lunes, 22 de agosto de 2016

Algunos Tips sobre la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad (Artículo 242 del COPP). Primera Parte

En lo que respecta a la libertad de los ciudadanos que se les lleva un proceso penal, estando plenamente satisfechos los extremos enumerados en el Código Orgánico Procesal Penal y tomando en consideración la pena que eventualmente se impondría y la magnitud del daño causado en la ejecución del delito que se les pueda atribuir, tenemos en el Capítulo IV del TÍTULO VIII, LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL, al verificarse la comisión de un hecho punible que lógicamente merezca pena privativa de libertad, se encuentran las deseadas "Medidas Cautelares Sustitutivas".

Hay distintos Tratados Internacionales que tocan este apasionante tema, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.2 que nos habla del derecho a la libertad personal y establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por la constitución política de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas e igualmente, en el numeral siguiente, el 7.3 establece que nadie puede ser sometido de tensión o encarcelamiento arbitrario igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo mismo en su artículo 9.1 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el artículo 9. Del mismo modo tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XXV, en su primera parte dice que nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según la forma establecida por leyes preexistentes y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos el artículo 44.1.

Hay cuatro sentencias que recomiendo leer sobre medidas cautelares, que son las números 1.568 del 29 de noviembre del año 2000 de la Sala de Casación Penal, la sentencia 1.927 de fecha 14 de agosto del año 2002 de la Sala Constitucional, la sentencia número 158 de fecha 3 de mayo de 2005 de la Sala de Casación Penal y la sentencia número 557 del 10 de noviembre del año 2009 de la Sala de Casación Penal que nos hablan de las modalidades de las medidas cautelares y el recurso de apelación, entre otras.

Tenemos las 9 Modalidades de Medidas en el artículo 242, el cual establece que siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud formal, vista la precalificación jurídica de los hechos dada por el representante del Ministerio Público o la propia solicitud del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, es decir, con la explicación de las razones de hecho y de derecho y sobre todo, si han variado las circunstancias que inicialmente estuvieron en autos para privarlo de la libertad, el decreto de algunas de las medidas siguientes:

1. LA DETENCIÓN DOMICILIARIA EN SU PROPIO DOMICILIO O EN CUSTODIA DE OTRA PERSONA, SIN VIGILANCIA ALGUNA O CON LA QUE EL TRIBUNAL ORDENE.

Tenemos la sentencia número 390 del 19 de Agosto de 2010 de la Sala de Casación Penal, Expediente: A10-151, Asunto: Detención Domiciliaria-Reforma en perjuicio (1):

"... el auto del Tribunal Segundo en Funciones de Control del ... que reformó indebidamente su propia decisión, era procedente el recurso de apelación de auto, siendo esta la única forma de poder ser revisada la misma por la vía recursiva, circunstancia que incumplió el Tribunal de Control mencionado, por cuanto procedió a la revisión y modificación de su propia decisión, sin haber sido recurrida por las partes.

Para lo que si fue activada la vía recursiva, es contra la segunda decisión del Tribunal Segundo en Funciones de Control del estado Zulia, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad, del ciudadano ... interponiendo la defensa del referido ciudadano el recurso de apelación.

En tal sentido, en forma acertada la alzada, decidió sobre la ilicitud e ilegalidad de la decisión ... del Tribunal Segundo en Funciones de Control ... y declara la nulidad de la misma, pero posterior a ese pronunciamiento, emite una decisión propia donde decreta la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano...

En efecto, en su decisión la alzada acoge como propio el mismo dispositivo de la decisión que estaba anulando, con lo que se considera que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones ... emitió una decisión violatoria del principio de prohibición de la reforma en contrario imperio.

En efecto, la decisión recurrida en apelación, es aquella del Tribunal Segundo en Funciones de Control ... mediante la cual decretó la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano ... revisando para ello la medida cautelar de la detención domiciliaria que le había sido acordado unos días antes, por lo que correspondía a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones ... pronunciarse sobre la validez y licitud de la sentencia recurrida, y una vez realizado su respectivo análisis jurídico, declarar la procedencia o no del recurso de apelación.

En el primer supuesto, correspondía anular la segunda sentencia del tribunal de control, y mantener la vigencia de la decisión original, es decir la detención domiciliaria del ciudadano ... y en el segundo supuesto, en caso de considerar que la decisión recurrida era conforme a derecho, debió mantener la vigencia de la privación judicial preventiva de libertad decretada por el Tribunal de Control.

En efecto, la pretensión recursiva de la defensa, tenía como petitorio la declaratoria de nulidad de la privación judicial preventiva de libertad decretada indebidamente, siendo la consecuencia de la declaratoria con lugar de su recurso, el mantenimiento de la medida cautelar inicialmente otorgada."

2.  LA OBLIGACIÓN DE SOMETERSE AL CUIDADO O VIGILANCIA DE UNA PERSONA O INSTITUCIÓN DETERMINADA, LA QUE INFORMARÁ REGULARMENTE AL TRIBUNAL.

Del mismo modo, colocamos como ejemplo, la Sentencia número 007 del 20 de Enero de 2010 de la Sala de Casación Penal, Expediente: C09-439, en el Asunto: Adolescente-Internado en Hospital (2), acá se señaló lo siguiente:

"... el adolescente se encontraba recluido en el Hospital Militar de Caracas; al respecto la Sala estima que en virtud de la presente decisión, que declaró competente a dicho tribunal, a éste corresponde trasladarse a la ciudad de Caracas, si aún se encuentra allí recluido, a los fines de cumplir con el acto de presentación del mismo y la resolución de las medidas cautelares solicitadas por la representante del Ministerio Público..."

3. LA PRESENTACIÓN PERIÓDICA ANTE EL TRIBUNAL O LA AUTORIDAD QUE AQUEL DESIGNE.

Por lo general, el Tribunal dicta este tipo de medida cautelar con una presentación semanal, quincenal, o hasta mensual de la persona involucrada o mejor dicho imputada, para que simplemente vaya y haga acto de presencia en la sede del Tribunal o en el sistema que tenga el Circuito Judicial Penal implantado para estos fines. El imputado va, se presenta, se identifica y firma para desvirtuar cualquier posible situación de incumplimiento y esto demostrará que su asistencia es el compromiso fiel de su respuesta a lo que el Tribunal le impuso. Si no hay el sagrado y puntual cumplimiento en la presentación, por lo general, le revocan de inmediato la medida, porque se sospecha que si no cumple presentándose, es casi seguro de que no se va a presentar a los diferentes actos del proceso penal.

4. LA PROHIBICIÓN DE SALIR SIN AUTORIZACIÓN DEL PAÍS, DE LA LOCALIDAD EN LA CUAL RESIDE O DEL ÁMBITO TERRITORIAL QUE FIJE EL TRIBUNAL.

Otro aspecto importante es que el Tribunal le prohíba salir al imputado de municipio donde reside el imputado o de la circunscripción territorial donde esté ubicada la causa o cualquier otra circunstancia grave que amerite la sospecha de que el imputado pretenda salir del país, sin que previamente lo autorice por escrito el Juez. Por ejemplo, que se le consiga en un aeropuerto con un boleto o pasaje aéreo comprado, así sea de ida y de vuelta, porque esto sería motivo grave para revocarle la medida.

5. LA PROHIBICIÓN DE CONCURRIR A DETERMINADAS REUNIONES O LUGARES.

Una medida muy común que puede ser decretada por el Tribunal es que se le prohíba al imputado acercarse al sitio del suceso, que puede ser abierto o cerrado o si por ejemplo, el delito ocurrió en alguna urbanización o más específico, en algún sitio, como un centro comercial, o un evento musical, académico, deportivo o artístico, se tomaría como base para decretar la prohibición de estar o trasladarse a este tipo de actos, porque se presume que pudiera ocurrir cualquier otra situación parecida por la cual se le sigue un proceso penal.

6. LA PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE CON PERSONAS DETERMINADAS, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EL DERECHO DE DEFENSA.

Esta la prohibición de comunicarse con personas determinadas, grupos o asociaciones que pudieran tener interés o relación en el caso. También, pudiéramos enfocarnos en casos donde el imputado pretenda ir a un medio de comunicación social público y/o privado con la intención de ventilar su caso con periodistas o comunicadores, y siempre que no afecte el derecho a la defensa, sobre todo en fase investigativa que pudiera perturbar el buen desarrollo policial del caso. Esto es un tema muy álgido que ha tenido mucha discusión, porque el tema de la libertad expresión contenido en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales, es algo que tiene mucho significado de lo que pudiera influir su declaración y crear una matriz de opinión por parte de comunicadores sociales. Si bien pueden haber errores o inexactitudes que se hayan dicho a lo largo del proceso, lo mejor para el imputado es evitar hablar con comunicadores, sobre todo los que tienen programas conocidos o famosos de radio, televisión o en la propia Internet. Otra cosa es que el caso judicial se haya filtrado a los medios de comunicación social públicos y privados y se de una inexacta versión con ciertas particularidades que permitan aclararse con la intervención de las partes procesales. Pero en este caso, no debería ser el imputado sino el abogado del imputado quien declare con su punto de vista u opinión legal que desmienta cualquier cosa. Para ello, el abogado puede utilizar el CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO VENEZOLANO e invocar su artículo 9, el cual establece que el Abogado:

"... no debe utilizar los medios de comunicación social para discutir los asuntos que se le encomienden, ni dar publicidad a las piezas del expediente en los asuntos aún no sentenciados, a menos que sea necesario para la corrección de los conceptos cuando la justicia y la moral lo exijan. Una vez concluido el proceso, el Abogado podrá publicar los documentos y actuaciones, así como también sus comentarios exclusivamente científicos, hechos en publicaciones profesionales que deberán regirse por principios profesionales de la ética. Se omitirán los nombres propios si la publicación puede perjudicar a alguien en su honor y buena fama. Tampoco podrá utilizar los medios de comunicación para amenazar con acciones judiciales y forzar convenios."

Sobre este artículo 9 que los abogados litigantes utilizan pero generalmente, no mencionan, muchas veces se han hecho declaraciones y ruedas de prensa relacionadas con variadisimos procesos penales para puntualizar las cosas y evitar que la sociedad tenga una percepción equivocada de lo que pasa en el proceso penal, claro está, si este ha sido justo con una sentencia donde todas las partes procesales hayan desarrollado sus estrategias y se respete el debido proceso y no hayan violaciones al derecho a la defensa. Si hay una medida cautelar decretada y esta la prohibición expresa, es preferible que el el imputado se calle y que el abogado intervenga y aclare o razone jurídicamente con el modo que tiene cada uno de referir un mismo suceso, cualquier cosa que pueda ser vista de mala forma para lograr la justicia y corregir el perjuicio ocasionado al cliente. De allí que la intervención de abogados en distintos programas en los medios de comunicación es necesaria y obligante para desvirtuar cualquier mentira o situación que amerite la obligatoria participación del profesional del derecho que exija la moral y la conducta correcta en la interpretación que deben tener para que se sepa la verdad de lo ocurrido.

(1) http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/390-19810-2010-A10-151.HTML
(2) http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/enero/007-20110-2010-C09-439.HTML

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL. TRATADO: A-55

Venezuela la ratificó el 03/4/96. El 12/04/2004, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela designó como nueva autoridad central al Ministerio Público, de conformidad con el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptado en Nassau, Commonwealth of Bahamas, el 05/23/1992 en el Vigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, con entrada en vigor el 04/14/96 de conformidad con el Artículo 37 de la Convención, con depósito en la Secretaría General de la OEA (instrumento original e instrumentos de ratificación) Serie sobre Tratados, OEA No. 75:

“PREÁMBULO 
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONSIDERANDO: 

Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 2, literal (e), establece como propósito esencial de los Estados americanos "procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos", y

Que la adopción de reglas comunes en el campo de la asistencia mutua en materia penal contribuirá a ese propósito,

Adoptan la siguiente Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal:

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. OBJETO DE LA CONVENCIÓN. Los Estados Partes se comprometen a brindarse asistencia mutua en materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 2. APLICACIÓN Y ALCANCE DE LA CONVENCIÓN. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requiriente al momento de solicitarse la asistencia.
Esta Convención no faculta a un Estado Parte pare emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna.
Esta Convención se aplica únicamente a la prestación de asistencia mutua entre los Estados Partes; sus disposiciones no otorgan derecho a los particulares para obtener o excluir pruebas, o para impedir la ejecución de cualquier solicitud de asistencia.

Artículo 3. AUTORIDAD CENTRAL. Cada Estado designará una Autoridad Central en el momento de la firma, ratificación o adhesión a la presente Convención.
Las Autoridades Centrales serán responsables por el envío y recibimiento de las solicitudes de asistencia.
Las Autoridades Centrales se comunicarán mutuamente en forma directa pare todos los efectos de la presente Convención.

Artículo 4. La asistencia a que se refiere la presente Convención, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas jurídicos de los Estados Partes, se basará en solicitudes de cooperación de las autoridades encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos en el Estado requiriente.

Artículo 5. DOBLE INCRIMINACIÓN. La asistencia se prestará aunque el hecho que la origine no sea punible según la legislación del Estado requerido.
Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: a) embargo y secuestro de bienes; y b) inspecciones e incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido podrá no prestar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley.

Artículo 6. Para los efectos de esta Convención, el hecho debe ser punible con pena de un año o más de prisión en el Estado requiriente.

Artículo 7. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La asistencia prevista en esta Convención comprenderá, entre otros, los siguientes actos:

a. notificación de resoluciones y sentencias;
b. recepción de testimonios y declaraciones de personas;
c. notificación de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio;
d. práctica de embargo y secuestro de bienes, inmovilización de activos y asistencia en procedimientos relativos a la incautación;
e. efectuar inspecciones o incautaciones;
f. examinar objetos y lugares;
g. exhibir documentos judiciales;
h. remisión de documentos, informes, información y elementos de prueba;
i. el traslado de personas detenidas, a los efectos de la presente Convención, y
j. cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre el Estado requiriente y el Estado requerido.

Artículo 8. DELITOS MILITARES. Esta Convención no se aplicará a los delitos sujetos exclusivamente a la legislación militar.

Artículo 9. DENEGACIÓN DE ASISTENCIA. EL Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando a su juicio:

a. la solicitud de asistencia fuere usada con el objeto de juzgar a una persona por un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada o absuelta en un juicio en el Estado requiriente o requerido;
b. la investigación ha sido iniciada con el objeto de procesar, castigar o discriminar en cualquier forma contra persona o grupo de personas por razones de sexo, raza, condición social, nacionalidad, religión o ideología;
c. la solicitud se refiere a un delito político o conexo con un delito político, o delito común perseguido por una razón política;
d. se trata de una solicitud originada a petición de un tribunal de excepción o de un tribunal ad hoc;
e. se afecta el orden publico, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos fundamentales, y
f. la solicitud refiere a un delito tributario. No obstante, se prestará la asistencia si el delito se comete por una declaración intencionalmente falsa efectuada en forma oral o por escrito, o por una omisión intencional de declaración, con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito comprendido en la presente Convención.

CAPITULO II 
SOLICITUD, TRÁMITE Y EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA 

Artículo 10. SOLICITUD DE ASISTENCIA: REGULACIÓN. Las solicitudes de asistencia libradas por el Estado requiriente se harán por escrito y se ejecutarán de conformidad con el derecho interno del Estado requerido.

En la medida en que no se contravenga la legislación del Estado requerido, se cumplirán los trámites mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada por el Estado requiriente.

Artículo 11. El Estado requerido podrá, con explicación de causa, postergar la ejecución de cualquier solicitud que le haya sido formulada en caso de que sea necesario continuar una investigación o procedimiento en el Estado requerido.

Artículo 12. Los documentos y objetos enviados en cumplimiento de un pedido de asistencia serán devueltos al Estado requerido dentro del menor plazo posible, a menos que éste lo decida de otra manera.

Artículo 13. REGISTRO, EMBARGO, SECUESTRO Y ENTREGA DE OBJETOS. El Estado requerido cumplirá la solicitud relativa a registro, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, si la Autoridad competente determina que la solicitud contiene la información que justifique la medida propuesta. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva del Estado requerido.
Conforme a lo previsto en la presente Convención, el Estado requerido determinará según su ley cualquier requerimiento necesario para proteger los intereses de terceros sobre los objetos que hayan de ser trasladados.

Artículo 14. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES. La Autoridad Central de una de las Partes podrá comunicar a la Autoridad Central de la otra Parte la información que posea sobre la existencia en el territorio de esta última, de los ingresos, frutos o instrumentos de un delito.

Artículo 15. Las Partes se prestarán asistencia mutua, en la medida permitida por sus leyes, para promover los procedimientos precautorios y las medidas de aseguramiento de los ingresos, frutos o instrumentos del delito.

Artículo 16. FECHA, LUGAR Y MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA. El Estado requerido fijará la fecha y sede de la ejecución del pedido de asistencia y podrá comunicarlas al Estado requiriente.
Las autoridades y las partes interesadas, o sus representantes, del Estado requiriente, podrán, previo conocimiento de la Autoridad Central del Estado requerido, estar presentes y participar en la ejecución de la solicitud de asistencia en la medida en que no lo prohíba la legislación del Estado requerido y haya expreso consentimiento de sus autoridades al respecto.

CAPITULO III 
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS 
Y COMPARECENCIA DE TESTIGOS Y PERITOS 

Artículo 17. A solicitud del Estado requiriente, el Estado requerido efectuará la notificación de las resoluciones, sentencias u otros documentos provenientes de las autoridades competentes del Estado requiriente.

Artículo 18. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUERIDO. A solicitud del Estado requiriente cualquier persona que se encuentre en el Estado requerido será citada a comparecer conforme a la legislación del Estado requerido ante autoridad competente para prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes o elementos de prueba.

Artículo 19. TESTIMONIO EN EL ESTADO REQUIRIENTE. Cuando el Estado requiriente solicite la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir informe, el Estado requerido invitará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requiriente y sin utilizar medidas conminatorias o coercitivas. Si se considera necesario, la Autoridad Central del Estado requerido podrá registrar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado requiriente. La Autoridad Central del Estado requerido informará con prontitud a la Autoridad Central del Estado requiriente de dicha respuesta.

Artículo 20. TRASLADO DE DETENIDOS. La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requerido cuya comparecencia en el Estado requiriente sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la presente Convención será trasladada temporalmente con ese fin al Estado requiriente, siempre que esa persona y el Estado requerido consientan dicho traslado.
La persona sujeta a un procedimiento penal en el Estado requiriente cuya comparecencia en el Estado requerido sea necesaria en virtud de la asistencia prevista en la presente Convención, será trasladada temporalmente al Estado requerido, siempre que lo consienta esa persona y ambos Estados estén de acuerdo.
Lo establecido anteriormente podrá ser denegado, entre otros, en los siguientes casos:

a. si la persona detenida o que se encuentre cumpliendo una pena negare su consentimiento a tal traslado;
b. mientras su presencia fuera necesaria en una investigación o juicio penal pendiente en la jurisdicción a la que se encuentra sujeta la persona;
c. si existen otras consideraciones de orden legal o de otra índole, determinadas por la autoridad competente del Estado requerido o requiriente.
A los efectos del presente artículo:
a. el Estado receptor tendrá potestad y la obligación de mantener bajo custodia física a la persona trasladada, a menos que el Estado remitente indique lo contrario;
b. el Estado receptor devolverá a la persona trasladada al Estado que la envió tan pronto como las circunstancias lo permitan o con sujeción a lo acordado entre las autoridades centrales de ambos Estados;
c. respecto a la devolución de la persona trasladada, no será necesario que el Estado remitente promueva un procedimiento de extradición;
d. el tiempo transcurrido en el Estado receptor será computado, a los efectos del cumplimiento de la sentencia que le hubiera sido impuesta en el Estado remitente, y
e. la permanencia de esa persona en el Estado receptor en ningún caso podrá exceder del período que le reste para el cumplimiento de la condena o de sesenta días, segur el plazo que se cumpla primero, a menos que la persona y ambos Estados consientan prorrogarlo.

Artículo 21. TRANSITO. Los Estados Partes prestarán su colaboración, en la medida de lo posible, para el tránsito por su territorio de las personas mencionadas en el Artículo anterior, siempre que haya sido notificada con la debida antelación la Autoridad Central respectiva y que estas personas viajen bajo la custodia de agentes del Estado requiriente.
El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del o de los Estados Partes que se vaya a sobrevolar.

Artículo 22. SALVOCONDUCTO. La comparecencia o traslado de la persona que consienta declarar o dar testimonio según lo dispuesto en la presente Convención estará condicionado, si la persona o el Estado remitente lo solicitan con anterioridad a dicha comparecencia o traslado, a que el Estado requerido conceda un salvoconducto bajo el cual, mientras se encuentre es ese Estado, no podrá:
a. ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio del Estado remitente;
b. ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no especificados en la solicitud, y
c. ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo en caso de desacato o falso testimonio.
El salvoconducto previsto en el párrafo anterior cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estadía en el territorio del Estado receptor por más de diez días a partir del momento en que su presencia ya no fuere necesaria en ese Estado, conforme a lo comunicado al Estado remitente.

Artículo 23. Tratándose de testigos o peritos se acompañarán, en la medida necesaria y posible, los pliegos de preguntas, interrogatorios o cuestionarios correspondientes.

CAPITULO IV 
REMISIÓN DE INFORMACIONES Y ANTECEDENTES

Artículo 24. En los casos en que la asistencia proceda según esta Convención, previa solicitud, y de acuerdo con su procedimiento interno, el Estado requerido facilitará al Estado requiriente copia de los documentos, antecedentes o informaciones de carácter público que obran en los organismos y dependencias gubernamentales del Estado requerido.
El Estado requerido podrá facilitar copias de cualquier documento, antecedentes o informaciones que obren en un organismo o dependencia gubernamental de dicho Estado pero que no sean de carácter público, en igual medida y con sujeción a las mismas condiciones en que se facilitarían a sus propias autoridades judiciales, u otras encargadas de la aplicación de la ley. El Estado requerido podrá, a su juicio, denegar total o parcialmente una solicitud formulada al amparo de este párrafo.

Artículo 25. LIMITACIÓN AL USO DE INFORMACIÓN O PRUEBAS. El Estado requiriente no podrá divulgar o utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación de la presente Convención para propósitos diferentes a aquellos especificados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado requerido.
En casos excepcionales, si el Estado requiriente necesitare divulgar y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente del Estado requerido, el que, a su juicio, podrá acceder o negar, total o parcialmente, lo solicitado.
La información o prueba que deba ser divulgada y utilizada, en la medida necesaria para el apropiado cumplimiento del procedimiento o diligencias especificadas en la solicitud, no estarán sujetas al requerimiento de autorización a que se refiere este artículo.
Cuando resulte necesario, el Estado requerido podrá solicitar que la información o las pruebas suministradas se conserven en confidencialidad de conformidad con las condiciones que especifique la Autoridad Central. Si la Parte requiriente no puede cumplir con tal solicitud, las autoridades centrales se consultarán para determinar las condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes.

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO 

Artículo 26. Las solicitudes de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

a. delito a que se refiere el procedimiento y descripción sumaria de los hechos constitutivos del mismo, investigación o juicio penal de que se trate y descripción de los hechos a que se refiere la solicitud;
b. acto que origina la solicitud de asistencia con una descripción precisa del mismo;
c. cuando sea pertinente, la descripción de cualquier procedimiento u otros requisitos especiales del Estado requiriente;
d. descripción precisa de la asistencia que se solicita y toda la información necesaria pare el cumplimiento de la solicitud.
Cuando una solicitud de asistencia no pueda ser cumplida por el Estado requerido, éste la devolverá al Estado requiriente con explicación de la causa.
El Estado requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.
Cuando resulte necesario, el Estado requiriente procederá, en su caso, conforme a lo previsto en el ultimo párrafo del artículo 24 de la presente Convención.

Artículo 27. Los documentos que se tramiten de acuerdo con esta Convención a través de las Autoridades Centrales estarán dispensados de legalización o autenticación.

Artículo 28. Las solicitudes de asistencia y la documentación anexa deberán ser traducidas a un idioma oficial del Estado requerido.

Artículo 29. El Estado requerido se hará cargo de todos los gastos ordinarios de ejecución de una solicitud dentro de su territorio, con excepción de los siguientes, que serán sufragados por el Estado requiriente:

a. honorarios de peritos, y
b. gastos de viaje y conexos provenientes del transporte de personas del territorio de un Estado al del otro.

Si aparece que la tramitación de la solicitud pudiere ocasionar costos extraordinarios, los Estados Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones bajo los cuales la asistencia podría ser prestada.

Artículo 30. En la medida en que lo estimen útil y necesario para el mejor cumplimiento de la presente Convención, los Estados Partes podrán intercambiar información sobre asuntos relacionados con la aplicación de la misma.

Artículo 31. RESPONSABILIDAD. La ley interna de cada Parte regula la responsabilidad por daños que pudieran emerger de los actos de sus autoridades en la ejecución de esta Convención.
Ninguna de las Partes será responsable por los daños que puedan surgir de actos de las autoridades de la otra Parte en la formulación o ejecución de una solicitud conforme a esta Convención.

CAPITULO VI 
CLAUSULAS FINALES 

Artículo 32. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 33. La presente Convención estará sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría la General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 34. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 35. Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, aprobarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones especificas y no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención.

Artículo 36. La presente Convención no se interpretará en el sentido de afectar o restringir las obligaciones en vigencia según los términos de cualquier otra convención internacional, bilateral o multilateral que contenga o pueda contener clausulas que rijan aspectos específicos de asistencia mutua en materia penal, en forma parcial o total, ni las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia.

Artículo 37. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 38. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención deberán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la unidad o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efectos treinta días después de recibidas.

Artículo 39. La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 40. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copias autenticas de su texto para su registro y publicación a la Secretaría General de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados miembros de esta Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención acerca de las firmas y los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como de las reservas que se formularen. También le transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 38.

viernes, 19 de agosto de 2016

Nuevo Libro "Caos Terminológico en Derecho Procesal Penal Probatorio" del Dr. José Luis Tamayo Rodríguez


A la venta el nuevo libro "Caos Terminológico en Derecho Procesal Penal Probatorio" del Dr. José Luis Tamayo Rodríguez, editado por Ediciones Paredes. Pueden adquirirlo en cualquier librería jurídica del país. De mucha utilidad para Jueces Penales, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos Penales, Abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho en general.

jueves, 18 de agosto de 2016

Nuevo libro " Sistema Procesal Penal Venezolano " del Dr. Leonardo Pereira Meléndez



A la venta el nuevo libro " Sistema Procesal Penal Venezolano ", del Dr. Leonardo Pereira, editado por la Librería Jurídica Álvaro Nora. Pueden adquirirlo en cualquier librería jurídica del país. Asimismo quienes deseen un libro autografiado, pueden escribir al 04265549869 (WhatsApp) . El libro tiene un costo de Bs. 5700,oo. + 500 para el envío por MRW. Cuenta corriente. Banesco. 01340395313951024299. Leonardo Pereira Meléndez. Cédula 9846962. De mucha utilidad para Jueces Penales, Fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos Penales, Abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho en general.

domingo, 14 de agosto de 2016

ARTÍCULO DE OPINIÓN: Breves sobre la Expresión Facial y Corporal en el Juicio Oral y Público en Venezuela

Cuando se va a iniciar un juicio oral en el proceso penal venezolano, sin duda alguna tenemos que tener en cuenta cómo influye la expresión facial y corporal en una notable actuación y comportamiento de los intervinientes, desde la Fiscalía del Ministerio Público, los abogados que están en la defensa pública o privada, los abogados acusadores, el victimario, la víctima, los testigos, los policías actuantes en la investigación, los expertos o peritos, todo centrado en la valoración del juez para tomar una equilibrada decisión, la cual acreditará o refutará los hechos inherentes al objeto del proceso penal.

En el proceso penal cuando llegamos a este momento cúspide, vemos que la capacidad de convencimiento que tenga la palabra del interlocutor será absolutamente fundamental para lograr la tesis a favor o en contra que pretenda darle una solución al juez que nos escucha, que nos dé una lección con su decisión por la aprehensión en el conocimiento de lo que es una impresión radiante y plena de una dupla perfecta, la facilidad y comprensión de la palabra y nuestros gestos del interlocutor. Nuestra firmeza en la voz y la autoridad que dimane de nuestra gestualidad incidirá en la toma inmediata de decisión en pleno acto de juicio, si nos da la razón o no. Porque a veces, hay un receso, y esa soledad que muchos jueces buscan a veces en su despacho a puerta cerrada para tratar de dar una respuesta a lo que ocurrió, definitivamente, quizás no es lo mejor que nos puede pasar. Para evitar eso hay distintos estudios y observación de la expresión facial y corporal que veremos en forma muy sintetizada algunas normas del Código Orgánico Procesal Penal que considero interesantes abordar brevemente, para una buena práctica procesal penal y una sentencia absolutamente justa y centrada más que todo, en la influencia de esa expresión corporal de cada uno de los intervinientes, que llevaron a una sola razón de ser, una equilibrada y contundente sentencia que acredite, dependiendo de nuestra posición, la ansiada absolución o por el contrario, la culpabilidad y condena frente un hecho punible que se investigó en una fase previa preparatoria y luego, se depuró en la intermedia y que llegó a estas alturas para lograr u obtener justicia.

El Código Orgánico Procesal Penal en el Título III denominado "Del Juicio Oral", tiene una variedad de normas generales en su Capitulo I y siguientes que ilustran del cómo se debe actuar en la apertura, el llamado juicio oral y público (a menos que haya una causa de reserva), el desarrollo, interrupciones, interrogatorios, los medios de prueba y la discusión final y cierre del debate, para luego proceder a la sentencia cuando efectivamente esté cerrado o concluido el debate.

Ahora les voy a comentar en esta oportunidad cuatro normas en el Código Orgánico Procesal Penal. El primero de estos artículos es el 321, el cual nos habla de la oralidad y dice que la audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones de las partes como las declaraciones del acusado o acusada, a la recepción de pruebas y en general, a toda intervención de quienes participen en ella. Dice además esta norma que durante el debate las resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas en forma inmediata dejándose constancia en el acta del juicio de tal situación que se presente en pleno acto.

Es significativo señalar, dice esta norma, que no se puede llevar ningún tipo de escritos durante la audiencia. Porque sencillamente no serán recibidos.

Resalto la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, Sentencia número 714, Expediente Nº C07-0382 de fecha 13 de diciembre de 2007:

“... de acuerdo con los principios de oralidad e inmediación, no le es dable al Tribunal de Juicio permitir que las partes en el momento de interrogar a los testigos, funcionarios o víctima, puedan utilizar como referencia declaraciones anteriores de la persona, que va a presentar su testimonio en la etapa del juicio... pues esto no permite que el juez tenga una visión directa de lo expuesto por el mismo...”

Hay algunas jurisprudencias que he conseguido por Internet relacionadas con este tema de la oralidad, pero no de la expresión corporal y/o facial propiamente dicha. Por ello, recomiendo leer sobre el principio y aplicación de la oralidad, tres sentencias. La primera es la número 457 del 23 de noviembre del año 2004, la segunda es el la sentencia número 282 de fecha 31 de mayo del año 2005, la tercera en la sentencia número 222 de fecha 10 de mayo de 2007 y la cuarta, es la número 714 de fecha 13 de diciembre del año 2007, todas de la Sala de Casación Penal que nos hablan, reitero, sobre los principios y aplicación de la oralidad y la inmediación en el interrogatorio.

El segundo de estos artículos es el 324 que nos habla de la dirección y disciplina donde el juez dirigirá el debate, ordenará la práctica de las pruebas y exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás solicitudes de las partes. Impedirá que los alegatos de sede y hacia aspectos inadmisibles o impertinentes pero sin importar el ejercicio de la acusación y el derecho a la defensa. Más adelante esta norma expresa que podrá limitar el tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas las partes o interrumpiendo a quien haga uso manifiestamente abusivo de su facultad. Sobre el límite del tiempo del derecho de palabra de las partes, tenemos una sentencia que nos habla del límite del tiempo del uso de palabra y es la sentencia 222 de fecha 10 de mayo del año 2007 de la Sala de Casación Penal.

Más adelante, dice esta norma que ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y en general las necesarias para garantizar su eficaz realización.

Esta disciplina y dirección del debate es sumamente importante que imponga la majestuosidad del cargo de juez en forma inmediata y no deje pasar ninguna situación que pueda después salirse de las manos. Allí está la agudeza del juzgador en advertir a la parte que está fuera de orden, que no tiene ningún sentido y alcance lo que está diciendo y que este hecho controvertido que se pretende aclarar, sea tergiversado su actuación haciendo ver la crítica de la parte procesal que se le está violando el debido proceso o el derecho a la defensa. Aquí cuando esto sucede, hay que hilar fino.

Hay una línea delgada que ya he visto en varias ocasiones se ha presentado en juicios orales donde he participado y en otros donde he sido un simple espectador, y es que en pleno acto sucede alguna particularidad que requiere de la intervención ipso facto del juzgador y no la corrige a tiempo. Aquí está la habilidad y rapidez mental de frenar cualquier anomalía que se presente durante el debate, porque si bien es cierto está la natural contención y la llamada “objeción” o “revocación” (ver artículos 339 y 437), que debe ser analizada por parte del juzgador para ver si es procedente o no, las llamadas incidencias, no debe dejar que venga en una nueva oportunidad a resolver esto en otro acto del juicio oral, porque para eso la norma se creó, para evitar de inmediato y de palabra que cualquier incidente o solicitud no sea atendida y que se respete la preclusión procesal de reclamar justo a tiempo y no convalidar lo que el legislador impuso sabiamente para la búsqueda de la verdad, para saber qué fue lo que ocurrió y porque ocurrió en los hechos que deben estar acreditados en el proceso y que sus circunstancias de tiempo, lugar y modo deben ser desarrollados por todas y cada una de las partes procesales en el momento en que sean llamados a realizar su declaración y lógicamente, su paralela o simultánea expresión corporal de aval o sustento para convencer a ese juez. Es el llamado lenguaje de la cara y del cuerpo donde se lee el pensamiento de los intervinientes a través de la gestualidad, la mirada y una base real de comunicación que se transmite instantáneamente a todos los que están en la sala del juicio, aunque es prudente que esa mirada debe estar dirigida al que le hacemos la pregunta, al que le hacemos la solicitud o al que le preguntamos detalles de cómo pasó algo. A veces, hay que dirigirse a público para pedir su aprobación moral, que muchas veces si está pendiente, es generosamente instantánea.

Esa evaluación positiva o negativa de esa oralidad-gestualidad, es pieza trascendental en la futura decisión que tome el juzgador, que debe estar muy pendiente de lo que esté ocurriendo, ya que en nuestra legislación no existe un formal reglamento o normas de conducta en los actos de juicios orales que ordenen cuál debe ser el comportamiento de las partes procesales y público espectador y quizás, esto sea aclarado con alguna probable jurisprudencia de la Sala de Casación Penal o en su defecto, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que iluminen o ilustren estos aspectos y cristalicen en unas serias recomendaciones o consideraciones de los jueces en funciones de juicio, que puedan colocar en sus sentencias, frases que enfoquen exclusivamente la expresión facial y/o corporal del testigo declarante y su determinación en el dispositivo del fallo.

Para las partes procesales y me refiero en especial, a los Fiscales del Ministerio Público y a la defensa pública o privada y a los abogados acusadores o representantes judiciales de la víctima, cada vez que hablen, lo deberían hacer con el fin de destacarse como verdaderas estrellas del foro jurídico por el conocer perfectamente la teoría de su caso desde el punto de vista sustantivo y adjetivo, días, fechas claves, aspectos técnicos, etc., en una loable actuación jurídica, pero siempre debería hacerse con absoluta libertad de movimiento por la sala de juicio dirigiéndose al juez o al testigo, a la víctima o al victimario en forma directa, por supuesto, sin intimidaciones ni exageraciones. En mi opinión, no debe circunscribirse su honorable actuación a que el parlante protagonista del momento debe quedarse parado, estático e inmóvil en un pequeño podio central o desde el mismo escritorio donde estén ubicados y sentados con un micrófono, donde no puedan caminar o ni siquiera y claro está, hacerlo con el respeto debido por la solemnidad del acto, transmitiendo su mensaje a los receptores. Una cosa es moverse con soltura, control y dominio de la actuación y otra, el exceso, prepotencia y hasta chabacanería que demuestre ignorancia y fatal descuido del caso. Afortunadamente he conocido por las veces que he disfrutado gratamente de mi carrera al asistir a un juicio y ver altura y muy buen nivel de palabra, argumentación, trazados de estrategias, en definitiva, gozar de buen derecho y de los cuales tengo buenos recuerdos de la brillante y comedida actuación eficaz de jueces y la correctísima explicación de sus decisiones orales de las incidencias y hasta del dispositivo, cuando absuelven o cuando condenan, por qué razón condenan, en calidad de autor intelectual, material, cómplice, facilitador, o hablan de las causales de justificación, hecho de la víctima, legítima defensa, estado de necesidad, frustración, concurso real de delitos, exceso en la defensa, etc. Otras veces, he visto y escuchado simplemente, lamentables desastres cuando hablan.

Para el público asistente a un juicio oral, oyente y visual, en general y eso depende de cada Circuito Judicial Penal (no es uniforme), hay unas reglas normales que los alguaciles, con la toma de una lista con el nombre completo y la identificación, que es la letra y número de la cédula de identidad o pasaporte del público que tiene efectiva presencia al acto, la orden de apagar cámaras, celulares y aparatos electrónicos que usen tecnología de información que pudieran interferir con el normal desenvolvimiento del acto (a menos que el juez permita la entrada de medios de comunicación social públicos o privados al acto, para transmitir o grabar sólo a ellos, que no he visto el primero, y esto sí ocurre en otros países). Para ese público ávido de sed de justicia, lo mejor es estar en completo silencio, preferiblemente muy callados. Lo conveniente es no hablar y mucho menos gritar o aupar a nadie. Ningún alboroto o gallinero. También, el estar decentemente vestidos, eso incluye a las mujeres y partes demostrativas de su cuerpo (porque así no entran a la sala), el no estar con lentes de sol, sombreros o gorras u otros objetos que tapen la cara y no permitan visibilidad de los funcionarios, entre otros.

Hay algunos países como en Cuba donde por ejemplo, el testigo cuando es interrogado no puede hacer ningún tipo de movimiento con la cabeza ni con los brazos ni piernas. Con las manos atrás. Ellos no pueden ver alrededor de la sala, ni a personas, ni nada. Ven a un punto ciego cuando declaran y responden preguntas. No deben mirar o desviar la mirada, porque de inmediato es llamada la atención por el juez o secretario, entendiendo así que quizás esa respuesta que dé ese testigo no se ve influida por esta gestualidad o actuación que alerte que es honesto o deshonesto, que inventa o que efectivamente dice la verdad de lo que ocurrió. Porque este testigo está reconstruyendo ese hecho histórico que sirve al juzgador para determinar con la mayor exactitud posible, si es que esa declaración es precisa y que fue lo que pasó.

Acá en la República Bolivariana de Venezuela cuando por ejemplo, el testigo o la víctima cuando habla, se puede mover. Es permitido el gesticular, puede hasta hablar con sus manos, ya que lo que va a deponer es crucial, pues hay que ver y analizar los gestos con la cabeza y esa llamada posición corporal neutra, o actitud de interés, el cruce de los pies, el cruce de tobillos, si éste está completo en la visual de la silla (porque no los he visto que declaren parados, las veces que he visto, están sentados) donde se vea todo el cuerpo del testigo o declarante, y la más clásica de todas, y la más visible que es la gestualidad facial donde el declarante, vista su cara como una combinación de factores llámense boca, levantar las cejas, la frente (el ceño fruncido) y la utilización de las manos en la cara, ya sea para taparse la boca, tocarse la nariz, rascarse el cuero cabelludo, son detalles que deben apreciarse en forma integral.

Finalmente, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, Sentencia número 67 del 03 de febrero de 2000, nos enseña que:

“Constituye un requisito procesal impretermitible para los jueces que han de conocer la causa, en cualquiera de sus grados, promover y presenciar el debate oral, garantía fundamental del fallo. En este sentido, el acto de informes, que otrora, en el viejo sistema de enjuiciamiento, tendía a ofrecer que las partes fueran oídas en la etapa final del juicio y a obtener la declaración solemne del juzgador, con el "Vistos", de que se encontraba en condiciones de dictar sentencia, fue sustituído, en el actual sistema procesal penal, por el debate oral y público, de máxima garantía en el establecimiento de la verdad, que constituye para las partes, oportunidad propicia para la incorporación al proceso de alegatos y pruebas y, para los jueces, la oportunidad para formar criterio y, mediante la estructura lógica de la sentencia, establecer la calificación jurídica aplicable.”

Sería beneficioso para el juicio oral, por ejemplo, leer una sentencia que valorara debidamente la gestualidad en la prueba de testigos, la cual debe darse con la lógica la circunstancia del principio de inmediación del juez y de su significado en relación con él. Esto sólo puede lograrse mediante la cabal satisfacción del principio de la oralidad en consonancia con la concentración de los actos del debate y la identificación física y su genuina interpretación de quienes tienen a su cargo la crítica correspondiente.

Artículo publicado originalmente en:

https://www.tuabogado.com/venezuela/penal/breves-sobre-la-expresion-facial-y-corporal-en-el-juicio-oral-y-publico

sábado, 13 de agosto de 2016

De la Privación Judicial Preventiva de Libertad. Tercera Parte

Sobre el contenido del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad

El artículo 240 del COPP establece, que la privación judicial preventiva de libertad sólo podrá decretarse por decisión debidamente fundada por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control o Juicio que corresponda y deberá contener 5 requisitos:

1. Los datos personales del imputado, o los que sirvan para identificarlo.

2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen.

3. La indicación de las razones por las cuales el Tribunal estima que concurren en el caso los presupuestos a que se refieren los artículos 237 o 238 de este Código.

4. La cita de las disposiciones legales aplicables.

5. El sitio de reclusión.

A lo cual le añado otro requisito imprescindible:

6. La firma del Juez y del Secretario del Tribunal.

Dice igualmente esta norma que la apelación no suspende la ejecución de la Medida.

Analicemos brevemente en que consiste cada numeral o requisito:

Sobre el Primer Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Si el imputado es una persona natural, ¿cuáles serían esos datos personales o los que sirvan para identificarlo? Serían el o los nombres, apellidos, edad, estado, profesión u oficio, domicilio o residencia y, el alias, si se le conociere. Si es venezolano, la letra y número de la cédula de identidad o igualmente si es extranjero. También, el pasaporte o Registro de Información Fiscal. Pudieran ser muy útiles colocar las características físicas, tales como la altura, peso, color de ojos, piel, cabello y tatuajes (si los tuviere). Sin embargo, esto último, de las características fisonómicas no se hace actualmente en nuestro país.

Del mismo modo, si el imputado tiene un sitio en Internet, tal como un blog, una página o sitio web, un nombre de dominio que pueda ser asociado e identificarlo con la base de datos whois de acceso público y gratuito que ofrece esta información (1), la cual permite determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. Recuérdese que el sistema de nombres de dominio (DNS), Domain Name System o DNS (en español significa «Sistema de Nombres de Dominio») es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP (protocolos de Internet) como Internet o una red privada. Si es o termina por ejemplo: .es | .do | .ve. Son terminaciones que se refieren al país de origen, ya sea España, República Dominicana o Venezuela. En nuestro país, corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la administración y asignación de nombres de dominios bajo la estructura de primer nivel “.ve” en la red mundial de Internet, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2). Así que en la base de datos bajo el CcTLD: Siglas utilizadas para designar a los Nombres de Dominio de primer nivel, conocidos como códigos territoriales (Country Code Top Level Domain, por sus siglas en inglés). Dichas siglas se refieren a la clasificación en el Sistema de Nombres de Dominio, representado en nuestro país, por un sufijo de dos letras "ve", asignado conforme a los códigos estándar de ISO3166-1 para la representación de nombres de países o territorios, en este caso, el ccTLD.VE. Según las CONDICIONES DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO .COM, .WEB,.NET, .ORG, .CO, .INFO, DE TERCER NIVEL .VE de CONATEL.

Si la parte imputada es una persona jurídica, se debe colocar su nombre o denominación y la concreta identificación, si fuere una sociedad de comercio, como es el uso y la costumbre generalmente aceptados en nuestro ordenamiento jurídico, tales como los datos de constitución del registro mercantil, o si es una sociedad civil, una fundación, por ejemplo, los datos de ubicación en la oficina de registro subalterno, el número del Registro de Información Fiscal (RIF), las direcciones físicas donde funcione la persona jurídica, el código postal, o si es una gran empresa, la casa matriz o de las sucursales que estuvieren involucradas y si las tuviere, las direcciones virtuales o electrónicas como el nombre de dominio. Todo va a depender de la extensión que se coloque en el navegador, si es una .com se refiere a compañía o empresa. En general, se refiere a cualquier sitio web con actividad comercial. Si es .net se refiere a "Internet", se refiere a cualquier sitio web relacionado al mundo de Internet, tecnología, telecomunicaciones, aunque hoy en día se utiliza también para otros términos: .org se refiere a organizaciones, se refiere a cualquier sitio web relacionado a instituciones, organizaciones sin fines de lucro. Si es .biz se refiere a "Business" como una terminación que se refiere a cualquier negocio. Si es .info se refiere a cualquier sitio web con actividad informativa, como por ejemplo, instituciones.

Veamos cuál es el criterio fundamental de atribución de Jurisdicción. Domicilio de las personas físicas y jurídicas. Ver la Sentencia número 02872 de la SPA del TSJ del 29 de noviembre de 2001:

“el (...) artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado (...) al igual que el régimen anterior, establece el domicilio del demandado en territorio venezolano como criterio fundamental de atribución de jurisdicción a los tribunales nacionales. La Sala en anteriores oportunidades ha advertido que por domicilio de las personas físicas debe entenderse el lugar donde éstas tengan su residencia habitual, en atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de la nueva Ley de Derecho Internacional Privado; pero, con relación al domicilio de las personas jurídicas, como ninguna mención especial hizo el legislador, la Sala reiteró la vigencia del concepto que se desprende del Código Comercio, en su artículo 203, es decir, el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta designación, el lugar de su establecimiento principal (Vid, Sent. de esta Sala Nº 1.044 del 11/08/99).”

Sobre el Segundo Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, simplemente es un resumen de lo ocurrido. En estos hechos, no hay que extenderse.

Sobre el Tercer Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en concordancia con el artículo 157 del COPP, hay que cumplir con la indicación de las razones por las cuales el Tribunal estima que CONCURREN en el caso, los presupuestos a que se refieren los artículos 237 o 238 eiusdem. Esto significa, aparte de llenar primariamente el análisis concurrente del artículo 236 ibídem, en sus numerales 1 y 2, hay que obligatoriamente entender el numeral siguiente, el 3, que se divide en dos partes. O es el peligro de fuga del imputado o es el peligro en la obstaculización por parte del imputado. No pueden ser las dos, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española, Edición del Tricentenario, en su tercera acepción, la letra "o" es una conjunción disyuntiva que: "Denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas."

Se los vuelvo a copiar este numeral 3 para su detenida y atenta lectura:

"3. La indicación de las razones por las cuales el Tribunal estima que concurren en el caso los presupuestos a que se refieren los artículos 237 o 238 de este Código." Negrilas mías.

Es decir, cuando se motive la medida por el peligro de fuga, por ejemplo, ver si se cumplen las 5 condiciones, numerales o circunstancias y ver si se dan además, los supuestos de los dos parágrafos del artículo 237 adjetivo. De ser otra la tesis judicial para dictar la medida privativa, igual pasaría si considera que hay peligro de obstaculización, entonces hay que analizar la sospecha de los dos numerales del artículo siguiente, el 238.

Es oportuno traer a colación la Sentencia Nº 240 de la Sala de Casación Penal, en el Expediente Nº C13-383 de fecha 22 de julio de 2014, que nos enseña:

"...la Sala de Casación Penal de manera reiterada ha sostenido que toda sentencia, debe estar suficientemente motivada, requisito esencial que atiende a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho que tienen todas las personas, a obtener por parte de los Tribunales de la República, una decisión lógica, coherente, ..."

Continuando con este tercer requisito, tenemos obligatoriamente que leer un interesante artículo doctrinal denominado "Importantes consideraciones acerca de la Prisión Provisional" (3) publicado en Internet en www.actualidadpenal.net por el reconocido abogado Róger López y las críticas al fallo dictado por una Corte de Apelaciones que decretó la Libertad Plena de la imputada:

"En fecha 10/03/2016, la Corte de Apelaciones del Estado Sucre, con sede en la ciudad de Cumaná, en el asunto signado con la nomenclatura ASUNTO: RP01-R-2015-000647, dictó el siguiente pronunciamiento:

“…De la sentencia antes citada, ha quedado claro que para la procedencia de una medida de coerción personal, bien sea de Privación Judicial Preventiva de Libertad, así como Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, deben estar acreditados de manera concurrente los tres numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; es por esto que resalta este Tribunal de Alzada, que los mismos requisitos que se exigen para legitimar la privación de libertad y que están contenidos en el precitado artículo 236 ejusdem, son los mismos requisitos que deben concurrir para proceder a dictar una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, porque el fin que se persigue es el mismo; es decir, garantizar y proteger el proceso y lo único que las distingue es que unas son menos gravosas que las otras. 

De esta manera, ante la ausencia del supuesto relacionado con peligro de fuga o peligro de obstaculización, la imposición de una medida de coerción personal en los términos establecidos en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta a todas luces improcedente, por lo que en el caso que nos ocupa, al encontrarse cubiertos sólo los extremos de los numerales 1 y 2 del artículo 236 ejusdem, no así el del numeral 3, como expresamente reconoce el A Quo en el acta que recaba los pormenores de la audiencia de presentación de detenidos, y que confirma en el texto íntegro de su decisión lo ajustado a derecho era decretar la libertad sin restricciones a favor de la imputada de autos…”

Mis críticas al fallo.

No es cierto que para decretar una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad tengan que concurrir los mismos requisitos para legitimar la privación de libertad, y ello, por los siguientes motivos:

1. El Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Artículo 236. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
  1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
  2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible;
  3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.
2. De la exégesis de la anterior disposición resulta claro que el Juez de Control sólo podrá dictar, previa solicitud del Ministerio Público, una Medida de Privación Preventiva de Libertad, siempre y cuando concurran los tres (3) requisitos previstos en los numerales 1., 2. y 3. del citado Artículo 236 COPP; y, en caso de no ser así, son dos las hipótesis que pueden plantearse:

3. Si no se encuentran llenos, al mismo tiempo, los requisitos de los numerales 1. y 2., esto es, “Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita” y “Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible”, no procederá, en ningún caso, la privación de libertad del imputado, ni tampoco una Medida Cautelar Sustitutiva, deberá decretarse, en esta hipótesis la IMPROCEDENCIA de la solicitud; y, caso de haber sido aprehendido el imputado, éste deberá ser puesto inmediatamente en LIBERTAD PLENA, esto es, sin restricción alguna a ella.

4. De concurrir ambos requisitos el juez podrá optar por:

5. i) Declarar la PROCEDENCIA de la Medida de Privación de Libertad del imputado si constata que, además, concurre el tercer requisito, bien por la existencia del peligro de fuga o el de obstaculización, o ambos a la vez.

6. ii) Declarar la IMPROCEDENCIA de la Medida de Privación de Libertad del imputado, de constatar que no concurre el tercer requisito, esto es, ni el peligro de fuga ni el de obstaculización, y dictar en su lugar, una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de las previstas en el Artículo 242 COPP. De verificarse uno cualquiera de estos dos “peligros”, habrá de considerarse cumplido el tercer requisito y procederá, en consecuencia, la Medida Privativa de Libertad del imputado y no una Medida Cautelar Sustitutiva, salvo, que a juicio del juez, los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa (Art. 242 COPP).

Lo anteriormente dicho es elemental en materia procesal penal.

Como se indicó precedentemente, la Alzada señaló que,“ante la ausencia del supuesto relacionado con peligro de fuga o peligro de obstaculización, la imposición de una medida de coerción personal en los términos establecidos en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta a todas luces improcedente, por lo que en el caso que nos ocupa, al encontrarse cubiertos sólo los extremos de los numerales 1 y 2 del artículo 236 ejusdem, no así el del numeral 3, lo ajustado a derecho era decretar la libertad sin restricciones a favor de la imputada de autos…”

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que no procedía, en ningún caso, la Libertad Plena de la encausada, ya que sólo concurría los numerales 1 y 2 (Fomus Bonis iuris o presunción del buen derecho) más no el requisito a que se contrae el numeral 3. del Artículo 236 COPP (periculum in mora), esto es, “Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”, motivo por el cual, se debió decretar una medida de coerción personal menos gravosa de las previstas en el artículo 242 del COPP."

Para mayor abundamiento de este tema, tenemos la Sentencia número 2.381 de la Sala Constitucional del 19 de diciembre de 2007, Exp. n° 07-1441, refiriéndose al artículo 250 (hoy 236 del COPP):

"... de la lectura detenida de la decisión emitida por el Juzgado de Control y confirmada por la alzada penal, se desprende que las mismas materializaron el juicio de ponderación necesario para arribar al resultado decisorio limitativo de la libertad personal, ya que en sus textos se evidencia que el órgano jurisdiccional examinó todas las circunstancias fácticas que rodean del caso, así como también las condiciones particulares del imputado, y que han contrastado todos estos elementos, de forma detallada, con el contenido de los numerales 1, 2, y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por tanto, en criterio de esta Sala Constitucional, el Juez de Control sí dictó una decisión motivada, en la cual se llevó a cabo un razonamiento que conjugó los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad, para justificar la adopción de la medida de privación judicial preventiva de libertad, todo lo cual fue debidamente constatado y confirmado por la Corte de Apelaciones, y con base en ello, ésta declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa.

Siendo así, esta Sala reitera el criterio asentado en la sentencia n° 1.278/2001, de 19 de julio, según el cual, en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, éstos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales, lo cual no se ha verificado en el presente caso."

Continuando con las consideraciones jurisprudenciales, la Sentencia de la Sala Constitucional del 01 de abril de 2008, Magistrado Ponente Dr. Francisco Antonio Carrasquero López, en el Exp. 08-0036 ha dicho:

"...al Juez Constitucional única y excepcionalmente le corresponde el ejercicio del denominado control externo de la medida de coerción personal, así como también de la decisión del Tribunal superior que confirme o revoque la misma (sentencia n° 2.046/2007, de 5 de noviembre), ello a los fines de velar por la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad personal. Dicho control externo se traduce en supervisar que la decisión judicial contentiva de la medida se sustente en una motivación fundada y razonada, en otras palabras, que haya sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines de la prisión preventiva, concretamente, constatando si los fundamentos de la decisión son suficientes (es decir, si se han plasmado los presupuestos que autorizan y justifican la medida), razonada (esto es, la expresión del proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) y proporcionada (a saber, si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad), neutralizando así cualquier posibilidad de que tal provisión cautelar sea dictada bajo el manto de la arbitrariedad (sentencia n° 1.998/2006, de 22 de noviembre)."

Ver igualmente la sentencia de la Sala Constitucional del 5 de abril de 2003, Expediente Número 02-1900 con ponencia del Magistrado Doctor José Manuel Delgado Ocando, que estableció en relación con la orden de aprehensión emanada del Juez de Control (referido al artículo 250 del COPP, hoy 236):

“Al analizar la orden de aprehensión emanada de un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala puede afirmar que es una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcional a los fines que constitucionalmente la justifican y limitan. Se trata de una medida tendente a asegurar el proceso, ante la posibilidad del actor de sustraerse de la administración de justicia, esto es, que la “aprehensión” tiene una génesis cautelar preordenada básicamente a garantizar la presencia y sujeción del presunto imputado al “ius puniendi” del Estado, por lo que, en ningún caso, dicha aprehensión puede considerarse como arbitraria o ilegal sino desarrollada en el marco de la fase investigativa del proceso conforme a las formas y requisitos legalmente establecidos”.

Sobre el Cuarto Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, es la cita de las disposiciones legales aplicables. Simplemente señalar la normativa, ni siquiera es necesario transcribir el contenido de las normas.

Finalmente, el Quinto y último Requisito Formal del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, colocar el nombre y la dirección del sitio de reclusión donde será trasladado el imputado.

Sobre el Sexto y último Requisito del Auto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, es la obligatoriedad de la Firma, todo según el artículo 158 del COPP, el cual dispone que las sentencias y los autos deberán ser firmados por los Jueces que los hayan dictado y por el Secretario del Tribunal. La falta de firma del Juez y del Secretario producirá la nulidad del acto. Se han visto casos, donde falta la firma.

El último aparte de esta norma indica que "la apelación no suspende la ejecución de la Medida". Sobre esto les puedo copiar parte de la sentencia número 1.511 de 15 de octubre de 2008 de la Sala Constitucional, Ponente Magistrado Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón, Exp. 08-0881:

"...el debido proceso impone la necesidad de que el imputado sea notificado de los cargos, de asegurarle la asistencia de abogado, de ser oído, de obtener un pronunciamiento motivado y de recurrir contra éste, pero también el proceso exige su presencia en determinados actos, a los fines de ejercer tal derecho a ser oído.

Finalmente, esta Sala estima necesario reiterar su doctrina establecida mediante sentencia Nº 03/938 del 28 de abril de 2004, caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, en la cual se hizo un análisis de la legitimidad de los defensores para apelar en ausencia de sus defendidos del auto de aprehensión. 
Dicho fallo establece:

“(…) Sin embargo, esta Sala considera necesario referirse a la supuesta legitimidad de los defensores del ciudadano Andrés Eloy Dielinger Lozada, para apelar en ausencia de su defendido del auto de aprehensión consagrado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para lo cual debe ponderarse el derecho a ser oído, de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, frente al derecho de ser enjuiciado en libertad del demandado (…), en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, no siendo delegable en mandatarios tal facultad, cuyo origen es precisamente garantizar el derecho a ser oído y a la defensa del imputado. Uno de esos casos, es la apelación del auto de aprehensión, pues tal condición se desprende del párrafo segundo del artículo 250 y del párrafo único del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales requieren la presencia del imputado para resolver sobre modificarla o revocarla, pudiendo recurrir  de ella el defensor, pero ‘en ningún momento en contra de su voluntad expresa’, refiriéndose al imputado.
En efecto, el debido proceso impone la necesidad de que la víctima sea notificada de los cargos, de asegurarle la asistencia de abogado, de ser oído, de obtener un pronunciamiento motivado y de recurrir contra él, pero también el proceso exige su presencia en determinados actos, a los fines de ejercer tal derecho a ser oído.
Un caso similar es el acto conciliatorio en materia de divorcio, previsto en el Código Civil, que exige la presencia de los cónyuges y prohíbe delegar tal facultad en abogado alguno, pues se entiende que es un acto personalísimo, sin que ello constituye una limitación al derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales o a la defensa de las partes.
En tal sentido, sostiene José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, en la obra Derecho Fundamental al Debido Proceso y el Tribunal Constitucional, Editorial Aranzadi, 1992, Pamplona, pág 468, que dentro de las garantías que el Tribunal Constitucional español, interpretando el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se encuentran: “D) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente, o a ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor (...)”.
En tal sentido, la Sala considera que se encuentra ajustada a derecho la decisión que tomó la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual declaró la nulidad de oficio del acto de juramentación del abogado en el recurso de apelación que intentó contra la decisión que dictó el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, dada la condición en que se encuentra el ciudadano Adnan José Méndez Martínez –evadido-, ya que la designación de defensor, es un acto personalísimo, sin que ello constituye una limitación al derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales o a la defensa de las partes, ni mucho menos violación constitucional alguna. Razón por la cual, la Sala, exhorta al ciudadano Adnan José Méndez Martínez, para que se ponga a derecho ante la autoridad judicial que le es requerido, y una vez cumplida con tal exigencia designe a sus defensores y ejerza su defensa. Y así se declara.
Por ello, a criterio de la Sala, en el presente caso no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos por el señalado artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para la procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, la presente acción de amparo resulta improcedente in limine litis, y así se decide."

(1) https://whois.icann.org/es 
(2) http://www.conatel.gob.ve/dominios-ve/ 
(3) http://actualidadpenal.net/importantes-consideraciones-acerca-de-la-prision-provisional/ 
Importantes consideraciones acerca de la Prisión Provisional. http://sumo.ly/mQMm via @portalpenal

viernes, 12 de agosto de 2016

Evento: "La Nulidad del Juicio Penal por Defensa Técnica Deficiente". Fechas: 14 y 15 de octubre de 2016. Estado Sucre. Venezuela

"Congreso Nacional para Estudiantes y Profesionales del Derecho" Del 03 al 06 de Noviembre de 2016, Estado Mérida, Venezuela



Incluye: Hospedaje por cuatro (04) días y tres (03) noches en e Hotel la Terraza, asistencia a todas las ponencias, entrega de equipo y material de apoyo del congreso.

¡Cupos Limitados!

Conferencistas:

DR. HERNANDO GRISANTI AVELEDO.
Doctor en Derecho Universidad de Carabobo, Estudios de Postgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Prof. Titular Emérito de Pre Grado en la UC y Postgrado en la UCAB. Autor de diversas Publicaciones Jurídicas; Entre las que destacan Lecciones de Derecho Penal “Parte General” y el Manual de Derecho Penal “Parte Especial”.
Tema a Tratar: La Imputabilidad del Sociópata.

DR. EDDI GILBERTO ROSALES SANNAZZARO.
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, estudios de Postgrado en la Especialidad de Ciencias Penales y Criminológicas – Universidad Santa María, Profesor de las cátedras de derecho penal y criminología en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, profesor de la cátedra de criminología en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación – E.F.O.F.A.C. profesor de la cátedra de criminología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, núcleo San Antonio de los Altos, facilitador en el Instituto de Estudios Superiores del Ministerio Público y en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público en las áreas de derecho penal y derecho procesal penal, jurado evaluador de los trabajos especiales de grado para optar al título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, abogado asociado en el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, Fiscal Cuarto y Segundo del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, Fiscal Séptimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Ocumare del Tuy, Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques (actualmente jubilado), abogado asesor externo. Alcaldía del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, condecoraciones: a) Francisco Espejo. b) Bolívar Libertador y Abogado. c) Esther Franco La Riva. d) honor al mérito en su única clase. e) botón 50 Aniversario del Colegio De Abogados del Estado Miranda. Impuestas por el Colegio de Abogados del Estado Miranda. F) Orden Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, En su Segunda Clase. Impuesta por el Instituto Autónomo de Policía Del Estado Miranda. G) Insignia Honor Al Mérito Del Destacamento N°. 57 En Su Única Clase. H) Octava Estrella En Su Única Clase. Impuestas por la Guardia Nacional de Venezuela. I) Botón al Mérito en su Única Clase. Impuesta por la Comandancia General de Policía del Estado Bolívar, Autor del Libro: LOS REQUISITOS DE FORMA DE LA ACUSACIÓN FISCAL – VISIÓN ANALÍTICA.
TEMA A TRATAR: LA ACUSACIÓN FISCAL. VISIÓN ANALÍTICA.

DR. JOSE LUIS VEGA ROCHE.
Abogado egresado de la Universidad Santa María, Profesor Universitario Universidad Santa María, Profesor Universidad José María Vargas, Ex Profesor IUPOLC, Ex Juez Cuarto (4º) Itinerante de Primera Instancia en materia de Violencia de Género en el Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Maestría en Derecho Procesal Penal. Caribbean International University, Curacao, Especialización en Derecho Procesal Penal Universidad Santa María, Especialización en Derecho Penal Internacional Universidad Latinoamericana del Caribe, Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos Universidad Latinoamericana del Caribe, Especialización en Derecho Internacional Humanitario Universidad Latinoamericana del Caribe, Medicina Legal, Investigación Criminal y Policía Científica Universidad de Salamanca España, Técnicas de Litigación y Destrezas California Western School of Law. San Diego-California-Usa, Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio California Western School of Law. San Diego-California-Usa, Análisis y Detección de la Mentira a través del lenguaje corporal Cefapsic, Puebla-México, Sistema Oral de Audiencias en el Nuevo Modelo Acusatorio Ilustre Colegio de Abogados. Lima-Perú, Doctorado en Derecho Constitucional Convenio Universidad Santa María Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dr. LEONARDO PEREIRA.
Abogado, Doctor en Jurisprudencia, Doctorado Honoris Causa en Derecho Criminal (Los Angeles-EEUU), Especialista en Derecho Procesal Penal, Ex Fiscal del Ministerio Publico, Profesor de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Fermín Toro y Universidad Yacambú, Autor de numerosas obras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
Tema: “Sistema Procesal Penal Venezolano”

Dra. CORA FARIAS ALTUVE.
Abogado egresada en 1974 de la Universidad Católica Andrés Bello con Postgrado en la especialización de Derecho Civil y Mercantil y Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), actualmente cursando el Doctorado en Derecho Procesal en la misma Universidad, Presidenta de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario, Docente por Concurso de Oposición en la Universidad Central de Venezuela, Cátedra "Procedimientos Inquilinarios" Ex Juez Temporal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Ex Juez Suplente Especial del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Ex Juez Suplente Especial del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Docente de la Escuela Judicial, de la Escuela Nacional de la Magistratura (Tribunal Supremo de Justicia) en el Programa Especial de Capacitación para la Regularización de la Titularidad de los Jueces, del Instituto Superior del Ministerio Público y del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y del Estado Miranda, Miembro del Instituto Venezolano de Derecho Procesal,
Presidenta del Instituto Panamericano de Derecho Procesal (Capítulo Venezuela), Co-redactora del aún vigente Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del 07-12-99, Autora de variadas obras en materia de arrendamiento en Venezuela.
Tema: REPERCUSIÓN DE LA LEGISLACIÓN INQUILINARIA.
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RESOLUCIÓN N° 2016-0018 del 10 de agosto de 2016 del TSJ sobre Vacaciones Judiciales

De conformidad con los artículos 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, compete al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, así como la inspección y vigilancia de los tribunales de la República. Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Plena es el máximo órgano directivo del Máximo Tribunal de la República.

CONSIDERANDO

Que la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, está garantizada por el Estado Venezolano durante los 365 días del año, con la organización que el orden jurídico establece en garantía de los derechos de la ciudadanía y también de los que corresponden al personal judicial.

CONSIDERANDO

Que el derecho al descanso anual es un derecho humano reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico interno, cuyo disfrute planificado por parte del personal del Poder Judicial, coadyuva en la eficiente concreción de la tutela judicial efectiva y demás garantías de acceso a la justicia, garantizando en todo momento la existencia de personal de guardia en las jurisdicciones que lo requieran, para atender asuntos urgentes y fundamentales según la ley.

CONSIDERANDO

Que para continuar la optimización y acoplamiento de las medidas implementadas para incrementar la celeridad procesal, algunas de las cuales han requerido la instalación de equipos y herramientas de tecnología y sistemas, así como para proseguir los estudios orientados a la extensión de las mismas a otros circuitos judiciales y al acometimiento de diversas acciones en el mismo sentido, se requiere una revisión y constatación pormenorizada sobre su funcionamiento, distinta a la que de ordinario se efectúa, la cual se facilita en el receso de actividades judiciales,

CONSIDERANDO

Que para el logro de los objetivos y metas relacionados con el propósito de llevar a cabo las labores de mantenimiento y adecuación de las sedes judiciales e impulsar con mayor ritmo la ejecución de las obras de infraestructura del Poder Judicial, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha venido en los últimos años acordando el receso de actividades judiciales desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre.

RESUELVE

PRIMERO: Ningún Tribunal despachará desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2016, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones que fueren necesarias para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley.

Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes.

Aquellos jueces que no tengan más de un (1) año en el ejercicio del cargo, no podrán disfrutar del referido receso judicial, acordado en la presente Resolución.

SEGUNDO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el receso judicial, para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

TERCERO: En cuanto a los Tribunales con competencia en materia penal, se mantendrá la continuidad del servicio público de administración de justicia a nivel nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal.

CUARTO: Los Magistrados de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, durante el período de receso judicial, es decir, desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2016, ambas fechas inclusive, mantendrán el quórum necesario para la deliberación conforme con lo que regula los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

QUINTO: Los Jueces Rectores y las Juezas Rectoras, los Presidentes y las Presidentas de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso-Administrativo, Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, los Presidentes y las Presidentas de los Circuitos Judiciales Penales, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales Laborales y Presidente, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los Coordinadores y las Coordinadoras de los Tribunales con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, quedan facultados para adoptar las medidas conducentes a garantizar el acceso a la justicia en las diversas circunscripciones judiciales de conformidad con los objetivos de la presente Resolución, debiendo informar inmediatamente de las mismas a la Comisión Judicial.

SEXTO: La Comisión Judicial, la Inspectoría General de Tribunales y demás órganos auxiliares del Tribunal Supremo de Justicia, atenderán con prontitud todo reclamo que sea formulado en relación con lo que dispone esta Resolución y, con tal finalidad, adoptarán el sistema de guardias para las labores de coordinación, inspección y vigilancia que les corresponden.

SÉPTIMO: Todo lo no previsto en la presente Resolución y que sea necesario normar en atención al objeto aquí referido, será resuelto por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

OCTAVO: Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia. Asimismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Para mayor información dirigirse a:

http://historico.tsj.gob.ve/informacion/resoluciones/sp/resolucionSP_0002436.html

Establece el artículo 156 del COPP:

"Días Hábiles

Artículo 156. Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquellos en los que el tribunal no pueda despachar.

La administración de justicia penal es una función del Estado de carácter permanente, en consecuencia, no podrá ser interrumpida por vacaciones colectivas o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales.

En materia recursiva, los lapsos se computarán por días de despacho."

De la Privación Judicial Preventiva de Libertad. Segunda Parte

El Peligro de Fuga

El artículo 237 del COPP señala que para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente las siguientes 5 circunstancias:

1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

Una estrategia utilizada comúnmente por la defensa de la persona involucrada en hechos punibles en cuanto al arraigo en el país, es consignar documentales, tales como, la constancia de residencia, si es trabajador, la constancia de trabajo; el asiento de la familia se prueba con la constancia de matrimonio o concubinato, las partidas de nacimiento de los hijos; para el tema de los negocios o actividad lucrativa, clásicos son los documentos mercantiles, tales como, estatutos constitutivos estatutarios o actas de asambleas generales ordinarias o extraordinarias de sociedades mercantiles o de sociedades civiles donde aparezca el nombre como accionista o el cargo de la persona para verificar esta circunstancia, porque esto implicaría que tiene negocios en la República Bolivariana de Venezuela y es comerciante o ejerce ciertas actuaciones legales que puede demostrar con la consignación del pago de sus impuestos sobre la renta, entre otros documentos que acrediten su arraigo del país por su actividad lucrativa de su preferencia u otras actividades académicas o educativas como constancia de estudios y notas de la persona imputada y de sus hijos, si los tuviere, además de la entrega voluntaria de su pasaporte u otro pasaporte si ostenta otra nacionalidad para desvirtuar cualquier intención de posible peligro de fuga o viaje al exterior.

2. La Pena que podría llegarse a imponer en el caso.

Este es otro aspecto esencial que debe ser tomado en consideración para verificar el peligro de fuga en la gravedad de los delitos por la pena que llegue a imponerse en caso de ser culpable y condenado. No es lo mismo la pena en una injuria o un hurto simple que un homicidio intencional por motivos fútiles e innobles. Por ello, los Jueces deben necesariamente medir el daño causado y las acciones que pueda efectuar el individuo para fugarse, porque va a estar en juego su libertad o quedarse tras las rejas durante muchos años, todo lo cual por el artículo 230 del COPP, el interesante tema del Principio de Proporcionalidad, debe desarrollarse, como se dijo en la anterior entrega.

La Sentencia de la SCP del TSJ número 356 del 20 de Septiembre de 2012, Expediente: C11-403, en relación a las medidas de coerción personal y la pretensión:

"...las medidas de coerción personal establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal tienen una pretensión cautelar orientada a garantizar la presencia y sujeción de los presuntos autores o partícipes en un hecho punible, al juicio penal. De esta forma su dictamen por parte de los tribunales penales ordinarios debe apoyarse en los supuestos justificativos y legitimadores, además debe responder al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo siempre a criterios de racionalidad y ponderación. Partiendo en forma general del propio imputado: su sustracción del ius puniendi del Estado, la obstrucción de la investigación penal y la reiteración delictiva."

3. La Magnitud del Daño Causado.

Del mismo modo es conveniente mencionar lo que significa la magnitud del daño causado. Esto implica una gran cantidad de víctimas a primeras de cambio, lo cual no es óbice para el Juez, visto por ejemplo, un caso muy delicado donde haya mucho dinero involucrado, también debe tener en consideración este aspecto para un posible intento de fuga que pueda darse por la dimensión del problema legal que está en manos del juzgador resolver.

4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.

Si el comportamiento del imputado ha sido correcto, no ha ocasionado problemas de ninguna naturaleza o sin otro proceso anterior es constatado una buena conducta el informe favorable que deberá ser el Tribunal de la causa para señalar un peligro de fuga quedaría desvirtuado por este elemento, ya que va depender de que declare su voluntad someterse a la persecución penal y para mayor ejemplo, sea puntual en las asistencias a sus audiencias y demás actos del proceso penal. Hay que demostrar que es intachable el comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso judicial anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, o lo contrario, la Fiscalía o la parte acusadora deben señalar que irregularidades se han materializado. Por ejemplo, cuando una persona se da por citado o notificado personalmente en el Tribunal, eso influye en el Juzgador porque evidencia que quiere enfrentar esta situación judicial de la mejor manera posible. Su voluntad debe ser expresa y su conducta intachable.

5. La conducta pre-delictual del imputado:

Referente a la conducta pre-delictual del imputado. Son los llamados antecedentes penales con el llamado Certificado Internacional de Antecedentes Penales, y que actualmente se obtiene por medio de la Oficina de Antecedentes Penales, a cuya información tenemos el correo electrónico: antecedentespenales@mijp.gob.ve y el teléfono: 0212-575.38.43, para aclarar cualquier duda o recibir sugerencias sobre el nuevo sistema de solicitud de este documento. A tales fines se debe ingresar a través del portal web: http://www.mpprijp.gob.ve/ donde se podrá efectuar el procedimiento de manera rápida y segura.

Sobre este tópico lean igualmente, la sentencia número 0097 del 21 de febrero de 2001 de la SCP.

Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a 10 años.

En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que CONCURRAN las circunstancias del artículo 236 del COPP, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

Debo destacar sobre este Parágrafo Primero, la sentencia del 14 de agosto de 2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño, Exp. N° 15-0774:

“… la Sala estima necesario precisar que la presunción de peligro de fuga contenida en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un presupuesto procesal conforme al cual los “hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”, genera una presunción de peligro de fuga del imputado. No obstante ello, debe aclararse que, tal circunstancia por sí sola no resulta suficiente para que el juez acuerde la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por el Ministerio Público, pues para ello es necesario “que concurran las circunstancias del artículo 236” del Código Orgánico Procesal Penal, de modo tal que el solo hecho que el delito imputado merezca pena privativa de libertad igual o mayor a 10 años, no implica per se que el juez deba acordar la medida privativa judicial preventiva de libertad. Por ello, la Sala hace un llamado a los jueces para que previo a acordar una medida de privación judicial preventiva de libertad u otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad ajusten su actuación a lo establecido en los artículos 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y al jurisprudencia de esta Sala (vid. Sentencia N° 492/08), los cuales deben aplicarse de forma armónica para el fiel cumplimiento de su finalidad que no es otra que la debida administración de justicia.”

Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado.

El Peligro de Obstaculización

El artículo 238 del COPP establece que para decidir acerca del peligro de obstaculización y averiguar la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:

1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción.

Lo que debe demostrarse son las fundadas dudas que ha tenido el Tribunal de que el imputado o acusado haya destruido, modificado, ocultado o falsificado elementos de convicción. En autos debe encontrarse acreditada tal situación, y que por lo demás, el imputado pueda tener acceso a las actividades de investigación desplegadas por los cuerpos  policiales designados por el Ministerio Público, y en ese sentido, es necesario señalar que debe configurarse este requisito para la procedencia de la medida privativa de libertad.

Veamos lo que ha dicho la Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 18 de junio del 2013, Ponente Dr. Paúl José Aponte Rueda, Exp. No. 2012-260:

 “…el primer elemento sobre el que debió pronunciarse el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, era si el hecho punible merecía pena privativa de libertad y la acción penal no se encontraba evidentemente prescrita.
No existiendo ninguna mención al respecto, en  el auto mediante el cual se ordena la aprehensión, lo cual constituye un error que no puede dejar pasar la Sala, porque al tratarse de requisitos concurrentes, al faltar uno de ellos, es indiferente que se produzcan los otros dos. No obstante, se pasa a verificar el estudio que efectuó el juzgador de control respecto de los demás requisitos.
            El segundo requisito concurrente que debió verificar el operador judicial se refiere a la existencia de fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.
            Y en el auto mediante el cual se ordena la aprehensión del ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVO LAVIERI, el juzgado omite explicar cuáles son los fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible, ya que su análisis se centra únicamente en el tercer requisito, como es la presunción razonable de peligro de fuga u obstaculización de la investigación.
            Destacándose que la privación preventiva de libertad no puede decretarse con la comprobación de una sola condición, sino que es necesario corroborar que las tres condiciones se han cumplido.
            Siendo necesario entonces, sin pretender efectuar la adminiculación probatoria típica de la fase de juicio, exponer algún elemento de convicción que sea suficiente para considerar la autoría o participación del imputado o imputada en la comisión de un hecho punible.
            Así, al no constar en el auto bajo análisis tal determinación, se incumplió el segundo requisito concurrente de procedencia de la medida de preventiva acordada por el juzgador de control.
            En tercer lugar, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal exige como requisito concurrente:
“una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”.
Sobre este requisito el tribunal de control indicó:
“Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman la presente causa, se observa que, hasta el día de hoy, el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIAVIO LAVIERI, ha mantenido una conducta contumaz pues se desprende de las actuaciones, que el mismo ha aplicado una serie de tácticas dilatorias, para no enfrentar el proceso penal que se prosigue en su contra, tan es así que el mismo ha nombrado y revocado en reiteradas oportunidades defensas, evidenciándose de tal forma que este ciudadano ha acreditado uno de los supuestos establecidos en el artículo 250 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal”. (Resaltado añadido).

            Advirtiéndose, en el párrafo anterior que a criterio del órgano jurisdiccional de control, el artículo 250 del texto adjetivo penal derogado versa sobre supuestos para la procedencia de la medida preventiva judicial de privación de libertad. Interpretación que contradice la letra expresa de la ley cuando en el artículo citado se establece que se trata de requisitos concurrentes:

“En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este articulo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida”. (Resaltado de la Sala).

Por esta razón el juzgador de instancia no estaba autorizado a dictar orden de aprehensión sin comprobar la concurrencia de los tres requisitos de ley, como en efecto lo hizo, actuación que es consecuencia de la errónea interpretación del artículo 255 del Código Orgánico Procesal Penal aplicable para entonces.”
Siendo así, que no hay ni siquiera una sospecha de vulneración en documentos, o de amenazas de testigos o de un real peligro de fuga. Esto lo señalo por la Sentencia Nº 3.389 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de agosto de 2010, Expediente Nº A09-065, de que nos menciona de acuerdo a los parámetros del artículo 237, o por qué existe el peligro de obstaculización en el proceso penal.  “…estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino por el contrario deben analizarse con los diversos elementos presentes en el proceso, que permitan juzgar si existe objetivamente una presunción de real de fuga o de obstaculización de la investigación y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, para el mantenimiento de la medida de coerción personal”, éste requisito concurrente exigido por el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, quedaría evidentemente desvirtuado."

Por otra parte, se hace necesario, la demostración del peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación, y si  en autos no se encuentra acreditada tal situación, no puede procederse a dictar tal medida privativa.

2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

La sentencia número 701 del 15 de diciembre de 2008 de la SCP, exp. A08-219, nos habla de un ciudadano que es investigado por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO SIMPLE. El ciudadano por su mala conducta ha tenido que "... ser trasladado a diversos internados judiciales y por los mismos motivos: hechos irregulares, actitud de líder negativo, incitación a huelgas, alteración del orden en la población penal. Conductas que resultan obvias por sí mismas y que unidas a las ocurrencias  relacionadas con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, ameritan la toma de medidas de prevención por parte de las autoridades, para proteger la culminación del proceso penal que se desarrolla y contrarrestar cualquier amenaza en el logro de tal fin."

Otra sentencia la número 295 del 29 de junio de 2006 de la SCP, Exp. 2006-0252, que un Juez para dictar una privativa, nos enseña:

"...estas circunstancias no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente, los diversos elementos presentes en el proceso, que indiquen un peligro real de fuga, y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal.

En el presente caso, sin prejuzgar sobre si los hechos constituyen o no el delito de apropiación indebida calificada, se observa que la pena que pudiera llegar a imponérsele al ciudadano Rafael Basilio Aníbal Valentino Maestri, por tal hecho punible no es grave; no sería igual o mayor a diez años, ni la magnitud del daño causado ha sido determinado y probado; y no consta en el expediente que el señalado ciudadano tenga antecedentes. Es por ello, que no concurren en la presente causa ninguna de las circunstancias exigidas en el artículo 251 del Código adjetivo con excepción del numeral 1, para así determinar una presunción razonable de peligro de fuga.

 Además de lo anteriormente señalado, el imputado desde un principio demostró su incuestionable intención de someterse a cualquier persecución que existiere en su contra. Por lo que, la falta de arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual y asiento de la familia, por si sólo no es suficiente para establecer el peligro de fuga del ciudadano Rafael Basilio Aníbal Valentino Maestri.             

Por todo esto, la Sala advierte, que el Juzgado Quincuagésimo Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al no tomar en cuenta estos elementos argumentados por la defensa, para desvirtuar las condiciones de procedencia alegadas por el Ministerio Público, para solicitar la medida privativa judicial preventiva de libertad establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal  Penal, incurrió en una flagrante violación del debido proceso, del derecho a la defensa y del derecho a ser juzgado en libertad en detrimento del imputado, además de inobservar el principio de la presunción de inocencia y el de proporcionalidad que reza: “… No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…”. Lo que perjudica ostensiblemente la imagen del Poder Judicial.

En virtud de lo antes expuesto, es forzoso para la Sala, en aras de una correcta administración y aplicación de justicia, declarar la nulidad del auto dictado el 30 de marzo de 2006, por el Juzgado Quincuagésimo Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que acordó la medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del ciudadano imputado Rafael Basilio Aníbal Valentino Maestri, de conformidad con los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal y por ello ordena que se dicte la correspondiente boleta de excarcelación y se someta al referido ciudadano a la medidas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 256  eiusdem: la presentación cada treinta (30) días al Tribunal que este conociendo de la causa; y la prohibición de salir del país sin la autorización correspondiente. Así se decide"

Se debe asegurarse y estar atentos si existe o no posibilidad alguna de que el imputado pueda tener acceso a testigos, o porque están identificados o éste se sabe de algún dato preciso de ubicación de los expertos, expertas y testigos. Por ello, esta el llamado expediente administrativo que celosamente guardan los Fiscales del Ministerio Público con los datos de ubicación de estas personas imprescindibles para el proceso penal. Si esto ocurriese estaría incumpliéndose además, con la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

Hay que tener en cuenta si hubo, hay o se tiene la sospecha de que habrá interferencia a las actividades de investigación desplegadas por los cuerpos policiales designados por el Ministerio Público para un acto concreto de investigación.

En fase preparatoria, lo normal es que se investigue el hecho punible. Se busca saber qué exactamente pasó, cómo, porqué, cuándo y dónde. Por esto, es clave lo que el imputado manifieste y cuando declara o informa parcialmente o miente, o dice algo absolutamente falso, esto es un punto a tener en cuenta para que el Juez le dicte en su contra la medida privativa cuya necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, debe ser explicada, como hemos comentado, ya que si lo hace con mala fe, a mi criterio, tanto el imputado como los testigos, víctimas, expertos, cuando informan maliciosa y falsamente, teniendo la obligación de concurrir al llamado judicial y declarar la verdad de cuánto supiere y le fuere preguntado, y mienten descaradamente, incurren en el falso testimonio contenido en el CAPÍTULO IV del TÍTULO IV, De los Delitos Contra la Administración de Justicia del Código Penal.

"Artículo 242. El que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial, afirme lo falso o niegue lo cierto o calle, total o parcialmente, lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado será castigado con prisión de quince días a quince meses.

Si el falso testimonio se ha dado contra algún indiciado por delito o en el curso de un juicio criminal, la prisión será de seis a treinta meses, y si concurren esas dos circunstancias, será de dieciocho meses a tres años.

Si el falso testimonio ha sido la causa de una sentencia condenatoria a pena de presidio, la prisión será de tres a cinco años.

Si el testimonio se hubiere dado sin juramento, la pena se reducirá de una sexta a una tercera parte.

Artículo 243. Estará exento de toda pena por el delito previsto en el artículo precedente:

1. El testigo que si hubiere dicho la verdad habría expuesto inevitablemente su propia persona, la de un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor a un peligro grave, tocante a la libertad o al honor.

2. El individuo que, habiendo manifestado ante la autoridad su nombre y circunstancias, no debió habérsele considerado como testigo o no se le advirtió la facultad que tenia de abstenerse de declarar.

Si el falso testimonio ha expuesto a alguna persona otra persona a procedimiento criminal o a una condena, la pena se reducirá solamente de la mitad a las dos terceras partes.

Artículo 244. Estará exento de toda pena con relación al delito previsto en el artículo 242 el que habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal, se retracte de su falso testimonio y deponga conforme a la verdad, antes de concluirse la averiguación sumaria por auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso por auto de sobreseimiento fundado en no haber meritos para cargos o antes de que se descubra la falsedad del testimonio.

Si la retractación se efectúa después o si se refiere a una falsa deposición en juicio civil, la pena se disminuirá de una tercera parte a la mitad, siempre que la retractación tenga lugar antes del fallo definitivo del asunto.

Si el solo falso testimonio ha sido causa de la detención de una persona o de algún otro grave perjuicio para la misma, únicamente se rebajará un tercio de la pena en el caso de la parte primera del presente artículo y un sexto, en el caso del primer aparte.

Artículo 245. Las disposiciones de los artículos precedentes serán también aplicables a los expertos e intérpretes, que llamados en calidad de tales ante la autoridad judicial, den informes, noticias o interpretaciones mentirosas, quienes serán además, castigados con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión o arte, por un tiempo igual al de la prisión, terminada esta.

Artículo 246. El que haya sobornado a un testigo, perito o intérprete, con el objeto de hacerle cometer el delito previsto en el artículo 242, será castigado, cuando el falso testimonio, peritaje o interpretación se hayan efectuado, con las penas siguientes:

1. En el caso de la parte primera del citado artículo, con prisión de cuarenta y cinco días a dieciocho meses.

2. En los casos previstos en el primer aparte de dicho artículo, con prisión de uno a tres años, o de dos a cuatro años, respectivamente, si concurren las dos circunstancias indicadas en el citado aparte.

3. En el caso del segundo aparte del mismo articulo, con prisión de cuatro a cinco años.

Si el falso testimonio, peritaje o interpretación han sido hechos sin juramento la pena se reducirá de una sexta a una tercera parte.

El que por medio de amenazas, regalos u ofrecimientos haya solamente tentado sobornar a un testigo, perito o intérprete, incurrirá en las penas establecidas en las disposiciones anteriores, pero limitadas a una tercera parte.

Todo lo que hubiere dado el sobornador será confiscado.

Artículo 247. Si el culpable del delito previsto en el artículo precedente es el enjuiciado mismo o sus parientes cercanos o siempre que no hubiere expuesto a otra persona a procedimientos penales o a una condena, las penas establecidas se rebajarán de la mitad a dos tercios.

Artículo 248. Cuando el falso testimonio, peritaje o interpretación, hubieren sido retractados, de la manera y en la oportunidad indicadas en el artículo 244, la pena en que incurre el culpado del delito previsto en el artículo 246, será disminuida en la proporción de una sexta a una tercera parte."

Por eso, hay que tener cuidado en las falsas afirmaciones y la sorpresa en su buena fe al funcionario.

Sobre el deber de concurrir y prestar declaración en nuestro COPP:

"Artículo 208. Todo habitante del país o persona que se halle en el tendrá el deber de concurrir a la citación practicada por un tribunal con el fin de que preste declaración testimonial, de declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación, y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración.
Se observarán los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, que establezcan excepciones a esta regla."

Sobre este artículo 208 del COPP ver las sentencias número 714 del 13 de diciembre de 2007 y la número 550 del 29 de octubre de 2009 de la SCP.

Algunos ejemplos que pudieran considerase dignos para decretar el peligro de obstaculización como parte de uno de los requisitos de una medida privativa:

  • Que el imputado no se presente cuando sea llamado a una entrevista a declarar y que conste en el expediente que fue debidamente y con suficiente antelación, notificado de su acto y no asistió varias veces y no se justificó de su inasistencia.
  • Otro podría ser la falsedad en la descripción que se haga de un retrato hablado, lo cual despista a los policías, detectives y demás funcionarios.
  • La negativa a colaborar en un levantamiento planimétrico para saber su versión o información del hecho en la escena del crimen.
  • O se preste el imputado a una táctica dilatoria o de evasión y de componenda con otras personas que perjudique el caso y obviamente esto se encuentre demostrado en autos tal planificación.

El Juez debe valorar la realización de estas conductas prohibidas por el legislador, lo cual debe ser grave y bien motivado en el texto de la medida, siendo lo recomendable es que el Juez o el Fiscal interrogue separadamente a cada imputado, para cualquier circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.