de investigación penal y de la jurisdicción penal (stricto sensu), la cual no se extiende hasta este ilícito judicial constitucional de desacato.
Por tal motivo, el contenido de este ilícito judicial se le informó con absoluta precisión a los ciudadanos citados mediante sentencia N° 138 del 17 de marzo de 2014, en la que, entre otras circunstancias, se les convocó a una audiencia que fue oral, contradictoria, pública y concentrada –artículo 257 Constitucional-, además de gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles – artículo 26 eiusdem- y orientada en todo momento por los principios de inmediación, libertad de pruebas y libre apreciación de las pruebas, control y contradicción de las mismas, entre otros.
Así, en la mencionada decisión se les citó a la referida audiencia, junto al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, porque se obtuvo información por notoriedad comunicacional, de la cual “pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 136 de 12 de marzo de 2014”, hecho claro y objetivo que era de su absoluto conocimiento antes de llegar a la audiencia, del cual se defendieron en la misma plenamente durante horas, tal y como se desprende de sus alegatos y de todo el cúmulo probatorio que trajeron al proceso.
En efecto, en el aludido fallo se les informa que su intervención en la audiencia es a fin de que “expongan los argumentos que a bien tuvieren en su defensa”, tal y como lo hicieron en efecto, evacuando además varios medios de prueba testimoniales e instrumentales que promovieron los encartados de autos, en garantía a los derechos a ser oídos y al debido proceso que les asisten, respetando en todo instante, hasta el momento inmediatamente anterior al pronunciamiento del dispositivo, el derecho a la presunción de inocencia.
En ese orden de ideas, esta Sala no sólo es el juez natural de la causa en la que dictó el amparo cautelar sino también en la presente incidencia. En ambos procesos el único interés de esta Sala estriba en la Administración de Justicia, por lo que la independencia, imparcialidad (artículos 26 y 254 Constitucionales), preexistencia a la infracción, competencia jurisdiccional y material (es el Tribunal que debe declarar el desacato a la decisión que dictó y sancionar la conducta contraria a esta última, conforme a la norma vigente y válida prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), y atributos en general de las garantías constitucionales del juez natural se mantienen incólumes (artículo 49.4 del Texto Fundamental).
Así pues, en síntesis, se está ante un ilícito judicial constitucional cuya conducta típica y sanción están descritas con precisión en la ley (principios de legalidad y reserva de ley), ante un proceso con todas las garantías orientado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (principios de exclusividad procesal y debido proceso), y ante una sanción impuesta por la jurisdicción, concretamente, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (principios de exclusividad judicial, juez natural –preexistente al hecho, imparcial y competente, a partir de una interpretación garantista del artículo 31 de la de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales - y tutela judicial efectiva), y debidamente ejecutada –como toda sanción judicial- por la jurisdicción.
En otro orden de ideas, respecto del principio de la doble instancia, debe recordarse que el mismo, al igual que la gran mayoría de los axiomas jurídicos, no son absolutos y encuentran excepciones, inclusive, dentro de la propia Constitución (vid., entre otros, los artículos 335 Constitucional y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
…Omissis…
En tal sentido, la propia Constitución confirma, en otra de sus disposiciones, la limitación y relatividad de la doble instancia, toda vez que, según los artículos 266, numerales 1 y 2 (vid. Sentencia N° 1684 del 4 de noviembre de 2008), la Sala Plena de este Máximo Tribunal de la República es la competente para proceder al enjuiciamiento penal de determinados altos funcionarios, cuando dictamine la existencia de mérito para ello, supuestos en los cuales, aun dictada una sentencia condenatoria, no existe posibilidad de una doble instancia penal, en el sentido general del término (apelación o impugnación ante el superior jerárquico de esa misma jurisdicción), toda vez que la revisión constitucional no es propiamente un medio ordinario de impugnación, pues como se desprende del Texto Fundamental, es una potestad extraordinaria.
En razón de lo antes expuesto, es absolutamente evidente la imposibilidad constitucional y legal de recurrir de la sanción de la jurisdicción constitucional, que esta Sala debe imponer a los responsables de autos. Así se declara.
Ahora bien, conforme a lo hasta aquí expresado y en virtud de la relevancia de los intereses jurídicos involucrados en el procedimiento por desacato al mandamiento de amparo constitucional, cuando este último haya sido declarado por cualquier otro tribunal distinto a la Sala Constitucional (cuyas decisiones sí puedan ser examinadas por un tribunal superior en la jurisdicción constitucional), éste deberá remitirle en consulta (per saltum), copia certificada de la decisión que declare el desacato e imponga la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, previa realización del procedimiento de amparo señalado por esta Sala en la sentencia N° 138 del 17 de marzo de 2014, para que, luego de examinada por esta máxima expresión de la jurisdicción constitucional, de ser el caso, pueda ser ejecutada. En ese sentido, tal como se desprende de ello, la referida consulta es anterior a la ejecución de la sentencia y tendrá efecto suspensivo de esta última. Así se declara.
Por tales argumentos de hecho y de derecho, esta Sala debe declarar con criterio vinculante, el carácter jurisdiccional constitucional de la norma establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ello para garantizar el objeto y la finalidad de esa norma y, por tanto, para proteger los valores que ella persigue tutelar: los derechos y garantías constitucionales, el respeto a la administración de justicia, la administración pública, el funcionamiento del Estado, el orden jurídico y social, la ética, la convivencia ciudadana pacífica y el bienestar del Pueblo, junto a los demás valores e intereses constitucionales vinculados a éstos. Por lo tanto, las reglas del proceso penal y de la ejecución penal no tienen cabida en este ámbito (fijación de la competencia territorial respecto de la ejecución, intervención fiscal, policial y de la jurisdicción penal –la cual, valga insistir, encuentra su último control constitucional en esta Sala-, suspensión condicional de la pena, fórmulas alternas de cumplimiento de la pena, entre otras tantas), más allá de lo que estime racionalmente esta Sala, de caras al cumplimiento del carácter retributivo, reflexivo y preventivo de la misma y cualquier otra circunstancia que encuentre sustento en el texto fundamental. Así se decide.

Dicho criterio se reitera en este caso, por tratarse del supuesto previsto en la norma en referencia, y, por tanto, es el procedimiento aplicado para la resolución del mismo. Así se decide...."

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/162992-263-10414-2014-14-0194.HTML 

TSJ publica sentencia en el caso Ceballos


Luego de valorar los medios de prueba aportados en la audiencia constitucional por el ciudadano Daniel Ceballos, junto a sus abogados defensores, y las representaciones de los demandantes en tutela de derechos colectivos, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, y en pleno respeto a los derechos humanos a la defensa y al debido proceso, la Sala Constitucional comprobó el desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar que dictó en sentencia N° 137, del 17 de marzo de 2014 y sancionó a 12 meses de privación de libertad e inhabilitación política al nombrado ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en ejercicio de la potestad sancionatoria de la jurisdicción constitucional.

Ante esa sentencia firme y en virtud de lo ordenado por el artículo 87 de la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, el Máximo Tribunal declaró la ausencia absoluta del ciudadano Daniel Ceballos como alcalde del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, estableciendo que mientras el CNE fije la oportunidad para elegir al nuevo alcalde, deberá encargarse de la alcaldía el presidente del Concejo Municipal, al cual se extendió, tanto como a cualquier ciudadano que desempeñe tal investidura ejecutiva en ese Municipio, el amparo cautelar dictado, para que honre lo dispuesto en el artículo 178 Constitucional y el resto del orden jurídico que le atañe.

En esta decisión la Sala Constitucional ratificó lo sostenido en sentencia N° 245 del 9 de abril de 2014, sobre el sentido y alcance del ilícito previsto en el referido artículo 31 de la Ley de Amparo, en lo atinente a que la esencia de la norma contenida en el mismo es jurisdiccional constitucional, todo ello sobre la base de las transformaciones legales y jurisprudenciales ocurridas en los últimos tiempos, del derecho comparado y de los principios constitucionales de favorabilidad, eficacia, tutela judicial efectiva y supremacía constitucional, así como de los valores superiores de la justicia y preeminencia de los derechos humanos, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, en armonía con la jurisprudencia establecida por esa Sala en sentencia N° 1184 del 22 de septiembre de 2009.

El fallo ordenó la remisión de copia certificada a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República, a los efectos de que se investigue la posible responsabilidad administrativa del sancionado, por las afectaciones a los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la hacienda pública nacional y municipal, conforme a la ley.

Finalmente, por cuanto en el desarrollo de la audiencia oral fueron planteadas acciones suscitadas no sólo en el mencionado Municipio, sino también en otras zonas, las cuales pudieran estar relacionadas a delitos, inclusive en comisión por omisión, el TSJ ordenó la remisión de copia certificada de la sentencia al Ministerio Público, para que determine el inicio de la investigación penal, por posibles atentados contra el libre tránsito, el medioambiente, el patrimonio público y privado, el orden público, la paz social e, inclusive, los Poderes Públicos, la seguridad de la Nación y la independencia nacional, entre otros.

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11818 

jueves, 10 de abril de 2014

TSJ agilizará juicios penales a través de videoconferencias

miércoles, 09 de abril de 2014

Gladys Gutiérrez Alvarado:

En un juicio celebrado el día de ayer, durante el desarrollo del debate probatorio, en el Tribunal 140 de juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Martha Gomis, se realizó un ensayo para verificar la conectividad de dicha herramienta tecnológica. Es la primera vez que se utiliza la videoconferencia en un juicio penal en tiempo real.

Así lo informó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, al referir además que la implementación de esta plataforma tecnológica incrementará la celeridad procesal en los Tribunales de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.  La medida es el resultado de las pruebas de interconexión realizadas entre el Palacio de Justicia, la Medicatura Forense y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), las cuales demostraron la factibilidad de la implementación de este nuevo recurso tecnológico.

También señaló la presidenta del TSJ, que “las videoconferencias constituyen un medio eficaz para fortalecer la celeridad procesal, pues, garantizan la deposición del medio de prueba en el juicio al asegurar la intervención oportuna del experto (perito forense) y su consecuente interrogatorio  y contrainterrogatorio por la parte acusadora y la defensa, sin necesidad de que esté presente físicamente en el tribunal de juicio correspondiente, cristalizándose así, aún más, la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de texto constitucional ”.

Se tiene previsto que la adecuación, instalación y puesta en marcha de esta novedosa herramienta tecnológica se inicie en los Tribunales penales de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. Una vez comprobado el pleno funcionamiento, se procederá a la implementación progresiva de las videoconferencias en otros tribunales penales del territorio nacional que así lo requieran. Con la utilización de este instrumento para la comparecencia virtual, Venezuela se viene a sumar a las exitosas experiencias de otros países latinoamericanos.

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11812

domingo, 16 de marzo de 2014

Sentencia sobre la responsabilidad civil derivada del hecho punible y la declaración del Tribunal penal sobre la condenatoria del acusado

Sentencia de la Sala de Casación Civil RC:000125 de fecha 11 de marzo de 2014 con Ponencia del Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Exp. N° 13-551, que establece: 

"(...)De manera que no siempre de manera categórica y contundente deberá requerirse la firmeza de la sentencia del juicio penal, sino que ello dependerá de las particularidades del caso concreto, puesto que tal exigencia será necesaria cuando en el proceso penal se esté conociendo de alguna cuestión que constituya supuesto necesario de la sentencia civil(...)"

"...si ante la jurisdicción penal se está debatiendo la responsabilidad criminal de un sujeto por homicidio por imprudencia, debe desecharse la excepción tendiente a enervar una acción civil contra el mismo sujeto, pero fundada ya en la pura responsabilidad civil que le corresponde como guardián de la cosa que causó el daño...."

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Marzo/161836-RC.000125-11314-2014-13-551.HTML

Máximas de Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal

Sentencia Nº 054, Expediente Nº 14-14 de fecha 18/02/2014, Materia: Derecho Procesal Penal. Tema: Extradición. Asunto: La institución de la extradición no se da por requerimiento de los particulares:

"... la institución de la extradición (pasiva o activa) de acuerdo a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela así como las normas del Código Orgánico Procesal Penal, se da entre los Estados, a través de sus representaciones diplomáticas y no por requerimiento de los particulares, por cuanto los Estados deben mediar de acuerdo a su estructura jurídica y su soberanía, sobre la base preferente del principio territorial."

Sentencia Nº 052, Expediente Nº C12-282 de fecha 18/02/2014. Materia: Derecho Procesal Penal Tema: Motivación. Asunto: Motivación:

"La motivación, se entiende como un proceso necesariamente intelectual en el que se sumerge el juez, tomando en cuenta las pruebas admitidas con la finalidad de encuadrar los hechos al Derecho para luego formar su criterio y materializarlo mediante la sentencia."

Sentencia Nº 037, Expediente Nº C12-316 de fecha 12/02/2014. Materia: Derecho Penal. Tema: Hurto. Asunto: Momento consumativo del delito de hurto:

"...el delito de Hurto se consuma con el sólo apoderamiento o la sustracción o hasta con la remoción instantánea del objeto, lo cual constituye el agotamiento subjetivo de la acción, aunque se haya frustrado el lucro que el sujeto activo perseguía. Apenas se produce el apoderamiento hay la lesión consumada contra la propiedad."

Materia: Derecho Penal. Tema: Víctima. Asunto: Cualidad de la víctima de las personas jurídicas en el delito de hurto:

"...considera la Sala Penal que la sociedad mercantil “JARDÍN TARAMUTAL S.R.L”, en su carácter de persona jurídica, es un individuo capaz de gozar del derecho a la propiedad en el sentido literal en que el Legislador utilizó el término en el artículo 451 del Código Penal, para referirse al sujeto pasivo del delito de Hurto. En consecuencia, la sociedad mercantil “JARDÍN TARAMUTAL S.R.L”, tiene capacidad para ser sujeto pasivo del referido delito, por lo que el tipo penal consagrado en dicho artículo es aplicable por entero a la situación fáctica de la cual fue víctima y por ello requiere ser titulada por la justicia penal, en aplicación de la garantía constitucional y penal de protección al derecho a la propiedad. (omissis) De lo anterior resulta evidente en lo que respecta a la declaratoria de sobreseimiento sobre la base de lo establecido en el artículo 26 del Código Orgánico Procesal Penal, que en el presente caso si bien el Juzgado de Control admitió la querella presentada estableciendo como víctima a la persona natural (JOSÉ DE ABREU) inobservó que el sujeto pasivo sobre el cual recayó la acción denunciada (delito de Hurto) fueron los bienes muebles pertenecientes a la Sociedad Mercantil “JARDÍN TARAMUTAL S.R.L”, con lo cual los juzgados de instancia incurrieron en el vicio de errónea interpretación, al entender que el término individuo equivale exclusivamente al ser humano, siendo que, desde el punto de vista literal o gramatical, individuo significa persona, y las personas pueden ser naturales o jurídicas, tal como lo dispone el artículo 15 del Código Civil; y por tal motivo las personas jurídicas tienen la posibilidad de ser sujetos pasivos de ciertos delitos, siempre y cuando, por su propia naturaleza, tengan la capacidad legal para ser titulares del bien jurídico de que se trate, pues, es obvio que una persona jurídica no posee una vida física y, en consecuencia, no podría ser sujeto pasivo del delito de homicidio; pero, en cambio, son titulares de bienes tanto muebles como inmuebles."

Materia: Derecho Penal. Tema: Víctima. Asunto: Aplicación del artículo 481 del Código Penal Venezolano:

"...para que proceda la eximente o las atenuantes previstas en el artículo 481, es imprescindible que el hecho punible se haya realizado en perjuicio de alguna de las personas expresamente allí señaladas, en consecuencia, no son aplicables cuando el perjuicio se extiende a otras personas, sean éstas naturales o personas jurídicas."

viernes, 28 de febrero de 2014

Decreto N° 798, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.126. Decreto Presidencial N° 798, mediante el cual se oficializa la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.

Para mayor información:

http://www.tsj.gov.ve/gaceta_ext/febrero/1922014/E-1922014-3922.pdf#page=1

Poder Judicial fortalece la seguridad nacional y el sistema penal con los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos

El Tribunal Supremo de Justicia, presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, dictó la Resolución N° 2014-0001 mediante la cual se establecen y organizan los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, en el marco de las políticas que el Estado venezolano ha desplegado en aras de combatir y sancionar, dentro del marco jurídico aplicable, a quienes cometan delitos en las zonas fronterizas del país.

Establece la Resolución de la Sala Plena, que los Circuitos Judiciales Penales ubicados en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia se constituirán como Circuitos Judiciales Penales Fronterizos "por su inherencia en espacios geográficos de relevancia judicial fronteriza y por la necesidad de especializar, concientizar y reforzar estratégicamente la actuación de la jurisdicción penal en esas zonas, así como de optimizar el control punitivo en las mismas".

En la actualidad se presentan en diversos espacios fronterizos de la República, acciones criminales de especial repercusión nacional en lo económico y social, por parte de la delincuencia venezolana y extranjera, que ha generado una actuación conjunta e integral del Poder Público y el Poder Popular para proteger el sistema económico y fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio.

Al respecto, mediante la referida Resolución aprobada por las magistradas y magistrados que integran el Alto Tribunal, se consolida una política judicial para aunar los esfuerzos necesarios en el control eficaz de la criminalidad en todo el territorio de la República y particularmente en los espacios de especial interés judicial fronterizo.

http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11750

Caracas, 13 de febrero de 2014
203° y 154°

RESOLUCIÓN N° 2014-0001

El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 73 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia,
CONSIDERANDO
Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, por lo que se hace indispensable,  la tutela integral de la independencia nacional, la soberanía, la integridad territorial, la inmunidad, la autodeterminación, la vida, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética, la libertad, la justicia, la paz social y demás bienes jurídicos de la República, así como la protección cada vez más eficaz del Pueblo frente a las acciones delictivas, y la garantía de los derechos colectivos e individuales de todas las personas, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el resto del ordenamiento jurídico, con la finalidad de la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad del Pueblo, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción de la prosperidad y bienestar del Pueblo.

CONSIDERANDO

Que los espacios geográficos de la República, fronterizos o con eminente relevancia fronteriza, constituyen zonas de especial importancia para la protección de los valores constitucionales de la República.
 
CONSIDERANDO

Que las acciones de la delincuencia, en todas sus modalidades, en esos espacios de relevancia fronteriza, tienen o son pasibles de tener particular repercusión o connotación nacional, por su posible incidencia, directa o indirecta, en el resto del espacio geográfico de la República y en todo el Pueblo venezolano.

CONSIDERANDO

Que el Poder Judicial, como parte del Sistema de Justicia y del resto del Poder Público y del Estado venezolano, debe aportar, como lo ha venido haciendo, todos los esfuerzos necesarios para el control eficaz de la criminalidad en todo el territorio de la República, tomando en consideración las particularidades del mismo, entre otras, los espacios de especial interés judicial fronterizo, para garantizar la sanción correspondiente a quienes tengan responsabilidad por la comisión de algún delito, así como la protección del sistema económico y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y nacional en general, dentro del marco constitucional y jurídico aplicable.

CONSIDERANDO

Que en la actualidad se están presentando en diversos espacios fronterizos de la República, acciones criminales de especial repercusión nacional en lo económico y social en general, inclusive por parte de grupos de delincuencia organizada nacional y transnacional, que amerita la acción permanente, innovadora y eficaz del Poder Judicial, así como la actuación conjunta e integral, de todo el Poder Público y del Poder Popular, tal y como lo han venido desplegando, para fortalecer la seguridad nacional y contrarrestar con gran contundencia tales flagelos, al igual que el resto de delitos que se presentan en esas zonas de particular interés para la Patria, con independencia de las características de esas acciones u omisiones punibles, y las personas naturales y jurídicas relacionadas con las mismas.

RESUELVE

Alcance de la Resolución

Artículo 1. El objeto de esta Resolución se restringe únicamente a la organización de los Circuitos Judiciales Penales, y, por ende, no implica valoración alguna sobre el contenido y alcance del espacio geográfico de la República.

Circuitos Judiciales Penales Fronterizos

Artículo 2. Los Circuitos Judiciales Penales ubicados en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Vargas y Zulia, por su inherencia en espacios geográficos de relevancia judicial fronteriza y por la necesidad de especializar, concientizar y reforzar estratégicamente la actuación de la jurisdicción penal en esas zonas, así como de optimizar el control punitivo en las mismas, se constituirán como Circuitos Judiciales Penales Fronterizos.

Designación de Jueces Penales Itinerantes en Circuito Judiciales Penales Fronterizos.

Artículo 3. La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia designará Jueces Penales Itinerantes en los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, cuando así lo estimare necesario, en virtud de la cantidad y complejidad de las causas que tengan asignadas.

Rotación de los jueces que conforman los Circuito Judiciales Penales Fronterizos

Artículo 4. Los jueces y juezas que integran los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, serán rotados conforme lo determine el Tribunal Supremo de justicia.

Apoyo administrativo especial por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Artículo 5. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura desplegará las acciones necesarias con el objeto de reforzar el apoyo administrativo que demande optimizar plenamente el funcionamiento de los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, atendiendo a la planificación respectiva y a las instrucciones que emanen de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Apoyo académico especial por parte de la Escuela Nacional de la Magistratura

Artículo 6. La Escuela Nacional de la Magistratura desplegará actividades de concientización, formación, capacitación y perfeccionamiento de juezas, jueces y demás miembros que integran los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos, relacionadas con aspectos económicos, sociológicos, criminológicos, políticos, culturales, éticos, jurídicos, transdisciplinarios e integrales, vinculados a las fronteras del espacio geográfico de la República.

DISPOSICIONES FINALES

Remisión de copia certificada de la presente Resolución

PRIMERO. Se ordena a la Secretaría de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la remisión inmediata de copia certificada de esta Resolución a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensa Pública, a la Secretaría General del Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Inspectoría General de Tribunales, a la Escuela Nacional de la Magistratura, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y a todos los Jueces Presidentes y Juezas Presidentas de todos los Circuitos Judiciales Penales de la República, a los Jueces Rectores y Juezas Rectoras de todas las Circunscripciones Judiciales del País.

Publicación de la presente Resolución en el portal informático

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la inmediata remisión de una copia certificada de esta Resolución a la Oficina de Información y Comunicación de este Alto Tribunal, para que la misma sea debida y oportunamente reseñada y dada a conocer, a través del portal informático de este Máximo Tribunal de la República, así como a los medios de comunicación social del país.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y Gaceta Judicial

TERCERO. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia, la cual se determina a partir de la presente fecha.
Remisión

CUARTO. Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Cúmplase, comuníquese y publíquese la presente Resolución.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

Primer Vicepresidente,      

FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA

Segunda Vicepresidenta,    

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Los  Directores,

EMIRO GARCÍA ROSAS                YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA


LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

Los Magistrados,

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ    EVELYN MARRERO ORTIZ

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ         ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

HÉCTOR CORONADO FLORES        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO         JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ     MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN        

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN   ARCADIO DELGADO ROSALES                                                

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER        JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO                                                

 OSCAR JESÚS LEÓN UZCÁTEGUI      MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA              YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ                    

EMILIO ANTONIO RAMOS GONZÁLEZ   AURIDES MERCEDES MORA

YRAIMA DE JESÚS ZAPATA LARA          OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI


SONIA COROMOTO ARÍAS PALACIOS      CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

URSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ     MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

La Secretaria,

OLGA M. DOS SANTOS P.

http://www.tsj.gov.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0001797.html

martes, 25 de febrero de 2014

Máximas de Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal

Sentencia Nº 009, Expediente Nº R13-351 de fecha 28/01/2014, Materia: Derecho Penal. Tema: Delitos. Asunto. Gravedad de los delitos:

"...para que se configure la gravedad de los delitos, no sólo hay que tomar en cuenta el quantum de la pena, sino que también hay que verificar el daño causado, la relación existente entre el sujeto activo y pasivo, la función que desempeñan en la sociedad y el medio para su comisión."

domingo, 23 de febrero de 2014

TERCER DIPLOMADO DEL EJERCICIO DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN EL ÁREA PENAL

CONSISTE EN UN INTENSIVO DIPLOMADO QUE TE PROPORCIONARA LOS PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CONOCIMIENTO PRACTICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL, ELLO BAJO EL ELLO BAJO EL ANÁLISIS TEÓRICO Y PRÁCTICO DESARROLLADO EN 7 MÓDULOS, DISEÑADOS BAJO UNA DINÁMICA VIVENCIAL Y PROGRESIVA DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO PENAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LAS VARIABLES DETERMINANTES PARA ALCANZAR LOS MÁS ALTOS OBJETIVOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL, EN VIRTUD SE ANALIZARAN ASPECTOS LEGALES, DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES PROPIOS DE ESTA ÁREA DEL DERECHO PERO IGUALMENTE SE REALIZARAN ACTIVIDADES Y DINÁMICAS RELACIONADAS CON EL CONTROL EMOCIONAL, LIDERAZGO, AUTOESTIMA, MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES COMO ORADOR.

CUPOS LIMITADOS POR LAS DINÁMICAS ADOPTADAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA IMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y TRANSMITIR LAS EXPERIENCIAS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR LOS TELÉFONOS 0424-3206075, 0412-3488515, 0246-2282633, 0416-5121158 Y MENSAJERÍA DE TEXTO: 04145879653 O TAMBIÉN POR EMAIL gmvm31@hotmail.com, avdcpp2010@hotmail.com o puedes solicitar información personalmente en horario de oficina (9:00 am a 1:00 p.m) en la siguiente dirección: TORRE MAESTRO, PISO 1 OFICINA 1-5 VALLE DE LA PASCUA.-GUARICO.


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