viernes, 13 de septiembre de 2019

Sentencia sobre extradición. País: Colombia.

Sentencia No. 188 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal del 12 de agosto de 2019, El Magistrado Ponente Dr. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, Ponente, Exp. AA30-P-2019-0000159:

"Determinada la competencia, pasa esta Sala de Casación Penal a decidir la procedencia de la extradición pasiva y, en tal sentido, observa:

a) Prescripciones de Derecho Internacional:

Entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición; sin embargo, las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo sobre Extradición, firmado en Caracas el 18 de julio de 1911, aprobado por el Poder Legislativo Nacional el 18 de junio de 1912, y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de diciembre de 1914, el cual sobre la materia en particular, dispone lo siguiente:

“(…) Artículo 1°. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Artículo 4°. No se acordará la extradición de ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro, será juzgada ni castigada por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su extradición.

Tampoco se acordará la extradición si la persona contra quien obra la demanda, prueba que ésta se ha hecho con el propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

No se considerará delito político ni hecho conexo con semejante, el delito atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un Jefe de Estado.

Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso está comprendido en lo previsto en este artículo, será definitiva la decisión de las autoridades del Estado al cual se haga la demanda o que haya concedido la extradición.

Artículo 5°. Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se impute a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto (…)

Artículo 6°. La solicitud de extradición deberá hacerse precisamente por la vía diplomática (…)

Artículo 8°. La solicitud de extradición deberá estar acompañada de la sentencia condenatoria si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el Tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que la motivaren y de la fecha de su perpetración, así como de las declaraciones y otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado auto, caso de que el fugitivo sólo estuviese procesado.

Estos documentos se presentarán originales o en copia debidamente autenticada y a ellos se agregará una copia del texto de la Ley aplicable al caso, y, en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada.

Artículo 9°. Se efectuará de detención provisional del prófugo, si se produce por la vía diplomática un mandato de detención mandato por el Tribunal competente. Igualmente se verificará la detención provisional, si media un aviso transmitido aún por telégrafo por la vía diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores el Estado requerido de que existe un mandato de detención. En caso de urgencia, principalmente cuando se tema la fuga del reo, la detención provisional solicitada directamente por un funcionario judicial, puede ser acordada por la autoridad de policía o por un Juez de Instrucción del lugar en donde se encuentra el prófugo.

Cesará la detención provisional, si dentro del término de la distancias no se hace en forma la solicitud de extradición conforme a lo estipulado en el artículo 8° (…)”.

Asimismo, ambos países, respecto al artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición, firmaron Convenio por cambio de notas para la interpretación del citado artículo, en el cual, el 6 de septiembre de 1928, el, para ese entonces, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, indicó:

“(…) Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno acepta que se establezca definitivamente la interpretación de ‘que la extradición debe solicitarse en el término de noventa días, dejando a salvo el caso fortuito o de fuerza mayor’ (…)”.

Por su parte, el 21 de septiembre de 1928, el Ministro Plenipotenciario de la República de Colombia, precisó:

“(…) Tengo el honor de avisar a V.E. el recibo de su atenta nota de 6 del mes en curso, número 66, en la cual se sirve manifestar a este Departamento que el Gobierno de Colombia ‘acepta que se establezca definitivamente la interpretación de que la extradición debe solicitarse en el término de noventa días, dejando a salvo el caso fortuito o de fuerza mayor’.

Queda, pues, definitivamente establecida, por parte de los Gobiernos de Venezuela y de Colombia, la interpretación del segundo aparte del Artículo 9° del Acuerdo Bolivariana sobre Extradición, en la forma expuesta por V.E. en la citada nota (…)”.

b) De las normas internas aplicables:

En nuestro país, la extradición pasiva encuentra su fundamento legal en los artículos 386, 387 y 388, del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales en su letra establecen lo siguiente:

“Artículo 386:

Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

Artículo 387:

Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.

Artículo 388:

Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación (…)”.

De igual modo, dicho procedimiento de extradición pasiva tiene sustento jurisprudencial en la sentencia N° 113, dictada por esta Sala de Casación Penal el 13 de abril de 2012, en la cual dejó establecido lo siguiente:

“(…) De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria (…)

En el primer supuesto, de solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el gobierno extranjero, con fundamento en una orden de detención (proveniente de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria) librada por los órganos judiciales de su país, puede solicitar a cualquier país (de manera genérica, normalmente a través de Alertas o Notificaciones Rojas Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país determinado (si se tiene conocimiento que la persona requerida pudiera encontrarse en su territorio), que se ubique y se practique la detención de la persona requerida, comprometiéndose a consignar posteriormente (en el supuesto de que la persona requerida sea ubicada) la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.

En este supuesto, los órganos policiales de nuestro país, una vez ubicada y aprehendida la persona solicitada, deben notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien presentará a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la detención (al que corresponda conocer previo proceso de distribución), dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención (…)

El Juzgado en Función de Control designado, celebrará una Audiencia (básicamente con la presencia del Fiscal del Ministerio Público asignado, la persona aprehendida y su Defensor), únicamente a los fines de informar a la persona aprehendida de los motivos de su detención, imponerla de los derechos que le asisten y ordenar la remisión de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, que es el órgano jurisdiccional competente para decidir en el procedimiento de extradición (…) Una vez celebrada la audiencia, el referido Juzgado de Control deberá ejecutar la orden de remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de dictada.

Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos (…) por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.

En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación (…)

La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal (…)” [Resaltado de este fallo].

Del análisis de las disposiciones legales precedentemente transcritas como de la jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, se advierte que el trámite del procedimiento de extradición de una persona requerida por otro Estado, exige que conste una alerta o notificación roja contra la persona solicitada, y una vez que los órganos policiales la ubiquen y aprehendan deberán notificar inmediatamente al Ministerio Público, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha aprehensión, presente a la persona requerida ante un Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal al cual le corresponda conocer por el lugar donde se practicó la detención. Posteriormente, el Juzgado de Control celebrará la audiencia oral correspondiente y ordenará la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores sobre la detención de la persona solicitada, y se fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición y de la documentación judicial necesaria, dicho término perentorio, a los efectos de las normas internas de la República Bolivariana de Venezuela, deberá computarse de acuerdo con lo señalado en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días (60) continuos.

Sin embargo, en el presente caso, en el Convenio por cambio de notas para la interpretación del artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición, ambos países (la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela), dicho término se convino establecerlo en noventa (90) días.

Siendo así, tal como antes se señaló, si bien el ciudadano Andrés Fernando Bernal Ferrín, fue aprehendido por funcionarios de la División de Investigaciones de INTERPOL, de la Dirección de Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en razón de la notificación roja emitida en su contra, aprehensión que dio origen a que el representante del Ministerio Público presentase a dicho ciudadano ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para imponerlo de los motivos de su detención y de los derechos que le asistían, decretándosele la medida de privación judicial preventiva de libertad y ordenándose la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal, a los fines de la procedencia de su extradición; sin embargo, no consta la solicitud formal de extradición ni la documentación judicial necesaria por parte de las autoridades competentes de la República de Colombia, requisitos estos indispensables para decidir sobre la procedencia de la extradición, toda vez que, se reitera, lo que consta es una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, expedida por la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL de la República de Colombia.

Por ello, lo procedente en el presente caso, es la notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano Andrés Fernando Bernal Ferrín, para que en el lapso de ley antes señalado formalice la solicitud de extradición, y presente la documentación judicial necesaria que soporte su petición.

En el caso de autos, se observa que el Convenio por cambio de notas para la interpretación del artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición firmado entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto al término perentorio que se le ofrece a la Parte requirente para la presentación de la solicitud formal de extradición, establece un lapso de noventa (90) días continuos, razón por la cual, esta Sala de Casación Penal atendiendo lo establecido en el referido Convenio, acuerda notificar a la República de Colombia, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del lapso perentorio que tiene, esto es, noventa (90) días, a partir del día siguiente a la oportunidad en la que se efectué su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva del ciudadano Andrés Fernando Bernal Ferrín. Debiendo dejarse constancia que, en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano, conforme con lo establecido en el artículo 9° del Acuerdo sobre Extradición, y en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide"

jueves, 12 de septiembre de 2019

Sentencia sobre extradición: País. Argentina

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 190 del 26 de agosto de 2019. Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ. Exp Nro. AA30-P-2019-000116:

"En este sentido, se constata que la República Argentina requiere a la República Bolivariana de Venezuela el pronunciamiento sobre la existencia de la reciprocidad entre ambos países de conformidad con lo establecido en la Ley interna de dicho Estado denominada “Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal Argentina (Ley 24.767)”.

Por su parte, al efectuar la revisión de la sentencia número 135 emitida por esta Sala de Casación Penal, el veintisiete (27) de junio de 2019, se evidencia lo siguiente:

“…el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial nro. 6.078 Extraordinario del quince (15) de junio de 2012, en su Libro Tercero, “De los Procedimientos Especiales”, Título VI, artículo 382, establece, que el procedimiento de extradición se rige por las normas de dicho Título, así como, por los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por la República; y el artículo 383 regula la Extradición Activa (…)

Bajo estos supuestos, esta Sala de Casación Penal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, precedentemente transcrito, determina la presente solicitud de extradición activa, se resolverá con apoyo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y considerando que entre el Estado venezolano y la República Argentina no existe tratado bilateral de extradición, se aplicarán las prescripciones del Derecho Internacional y el Principio de Reciprocidad, tomando para ello los diversos tratados de extradición suscritos por la República Bolivariana de Venezuela con otros países, los cuales son leyes vigentes en la República, aplicándolos de manera supletoria…”.

En efecto, de la sentencia anteriormente señalada se verificó que la solicitud de extradición activa del ciudadano GIOVANNI ISAI QUEVEDO CARBONELL, fue resuelta aplicando“…las prescripciones del Derecho Internacional y el Principio de Reciprocidad…”, sin embargo, en esta oportunidad la República Bolivariana de Venezuela ofrece a la República Argentina, reciprocidad en casos análogos, toda vez que por no existir Tratado de Extradición entre ambas Repúblicas, la solicitud en cuestión se resolvió conforme a lo establecido en las normas de Derecho Internacional y en el Principio de Reciprocidad, tomando en cuenta para ello los diversos tratados de extradición suscritos por la República Bolivariana de Venezuela con otros países, los cuales son leyes vigentes en la República, aplicándolos de manera supletoria, siendo estos instrumentos internacionales el Código de Derecho Internacional Privado y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esta última firmada y ratificada por ambos Estados. De igual manera, se le informa que esta Sala de Casación Penal, en casos análogos, ha decidido solicitudes de extradiciones activas y pasivas con la República Argentina, tomando en cuenta para ello el referido principio de reciprocidad. Así se decide."

Sentencia sobre extradición. País: Perú.

Sentencia No. 187 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, del 12 de agosto de 2019, Ponente Dra. FRANCIA COELLO GONZÁLEZ. Expediente: AA30-P-2019-000158:

"En atención a la mencionada “solicitud de detención a nivel internacional”, los funcionarios de la Sub-delegación Guarenas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Bolivariano de Miranda, practicaron la aprehensión del ciudadano Renson Eduardo Gil Arocha, después de realizar las investigaciones relacionadas con la referida alerta internacional, notificando inmediatamente de dicho procedimiento a la Sala de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Guarenas-Estado Miranda, que se encargó de presentar al supra identificado, ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, el cual declaró conforme a derecho la solicitud del inicio del Procedimiento de Extradición Pasiva en relación al ciudadano RENSON EDUARDO GIL AROCHA, y en consecuencia, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, esta Sala de Casación Penal, observa que entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición, sin embargo, las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo sobre Extradición, firmado en Caracas el 18 de julio de 1911 en el acto de celebración del “Centenario de la Independencia de Venezuela”, que fue aprobado por el Poder Legislativo Nacional el 18 de junio de 1912 y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 19 de diciembre de 1914, el cual sobre la materia en particular, dispone lo siguiente:

“(…) Artículo 1°. Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.

Artículo 2°. La extradición se concederá por los siguientes crímenes y delitos:

1. Homicidio, comprendiendo los casos de parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y aborto (…)

7. Asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición (…)

9. Robo, hurto de dinero o bienes muebles (…)

24. Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio, cometido por particulares (…)

Artículo 4°. No se acordará la extradición de ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro, será juzgada ni castigada por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su extradición.

Tampoco se acordará la extradición si la persona contra quien obra la demanda, prueba que ésta se ha hecho con el propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

No se considerará delito político ni hecho conexo con semejante, el delito atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un Jefe de Estado.

Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso está comprendido en lo previsto en este artículo, será definitiva la decisión de las autoridades del Estado al cual se haga la demanda o que haya concedido la extradición.

Artículo 5°. Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes:

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro Estado no excede de seis meses de privación de libertad el máximum de la pena aplicable a la participación que se impute a la persona reclamada, en el hecho por el cual se solicita la extradición.

b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado.

c) Si el individuo cuya extradición se solicita ha sido ya juzgado y puesto en libertad o cumplido su pena, o si los hechos imputados han sido objeto de una amnistía o de un indulto (…)

Artículo 11. El extraditado no podrá ser enjuiciado ni castigado en el Estado que lo reclama, sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco ser entregado a otra Nación, a menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar dicho Estado durante un mes después de haber sido sentenciado, de haber sufrido la pena o de haber sido indultado. En todos estos casos el extraditado deberá ser advertido de las consecuencias a que lo expondría su permanencia en el territorio de la Nación (…)”. (negrilla y subrayado de la Sala).

De igual forma, ambos países, Perú y Venezuela, el 20 de febrero de 1928, con motivo de la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de La Habana, suscribieron el Código de Derecho Internacional Privado, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulo Cuarto, artículos 344 al 366, regula lo concerniente a la extradición. La República Bolivariana de Venezuela mediante Ley Aprobatoria promulgada el 23 de diciembre de 1931, depositado el instrumento de ratificación el 12 de marzo de 1932 y la República del Perú, aprobaron el mencionado cuerpo normativo.

En tal sentido, es evidente que las disposiciones precedentemente citadas resultan plenamente aplicables en el presente caso, razón por la cual esta Sala de Casación Penal resolverá de acuerdo con ellas (por ser leyes vigentes en la República), y conforme con las prescripciones del Derecho Internacional y el Principio de Reciprocidad, que consagra el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición.

Por su parte, esta Sala de Casación Penal en sentencia núm. 113, del 13 de abril de 2012, respecto al procedimiento de extradición pasiva, estableció lo siguiente:

“(…) De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria (…).

En el primer supuesto, de solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el gobierno extranjero, con fundamento en una orden de detención (proveniente de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria) librada por los órganos judiciales de su país, puede solicitar a cualquier país (de manera genérica, normalmente a través de Alertas o Notificaciones Rojas Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país determinado (si se tiene conocimiento que la persona requerida pudiera encontrarse en su territorio), que se ubique y se practique la detención de la persona requerida, comprometiéndose a consignar posteriormente (en el supuesto de que la persona requerida sea ubicada) la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.

En este supuesto, los órganos policiales de nuestro país, una vez ubicada y aprehendida la persona solicitada, deben notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien presentará a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la detención (al que corresponda conocer previo proceso de distribución), dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención (…).

El Juzgado en Función de Control designado, celebrará una Audiencia (básicamente con la presencia del Fiscal del Ministerio Público asignado, la persona aprehendida y su Defensor), únicamente a los fines de informar a la persona aprehendida de los motivos de su detención, imponerla de los derechos que le asisten y ordenar la remisión de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, que es el órgano jurisdiccional competente para decidir en el procedimiento de extradición (…) Una vez celebrada la audiencia, el referido Juzgado de Control deberá ejecutar la orden de remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de dictada.

Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos (…) por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.

En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación (…).

La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal (…)”.

Transcritas así las disposiciones legales como de la sentencia precedentemente citada, se observa que de acuerdo con el procedimiento de extradición de una persona requerida por otro Estado exige que una vez que los órganos policiales ubiquen y aprehendan a la persona solicitada en extradición, deben notificar inmediatamente al Ministerio Público para que presente al requerido ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó dicha detención, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la aprehensión. Posteriormente, el Juzgado de Control celebrará la audiencia donde informará al requerido sobre los motivos de su detención, los derechos que le asisten y, por último, ordenará la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se deberá notificar a la representación diplomática del país requirente (a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) de la detención de la persona solicitada y se fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria. Término perentorio que conforme con lo establecido en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, es de sesenta (60) días para la presentación formal de extradición como de la documentación judicial necesaria que soporta dicha petición.

Ahora bien, en el presente caso, verificado el procedimiento y recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se observa que no consta la solicitud formal de extradición ni la documentación judicial necesaria, por parte de las autoridades competentes de la República del Perú, requisitos éstos indispensables para decidir sobre la procedencia de la extradición, toda vez que tal como se señaló precedentemente, lo que consta en las actuaciones es una notificación azul, expedida por la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL, República del Perú.

Así pues, al constituir la notificación al país requirente un acto procesal que debe estar revestido de los requisitos formales esenciales para su validez, entre ellos, la indicación concreta del período estipulado en el mencionado Convenio de Extradición para la consignación de los recaudos exigidos en el trámite procedimental de extradición, esta Sala de Casación Penal estima procedente notificar a la República del Perú, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene (luego de su notificación) para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano Renson Eduardo Gil Arocha, conforme con lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Dejándose constancia de que, en caso de no ser presentada la solicitud y la documentación judicial requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano. Así se decide"

martes, 10 de septiembre de 2019

Tips sobre la Extradición. Parte 7. Nuestra Constitución y alguna Jurisprudencia

El artículo 271 de la Constitución establece:

“ARTÍCULO 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos.  No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes.  Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.

El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.”

Jurisprudencia de la SCP del TSJ, en la Sentencia Número 713, Expediente Nº E07-0537 de fecha 13/12/2007:

“...entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago, no existe un Tratado de Extradición, por ello, la Sala considera necesario la aplicación del principio de reciprocidad internacional que implica el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición; por lo que supone el acuerdo entre las partes y el compromiso por el Estado solicitante, de acceder a la extradición cuando se presente un caso análogo...”

Jurisprudencia de la SCP del TSJ, en la Sentencia Número 184 del 15/05/2003:

“La demanda extradicional debe acompañarse, además del auto de prisión, de los elementos probatorios demostrativos de los presuntos delitos y la presunta participación del reclamado. Según normas y principios de Derecho Internacional, esta prueba debe ser suficiente para poder decretar las medidas de privación de libertad y acordar el enjuiciamiento de cualquier persona.”

Jurisprudencia de la SCP del TSJ, en la Sentencia Número 184 del 15/05/2003:

“En los casos de extradición de procesados, se debe ser más exigente en cuanto a las pruebas que cuando se trata de la solicitud de entrega para la ejecución de una sentencia condenatoria. Esto, por cuanto tratándose de un procesado contra el cual se ha librado un auto de detención o de arresto, tal sujeto goza de la presunción de inocencia hasta tanto no se dicte sentencia definitivamente firme e, igualmente, tampoco existe un proceso en el cual se hayan podido ejercer las garantías procesales del contradictorio y la defensa.”

 Jurisprudencia de la SCP del TSJ, en la Sentencia Número 036, Expediente Nº E07-0572 de fecha 31/01/2008:

“... la noticia de que el solicitado en extradición se encuentra en un país extranjero, que el Ministerio Público presentó acusación en la causa y que, el juez competente dictó una medida de privación judicial preventiva de libertad. Además... que está comprobado el delito imputado y la presunta responsabilidad del ciudadano... que los referidos hechos se subsumen en las exigencias de la ley penal sustantiva de Venezuela: Código Penal. Por otra parte, no constan elementos que permitan establecer la prescripción de la acción penal, para perseguir el delito enjuiciado, ni se trata de delito que pueda ser calificado como político... Cabe advertir, que el proceso seguido contra del ciudadano RAEED HELAL HELAL, actualmente se encuentra pendiente para finalizar la fase preparatoria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Será en esa oportunidad que dicho ciudadano sea presentado, cuando se le impondrá de los hechos, los fundamentos y los elementos de convicción que motivan su enjuiciamiento, lo que junto con otros actos procesales, determinará o no la realización de un juicio oral.”

Jurisprudencia de la SCP del TSJ, en la Sentencia Número 710, Expediente Nº E07-0477 de fecha 13/12/2007:

“...delito acusado (AGAVILLAMIENTO), se observa que el mismo no se encuentra enumerado de manera expresa en el artículo 2 del citado Tratado de Extradición; sin embargo, por tratarse de una asociación para delinquir, tal conducta ha sido sancionada penalmente en la mayoría de las legislaciones comparadas. Es por ello que la Sala considera necesaria la aplicación del principio de reciprocidad internacional, que implica el derecho de igualdad y mutuo respeto entre los Estados y la posibilidad de brindarse y asegurarse un trato idéntico, en el cual el Estado requirente debe mantener en general una actitud de cooperación en materia de extradición; por lo que supone el acuerdo entre las partes y el compromiso por el Estado solicitante, de acceder a la extradición cuando se presente un caso análogo...” 

Ver sentencia del TSJ en la SCP en fecha 04/02/2004, Exp N° 2004-0039 con Ponencia del Dr. Alejandro Angulo Fontiveros.

lunes, 9 de septiembre de 2019

Tips sobre la Extradición. Parte 6. Doctrina y Principales Tratados

SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1976, T. I.. p. 177, quien refiere: 

“Llamase extradición al acto por el cual un Estado entrega un individuo a otro Estado que lo reclama a objeto de someterlo a un juicio penal o a la ejecución de una pena";

Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1964. T II. p. 892:

“... la extradición consiste en la entrega que un Estado hace a otro Estado de un individuo acusado o condenado, que se encuentra en su territorio, para que en ese país se le enjuicie penalmente o se ejecute la pena".

ALMAGRO NOCETE, JOSE. El Proceso de Extradición Pasiva, en Derecho Procesal, El Proceso Penal (2), Tomo II (Vol II), Edita: Tirant le Blanch, Valencia):

“Constituyen el proceso de extradición el conjunto de actuaciones, ordenadas legalmente, para garantizar, y en su caso disponer, la entrega por las autoridades del Estado donde se halla una persona reclamada por las autoridades de otro Estado, con el fin de responder de actividades delictivas, al objeto de que sea juzgada por sus órganos jurisdiccionales o cumpla la pena o medida de seguridad que se le impuso”.

El Código Penal en el artículo 6 determina que se debe cumplir el principio de la “doble incriminación” o identidad de la norma (que los delitos que basan la solicitud también lo sean en la ley venezolana) exigido para poder conceder la extradición. Este principio consiste en la exigencia de que el hecho por el cual se concede la extradición, esté previsto como delito en la legislación del país requirente tanto como en la del requerido. Es importante apuntar que tal identidad debe existir al momento en que ocurrió el hecho por el que se pide la extradición. La existencia de la extradición reglada por Tratados Internacionales como el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre Venezuela e Italia que aparece suscrito en Caracas el 23/08/1930; el Acuerdo Bolivariano sobre Extradición el 18/07/1911 en Caracas entre Venezuela y Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, lo cual se concibe actualmente como una muestra de colaboración entre los Estados tanto como una garantía para los particulares, excluyendo toda posibilidad para los Estados signatarios de solicitar la entrega del delincuente por otras vías.

La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, firmaron el 09/12/1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General con depósito y ratificación el 26/08/1991:

“Artículo 11. Los Estados partes tomarán las providencias necesarias para conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura o condenada por la comisión de ese delito, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales sobre extradición y sus obligaciones internacionales en esta materia.”

“Artículo 13. El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir el delito de tortura como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si recibe de otro Estado parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de tortura. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.

Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente.”

“Artículo 14. Cuando un Estado parte no conceda la extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.”

“Artículo 15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados partes en materia de extradición.”

domingo, 8 de septiembre de 2019

Tips sobre la Extradición. Parte 4. Artículos del COPP

TÍTULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN

Fuentes
Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título.

Extradición activa
Artículo 383. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa.

A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.

En caso de fuga del acusado sometido o la acusada sometida a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez o Jueza de Juicio. Si el fugado o fugada fuere quien esté o está cumpliendo condena el trámite le corresponderá al Juez o Jueza de Ejecución.

Tramitación
Artículo 384. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda, y presentará la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de sesenta días.

Medidas Precautelativas en el Extranjero
Artículo 385. El Ejecutivo Nacional podrá requerir al país donde se encuentra la persona solicitada, su detención preventiva y la retención de los objetos concernientes al delito, con fundamento en la solicitud hecha ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Juez o Jueza competente, según lo establecido en el artículo 383 de este Código.

Cuando se efectúen dichas diligencias el órgano al que corresponda deberá formalizar la petición de extradición dentro del lapso previsto en la convención, tratado o normas de derecho internacional aplicable

Extradición Pasiva
Artículo 386. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.

Medida Cautelar
Artículo 387. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel o aquella.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.

Libertad del Aprehendido
Artículo 388. Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o  aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación.

Abogado o Abogada
Artículo 389. Los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado o abogada para que los represente en el proceso de extradición.

Procedimiento
Artículo 390. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días.

viernes, 6 de septiembre de 2019

Sentencia sobre extradición. País: España

Sentencia No. 181 del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, del 8 de agosto de 2019. El Magistrado Presidente Ponente, MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, Exp. No. AA30-P-2016-000211:

"V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vista la solicitud de la tercera ampliación de extradición incoada por el Reino de España mediante Nota Verbal nro. 103 de fecha seis (6) de junio de 2019, contra el nacional español ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, en virtud de lo establecido en la “Ejecutoria 963/2018 por la Sección 4° de la Audiencia Provincial de Madrid”.

A tal efecto, remite la documentación de la proposición de la Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, al Gobierno español de requerir autorización a las autoridades venezolanas para proceder al enjuiciamiento del acusado ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición y las dos ampliaciones anteriores, por un nuevo hecho “por un posible delito de apropiación indebida y/o un delito de falsedad en documento público, en concurso medial con un delito de estafa o, alternativamente, en concurso medial con un delito de apropiación indebida” para proseguir la causa penal y celebrarse el correspondiente juicio oral.

A su vez, remite la nueva solicitud de ampliación de la extradición de autorización para la celebración del juicio oral y público por la Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, así como la solicitud formal de autorización para el enjuiciamiento del acusado ya extraditado, por la misma Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid; el auto de tramitación de las diligencias previas por los tramites del procedimiento abreviado, auto por el que se abre el juicio oral y se formula la acusación y el posterior auto rectificando el mismo, y la certificación de los preceptos jurídicos aplicables.

Ahora bien, una vez revisadas las actuaciones se constata que la Sala de Casación Penal, el once (11) de noviembre de 2016, mediante sentencia nro. 446 declaró procedente la solicitud de extradición pasiva del citado ciudadano, presentada por el Reino de España, por la comisión de los delitos de “cohecho continuado activo para acto injusto ejecutado, blanqueo de capitales, fraude y prevaricación”, en circunstancias de hechos diferentes, es decir, acontecidos en Marbella, Málaga, España, entre el catorce (14) de marzo de 2001, y el dos (2) de diciembre de 2002, fechas para las cuales el ciudadano Andrés Lietor Martínez pertenecía al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), y se aprovechó de su condición de funcionario público, para lo cual aprobó construcciones en terrenos no urbanizables o modificó la calificación del terreno para que pudieran construir.

El veinticuatro (24) de mayo de 2017, la Secretaría de la Sala de Casación Penal, recibió oficio signado con el alfanumérico DGJIRC N° 1523-17, de fecha veintidós (22) de mayo de 2017, suscrito por el ciudadano Lenin Nicolás Sosa Escobar, Director General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, expresando:

“[Remito]… acta de entrega del ciudadano Andrés Lietor, identificado con el pasaporte N° 22456322-L; de nacionalidad española, a quien la Sala de Casación Penal declaró procedente la extradición pasiva, según Sentencia N° 446, de fecha 11 de noviembre de 2016; quien fue entregado en fecha 12/05/2017, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, a las autoridades españolas, por la comisión de los delitos de Cohecho, Blanqueo de Capitales, Fraude y Prevaricación…”.

El ocho (8) de mayo de 2018, es recibido ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal oficio nro. 4685 después en fecha tres (3) de mayo de 2018, emanado de la Dirección del Servicio Consular Extranjero, Área de Asuntos Especiales, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, remitiendo Nota Verbal nro. 86 del veinte (20) de abril de 2018, procedente de la Embajada del Reino de España acreditada ante el Gobierno Nacional, mediante la cual solicita la “ampliación de extradición” del ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, en virtud de lo establecido en el “Procedimiento Abreviado 169/2012, instado por el Juzgado Penal N° 10 de Madrid, España”.  

Posteriormente el veintitrés (23) de noviembre de 2018, esta Sala de Casación Penal mediante sentencia nro. 335, declaró: “…PROCEDENTE la solicitud de ampliación de extradición realizada por el Reino de España, a los fines que el ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ (…) sea juzgado por la presunta comisión del delito de Elusión Tributaria, previsto y sancionado en el artículo 305 del Código Penal español, en perjuicio de la Hacienda Pública; hecho distinto al que motivó la extradición pasiva acordada mediante sentencia nro. 446 del once (11) de noviembre de 2016...”.

El once  (11) de diciembre de 2018, es recibido ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal oficio nro. 12795, de fecha cinco (5) de diciembre de 2018, emanado de la Dirección del Servicio Consular Extranjero, Área de Asuntos Especiales, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, remitiendo Nota Verbal nro. 294 del treinta y uno (31) de octubre de 2018, procedente de la Embajada del Reino de España acreditada ante el Gobierno Nacional, mediante la cual, solicita la “2da ampliación de extradición” del ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, en virtud de lo establecido en la “Ejecutoria 723/2014 del Juzgado de lo Penal núm. 28 de Madrid”.  

Posteriormente, en fecha dieciocho (18) de marzo de 2019, la Sala de Casación Penal mediante sentencia nro. 32, declaró:

“…PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de la segunda ampliación de extradición realizada por el Reino de España, a los fines que el ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, (…) cumpla la pena impuesta en la sentencia condenatoria con la rectificación de la misma, mediante sentencia nro. 546/13 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid Sección Segunda el tres (3) de diciembre de 2013, por la presunta comisión del delito de Elusión Tributaria, previsto y sancionado en el ´artículo 305 1 del Código Penal español´, vigente para la fecha de los hechos (2002), en perjuicio de la Hacienda Pública; hechos distintos a los que motivaron la extradición pasiva y la ampliación, acordadas mediante sentencias nros. 446 y 335, de fechas once (11) de noviembre de 2016 y veintitrés (23) de noviembre de 2018, respectivamente.

SEGUNDO: La extradición está supeditada al compromiso por parte del Reino de España, [que] no se le impondrá al ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, penas infamantes como trabajos forzosos, según lo consagrado en el numeral 3 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículo 11 del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España y que el mismo no sufrirá pena corporal ni pecuniaria por otros hechos distintos a los señalados en la solicitud de la segunda ampliación de la extradición, cometidos con anterioridad a la referida solicitud y podrá hacer uso de los recursos para impugnar las decisiones que les sean desfavorables.

TERCERO: ORDENA remitir al Poder Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, copias certificadas de la presente decisión...”.

Posteriormente, en fecha 1° de julio de 2019, es recibido ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal oficio nro. 5830, de fecha diecisiete (17) de junio de 2019, emanado de la Dirección del Servicio Consular Extranjero, Área de Asuntos Especiales, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, remitiendo Nota Verbal nro. 103 del seis (6) de junio de 2019, procedente de la Embajada del Reino de España acreditada ante el Gobierno Nacional, mediante la cual solicita la “3ra ampliación de extradición” del ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, en virtud de lo establecido en la “Ejecutoria 963/2018 de la Sección 4° de la Audiencia Provincial de Madrid”.  

La referida Nota Verbal, establece: “…La Embajada del Reino de España (…) en la ocasión de remitirle Documentación con la 3ra ampliación de extradición de Andrés LIETOR MARTÍNEZ, al amparo del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República [Bolivariana] de Venezuela y en virtud a lo establecido en la Ejecutoria 963/2018 por la Sección 4° de la Audiencia Provincial de Madrid…”.

Ahora bien, circunscribiéndonos a los hechos por los cuales el Ministerio Fiscal acusó al ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, y que guardan relación con la tercera solicitud de ampliación, los mismos versan en que presuntamente el hoy acusado el día veintinueve (29) de junio de 2006, hizo uso de un poder extinguido por el fallecimiento del poderdante, ciudadano Concepción Hernández en una operación, “de la que resultó una transmisión patrimonial, sin ningún tipo de contraprestación, lucrándose además una tercera persona quien actuó por la sociedad Boreo S.A., beneficiándose de la operación”.

Precisado lo anterior, la Sala conforme a las prescripciones de Derecho Internacional aplicables al caso que nos ocupa, decide la solicitud de la tercera  ampliación, conforme al Tratado bilateral de Extradición, suscrito entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas el 4 de enero de 1990, cuya Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial nro. 34.476, del 28 de mayo de 1990. En dicho tratado se establece lo siguiente:

Artículo 1.

“Las Partes Contratantes se obligan, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca que las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad”.

Artículo 2.

“1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir, no sea inferior a seis meses.

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos los requisitos de los párrafos 1 y 2, la Parte requerida podrá conceder también la extradición por estos últimos.

4. La extradición procede respecto a los autores, cómplices y encubridores, cualquiera que sea el grado de ejecución del delito.”

Artículo 3.

“También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos incluidos en Tratados multilaterales en los que ambos países sean Parte…”.

Artículo 4.

“1. En materia de delitos fiscales, contra la Hacienda Pública, de contrabando y relativos al control de cambios, la extradición se concederá, con arreglo a las disposiciones de este tratado, si los hechos reúnen los requisitos del artículo 2.

2. La extradición no podrá denegarse por el motivo de que la legislación de la Parte requerida no imponga el mismo tipo de impuestos o de tasas o no contenga el mismo tipo de reglamentación de estas materias que la legislación de la Parte requirente”. (Resaltado de la Sala).

Artículo 6.

“1. No se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político, en la comisión de un delito, no lo calificará como un delito de tal carácter…”. 

Artículo 10.

“…No se concederá la extradición:

a) Cuando la persona reclamada hubiere sido condenada o debiera ser juzgada por un tribunal de excepción o ‘ad hoc’ en la Parte requirente;

 b) Cuando de acuerdo a la Ley de alguna de las partes se hubiere extinguido la pena o la acción penal correspondiente al hecho por el cual se solicita la extradición, y

c) Cuando la persona reclamada hubiere sido juzgada en la Parte requerida por el hecho que motivó la solicitud de extradición”. (Resaltado de la Sala).

Artículo 11.

“1. No se concederá la extradición cuando los hechos que la originan estuviesen castigados con la pena de muerte, con pena privativa de libertad a perpetuidad, o con penas o medidas de seguridad que atenten contra la integridad corporal o exponga al reclamado a tratos inhumanos o degradantes…”.

Artículo 13.

“1. Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la Parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 15”.

2. La autorización podrá concederse aun cuando no se cumpliere con las condiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2.

3. No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en él más de treinta días o regresare a él después de abandonarlo”.

Artículo 15.

“…1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y será transmitida por la vía diplomática. Cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra la designación de una autoridad central competente para recibir y transmitir solicitudes de extradición.

2. A toda solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) En el caso de que el reclamado ya hubiese sido condenado, copia o trascripción de la sentencia debidamente certificada, así como certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, con indicación del tiempo de la pena o medida de seguridad que faltare por cumplir y, en su caso, las seguridades a que se refiere el artículo 12;

b) En el caso de que la extradición se refiera a una persona que no ha sido condenada, copia o trascripción debidamente certificada del auto de procesamiento, del auto de detención o prisión o de cualquier resolución judicial análoga, según la legislación de la Parte requirente, que contenga los hechos que se imputan y lugar y fecha en que ocurrieron;

c) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía y sus huellas dactilares;

d) Copia o trascripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, de los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena o medida de seguridad (…)”.

Con fundamento en la normativa antes referida, esta Sala observa, específicamente, que el artículo 13 no es excluyente y contempla la posibilidad que una persona entregada en extradición pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad por hechos anteriores y distintos a los que hubieren motivado su extradición, previa autorización del Estado requerido, debiendo consignar la respectiva documentación a que se refiere el artículo 15 del Tratado.

En tal sentido, habiendo remitido el Reino de España la documentación a que hace referencia el artículo 15 del Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, tales como: 

i) Solicitud de “Autorización para el enjuiciamiento del acusado Andrés Lietor Martínez ya extraditado”, suscrita por la Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid;

 ii) Auto emitido por la Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid, a través del cual dispuso “proponer al Gobierno del Reino de España a través del Ministerio de Justicia, que solicite, de las correspondientes Autoridades de Venezuela, la AUTORIZACIÓN para proceder al enjuiciamiento del acusado ANDRES (sic) LIETOR MARTINEZ (sic), (…) por un posible delito de apropiación indebida y/o un delito de falsedad en documento público, en concurso medial con un delito de estafa o, alternativamente, en concurso medial con un delito de apropiación indebida (…)”. 

iii) Solicitud formal de autorización para el enjuiciamiento del acusado ya extraditado, emitida por la Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid.

iv) Auto de continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado de fecha 30 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 45 de Madrid.

v) Auto de Apertura del Juicio Oral contra Andrés Lietor Martínez, y el posterior auto de rectificación del auto de apertura a juicio oral, añadiendo, el segundo antecedente de hecho, dictados por el Juzgado de Instrucción nro. 45 de Madrid.

vi) Transcripción del contenido de los artículos 131, 132, 248, 249, 250, 251, 253, 390, 392, 393, 395 y 396, todos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español debidamente certificados por el Letrado de la Administración de Justicia de la Sección núm. 4 de la Audiencia Provincial de Madrid.

En efecto, constando a los autos la referida documentación judicial correspondiente por parte del Reino de España para solicitar la tercera ampliación de la extradición del ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, dando cumplimiento a uno de los requisitos formales se pasa a verificar la procedencia o no de la tercera ampliación de la extradición pasiva.

En este sentido, es menester destacar que el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación moral conforme con el Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se quebrantan los principios de nuestra legislación nacional o no estuviese conforme con la razón y la justicia.

A tal efecto, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito previsto en el estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena aplicada no sea perpetua o de muerte, conforme con el principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme con el principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo con el principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado.

Conforme a los principios antes referidos, se puede establecer de acuerdo al análisis que el delito por el cual se solicitó la tercera ampliación de la extradición del ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, fue cometido en el territorio del Estado requirente, como se observa en la solicitud de extradición y en los autos de continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, de apertura al juicio oral, por el delito de “APROPIACIÓN INDEBIDA DEL ART. 253.1 Y 250.7 DEL CP. (sic)”, y por último, el auto de rectificación de apertura de juicio oral, añadiendo el “SEGUNDO ANTECEDENTE DE HECHO, por la acusación particular se solicita la apertura de juicio oral por UN DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO (sic), CON CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACION (sic) INDEBIDA”, dictados por el Juzgado de Instrucción nro. 45 de Madrid, relacionados a los hechos, que se mencionan a continuación:

“(…) En fecha de 21 de Mayo (sic) del año 2001, Concepción Hernández otorgó poder por el que confería a Andrés Lietor Martínez, facultades para realizar cualquier acto de disposición sobre sus bienes y acciones. En fecha de 28 de Junio (sic) de 2006 la poderdante, extinguiéndose el citado poder.

El 29 de Junio (sic) de 2006, Andrés Lietor conociendo el fallecimiento de Concepción Hernández acudió junto con su hijo, también acusado, Luis José Lietor Moreno, que actuaba de manera aparente en representación de la sociedad BOREO S.A. y con la intención de obtener un beneficio injusto, aquel hizo uso del citado poder y actuando en nombre de Concepción Hernández, elevó en una notaría de la ciudad de Madrid, a (sic) escritura pública un contrato privado de compraventa de acciones y participaciones pertenecientes a ésta de fecha 6 de mayo de 2006, y de esta manera, sin autorización ni conocimiento de los herederos de Concepción, transmitió el paquete de acciones por valor de nueve millones y medio de euros a la sociedad Boreo S.A, sin que abonaran en ningún momento el precio de esas acciones (…)”

 En este sentido, se cumple con el Principio de territorialidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 1, del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela.

            Por otra parte, se corrobora en la documentación judicial certificada, que el delito por el cual está siendo solicitada la tercera ampliación de la extradición, constituye en el país requirente, de acuerdo a la acusación del Ministerio Fiscal un delito de “APROPIACIÓN INDEBIDA, previsto en los artículos 253.1 y 250.7 del Código Penal” y por la acusación particular, en representación de “D. Ángel Sánchez Arenas… un delito de falsedad en documento público, en concurso medial con un delito de estafa o alternativamente en concurso medial con un delito de apropiación indebida, los cuales podrían encontrar su tipificación en los artículos 77, 248, 249, 250, 251, 390, 392, 393, 395 y 396 del Código Penal”, ilícitos penales “Contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, en perjuicio de los herederos del fallecido Concepción Hernández y “De las falsedades”, tipificados en la “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [español]”.

A tal efecto, la Sala de Casación Penal observa, que el Reino de España remite la transcripción del contenido de los artículos 248, 249, 250, 251, 253, 390, 392, 393, 395, 396 contenidos en la “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [español]”, los cuales establecen:

“…CAPÍTULO VI

De las defraudaciones

Sección 1.ª De las estafas

Artículo 248.

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. 

Artículo 249. Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. 

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

Artículo 250.

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando:

1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.

5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.

 6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

 8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros. 

Artículo 251. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

 1.º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.

2.º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.

3.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado…”. 

“…Sección 2.ª bis

De la apropiación indebida

“…Artículo 253.

1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses…”.

“…CAPÍTULO II

De las falsedades documentales

Sección 1.ª 

De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.

Artículo 390.

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

2. Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil…”.

“…Artículo 392.

1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso. Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España.

Artículo 393. El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores…”. 

“…Artículo 395. El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 396. El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior, incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores….” 

Ahora bien, de acuerdo con el principio de la doble incriminación, el hecho que origina la ampliación de extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, quedando establecido, que los delitos de “APROPIACIÓN INDEBIDA” y “FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA”, por los cuales acusó el Ministerio Fiscal y la acusación particular propia presentada por “D. Ángel Sánchez Arenas”, respectivamente, en perjuicio de los herederos del fallecido Concepción Hernández, tipificado en los artículos “253.1 y 250.7 del Código Penal español” y “77, 248, 249, 250, 251, 390, 392, 393, 395 y 396 del Código Penal [español]”, respectivamente, encuentran similitud con los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal venezolano, APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468, en relación con lo establecido en el artículo 466 eiusdem, y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO, previsto y sancionado en el artículo 320 ibídem.

Al respecto, los artículos 462, 466 y 468, todos del Código Penal venezolano, establecen:

“…De la estafa y otros fraudes.

Artículo 462. El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido:

1. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga

interés el Estado o de un instituto de asistencia social.

2. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad.

El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte.

Artículo 463. Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro:

1. Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada.

2. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho.

3. Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que es ajeno.

4. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras personas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera. b) Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación, por estar registrada la primera, hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real o parte de él.

5. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido.

6. Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que estaban embargados o gravados o que eran objeto de litigio.

7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legítimo, participación en fingidos tesoros o depósitos, a cambio de dinero o recompensa.

8. Abusando, en provecho propio o de otro, de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga suscribir un acto cualquiera contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad resultante de su incapacidad…”.

“…De la apropiación indebida.

Artículo 466. El que se haya apropiado, en beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado, será castigado con prisión de tres meses a dos años, por acusación de la parte agraviada…”. 

“…Artículo 468. Cuando el delito previsto en los artículos precedentes se hubiere cometido sobre objetos confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario, la pena de prisión será por tiempo de uno a cinco años; y el enjuiciamiento se seguirá de oficio…”.

Por otro lado, el artículo 320 eiusdem, prevé: 

“…Artículo 320.

El que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público, su identidad o estado o la identidad o estado de un tercero, de modo que pueda resultar algún perjuicio al público o a los particulares, será castigado con prisión de tres a nueve meses.

En igual pena incurre el que falsamente haya atestado ante un funcionario público o en un acto público, otros hechos cuya autenticidad compruebe el acto mientras no sea destruida su fuerza probatoria, mediante tacha o impugnación de falsedad, siempre que de ello pueda resultar un perjuicio al público o a los particulares.

Si se trata de un acto del estado civil o de la autoridad Judicial, la pena será de seis a dieciocho meses de prisión.

El que en títulos o efectos de comercio ateste falsamente su propia identidad o la de un tercero, será castigado con prisión de tres a seis meses…”.

De las normas antes transcritas, se observa la identidad sustancial entre los delitos previstos en la legislación de los Estados Parte, respectivamente, cumpliéndose en el presente caso con el requisito de procedencia que impone el principio de la doble incriminación del delito, por el cual se solicita la tercera ampliación de la extradición.

En lo concerniente al Principio de la mínima gravedad del hecho, conforme al cual la extradición procede solo por delitos y no por faltas, y en el caso que nos ocupa la tercera ampliación es solicitada para la “Ejecutoria 963/2018 por la Sección n° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid”, relacionado al caso ampliamente descrito por los delitos de “APROPIACIÓN INDEBIDA” y “FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA”, en perjuicio del patrimonio y contra el orden socioeconómico de los herederos del fallecido Concepción Hernández y “De las Falsedades”.

Al respecto, verificó la Sala que en el presente asunto, se cumple con el requisito de la mínima gravedad del hecho, exigido en el artículo 2, numeral 1, del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España sobre Extradición, que establece: “1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas Partes, con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito”. Evidenciándose que el presente procedimiento, se sigue por delitos graves y no por faltas, que conllevan penas mayores a dos (2) años de prisión.

De la misma forma, se establece que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, deben ser por los delitos expresamente señalados en la solicitud de ampliación de extradición, cometidos antes del procedimiento y no por otro delito, de acuerdo al principio de especialidad del delito, contenido en el artículo 13 del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, que prevé: “…Para que la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la Parte requerida. Esta podrá exigir a la Parte requirente la presentación de los documentos previstos en el artículo 15…” 

Ahora bien, visto que la norma establecida en el Tratado, establece la posibilidad de procesar a la persona por hechos distintos a los que motivaron su extradición, previa autorización del Estado requerido, se observa en el presente caso, que la solicitud obedece para el enjuiciamiento del ciudadano requerido por la presunta comisión de un delito de “APROPIACIÓN INDEBIDA” y “FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA”, en agravio de los herederos del fallecido Concepción Hernández, al constituir uno de los delitos Contra la Propiedad y contra la Fe Pública, respectivamente, los cuales fueron cometidos con anterioridad a este procedimiento.

Por otro lado, en atención al Principio de no entrega por delitos políticos, conforme al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos y, en este sentido, se deja constancia que los delitos que motivan la presente solicitud de ampliación no son políticos ni conexos, con éstos tampoco pudieran constituir los delitos de “APROPIACIÓN INDEBIDA” y “FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA”, que tengan naturaleza política o conexos con éste; sólo se trata de delitos que pudieran ocasionar un perjuicio patrimonial a los herederos del fallecido y de las falsedades, considerados como graves en nuestra legislación, conforme a lo previsto en los artículos 6 del Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, en concordancia con el artículo 6 del Código Penal venezolano, el cual dispone “...La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos…”. 

 En lo atinente a la no entrega del nacional, según dicho principio el Estado requerido no entregará a sus nacionales, circunstancia que no se encuentra presente en este caso, toda vez que se solicita la autorización a la República Bolivariana de Venezuela de ampliación de la extradición de un ciudadano extranjero, concretamente, el ciudadano requerido ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ es nacional del Reino de España.

Por otro lado, referente al Principio relativo a la pena, de acuerdo con el cual no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte, la cadena perpetua o la pena infamante, en contra del ciudadano solicitado, en la ampliación de la extradición consta el auto de apertura a juicio dictado por el Juzgado de Instrucción N° 45 de Madrid, por la presunta comisión de los delitos de “APROPIACIÓN INDEBIDA DEL ART. 253.1 y 270.7 DEL CP.” y “FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA”, previstos y sancionados en los artículos “253.1 y 250.7 del Código Penal [español]” y “77, 248, 249, 250, 251, 390, 392, 393, 395 y 396 del Código Penal [español]” respectivamente, en perjuicio de los herederos del fallecido Concepción Hernández y de las Falsedades, los cuales establecen: el primero de los mencionados una pena de “prisión de uno a cuatro años” (artículo 253, en relación con el artículo 251 del Código Penal español), y el último, una “pena de prisión de tres a seis años” (artículos 390 del Código Penal español), no siendo el caso.

Con respecto al principio de no prescripción de la acción penal, el Tratado de Extradición, vigente en ambos Estados involucrados en el presente asunto, en su artículo 10, literal “b”, contempla que la extradición no podrá concederse si se hubiere extinguido la acción penal correspondiente al hecho por el cual se solicita la extradición, según la ley de alguna de las partes. 

De modo que, por un lado, haciendo el análisis de la legislación española, por el cual el Ministerio Público calificó los hechos constitutivos del delito de apropiación indebida, previsto en los artículos 253.1 y 250.7 del Código Penal español, solicitando la pena de cuatro años de prisión; y por su parte, la acusación particular, constituyen un delito de falsedad en documento público, en concurso medial con un delito de estafa o alternativamente en concurso medial con un delito de apropiación indebida, los cuales podrían encontrar su tipificación en los artículos 77, 248, 249, 250, 251, 390, 392, 393, 395 y 396 del Código Penal español, pidiendo la aplicación de la pena de seis años de prisión, y para el país requirente, se observa al folio 16 de la tercera pieza la “Declaración de inexistencia de prescripción del delito o de la pena”, para lo cual, citan el contenido de los artículos 131 y 132 ambos, de la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal español, que establecen:

“…Artículo 131:

1. Los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.

A los quince, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.

A los diez, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de seis años y menos de diez, o prisión por más de cinco y menos de diez años.

         A los cinco, los restantes delitos graves

A los tres, los delitos menos graves…”.

“…Artículo 132:

1. Los términos previstos en el artículo precedente se computaran desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delitos continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta…”

En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. 

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho…”.

Señalado lo anterior, esta Sala observa que desde la fecha en que se inició el proceso (29 de junio de 2006) hasta el treinta (30) de noviembre de 2017 (auto de continuación de la tramitación de las diligencias previas por los tramites del procedimiento abreviado), fecha en la que se realizó el primer acto de interrupción transcurrieron once (11) años y cinco (5) meses, es decir, que transcurrió con creces el lapso estipulado para perseguir la acción penal por los delitos por los cuales está siendo requerido el ciudadano Andrés Lietor Martínez.

A tal efecto, establece el mencionado artículo 131 que los delitos prescriben “A los diez, [años] cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de seis años y menos de diez, o prisión por más de cinco y menos de diez años”. De forma tal, que la acción judicial de los delitos por los cuales está siendo requerido el mencionado ciudadano, superó el citado lapso de acuerdo a la legislación penal aplicable en el Reino de España, que es el país que lo requiere para su procesamiento, no obstante se debe dejar sentado que la Sección N° 4 de la Audiencia Provincial de Madrid declaró la inexistencia de prescripción del delito o de la pena, en fecha 24 de abril de 2019.

De igual forma, la acusación incoada por el Ministerio Público se presentó el doce (12) abril de 2018, y los autos de apertura a juicio son de fechas veintiuno (21) de febrero de 2018 y la rectificación del mismo del dieciocho (18) de abril de 2018, con ocasión a la presentación de la acusación particular, es decir, que la misma también se presentó en fecha ulterior.

Por su parte, en lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, que es el país requerido, obligante es indicar que la prescripción es de orden público, y que el hecho por el cual está siendo perseguido el ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, ocurrió el veintinueve (29) de junio de 2006, siendo obligatorio revisar las disposiciones legales venezolanas que regulan la prescripción de la acción penal.

Con base en esto, pertinente es referir, que el Código Penal, en sus artículos 108, 109 y 110, regula los presupuestos para calcular e interrumpir la prescripción de la acción penal.

El numeral 5, del artículo 108 del Código Penal establece, que la prescripción de la acción penal es de tres (3) años, para aquellos delitos que merecieren pena de prisión de tres (3) años o menos, como es el caso concerniente a la presunta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida calificada, los cuales establecen una pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años, respectivamente, siendo su término medio, tres (3) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal, y la falsa atestación ante funcionario público, una pena de prisión de tres (3) a nueve (9) meses, aplicable en su término medio, seis (6) meses, conforme al mencionado artículo, encontrándose entonces en este supuesto normativo.

Para evaluar si ha operado la prescripción ordinaria de la acción penal, se debe observar el artículo 109 del mismo código sustantivo, que indica:

“…Artículo 109.

Comenzará la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho…”.

La forma de interrumpir la prescripción de la acción penal, está contenida en el artículo 110 del Código Penal, detallando lo siguiente:

“…Artículo 110.

Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si este se fugare.

Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieran sino a uno…”.

Como se ha apreciado, los hechos presuntamente ocurrieron el día veintinueve (29) de junio de 2006, en España; siendo que el auto mediante el cual, se acordó la tramitación de las diligencias previas por los tramites de procedimiento abreviado, dictado por el Juzgado de Instrucción N° 45 de Madrid, corresponde a la fecha treinta (30) de noviembre de 2017, el cual constituiría el primer acto de interrupción. 

Desde el momento de los hechos hasta la mencionada fecha, transcurrió un tiempo de once (11) años y cinco (5) meses, el cual supera el lapso de tres (3) años, para que opere la prescripción, sin embargo, precisándose que la entrega del ciudadano requerido, a las autoridades españolas fue el doce (12) de mayo de 2017, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, del hoy estado La Guaira, en virtud de la extradición acordada la cual guarda relación con la “notificación de alerta roja internacional nro A-5158/6-2016”, de fecha dos (2) de junio de 2016, valga la acotación que ya para las mencionadas fechas, había operado la prescripción.   

En tal sentido, desde el veintiséis (26) de junio de 2006 hasta la presente data, han transcurrido trece (13)  años, es decir, un tiempo superior al de la prescripción indicada en el numeral 5 del artículo 108: que es tres años, por lo que se debe concluir, que ha operado por lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, la prescripción ordinaria de la acción penal, habiéndose extinguido por ende, la acción penal respectiva.

Tal situación, regulada en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.476 del 28 de mayo de 1990, impide proceder con la extradición, al faltar este requisito expresamente convenido entre los Estados partes.

            En consecuencia, esta Sala de Casación Penal, declara IMPROCEDENTE la tercera solicitud de ampliación de extradición pasiva efectuada por el Reino de España, del ciudadano ANDRÉS LIETOR MARTÍNEZ, de nacionalidad española, identificado con el documento nacional de identidad español número 22.456.322-L, para el juzgamiento, establecido en la “Ejecutoria 963/2018 por la Sección 4° de la Audiencia Provincial de Madrid”, por el delito de “APROPIACIÓN INDEBIDA” por el cual acusó el Ministerio Fiscal y “un delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE ESTAFA O ALTERNATIVAMENTE EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA”, por la acusación particular propia presentada por “D. Ángel Sánchez Arenas”, en perjuicio de los herederos del fallecido Concepción Hernández y de las Falsedades; hecho distinto al que motivó la extradición pasiva acordada mediante sentencia nro. 446 del once (11) de noviembre de 2016. Así se decide.".