Sentencia que anula y repone la causa por falta de Notificación y sus Resultas en el Proceso Penal

Sentencia número 158 del 4 de abril de 2016,  N° Exp. C15-453. Procedimiento: Recurso de Casación. Partes: Eladio Antonio Muchacho Unda y otros.

Decisión: Anula todas las actuaciones inherentes a los actos de notificación de la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de 2015, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, en el asunto TP01-R-2014-000380, así como, todos sus actos subsiguientes. Se ordena la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo y realice un nuevo cómputo de días de audiencia transcurridos desde la última notificación efectiva de la decisión, relacionado con el proceso penal seguido al ciudadano ELADIO ANTONIO MUCHACHO UNDA y otros.

"La Sala de Casación Penal debe reiterar que las notificaciones de los actos procesales, cualquiera que estos sean, interesan al orden público constitucional y legal, por cuanto el propósito del legislador fue el aseguramiento de que las mismas fueran practicadas de tal manera que quedara inequívocamente acreditado en autos que las partes tengan conocimiento de la decisión tomada por el órgano jurisdiccional, así como de las consecuencias jurídicas, como garantía de que el proceso no sufra demoras indebidas, ni contravenciones de los derechos de las partes.

  Distinguiéndose además que cuando las sentencias emitidas por las Cortes de Apelaciones ordenen su notificación, constituye un requisito indispensable verificar su efectiva realización, pues esto permite establecer la tempestividad del recurso de casación,  y computar el lapso de quince (15) días a partir de la última notificación de las partes, tal  como ha sido expuesto en sentencia vinculante de la Sala Constitucional  núm. 5063 del quince (15) de diciembre de 2015, que establece:

“…En consecuencia, con lo expuesto, debe esta Sala afirmar con carácter vinculante para todos los Tribunales Penales de la República, inclusive la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, i) que si habiéndose dictado la sentencia definitiva dentro del lapso legal para ello, se acordase la notificación de la misma, los lapsos para el ejercicio de los medios recursivos, deberán computarse a partir de la notificación del fallo y no desde la publicación del mismo, ya que, lo contrario genera una inseguridad jurídica en cabeza de los accionantes; y ii) si la sentencia fue dictada sin la presencia de las partes, en virtud de haber diferido la publicación del texto íntegro, y ésta es publicada fuera del lapso establecido para ser dictada la misma, se debe notificar la sentencia a las partes intervinientes, aun cuando se encontrase en libertad el imputado…”.

              De ahí pues, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, al no cumplir con el control efectivo de las notificaciones y sus resultas, impidió determinar con precisión cuándo se produjo la última de las notificaciones, generando incertidumbre respecto al inicio del lapso para la interposición del recurso de casación e incidiendo negativamente en la seguridad jurídica que deben tener las partes dentro del proceso penal, derivándose de esta actuación el quebrantamiento de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantías consagradas en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y del derecho a la defensa e igualdad de las partes establecido en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal.

              En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal considera que en el presente caso se ha materializado un vicio de orden público no convalidable, que afecta a todas las partes en el proceso, pues incide en el derecho de recurrir de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, lo cual amerita la nulidad de todas las actuaciones inherentes a los actos de notificación de la sentencia dictada el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo,  de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, y ordena la reposición del proceso al estado en que se practique la notificación efectiva de todas las partes y se aperture un nuevo lapso para la interposición del recurso de casación, el cual deberá ser computado a partir de la última notificación efectivamente practicada, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 163 y siguientes del Código Adjetivo Penal. Así se decide.

              Por otra parte, la Sala advierte que en el cómputo de días de audiencia, elaborado el veintiséis (26) de octubre de 2015 por la abogada YARITZA CEGARRA LINARES, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, aparece lo siguiente:

“Que conforme al libro diario de esta Corte de Apelaciones se evidencia que desde el día 19 de Agosto de 2015 (exclusive) fecha en que consta en autos la última de las notificaciones ordenadas en el presente recurso N° TP01-R-2014-000380 hasta el día 05 de septiembre de 2015 (inclusive) transcurrieron 15 días hábiles, discriminados de la siguiente manera: “EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 (07 DÍAS HÁBILES): Jueves 20, Viernes 21, Lunes 24, Martes 25, Miércoles 26, Jueves 27 y Viernes 28. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015: (05 DÍAS HÁBILES): Miércoles 02, Jueves 03, Viernes 04, y Lunes 07, Miércoles 30. El día Martes 08 de Septiembre de 2015, el procesado ELADIO ANTONIO MUCHACHO UNDA, REVOCA a todos sus Defensores Privados y Nombra al Dr. ALBERTO PERDOMO y en fecha 29 de Septiembre de 2015, queda debidamente juramentado el Defensor Privado DR. ALBERTO PERDOMO. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015: Jueves 01 y Lunes 02. El día miércoles 30 de septiembre de 2015, fecha en la cual el abogado ALBERTO DANIEL PERDOMO BRICEÑO, Abogado en ejercicio (…) Defensor Privado del ciudadano ELADIO MUCHACHO UNDA (…) interpone RECURSO DE CASACIÓN en contra de la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones, publicada en fecha 16-07-2015, interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, escrito contentivo de Recurso de Casación…”.

              Evidenciándose que en el referido cómputo, se consideró erradamente que la última notificación a las partes ocurrió el día diecinueve (19) de agosto de 2015, fecha en la cual (según lo plasmado en actas por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo) fueron agregadas las resultas en el expediente de todas las boletas de notificaciones practicadas en este asunto, infringiendo de esta manera el artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal que establece:

Artículo 163. Las citaciones y notificaciones se practicarán mediante boletas firmadas por el Juez o Jueza, y en ellas se indicará el acto o decisión para cuyo efecto se notifica.
Las resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo, dentro de los tres días siguientes a su recepción en el servicio de alguacilazgo, a objeto que se hagan constar en autos. El incumplimiento de esta disposición será sancionable disciplinariamente. (Resaltado de la Sala)

         En efecto, el artículo 163 del Código Orgánico Procesal, demanda que las resultas de las citaciones y notificaciones deben consignarse ante el tribunal respectivo dentro de los tres días siguientes a su recepción en el servicio de alguacilazgo, a objeto de que se haga constar en autos. En el presente caso, las notificaciones practicadas los días veintiuno (21), veintidós (22) y veinticuatro (24) de julio de 2015, fueron incorporadas en el expediente el diecinueve (19) de agosto de 2015, es decir, diecisiete (17) días de audiencia, luego de haber sido practicadas. Situación que constituye una alteración a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y al principio de igualdad de las partes en el proceso penal, establecidos en los artículos 26 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 12 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por consiguiente, la Sala de Casación Penal, exhorta a los jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, a ser más cuidadosos en la tramitación de las notificaciones y demás actos de comunicación procesal, a los fines de evitar situaciones que afecten la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa e igualdad de las partes. De manera particular, se hace un llamado de atención a la abogada YARITZA CEGARRA LINARES, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, por haber incumplido con su función como depositario de la fe pública judicial al no haber constatado la notificación efectiva de las partes, además de dilatar la consignación de las notificaciones practicadas hasta el momento, anexándolas al expediente luego de haber transcurrido diecisiete (17) días de audiencia, omitiendo las reglas previstas en el referido artículo 163 del Código Orgánico Procesal Penal.

En síntesis, la Sala de Casación Penal constató que en el presente caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, violentó los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 166 del Código Orgánico Procesal Penal, al no comprobar la efectiva notificación de las partes y computar de manera equivocada el lapso para la interposición y contestación del recurso de casación.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en los artículos 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, ANULA todas las actuaciones inherentes a los actos de notificación de la sentencia proferida el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo y sus actuaciones subsiguientes; ORDENA la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión dictada por ese órgano jurisdiccional en fecha el dieciséis (16) de julio de 2015 en el asunto TP01-R-2014-000380  y realice un nuevo cómputo de días de despacho transcurridos desde la última notificación efectiva. Así se decide."

Los Tribunales sin despacho: los días miércoles, jueves y viernes, como medida a ser acordada en el lapso comprendido entre el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo de 2016, inclusive

El Tribunal Supremo de Justicia
Junta Directiva

Caracas, 26 de abril de 2016 
Resolución No. 2016-0209 

En ejercicio de las atribuciones que confiere al Tribunal Supremo de Justicia el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Junta Directiva,

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31, establece que los Jueces están obligados a cumplir un horario de trabajo de ocho horas diarias, cinco días a la semana y que, de conformidad con lo convenido en la Cláusula No. 9-B de la II Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, fue reconocida la jornada de servicio de siete horas diarias de lunes a viernes, con horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

CONSIDERANDO

Que la Sala Plena mediante Resolución No. 2016-0005 de fecha 16 de marzo de presente año resolvió implementar un Plan Estratégico de Ahorro de Energético, conformado por una serie de medidas extraordinarias y temporales tendentes a incrementar el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, en atención a la situación a nivel nacional en materia ambiental y de energía eléctrica, en la cual se consideró la posibilidad de que dicha Junta Directiva acordara normas complementarias necesarias a dicho plan.

CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional por razones de interés nacional, mediante el Decreto No. 2.303 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 26 de abril del presente año, dictado en el marco de la emergencia económica, declaró los días miércoles, jueves y viernes como no laborables para el sector público, como medida a ser aplicada el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo del mismo año, como consecuencia de los efectos negativos del fenómeno “El Niño” sobre los niveles de disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa de Guri, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, lo cual amerita una urgente consideración en lo que respecta al Poder Judicial.

RESUELVE

PRIMERO: Todos los funcionarios judiciales, ejecutivos, administrativos y obreros de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría General de Tribunales, Escuela Nacional de la Magistratura, Jurisdicción Disciplinaria Judicial, Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso-Administrativo, Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, Tribunales con competencia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrarios, Marítimos, Laborales, Contenciosos Administrativos, Contenciosos Tributarios, de todo el territorio nacional, como medida coyuntural, dejarán de laborar los días miércoles, jueves y viernes, como medida a ser acordada en el lapso comprendido entre el día 27 de abril de 2016 y hasta el viernes 13 de mayo del mismo año, inclusive.

SEGUNDO: Todos los Juzgados de la República tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Los jueces cualquiera que sea su competencia, continuarán los actos, juicios o audiencias que hayan iniciado dentro del horario acordado, atendiendo especialmente aquellos actos procesales que no puedan diferirse.

TERCERO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días, incluyendo los días miércoles, jueves y viernes. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. La Sala Constitucional y demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia que lo ameriten, implementarán un rol de guardias los días objeto de la suspensión temporal de actividades.

CUARTO: Las Cortes de Apelaciones, Los Juzgados Penales de Primera Instancia en función de control y juicio ordinario, así como municipales penales, de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de control, audiencias y medidas, en delito económicos, y antiterrorismo de los Circuitos Judiciales Penales, laborarán ordinariamente excepto los días miércoles, jueves y viernes comprendidos en el lapso a que se refiere el primer punto de la presente Resolución, respecto a los cuales se implementarán los roles de guardia que sea necesarios para la debida continuidad y atención procesal.

QUINTO: Se ordena a los Secretarios, Directores, Coordinadores, Gerentes, Jefes y Supervisores de los Órganos auxiliares del Poder Judicial, jueces y demás funcionarios, empleados y obreros de oficinas administrativas y dependencias judiciales a nivel nacional, a velar por el cumplimiento de lo aquí previsto. Se les exhorta a fomentar y acentuar las prácticas para el uso racional y adecuado del servicio de energía eléctrica, inclusive en aquellos casos que se establezcan debidamente guardias por razones de servicio; así como en general a todo el personal del Poder Judicial, a extender las concientización sobre esta práctica en todos los entornos y espacios en que se desenvuelvan.

SEXTO: Se ordena la publicación de la presente Resolución en la Gaceta Judicial y en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Comuníquese y publíquese. 

ARTICULO DE OPINION: El Principio de Inmediación versus los Diferimientos en el Juicio Oral

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Este Principio de Inmediació n se encuentra contenido en varias normas de nuestra legislación. Empezamos por nuestra principal ley adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) con dos normas. La primera de ellas está el artículo 16 y la segunda, en el artículo 315. Dice el artículo 16 sobre el Principio de Inmediación, lo siguiente:

"Artículo 16. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento."

Este Principio implica la inevitable percepción del Juez a través de sus sentidos de lo ocurrido en el debate y el anexo de las pruebas para decidir.

Esta norma tiene un sentido lógico y es que el Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio debe estar desde el inicio, con la llamada apertura, durante todo el desarrollo y en la finalización del juicio, con las conclusiones, en forma presencial. Es decir, en la sede física del Tribunal presenciando todo lo que esté ocurriendo, para así darse una idea completa del caso, entender todas y cada una de las pruebas y su consecuencia en el dispositivo del fallo que vaya a dictar. Ésa inmediatez, esa percepción de su mirada a los sujetos que le hablan para saber si están improvisando o manejan con pleno dominio su caso será plasmada en la motiva de su decisión. Verán todas y cada una de las técnicas que apliquen en el debate los sujetos procesales, y con suma atención escuchará a los testigos, a los peritos y a toda persona que vaya a declarar en los estrados.

La oratoria forense que se produzca en el desarrollo del juicio oral es lo que va analizar el Juez mediante el convencimiento o no y el racionamiento que haga de los dichos de los parlantes. Igualmente, cualquier elemento de carácter científico-técnico en este caso particular los vídeos o audios que se reproduzcan en las audiencias será revisado con detalle mediante la recepción que haga de los mismos en forma atenta.

Cuando por ejemplo se haga la reconstrucción de hechos será primordial el enfoque que haga el Juez para dictar una sentencia ajustada a derecho, y que demuestre la existencia o no de uno o más hechos punibles. Ésa Inmediación jugará un papel crucial en la determinación de la responsabilidad penal o no de los acusados.

Este Principio de Inmediación va a desembocar en una buena sentencia donde debe captarse la sinceridad, franqueza y correcta disposición de los oradores a decir la verdad en todas y cada una de sus respectivas intervenciones.

Veamos algunas Jurisprudencias relacionadas con este importante Principio:

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 289 del 20 de julio del 2012, Expediente No. 2011-000287, Ponente Paúl José Aponte Rueda, ha dejado sentado:

"A las Cortes de Apelaciones están limitadas de establecer hechos nuevos, incluso a partir de la adminiculación de las pruebas (aunque hayan sido debidamente incorporadas al proceso ante el tribunal y en la fase correspondiente), precisamente porque no se produjo la inmediación que exige expresamente el Código Orgánico Procesal Penal. 

Los procedimientos judiciales al estar informados por los principios de oralidad, concentración, publicidad e inmediación, que es la norma bajo análisis, deben desarrollarse de manera que el juez o la jueza presencie en una posición de privilegio el modo como se van incorporando las pruebas y los debates que se van generando en torno a ellas, colocando en lugares disímiles al juzgador de juicio y al de apelación, quien solamente podría en aras de garantizar la inmediación, asumir de manera directa el debate probatorio, si se efectuara un nuevo juicio en su presencia. Sin embargo, ello no es lo que ocurre en el proceso penal patrio, donde la función del tribunal superior se reduce a verificar que la sentencia dictada por el tribunal de juicio cumpla con las previsiones del ordenamiento jurídico, quedando impedido de valorar pruebas, aunque de hecho pueda reproducirlas mediante la lectura de actas, o incluso, en video, puesto que se pierde la oportunidad que debe tener el juez o la jueza de acceder por sí mismo a la corporeidad de los elementos probatorios y de percibir y regular el debate de las partes.

Conforme a lo expuesto, puede aseverarse de manera general que una Corte de Apelaciones al valorar pruebas, para modificar los hechos establecidos por el tribunal de la recurrida, estaría actuando fuera de su competencia funcional, y en consecuencia, dicha conducta es contraria a derecho, por lo que sería necesario anularla."

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 187 del 10 de junio de 2004, ha dicho:

“La inmediación es un principio propio de la etapa del juicio oral toda vez que corresponde a los jueces de control y de juicio apreciar las pruebas y establecer los hechos.”

Otra es la Sentencia de la Sala Constitucional del 22 de diciembre de 2003:

“El principio de inmediación, reconocido como rector para diversos procesos -tales como el penal (artículos 16 y 332 del Código Orgánico Procesal Penal), el proceso oral civil (artículo 860 del Código de Procedimiento Civil), el proceso de menores (artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), el proceso laboral (artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) y para el proceso agrario (artículos 170 y 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario)- se caracteriza porque el Juez que ha de dictar la sentencia, debe presenciar personalmente la incorporación de las pruebas en las audiencias destinadas a ello, presencia personal y rectora que, según el tipo de procedimiento de que se trate, puede legalmente exigirse en determinados actos procesales, distintos a los probatorios, donde el juez -al finalizar los mismos- debe dictar decisión, por lo que en estos supuestos -señalados por la ley- los jueces que han de pronunciar la sentencia, deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas de las cuales obtienen su conocimiento, siendo el denominador común de los procesos reseñados, que al finalizar el debate, regido por el principio de concentración de la prueba, o en un lapso inmediato a dicha finalización -que puede variar conforme lo que señale la ley que rige el proceso- debe el juez proceder a sentenciar.”

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 493 del 01 de noviembre 2002, declara que:

“En virtud del principio de inmediación la Corte de Apelaciones no está facultada para establecer los hechos.”

La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Número 001 del 11 de enero de 2002, precisa que:

“Se infringió, en esta forma, el principio de inmediación procesal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción por haber estado en relación directa con las partes. Son estos requerimientos muy distintos a los supuestos referidos en el artículo 364, numeral 6, del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual dispone que la sentencia deberá contener la firma de los jueces, pero, si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribirla por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar y aquélla tendrá valor sin su firma. Se trata de una infracción que no afecta ninguna norma de carácter sustantivo sino de la inexistencia de un fallo por no aparecer firmado por todos los jueces que debieron hacerlo”.

Mas adelante esta misma sentencia explica que:

“Se infringió, en esta forma, el principio de inmediación procesal, según el cual el juez llamado a sentenciar es aquél que haya asistido al debate y podido formarse convicción por haber estado en relación directa con las partes. Son estos requerimientos muy distintos a los supuestos referidos en el artículo 364, numeral 6, del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual dispone que la sentencia deberá contener la firma de los jueces, pero, si uno de los miembros del tribunal no pudiere suscribirla por impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hará constar y aquélla tendrá valor sin su firma. Se trata de una infracción que no afecta ninguna norma de carácter sustantivo sino de la inexistencia de un fallo por no aparecer firmado por todos los jueces que debieron hacerlo.”

La Sentencia Número 412 de la Sala Constitucional del 02 de abril de 2001, en el Exp. Nº 00-2655, expresa que:

“…, la Sala debe afirmar, por una parte, que el artículo 16, que consagra el principio de la inmediación, claramente dice “Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente el debate [...]”, y en el presente caso la sentencia ya fue pronunciada por el mismo juzgador que presenció el debate, sólo que difirió su publicación, y por la otra, cuando el artículo 366 del aludido código adjetivo establece la posibilidad del diferimiento de la sentencia, en razón de la complejidad del asunto y lo avanzado de la hora, es porque definitivamente puede ocurrir sólo por vía excepcional, bajo la condición de que el Tribunal haga saber a las partes, de manera sumaria los elementos de juicio de hecho y de derecho en que se sustenta el fallo, de forma que no se generen dudas en cuanto al contenido de la parte motiva de la sentencia, pues fue leída en audiencia la parte dispositiva.”

Otra Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es la Sentencia Número 110 del 14 de marzo de 2002. Esta desarrolla que:

“...la inmediación es un principio propio de la etapa del juicio oral, es decir, ante los jueces de Control y de Juicio, en principio, los llamados a dictar sentencia. Las Cortes de Apelaciones, también debe cumplir con la exigencia de inmediación, cuando, admitido el recurso de apelación, una de las partes haya promovido prueba y se convoque a la audiencia oral exigida en el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.”

Inmediación
Artículo 315. El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del Juez o Jueza y de las partes.
El acusado o acusada no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado o custodiada en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado o representada por el defensor o defensora. Sólo en caso de que la acusación sea ampliada, el Juez o Jueza lo hará comparecer para los fines de la intimación que corresponda.

Si su presencia es necesaria para practicar algún reconocimiento u otro acto, podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza pública.

Si el defensor o defensora no comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo."

Hay algunas sentencias que les pudiera recomendar para leer con mayor abundamiento en las normas generales del Juicio Oral y Público en Venezuela de lo que debe ser la Inmediación, entre ellas tenemos algunas sentencias de la Sala de Casación Penal y otras de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Primero veamos las mejores sentencias de la Sala de Casación Penal que han desarrollado diversos comentarios sobre este artículo 315 del COPP:

Sobre la ausencia de la Sala del acusado y la función del abogado defensor, tenemos la número 159 del 20 de mayo de 2010.

Sobre la imposición de un defensor público durante el debate probatorio no contando con el consentimiento del acusado tenemos la número 314 del 2 de julio de 2009. También sobre este mismo punto tenemos la sentencia número 729 del 18 de diciembre de 2007.

De la vulneración del Principio de Inmediación por el juez que no presenció el debate tenemos la número 432 del 8 de agosto de 2008.

Del Principio de Inmediación, tenemos la número 338 del 3 de julio del año 2008.

Sobre el contenido y alcance de la tutela judicial efectiva y los supuestos de vulneración en fase de juicio podemos ver la sentencia número 105 del 26 de febrero del año 2008.

Sobre la Oralidad e Inmediación y el interrogatorio, podemos revisar la número 714 del 13 de diciembre el año 2007.

De la exclusión o de la causa a los abogados defensores tenemos seis sentencias, la número 613 del 7 de noviembre del año 2007 de la Sala Constitucional. Del mismo modo, la sentencia número 806 del 5 de mayo de 2004 sobre el contenido y alcance de la Inmediación y el criterio de la sentencia 412 del 2 de abril del año 2001.

Continuando con el tema de acto del Juicio Oral, los abogados que actuamos en el litigio, debemos ceñirnos a lo que establece nuestra Ley de Abogados, en su artículo 4 nos enseña:

"Artículo 4. Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación  por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso."

Hasta el Reglamento de la Ley de Abogados publicado en la Gaceta Oficial Nº 28.430 del 13 de septiembre de 1967, Decreto Nº 908 del 12 de septiembre de 1967, ha dicho sobre esto en su artículo 17:

"Artículo 17. La obligación en que están los Abogados de aceptar las defensas que se les confíen de oficio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, se entiende referida a las causas criminales. En cuanto a su excusa se seguirá el procedimiento pautado por el Código de Enjuiciamiento Criminal."

Hay cinco normas del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano del 15 de septiembre de 1985, que les menciono a continuación y están directamente relacionadas con el tema de los juicios orales, la inasistencia, el diferimiento o el retraso en la secuela del juicio con motivo de la actuación del abogado litigante:

Artículo 17.- Es deber del abogado ser puntual en su asistencia en los Tribunales, así como también en sus citas o reuniones con los colegas, sus clientes o la parte contraria.

Artículo 18.- Cuando un abogado no pudiere concurrir a un acto judicial en el cual debe participar, por motivo de enfermedad u otro plenamente justificable, solicitará oportunamente al Juez el diferimiento del acto y prevendrá del hecho a su colega adversario, quien, por espíritu de confraternidad estará obligado también a adherirse a la solicitud del diferimiento del acto. -

Artículo 20.- La conducta del abogado deberá caracterizarse siempre por la honradez y la franqueza. No deberá aconsejar ni ejecutar actos que puedan calificarse de dolosos, hacer aseveraciones o negaciones falsas, citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni realizar acto alguno que pueda entorpecer una eficaz y rápida administración de justicia.

Artículo 22.- El abogado deberá abstenerse de hacer uso de recusaciones injustificadas y de ejercer otros recursos y procedimientos legales innecesarios, con el solo objeto de entorpecer o retardar la secuela del juicio.

Artículo 36.- El abogado debe procurar que se mantenga una actitud correcta y respetuosa tanto con los funcionarios, como con el abogado de la contraparte y con los terceros que intervengan en el juicio. Si el asistido persiste en su conducta incorrecta, el abogado deberá renunciarle su patrocinio.

Nuestro Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano es muy sabio para orientar a los abogados, en este conjunto de artículos que rigen los juicios y su actitud frente al Tribunal de la causa y a las demás partes procesales que hacen como norte el respeto a la majestad del Juicio Oral, recursos y otros procedimientos establecidos en nuestras leyes. Pero en particular, refiriéndonos al tema en cuestión que se analiza en el presente artículo de opinión, vemos que la consecuencia natural contenida en este artículo 315 impone el abandono de la defensa y el inmediato reemplazo, el cual por cierto debe ser absoluto, completo, sin ninguna duda de que no volverá a actuar el abogado incompareciente que no se justificó, a menos que fuese estrictamente necesario hacerlo, y que por el Principio de Inmediación y la no paralización de la justicia por el artículo 257 constitucional, debe continuarse el debate oral y público en el menor tiempo posible lo cual veremos más adelante, y nos referimos precisamente al tema de la concentración y continuidad del Juicio Oral y Público y los posibles diferimientos que se lastimosamente se ven regularmente en los tribunales penales venezolanos. Sobre esto, tenemos tres normas y son los artículos 17, 318, 319 y 320 del COPP, que son las siguientes:

Concentración
"Artículo 17. Iniciado el debate, éste debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles."

Concentración y Continuidad
"Artículo 318. El tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos, que fueren necesarios, hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de quince días, computados continuamente, sólo en los casos siguientes:

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, siempre que no sea posible resolverla o practicarlo en el intervalo entre dos sesiones.

2. Cuando no comparezcan testigos, expertos o expertas o intérpretes, cuya intervención sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública.

3. Cuando algún Juez o Jueza, el acusado o acusada, su defensor o defensora o el o la Fiscal del Ministerio Público, se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados o reemplazadas inmediatamente. La regla regirá también en caso de muerte de un Juez o Jueza, Fiscal, defensor o defensora.

4. Si el Ministerio Público lo requiere para ampliar la acusación, o el defensor o defensora lo solicite en razón de la ampliación de la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente"

Sobre este artículo tenemos seis sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que les menciono a continuación sobre los aplazamientos, las suspensiones, la incomparecencia de testigos, expertos y la adquisición e incorporación de pruebas:

La número 254 del 26 de mayo de 2009.
La número 243 del 26 de mayo de 2009.
La número 706 del 16 de diciembre del año 2008.
La número 61 del 1 de marzo de 2007.
La número 503 del 8 de agosto de 2005.
Y la número 335 del 8 de junio de 2005.

Sobre todas estas decisiones y muchas más recomiendo leer el libro Código Orgánico Procesal Penal de Luis Miguel Balza Arismendi, páginas 286 y siguientes, publicado por la librería jurídica Álvaro Nora, Caracas, 2013.

Decisión sobre la Suspensión
Artículo 319. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará el debate; ello valdrá como citación para todas las partes. Antes de continuarlo, el Juez o Jueza resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
Los jueces o juezas y los o las fiscales del Ministerio Público podrán intervenir en otros debates durante el plazo de suspensión, salvo que el tribunal decida por resolución fundada lo contrario, en razón de la complejidad del caso.
El Juez o Jueza ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate.

Interrupción
Artículo 320. Si el debate no se reanuda a más tardar al décimo sexto día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio.

Observemos que cuando hay el inicio de un proceso penal, hay demasiadas expectativas en la fase preparatoria con referencia a la investigación y sus resultados, su desarrollo. Luego, con la celebración de la audiencia preliminar, que es la fase intermedia y después con la emoción que significa el auto de apertura a juicio para saber qué fue lo que ocurrió. Por ello me incluyo en los autores que consideran que es la mejor parte del proceso penal, ese momento cuando el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control dice vamos a juicio, se admiten las pruebas, se hablan de las medidas, y porqué delitos vamos a la contención, sabremos lo que significa esta etapa cúspide, a mi modo de ver, que es el Juicio Oral y Público.

Si bien es cierto emociona cuando se apertura o inicia el juicio oral, se habla entonces del comienzo del verdadero juzgamiento y sentido de lo que fue derogar el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal. Aquí desde el año 1999 estamos en un nuevo modelo establecido por el legislador. Con la particularidad de que debería hacerse en días consecutivos, como dice el artículo 17 en consonancia con el 318 del COPP, pero quizás estas cosas pasan por motivos plenamente justificados de interrupciones o en su defecto por motivos de enfermedad, agenda, saturación de audiencias, la falta de traslado de los detenidos y las pocas Salas disponibles en los distintos edificios destinados a brindar la justicia, ya que lo ideal sería que cada Tribunal en Funciones de Juicio tuviera su infraestructura física adecuada, espaciosa e imponente para celebrar el acto prioritario para el cual fue creado.

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¿Qué pasa con el tema de la interrupción y el nuevo comienzo desde cero en el Juicio Oral y Público? 

Lo que sucede si se interrumpe el Juicio, por las razones que sean, y pasan más de 16 días, esta norma, el artículo 320, dice que debe realizarse uno nuevo y desde el inicio del juicio, pues las variadas reformas que ha sufrido el COPP, en mi humilde opinión erróneamente en vez de disminuir la temporalidad, lo que se ha hecho es aumentar el tiempo, de colocar más días para dar más chance al incidente que ha ocurrido y que se pretende con esto dar oportunidad para la continuación del Juicio Oral y Público. Es como ver una película dos o más veces. El tema de los diferimientos y de las interrupciones es un pan nuestro de cada día.

Interesante es ver sobre la concentración y continuidad de los Juicios, establecidos en el artículo 318 del COPP, este párrafo de la Sentencia número 3355 del 03 de diciembre 2003 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Ponente José Manuel Delgado Ocando, Exp. 02-2685, en el Procedimiento de una Acción de Amparo, caso: Lina Ninette Ron Pereira y otros:

"Considera la Sala oportuno destacar que, en lo esencial, se debe distinguir entre acto de diferimiento, aplazamiento y suspensión del debate, pues, en el acto de diferimiento el juez no ha dado apertura al debate oral y público; en cambio, en el aplazamiento hay una breve paralización del juicio con el propósito de que las partes gocen del reposo físico y mental necesario para continuarlo; mientras que la suspensión de la audiencia sólo es posible por las causas taxativas señaladas en el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal."

Dependiendo del momento de la interrupción tendremos revelaciones permitidas, que si sólo se ha dado la apertura y no ha pasado más nada, ninguna continuación, simplemente tendremos el alegato inicial. Luego de esto viene el tema de las pruebas y su evacuación para enervar o refutar los hechos implicados, con esquemas que aún no se saben, quizás se intuyan. Pero, si ya está avanzado el Juicio Oral y Público y prácticamente estamos en la finalización o en las conclusiones o discurso de cierre, ya las partes procesales conocen y demostraron cómodamente su flamante teoría del caso. Ya no hay sorpresa alguna, las partes procesales saben perfectamente cuál es la opinión o estrategia de defensa o ataque en el desarrollo de ese juicio oral y público. Lo que cada testigo declaró, lo que cada experto concluyó, lo que el abogado preguntó y repreguntó o el representante del ministerio público adujo abiertamente, todo ya se ha comentado y todos lo saben. E inclusive si se graba cada acto del Juicio Oral, pues simplemente, se pide la revisión de las grabaciones para profundizar en el detalle y agudeza de cada deposición y de cada intervención de los sujetos procesales y todos los que hablaron en el Juicio Oral y Público. Entonces en el nuevo Juicio Oral y Público que se vaya a celebrar posteriormente y en una nueva fecha, y a veces pasa varias veces, que se interrumpe, reitero, no sólo una vez, sino varias, me pregunto, ¿es que ahora se van a cambiar las teorías del caso por cada una de las partes procesales o es que va seguir el mismo diagrama en la vez anterior? ¿o es que esto no acarrea dificultades de la divulgación correcta de la defensa que la ley permite?, pero que esta inconveniencia de volver a plantear todo lo que nos costó preparar para evitar convencer al Juez, que ya sabe de antemano que fue lo que hicimos o mejor dicho, dijimos, no será contraproducente todo este entuerto del legislador al querer que se celebre nuevo juicio. No estamos hablando de la muerte del Juez que lleva nuestra causa, me refiero a una falta o causal absoluta, y de lo cual lógicamente habría que nombrarse a otro Juez para que se inicie desde el principio el Juicio Oral y Público, sino de que el mismo Juez al que ya nos conoció todo lo que se planteó como defensa, ya sean causales de justificación, por ejemplo o cualquiera otra que se haya presentado, no va tener el efecto que queremos y las explicaciones que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios.

Lo mas sano es que se conserve la validez de los actos realizados hasta el momento de la interrupción, y se tome algo de Derecho comparado, como ejemplo el artículo 788.1 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España. Ver «BOE» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882. Referencia: BOE-A-1882-6036. TEXTO CONSOLIDADO, cuya última modificación fue el 6 de octubre de 2015, todo para garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia en consonancia con el artículo 26 de la Carta Magna que dice que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. También, establece que el Estado garantizará una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Sin embargo, la Sala Constitucional mediante sentencia del 17 de junio de 2008, declaró SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Carlos Brender contra el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal (vigente para la época), Magistrada Ponente Dra. Carmen Zuleta De Merchán, en el Exp. 03-1573, ha señalado:

"Estima la Sala que la existencia de fases procesales previas al debate oral y público es esencial para la comprensión de las razones por las cuales éste ha de ser concentrado en el menor número de audiencias posible. Quizás la complejidad de lo juzgado, la actividad procesal del interesado o la conducta de las autoridades judiciales (ver sentencias N° 909/05 y N° 626/07, entre otras), impidan en ocasiones su brevedad –de allí el aplazamiento de las sesiones-, pero nunca podrá ser motivo de injustificada duración. Una vez que, como resultado de la audiencia preliminar, se inicie el juicio oral y público, las audiencias del debate deben sucederse unas a otras, a fin de que ante el tribunal se evacuen todas las pruebas del caso sin solución de continuidad.

Lo anterior explica, entre otras cosas, las limitaciones legales a la admisión de pruebas que no hayan sido admitidas antes del debate. Tal como lo ha advertido esta Sala, el principio de la concentración del juicio oral y público impide al juez conocer de pruebas distintas a las ofrecidas con ocasión de la Audiencia Preliminar y que hubieren sido admitidas por el Juez de Control. De permitirse, se contrariaría el propósito de tal principio de concentración que preside el ordenamiento adjetivo penal venezolano, el cual, según lo expuesto, responde a exigencias constitucionales. Por ello ha declarado la Sala en sentencia N° 728/2007 que:

“Es precisamente en esta fase (y no otra) donde ordinariamente se practicarán las diligencias que permitan fundar, por una parte, el acto conclusivo de la investigación y, por otra, la defensa del imputado, pues justamente una de las funciones centrales de la misma es preparar el juicio oral y público, el cual, entre otras características, deberá ser concentrado, es decir, deberá ser efectuado en el menor tiempo posible conforme al principio homónimo acogido y desarrollado, entre otros, en los artículos 17, 335, 336 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.

En el mismo fallo, la Sala insistió en que no es viable la pretensión de evacuar pruebas no producidas en la fase preparatoria, en los supuestos de excepción (contenidos en los artículos 343 y 358 del Código Orgánico Procesal Penal), por cuanto  “son de imposible realización y evacuación” en el debate, “debido al principio de concentración y a las normas que lo desarrollan en nuestro sistema jurídico, según las cuales, como se pudo observar, el juicio deberá ser efectuado en el menor tiempo posible y, ‘Si el debate no se reanuda a más tardar al undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su inicio’”.

Puede notarse, en consecuencia, que esta Sala ha reconocido implícitamente la constitucionalidad del artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal y lo hace ahora de modo expreso. De hecho, en el citado fallo N° 728/2007 la Sala sostuvo que dicha norma plantea un “aspecto de dimensiones fundamentalmente prácticas”, del que “resultan suficientemente claras las teóricas”. En esa oportunidad, por no ser necesario para resolver la controversia, no se detuvo en el particular, pero lo hace mediante la presente decisión, con ocasión de la demanda de nulidad incoada.

En conclusión, la Sala comparte las apreciaciones de los órganos que han intervenido en oposición a la demanda: el juicio oral en materia penal revela su utilidad en la medida en que el juez está presente en la evacuación de las pruebas que le servirán para decidir y que son producto de una fase preparatoria, por lo que no puede alargarse el debate por suspensiones de duración excesiva. Oralidad, inmediación y concentración son principios de necesaria conjunción en el proceso penal.

Un debate en el que las audiencias se distancian entre sí atenta contra la oralidad, la inmediación y la concentración. Como se ha destacado en los escritos de oposición a la demanda, la falta de sucesión de las audiencias podría llevar a la necesidad de escritura como único medio para conservar lo que la mente no ha podido retener. La concentración es un auxilio para la memoria, pero sobre todo es un instrumento para alcanzar una pronta sentencia, tal como lo exige la tutela judicial efectiva.

Para la Sala, si el proceso penal requiere oralidad e inmediación, sin duda la concentración es un medio para lograrlo, todo lo cual permite concluir que si no se alcanza la continuidad del debate es válido, desde el punto de vista constitucional, que se ordene iniciarlo de nuevo.

Lo anterior no impide que el Legislador –consciente de que en ciertos casos el debate no puede verificarse en un solo día- autorice al juez para ordenar la suspensión, tal como lo hace el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé un lapso que se cuenta por días hábiles, tal como lo declaró la Sala en el fallo N° 2144/2006:

“Dentro de este marco, la Sala identifica que el eje central de la controversia reside en el cómputo de los diez (10) días a que alude dicha norma, pues de ello depende la tempestividad o no de la reanudación del debate, elemento fundamental para determinar si en efecto hubo la violación del principio de concentración respecto de dicha causa (…).

De allí que resulte imperioso precisar si el cómputo se efectúa por días consecutivos calendarios o, por el contrario, se realiza por días hábiles.

En este sentido, debemos ceñirnos a lo dispuesto en el artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo texto señala:

“Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquellos en los que el tribunal resuelva no despachar”. Resaltado de esta Sala.

Ahora bien, la Sala advierte que, según se desprende de las actas procesales, en el caso sub júdice, la suspensión se dio en la audiencia de juicio que, obviamente, corresponde a la fase de juicio del proceso penal, por lo que en dicha fase los días a computarse son los días hábiles, excluyendo los sábados, domingos, feriados y los días sin despacho, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 172.

Cabe destacar que, esta forma de computar los días en la fase de juicio, prevista en el  artículo 172 eiusdem, se aplica al lapso de los diez (10) días previsto en el artículo 335 de la norma penal adjetiva, relativos a la suspensión de la audiencia de juicio”.

Si al undécimo día a partir de la suspensión, contado del modo indicado, no se ha reanudado el debate, debe celebrarse de nuevo el mismo, conforme a la norma impugnada, considerada constitucional por esta Sala." Negrillas mías.

A mi criterio, el volver a empezar otra vez el Juicio Oral y Público como si fuera nuevo es una torpeza del legislador, ya que constitucionalmente está obligado el COPP a ser expedito, a no tener dilaciones indebidas, a responder con celeridad en este tipo de situaciones que retrasan nuestra administración de justicia. Porque es un tiempo sumamente valioso que se pierde y al dejar a la luz pública su destroza las defensas que beneficien a los acusados, ya que la manera natural y mejor de enfatizar las circunstancias escogidas para abordar la fundamentación y posturas de los argumentos y tácticas a seguir de una estrategia, quedarán en el aire, que ya el Juez de antemano las conoce, y que la solución constructiva de absolución que podemos hacer frente a la anticipación de nuestras tesis de defensa de fondo, de forma o por lo que fuere que hayamos presentado y formulado en un proceso penal formalmente incoado, que desestabiliza nuestro libre albedrío y nos ponen el dilema de hacer una ruptura mental de sumo cuidado y re-enfoque para obtener la liberación total del inculpado.

También, resulta perjudicial este entramado para la víctima y sus defensas, y la postura del titular de la acción penal que es el Fiscal del Ministerio Público, ya que se ve comprometida seriamente, porque si bien éste es cierto, ya concluyó su posición mediante su principal documento del proceso penal que es la acusación, que determinaba que tales ciudadanos son los que cometieron hechos punibles y que en el Juicio Oral y Público va a desarrollar sus respectivas estrategias para lograr condenarlos, el aprovechamiento que la defensa de ese acusado va a tomar y potenciar al máximo su derecho de escoger frente a las palabras dichas a la mejor contra argumentación verbal posible que pueda requerirse en la ulterior oportunidad cuando se vuelva a iniciar el Juicio Oral y Público. Todo esto en definitiva, resta lucidez, grandiosidad y hasta hace oscuro lo precioso de una oralidad empañada manchando el entusiasmo de los sujetos procesales que borran la imaginación de soñar, de exponer una primera vez en forma elegante, sobria y persuasiva, en contrapuesto con lo aburrido y hasta cansaría la historia que debemos recrear sin estímulos que pueden darse como respuesta frente a este gazapo legislativo que nos proyecta obligatoriamente en una reposición inútil a experimentar algo ya vivido, a veces sin probables diferencias.

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Bibliografia sobre el Proceso penal

Jurisprudencia Penal Constitucional - 2000-2015, Criterios de Derecho Penal Sustantivo de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Autores: Núñez, José - Fuenmayor G., Federico - Mila M., Frank, Editorial: Livrosca Editores, Caracas, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 718.

Principios de Derecho Ambiental, Autor: De los Ríos, Isabel, Año: 2016, Edición: Primera. Encuadernación: Rústico, Páginas: 264.

Cuestiones de Derecho Procesal Civil y de Derecho Civil, Autor: Pesci Feltri M., Mario, Editorial: Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 469.

La Necesaria Reforma del Código de Procedimiento Civil, Autor: XLI Jornadas J. M. Domínguez Escovar, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 224.

Mala Praxis Médica en Venezuela, Autor: González Horganero, Violeta, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 204.

Proceso Penal Democrático, Autor: Monagas Rodríguez, Orlando, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 280.

El Tratamiento de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo en la Legislación Venezolana, Autor: Gerbasi, Gonzalo, Año: 2016, Edición: Primera, Encuadernación: Rústico, Páginas: 282.

OPINIÓN. Tips para Audiencias de Flagrancia

Cuando nos presentamos ante un Juez de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal (mediante los Tribunales de Guardia y competencia territorial por el artículo 58 del COPP) donde ocurrieron o se consumaron los hechos en una audiencia de presentación de detenidos por la flagrancia, debemos ser capaces de persuadir al Juez de darnos la razón en todo lo que se solicite. Si somos la defensa del detenido, lograr la libertad plena y sin restricciones de ningún tipo será nuestro objetivo primordial. Siendo tan corto todo lo que pasa en el breve tiempo que tenemos desde que esta detenido el individuo hasta que lo llevan a la celebración de la audiencia, nuestras herramientas son escasas, no contamos con casi nada, y a veces, prácticamente lo único que tenemos es nuestro discurso que debe ser muy bien planificado, corto, preciso, certero y sumamente efectivo. Si no, pues intentar lograr irnos por el procedimiento ordinario, con el otorgamiento de alguna medida cautelar sustitutiva de la libertad, o en su defecto, solicitar en forma dinámica y audaz algunas diligencias de investigación. Si no hay mas posibilidades, pues lo que nos queda lamentablemente es seguir en el procedimiento abreviado.

Imaginemos un caso que pudiera darse en los Tribunales, cuando de los autos hay claramente un sólo detenido o dos a lo sumo y la representación fiscal alega y pre califica que hay, por ejemplo, un robo o un hurto, y casi de costumbre dicen que debe aplicarse otro delito aparte, el añadido y es el del artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (la asociación: delito que debe ser cometido por tres o más personas), porque aluden a que "...están aún por identificarse..." los otros sospechosos de la detención, y se alega el peligro de fuga que es evidente e inminente, a tenor de lo descrito en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 237 del COPP, aunado a ello la pena que podría llegar a imponerse en atención al numeral 2 del artículo 237 del Código Adjetivo, habida cuenta de los delitos que se pretendan imputar, que contrae una pena por ambos (o más) delitos y la sanción probable supera los diez años de prisión.

En este orden de ideas sobre el delito de asociación para delinquir, cabe citar el criterio de la autora Nancy Carolina Granadillo Colmenares en su obra “La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, Vadell Hermanos Editores, Caracas-Venezuela-Valencia 2009, en cuyas páginas 17 a 19 enumera como "características fundamentales de los grupos de delincuencia organizada: La transnacionalización de las actividades; la estructura de los grupos; su Código de Honor; la variabilidad de las formas delictivas ejecutadas; y la plataforma económica, tecnológica y operacional; nada de lo cual aparece acreditado, ni siquiera remotamente mencionado ni referido en las actuaciones, lo que hace descartar de plano esta calificación jurídica, sobre todo si recordamos los principios de presunción de inocencia, beneficio de la duda e insuficiencia probatoria que rigen como parte integrante de la gama de derechos humanos reconocidos y garantizados en su goce y ejercicio más favorable en los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, además de en la Constitución Bolivariana y el Código Orgánico Procesal Penal."

Sobre el particular la Dra. Nancy Carolina Granadillo Colmenares en su obra citada continua: “…Así al hacer lectura de todo el catálogo de delitos que ha contemplado el legislador como delincuencia organizada , independientemente a aquellos tipificados en la Ley Orgánica in comento, llegamos a la conclusión de que pareciera que TODOS los delitos constituyen formas de delincuencia organizada, lo cual, es una grave concepción en cuanto a la naturaleza del tema en cuestión.”

Es decir, la esencia de este delito de asociación se desnaturaliza y se pierde por completo, al pretender achacarle a un sólo detenido, las consecuencias de esta norma, que conlleva generalmente a una privativa judicial de libertad que lamentablemente siempre decretan por tan sólo invocar una teoría insólita e inaplicable, frente a lo que se encuentra en autos, tanto en el expediente fiscal, en el expediente policial y en el expediente judicial, de que no hay evidencia alguna de uno o dos detenidos a lo sumo, pero no que son tres o más; que no ven la pluralidad contenida en el artículo 236 del COPP exige de manera concurrente y copulativa que se cumplan con los otros dos requisitos, que existan “fundados elementos de convicción"; es decir, habla que son varios, deben existir dos o más elementos que puedan considerarse de convicción contra el imputado en la autoría o participación del hecho punible que se investiga.

Cuando son varios detenidos y hay varios defensores nombrados, cada intervención de su defensa es de advertir que pudieran encontrarse contrapuestas las argumentaciones. Lo sano es conversar previamente entre los abogados, lo que se va a plantear o alegar. NO CAIGAN EN CONTRADICCIONES.

Si estamos de parte de la víctima, pues hacer precisamente todo lo contrario, debemos enfocarnos en lograr que siga detenido el delincuente, sin ninguna medida a su favor. Nuestra técnica y comunicación como parlantes debe ser perfecta, relevante, creíble y suficiente desde el punto de vista jurídico para convencer al Juez de todos nuestros dichos.

Debemos demostrar credibilidad y conocimiento del derecho penal sustantivo con habilidades para aplicarlo en nuestra primera exposición oral haciéndolo contundente y con total coherencia sobre el peso de nuestra versión de los hechos, probando con instrumentos claves como en general sucede en este tipo de casos, como son los testigos, si los hubiere o, por ejemplo, con cámaras de vídeo o sistemas de tecnologías de información que sean mostradas al Juez en plena audiencia y donde se pueda visualizar lo ocurrido.

Lo primero que debemos tener en cuenta en la audiencias de presentación de detenidos, que sería un inicio en el sucinto recuento de los hechos y el desarrollo, con el alegato de nuestras normas relacionadas con este interesante tema en el COPP, los Tratados Internacionales y otras leyes locales.

Las principales a mi criterio son:

Invocar la Presunción de Inocencia

Artículo 8°. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.

El Principio de la Afirmación de la Libertad

Artículo 9°. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Respeto a la Dignidad Humana

Artículo 10. En el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su comparecencia el derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza.

El abogado requerido, en esta circunstancia, solo podrá intervenir para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de este Código.

Analizar las Reglas para Actuación Policial:

Artículo 119. Las autoridades de policía de investigaciones penales deberán detener a los imputados o imputadas en los casos que este Código ordena, cumpliendo con los siguientes principios de actuación:

1. Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención.

Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Hay que tener en cuenta el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, en el artículo 3 que nos habla del uso proporcional de la fuerza y en el artículo 5 de la prohibición de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Otra ley que debemos considerar es la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional, allí se encuentran los artículos 15 que nos dice del principio de actuación proporcional, el artículo 33 relacionado con la autoridad en la investigación penal, el artículo 65 de las normas básicas de actuación policíal, el artículo 69 en la utilización de los medios para el uso de la fuerza y el artículo 70 que nos habla de los criterios para graduar el uso de la fuerza.

Del mismo modo tenemos el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el artículo 12 relacionado con el principio de respeto a los derechos humanos y el debido proceso, el artículo 16 que toca el principio del actuación proporcional, el artículo 85 de los medios para el uso de la fuerza y el artículo 86 de los criterios para graduar el uso de la fuerza.

2. No utilizar armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas, dentro de las limitaciones a que se refiere el numeral anterior.

3. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

La Tortura es todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. El Principio 21 Básico para el Tratamiento de los Reclusos así también lo dispone. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El literal 'F' del artículo 7 de la 'Tortura', definida ella en el literal e) del Numeral 2 Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Estatuto que define como Crimen de Lesa Humanidad, el causar intencionalmente dolor o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control.

Trascendental tener en consideración la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Veamos el numeral 9 del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, habla de los derechos del imputado y el punto de la tortura.

Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por las autoridades competentes del Estado interesado.

Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas. Se viola, además, el derecho a la salud física y mental, o lo pone gravemente en peligro.

El artículo 49 del Texto Fundamental vigente, la Carta Magna, consagra que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones penales, disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que las partes deben tener igualdad de oportunidades, tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos. Aunado a ello, el Principio 18 para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, impone la obligación a que el detenido tenga contacto con su abogado desde el primer momento. Por ello, la formación de un expediente penal es una manifestación del deber de documentación que tiene su origen en la necesidad de acreditar fehacientemente actos, hechos o actuaciones, siguiendo un orden lógico, de acuerdo a cuándo y cómo se produjeron los hechos.

Resalto el Principio 26 para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, básico para el tratamiento de los reclusos, que nos habla de la realización del examen médico. Igualmente, me remito a las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. Así, un expediente, debe constituir la prueba que debe presentar la administración de justicia, para demostrar la legitimidad de sus actuaciones, la veracidad de los hechos y el fundamento de la sanción que se imponga a quienes disciplinariamente y penalmente se debe investigar.

Entre los instrumentos internacionales pertinentes, están la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

4. No presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación.

Acá el COPP al parecer, no es garantista de los derechos de los imputados. El pretender decir que presentar a los detenidos a los medios de comunicación sociales sólo afecta el desarrollo de la investigación, esto implicaría que queda en manos de la opinión arbitraria de las autoridades tal acto, que entonces sí pueden presentarlos antes las cámaras de televisión o en el Internet. Por ello, nos preguntamos:

¿Quién decide esto de que presentar a un detenido por flagrancia a los medios pueda afectar el desarrollo de la investigación?

¿Es que tiene que haber un Auto previo del Tribunal que señale que es permitido presentar a un detenido ante la prensa?. 

Esto, si ocurriese, es una clara violación a la imagen, al ser humano, a la reputación, a su nombre. Es un enorme daño a la moral mostrar a la ligera a los ciudadanos a la prensa, a los noticieros para indicar que, por ejemplo, se diga que se está combatiendo al delito. Esto no puede pasar en el respeto a un Estado de Derecho, de presentar todo el tiempo a los detenidos al escarnio público, porque se viola el debido proceso, ya que estamos al inicio, diría en pañales y la verdad es que no hay una natural sentencia definitiva y firme que los acredite como responsables penalmente para si decir que se esta combatiendo a la delincuencia, a la impunidad y que la administración de justicia funciona y sí hay condenados por los crímenes cometidos.

En este numeral, quiéranlo o no, se pone una matriz de opinión al aire ¿por responsabilidad de quién?. ¿O será que el detenido firmó un documento donde permite que esto suceda? Lo dudo. A priori ya se le estigmatiza ante la sociedad como un sospechoso, como un involucrado en unos hechos que están investigándose, que están recientes y que por lógica y sentido común debe esperarse y ser prudentes a que se concluya la investigación. Si esto ha ocurrido, reitero, hay que denunciarlo en la audiencia ante el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control de Guardia que lleve nuestro caso y advertir a las autoridades las implicaciones de esta situación, porque si a la final resulta libre de toda culpa el detenido, después que salga de la audiencia de flagrancia libre o cuando termine el proceso penal, ¿su imagen como queda? pues entonces esto es la base para su acción civil y pueda proceder a demandar el daño moral ocasionado por el artículo 1.196 del Código Civil Venezolano o ¿será que las autoridades, después que salga airoso lo van a presentar como el inocente de ese caso ante los mismos medios y en las mismas condiciones? Presentar el detenido ante los medios en una rueda de prensa, significa automáticamente que éste puede declarar? o ¿es que presentar es que sólo le vean la cara al detenido en una imagen o vídeo y el comunicador social o periodista de sucesos y el Ministerio del Poder Popular de Interiores y Justicia, la Policía y demás autoridades son los únicos que van a hablar?. No se supone que todos los actos de investigación son reservados para los terceros, ¿esto no violaría el artículo 289 del COPP?.

Otro aspecto que he escuchado en esta arista y es que pudiera catalogarse como positivo para el caso, y ver o valorar si presentar a ese detenido en los medios de comunicación social es conveniente a las labores de inteligencia policial o investigativa y amerite una estrategia de avance o retroceso. El Fiscal del Ministerio Público tiene su norte bien discriminado en ese sentido. Dirige la investigación y los demás órganos de seguridad y policiales actúan como equipo a las órdenes del titular de la acción penal. Es un hilo muy fino que creo no debe medirse con la presunción de inocencia, la privacidad y la violación de otras garantías del proceso penal.

5. Identificarse, en el momento de la captura, como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no estando facultados para capturar a persona distinta de aquella a que se refiera la correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos de flagrancia.

El acta policial concerniente a los funcionarios policiales que capturan a los delincuentes y que el Fiscal del Ministerio Público de guardia, sirven de prueba para la determinación de cosas y personas en la audiencia de flagrancia; describiendo si hicieron uso considerable de la fuerza porque era estrictamente necesario y en la proporción que lo requiera la ejecución de la detención; especificando si utilizaron sus armas, cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas o bienes.

6. Informar al detenido o detenida acerca de sus derechos.

Hay que leerle o decirle los derechos del imputado, establecidos en el articulo 127 del COPP.

7. Comunicar a los parientes u otras personas relacionadas con el imputado o imputada, el establecimiento en donde se encuentra detenido o detenida.

8. Asentar el lugar, día y hora de la detención en un acta inalterable.

El Decreto 9.045 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina  y Ciencias Forenses del 15 de junio de 2012, establece la llamada Elaboración de Acta:

“Artículo 21. Las informaciones que obtengan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de sus autores, como demás partícipes, deberán constar en acta que suscribirá el funcionario actuante, para que sirvan al Ministerio Público a los fines de fundar la acusación, sin menoscabo del derecho de defensa del imputado. En dicha acta deben señalarse las circunstancias de tiempo y lugar en que se cometió el hecho, así como los demás elementos que pudieran ser de utilidad para la investigación.”

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina  y Ciencias Forenses, establece en su artículo 29 los Delitos Flagrantes:

"Artículo 29. En el caso de detenciones por delitos flagrantes practicadas por órganos de Seguridad Ciudadana distintos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuyos rastros materiales ameriten la aplicación de los métodos de investigación penal, deberán garantizar la protección del sitio del suceso y las evidencias hasta tanto se haga presente este Cuerpo, poniendo al aprehendido a la disposición del Ministerio Público."

Publiqué parte de estas Reglas en http://zdenkoseligo.blogspot.com/2009/04/reglas-de-actuacion-policial-segun-el.html. Tenga en cuenta las normas del COPP vigente para esa época.

Interpretación Restrictiva

Artículo 233. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado o imputada, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.

Capítulo II 
De la Aprehensión por Flagrancia 

Recomiendo leer la sentencia No. 388 de la Sala de Casación Penal del 6 de noviembre de 2013, exp. C12-116 y la oportunidad de oro que tiene la defensa de instar al Ministerio Público a realizar las diligencias de investigación y agotar todos los trámites e incidencias pertinentes.

Definición

"Artículo 234. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que el o ella es el autor o autora.

En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso o sospechosa, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándola a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República en relación con la inmunidad de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado o imputada."

Sobre esta norma recomiendo leer mi artículo publicado el domingo, 26 de abril de 2009, hace casi 7 años:http://zdenkoseligo.blogspot.com/2009/04/tips-sobre-flagrancia.html, Tenga en cuenta el COPP vigente para ese momento.

Procedimiento Especial

"Artículo 235. En los casos de flagrancia se aplicará el procedimiento especial previsto en el Título II del Libro Tercero."

Dice el artículo 44 de la Carta Magna que cuando una persona es arrestada o detenida por ser sorprendida in fraganti será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Como cualquiera puede detener a cualquiera, (exceptuando y teniendo la consideración de la inmunidad de los Diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados), y ponerlo a disposición del Ministerio Público dentro de las doce horas a la práctica de la aprehensión. Entonces, el Fiscal del Ministerio Público, tiene hasta un máximo de treinta y seis horas para ponerlo a la orden del tribunal de Control que se encuentre de guardia.

Ver los artículos que siguen a continuación:

TÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Procedencia

"Artículo 372. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito."

Flagrancia y Procedimiento para la Presentación del Aprehendido o Aprehendida

"Artículo 373. El aprehensor o aprehensora dentro de las doce horas siguientes a la detención, pondrá al aprehendido o aprehendida a la disposición del Ministerio Público, quien dentro de las treinta y seis horas siguientes, lo o la presentará ante el Juez o Jueza de Control competente a quien expondrá cómo se produjo la aprehensión, y según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal, o solicitará la libertad del aprehendido o aprehendida. En este último caso, sin perjuicio del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar.

El Juez o Jueza de Control decidirá sobre la solicitud fiscal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes desde que sea puesto el aprehendido o aprehendida a su disposición.

Si el Juez o Jueza de Control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el o la Fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal de juicio, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes.

En este caso, hasta cinco días antes de la audiencia de juicio, el o la Fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en el tribunal del juicio, a los efectos que la defensa conozca los argumentos y prepare su defensa, y se seguirán, en lo demás, las reglas del procedimiento ordinario.

En caso contrario, el Juez o Jueza ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y así lo hará constar en el acta que levantará al efecto."

Sobre el Procedimiento Abreviado recomiendo leer 8 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal. Ellas son:

La No. 956 del 28 de junio de 2012
La No. 658 del 23 de mayo de 2012
La No. 476 del 25 de abril de 2012
La No. 447 del 11 de agosto de 2008
La No. 603 del 5 de noviembre de 2007
La No. 392 del 30 de octubre de 2003
La No. 236 del 20 de junio de 2003
La No. 441 del 3 de octubre de 2002

Igualmente, tenemos una sentencia de la Sala Constitucional, que es la No. 1901 del 1 de diciembre de 2008 y la oportunidad para llevar a cabo la imputación fiscal y el procedimiento por flagrancia.

Finalmente, en nuestra audiencia de flagrancia debemos tener listas nuestras breves conclusiones que se concreta en un petitorio sencillo.

Consejos:

No formule una compleja teoría del caso con profundos análisis jurídicos, fácticos y probatorios avanzados ni nada que se le parezca. Sea concreto. Hay una frase popular que es primordial recordar: VAYA DIRECTO AL GRANO. Este tipo de audiencias son cortas. No canse. No exagere su discurso.


Si somos la defensa pública o privada del detenido, el porqué merece la libertad.

Si somos la vindicta pública o si somos la representación judicial de la víctima, enfocarnos en el porqué merece una sanción penal en contra del autor que se verificará en un posterior juicio oral y público, solicitando que se declare con lugar la Aprehensión Flagrante de los Imputados conforme a lo establecido en el artículo 236 del COPP, la privación Judicial Preventiva de la Libertad y se siga el asunto por los tramites del Procedimiento Abreviado.
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Nuevo Libro: SISTEMA PROCESAL PENAL VENEZOLANO de Leonardo Pereira Melèndez

Expropiaciones Vs Soberanía Alimentaria

04/03/2016 6:19 AM Opinión
por Carmine Romaniello

Desde los anales de loa tiempos, la agricultura y la cría han sido las artes que han movido fuertemente la economía de los pueblos; el correcto uso de la tierra y su titularidad, transmisible por vía hereditaria, ha contribuido al desarrollo de la sociedad; el trabajo de los hombres, la dotación de equipos, maquinarias, materia prima y la responsabilidad del Estado, juega un papel primordial y básico, para los créditos agropecuarios, el permanente stock de insumos y fármacos, la seguridad jurídica; en síntesis, la confianza a todos los que hacen vida en el campo, es vital para la república.
El gobierno ha violentado el espíritu, propósito y razón del constituyente, quién a través de la carta magna del 99, quiso darle al pueblo venezolano, todas las herramientas tendentes a que Venezuela fuera una nación grande, pujante, donde todos los actores quisieran cooperar con el Estado para lograr su engrandecimiento, a través del medio agrícola y pecuario, pero lamentablemente no ha sido esto, lo que en la actualidad ha ocurrido.
El 13 de noviembre de 2001, haciendo uso de la segunda “Ley Habilitante”, el Presidente de la República, aprobó por Decreto, 49 leyes que fueron promulgadas el 10 de diciembre.
En ese paquete de medidas, se incluyó la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola”, que con la excusa de pretender poner fin a la concentración de la propiedad territorial, fue concebida, de una manera muy particular y personal, del relator, donde según él, prevaleció el concepto de que el 10% de los propietarios son dueños del 70% de la tierra cultivable. La consecuencia inmediata, fue que Venezuela, tuviera que importar alimentos, descuidándose y abandonando el campo productivo; así como trabajadores, y todas las infraestructuras existentes, y al deterioro de un 60% con la Ley, se incrementó mucho más. Lo producido nos permitía, que los venezolanos nos alimentáramos, sin escases, de ninguno de los rubros que se generaban en el país, sin recurrir a las importaciones, ya que no existían exportaciones. El Instituto Nacional de Tierras, dirigió un oficio a la Dirección General de Registros y Notarías “SAREN”, en la cual se instó al Director que informase a los Notarios y Registradores, de la prohibición de autenticar y protocolizar, documentos de compra-venta de fincas, haciendas. Siendo está una manifiesta violación al artículo 115 de la Constitución. Supuestamente las ventas solamente se pueden autenticar y protocolizar con la autorización expresa del INTI, la cual no otorga. La Ley de Tierras, generó una reforma agraria al estilo Napoleón Bonaparte o Lázaro Cárdenas, que dejó intangible la propiedad privada de la tierra, pero pretendió, según dice la propia norma, “distribuir la riqueza, eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo”. La banca advirtió en su momento que la amenaza de expropiación iba a provocar, que pocos productores quisieran atarse a un nuevo crédito, y dado que, según esta norma, los fundos dejan de ser garantía para las instituciones bancarias, se creó una incertidumbre en la cartera crediticia, imposibilitando el otorgamiento de nuevos créditos, por no contarse con un respaldo concreto.
La errada promulgación de la Ley de Tierras, no mantuvo en su espíritu, la constitucionalidad requerida, incurriendo así en violación de normas y su falta de aplicación, dejando, en un estado de abandono y a su mera suerte, a los cultivadores, creando un verdadero limbo jurídico a su alrededor, que se ha extendido hasta nuestros días, lo que se ha traducido en el desabastecimiento, campos improductivos, falta de insumos, fertilizantes, seguridad jurídica, seguridad personal, agroquímicos, maquinarias, equipos y repuestos, y por supuesto falta de personal capacitado que tanto costó formar, pero desafortunadamente, tomaron otros caminos, y hoy por hoy se han trasladado con sus familias a países vecinos. La intención gubernamental ha conspirado, en estos últimos 17 años, creando el grave problema que en los actuales momentos sufrimos todos los venezolanos y la golpeada economía, y a la falta de cumplimiento de la agro soberanía alimentaria, tantas veces decretada, pero solo fue letra muerta, ya que las expropiaciones de importantes fundos, haciendas y fincas, traducidas en más de 50 mil hectáreas; continuaron  a lo largo de estos nefastos 17 años; hay que añadir que entre otras cosas muchos fundos, fueron permanentemente amenazados por el INTI, a través de sus oficinas regionales; generando así, que los propietarios, por temor y otras razones, abandonaran parcialmente esa actividad productiva y necesaria para la soberanía alimentaria, tan importante en Venezuela.
Y en que me baso, para afirmar que existe, fuerte contradicción entre la Ley de Tierras y la Constitución del 99, en los contenidos de los
Artículo 115. “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. No se respetó el derecho intrínseco de la propiedad, al producirse las expropiaciones, sin que en ningún caso, fuese comprobada la causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.
De igual modo, el artículo 305 expresa que: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento”.
En ningún caso se promovió el autoabastecimiento, ya que con expropiaciones no se garantiza el alimento, para la población no vale asunto ideológico alguno, lo importante son las inversiones en Venezuela, a través de sus empresas, sus campesinos, agricultores, productores y técnicos, los cuales cuentan con una alta calificación y conocimiento dado por su experiencia, a lo largo de los años, por su trabajo en las zonas agrícolas y pecuarias, que los han convertido en verdaderos profesionales de la materia, además por el arraigo a su terruño, a su municipio, a su región y en fin a su país, este gran país que se llama Venezuela; todos estamos dispuestos a aportar cuanto tenemos, para sacarlo adelante, hacerlo renacer como sus empresas, sus campos, sembrar en sus hombres y mujeres seguridad, garantía, confianza y título de propiedad de la tierra, para empeñarla, para hipotecarla y en fin para tener libre disposición de ella y transferirla por herencia.
Artículo 308: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”.
Consideramos como abogados, cual somos, con muchos años de experiencia, cerca de cuatro décadas, que realmente, la violación del espíritu, propósito y razón del legislador, en cuanto a los artículos relativos a la propiedad, las expropiaciones y desarrollo rural, al cual está comprometida la República; constituye un incumplimiento de carácter general, grave, que afecta directamente los derechos humanos del pueblo de Venezuela, en su contexto constitucional normado además en el artículo 55 y 2 de la Carta Magna.
Y es que la mal llamada revolución, no ha logrado avanzar hacia la anhelada “soberanía alimentaria”, utilizada como argumento para justificar las expropiaciones de tierras agrícolas y pecuarias y de plantas procesadoras de alimentos, sin haber entendido que las expropiaciones han sido sus reales y efectivos enemigos, a lo largo de estos 17 años, así como lo ha sido la discriminación, entre los venezolanos que le han ocasionado el desabastecimiento a nivel nacional. Venezuela aún importa alrededor del 70% de lo que comemos: carne, leche, cereales, frutas, huevos, hasta animales vivos. El caso del café es emblemático. “Actualmente, el 70% de la producción de café está en manos del Gobierno”. “Hace ocho años Venezuela exportaba café; ahora lo importa”.
Respecto a la producción agroalimentaria, en lo que se refiere a la agrícola vegetal, los resultados de la evaluación del VII Censo Agrícola Nacional fueron un llamado de alerta al Ejecutivo nacional, los cuales no fueron analizados, ni oídos, por sus personeros, ni tomados los correctivos para garantizar a futuro que Venezuela dejara de ser una economía de puertos en el área de alimentos.
El precario crecimiento agrícola y pecuario va en dirección contraria a la agricultura sustentable, como consecuencia de las expropiaciones, los grupos de cultivos como frutas, leguminosas, oleaginosas y hortalizas disminuyen su superficie considerablemente, los cultivos tropicales y las raíces y tubérculos apenas mantienen su superficie y decrecen por persona, la mayoría de los cultivos tropicales tradicionales decrecen en superficie sembrada y producción; exceptuando el frijol, que incrementó la producción en 15%, el resto de los 13 rubros han disminuido la producción  y la superficie sembrada, los cereales explican todo el precario crecimiento agrícola con un aumento de 474 mil hectáreas.
En Relación a la producción animal, es evidente de las estadísticas que poseemos como productores agropecuarios, que el crecimiento en este sector ha tomado la dirección contraria al desarrollo endógeno, ya que en bovinos, ganado mayor y más importante para la alimentación diaria carne y leche, el rebaño disminuyó considerablemente, debido a la falta de repuestos, maquinarias, equipos, e insumos, así como de padrotes y vientres. La producción de semovientes, en sus distintos componentes, tampoco ha evolucionado, en los estados ganaderos tradicionales.
Del mismo modo afecta a la soberanía alimentaria los casos relacionados con el abigeato, los secuestros, robos a fincas y los procesos penales que tratan estos casos, que son muchos.
En Venezuela existen 25 entidades federales, de las cuales 16, viven expresamente de la agricultura y la cría, por cuanto en Venezuela, ha habido una enorme disminución  de los rebaños, al punto que en el último censo sanitario del año 2015, solamente se registraron 11.500.000 cabezas de ganado y considerando que por cada poblador debe criarse una res, es evidente que el número del rebaño nacional, debería alcanzar los 30 millones, cosa hasta ahora imposible de lograrse, gracias a la pésima ley de tierras y sus ejecutores.
Propongo una nueva “ley de Tierras” de la manera más inmediata.

http://www.visionglobal.info/expropiaciones-vs-soberania-alimentaria/ 

“Juez del caso de ’narcoavioneta’ actúa bajo presión”

Karina Peraza Rodríguez Fotos: Daniel Arrieta | abril 7, 2016

“Una decisión apresurada. Muy presionada, quizás por otros órganos del Poder Ciudadano. Sin embargo no está debidamente motivada y fundamentada. El Ministerio Público al momento de imputar estaba obligado de realizar una prueba de orientación que indicara que estaba en presencia de un tipo penal de droga. Es el único caso que he visto donde se da una privativa de libertad por droga sin presencia de la misma y sin experticia”, indica Leonardo Pereira, abogado defensor de uno de los castrenses detenidos por el caso de la “narcoavioneta”, apresada en República Dominicana y que partió desde Barquisimeto.

“Este procedimiento se inició mal”, señala el abogado al indicar que el Ministerio Público es el primero que debe presentar las pruebas y es el primero que violenta principios y garantías de los once detenidos.

Pereira indica que logró hablar con varios de los detenidos y supo que han sido constreñidos por sus superiores. Le confirmaron que fueron golpeados y dicha situación la sabe la juez que lleva el caso, dijo.

Apareció el expediente

“La juez está trabajando de una manera coordinada, yo creo que presionada”, asegura Pereira. Indica que no le habían querido dar el expediente y fue este miércoles cuando lo obtuvieron, pudiendo revisar una de las pruebas: el cruce de llamadas en las que se evidencia el contacto del supuesto empresario sólo con tres de los detenidos, que serían el efectivo del Cicpc, uno de los castrenses, el taxista; además de un trabajador de Conviasa que no aparece reflejado en los expedientes. Esta situación, señala, demuestra la inocencia de algunos de los detenidos.

Pereira manifiesta que existe un misterio. Incluso no querían recibir el recurso de apelación de auto, el cual fue introducido por la defensa técnica del sargento superior Franklin Pérez Peña, en contra de la medida de privativa de libertad dictada por la Juez de Control 3 al castrense, porque según los defensores no hay evidencia alguna, existe presión de las esferas políticas, quieren que los más humildes, los que no tienen bienes ni fortunas queden allí privados.

Prueba anticipada sin aviso

Otra de las irregularidades que señalan los abogados defensores es que se llevó a cabo una prueba anticipada con un testigo que tiene el Ministerio Público y se nombró a un defensor público, cuando cada uno de los detenidos tiene abogados privados. Ninguno supo al respecto.

En esa comparecencia el testigo manifestó que la madrugada del 24 de marzo observó la presencia de una camioneta pick up que llegó desde el Aeropuerto hacia las rampas del Aeroclub, donde están aquellas aeronaves que no poseen hangares. Pensó que se trataba de funcionarios que hacen recorrido nocturno, pero notó que el vehículo, el cual tenía las luces apagadas, se detuvo a un lado de la aeronave, observó movimiento, notó la presencia al menos de tres personas; asegura no haber visto funcionarios de la Guardia Nacional y luego de cierto tiempo se fueron. Comenta que la avioneta a la cual la camioneta se acercó fue la misma retenido en República Dominicana.

Por otra parte los abogados continuarán en lo propio, solicitando algunas diligencias por parte del Ministerio Público.

http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/juez-del-caso-de-narcoavioneta-actua-bajo-presion 

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Breve Sintesis del Dr. Rafael Aguiar Guevara
Fundador. Director de Litigios.
Educación Universitaria:
Médico-Cirujano: Universidad Central de Venezuela 1975
Postgrado universitario en la especialidad de Anestesiología y sub-especialización en anestesia cardiovascular en Unidad Cardiotorácica del Southampton University Hospital, Inglaterra.
Abogado: Universidad Santa María 1990, especializado en Derecho Médico.
Educación Continua: cursos varios de mejoramiento profesional en reconocidas instituciones como Colegio de Abogados a nivel nacional, Institutos de Estudios Jurídicos, Consejo de la Judicatura, Instituto de Práctica Jurídica, UCAB, Sociedad Venezolana Oralidad Procesal, etc.
Área de Trabajo: Derecho Penal general. Derecho de Daños. Derecho Médico. Responsabilidad legal médica: penal y civil, por daños derivados del ejercicio profesional médico (malpraxis), subjetiva (individual y de equipo) y objetiva (institucional). Obligaciones civiles. Hecho ilícito civil. Daño moral. Reclamaciones seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). Honorarios profesionales médicos: estimación, intimación, retasa.

Asociaciones:

Asociación Venezolana de Derecho Médico y Sanitario (AVEDEMES: Presidente-Fundador)
World Association for Medical Law (WAML): Secretario General (Asociación Mundial de Derecho Médico)
Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad (Presidente-Fundador)
Miembro Titular (International Fellow) de American College of Legal Medicine (ACLM)
Asociación Latinoamericana de Medicina Legal y Deontología Médica e Iberoamericana de Ciencias Forenses.
Colegio de Abogados del Distrito Federal,
Colegio de Médicos del Distrito Federal.

Evento Avalado Por:
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AVEMEDES, Asociacion Venezolana de Derecho Medico y Sanitario

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