viernes, 8 de abril de 2016

Expropiaciones Vs Soberanía Alimentaria



04/03/2016 6:19 AM Opinión
por Carmine Romaniello

Desde los anales de loa tiempos, la agricultura y la cría han sido las artes que han movido fuertemente la economía de los pueblos; el correcto uso de la tierra y su titularidad, transmisible por vía hereditaria, ha contribuido al desarrollo de la sociedad; el trabajo de los hombres, la dotación de equipos, maquinarias, materia prima y la responsabilidad del Estado, juega un papel primordial y básico, para los créditos agropecuarios, el permanente stock de insumos y fármacos, la seguridad jurídica; en síntesis, la confianza a todos los que hacen vida en el campo, es vital para la república.
El gobierno ha violentado el espíritu, propósito y razón del constituyente, quién a través de la carta magna del 99, quiso darle al pueblo venezolano, todas las herramientas tendentes a que Venezuela fuera una nación grande, pujante, donde todos los actores quisieran cooperar con el Estado para lograr su engrandecimiento, a través del medio agrícola y pecuario, pero lamentablemente no ha sido esto, lo que en la actualidad ha ocurrido.
El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda “Ley Habilitante”, el Presidente de la República, aprobó por Decreto, 49 leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre.
En ese paquete de medidas, se incluyó la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola”, que con la excusa de pretender poner fin a la concentración de la propiedad territorial, fue concebida, de una manera muy particular y personal, del relator, donde según él, prevaleció el concepto de que el 10% de los propietarios son dueños del 70% de la tierra cultivable. La consecuencia inmediata, fue que Venezuela, tuviera que importar alimentos, descuidándose y abandonando el campo productivo; así como trabajadores, y todas las infraestructuras existentes, y al deterioro de un 60% con la Ley, se incrementó mucho más. Lo producido nos permitía, que los venezolanos nos alimentáramos, sin escases, de ninguno de los rubros que se generaban en el país, sin recurrir a las importaciones, ya que no existían exportaciones. El Instituto Nacional de Tierras, dirigió un oficio a la Dirección General de Registros y Notarías “SAREN”, en la cual se instó al Director que informase a los Notarios y Registradores, de la prohibición de autenticar y protocolizar, documentos de compra-venta de fincas, haciendas. Siendo está una manifiesta violación al artículo 115 de la Constitución. Supuestamente las ventas solamente se pueden autenticar y protocolizar con la autorización expresa del INTI, la cual no otorga. La Ley de Tierras, generó una reforma agraria al estilo Napoleón Bonaparte o Lázaro Cárdenas, que dejó intangible la propiedad privada de la tierra, pero pretendió, según dice la propia norma, “distribuir la riqueza, eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo”. La banca advirtió en su momento que la amenaza de expropiación iba a provocar, que pocos productores quisieran atarse a un nuevo crédito, y dado que, según esta norma, los fundos dejan de ser garantía para las instituciones bancarias, se creó una incertidumbre en la cartera crediticia, imposibilitando el otorgamiento de nuevos créditos, por no contarse con un respaldo concreto.
La errada promulgación de la Ley de Tierras, no mantuvo en su espíritu, la constitucionalidad requerida, incurriendo así en violación de normas y su falta de aplicación, dejando, en un estado de abandono y a su mera suerte, a los cultivadores, creando un verdadero limbo jurídico a su alrededor, que se ha extendido hasta nuestros días, lo que se ha traducido en el desabastecimiento, campos improductivos, falta de insumos, fertilizantes, seguridad jurídica, seguridad personal, agroquímicos, maquinarias, equipos y repuestos, y por supuesto falta de personal capacitado que tanto costó formar, pero desafortunadamente, tomaron otros caminos, y hoy por hoy se han trasladado con sus familias a países vecinos. La intención gubernamental ha conspirado, en estos últimos 17 años, creando el grave problema que en los actuales momentos sufrimos todos los venezolanos y la golpeada economía, y a la falta de cumplimiento de la agro soberanía alimentaria, tantas veces decretada, pero solo fue letra muerta, ya que las expropiaciones de importantes fundos, haciendas y fincas, traducidas en más de 50 mil hectáreas; continuaron  a lo largo de estos nefastos 17 años; hay que añadir que entre otras cosas muchos fundos, fueron permanentemente amenazados por el INTI, a través de sus oficinas regionales; generando así, que los propietarios, por temor y otras razones, abandonaran parcialmente esa actividad productiva y necesaria para la soberanía alimentaria, tan importante en Venezuela.
Y en que me baso, para afirmar que existe, fuerte contradicción entre la Ley de Tierras y la Constitución del 99, en los contenidos de los
Artículo 115. “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. No se respetó el derecho intrínseco de la propiedad, al producirse las expropiaciones, sin que en ningún caso, fuese comprobada la causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.
De igual modo, el artículo 305 expresa que: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento”.
En ningún caso se promovió el autoabastecimiento, ya que con expropiaciones no se garantiza el alimento, para la población no vale asunto ideológico alguno, lo importante son las inversiones en Venezuela, a través de sus empresas, sus campesinos, agricultores, productores y técnicos, los cuales cuentan con una alta calificación y conocimiento dado por su experiencia, a lo largo de los años, por su trabajo en las zonas agrícolas y pecuarias, que los han convertido en verdaderos profesionales de la materia, además por el arraigo a su terruño, a su municipio, a su región y en fin a su país, este gran país que se llama Venezuela; todos estamos dispuestos a aportar cuanto tenemos, para sacarlo adelante, hacerlo renacer como sus empresas, sus campos, sembrar en sus hombres y mujeres seguridad, garantía, confianza y título de propiedad de la tierra, para empeñarla, para hipotecarla y en fin para tener libre disposición de ella y transferirla por herencia.
Artículo 308: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.
Consideramos como abogados, cual somos, con muchos años de experiencia, cerca de cuatro décadas, que realmente, la violación del espíritu, propósito y razón del legislador, en cuanto a los artículos relativos a la propiedad, las expropiaciones y desarrollo rural, al cual está comprometida la República; constituye un incumplimiento de carácter general, grave, que afecta directamente los derechos humanos del pueblo de Venezuela, en su contexto constitucional normado además en el artículo 55 y 2 de la Carta Magna.
Y es que la mal llamada revolución, no ha logrado avanzar hacia la anhelada “soberanía alimentaria”, utilizada como argumento para justificar las expropiaciones de tierras agrícolas y pecuarias y de plantas procesadoras de alimentos, sin haber entendido que las expropiaciones han sido sus reales y efectivos enemigos, a lo largo de estos 17 años, así como lo ha sido la discriminación, entre los venezolanos que le han ocasionado el desabastecimiento a nivel nacional. Venezuela aún importa alrededor del 70% de lo que comemos: carne, leche, cereales, frutas, huevos, hasta animales vivos. El caso del café es emblemático. “Actualmente, el 70% de la producción de café está en manos del Gobierno”. “Hace ocho años Venezuela exportaba café; ahora lo importa”.
Respecto a la producción agroalimentaria, en lo que se refiere a la agrícola vegetal, los resultados de la evaluación del VII Censo Agrícola Nacional fueron un llamado de alerta al Ejecutivo nacional, los cuales no fueron analizados, ni oídos, por sus personeros, ni tomados los correctivos para garantizar a futuro que Venezuela dejara de ser una economía de puertos en el área de alimentos.
El precario crecimiento agrícola y pecuario va en dirección contraria a la agricultura sustentable, como consecuencia de las expropiaciones, los grupos de cultivos como frutas, leguminosas, oleaginosas y hortalizas disminuyen su superficie considerablemente, los cultivos tropicales y las raíces y tubérculos apenas mantienen su superficie y decrecen por persona, la mayoría de los cultivos tropicales tradicionales decrecen en superficie sembrada y producción; exceptuando el frijol, que incrementó la producción en 15%, el resto de los 13 rubros han disminuido la producción  y la superficie sembrada, los cereales explican todo el precario crecimiento agrícola con un aumento de 474 mil hectáreas.
En Relación a la producción animal, es evidente de las estadísticas que poseemos como productores agropecuarios, que el crecimiento en este sector ha tomado la dirección contraria al desarrollo endógeno, ya que en bovinos, ganado mayor y más importante para la alimentación diaria carne y leche, el rebaño disminuyó considerablemente, debido a la falta de repuestos, maquinarias, equipos, e insumos, así como de padrotes y vientres. La producción de semovientes, en sus distintos componentes, tampoco ha evolucionado, en los estados ganaderos tradicionales.
Del mismo modo afecta a la soberanía alimentaria los casos relacionados con el abigeato, los secuestros, robos a fincas y los procesos penales que tratan estos casos, que son muchos.
En Venezuela existen 25 entidades federales, de las cuales 16, viven expresamente de la agricultura y la cría, por cuanto en Venezuela, ha habido una enorme disminución  de los rebaños, al punto que en el último censo sanitario del año 2015, solamente se registraron 11.500.000 cabezas de ganado y considerando que por cada poblador debe criarse una res, es evidente que el número del rebaño nacional, debería alcanzar los 30 millones, cosa hasta ahora imposible de lograrse, gracias a la pésima ley de tierras y sus ejecutores.
Propongo una nueva “ley de Tierras” de la manera más inmediata.

http://www.visionglobal.info/expropiaciones-vs-soberania-alimentaria/ 

“Juez del caso de ’narcoavioneta’ actúa bajo presión”


Karina Peraza Rodríguez Fotos: Daniel Arrieta | abril 7, 2016

“Una decisión apresurada. Muy presionada, quizás por otros órganos del Poder Ciudadano. Sin embargo no está debidamente motivada y fundamentada. El Ministerio Público al momento de imputar estaba obligado de realizar una prueba de orientación que indicara que estaba en presencia de un tipo penal de droga. Es el único caso que he visto donde se da una privativa de libertad por droga sin presencia de la misma y sin experticia”, indica Leonardo Pereira, abogado defensor de uno de los castrenses detenidos por el caso de la “narcoavioneta”, apresada en República Dominicana y que partió desde Barquisimeto.

“Este procedimiento se inició mal”, señala el abogado al indicar que el Ministerio Público es el primero que debe presentar las pruebas y es el primero que violenta principios y garantías de los once detenidos.

Pereira indica que logró hablar con varios de los detenidos y supo que han sido constreñidos por sus superiores. Le confirmaron que fueron golpeados y dicha situación la sabe la juez que lleva el caso, dijo.

Apareció el expediente

“La juez está trabajando de una manera coordinada, yo creo que presionada”, asegura Pereira. Indica que no le habían querido dar el expediente y fue este miércoles cuando lo obtuvieron, pudiendo revisar una de las pruebas: el cruce de llamadas en las que se evidencia el contacto del supuesto empresario sólo con tres de los detenidos, que serían el efectivo del Cicpc, uno de los castrenses, el taxista; además de un trabajador de Conviasa que no aparece reflejado en los expedientes. Esta situación, señala, demuestra la inocencia de algunos de los detenidos.

Pereira manifiesta que existe un misterio. Incluso no querían recibir el recurso de apelación de auto, el cual fue introducido por la defensa técnica del sargento superior Franklin Pérez Peña, en contra de la medida de privativa de libertad dictada por la Juez de Control 3 al castrense, porque según los defensores no hay evidencia alguna, existe presión de las esferas políticas, quieren que los más humildes, los que no tienen bienes ni fortunas queden allí privados.

Prueba anticipada sin aviso

Otra de las irregularidades que señalan los abogados defensores es que se llevó a cabo una prueba anticipada con un testigo que tiene el Ministerio Público y se nombró a un defensor público, cuando cada uno de los detenidos tiene abogados privados. Ninguno supo al respecto.

En esa comparecencia el testigo manifestó que la madrugada del 24 de marzo observó la presencia de una camioneta pick up que llegó desde el Aeropuerto hacia las rampas del Aeroclub, donde están aquellas aeronaves que no poseen hangares. Pensó que se trataba de funcionarios que hacen recorrido nocturno, pero notó que el vehículo, el cual tenía las luces apagadas, se detuvo a un lado de la aeronave, observó movimiento, notó la presencia al menos de tres personas; asegura no haber visto funcionarios de la Guardia Nacional y luego de cierto tiempo se fueron. Comenta que la avioneta a la cual la camioneta se acercó fue la misma retenido en República Dominicana.

Por otra parte los abogados continuarán en lo propio, solicitando algunas diligencias por parte del Ministerio Público.

http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/juez-del-caso-de-narcoavioneta-actua-bajo-presion