Jueves, 12 de febrero de 2026
N° de Expediente: C25-853 N° de Sentencia: 024
Tema: Impugnabilidad objetiva
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: La suspensión condicional del proceso constituye un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que, por su propia naturaleza consensual y transitoria, no pone fin a la controversia de manera definitiva ni se pronuncia sobre el fondo de la culpabilidad.
Ver Extracto:
"(...) corresponde a esta Sala verificar la naturaleza de la sentencia en contra de la cual se recurre, constatándose que el Tribunal de Alzada declaró improcedente la solicitud de nulidad ejercida en contra de una decisión del Tribunal de Primera Instancia que acordó la suspensión condicional del proceso contenida en el artículo 358, del Código Orgánico Procesal Penal,(...)
Lo precedente se traduce en que el otorgamiento del mencionado beneficio procesal a favor del imputado, no puede bajo ningún concepto considerarse como una decisión que pone fin al proceso, tomando en consideración que la misma no tiene carácter definitivo, pues el incumplimiento de las medidas que sean impuestas, acarrea la continuidad del proceso en contra del imputado o acusado, según sea el caso, para lo que el Juez competente deberá notificar al Ministerio Público y este a su vez, presentará dentro de los 60 días su acto conclusivo, si la suspensión condicional del proceso ocurrió con ocasión a la audiencia de imputación o en caso que se haya otorgado en la audiencia preliminar dictará sentencia condenatoria.
Así pues, al verificarse que el fallo en contra del que se ejerció el recurso de casación, versó sobre la solicitud de nulidad absoluta ejercida en contra de una decisión que no puso fin al proceso, pues como ya se mencionó en el pronunciamiento del 20 de noviembre de 2024 y publicado en su texto íntegro en fecha 25 de noviembre de 2024, el Tribunal Quinto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, extensión San Cristóbal expresó: “…SE DECRETA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO POR EL LAPSO DE TRES (03) MESES (…) debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.-No incurrir en nuevos hechos punibles, 2.-Someterse a todos los actos del proceso, 3.-Cumplir con labor social ante una institución pública, el cual deberá suscribir acta de cumplimiento ante la secretaria de este despacho, de conformidad con el artículo 358 del Código Orgánico Procesal Penal. Y 359 ejusdem. 4.-Obligación de indemnizar a la víctima con el traspaso de los vehículos (…) Se Verificará de Oficio el cumplimiento de las condiciones impuestas.”, lo que como fue ya descrito no tiene un carácter definitivo, toda vez que, al no ser una decisión de las contempladas en el artículo 451, del Código Orgánico Procesal Penal, no es recurrible en casación, siendo pertinente reiterar que no por el hecho de ser un fallo de la Corte de Apelaciones necesariamente puede ser casado, es menester que se cumplan con los parámetros establecidos en la norma."
N° de Expediente: C25-736 N° de Sentencia: 018
Tema: Motivación
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: En cuanto al contenido de una sentencia toda decisión judicial, depende de una motivación lógica y argumentativa que permita evidenciar cual fue el razonamiento del Juez, toda vez que la simple publicación de un auto que haga referencia a los delitos y la pena impuesta, resulta insuficiente para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Ver Extracto:
"(...) se evidencia como de forma confusa el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, extensión Punto Fijo, se limitó imponer una pena en virtud del procedimiento de admisión de hechos, sin emitir un pronunciamiento acorde a los efectos jurídicos correspondiente al pronunciamiento efectuado, obviando que la función del juez, al momento de dictar su fallo, no consiste en la simple emisión de un oficio notarial, por cuanto debe caracterizarse por una fundamentación acorde a los principios y garantías rectores del proceso, por cuanto, es oportuno ratificar que nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece como una obligación de los jueces al momento de elaborar sus decisiones, presentar de forma lógica, coherente y fundamentada en Derecho, las razones en virtud de las cuales adoptó una determinada resolución, siendo la misma un acto que nace del estudio y evaluación de todas las circunstancias sometidas a su consideración.
En efecto, el referido Tribunal de Control se limitó a publicar el 30 de mayo de 2025, únicamente un auto denominado “AUTO DE FIRMEZA DE SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS”, en el cual únicamente hace referencia a la pena impuesta en la audiencia preliminar incumpliendo con su obligación de motivar su decisión, a los fines de garantizar que las partes conozcan los argumentos por los cuales se sustentó la sentencia y determinó la pena a imponer; para así, de considerarlo necesario, puedan ejercer los medios recursivos pertinentes en defensa de sus derechos e intereses, y resguardar de esta forma los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
(...) en resguardo de la tutela judicial efectiva, se impone al juzgador la obligación de publicar por separado aquellas decisiones que resuelvan asuntos distintos a los previstos en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso que nos ocupa, el criterio de obligatoriedad de publicación de autos fundados, se extiende con igual rigor a los casos de Admisión de los Hechos. Por cuanto, la simple publicación de un auto en el cual solamente se haga referencia a los delitos y la pena impuesta, resulta insuficiente para garantizar los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva; pues, al ser una sentencia condenatoria; es decir un acto jurisdiccional plenamente recurrible, su falta de publicación íntegra (motiva y dispositiva) impide el control recursivo establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal y contraviene la doctrina de la Sala sobre la obligatoriedad del auto fundado por separado de aquellos actos que no admiten recurso alguno."
N° de Expediente: RI25-574 N° de Sentencia: 014
Tema: Recurso de Interpretación
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: El recurso de interpretación consiste en precisar la conexión y posición del precepto jurídico a través de un razonamiento lógico que explique o aclare el sentido de la norma denunciada como ambigua, dudosa, contradictoria u oscura, no es una vía procesal para impugnar una sentencia contraria a los intereses del peticionante.
Ver Extracto:
"(...) El recurso de interpretación, en el caso de la Sala de Casación Penal, se concibe como un medio para aclarar o interpretar el contenido y alcance de una norma penal de rango legal.
(...)Para tal fin, el juez (como intérprete), deberá desentrañar una serie de hipótesis plasmadas por el legislador en el contenido de una disposición legal, a objeto que por medio de la hermenéutica jurídica, se pueda precisar la conexión y posición del precepto jurídico interpretado, en el complejo global de la ley, norma u ordenamiento jurídico.
(...) esta Sala pudo observar, de lo narrado en el presente recurso de interpretación, que en lo atinente al requerimiento de evaluar la “…existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal que justifique el movimiento del aparato jurisdiccional en la aclaratoria de ésta…” (sic), el peticionante no fundamentó adecuadamente la oscuridad, ambigüedad o la contradicción de las disposiciones legales cuya interpretación se solicitó, lo cual constituye un requisito necesario para que esta Sala de Casación Penal pueda entrar a analizar los argumentos expuestos.
En efecto, de lo argumentado por el peticionante, advierte que lo expresado tiene como finalidad, un propósito que no se corresponde con la naturaleza del recurso de interpretación, por cuanto, lo alegado pretende cuestionar, lo que a juicio del recurrente, implicó una “…aplicación indebida…” (sic), del artículo 406, del Código Orgánico Procesal Penal, por parte de los tribunales de la jurisdicción penal, incluso refiriéndose directamente a una decisión emitida por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a la sentencia número 399, del 14 de julio de 2025, adjudicándole la creación de un “…requisito formal extensivo de un artículo que no regula la querella, sino a la ACUSACIÓN PRIVADA, lo que va en contra del principio de legalidad procesal que exige que los requisitos para cada acto estén definidos en la ley…” (sic).
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