El equilibrio entre el poder punitivo estatal y las garantías de los ciudadanos, es lo ideal
Abogado penalista
Apunta el Dr. Llobet ( Página Quince, La Nación , 13/08/09), con acierto, diversos motivos que propician el “auge del populismo punitivo” en nuestro país.
En este mismo sentido, quisiera aportar un par de elementos que en mi criterio han favorecido esta situación, lo que provoca una falsa sensación de mayor inseguridad y cuyo resultado más notorio es la creación de abundante normativa que pretende combatir el crimen, pero que inevitablemente genera la restricción de garantías de diverso orden de todos los ciudadanos.
Tengamos en cuenta que no es cierto que la batalla sea entre malos y buenos o entre ciudadanos honrados y delincuentes. Se trata de lograr un equilibrio entre el poder punitivo estatal como depositario del control social y las garantías de todos los ciudadanos que actúan como contrapeso frente a este poder.
Y si bien este populismo punitivo lo genera la prensa que vive de la noticia criminal y los políticos ávidos de sumar votos y sin ideas frente al fenómeno de la delincuencia, es cierto, además, que actualmente algunos colegas que se presumen expertos, alimentan desmedidamente esta situación.
Manipulación. Patrocinan una conveniente defensa a ultranza de las víctimas, ofreciéndoles un discurso complaciente cuando, en realidad, se les utiliza y hasta se les revictimiza para lograr publicidad, posicionamiento político y beneficios económicos.
Esto ha venido creando una nefasta pseudoescuela, que no es más que un calculado populismo victimológico.
Por otro lado, están los que, siendo efectivamente expertos, se inclinan por la creación de un verdadero derecho penal del enemigo. Recogen el clamor de mayor seguridad y lo pretenden solucionar, creando dos tipos de población: los ciudadanos honorables y los delincuentes, que vienen a ser los enemigos de los primeros.
Así, la normativa penal y procesal penal deja de ser una garantía para todos los ciudadanos y la convierten en un mero procedimiento cada vez más riguroso para castigar a quienes han encasillado previamente como delincuentes.
De esta manera, las reformas legales que proponen y logran, no son más que una respuesta populista para crear una sensación de seguridad en la población, basada únicamente en el endurecimiento de la ley, a sabiendas de que lo que se crea es un círculo vicioso, donde muy pronto esas leyes ya no serán útiles, pues siempre van a generar nuevas formas delictivas como respuesta y nuevamente más sensación de inseguridad y más demanda de nuevas leyes más duras. Se concentran los esfuerzos únicamente en la función represiva y olvidan totalmente la preventiva.
Entonces, poco a poco, el respeto al debido proceso se convierte en una utopía y el derecho a la defensa en una norma simbólica.
Es obligación de todos los ciudadanos y en especial de todos los actores jurídicos, velar porque la balanza nunca se incline hacia la restricción desmedida e impensada de nuestras garantías, pues en algún momento podríamos ser víctimas indefensas de ese frenesí por el castigo.
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/septiembre/07/opinion2080992.html
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Venezuela - Abusos penales
Publicada a las 10:15 AM del 09 de Septiembre de 2009 | El Nacional
El abogado penalista Alberto Arteaga aseguró que el artículo 293 que estipula lo referido al delito de instigación a la guerra civil es uno de los conocidos en la doctrina penal como delitos políticos. Explicó además que para que una persona sea acusada por tal hecho punible deben darse varios supuestos: "Implica llamar a la guerra, formular una propuesta de guerra civil y la producción de los resultados supone arrasar con edificaciones públicas o apoderarse sin más de bienes públicos o privados". El profesor de Derecho Penal de la UCV además agregó que el uso del artículo 293 del Código Penal es violatorio de derechos fundamentales en el caso del líder estudiantil Julio César Rivas. "Procesar penalmente a quien simplemente ha ejercido el derecho a la protesta es un claro abuso de la normativa penal. Quien ejerce un derecho fundamental no delinque", dijo el abogado. Arteaga Sánchez indicó que uno de los objetivos que persigue el Estado a través de la imputación de Rivas por el delito de instigación a la guerra civil es el de lograr la pena de presidio de sus enemigos políticos.
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=944073
El abogado penalista Alberto Arteaga aseguró que el artículo 293 que estipula lo referido al delito de instigación a la guerra civil es uno de los conocidos en la doctrina penal como delitos políticos. Explicó además que para que una persona sea acusada por tal hecho punible deben darse varios supuestos: "Implica llamar a la guerra, formular una propuesta de guerra civil y la producción de los resultados supone arrasar con edificaciones públicas o apoderarse sin más de bienes públicos o privados". El profesor de Derecho Penal de la UCV además agregó que el uso del artículo 293 del Código Penal es violatorio de derechos fundamentales en el caso del líder estudiantil Julio César Rivas. "Procesar penalmente a quien simplemente ha ejercido el derecho a la protesta es un claro abuso de la normativa penal. Quien ejerce un derecho fundamental no delinque", dijo el abogado. Arteaga Sánchez indicó que uno de los objetivos que persigue el Estado a través de la imputación de Rivas por el delito de instigación a la guerra civil es el de lograr la pena de presidio de sus enemigos políticos.
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=944073
Argentina - Declaran de interés municipal el homenaje a Claus Roxin
RIO GRANDE.- El cuerpo de concejales de la ciudad llevó adelante ayer una sesión especial en la cual se aprobó por unanimidad declarar de Interés Municipal la jornada denominada «Homenaje al Profesor Claus Roxin en el Fin del Mundo» que se llevará a cabo el 1º de octubre y organiza el Instituto de Ciencias Penales y Filosofía del Derecho (UTN-UCES); con la Coordinación de la Carrera de Abogacía y la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tierra del Fuego.
Esta sesión fue presidida por el vicepresidente primero de la institución, concejal José Ojeda y contó con la presencia de sus pares: Raúl Moreira, Marisa Montero, Ariel Pagella y Miriam Boyadjián.
La mencionada jornada tendrá lugar en la Casa de la Cultura, con una relevancia superlativa dada que Claus Roxin es un reconocido penalista alemán contemporáneo considerado una eminencia en el mundo del Derecho Penal y que por primera vez visitará la Patagonia argentina. Por estas y otras sobradas razones, el Concejo Deliberante también aprobó el asunto 630/09 por el cual lo declara «Huésped Ilustre».
Al respecto, Matías Pérez Iglesias del Instituto de Ciencias Penales y Filosofía del Derecho, celebró la decisión del Concejo Deliberante que, «afortunadamente ha tenido el honor de destacar al profesor Roxin con el título de huésped ilustre» y adelantó que también participarán otros profesores de Latinoamérica.
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=ARligwdw$$diarios/veo$W082w70t792pqqkgk730wt
Esta sesión fue presidida por el vicepresidente primero de la institución, concejal José Ojeda y contó con la presencia de sus pares: Raúl Moreira, Marisa Montero, Ariel Pagella y Miriam Boyadjián.
La mencionada jornada tendrá lugar en la Casa de la Cultura, con una relevancia superlativa dada que Claus Roxin es un reconocido penalista alemán contemporáneo considerado una eminencia en el mundo del Derecho Penal y que por primera vez visitará la Patagonia argentina. Por estas y otras sobradas razones, el Concejo Deliberante también aprobó el asunto 630/09 por el cual lo declara «Huésped Ilustre».
Al respecto, Matías Pérez Iglesias del Instituto de Ciencias Penales y Filosofía del Derecho, celebró la decisión del Concejo Deliberante que, «afortunadamente ha tenido el honor de destacar al profesor Roxin con el título de huésped ilustre» y adelantó que también participarán otros profesores de Latinoamérica.
http://www.surenio.com.ar/index.php?s=ARligwdw$$diarios/veo$W082w70t792pqqkgk730wt
Argentina - La Sentencia de Cromañón deja libres a todos los acusados
La absolución de la banda Callejeros, que tocaba esa noche, fue celebrada por sus seguidores a las puertas del palacio de los Tribunales de Buenos Aires, donde allegados de las víctimas reaccionaron con violencia y se enfrentaron con la policía, que había montado un fuerte operativo de seguridad.
CARMEN DE CARLOS | CORRESPONSAL EN BUENOS AIRES
Veinte años de cárcel para Omar Chabán, el gerente de la discoteca Cromañón donde el 30 de diciembre del 2004 perecieron 193 personas, en su mayoría asfixiados por el humo de un fuego provocado por bengalas. Dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos a las ex funcionarias municipales Fabiana Fizbin y Ana María Fernández y la absolución para los integrantes del grupo Callejeros, que daba un concierto en el momento del siniestro. Esa es, en parte, la sentencia que un tribunal dio a conocer esta tarde en Buenos Aires sobre un caso emblemático que provocó airadas protestas tras conocerse que, hoy por hoy, nadie irá entre rejas.
El Tribunal Oral 24 condenó a Chabán por el delito de incendio doloso y cohecho pero tanto él como el resto de los condenados anunciaron que apelarán. Las distintas instancias judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema, les garantizan unos tres años más de libertad. Esta circunstancia provocó incidentes en los tribunales donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes disconformes con el fallo y efectivos de las fuerzas de seguridad. Los jueces consideran probado que hubo sobornos y abandono de los deberes de funcionario público, en el que incluyen a policías, que propiciaron que se desatara la tragedia. De quince imputados nueve resultaron absueltos. "Anibal Ibarra (alcalde en ese momento) y Callejeros tenían que ir preso. Eso nos falta también", clamaba la madre de Nicolás, uno de los fallecidos en la tragedia.
Oficialmente fueron 193 los muertos en el incendio de Cromañón. Extraoficialmente, a los fallecidos hay que sumarles un suicidado y un número indeterminado de familiares que se sienten sin vida antes y después de escuchar la condena a los responsables del incendió. Así, los vivos y los muertos se revolvieron al escuchar un fallo que no sacia sus ansias de justicia.
“Ni Chabán ni el rock and roll, a los chicos los mató la corrupción”. El cartel, uno más entre las decenas que atravesaban los alrededores de tribunales, sirvió de marco para una cadena de desmayo, gritos, patadas y llantos entre las decenas de fotos de difuntos de los que colgaban zapatillas de los jóvenes que perdieron la vida. El siniestro de Cromañón, en vísperas de año nuevo, se produjo por una cadena de causas. En primer término por el lanzamiento, prohibido en la sala, de bengalas que prendieron fuego en los toldos del techo. Estos, que debían estar fabricados de material ignífugo, se incendiaron y desprendieron gases tóxicos. La sala, con mayor aforo del permitido, tenía una de las salidas de emergencia cerradas con cadenas lo que impidió la salida del público. Asimismo, no reunía las condiciones para celebrar conciertos como el que se estaba dando pese a tener en regla la habilitación. A este escenario hay añadir el caos que supuso las tareas de rescate.
http://www.abc.es/20090819/internacional-iberoamerica/justicia-argentina-condena-anos-200908192120.html
CARMEN DE CARLOS | CORRESPONSAL EN BUENOS AIRES
Veinte años de cárcel para Omar Chabán, el gerente de la discoteca Cromañón donde el 30 de diciembre del 2004 perecieron 193 personas, en su mayoría asfixiados por el humo de un fuego provocado por bengalas. Dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos a las ex funcionarias municipales Fabiana Fizbin y Ana María Fernández y la absolución para los integrantes del grupo Callejeros, que daba un concierto en el momento del siniestro. Esa es, en parte, la sentencia que un tribunal dio a conocer esta tarde en Buenos Aires sobre un caso emblemático que provocó airadas protestas tras conocerse que, hoy por hoy, nadie irá entre rejas.
El Tribunal Oral 24 condenó a Chabán por el delito de incendio doloso y cohecho pero tanto él como el resto de los condenados anunciaron que apelarán. Las distintas instancias judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema, les garantizan unos tres años más de libertad. Esta circunstancia provocó incidentes en los tribunales donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes disconformes con el fallo y efectivos de las fuerzas de seguridad. Los jueces consideran probado que hubo sobornos y abandono de los deberes de funcionario público, en el que incluyen a policías, que propiciaron que se desatara la tragedia. De quince imputados nueve resultaron absueltos. "Anibal Ibarra (alcalde en ese momento) y Callejeros tenían que ir preso. Eso nos falta también", clamaba la madre de Nicolás, uno de los fallecidos en la tragedia.
Oficialmente fueron 193 los muertos en el incendio de Cromañón. Extraoficialmente, a los fallecidos hay que sumarles un suicidado y un número indeterminado de familiares que se sienten sin vida antes y después de escuchar la condena a los responsables del incendió. Así, los vivos y los muertos se revolvieron al escuchar un fallo que no sacia sus ansias de justicia.
“Ni Chabán ni el rock and roll, a los chicos los mató la corrupción”. El cartel, uno más entre las decenas que atravesaban los alrededores de tribunales, sirvió de marco para una cadena de desmayo, gritos, patadas y llantos entre las decenas de fotos de difuntos de los que colgaban zapatillas de los jóvenes que perdieron la vida. El siniestro de Cromañón, en vísperas de año nuevo, se produjo por una cadena de causas. En primer término por el lanzamiento, prohibido en la sala, de bengalas que prendieron fuego en los toldos del techo. Estos, que debían estar fabricados de material ignífugo, se incendiaron y desprendieron gases tóxicos. La sala, con mayor aforo del permitido, tenía una de las salidas de emergencia cerradas con cadenas lo que impidió la salida del público. Asimismo, no reunía las condiciones para celebrar conciertos como el que se estaba dando pese a tener en regla la habilitación. A este escenario hay añadir el caos que supuso las tareas de rescate.
http://www.abc.es/20090819/internacional-iberoamerica/justicia-argentina-condena-anos-200908192120.html
Argentina - 61 puntos de la sentencia de Cromañón
El resumen del fallo del Tribunal que condena a Omar Chabán a 20 años de cárcel y absuelve a los músicos de Callejeros.
Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR la nulidad de las actas de debate planteada por el Dr. Vicente D´Attoli, abogado defensor de Omar Emir Chabán.
II. RECHAZAR el planteo de nulidad de las acusaciones de las querellas en orden al delito de cohecho efectuado por el Dr. Pedro D´Attoli.
III. RECHAZAR los planteos de nulidad de las acusaciones del Sr. Fiscal y de las querellas realizados por el Dr. Manuel Gutiérrez, abogado defensor de Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Eleazar Torrejón, Elio Delgado y Daniel Horacio Cardell.
IV. RECHAZAR las solicitudes de nulidad de las acusaciones de las querellas efectuadas por la defensa de Miguel Ángel Belay.
V. RECHAZAR los planteos de nulidad de las acusaciones del Sr. Fiscal y de las querellas, así como de la réplica del Dr. López Santos, efectuados por la defensa de Fabiana Gabriela Fiszbin.
VI. RECHAZAR el planteo de nulidad del alegato de la querella de los Dres. Rico y Poplavsky introducido por la defensa de Ana María Fernández.
VII. RECHAZAR la nulidad de las declaraciones de los querellantes y actores civiles, así como la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 86 y 96 del C.P.P.N, planteadas por el Dr. Gutiérrez.
VIII. RECHAZAR la nulidad de la declaración testimonial de Laura Mirta Fernández impetrada por el Dr. Gutiérrez.
IX. RECHAZAR la nulidad planteada por el Dr. Gutiérrez acerca de la integración como prueba instrumental del disco compacto con grabación de audio individualizado como "entrevista radial realizada por el periodista Juan Di Natale . el día 30/12/04" y la incorporación por lectura de la transcripción de su contenido.
X. RECHAZAR el planteo de nulidad de la maqueta virtual efectuado por el Dr. D´Attoli.
XI. RECHAZAR la nulidad del testimonio de Héctor Damián Albornoz solicitada por el Dr. D´Attoli.
XII. RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad de la comisión por omisión y con el alcance fijado en este decisorio.
XIII. CONDENAR a OMAR EMIR CHABÁN de filiación ya consignada, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (Arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 55, 186 inciso 5° y 258 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XIV. IMPONER a OMAR EMIR CHABÁN hasta la firmeza del presente fallo la observancia de las siguientes condiciones:
a) Mantener la prohibición de salida del país, a cuyo fin se reiterará oficio a las dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento.
b) Fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia.
c) Comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su sujeción al proceso.
XV. CONDENAR a RAÚL ALCIDES VILLARREAL de filiación ya consignada, por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, y costas (Arts. 12, 26, 29 inciso° 3, 46 y 258 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XVI. IMPONER a RAÚL ALCIDES VILLARREAL el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados por el lapso de dos años (Art. 27 bis inciso 1° del Código Penal)
2) Realizar trabajos no remunerados a favor de la comunidad, a razón de ochenta horas en la sede de Caritas más cercana a su domicilio, por el lapso de un año (Art. 27 bis inciso 8° del Código Penal).
3) Realizar un curso de formación ciudadana destinado a inculcarle los principios básicos que rigen en una sociedad democrática, para lo que se oficiará a la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (arts. 27 bis inciso 5° del Código Penal).
XVII. ABSOLVER a RAÚL ALCIDES VILLARREAL en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte y de homicidio simple, en las modalidades de coautor, partícipe necesario y secundario, que fueran materia de acusación (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XVIII. CONDENAR a DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ de filiación ya consignada, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y al menos 1432 lesionados en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe necesario a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (Arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 55, 186 inciso 5° y 258 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XIX. IMPONER a DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ hasta la firmeza del presente fallo la observancia de las siguientes condiciones:
a) Mantener la prohibición de salida del país, a cuyos fines se reiterará oficio a las dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento.
b) Fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia.
c) Comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su conducta procesal.
XX. ABSOLVER a PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipe necesario como secundario, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts. 3, 404 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXI. ABSOLVER a EDUARDO ARTURO VÁZQUEZ de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas por su orden.(Arts.3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXII. ABSOLVER a JUAN ALBERTO CARBONE de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor en concurso real con el delito de cohecho activo, en calidad de partícipe secundario que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXIII. ABSOLVER a CHRISTIAN ELEAZAR TORREJÓN de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo, en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXIV. ABSOLVER a MAXIMILIANO DJERFY de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo, en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N)..
XXV. ABSOLVER a ELIO RODRIGO DELGADO de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautor en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts.3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXVI. ABSOLVER a DANIEL HORACIO CARDELL de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXVII. ABSOLVER a MIGUEL ANGEL BELAY de filiación ya consignada, en orden a los delitos de cohecho pasivo y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXVIII. CONDENAR a CARLOS RUBÉN DÍAZ, de filiación ya consignada, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y por lo menos 1432 lesionados, en calidad de partícipe necesario, a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas e IMPONER INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA (Arts.12, 29 inciso 3°, 45, 55, 186 inciso 5° y 256 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XXIX. IMPONER a CARLOS RUBEN DIAZ hasta la firmeza del presente fallo la observancia de las siguientes condiciones:
a) Mantener la prohibición de salida del país, a cuyos fines se reiterará oficio a las dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento.
b) Fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia.
c) Comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su conducta procesal.
XXX. CONDENAR a FABIANA GABRIELA FISZBIN de filiación ya consignada, por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y CUATRO AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL (Arts. 29 inciso 3°, 45 y 248 "in fine" del Código Penal y 403 y 531 del C.P.P.N).
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XXXI. IMPONER a FABIANA GABRIELA FISZBIN hasta la firmeza del presente fallo las siguientes condiciones:
a) Prohibición de salida del país.
b) Fijar domicilio, no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización de este Tribunal; debiendo también informar cualquier modificación respecto de su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser ubicada cuando sea requerida.
c) Comparecer mensualmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada para concretar su seguimiento personal.
XXXII. CONDENAR a ANA MARÍA FERNANDEZ de filiación ya consignada, por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y CUATRO AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL (Arts. 29 inciso 3°, 45 y 248 "in fine" del Código Penal y 403 y 531 del C.P.P.N).
XXXIII. IMPONER a ANA MARÍA FERNANDEZ, hasta la firmeza del presente fallo las siguientes condiciones:
a) Prohibición de salida del país.
b) Fijar domicilio, no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización de este Tribunal; debiendo también informar cualquier modificación respecto de su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser ubicada para cuando sea requerida.
c) Comparecer mensualmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera indicarse para concretar su seguimiento personal.
XXXIV. ABSOLVER a GUSTAVO JUAN TORRES de filiación ya consignada, en orden a los delitos de homicidio simple en calidad de coautor, estrago culposo seguido de muerte en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautor que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts.3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXXV. HACER LUGAR a la demanda entablada por la Sra. Elvira Carbone y el Sr. Alberto Urcullu y CONDENAR SOLIDARIAMENTE a OMAR EMIR CHABÁN, DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ, PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, MAXIMILIANO DJERFY, CRISTIÁN ELEAZAR TORREJÓN, ELIO RODRIGO DELGADO, DANIEL HORACIO CARDELL, EDUARDO ARTURO VÁZQUEZ, JUAN ALBERTO CARBONE, CARLOS RUBEN DÍAZ, FABIANA GABRIELA FISZBIN, ANA MARIA FERNANDEZ, al ESTADO NACIONAL, y al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a pagar a los actores dentro del plazo de diez días de encontrarse firme o ejecutoriada esta sentencia -con excepción del Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, la suma de CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 121.600.-) más los intereses indicados y costas.
XXXVI. RECHAZAR la demanda contra RAÚL ALCIDES VILLARREAL, MIGUEL ANGEL BELAY Y GUSTAVO JUAN TORRES con costas por su orden, en atención a los fundamentos vertidos precedentemente.
XXXVII. REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES de los Dres. José Iglesias, Beatriz Campos, Luciana Orcajada y Carolina Taborda, en conjunto, en la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000.); de los Dres. Mauricio Castro, Patricia Núñez Morano, María Marta Marcos y Sebastián Michaux, conjuntamente en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000); de los Dres. Marcelo Parrilli, María del Carmen Verdú, Arturo Lopez Santos, Daniel Stragá, Verónica Prince, Myriam Carsen, Raúl Alberto Palomo, en conjunto en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Patricio Gastón Poplavsky y Susana Rico, en forma conjunta en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Pedro y Vicente D'Attoli, María de la Paz Trebino, Paula Gabriela Castillo, Juan Carlos Defranchi y Horacio M. Etcheverry en conjunto, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000); de los Dres. Albino Stefanolo y Marisa Darwiche, en conjunto en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Roberto Bois, Graciela Castelo y Juan Manuel Combi en forma conjunta en la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000); de los Dres. Analía Fangano y Diego Martín Capdevilla, en la de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) en forma conjunta; de los Dres. Manuel Martín Gutiérrez y Ana María Canal, en forma conjunta en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000); de los Dres. Julián Marcelo Orlando, Francisco Marcelo Orlando, Marcelo Emilio Pecorelli, Federico Hierro y Marcelo Miño, en conjunto en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000); de los Dres. Fermín Iturbide, Eduardo Escudero y Ana María Iañez conjuntamente en la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000); de los Dres. Marcelo Fainberg, Ignacio Jakim y Patricia De Reatti, en forma conjunta en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Oscar Vignale, Gabriela Inés Cervo y Verónica Villa, conjuntamente en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); y de los Dres. Carlos Cruz, Pablo Lafuente, Mariano Bravo y Daniel Osvaldo Rossano en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) en conjunto.
Regular los honorarios de los peritos, Arq. Walter Gómez Diz, Cayetano Gabriel Profeta, Jorge Cicarrello, Inés Natalia Bodio, Horacio Gallo Calderón, Hernán Santiago Nottoli e Ing. Juan María Cardoni, en conjunto en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) (art. 38, 86 y 88 del decreto ley 7887/55); de los peritos Licenciados en Criminalística Eduardo José Lucio Frigerio y Carlos Alberto Junco, Ing. Juan Domingo José Levy, Arq. Irene González del Río, Arq. María Eugenia Senas y el Ing. David Fiszer en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para cada uno de ellos; del ingeniero Luis María Trebino, en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) y la Ing. Silvia Liliana Salomone en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000); del Ing. en Electrónica Ricardo Miguel Siciliano en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000); y de la perito traductora de idioma inglés designada de oficio Lic. Karina Alejandra D'Emilio en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) (conf. Arts. 29, 30 y 31 último párrafo de la ley 20.305).
XXXVIII. DIFERIR LA REGULACIÓN DE HONORARIOS de los demás profesionales que intervinieron durante el curso de la causa.
XXXIX. REGULAR LOS HONORARIOS correspondientes del Dr. Alberto Urcullu en su doble carácter de letrado y apoderado en la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 56.000). (arts. 6, 7, 9, 10, 12, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432); y de la Dra. María Florencia Alonso, letrada apoderada de los integrantes del grupo "Callejeros", en la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000).
XL. RECHAZAR la extracción de testimonios solicitada por el Sr. Fiscal General para que se investigue la presunta conducta delictiva de los grupos "La 25" y "Carajo".
XLI. ORDENAR la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción que resulte sorteado, para que se investigue la conducta que habrían desarrollado el manager y/o los integrantes del grupo "Los Gardelitos", amén de otras personas, en relación al presunto pago de dádivas en el recital del 10 de diciembre de 2004.
XLII. DISPONER la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción que resulte desinsaculado para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Ricardo Ariel Riccomini y Juan Carlos Rojas.
XLIII. ORDENAR la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado de Instrucción que resulte desinsaculado para que se investigue la posible comisión del delito de incendio (Art. 186 inciso 4° del Código Penal) durante los recitales que se llevaran a cabo en el local "República de Cromañón" los días 1° de mayo de 2004 y 25 de diciembre de ese año.
XLIV. RECOMENDAR al Honorable Congreso de la Nación (mediante oficio dirigido al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados Dr. Eduardo Alfredo Fellner) y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (librándose oficio a su Presidente Contador Público Diego Santilli) que se dicten las normas que estimen pertinentes para que se efectúe un catálogo de uso de aquellos materiales industriales que puedan resultar peligrosos (tales como la espuma de poliuretano) y se determinen las precauciones que deban adoptarse para garantizar la seguridad en su utilización. Asimismo, se verifique la conveniencia de proceder a la creación de un organismo que se encargue del control y certificación periódica de dichos materiales.
XLV. RECOMENDAR al Honorable Congreso de la Nación (mediante oficio dirigido a la Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Dra. Nora Noemí César) se evalúe aumentar considerablemente la escala penal establecida para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.), en consonancia con los principios que dimanan de la ley de ética pública y en base a las argumentaciones expuestas en el considerando XXXVIII referido a la graduación de la pena.
XLVI. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios a la justicia federal solicitada por el Dr. Gutiérrez para determinar la existencia de conductas u omisiones constitutivas de ilícitos contra la seguridad pública, el medio ambiente y/o la administración pública.
XLVII. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el Dr. Gutiérrez de oficiar al Poder Ejecutivo y a los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas de la Nación y del G.C.B.A. a los fines de que se instrumenten las formas para que se suspenda la fabricación, comercialización y uso de la espuma de poliuretano.
XLVIII. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios solicitada por el Dr. Gutiérrez para que se investigue el accionar de la Fiscalía Correccional n° 6 que recibiera declaración a Ricardo Ariel Riccomini.
XLIX. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el Dr. Gutiérrez de extraer testimonios y remitirlos a la justicia federal para que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública, vinculados con el pago de subsidios a las víctimas.
L. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios solicitada por los Dres. Iturbide, Escudero, Orlando y Trebino para que se investigue el presunto falso testimonio de Héctor Damián Albornoz.
LI. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por los Dres. Iturbide y Escudero para que se extraigan testimonios y se investigue el delito de falso testimonio de Viviana Cozodoy y Ezequiel Sempé, sin perjuicio de la tramitación de la causa 24.571/09 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°15, Secretaría n° 146, cuya reserva se dispuso el 2 de julio de 2009 a las resultas del presente, adonde se remitirá mediante oficio un disco compacto del fallo aquí recaído.
LII. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por los Dres. Iturbide y Escudero para que se extraigan testimonios y se investigue lo ocurrido en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°1 al momento de realizar la rueda de reconocimiento de personas de Viviana Cozodoy y por las amenazas que la mencionada dijo haber recibido, comunicado y que se habrían omitido denunciar.
LIII. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios para que se investigue el delito de falso testimonio de Oscar Alberto Lucangioli, solicitada por el Dr. Vignale.
LIV. NO HACER LUGAR a la solicitud del Dr. Gutiérrez de extraer testimonios y remitirlos a la justicia ordinaria y al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por la conducta que habría desplegado el representante del Ministerio Público Fiscal durante la declaración testimonial de Carolina Soledad Moreira.
LV. NO HACER LUGAR a la solicitud del Dr. Gutiérrez de extraer testimonios y remitirlos a la justicia ordinaria y al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación para investigar la actuación de los jueces de instrucción que intervinieron en esta causa.
LVI. DISPONER la entrega del predio sito en Bartolomé Mitre 3060/3066/3070 a quien acredite legítimamente su derecho sobre el mismo, una vez firme la presente y previa consulta al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 1.
LVII. LIBRAR OFICIO a la Dirección respectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se evalúe en el ámbito administrativo correspondiente si existe mérito para analizar la subsistencia de la habilitación otorgada al local de marras, adjuntándosele copia de los peritajes de arquitectura y de la presente sentencia.
LVIII. REINTEGRAR a RAÚL ALCIDES VILLARREAL su Documento Nacional de Identidad, actualmente reservado en Secretaría.
LIX. DEJAR SIN EFECTO una vez firme la presente la prohibición de salida del país de PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, EDUARDO ARTURO VAZQUEZ, JUAN ALBERTO CARBONE, CHRISTIAN ELEAZAR TORREJON, MAXIMILIANO DJERFY, ELIO DELGADO y DANIEL CARDELL, oportunamente dispuesta, atento el resultado de autos.
LX. DEJAR SIN EFECTO, la obligación de presentarse mensualmente por parte de PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, en atención a lo aquí resuelto.
LXI. UNA VEZ FIRME que sea la presente -atendiendo el carácter de los recursos que los letrados puedan interponer; arts. 442 y 478 del C.P.P.N.- DISPÓNESE la inmediata detención de OMAR EMIR CHABAN, DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ, CARLOS RUBEN DIAZ, FABIANA GABRIELA FISZBIN y ANA MARIA FERNANDEZ.
Tómese razón, notifíquese, oportunamente practíquense las comunicaciones de estilo y archívese.-
http://www.rollingstone.com.ar/nota.asp?nota_id=1164315
Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR la nulidad de las actas de debate planteada por el Dr. Vicente D´Attoli, abogado defensor de Omar Emir Chabán.
II. RECHAZAR el planteo de nulidad de las acusaciones de las querellas en orden al delito de cohecho efectuado por el Dr. Pedro D´Attoli.
III. RECHAZAR los planteos de nulidad de las acusaciones del Sr. Fiscal y de las querellas realizados por el Dr. Manuel Gutiérrez, abogado defensor de Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Eleazar Torrejón, Elio Delgado y Daniel Horacio Cardell.
IV. RECHAZAR las solicitudes de nulidad de las acusaciones de las querellas efectuadas por la defensa de Miguel Ángel Belay.
V. RECHAZAR los planteos de nulidad de las acusaciones del Sr. Fiscal y de las querellas, así como de la réplica del Dr. López Santos, efectuados por la defensa de Fabiana Gabriela Fiszbin.
VI. RECHAZAR el planteo de nulidad del alegato de la querella de los Dres. Rico y Poplavsky introducido por la defensa de Ana María Fernández.
VII. RECHAZAR la nulidad de las declaraciones de los querellantes y actores civiles, así como la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 86 y 96 del C.P.P.N, planteadas por el Dr. Gutiérrez.
VIII. RECHAZAR la nulidad de la declaración testimonial de Laura Mirta Fernández impetrada por el Dr. Gutiérrez.
IX. RECHAZAR la nulidad planteada por el Dr. Gutiérrez acerca de la integración como prueba instrumental del disco compacto con grabación de audio individualizado como "entrevista radial realizada por el periodista Juan Di Natale . el día 30/12/04" y la incorporación por lectura de la transcripción de su contenido.
X. RECHAZAR el planteo de nulidad de la maqueta virtual efectuado por el Dr. D´Attoli.
XI. RECHAZAR la nulidad del testimonio de Héctor Damián Albornoz solicitada por el Dr. D´Attoli.
XII. RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad de la comisión por omisión y con el alcance fijado en este decisorio.
XIII. CONDENAR a OMAR EMIR CHABÁN de filiación ya consignada, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (Arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 55, 186 inciso 5° y 258 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XIV. IMPONER a OMAR EMIR CHABÁN hasta la firmeza del presente fallo la observancia de las siguientes condiciones:
a) Mantener la prohibición de salida del país, a cuyo fin se reiterará oficio a las dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento.
b) Fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia.
c) Comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su sujeción al proceso.
XV. CONDENAR a RAÚL ALCIDES VILLARREAL de filiación ya consignada, por considerarlo partícipe secundario del delito de cohecho activo a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, y costas (Arts. 12, 26, 29 inciso° 3, 46 y 258 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XVI. IMPONER a RAÚL ALCIDES VILLARREAL el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados por el lapso de dos años (Art. 27 bis inciso 1° del Código Penal)
2) Realizar trabajos no remunerados a favor de la comunidad, a razón de ochenta horas en la sede de Caritas más cercana a su domicilio, por el lapso de un año (Art. 27 bis inciso 8° del Código Penal).
3) Realizar un curso de formación ciudadana destinado a inculcarle los principios básicos que rigen en una sociedad democrática, para lo que se oficiará a la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (arts. 27 bis inciso 5° del Código Penal).
XVII. ABSOLVER a RAÚL ALCIDES VILLARREAL en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte y de homicidio simple, en las modalidades de coautor, partícipe necesario y secundario, que fueran materia de acusación (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XVIII. CONDENAR a DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ de filiación ya consignada, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y al menos 1432 lesionados en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe necesario a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (Arts. 12, 29 inciso 3°, 45, 55, 186 inciso 5° y 258 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XIX. IMPONER a DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ hasta la firmeza del presente fallo la observancia de las siguientes condiciones:
a) Mantener la prohibición de salida del país, a cuyos fines se reiterará oficio a las dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento.
b) Fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia.
c) Comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su conducta procesal.
XX. ABSOLVER a PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipe necesario como secundario, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts. 3, 404 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXI. ABSOLVER a EDUARDO ARTURO VÁZQUEZ de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas por su orden.(Arts.3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXII. ABSOLVER a JUAN ALBERTO CARBONE de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor en concurso real con el delito de cohecho activo, en calidad de partícipe secundario que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXIII. ABSOLVER a CHRISTIAN ELEAZAR TORREJÓN de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo, en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXIV. ABSOLVER a MAXIMILIANO DJERFY de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte, en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo, en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N)..
XXV. ABSOLVER a ELIO RODRIGO DELGADO de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautor en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts.3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXVI. ABSOLVER a DANIEL HORACIO CARDELL de filiación ya consignada, en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautor, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe secundario, que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXVII. ABSOLVER a MIGUEL ANGEL BELAY de filiación ya consignada, en orden a los delitos de cohecho pasivo y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor, que fueran materia de acusación, con costas en el orden causado (Arts. 3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXVIII. CONDENAR a CARLOS RUBÉN DÍAZ, de filiación ya consignada, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo en concurso real con el delito de incendio doloso calificado por haber causado la muerte de 193 personas y por lo menos 1432 lesionados, en calidad de partícipe necesario, a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas e IMPONER INHABILITACION ESPECIAL PERPETUA (Arts.12, 29 inciso 3°, 45, 55, 186 inciso 5° y 256 del Código Penal y arts. 403 y 531 del C.P.P.N).
XXIX. IMPONER a CARLOS RUBEN DIAZ hasta la firmeza del presente fallo la observancia de las siguientes condiciones:
a) Mantener la prohibición de salida del país, a cuyos fines se reiterará oficio a las dependencias respectivas a efectos de poner en conocimiento el impedimento.
b) Fijar domicilio no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización del Tribunal e informar asimismo cualquier alteración en lo que respecta a su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser localizado en caso de ser requerida su presencia.
c) Comparecer semanalmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada a fin de poder efectivizar un correcto seguimiento de su conducta procesal.
XXX. CONDENAR a FABIANA GABRIELA FISZBIN de filiación ya consignada, por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y CUATRO AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL (Arts. 29 inciso 3°, 45 y 248 "in fine" del Código Penal y 403 y 531 del C.P.P.N).
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XXXI. IMPONER a FABIANA GABRIELA FISZBIN hasta la firmeza del presente fallo las siguientes condiciones:
a) Prohibición de salida del país.
b) Fijar domicilio, no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización de este Tribunal; debiendo también informar cualquier modificación respecto de su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser ubicada cuando sea requerida.
c) Comparecer mensualmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera ser indicada para concretar su seguimiento personal.
XXXII. CONDENAR a ANA MARÍA FERNANDEZ de filiación ya consignada, por considerarla autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y CUATRO AÑOS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL (Arts. 29 inciso 3°, 45 y 248 "in fine" del Código Penal y 403 y 531 del C.P.P.N).
XXXIII. IMPONER a ANA MARÍA FERNANDEZ, hasta la firmeza del presente fallo las siguientes condiciones:
a) Prohibición de salida del país.
b) Fijar domicilio, no pudiendo ausentarse del mismo por un plazo mayor de 24 horas, sin previa autorización de este Tribunal; debiendo también informar cualquier modificación respecto de su residencia habitual o de los lugares donde pueda ser ubicada para cuando sea requerida.
c) Comparecer mensualmente ante la Secretaría de este Tribunal u otra dependencia oficial que pudiera indicarse para concretar su seguimiento personal.
XXXIV. ABSOLVER a GUSTAVO JUAN TORRES de filiación ya consignada, en orden a los delitos de homicidio simple en calidad de coautor, estrago culposo seguido de muerte en calidad de autor e incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautor que fueran materia de acusación, con costas por su orden (Arts.3, 403 y 531 "in fine" del C.P.P.N).
XXXV. HACER LUGAR a la demanda entablada por la Sra. Elvira Carbone y el Sr. Alberto Urcullu y CONDENAR SOLIDARIAMENTE a OMAR EMIR CHABÁN, DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ, PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, MAXIMILIANO DJERFY, CRISTIÁN ELEAZAR TORREJÓN, ELIO RODRIGO DELGADO, DANIEL HORACIO CARDELL, EDUARDO ARTURO VÁZQUEZ, JUAN ALBERTO CARBONE, CARLOS RUBEN DÍAZ, FABIANA GABRIELA FISZBIN, ANA MARIA FERNANDEZ, al ESTADO NACIONAL, y al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a pagar a los actores dentro del plazo de diez días de encontrarse firme o ejecutoriada esta sentencia -con excepción del Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, la suma de CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 121.600.-) más los intereses indicados y costas.
XXXVI. RECHAZAR la demanda contra RAÚL ALCIDES VILLARREAL, MIGUEL ANGEL BELAY Y GUSTAVO JUAN TORRES con costas por su orden, en atención a los fundamentos vertidos precedentemente.
XXXVII. REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES de los Dres. José Iglesias, Beatriz Campos, Luciana Orcajada y Carolina Taborda, en conjunto, en la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000.); de los Dres. Mauricio Castro, Patricia Núñez Morano, María Marta Marcos y Sebastián Michaux, conjuntamente en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000); de los Dres. Marcelo Parrilli, María del Carmen Verdú, Arturo Lopez Santos, Daniel Stragá, Verónica Prince, Myriam Carsen, Raúl Alberto Palomo, en conjunto en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Patricio Gastón Poplavsky y Susana Rico, en forma conjunta en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Pedro y Vicente D'Attoli, María de la Paz Trebino, Paula Gabriela Castillo, Juan Carlos Defranchi y Horacio M. Etcheverry en conjunto, en la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000); de los Dres. Albino Stefanolo y Marisa Darwiche, en conjunto en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Roberto Bois, Graciela Castelo y Juan Manuel Combi en forma conjunta en la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000); de los Dres. Analía Fangano y Diego Martín Capdevilla, en la de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) en forma conjunta; de los Dres. Manuel Martín Gutiérrez y Ana María Canal, en forma conjunta en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000); de los Dres. Julián Marcelo Orlando, Francisco Marcelo Orlando, Marcelo Emilio Pecorelli, Federico Hierro y Marcelo Miño, en conjunto en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000); de los Dres. Fermín Iturbide, Eduardo Escudero y Ana María Iañez conjuntamente en la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000); de los Dres. Marcelo Fainberg, Ignacio Jakim y Patricia De Reatti, en forma conjunta en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); de los Dres. Oscar Vignale, Gabriela Inés Cervo y Verónica Villa, conjuntamente en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); y de los Dres. Carlos Cruz, Pablo Lafuente, Mariano Bravo y Daniel Osvaldo Rossano en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) en conjunto.
Regular los honorarios de los peritos, Arq. Walter Gómez Diz, Cayetano Gabriel Profeta, Jorge Cicarrello, Inés Natalia Bodio, Horacio Gallo Calderón, Hernán Santiago Nottoli e Ing. Juan María Cardoni, en conjunto en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) (art. 38, 86 y 88 del decreto ley 7887/55); de los peritos Licenciados en Criminalística Eduardo José Lucio Frigerio y Carlos Alberto Junco, Ing. Juan Domingo José Levy, Arq. Irene González del Río, Arq. María Eugenia Senas y el Ing. David Fiszer en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) para cada uno de ellos; del ingeniero Luis María Trebino, en la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) y la Ing. Silvia Liliana Salomone en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000); del Ing. en Electrónica Ricardo Miguel Siciliano en la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000); y de la perito traductora de idioma inglés designada de oficio Lic. Karina Alejandra D'Emilio en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300) (conf. Arts. 29, 30 y 31 último párrafo de la ley 20.305).
XXXVIII. DIFERIR LA REGULACIÓN DE HONORARIOS de los demás profesionales que intervinieron durante el curso de la causa.
XXXIX. REGULAR LOS HONORARIOS correspondientes del Dr. Alberto Urcullu en su doble carácter de letrado y apoderado en la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 56.000). (arts. 6, 7, 9, 10, 12, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432); y de la Dra. María Florencia Alonso, letrada apoderada de los integrantes del grupo "Callejeros", en la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000).
XL. RECHAZAR la extracción de testimonios solicitada por el Sr. Fiscal General para que se investigue la presunta conducta delictiva de los grupos "La 25" y "Carajo".
XLI. ORDENAR la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción que resulte sorteado, para que se investigue la conducta que habrían desarrollado el manager y/o los integrantes del grupo "Los Gardelitos", amén de otras personas, en relación al presunto pago de dádivas en el recital del 10 de diciembre de 2004.
XLII. DISPONER la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción que resulte desinsaculado para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de Ricardo Ariel Riccomini y Juan Carlos Rojas.
XLIII. ORDENAR la extracción de testimonios y su remisión al Juzgado de Instrucción que resulte desinsaculado para que se investigue la posible comisión del delito de incendio (Art. 186 inciso 4° del Código Penal) durante los recitales que se llevaran a cabo en el local "República de Cromañón" los días 1° de mayo de 2004 y 25 de diciembre de ese año.
XLIV. RECOMENDAR al Honorable Congreso de la Nación (mediante oficio dirigido al Sr. Presidente de la Cámara de Diputados Dr. Eduardo Alfredo Fellner) y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (librándose oficio a su Presidente Contador Público Diego Santilli) que se dicten las normas que estimen pertinentes para que se efectúe un catálogo de uso de aquellos materiales industriales que puedan resultar peligrosos (tales como la espuma de poliuretano) y se determinen las precauciones que deban adoptarse para garantizar la seguridad en su utilización. Asimismo, se verifique la conveniencia de proceder a la creación de un organismo que se encargue del control y certificación periódica de dichos materiales.
XLV. RECOMENDAR al Honorable Congreso de la Nación (mediante oficio dirigido a la Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Dra. Nora Noemí César) se evalúe aumentar considerablemente la escala penal establecida para el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.), en consonancia con los principios que dimanan de la ley de ética pública y en base a las argumentaciones expuestas en el considerando XXXVIII referido a la graduación de la pena.
XLVI. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios a la justicia federal solicitada por el Dr. Gutiérrez para determinar la existencia de conductas u omisiones constitutivas de ilícitos contra la seguridad pública, el medio ambiente y/o la administración pública.
XLVII. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el Dr. Gutiérrez de oficiar al Poder Ejecutivo y a los presidentes de las respectivas Cámaras Legislativas de la Nación y del G.C.B.A. a los fines de que se instrumenten las formas para que se suspenda la fabricación, comercialización y uso de la espuma de poliuretano.
XLVIII. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios solicitada por el Dr. Gutiérrez para que se investigue el accionar de la Fiscalía Correccional n° 6 que recibiera declaración a Ricardo Ariel Riccomini.
XLIX. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por el Dr. Gutiérrez de extraer testimonios y remitirlos a la justicia federal para que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública, vinculados con el pago de subsidios a las víctimas.
L. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios solicitada por los Dres. Iturbide, Escudero, Orlando y Trebino para que se investigue el presunto falso testimonio de Héctor Damián Albornoz.
LI. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por los Dres. Iturbide y Escudero para que se extraigan testimonios y se investigue el delito de falso testimonio de Viviana Cozodoy y Ezequiel Sempé, sin perjuicio de la tramitación de la causa 24.571/09 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°15, Secretaría n° 146, cuya reserva se dispuso el 2 de julio de 2009 a las resultas del presente, adonde se remitirá mediante oficio un disco compacto del fallo aquí recaído.
LII. NO HACER LUGAR a la solicitud efectuada por los Dres. Iturbide y Escudero para que se extraigan testimonios y se investigue lo ocurrido en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°1 al momento de realizar la rueda de reconocimiento de personas de Viviana Cozodoy y por las amenazas que la mencionada dijo haber recibido, comunicado y que se habrían omitido denunciar.
LIII. NO HACER LUGAR a la extracción de testimonios para que se investigue el delito de falso testimonio de Oscar Alberto Lucangioli, solicitada por el Dr. Vignale.
LIV. NO HACER LUGAR a la solicitud del Dr. Gutiérrez de extraer testimonios y remitirlos a la justicia ordinaria y al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por la conducta que habría desplegado el representante del Ministerio Público Fiscal durante la declaración testimonial de Carolina Soledad Moreira.
LV. NO HACER LUGAR a la solicitud del Dr. Gutiérrez de extraer testimonios y remitirlos a la justicia ordinaria y al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación para investigar la actuación de los jueces de instrucción que intervinieron en esta causa.
LVI. DISPONER la entrega del predio sito en Bartolomé Mitre 3060/3066/3070 a quien acredite legítimamente su derecho sobre el mismo, una vez firme la presente y previa consulta al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 1.
LVII. LIBRAR OFICIO a la Dirección respectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se evalúe en el ámbito administrativo correspondiente si existe mérito para analizar la subsistencia de la habilitación otorgada al local de marras, adjuntándosele copia de los peritajes de arquitectura y de la presente sentencia.
LVIII. REINTEGRAR a RAÚL ALCIDES VILLARREAL su Documento Nacional de Identidad, actualmente reservado en Secretaría.
LIX. DEJAR SIN EFECTO una vez firme la presente la prohibición de salida del país de PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, EDUARDO ARTURO VAZQUEZ, JUAN ALBERTO CARBONE, CHRISTIAN ELEAZAR TORREJON, MAXIMILIANO DJERFY, ELIO DELGADO y DANIEL CARDELL, oportunamente dispuesta, atento el resultado de autos.
LX. DEJAR SIN EFECTO, la obligación de presentarse mensualmente por parte de PATRICIO ROGELIO SANTOS FONTANET, en atención a lo aquí resuelto.
LXI. UNA VEZ FIRME que sea la presente -atendiendo el carácter de los recursos que los letrados puedan interponer; arts. 442 y 478 del C.P.P.N.- DISPÓNESE la inmediata detención de OMAR EMIR CHABAN, DIEGO MARCELO ARGAÑARAZ, CARLOS RUBEN DIAZ, FABIANA GABRIELA FISZBIN y ANA MARIA FERNANDEZ.
Tómese razón, notifíquese, oportunamente practíquense las comunicaciones de estilo y archívese.-
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martes, 8 de septiembre de 2009
España - Diferencias en Europa
Es en la fijación del límite para la edad penal donde se observan las mayores diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos europeos: desde los ocho años en Escocia a los 18 en Bélgica, pasando por los catorce en España y Alemania o los diez en Inglaterra.
Como explicó recientemente el profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNED, Carlos Vázquez González, los países que imponen un límite de edad muy bajo, suelen establecer límites superiores para la imposición de penas privativas de libertad. Y los que ponen un límite de edad más alto reconocen sanciones a los menores por debajo de esa franja.
La ley española se inspira en la alemana, que pone un límite de edad fijo sin atender al caso excepcional.
http://www.eldiariomontanes.es/20090907/cantabria/diferencias-europa-20090907.html
Como explicó recientemente el profesor de Derecho Penal y Criminología de la UNED, Carlos Vázquez González, los países que imponen un límite de edad muy bajo, suelen establecer límites superiores para la imposición de penas privativas de libertad. Y los que ponen un límite de edad más alto reconocen sanciones a los menores por debajo de esa franja.
La ley española se inspira en la alemana, que pone un límite de edad fijo sin atender al caso excepcional.
http://www.eldiariomontanes.es/20090907/cantabria/diferencias-europa-20090907.html
Perú - La UNASAM organiza el VI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología
La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas presenta el VI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología, evento académico que desarrolla temas relevantes de las Ciencias Penales. Este congreso, denominado “Nuevas Tendencias de las Ciencias Penales en una Sociedad de Riesgo” - Unificando Criterios, se realiza con el fin de proporcionar las ultimas investigaciones de la situación contemporánea del Derecho Penal y lña criminología.
El VI CONADEPC, que se realizará del 6 al 10 de octubre, será un medio para reunir a destacados juristas y estudiosos de la materia penal, local nacional e internacional, asimismo estimular la elaboración de trabajos de investigación y la búsqueda del debate científico, contando con la participación de estudiantes de las distintas universidades que veremos de manifiesto con la presentación de ponencias estudiantiles.
Para quienes deseen participar e inscribirse en el congreso o recibir información pueden visitar la página oficial del evento: http://www.conadepc.com
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=72674
El VI CONADEPC, que se realizará del 6 al 10 de octubre, será un medio para reunir a destacados juristas y estudiosos de la materia penal, local nacional e internacional, asimismo estimular la elaboración de trabajos de investigación y la búsqueda del debate científico, contando con la participación de estudiantes de las distintas universidades que veremos de manifiesto con la presentación de ponencias estudiantiles.
Para quienes deseen participar e inscribirse en el congreso o recibir información pueden visitar la página oficial del evento: http://www.conadepc.com
http://www.universia.edu.pe/noticias/principales/destacada.php?id=72674
España - El caso Laura Alonso
El trágico episodio de la muerte de la joven orensana Laura Alonso a manos de su antiguo novio nos enfrenta ante un prototipo de crimen desgraciadamente frecuente. El hecho de que Laura ya hubiese denunciado hace meses a Javier Cruz por malos tratos y posteriormente hubiese retirado la denuncia, reanudando una cierta relación con él, nos recuerda otros episodios similares recientemente acaecidos, singularmente el de Marta del Castillo. Eso sí, hay una diferencia importante desde el punto de vista humano y jurídico: gracias a un ejemplar y encomiable trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los familiares y amigos de Laura han podido asistir al entierro de sus restos mortales y el juez instructor cuenta con sólidas pruebas de cargo para atribuir la autoría de la muerte a Javier, incluyendo su propia confesión.
Asimismo, en el caso de Toén hay que destacar el comportamiento de los familiares y amigos de Laura, que, sabiendo contener su rabia e indignación, se han limitado a pedir que se haga justicia y a expresar su deseo de que crímenes como éste no vuelvan a repetirse. Sin embargo, no faltan voces que reclaman no justicia, simplemente venganza, la aplicación de la bárbara y primitiva ley del talión y, además, que -a modo de pena accesoria- esa ley se extienda también de alguna manera sobre la familia y amigos del culpable, al estilo de la denominada "responsabilidad por la estirpe" del Derecho germánico medieval.
Tales peticiones, amplificadas de forma irresponsable por determinados medios de comunicación, deberían ser cortadas de raíz, puesto que en el Derecho penal español rige férreamente el principio de legalidad, que, desarrollado además por una rigurosa dogmática jurídica, nos asegura un altísimo grado de seguridad jurídica. Esto significa que el juez sentenciador, una vez que ha declarado probados los hechos, se ve compelido a moverse en el marco sancionador que le impone el Código penal, un marco dentro del cual él debe limitarse a fijar una duración concreta de pena, previa motivación en la sentencia, atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
Por tanto, sobre dicho marco penal pueden ya darse indicaciones precisas en estos momentos, y de hecho, con los datos de que dispone, el juez instructor ha calificado en principio la muerte de Laura como homicidio doloso (pena de 10 a 15 años). La calificación como asesinato (pena de 15 a 20 años), sugerida en algunos medios, estaría supeditada a que quedase acreditada la concurrencia de la agravante de alevosía, lo que, a la vista de los hechos que de momento conocemos, no parece aplicable. Los indicios apuntan a un crimen pasional (con tintes machistas), que a buen seguro llevará al abogado defensor a invocar la atenuante de estado pasional; pero, incluso en el supuesto de que pudiese ser probado tal estado, lo usual es que el tribunal sentenciador aplique la regla general, esto es, el marco penal fijado para el delito en su mitad inferior (en el homicidio, un marco comprendido entre los 10 años y los 12 años y 6 meses), salvo que calificase esta atenuante como "muy cualificada", lo que sí le permitiría rebasar el límite mínimo de los 10 años.
Y ahí tendrían que acabarse todas las elucubraciones jurídicas sobre el castigo del culpable. Por tanto, nuestros esfuerzos y los de los poderes públicos deberían encaminarse a tratar de prevenir en el futuro la comisión de crímenes semejantes, porque es indudable que no son pocos los individuos maltratadores, con graves trastornos de la personalidad y aun verdaderos psicópatas que circulan libremente por el país, incluso bajo la apariencia de ciudadanos ejemplares.
El riesgo de que tales individuos puedan llegar a cometer delitos no puede prevenirse exclusivamente con la receta de elevar las penas, y menos todavía con la peculiar solución hispánica de crear unos delitos de "violencia masculina", que, pese a estar avalados por el Tribunal Constitucional (algo inconcebible), es evidente que vulneran los principios de igualdad ante la ley penal y de responsabilidad penal personal, aproximándonos también a la responsabilidad por la estirpe. El problema, como siempre, es que las medidas que pueden llegar a tener un verdadero efecto preventivo cuestan dinero y no proporcionan a corto plazo réditos electorales, mientras que reformar el Código Penal sale gratis y posee un incuestionable efecto simbólico en la mente de los electores.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/caso/Laura/Alonso/elpepuespgal/20090907elpgal_12/Tes
Asimismo, en el caso de Toén hay que destacar el comportamiento de los familiares y amigos de Laura, que, sabiendo contener su rabia e indignación, se han limitado a pedir que se haga justicia y a expresar su deseo de que crímenes como éste no vuelvan a repetirse. Sin embargo, no faltan voces que reclaman no justicia, simplemente venganza, la aplicación de la bárbara y primitiva ley del talión y, además, que -a modo de pena accesoria- esa ley se extienda también de alguna manera sobre la familia y amigos del culpable, al estilo de la denominada "responsabilidad por la estirpe" del Derecho germánico medieval.
Tales peticiones, amplificadas de forma irresponsable por determinados medios de comunicación, deberían ser cortadas de raíz, puesto que en el Derecho penal español rige férreamente el principio de legalidad, que, desarrollado además por una rigurosa dogmática jurídica, nos asegura un altísimo grado de seguridad jurídica. Esto significa que el juez sentenciador, una vez que ha declarado probados los hechos, se ve compelido a moverse en el marco sancionador que le impone el Código penal, un marco dentro del cual él debe limitarse a fijar una duración concreta de pena, previa motivación en la sentencia, atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
Por tanto, sobre dicho marco penal pueden ya darse indicaciones precisas en estos momentos, y de hecho, con los datos de que dispone, el juez instructor ha calificado en principio la muerte de Laura como homicidio doloso (pena de 10 a 15 años). La calificación como asesinato (pena de 15 a 20 años), sugerida en algunos medios, estaría supeditada a que quedase acreditada la concurrencia de la agravante de alevosía, lo que, a la vista de los hechos que de momento conocemos, no parece aplicable. Los indicios apuntan a un crimen pasional (con tintes machistas), que a buen seguro llevará al abogado defensor a invocar la atenuante de estado pasional; pero, incluso en el supuesto de que pudiese ser probado tal estado, lo usual es que el tribunal sentenciador aplique la regla general, esto es, el marco penal fijado para el delito en su mitad inferior (en el homicidio, un marco comprendido entre los 10 años y los 12 años y 6 meses), salvo que calificase esta atenuante como "muy cualificada", lo que sí le permitiría rebasar el límite mínimo de los 10 años.
Y ahí tendrían que acabarse todas las elucubraciones jurídicas sobre el castigo del culpable. Por tanto, nuestros esfuerzos y los de los poderes públicos deberían encaminarse a tratar de prevenir en el futuro la comisión de crímenes semejantes, porque es indudable que no son pocos los individuos maltratadores, con graves trastornos de la personalidad y aun verdaderos psicópatas que circulan libremente por el país, incluso bajo la apariencia de ciudadanos ejemplares.
El riesgo de que tales individuos puedan llegar a cometer delitos no puede prevenirse exclusivamente con la receta de elevar las penas, y menos todavía con la peculiar solución hispánica de crear unos delitos de "violencia masculina", que, pese a estar avalados por el Tribunal Constitucional (algo inconcebible), es evidente que vulneran los principios de igualdad ante la ley penal y de responsabilidad penal personal, aproximándonos también a la responsabilidad por la estirpe. El problema, como siempre, es que las medidas que pueden llegar a tener un verdadero efecto preventivo cuestan dinero y no proporcionan a corto plazo réditos electorales, mientras que reformar el Código Penal sale gratis y posee un incuestionable efecto simbólico en la mente de los electores.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/caso/Laura/Alonso/elpepuespgal/20090907elpgal_12/Tes
Colombia - "Este gobierno ha confundido mano dura con mano firme"
07.09.2009 | 10.53
En la tercera jornada del ciclo “Los presidenciables cara a cara con los empresarios”, organizado por El Espectador, Factum y Deloitte el candidato colorado Pedro Bordaberry dijo que el programa de su partido ataca el tema de la inseguridad en tres áreas: modernización de la Policía, aggiornamiento del Derecho Penal y con un capítulo referido a la minoría delincuente.
“El programa del Partido Colorado ataca el problema de inseguridad en tres áreas: la primera es la actuación de la propia Policía. Hay que modernizarla” afirmó Bordaberry quien observó que el 70% de los delitos en Uruguay ocurren entre las seis de la tarde y dos de la mañana. “Entonces el 70% de los policías tienen que estar trabajando en ese horario. Hay zonas de la ciudad que hay más delitos, entonces hay que saturarlas de policías”.
El candidato presidencial colorado habló de mapeo del delito, saturación y cuadrículas. “Palabras que no usamos acá (...) Le llevamos las medidas al gobierno y la ministra Tourné la única que quiso aplicar fue la de la saturación pero qué hacía: avisaba con una semana de anticipación el lugar que iba a ser la saturación. Es decir, presentaba el programa de saturación cosa que los chorros no estuvieran dónde iba a saturar. Este gobierno ha confundido mano dura con mano firme. Ha confundido autoritarismo con ejercer la autoridad. Toleramos que rompan las vidrieras de 18 de julio porque resulta que sino se iban a enojar e iban a romper más vidrieras”.
Otro de los aspectos que Bordaberry destacó fue la modernización de las normas del Derecho Penal. “Nosotros estamos proponiendo la creación de figuras nuevas como la celada, el arrepentido, el informante. Cosas modernas”, afirmó.
Por otro lado opinó que la Dirección de Cárceles no tiene que estar en el Ministerio del Interior. “Al policía lo estamos preparando para combatir a los delincuentes y esa persona que se capacitó para combatir a los delincuentes un día se encuentra que los está cuidando y les está dando de comer y le tiene que enseñar a reinsertarse. No es la persona adecuada para eso. Y en su inconsciente sigue combatiéndolo cuando está en la cárcel. El gran problema que tenemos hoy es el alto índice de reincidencia que el Ministerio del Interior dice que es del 67% y yo creo que es mucho más porqué cómo hacen una encuesta para ver si hay reincidencia. Al otro 33% le preguntaron: ¿usted volvió a cometer un delito? En realidad al 67% lo agarran. Las cárceles son escuelas del delito, entonces tiene que estar a cargo de gente especializada en reeducación. Y ahí tenemos un plan que se llama Pintando la libertad que significa que los procesados y penados trabajan en tareas, adquieren habilidades”.
“Y por último, hay que hablar de la minoría delincuente. No podemos caer en reducciones diciendo: “bajando la edad de imputabilidad se va a arreglar la cosa”. No. El problema pasa por los 30 mil alumnos menos en la enseñanza pública, por las políticas sociales de base que hay que hacerlas”.
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=161257&sts=1
En la tercera jornada del ciclo “Los presidenciables cara a cara con los empresarios”, organizado por El Espectador, Factum y Deloitte el candidato colorado Pedro Bordaberry dijo que el programa de su partido ataca el tema de la inseguridad en tres áreas: modernización de la Policía, aggiornamiento del Derecho Penal y con un capítulo referido a la minoría delincuente.
“El programa del Partido Colorado ataca el problema de inseguridad en tres áreas: la primera es la actuación de la propia Policía. Hay que modernizarla” afirmó Bordaberry quien observó que el 70% de los delitos en Uruguay ocurren entre las seis de la tarde y dos de la mañana. “Entonces el 70% de los policías tienen que estar trabajando en ese horario. Hay zonas de la ciudad que hay más delitos, entonces hay que saturarlas de policías”.
El candidato presidencial colorado habló de mapeo del delito, saturación y cuadrículas. “Palabras que no usamos acá (...) Le llevamos las medidas al gobierno y la ministra Tourné la única que quiso aplicar fue la de la saturación pero qué hacía: avisaba con una semana de anticipación el lugar que iba a ser la saturación. Es decir, presentaba el programa de saturación cosa que los chorros no estuvieran dónde iba a saturar. Este gobierno ha confundido mano dura con mano firme. Ha confundido autoritarismo con ejercer la autoridad. Toleramos que rompan las vidrieras de 18 de julio porque resulta que sino se iban a enojar e iban a romper más vidrieras”.
Otro de los aspectos que Bordaberry destacó fue la modernización de las normas del Derecho Penal. “Nosotros estamos proponiendo la creación de figuras nuevas como la celada, el arrepentido, el informante. Cosas modernas”, afirmó.
Por otro lado opinó que la Dirección de Cárceles no tiene que estar en el Ministerio del Interior. “Al policía lo estamos preparando para combatir a los delincuentes y esa persona que se capacitó para combatir a los delincuentes un día se encuentra que los está cuidando y les está dando de comer y le tiene que enseñar a reinsertarse. No es la persona adecuada para eso. Y en su inconsciente sigue combatiéndolo cuando está en la cárcel. El gran problema que tenemos hoy es el alto índice de reincidencia que el Ministerio del Interior dice que es del 67% y yo creo que es mucho más porqué cómo hacen una encuesta para ver si hay reincidencia. Al otro 33% le preguntaron: ¿usted volvió a cometer un delito? En realidad al 67% lo agarran. Las cárceles son escuelas del delito, entonces tiene que estar a cargo de gente especializada en reeducación. Y ahí tenemos un plan que se llama Pintando la libertad que significa que los procesados y penados trabajan en tareas, adquieren habilidades”.
“Y por último, hay que hablar de la minoría delincuente. No podemos caer en reducciones diciendo: “bajando la edad de imputabilidad se va a arreglar la cosa”. No. El problema pasa por los 30 mil alumnos menos en la enseñanza pública, por las políticas sociales de base que hay que hacerlas”.
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=161257&sts=1
domingo, 6 de septiembre de 2009
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda, afirmó que lo dicho por la Fiscal Luisa Ortega Díaz es una manera de ...
Alfredo Fermín
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda, afirmó que lo dicho por la Fiscal Luisa Ortega Díaz es una manera de legalizar la represión que caracteriza al régimen. La represión que viven periodistas, abogados, los trabajadores por falta de la libertad sindical y la eliminación de los derechos a la huelga.
La Fiscal, quien considera conveniente acabar con las manifestaciones en contra del Gobierno anunció que quienes participen en ellas serán enjuiciados.
Rueda observa que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución. No obstante, “la Fiscal lo ha criminalizado afirmando que es un delito porque altera el orden público. Acabamos de ver cómo se imputó a trabajadores de la alcaldía de Caracas y se le ordenó privativa de la libertad para someterlos a juicio por razones de orden público”.
Consultado sobre las modificaciones que se están haciendo al Código Orgánico Procesal Penal, el destacado profesor universitario las calificó de “vulneración específica de los principios constitucionales”.
“Se está eliminando la presunción de inocencia como derecho constitucional y el derecho a la intimidad y se autoriza la intervención telefónica. Son situaciones que no se vieron, ni siquiera, en la dictadura de Pérez Jiménez. El venezolano es pacífico pero inteligente, por lo cual encontrará formas de protestar diferentes al grito y a las marchas.
“Existe el Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder sin autonomía, diezmado por el Ejecutivo, pero es la única vía constitucional que tenemos”, expresó cuando se le consultó sobre lo que podemos hacer los venezolanos ante esta situación.
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a300809b05&id=t300809-b05
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda, afirmó que lo dicho por la Fiscal Luisa Ortega Díaz es una manera de legalizar la represión que caracteriza al régimen. La represión que viven periodistas, abogados, los trabajadores por falta de la libertad sindical y la eliminación de los derechos a la huelga.
La Fiscal, quien considera conveniente acabar con las manifestaciones en contra del Gobierno anunció que quienes participen en ellas serán enjuiciados.
Rueda observa que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución. No obstante, “la Fiscal lo ha criminalizado afirmando que es un delito porque altera el orden público. Acabamos de ver cómo se imputó a trabajadores de la alcaldía de Caracas y se le ordenó privativa de la libertad para someterlos a juicio por razones de orden público”.
Consultado sobre las modificaciones que se están haciendo al Código Orgánico Procesal Penal, el destacado profesor universitario las calificó de “vulneración específica de los principios constitucionales”.
“Se está eliminando la presunción de inocencia como derecho constitucional y el derecho a la intimidad y se autoriza la intervención telefónica. Son situaciones que no se vieron, ni siquiera, en la dictadura de Pérez Jiménez. El venezolano es pacífico pero inteligente, por lo cual encontrará formas de protestar diferentes al grito y a las marchas.
“Existe el Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder sin autonomía, diezmado por el Ejecutivo, pero es la única vía constitucional que tenemos”, expresó cuando se le consultó sobre lo que podemos hacer los venezolanos ante esta situación.
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a300809b05&id=t300809-b05
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