domingo, 19 de enero de 2020

Máximas de Jurisprudencias del TSJ. Sala de Casación Penal. Jueves, 28 de Noviembre de 2019

Nº de Expediente: C19-168 N° de Sentencia: 271. Tema: Recurso de Casación. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: Es preciso reiterar, lo que establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a los requisitos para la interposición del recurso de casación, los cuales obligan a quien recurre a fundamentar, por argumento separado, la forma en que se impugna la decisión y los motivos que lo hacen procedente:

"Advierte la Sala que las denuncias deben atacar la sentencia recurrida y no expresar el descontento del formalizante con el fallo dictado por el Juez de Primera Instancia sobre la valoración de los elementos probatorios practicados en la fase de juicio oral y público y cuya decisión le fue adversa.

Para mayor abundamiento, esta Sala ha establecido lo siguiente:

“(…) las Cortes de Apelaciones (…) no pueden apreciar ni valorar las pruebas debatidas en juicio, con la finalidad de acreditar hechos distintos a los fijados por el Tribunal de Juicio y pronunciarse sobre la absolución o condenatoria del acusado. Vale la oportunidad para reiterar que el recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por los juzgados de primera instancia (en este caso la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio oral) sino los cometidos por las Cortes de Apelaciones (…) las cuales sólo valoran pruebas cuando éstas se ofrezcan junto al recurso de apelación (…)” (Sentencia Nº 29, del 14 de febrero de 2013).

Es importante resaltar, que la labor de analizar, comparar y relacionar los elementos existentes en el expediente y valorar todas las pruebas conforme al sistema de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le corresponde a los Jueces de Primera Instancia, pues son ellos los que presencian y dirigen el debate oral y según los principios de inmediación y contradicción, es esa instancia la que determina los hechos en el proceso y no la Corte de Apelaciones, cuya función es constatar si el razonamiento utilizado por el Juzgador de Primera Instancia para emitir el fallo correspondiente, está ajustado a las reglas de valoración contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, visto que las denuncias planteadas por el recurrente, denota la ausencia de una exposición en la que se delimite con claridad lo que se pretende; hace dudar acerca de cuál es el acto que efectivamente se impugna: si la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en función de Juicio o la decisión de la Corte de Apelaciones, todo lo cual, en buena medida, desatiende lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, que indica que el recurso de casación sólo procede contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones que no ordenen la realización de un nuevo juicio oral o aquellas que confirmen o declaren la terminación del proceso."

N° de Expediente: C19-234 N° de Sentencia: 277. Tema: Recurso de Casación. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: Reformatio In Peius. El recurrente demuestra una falta de técnica recursiva por no haber especificado en qué consistió el vicio de inmotivación, la cual no es susceptible de ser suplida ni subsanada por esta Sala de Casación Penal, en virtud de que no le está dado “(…) interpretar las pretensiones de los accionantes, pues son ellos quienes deben fundamentar de manera precisa y clara los requerimientos que esperan sean resueltos:

"(...) esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 215, del 1° de julio de 2014, expresó lo siguiente:

“(…) el vicio de inmotivación no puede servir para que la Sala de Casación Penal admita cualquier planteamiento no fundado o referido de manera escueta, salvo que de la denuncia se lograse desprender el vicio que se pretende denunciar. Por ello, siempre que se denuncie la inmotivación, el recurrente deberá especificar en qué consistió el vicio (…)”.

En tal sentido, el recurrente para fundamentar su denuncia debió explanar de forma clara y razonada en qué consistió el presunto vicio de inmotivación delatado, especificando cuáles fueron los puntos objeto del recurso de apelación que no fueron resueltos motivadamente por el Tribunal Colegiado, y de qué manera dicho órgano jurisdiccional infringió los preceptos jurídicos invocados, manifestando su relevancia, tal como lo dispone el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en lugar de circunscribirse a desarrollar una serie de planteamientos referidos a presuntos vicios en la valoración del acervo probatorio por parte del juez de juicio que presuntamente no fueron analizados por la alzada, como a señalar propuestas de orden doctrinario relacionadas con la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, de acuerdo a la cual “no se pueden admitir como decisiones motivadas y razonadas aquellas que a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual (…) se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud, que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas”, lo que evidencia una notoria carencia argumentativa que la vicia de infundada."

N° de Expediente: A19-135 N° de Sentencia: 281. Tema: Avocamiento. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: Legitimación. Al no poseer, los apoderados judiciales de las victimas querellantes, la aptitud e idoneidad para solicitar avocamiento, por no estar expresamente facultados para ello por parte de sus mandatarios, lógicamente, y por derivar esta petición de aquella; tampoco se encuentran dichos abogados, en la condición jurídica idónea para desistir. Si no están legitimados para solicitar avocamiento, mucho menos para desistir de dicha solicitud:

"(...) el apoderado judicial de la víctima (con poder especial) tiene derecho a examinar las actas de investigación o de solicitar al Juez de Control que examine los fundamentos de la medida de reserva total o parcial de las actuaciones dispuesta por el Ministerio Público.

En consecuencia, para representar judicialmente a la víctima se requiere poder especial que podrá consignarse en el expediente o podrá constar en el expediente donde esté documentado el proceso cuyo avocamiento se solicita…”. (Negritas y subrayado de la Sala).

Se desprende de lo anterior, el poder especial que requiere la víctima en el proceso penal venezolano, para actuar judicialmente, fundamento con el cual debe determinarse la legitimidad o no de quien suscribe el escrito de solicitud relativo al caso bajo examen, lo cual se analiza de acuerdo con el criterio que pacífica y reiteradamente sostiene esta Sala de Casación Penal, entre otras, en su sentencia N° 40 del 10 de febrero de 2015; según el cual:

“…en el avocamiento que procede a solicitud de parte, tal como ocurre en el presente caso, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal…”.

(...) referirse de manera específica a los procesos judiciales sobre los cuales se pretende el avocamiento, carece de la naturaleza especial requerida por la legislación respectiva para la representación legal de la víctima en el proceso judicial penal venezolano. No es un poder especial (por no conferir facultades específicas). Por el contrario, evidentemente se observa que se trata de un poder general.

Por consiguiente, al no encontrarse los abogados solicitantes del avocamiento objeto del presente fallo, debidamente legitimados para actuar en los procesos legales a los cuales se refiere su petición; debe la Sala declarar inadmisible, como lo hará en la dispositiva del presente fallo; lo pedido ante esta Máxima Sede Judicial.

Al respecto, el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, contempla que:

“…cuando las partes gestionen en el proceso civil por medio de apoderados, éstos deben estar facultados con mandato o poder…”.
Al respecto, corresponde señalarse, la definición de legitimación procesal que el citado doctrinario Emilio Calvo Baca, expone en la obra a la cual se hizo referencia previa:

“…Es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión. También podría decirse que es la aptitud e idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro…”."

Máximas de Jurisprudencias del TSJ. Sala de Casación Penal. Viernes, 08 de Noviembre de 2019

N° de Expediente: C19-197 N° de Sentencia: 249. Tema: Tutela Judicial Efectiva. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: El derecho a un Juez imparcial, según reiterada doctrina constituye una garantía fundamental de la Administración de Justicia de un Estado de Derecho, a un proceso con todas las garantías, salvaguardando su neutralidad no sólo en los aspectos subjetivos sino también en los objetivos, referidos éstos a la vinculación que haya podido tener con la materia objeto del proceso, especial intensidad cuando la misma persona fue juzgador de instancia y órgano revisor de lo entonces resuelto:

"El Autor Moreno Brandt Carlos E., “El Proceso Penal Venezolano”, Editores Hermanos Vadell, Caracas-Venezuela, Año 2004, expresa lo siguiente:

“…Definimos entonces la inhibición como la obligación que tiene el Juez que conozca que por su especial vinculación con las personas o con los hechos del proceso existe en su persona alguna causa de recusación, a declararla sin aguardar a que se le recuse, cuya norma le impone igualmente el deber de hacerlo si son recusados y estiman procedente la causal invocada. Agregando que contra la inhibición no habrá recurso alguno. De acuerdo pues a la citada disposición, la inhibición puede ser clasificada en espontánea, cuando el juez motu propio, es decir, de manera voluntaria, se separa del conocimiento del caso por existir una causa de recusación en su contra, y provocada, cuando adopta tal conducta después de haber sido recusado…”. (Resaltado de la Sala).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el particular ha dejado asentado en sentencia N° 2917 de fecha 13 de diciembre de 2004, lo siguiente:

“… esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, es su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación. …”.

En sentencia más reciente N° 1175 de fecha 23 de noviembre de 2010, con carácter vinculante, estableció:

“… Es por todo ello que esta Sala, a los fines de evitar los posibles riesgos de subversión procesal y desconocimiento del principio de celeridad procesal y de transparencia, que deben guiar la función jurisdiccional, haciendo uso de sus amplios poderes como máximo intérprete de la Constitución; y a los fines de asegurar la integridad y efectiva vigencia de los derechos constitucionales que puedan estar en juego en futuras ocasiones, resuelve con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:

1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.

2.- Que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podría presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrearía la indebida dilación procesal por esta causa."

N° de Expediente: A19-208 N° de Sentencia: 253. Tema: Avocamiento. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: En nuestro proceso penal, a la víctima por extensión, se le ha reconocido condición de parte, en consecuencia, “...en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal…”, la tutela judicial efectiva de sus derechos resultaría artificiosa:

"la Sala advierte que el error cometido por los Jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, sobre las reglas o el procedimiento para el trámite de la institución de la Inhibición no puede entenderse como un “error material”, desnaturalizando la génesis procesal de dichas instituciones, ya que la figura del DESISTIMIENTO y su respectiva HOMOLOGACIÓN, no puede ser aplicada dentro de la competencia subjetiva (en el proceso penal), por cuanto una vez que el Juez inhibido ha manifestado que su capacidad se encuentra comprometida o se subsume en alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, este de manera voluntaria ha de desprenderse del expediente, a los fines de no ser recusado. Cosa distinta sería la recusación propiamente dicha. Lo correcto era seguir los trámites procesales, previstos y existentes, declarando Con Lugar o Sin Lugar la Inhibición planteada.

Del auto que decreta la homologación del desistimiento de las Inhibiciones, como parte final en su motivación se pudo constatar lo siguiente:


“… y siendo la inhibición un mecanismo de ejercicio voluntario por parte del Juez para desprenderse del conocimiento de una causa, tal ejercicio es susceptible también de desistimiento. …”"

N° de Expediente: A19-189 N° de Sentencia: 254. Tema: Avocamiento. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: Se considerará imputado o imputada a toda persona que se le indique como autor o partícipe de un hecho punible por cualquier acto procedimental de las autoridades encargadas de la persecución penal:

"el acto de imputación constituye una garantía única, indivisible e irrenunciable para las partes, que no puede ser relajado por estas bajo ningún pretexto y cuyo objeto, tal como se explicó precedentemente, es asegurarle el derecho a la defensa y el debido proceso consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por tanto, observa la Sala, que, ciertamente, en el proceso penal que se adelanta existe una evidente subversión del orden procesal, originada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta respecto a la admisión y posterior resolución del recurso de apelación ejercido por la ciudadana Prisca Omaira Velásquez de Yantil, pues dio trámite a un medio recursivo sin verificar la condición procesal de la recurrente, incurriendo en una violación flagrante al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia asentada por este Máximo Tribunal, en la cual quedó establecida la obligatoriedad de la comparecencia del imputado en determinados actos del proceso, tal como ocurre en la interposición de los medios recursivos, los cuales podrán ser ejercidos solo por quienes cumplan con los requisitos legalmente establecidos.

se evidencia que la referida Corte de Apelaciones vulneró la exigencia de motivación en cuanto al requisito de la congruencia que debe tener todo fallo, siendo que, por una parte, admitió el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Prisca Omaira Velásquez de Yantil, asistida del abogado Alfredo Guzmán, al considerar que “poseen legitimación para recurrir en Alzada”, y por ende, le otorga a la investigada la condición de imputada en el proceso penal y, más adelante, al conocer del fondo del aludido medio de impugnación, afirma que existen violaciones constitucionales con respecto a la prenombrada, por cuanto no se le ha realizado “formalmente acto de imputación”, emitiendo así una resolución manifiestamente irrazonable por contradictoria.

En razón de lo anterior, esta Sala de Casación Penal ante la violación de las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso consagradas en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le resulta imperioso avocarse de oficio al conocimiento de la causa bajo estudio, con el propósito de resguardar la finalidad del proceso penal y la seguridad de todas las partes involucradas en el mismo de acuerdo a lo consagrado en el ya mencionado artículo 26 y en el artículo 257 del texto constitucional, y, en consecuencia, declarar procedente el avocamiento. Así se declara."

N° de Expediente: CC19-214 N° de Sentencia: 255. Tema: Amparo constitucional. Materia: Derecho Procesal Penal. Asunto: Jurisdicción Constitucional. El ejercicio de una acción de amparo constitucional en la modalidad de “habeas corpus”, debe atenderse lo señalado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:

"es indudable que el presente asunto se contrae al ejercicio de una acción de amparo constitucional en la modalidad de “habeas corpus”, razón por la cual debe atenderse lo señalado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuya letra es del tenor siguiente:

“Artículo 12.- Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo. Los trámites serán breves y sin incidencias procesales”.

En este sentido, ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, respecto a su competencia para decidir los conflictos de competencia que se susciten en materia de amparo constitucional.

Así, en sentencia N° 1593, del 13 de agosto de 2004, dejó establecido que:

“(…) tratándose el presente caso de un asunto de orden constitucional y ante la ausencia de un tribunal superior común a ambos juzgados, y en atención a lo dispuesto en el artículo 266, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo establecido en el artículo 5, numeral 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala dilucidar la situación planteada (…)”.

De igual manera, en sentencia N° 1215, del 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente:

“(…) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 266, cardinal 1, y último aparte, atribuyó a esta Sala la potestad de ‘(…) Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución (…)’; jurisdicción que comprende lo concerniente al amparo constitucional. Así, de conformidad con lo que disponen estas normas, a esta Sala Constitucional le corresponde conocer de los conflictos negativos de competencia en materia de amparo constitucional, en los casos en que, como en el presente, se ha ejercido la demanda correspondiente en forma autónoma y no existe un tribunal superior común a aquéllos que hubiesen declarado su incompetencia (…)”.

También, en sentencia número 208, del 1° de abril de 2013, ratificada en el fallo número 417, del 2 de junio de 2017, expresó lo siguiente:

“(…) Así pues, de las disposiciones transcritas se desprende que si el juez o tribunal que ha de suplir a otro que se hubiese declarado incompetente, se considerase también incompetente, deberá plantear, de oficio, conflicto negativo de competencia; y ante la inexistencia de un Tribunal Superior común a ambos jueces, la decisión corresponderá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser la afín en materia de amparo constitucional.

En el caso de autos, el conflicto de competencia se presentó entre los Tribunales Primero y Cuarto de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal y el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, sin que exista un tribunal superior común a ambos, motivo por el cual corresponde a esta Sala Constitucional dirimir el presente conflicto (…).”

Atendiendo lo precedentemente expuesto, es innegable que a esta Sala de Casación Penal no le corresponde conocer el conflicto negativo de competencia surgido en el presente caso, por cuanto dicho conocimiento le compete a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, por tratarse del ejercicio de una acción de amparo constitucional, y ser dicha Sala el superior común a ambos tribunales."

miércoles, 4 de diciembre de 2019

Extracto de Sentencia sobre nombramiento, aceptación y juramentación de defensor (24 horas)

sentencia N° 257 del 8 de noviembre de 2019 de la Sala de Casación Penal, N° EXPEDIENTE: C18-170. Magistrada ponente YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ:

"De lo anteriormente trascrito, y de las actas que conforman el expediente, la Sala pudo observar, que el abogado Jorge Eliécer Escalante Rodríguez ha actuado en la presente causa, desde el mismo momento en que se inició el  juicio oral y público, como defensor privado del ciudadano ALFREDO DE JESÚS DÍAZ PINEDA, sin embargo, dicha cualidad no se demuestra en los autos, por cuanto no cursa inserta en los mismos, el acta respectiva. Esto es, aquella en la cual conste tanto la designación como el juramento del referido abogado, para cumplir dicho cargo, conforme con lo dispuesto en el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:

“…El nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad.

Una vez designado por el imputado o imputada, por cualquier medio, el defensor o defensora deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez o Jueza, haciéndose constar en acta. En esta oportunidad, el defensor o defensora deberá señalar su domicilio o residencia. El Juez o Jueza deberá tomar el juramento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud del defensor designado o defensora designada por el imputado o imputada…”.

Dicha situación tampoco fue advertida por la mencionada Corte de Apelaciones, cuando admitió el recurso de apelación incoado por el referido abogado, violentando de esta manera el artículo 428, literal a del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone lo siguiente:

“…Causales de Inadmisibilidad

Artículo 428. La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:

a.      Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo…”. (Negrillas de la Sala).

Al respecto, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, ha sostenido:

“(...) Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.

Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable para alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Y como función pública de defensa inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como parte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República…”.  (Sent. SC No. 482/2003 del 11 de marzo, caso: Rony Alfredo Zabala Barcía).

De manera que, no es la designación o nombramiento de defensor, sino la juramentación de éste, la formalidad esencial a la que está obligado el Juzgado a proveer con la prontitud que el caso requiera, tal como lo dispone el artículo 141 del citado Código Orgánico Procesal Penal, en salvaguarda del derecho a la defensa, por lo que la juramentación del abogado defensor, es una solemnidad que no puede ser omitida por el juez, toda vez que la falta de juramento previo le impide a este ejercer la función pública de la defensa del procesado.

Igualmente se ha sostenido en jurisprudencia constante, establecida por las diferentes Salas de este Máximo Tribunal de la República, que para ejercer las funciones inherentes a la Defensa -por ser esta institución de orden público- se requiere la juramentación correspondiente. En dicho sentido, lógicamente se concluye en el presente caso, que por no haber cumplido el defensor privado designado por el acusado, la plenitud del ejercicio de su investidura, por haber omitido un requisito esencial, no existe la formalización necesaria para el ejercicio de dicho cargo.

Desde tiempos pretéritos se  reconocía y reforzaba la importancia del cumplimiento de la formalidad del juramento al sostener:

“… la falta de juramento de los defensores nombrados por el procesado, les impide a éstos ejercer la representación del reo como defensores suyos, dado que el ejercicio de la defensa es función pública que requiere para su ejercicio el juramento previo…” (GF. N° 8, Segunda Etapa, vol. III, p. 154, año 1955).

“Por cuanto no consta en el expediente (...) que el Defensor hubiera prestado juramento de Ley, solemnidad esencial cuyo cumplimiento es indispensable -según lo ha sentado este Supremo Tribunal en jurisprudencia constante- para ejercer las funciones inherentes a la Defensa, por ser esta institución de orden público, lógicamente se concluye que no habiendo aquél logrado la plenitud de su investidura , por haber omitido un requisito esencial, no existe la formalización (...)” (GF., N°4, Segunda Etapa, p. 799, año 1954).

Por otra parte, en cuanto a las decisiones judiciales, se ha establecido pacífica y reiteradamente, que la mismas serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos, como lo dispone el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal;  pudiendo recurrir en contra de ellas, las partes a quienes la ley haya reconocido ese derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 424 eiusdem.

Ahora bien, como quedó anotado, en el presente caso, el referido Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función de Juicio, inició el debate oral y público sin haber subsanado la omisión de los requisitos esenciales de nombramiento, aceptación y juramento del abogado defensor, omisión que se traduce en una inminente infracción del debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, esta Sala de Casación Penal debe llamar la atención a la Jueza Cuarta de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, quien en salvaguarda de los derechos y garantías del acusado, debió cumplir con lo establecido en el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal, con anterioridad al inicio del debate en el juicio oral y público realizado en el presente proceso, en razón de lo cual se le insta para que no incurra de nuevo en actuaciones como las descritas. En este mismo sentido, se exhorta a los jueces que conforman la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal al cual se viene haciendo referencia, para que en futuras oportunidades cabalmente cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la defensa de todos y cada uno de los imputados de cuyos asuntos deban conocer; lo cual supone la revisión perfecta de la cualidad de quienes recurren ante dicha alzada.

Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en consonancia con el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que la Juez Cuarta de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, incurrió en un vicio de orden constitucional y legal, por lo que, en consecuencia, resulta forzoso decretar la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en el proceso seguido contra el ciudadano ALFREDO DE JESÚS DÍAZ PINEDA, a partir del 29 de julio de 2015, oportunidad en la cual se dio inicio al debate oral y público donde estuvo presente el abogado Jorge Eliécer Escalante Rodríguez, con la consecuente nulidad de todas las actuaciones subsiguientes a dicha oportunidad.

En consecuencia, se repone la causa al estado en que un Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, al cual le corresponda conocer por vía de distribución, celebre un nuevo juicio oral y público, prescindiendo de los vicios advertidos en el presente fallo, para lo cual deberá notificar previamente a las partes y al acusado de autos para que realice el nombramiento respectivo de su defensor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, y por consiguiente notificar al profesional del Derecho designado, para que manifieste su aceptación al cargo y preste el juramento de ley, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 141 eiusdem. Así se decide.

Se mantiene vigente la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada el 23 de noviembre de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, contra el prenombrado ciudadano. Así se declara.

La Sala encuentra procedente, señalar que en virtud de que el recurso de casación fue propuesto por el abogado Jorge Eliécer Escalante Rodríguez, quien como quedó anotado, no logró la plenitud de su investidura para ejercer la defensa privada, por haber omitido requisitos esenciales, como lo son el nombramiento, aceptación y el juramento, lógicamente se tiene como no presentado el referido recurso. Así se decide."

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/noviembre/308055-257-81119-2019-C18-170.HTML

viernes, 15 de noviembre de 2019

Algunas Sentencias que nos mencionan distintos tópicos sobre la Difamación e Injuria .

Sentencia nº 476 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Noviembre de 2016

Sentencia nº RC.000842 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Noviembre de 2016

Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

Sentencia nº 250 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 31 de Marzo de 2016

Sentencia nº 566 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Mayo de 2012

Sentencia nº 1007 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Julio de 2015

Sentencia nº 1942 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2003

Sentencia nº 00553 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 20 de Mayo de 2015

Sentencia nº 1757 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2007

Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015

Sentencia nº 229 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Abril de 2015

Sentencia nº 761 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Junio de 2014

Sentencias Nros. 436/12 y Nº 796/07 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional

Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Abril de 2015

Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 31 de Octubre de 2014

Sentencia nº 208 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2010

Sentencia nº 1832 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Agosto de 2002

Sentencia nº RC.00108 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 23 de Marzo de 2011

Sentencia nº 1 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Marzo de 2009

Sentencia nº 157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Abril de 2007

Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Febrero de 2008

Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Junio de 2011

Sentencia nº 1482 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Agosto de 2011

Sentencia nº 061 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Febrero de 2011

Sentencia nº 208 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2010

Sentencia nº 1832 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Agosto de 2002

Sentencia nº RC.00108 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 23 de Marzo de 2011

Sentencia nº 1 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Marzo de 2009.

Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Febrero de 2008

Sentencia nº 432 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Agosto de 2008.

Sentencia nº 222 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Marzo de 2012

Sentencia nº 375 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2009

La sentencia No 1942/2003 de 15 de julio y la libertad de expresión en Venezuela

Sentencia nº 668 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Noviembre de 2007

Sentencia nº 466 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Abril de 2011

Sentencia nº AVOC.01106 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 20 de Diciembre de 2006

Sentencia nº 148 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Abril de 2007

Sentencia nº RC.00599 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 15 de Julio de 2004

Sentencia nº 1295 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Junio de 2002

Sentencia nº 1548 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Agosto de 2004

Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 26 de Febrero de 2008

Sentencia nº 1780 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2002

Sentencia nº 143 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 29 de Octubre de 2008

Sentencia nº RC.00097 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Febrero de 2008

Sentencia nº 392 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Noviembre de 2004

Sentencia nº 2474 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2005

Sala de Casación Penal en sentencia" Nº 806 del 05 de mayo de 2004

Sentencia nº 376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2003

Sentencia nº 54 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Febrero de 2007

Sentencia nº 2539 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Septiembre de 2003

Sentencia nº 01684 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2011

Sentencia nº 173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2009

Sentencia nº 314 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Marzo de 2009

Sentencia nº 2501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 2 de Septiembre de 2003

Sentencia nº 2664 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Octubre de 2003

Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Marzo de 2004

Sentencia nº 349 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Octubre de 2004

Sentencia nº 1794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Julio de 2005

Sentencia nº 1287 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Junio de 2006

Sentencia nº 208 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Mayo de 2006

Sentencia nº 00802 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 4 de Agosto de 2010

Sentencia nº 1331 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Julio de 2006

Sentencia nº 221 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Febrero de 2006

Sentencia nº 1339 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Junio de 2002

Sentencia nº 509 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Noviembre de 2002

Sentencia nº 1602 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2000

Sentencia nº 494 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Abril de 2000

Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2003

Sentencia nº 0232 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Marzo de 2001

Sentencia nº 5 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 7 de Marzo de 2006

Sentencia nº 2032 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Julio de 2005

Sentencia nº 1341 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2003

Sentencia nº 1601 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2000

Sentencia nº 0470 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Junio de 2001

Sentencia nº 375 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Julio de 2002

Sentencia nº 1083 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Junio de 2001

Sentencia nº 108 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Marzo de 2000

Sentencia nº 1323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 3 de Agosto de 2001

Sentencia nº 220 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Abril de 2000

Sentencia nº 581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2002

Sentencia nº 0669 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Agosto de 2001

Sentencia nº 50 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 19 de Mayo de 2000

Sentencia nº 45 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 17 de Mayo de 2000

NORMAS SOBRE INMUNIDAD DE ABOGADOS

Principales Tratados Internacionales:

Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. 

27. Cada Estado debe prever un marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos. La administración de justicia, en particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento así como un poder judicial y una abogacía independientes, en plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, son de importancia decisiva para la cabal realización de los derechos humanos sin discriminación alguna y resultan indispensables en los procesos de democratización y desarrollo sostenible. En este contexto, las instituciones que se ocupan de la administración de justicia deben estar adecuadamente financiadas, y la comunidad internacional debe prever un nivel más elevado de asistencia técnica y financiera. Incumbe a las Naciones Unidas establecer con carácter prioritario programas especiales de servicios de asesoramiento para lograr así una administración de justicia fuerte e independiente.